RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2024-00363-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00363-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00363-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 20 Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01 Actor: Luis Gustavo Ruiz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2024-00363-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por
medio de la cual resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, porque, a su juicio, al
proferir el auto de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de

2

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

radicación 500013333002201300039-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, junto a Elba María Sánchez Bautista, Arismena Ruiz Sánchez,
Diana Carolina Ruiz Sánchez y Eulalia Ruiz Sánchez presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que
fueran declarados solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados con
ocasión al desplazamiento forzado y la pérdida de bienes causadas por actos
violentos en su lugar de residencia, ubicada en el Caserío Santo Domingo de la
Vereda Agualinda del Municipio de Vista Hermosa.

4. Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio,
profirió sentencia, en primera instancia, el 9 de mayo de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR próspera la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el MINISTERIO DEL INTERIOR, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de
control de reparación directa, instauraron LUIS GUSTAVO RUIZ, ELBA MARIA
SANCHEZ BAUTISTA, ARISMENA RUIZ SANCHEZ, DIANA CAROLINA RUIZ
SANCHEZ y EULALIA RUIZ SANCHEZ en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia. […]”.

5. Señaló que, interpuso recurso de apelación, frente al cual, el Juzgado, mediante
auto de 29 de junio de 2023, resolvió rechazarlo, al considerarlo extemporáneo.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] Sobre la oportunidad para instaurar el recurso de alzada contra sentencias el
numeral 1 del artículo 247 del C.P.A.C.A., establece que este deberá interponerse
y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación.

3

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

Verificando el Juzgado que la sentencia fue notificada empleando medios
electrónicos, remitiendo el día 9 de mayo de 2023, correo electrónico a la parte
demandante, por lo que debe darse aplicación a la regla segunda del artículo 205
del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021,
que señala: […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, como el correo electrónico de notificación fue remitido el 9 de
mayo de 2023, transcurrieron los dos días siguientes al envío el 10 y 11 de mayo de
2023, venciéndose los diez (10) días para instaurar el recurso de apelación el 26 de
mayo de 2023, los cuales transcurrieron del 12 al 26 de mayo.

Por lo anterior, se tenía hasta el 26 de mayo del presente año para interponer el
recurso de apelación; sin embargo, el memorial de impugnación se recibió por
correo electrónico, en esa misma fecha, a las 5:54 p.m.

En este Distrito Judicial, por reglamentación adoptada por el Consejo Seccional de
la Judicatura del Meta, el horario laboral de los Despachos Judiciales fue establecido
de las 7:30 a.m. a 12 m y de la 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Entonces, dado que conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 109 del
C.G.P., los memoriales, incluidos los mensajes de datos, deben ser radicados antes
del cierre del despacho, en este caso se hace imperativo disponer el rechazo del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por haberse presentado
de manera extemporánea. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Que se protejan los derechos fundamentales del demandante al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

Que se ordene al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio
admitir el recurso de apelación presentado el 26 de mayo de 2023 y continuar con el
trámite correspondiente. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente1:

“[…] El artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) establece que los recursos de reposición y apelación deben
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.
Aunque este artículo no especifica el horario de presentación, la jurisprudencia ha
reconocido que los términos procesales se cuentan en días completos y no por horas.
La sentencia C-012 de 2002, emitida por la Corte Constitucional, ha señalado que los
términos establecidos por el legislador, garantizan el debido proceso y el principio de
igualdad.

1 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

El despacho objeto de esta tutela, al negar el recurso de apelación aduciendo
extemporaneidad, señalo: […]”.

[…]

“[…] Aunque el apoderado presentó el recurso cinco minutos después del horario
laboral, lo hizo dentro del término legal de tres días. La interpretación restrictiva del
Juzgado, basada en una formalidad horaria, desconoce el derecho sustancial del
demandante a una segunda instancia. La Corte Constitucional ha enfatizado que las
formalidades procesales no deben prevalecer sobre la protección de los derechos
fundamentales. En la Sentencia T-005 de 2021, la Corte señaló que las actuaciones
procesales deben interpretarse de manera que se garantice el acceso a la justicia y el
debido proceso.

1. PRIMACÍA DE LAS NORMAS SUPERIORES: LA CONSTITUCIÓN Y EL CEPACA

La decisión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio de
rechazar el recurso de apelación presentado por el demandante fundamentándose en
un horario laboral establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura, contraviene
los principios constitucionales y legales de jerarquía normativa: […]”

[…]

“[…] 2. LOS TÉRMINOS PROCESALES DEBEN APLICARSE SIN RESTRICCIONES
HORARIAS

2.1 Interpretación de los Términos en Días: La regulación procesal establece los
términos en días hábiles, sin hacer distinción sobre horarios específicos. El cómputo
de días corresponde al concepto de "día completo", lo cual no se restringe a la jornada
laboral.

La Corte Constitucional ha sido clara en que los términos procesales deben
interpretarse de manera que garanticen el acceso efectivo a la justicia, prevaleciendo
el cumplimiento del plazo sobre formalidades horarias. En la Sentencia SU-041 de
2022, la Corte señaló que las normas procesales no pueden restringir el ejercicio de
derechos fundamentales por cuestiones de forma o rigidez administrativa. […]”

[…]

“[…] 3. EL HORARIO LABORAL NO PUEDE MODIFICAR EL TÉRMINO LEGAL

3.1 Resoluciones del Consejo Seccional de la Judicatura:

Las resoluciones administrativas, como la que establece el horario laboral del
despacho, tienen una jerarquía normativa inferior al CEPACA. Estas resoluciones son
operativas y no pueden restringir derechos ni modificar términos legales establecidos
en normas de mayor rango.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-099 de 2021, ha indicado que cualquier
disposición administrativa que limite los términos procesales debe ser inaplicada por
violar derechos fundamentales.

4. EL USO DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS ROMPE EL CONCEPTO
TRADICIONAL DE HORARIO

4.1 Flexibilidad y Eficiencia del Uso de Medios Electrónicos:

5

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

El envío de un correo electrónico o el uso de una plataforma judicial en línea no está
limitado por la presencia física en el despacho ni por horarios laborales. Estas
herramientas permiten radicar documentos hasta las 11:59 p.m. del día señalado
como vencimiento.

En la Sentencia SU-913 de 2009, la Corte resaltó que el acceso a la justicia debe
ajustarse a los avances tecnológicos y que la interpretación de las normas debe
garantizar la efectividad de los derechos procesales.

CONCLUSIÓN: EL RECHAZO DEL RECURSO VULNERÓ LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES […]”.

Actuación

7. El Despacho del Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 21 de
noviembre del 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio; y iii) vinculó a la Nación –
Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días
para que rindieran informe.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Para tal efecto argumentó lo siguiente:

“[…] - Improcedencia por no cumplir el requisito de inmediatez

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, la acción de tutela
puede presentarse en cualquier tiempo, pero su interposición debe hacerse dentro
de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta
violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su
improcedencia, según sentencias T-230 de 2023 y T-370 de 2022.

Teniendo como referente lo anterior, se tiene que el auto del 29 de junio de 2023,
por medio del cual se rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha
09 de mayo de 2023 que negó las pretensiones de la demanda, se notificó el 30 de
junio de 2023, quedando ejecutoriado el 06 de julio de la misma anualidad.

A partir del siete (07) de julio de 2023 se debe contabilizar el tiempo trascurrido, por
ser el último evento generador de la presunta conculcación de derechos
fundamentales; y, como quiera que esta acción de tutela fue presentada ante la
Oficina Judicial de Villavicencio el día 20 de noviembre de 2024, es evidente que el
término prudencial de seis (6) meses previamente señalado por la jurisprudencia
constitucional ha sido ampliamente superado, y se concreta en 16 meses y 13 días.

Ese tiempo supera los términos razonables y justificables para superar el estudio de
inmediatez, por tal motivo, se debe declarar la improcedencia de la acción
constitucional teniendo en cuenta, además, que el demandante no invoca a su favor

6

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

ninguna situación o evento extraordinario que le haya impedido acudir ante la
jurisdicción constitucional con anterioridad.

Tampoco hay ingredientes que demuestren una imposibilidad física o jurídica del
accionante como motivo válido para formular la acción constitucional de manera
tardía.

• Improcedencia por no acreditar el requisito de subsidiariedad, al haber existido otro
recurso judicial

El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
determinan la procedencia de la acción de tutela únicamente cuando se carezca de
otro medio de defensa judicial.

En el caso en estudio, la parte demandante no hizo uso de los recursos que eran
procedentes contra el auto de 29 de junio de 2023, a saber, el recurso de reposición
y el posterior recurso de queja, que vienen previstos en los arts. 244 y 245 de la Ley
1437 de 2011, con las modificaciones introducidas por el artículo 65 de la Ley 2080
de 2021, y su trámite se ajusta al artículo 353 del Código General del Proceso.

Es decir, que la parte demandante en el proceso 50001333300220130003900
contaba con medios de impugnación de los cuales debía hacer uso dentro de los
tres días siguientes a su notificación (4, 5 y 6 de julio de 2023) y, además, se
encontraba debidamente representada por apoderado judicial.

Se destaca que si la parte demandante consideraba que el rechazo del recurso se
produjo por un argumento irrelevante, específicamente el horario laboral del Distrito
Judicial y Administrativo del Meta y el Circuito Administrativo de Villavicencio, le
correspondía hacer uso oportuno de los recursos que la ley contempla para tal fin,
presentando ante el juez de instancia los argumentos de su inconformidad.

Por ello, como que no se supera el requisito de subsidiariedad de la acción
constitucional, respetuosamente se solicita declarar que la misma es improcedente.

• Improcedencia por la inexistencia de vulneración de algún derecho fundamental a
la parte accionante

Este último surge, en razón a que el Estrado Judicial se ajustó al ordenamiento
jurídico al rechazar el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 09 de mayo
de 2023, al haberse presentado el mismo en forma extemporánea según las reglas
del art. 109 del Código General del Proceso […]”.

9. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela. Para tal efecto, argumentó lo siguiente:

“[…] De la acción de tutela se evidencia que no cumple con el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales referente a la
inmediatez en su interposición, toda vez que el tiempo transcurrido entre la decisión
que negó el recurso de apelación emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Villavicencio el 29 de junio de 2023, la notificación de esta decisión el 30 de junio de
2023, contra la cual procedía recurso de queja, la no formulación de ningún recurso,
lo que conlleva la firmeza de la decisión, y la interposición de la presente acción de
tutela el 21 de noviembre de 2024, transcurrieron más de los 6 meses acogidos por
la Corte Constitucional como el término razonable para la interposición de la acción
constitucional, por lo tanto se torna IMPROCEDENTE EL ESTUDIO de la acción y

7

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

del escrito del (sic) tutela no se justificó de una manera valedera las razones por las
cuales se demoró en interponerla. […]”.

[…]

“[…] Para el presente caso, el mecanismo de impugnación, si consideraba valido su
actuar procesal, era el de promover el recurso de queja. Sin embargo, la parte actora
no promovió este recurso ordinario, el cual eventualmente hubiera permitido el
análisis de la situación que ahora, superado el término previsto en la jurisprudencia
constitucional de la inmediatez, pretende destacar como generador de la protección
por medio de esta acción.

Adicionalmente, como sustento de la posición asumida por el Juzgado accionado,
me remito a lo dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso, el cual
prevé: […]”.

[…]

“[…] Como es ampliamente conocido por la comunidad jurídica, el horario de
atención al público en el distrito judicial administrativo del Meta y ordinario de
Villavicencio, está comprendido en la jornada de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:30 p.m.
a 5:00 p.m., tal como dispuso mediante Acuerdo el Consejo Superior de la Judicatura
y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.

Por consiguiente, solamente pueden considerarse oportunas aquellas actuaciones
radicadas antes del cierre del despacho del día en que vencía el término, es decir,
que lo enviado por fuera del horario del juzgado se entiende como no recibido de
manera oportuna […]”.

10. El Ministerio del Interior solicitó declarar la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva y como consecuencia de lo anterior, desvincular a la entidad.
Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] 4.1. Falta de legitimación material en la causa por pasiva. Para el presente
sumario respecto del Ministerio del Interior se presenta una falta de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto el nexo de causalidad entre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión
por parte de esta cartera Ministerial, es inexistente, por lo que la presente tutela se
torna improcedente en contra de ésta, toda vez que los hechos que alega el
accionante que presuntamente, infringen sus derechos fundamentales no emanan
de este Ministerio.

Los hechos planteados por el accionante, suponen actuaciones realizadas por
Entidades que no hacen parte de la estructura funcional de esta cartera ministerial,
como lo es el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO; esbozando actuaciones que no le atañen a este Ministerio dentro
de sus competencias funcionales. […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo anterior, según el Decreto 714 de 2024, articulo (sic) 1,
El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias
y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes,
programas y proyectos en materia de: Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, gestión pública

8

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

territorial, seguridad y convivencia ciudadana, democracia, participación ciudadana,
acción comunal, libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho
individual a profesar una religión o credo, consulta previa, concertación, diálogo
político, coordinación interinstitucional, participación , representación política y
registro de los pueblos y comunidades Étnicas, derecho de autor y derechos
conexos, prevención y protección a personas por violaciones a la vida, libertad,
integridad y seguridad personal, gestión integral contra incendios, las cuales se
desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector
Administrativo.

Como se desprende de la lectura, de las funciones encargadas a este Ministerio,
puede establecerse que no le asiste competencia relacionada con las pretensiones
referidas en el escrito de tutela, como quiera que la misión de esta Cartera Ministerial
no guarda relación con lo pretensión formulada por la accionante […]”.

11. El Ejército Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

12. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 4 de diciembre de
2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento planteado por la Dra.
CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ, para integrar la Sala de decisión en el
presente asunto, y en consecuencia, queda separada del conocimiento de este
proceso.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la ACCIÓN DE TUTELA promovida
mediante apoderado judicial por el LUIS GUSTAVO RUÍZ, por las razones
anteriormente expuestas.

TERCERO: DECLARAR la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR y del MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en esta providencia […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En ese sentido, debe advertirse que se acudió a la ACCIÓN DE TUTELA más
de un año después de la presunta vulneración, como quiera que entre junio de 2023
y noviembre de 2024, han transcurrido casi 17 meses. En dicho periodo, la
inactividad del ahora tutelante ha sido injustificada, pues de entrada la Sala advierte
que, no existen elementos que permitan justificar un ejercicio tan tardío de la misma.
[...]”.

[…]

“[…] En el sub lite, el tutelante no acreditó que en su caso mediaran circunstancias
particulares que de manera real y efectiva hubieran afectado e impedido la
interposición oportuna de la acción de tutela, pues si bien se relató que por sus
condiciones le fue difícil recibir la asesoría necesaria y acudir a la tutela, dicho

9

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

argumento resulta carente de soporte probatorio y es insuficiente para demostrar
que la tardanza de más de 17 meses fuera justificada.

Debe resaltarse que en el caso no solo se superó el término razonable de 6 meses,
identificado como plazo oportuno de manera general por la jurisprudencia
constitucional, sino que además, ha transcurrido más de un año desde la decisión
que rechazó el recurso por extemporáneo (29 de junio de 2023) y no es posible
considerar razonable y proporcional el tiempo que tardó el tutelante para acudir a la
ACCIÓN DE TUTELA, cuando lo cierto es que tanto en el medio de control como en
el presente trámite ha sido asistido por profesionales del derecho y no se advierten
condiciones particulares de extrema vulnerabilidad que pudieran incidir en el
ejercicio tardío del mecanismo constitucional.

Nótese que si bien dentro del proceso de REPARACIÓN DIRECTA se reclama que
el actor fue víctima de desplazamiento forzado, lo cierto es que los hechos que
motivaron esa demanda datan del año 2010, y además, el actor pudo promover
oportunamente el medio de control y ejercer otras actuaciones administrativas en
procura de sus intereses, y en todo caso, luego de proferida la sentencia del 9 de
mayo de 2023, no se advierte que el padecimiento del desplazamiento alegado
guarde relación directa con la dilación en que se incurrió para presentar la acción de
tutela del asunto, menos aún, para justificar el paso de más de 17 meses de
inactividad.

Aunado a lo anterior, este Juez colegiado debe resaltar que la tutela promovida
tampoco cumple con el requisito de SUBSIDIARIEDAD, pues no se promovieron
recursos contra la decisión del 29 de junio de 2023, que declaró extemporáneo el
recurso de apelación, de suerte que lo que se pretende en el trámite es reabrir el
debate procesal y utilizar la acción de tutela como un mecanismo supletivo para
buscar corregir los yerros en que se incurrió en el trámite de reparación directa.

Conforme a la jurisprudencia que se estudió en el acápite de consideraciones, la
ACCIÓN DE TUTELA no procede cuando el actor tuvo a su disposición mecanismo
judiciales idóneos, para la protección de sus derechos, dado que, por el carácter
subsidiario de la acción de amparo, no puede utilizarse como una instancia adicional
o supletiva, como se deduce tanto de la jurisprudencia constitucional como del
contenido del art. 6, del Decreto 2591 de 1991.

En el caso, ante la decisión de rechazar por extemporáneo el recurso de apelación,
el accionante pudo haber formulado el RECURSO DE QUEJA, pero no lo hizo,
permitiendo que la decisión cobra ejecutoria, y solo después de casi 17 meses,
pretende cuestionar la decisión judicial, cuando dejó de usar los recursos a su
disposición. La norma dice: […]”.

“[…] También, este Juez colegiado declarará la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR y del MINISTERIO DE
DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, debido a que en el sub lite se cuestionaba la
actuación judicial del 29 de junio de 2023, y no acciones u omisiones de estas
entidades, las cuales fueron vinculadas oficiosamente, únicamente con el propósito
de garantizar su intervención en el trámite, dado que la decisión eventualmente
podría afectar sus intereses procesales […]”.

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
por las siguientes razones:

10

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

“[…] Primero. Sobre el requisito de inmediatez y su flexibilidad en contextos de
vulnerabilidad

El Tribunal consideró improcedente la acción de tutela al estimar que el accionante
no cumplió con el requisito de inmediatez. Este análisis desconoce las condiciones
particulares de mi representado, quien es una víctima del conflicto armado interno
y, como tal, está protegido por un régimen especial constitucional consagrado en la
Ley 1448 de 2011.

La Corte Constitucional ha reiterado, en sentencias como T-002 de 2023 y SU-387
de 2022, que el principio de inmediatez debe aplicarse de manera razonable y
contextual. En el presente caso, se justifica plenamente la presentación tardía de la
tutela por las siguientes razones:

Condición de víctima y debilidad manifiesta: Mi representado ha sido desplazado
forzosamente, lo que lo sitúa en una posición de especial vulnerabilidad reconocida
por la Constitución (Art. 13).

Persistencia de la violación: La negativa al recurso de apelación afecta derechos
fundamentales como el debido proceso (Art. 29) y el acceso a la justicia (Art. 229).
Esta vulneración sigue vigente y no se extingue con el paso del tiempo.

Barreras de acceso a la justicia: La falta de educación formal y el desconocimiento
del sistema judicial dificultaron que el accionante actuara oportunamente, lo que
debe considerarse al evaluar la razonabilidad del plazo.

Segundo. Sobre el recurso de queja y la ausencia de defensa técnica

El Tribunal sostuvo que el accionante debió agotar el recurso de queja antes de
presentar la acción de tutela. Este razonamiento no solo ignora la especial situación
del accionante, sino que también desconoce la jurisprudencia que flexibiliza el
cumplimiento de requisitos procesales en contextos de vulnerabilidad.

Desconocimiento del recurso de queja: Mi representado no es abogado ni cuenta
con formación legal, razón por la cual desconocía la existencia del recurso de queja
como mecanismo de defensa. La Corte Constitucional ha señalado que, en
situaciones similares, la falta de conocimiento jurídico por parte de personas
vulnerables no puede ser usada en su contra (Sentencia T-180 de 2023).

Ausencia de defensa técnica: El accionante no contó con asesoría jurídica adecuada
para interponer los recursos correspondientes. Su abogado inicial actuó de manera
deficiente, lo que agravó la situación y cerró las posibilidades de una defensa
efectiva. La Corte, en la Sentencia SU-913 de 2009, ha establecido que las
deficiencias en la defensa técnica no pueden repercutir en la pérdida de derechos
fundamentales del representado.

Calidad de víctima y debilidad manifiesta: Como víctima del conflicto armado, mi
representado tiene derecho a un tratamiento preferente y diferenciado en el acceso
a la justicia. Exigirle que agote recursos procesales que no comprende ni tiene
capacidad técnica para interponer es desproporcionado e injusto.

Tutela como única vía efectiva: En este caso, la acción de tutela es el único
mecanismo que permite corregir la vulneración a los derechos fundamentales del
accionante. La Corte ha reconocido, en la Sentencia T-298 de 2023, que las víctimas
del conflicto armado tienen derecho a acceder a la tutela como medio principal
cuando los recursos ordinarios no son efectivos.

Tercero. Sobre la interpretación formalista del rechazo del recurso de apelación

11

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

La decisión que rechazó el recurso de apelación por haber sido radicado a las 5:54
p.m. se fundamenta en una interpretación rígida del artículo 109 del CGP, ignorando
los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial (Art. 228) y
acceso continuo a la justicia mediante herramientas tecnológicas (Ley 2213 de
2022).

Supremacía de la norma procesal superior: El artículo 247 del CEPACA regula los
términos en días hábiles para interponer recursos, sin establecer limitaciones
horarias. Una resolución administrativa sobre horarios laborales no puede restringir
los derechos procesales establecidos por una norma de mayor jerarquía.

Uso de tecnologías: La Ley 2213 de 2022 permite radicar documentos judiciales a
través de medios electrónicos sin restricciones horarias, lo que garantiza el acceso
continuo a la justicia. La negativa al recurso basado en un criterio horario contradice
esta normativa y limita injustamente los derechos del accionante.

Cuarto. Perjuicio irremediable y derechos fundamentales vulnerados

La decisión del Tribunal perpetúa un perjuicio grave e irremediable al negar el
acceso del accionante a la revisión de una sentencia en segunda instancia […]”.2

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2 Transcripción literal del texto.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

12

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la inmediatez.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

19. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

13

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

14

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional11.

Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela

25. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199913 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

26. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto

11 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
13 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

15

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]14.

27. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.

28. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho15:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200816, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

16

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

17

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

Análisis del caso concreto

33. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, porque, a su juicio, al
proferir el auto de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 500013333002-2013-00039-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

36.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
500013333002201300039-00.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

37. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio profirió el auto el 29 de junio de

18

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

2023, el cual quedó notificado el 30 de junio de 2023; y ii) el actor presentó la acción
de tutela el 21 de noviembre de 2024, es decir que, desde el 4 de julio de 2023 a
la fecha de presentación de la acción de tutela, el actor presentó la acción de tutela
por fuera del plazo razonable.

38. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.

39. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201719, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.

40. La Sala precisa que, si bien dentro del proceso de reparación directa se señaló
que el actor fue víctima de desplazamiento forzado, lo cierto es que no se acreditó
que dicha circunstancia guardara relación directa con la interposición de la acción
de tutela fuera de un plazo razonable.

41. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,

19 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

19

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

Conclusiones de la Sala

42. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 4 de diciembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 4 de diciembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

20

Núm. único de radicación: 500012333000202400363-01
Actor: Luis Gustavo Ruiz

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.