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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00368-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00368-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Acacías, Wilson René Ortiz Quishpe, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01 Actor: José Enrique Molina Rojas SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00368-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Concejal: Wilson René Ortiz Quishpe

Asunto: El concejal del municipio de Acacías, Meta, no incurrió en la causal de
pérdida de la investidura prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de
1994 y en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del
régimen del conflicto de intereses, porque el solo hecho de ser comerciante
inscrito en actividades relacionadas con el sector de las tecnologías y propietario
de un establecimiento de comercio no es constitutivo de esta causal, de manera
que el concejal no tenía el deber de manifestarse impedido para proponer y llevar
a cabo el debate de control político en las sesiones de 14 y 22 de noviembre de
2024, al director del Instituto de Tránsito y Transporte y al jefe de la oficina de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. No se acreditó la existencia
de un interés particular, directo y actual que lo alejara del interés general en el
ejercicio de la función que le corresponde como cabildante, consistente en ejercer
control político.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Primera decidir el recurso de apelación interpuesto por
José Enrique Molina Rojas, contra la sentencia de 2 de mayo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia.

I. ANTECEDENTES

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2

Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

La solicitud1

1. El señor José Enrique Molina Rojas -en adelante el solicitante-, en ejercicio del
respectivo medio de control, pidió que se decrete la pérdida de investidura del señor
Wilson René Ortiz Quishpe, como concejal del municipio de Acacías - Meta, para
el período 2024 – 2027, por la violación del régimen de conflicto de intereses,
causal prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de
19942 y en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003.

2. Indicó, en síntesis, que el concejal incurrió en un conflicto de intereses porque
es empresario del sector de la tecnología, registrado en la Cámara de Comercio
como propietario y representante legal de un establecimiento dedicado a esa
actividad y que sin manifestar impedimento, en la sesión del 14 de noviembre de
2024 presentó dos proposiciones, la primera, para citar a control político al director
del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacías Meta (ITTA) y, la segunda, para
citar a control político al “[…] secretario de las TIC del municipio […]” (sic), y las votó
positivamente, y en la sesión plenaria del 22 de noviembre de 2024 participó del
control político a los servidores públicos, quienes dieron respuesta a los
cuestionarios previamente aprobados y remitidos por el Concejo de Acacías para
dicho efecto.

3. Afirmó que en el cuestionario dirigido al “[…] secretario de las TIC […]” (sic) se
dispusieron preguntas “[…] relacionadas con tecnología que es la materia prima de
dicha secretaria en su accionar y gestión pública […]” (sic), y que con ocasión del
formulado al director del ITTA se trataron temas relacionados con la misión de la
entidad, especialmente los asuntos relativos a la tecnología que utiliza para el
ejercicio de las funciones que le corresponden.

4. Reprochó que el demandado, para efectos de presentar las proposiciones de
control político y votarlas, no se manifestara impedido por razón de su calidad de
comerciante del sector de las tecnologías, así como “[…] de propietario y tenedor de

1
Cfr. SAMAI. Índice 00003, expediente digital de primera instancia. La solicitud de pérdida de investidura se admitió
mediante auto de 22 de enero de 2025, que obra en el índice 00011.

2
Cfr. “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
3
Cfr. “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la
Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización,
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.

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3

Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

un negocio de tecnologías […]” (sic), condiciones que comprometieron seriamente
su imparcialidad puesto que “[…] el interés en la regulación, gestión, control y/o
decisión de la problemática de los aspectos tecnológicos que obligatoriamente debe
resolver ambas secretarias, de las TIC y del ITTA, estaba comprometido en fusión
de sus intereses directos […]” (sic).

5. Indicó que el numeral 11 del artículo 5 del Acuerdo núm. 427 de 2016 faculta a
los concejales para citar a los secretarios de despacho de la alcaldía para efectos
de realizar control político a la administración municipal, y que el numeral 12 de esa
misma norma, como resultado del ejercicio del control político, permite que los
concejales puedan proponer moción de observación a los secretarios municipales,
las cuales, de ser aprobadas, implican el retiro del cargo.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

6. Mediante auto de 17 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta tuvo
por no contestada la demanda4.

La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881

7. La audiencia pública tuvo lugar el 21 de abril de 20255 con la concurrencia y
participación del solicitante, el concejal y su apoderado, y la agente del Ministerio
Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

8. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 2 de mayo
de 20256, resolvió negar la pérdida de la investidura del señor Wilson René Ortiz
Quishpe, como concejal del municipio de Acacías -Meta, periodo constitucional

4
El auto que admitió la demanda se notificó por correo electrónico enviado a las partes y al Ministerio Público el 24 de
enero de 2025. Contra esta decisión, el apoderado del concejal demandado y la agente del Ministerio Público interpusieron
recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentados el 24 de enero de 2025 y el 29 de enero de 2025,
respectivamente. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 25 de febrero de 2025, resolvió no reponer el auto
que admitió la demanda y rechazó por improcedentes los recursos subsidiarios de apelación, decisión que fue notificada
por estado el 4 de marzo de 2025, enviado a las partes y a los sujetos procesales por correo electrónico de esa misma
fecha. El expediente pasó al despacho el 17 de marzo de 2025, sin que la parte demanda hiciera pronunciamiento alguno.
5
Cfr. SAMAI. Índice 00054, expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. SAMAI. Índice 00059, expediente digital de primera instancia.

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Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

2024-2027. Como fundamento de su decisión el Tribunal consideró, en síntesis,
lo siguiente:

8.1. La pérdida de investidura del concejal se solicitó con fundamento en la
causal referida a la violación del régimen de conflicto de intereses, al haber
participado en la sesiones del 14 y 22 de noviembre de 2024 en las que se citó y
llevó a cabo el debate de control político al director del Instituto de Tránsito y
Transporte y al secretario de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones del municipio de Acacías -Meta, sin manifestarse impedido a
pesar de ser comerciante del sector de la tecnología, inscrito en la Cámara de
Comercio, así como propietario de un local en el que comercializa elementos
tecnológicos y afines.

8.2. Para que se configure la pérdida de la investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses de los concejales, es necesario que se encuentren
acreditados los siguientes elementos: (i) tener el acusado la calidad de concejal;
(ii) existir un interés directo, particular y real del demandado o de las personas que
señala la ley, distinto al propio de la función pública o al que le asiste a la
comunidad en general, que le impida a aquel participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración; (iii) la no manifestación de impedimento frente al
asunto que es motivo de decisión; (iv) haber conformado el quorum o participado
en el debate o votación del asunto; y, (v) que su participación tenga lugar en un
asunto de conocimiento funcional del concejo.

8.3. En el caso concreto, atendiendo las pruebas documentales del expediente,
encontró probados los siguientes hechos:

• Wilson René Ortiz Quishpe fue elegido concejal del municipio de Acacías -
Meta, por el período constitucional 2024-2027, lo cual se acreditó con el
Formulario E-26 de 4 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el
cual se declaró su elección.

• El concejal estuvo presente en la sesión del Concejo de Acacías realizada el
14 de noviembre de 2024, conformó el quorum, presentó las proposiciones de

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Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

citar a debate de control político al Director del Instituto de Tránsito y Transporte
(ITTA) y al Secretario de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (TIC) del municipio, hizo lectura de los cuestionarios
correspondientes y votó positivamente sus aprobaciones7.

• El concejal conformó el quorum, estuvo presente y participó activamente en los
debates de control político que se realizaron en la sesión del 22 de noviembre de
2024 al director del ITTA y al jefe de la oficina de las TIC8.

• Wilson René Ortiz Quishpe es comerciante inscrito desde el 23 de julio de 2008,
tiene la Matrícula Mercantil 200692 y sus actividades económicas habilitadas son
las siguientes: CIIU- J6120: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas;
CIIU- G4741: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos
especializados; CIIU- S9512: Mantenimiento y reparación de equipos de
comunicación; y CIIU- G4652: Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas
electrónicos y de telecomunicaciones, según el certificado de matrícula mercantil
de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio de Villavicencio el 26
de noviembre de 2024.

• Es propietario del establecimiento de comercio denominado LABORATORIO
TÉCNICO WILSON LOCAL 5, con numero de matrícula 174530 del 15 de
septiembre de 2008, ubicado en la Calle 14 con carrera 18 ASOVENDAS LOCAL
5, Centro de Acacías -Meta, conforme obra en el certificado de matrícula mercantil
indicado supra.

8.4. De acuerdo con, los cuestionarios que formuló el Concejo de Acacías tanto
al director del ITTA y al secretario de las TIC, así como a las actas y grabaciones
de las sesiones de 14 y 22 de noviembre de 2024, en especial, las intervenciones
del concejal Wilson René Ortiz Quishpe y los asuntos que cuestionó a la
administración municipal, llegó a la conclusión de que el concejal Wilson René

7
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta.
8
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta.

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Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

Ortiz Quishpe, al proponer los debates de control político, votar su aprobación e
intervenir en su realización, no tenía otro interés diferente que el de la defensa de
los intereses de la comunidad de Acacías frente al funcionamiento del ITTA y de
la Secretaría de las TIC, de manera que, del solo hecho de ser propietario de un
establecimiento de comercio dedicado a desarrollar actividades que tienen
relación con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, no es
posible tener por acreditado el conflicto de interés que se le endilga.

8.5. De acuerdo con lo anterior, consideró que aun cuando se probó (i) la calidad
de concejal del demandado, (ii) que conformó el quorum en las sesiones de 14 y
22 de noviembre de 2024 y participó de las mismas presentando las proposiciones
y votándolas (sesión del 14 de noviembre de 2024) e interviniendo en los debates
de control político que fueron citados por el Concejo de Acacías (sesión del 22 de
noviembre de 2024), (iii) asuntos estos que son de competencia del cabildo
municipal, y que (iv) es propietario de un establecimiento de comercio dedicado a
las comunicaciones inalámbricas en Acacías, no se acreditó que el concejal
Wilson René Ortiz Quishpe tuviera algún interés particular, directo y actual en los
debates de control político de los que participó, o que de los asuntos cuestionados
y tratados en ellos se pudiera vislumbrar la existencia de un interés del concejal
distinto al general, con lo cual no le asistía el deber de manifestarse impedido.

8.6. En consecuencia, el Tribunal no encontró configurado el conflicto de
intereses y negó la pérdida de la investidura.

8.7. Por último, se pronunció sobre las costas en el sentido de no condenar.

Recurso de apelación

9. El solicitante interpuso recurso de apelación 9 en el que pidió revocar la
sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta,
para lo cual reiteró los supuestos fácticos, jurídicos y el concepto de la violación
del régimen del conflicto de interés contenidos en la demanda. Como argumentos
de su inconformidad expuso, en síntesis, los siguientes:

9
Cfr. SAMAI. Índice 00064, expediente digital de primera instancia.

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Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

9.1. El concejal tenía interés directo, particular y real en citar a los secretarios del
ITTA y de las TIC, porque es comerciante de elementos y servicios tecnológicos
y propietario de dos locales comerciales donde se “[…] distribuyen elementos
tecnológicos susceptibles de ser precisamente los requeridos por el secretario de las TIC
y del ITTA para sus ejecuciones de gestión, a través de los procesos contractuales
cuestionaos por el concejal citante […]” (sic).

9.2. Esa doble condición que tenía el señor Ortiz Quishpe, de concejal y
comerciante de elementos y servicios de tecnología, implica que su “[…]
participación se hizo sobre la base de su conocimiento funcional del concejo y de los
alcances de las funciones de los secretarios de las TIC y del ITTA en materia tecnológica,
implementadas y ejecutadas a través de procesos de contratación, adelantados y
cuestionados por el concejal citante en esas dos dependencias, conforme a los
cuestionarios que el demandado eléboro (sic) para las citaciones, los cuales debieron
responder el secretario de las TIC y del ITTA, mismos que voto y aprobó en planarias,
como las proposiciones para citarlos a los debates […]” (sic).

9.3. El control político propuesto y realizado a los secretarios del ITTA y de las TIC,
versó sobre asuntos que el concejal “[…] conoce, tiene experiencia y maneja desde
hace 10 años en el establecimiento que es de su propiedad y que funciona en un local
arrendado al municipio de Acacías […], orientado a asuntos netamente tecnológicos y
sus ejecuciones de recurso en estos temas; […] en las que ambos funcionarios dan
respuestas al concejal citante, sobre las ejecuciones presupuestales de bienes y servicios
tecnológicos, asuntos que por su experiencia como comerciante, el concejal citante pudo
valorar y evaluar […]” (sic).

9.4. “[…] Ser comerciante de medios tecnológicos y citar precisamente a los dos
funcionarios que en sus gestiones deben decidir bien sea contractual o
administrativamente para ejecutar recurso en materia tecnológica, deja en evidencia la
conducta omisiva del concejal al no declararse impedido, poque perseguía intereses
suyos, privados, como está probado en el expediente, sin que se pueda exigirse la
probanza del beneficio obtenido con su actuar, porque precisamente lo que la norma
busca es evitar, prevenir que ello ocurra […]” (sic).

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8

Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

9.5. Con los cuestionarios que fueron contestados por el secretario del ITTA y por
el secretario de las TIC, el concejal buscó obtener información que podría
aprovecharle, porque los asuntos presupuestales y de gestión tratados estuvieron
referidos a servicios o elementos que bien puede ofrecer el concejal en un
determinado momento, o serle requeridos por la administración municipal, razón
por la cual le asistía el deber legal de declararse impedido.

9.6. El local en el edificio ASOVENDAS en el que funciona el establecimiento de
comercio del concejal es propiedad de la alcaldía municipal, entidad territorial que
recibe el pago del correspondiente canon de arrendamiento, conforme con el
Decreto municipal núm. 035 de 2005.

9.7. El a quo no se pronunció sobre la compulsa de copias para que se investigue
su conducta procesal como veedor, en los términos en que lo señalaron la agente
del Ministerio Público y al apoderado del concejal en los alegatos de conclusión
que presentaron.

Trámite en segunda instancia

10. El Magistrado Ponente, por auto de 11 de junio de 202510, admitió el recurso
de apelación, negó el decreto de las pruebas documentales aportadas con el
recurso de apelación por no reunir los requisitos previstos en el artículo 212 del
CPACA y ordenó correr el traslado de ley.

Oposición al recurso de apelación

11. El concejal demandado, por conducto de su apoderado, se opuso al recurso
de apelación y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia11 señalando,
en síntesis, lo siguiente:

11.1. El apelante trae a colación hechos y pruebas nuevas que no hicieron parte
de la demanda ni del debate procesal, todos ellos referidos de manera confusa a

10
Cfr. SAMAI. Índice 00004, expediente principal.
11
Cfr. SAMAI. Índice 00010, expediente principal.

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9

Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

las supuestas condiciones de propietario y arrendador que tiene el concejal,
respecto de un local comercial en el edificio ASOVENTAS del municipio de
Acacías. En consecuencia, siguiendo los artículos 281 del CGP y 187 del CPACA,
en virtud de los principios de congruencia, debido proceso, defensa y
contradicción, dichos hechos no pueden ser tenidos en cuenta en segunda
instancia, máxime cuando los documentos allegados con el recurso no fueron
decretados como pruebas por incumplir los requisitos previstos en el artículo 212
del CPACA.

11.2. El apelante insiste en los mismos supuestos fácticos y jurídicos que fueron
estudiados por el Tribunal Administrativo del Meta, pero no plantea los
argumentos claros, precisos y concretos en que funda la inconformidad con la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

11.3. En el proceso se probó, con las correspondientes actas de las sesiones de
14 y 22 de noviembre de 2024, que al concejal no le asistió ningún interés en los
debates de control político que propuso, aprobó y realizó, pues las 15 preguntas
dirigidas al ITTA lo fueron sobre temas de “[…] mejoramiento de la movilidad en
el Municipio, la reducción de accidentes de tránsito, actividades para el
mejoramiento de la seguridad vial, funcionamiento del Instituto y PQRS […]”; con
lo cual, no se relacionan con las actividades comerciales que constan en el
certificado del Registro Mercantil de Persona Natural del concejal, que obra como
prueba en el proceso. En consecuencia, no había razones que lo determinaran a
manifestarse impedido.

11.4. Esta misma circunstancia ocurre con las 19 preguntas realizadas al
secretario de las TIC, puesto que trataron sobre temas de “[…] ejecución de
presupuesto de la Oficina, información de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales celebrados, conectividad de internet de las Instituciones
Educativas, área rural y urbana del Municipio, capacitaciones y certificaciones
brindadas, Convenios, inventarios y ciber seguridad […]””, cuestiones estas que
estaban circunscritas a la forma en que la esa oficina está cumpliendo sus
funciones y ejecutando el presupuesto público y no tienen relación directa, cierta
y actual con las actividades mercantiles del concejal, registradas en la Cámara de
Comercio.

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11.5. El solicitante pretende derivar la existencia de un conflicto de intereses a
partir de un planteamiento hipotético, referido a que el concejal, en el futuro, por
virtud de los debates de control político que realizó y por ser propietario de un
establecimiento de comercio, podría recibir beneficios del ITTA y de la Secretaría
de las TIC, bien sea porque esas entidades le requieran elementos y servicios
tecnológicos o porque el concejal se los ofrezca.

11.6. Concluyó que en este preciso asunto no se acreditó la existencia de un
interés directo, cierto y actual del concejal en los debates de control político,
fundamentalmente, porque los debates propuestos, votados y realizados no
tuvieron ninguna relación con las actividades mercantiles que registra como
persona natural en la Cámara de Comercio, y, por el contrario, de los
cuestionarios y de las intervenciones del concejal en los citados controles políticos
se acreditó que el concejal ejerció sus funciones constitucionales establecidas en
el artículo 312 de la Constitución Política, sobre el funcionamiento y la ejecución
de los recursos públicos a cargo de esas entidades municipales.

Concepto del Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público 12 solicitó la confirmación de la sentencia
proferida el 2 de mayo de 2025, manifestando que de lo probado en el proceso,
en especial sobre el desarrollo de las sesiones de control político, es claro que lo
debatido correspondió a asuntos de interés general del municipio (fibra óptica,
asuntos semafóricos, computadores para Educar y conectividad digital), de los
cuales no desprendió ninguna conclusión, decisión, o siquiera reclamo a la
administración municipal que pueda relacionarse con la actividad mercantil
ejercida por el concejal.

13. El artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 2000 dispone de manera expresa
que “[n]o existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”,
con lo cual, en este asunto no se configura la causal endilgada porque de la

12
Cfr. SAMAI. Índice 00008, expediente principal.

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participación del concejal no derivó provecho alguno para él o sus familiares, no
existió un interés cierto, ni directo ni particular y, en todo caso, sus acciones se
enmarcan en lo previsto en la norma indicada supra.

14. En suma, no se acreditó la existencia de un interés directo, particular y real
que comprometiera la imparcialidad del concejal en toda la gestión que se
reprocha, más allá de una evidente preocupación por los asuntos tecnológicos del
municipio de Acacías.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 15013 de la Ley 1437 de 2011, y el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914, sobre distribución de los procesos entre
las secciones del Consejo de Estado.

16. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resolverá el recurso de apelación atendiendo lo previsto en los artículos 320 y 328
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 15 y, en consecuencia, se pronunciará
únicamente sobre los argumentos y reparos formulados por el apelante contra la
sentencia proferida por el Tribunal del Meta el 2 de mayo de 2025.

17. En el recurso de apelación no se discuten los siguientes hechos probados en
el proceso:

17.1. El señor Wilson René Ortiz Quishpe ostenta la calidad de concejal del
municipio de Acacías -Meta, elegido para el periodo constitucional 2024-202716 y
posesionado en el cargo el 1° de enero de 2024.

13
En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los tribunales
administrativos en primera instancia.
14
Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
15
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
16
Cfr. Samai. Índice 00003, expediente digital de primera instancia. Formulario E-26 de 4 de noviembre de 2023, expedido
por la organización electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se declaró la elección del señor Wilson
René Ortiz Quishpe como concejal del municipio de Acacías, Meta, por el Partido Nueva Fuerza Democrática.

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Núm. Único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00368-01
Actor: José Enrique Molina Rojas

17.2. La condición de comerciante17 (persona natural) del concejal Wilson René
Ortiz Quishpe, inscrito en la Cámara de Comercio con matrícula mercantil núm.
200692 de 23 de junio de 2010, con las siguientes actividades económicas
habilitadas:

“[…] CIIU- J6120: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas;
CIIU- G4741: Comercio al por menor de computadores, equipos
periféricos, programas de informática y equipos de
telecomunicaciones en establecimientos especializados;
CIIU- S9512: Mantenimiento y reparación de equipos de
comunicación;
CIIU- G4652: Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas
electrónicos y de telecomunicaciones […]”18.

17.3. El concejal es propietario del establecimiento de comercio denominado
LABORATORIO TÉCNICO WILSON LOCAL 5 con número de matrícula 174530
del 15 de septiembre de 2008, ubicado en la Calle 14 con carrera 18 ASOVENDAS
LOCAL 5, Centro de Acacías, Meta19.

17.4. Que el concejal Wilson René Ortiz Quishpe participó en la sesión de 14 de
noviembre de 2024, presentando dos proposiciones con sus respectivos
cuestionarios para realizar control político al director del Instituto de Tránsito y
Transporte (ITTA) y al jefe de la oficina de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC) de Acacías, las cuales fueron deliberadas y aprobadas
por el Concejo de Acacías con el voto positivo del mencionado concejal20.

17.5. Que el 22 de noviembre de 2024 tuvo lugar la sesión en la que se realizó
el control político al director del ITTA y el jefe de la oficina de las TIC del
municipio21, sesión en la que participó el concejal Wilson René Ortiz Quishpe
conformando el quorum e interviniendo a lo largo de la sesión.

17
Cfr. Samai. Índice 00003, expediente digital de primera instancia. Certificado de Matrícula Mercantil de Persona Natural
expedido por la Cámara de Comercio de Acacías el 26 de noviembre de 2024.
18
Ibidem.
19
Ibidem. En el plenario no obra prueba de la actividad mercantil que se desarrolla a través del mencionado establecimiento
de comercio, pues el certificado expedido por la Cámara de Comercio solo acredita las actividades económicas autorizadas
al señor Ortiz Quishpe como comerciante (persona natural), y al plenario no se allegó el Certificado de Matrícula Mercantil
del establecimiento de comercio LABORATORIO TÉCNICO WILSON LOCAL 5 del que es titular.
20
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta.
21
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta.

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Actor: José Enrique Molina Rojas

17.6. Que los asuntos relativos al ejercicio del control político que fueron
conocidos por el concejal en las sesiones de 14 y 22 de noviembre de 2024, son
del resorte de las atribuciones conferidas en la ley y autorizadas en la Constitución
a los concejos municipales, en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 136 de 199422
y el numeral 10 del artículo 313 de la Constitución Política23, respectivamente.

II.1. Problema jurídico

18. De acuerdo con los argumentos de la apelación, los de oposición, las
consideraciones de la sentencia de primera instancia y los hechos probados en el
proceso, le corresponde a la Sección Primera determinar lo siguiente:

18.1. Si el concejal violó el régimen del conflicto de intereses por haber
participado en la sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2024, en la que se
aprobaron dos proposiciones de su iniciativa para citar a debates de control
político al director del Instituto de Tránsito y Transporte (ITTA) y al jefe de la oficina
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) del municipio
de Acacías, sin manifestarse impedido por tener un interés directo, cierto y actual
en dicho asunto, derivado de su condición de comerciante y de propietario de un
establecimiento de comercio dedicado al sector de la tecnología.

18.2. Si el concejal incurrió en conflicto de intereses por haber participado en la
sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2024, en el que se realizaron los debates
de control político respecto del ITTA y de la oficina de las TIC, sin manifestarse
impedido a pesar de tener un interés directo, cierto y actual en dicho asunto,
derivado de su condición de comerciante y de propietario de un establecimiento
de comercio dedicado al sector de la tecnología.

19. Si la respuesta a cualquiera de los dos interrogantes indicados supra es
positiva, la Sala deberá determinar si el concejal incurrió en el conflicto de interés

22
Cfr. “[…] Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones
de los concejos las siguientes: […] 2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de
departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a
cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la
marcha del municipio […]”.
23
Cfr. “[…] Artículo 313. Corresponde a los concejos: […] Las demás que la Constitución y la ley le asignen […]”.

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Actor: José Enrique Molina Rojas

porque su conducta fue dolosa o gravemente culposa, o si, por el contrario, su
comportamiento se encuentra amparado por alguna causal de justificación que lo
exonere de responsabilidad. De lo contrario, se relevará del estudio de este
elemento subjetivo de la pérdida de la investidura.

II.2. En el recurso de apelación se esgrimen hechos que no fueron objeto del
debate procesal

20. La Sala observa que uno de los argumentos del recurso de apelación se hace
consistir en que el concejal tenía interés directo, cierto y actual en proponer,
aprobar e intervenir en los debates de control político al director del ITTA y al jefe
de la oficina de las TIC porque es arrendatario del municipio de Acacías, toda vez
que el local en el que funciona su establecimiento de comercio LABORATORIO
TÉCNICO WILSON LOCAL 5 24 , es de propiedad de la mencionada entidad
territorial y por el paga canon de arrendamiento.

21. Al respecto, la Sala pone de presente que el artículo 281 del Código General
del Proceso, sobre congruencia establece lo siguiente: “[…] la sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […]”;
asimismo, la norma establece que “[…] no podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta […]”.

22. Esta Sección, en diversas oportunidades25 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación

24
En el que distribuye elementos y servicios tecnológicos.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2015, expediente: 2005-00270-
00 y sentencia de 8 de junio de 2016, expediente 2006-00234-00. MP. María Claudia Rojas Lasso, reiteradas en, entre
otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024,
expediente 2024-00228-01. MP. Hernando Sánchez Sánchez.

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del libelo, ni que la sentencia de primera instancia estudió […]”, porque ello
constituiría vulneración del principio de congruencia, y, en consecuencia, de los
derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de la parte que resulte
afectada (negrilla fuera de texto).

23. Lo anterior cobra relevancia en los procesos de pérdida de la investidura en
la medida en que, por tratarse de un trámite sancionatorio es imperiosa la
necesidad de velar por la protección de los derechos fundamentales del sujeto
pasivo de la solicitud de pérdida de investidura26, pues como lo ha explicado la
Sección Primera27, “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene un evidente
carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una parte, se le priva
al demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones que ejercía y, de
otra parte, acarrea una inhabilidad permanente consistente en que el afectado no puede
volver a ejercer cargos de elección popular […]”.

24. En el caso sub examine, se observa que el señor José Enrique Molina Rojas
presentó la solicitud de pérdida de investidura en los siguientes términos:

“[…] CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES y HECHOS (sic)

[…]

3.6.- Por lo acreditado en la demanda el concejal WILSON RENE ORTIZ
QUISHPE, se tiene probado que sí incurrió en la causal de pérdida de
investidura denunciada en cuanto no se declaró impedido en la sesión
donde presento (sic) y sustento (sic) las dos PROPOSICIONES para llevar
a cabo los debates de citación a control político a los secretarios de las
TIC y del ITTA, cuando este votó las mismas proposiciones, que
perseguían hacerle un cuestionamiento y control a la gestión de los dos
funcionarios que manejan en sus despachos asuntos tecnológicos, pese
a tener este concejal registrado ante la Cámara de Comercio un negocio
comercial sobre que (sic) comercializa elemento tecnológicos y otros
afines, cuando quiera es propietario o tenedores (sic) de locales
comerciales uno en ASOVENTAS y otro a la entrada del Barrio mancera
de la ciudad de acacias meta, por lo que existe un interés directo en ello,
y tal conducta es merecedora de la sanción de pérdida de investidura
reclamada, al hallar configurado el interés directo […]” (sic) (subrayas
fuera de texto).

26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, expediente D-8658. MP. Humberto Antonio
Sierra Porto.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre de 2016; MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 81001-23-39-000-2016-00014-01.

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3.7.- Se debe indicar que, sí existía en el citado concejal un interés directo,
concreto y particular para impulsar las dos proposiciones y por ende votar
favorablemente las mismas, mismas que él propuso en la sesión plenaria
citada, como anteriormente se indicó.

3.8.- Con todo lo resaltado anteriormente se itera que sí existió un interés
directo, particular y real del citado concejal WILSON RENE ORTIZ
QUISPE, puesto que, en ejercicio de las funciones inherentes a su calidad
de concejal, intervino en la misma así:

1.- Conformó el quorum en la deliberación que se hizo al interior del
Concejo donde se realizaron por este mismo concejal las dos
proposiciones, pese a ser dueño de un negocio que está relacionado con
factores y elementos de tecnologías.

2.- Presentó de manera directa, la proposición para citar al secretario de
las TIC y del ITTA, tantas veces referidos en este escrito por facultad dada
en el Acuerdo 427 de 2016 la Ley 136 de 1994.

3.- Votó favorablemente la citación y la aprobación de los cuestionarios
respectivos, quedando además como citante (sic) de las dos citaciones a
control político.

3.9. Luego, si bien, pudiera (sic) en gracia de discusión decirse que la
actuación el (sic) concejal fue cumplida de manera general, impersonal y
abstracta en función del interés general de los ciudadanos, no debe ni
puede pasarse por alto, que él es el dueño desde el 2010 del local
comercial que tarta (sic) de asuntos tecnológicos, hecho generador del
conflicto de interés y relevante para las orientaciones dadas por el
legislador, lo cual, por supuesto desvió el interés general de la función
pública al personal y privado del concejal, puesto que, desde su posición
como comerciante de elementos y actividades de tecnologías, puede
influir al interior desde el concejo o de la administración municipal en el
procedimiento que debe seguir el Municipio, para efectos de llevar a cabo
su gestión en estas dos secretarias, haciendo énfasis que su interés se
centró mucho más en los procesos de contratación en ambos casos,
afectando en el ejercicio de sus funciones, por la titularidad del interés
propio y directo ya registrado, lo que evidencia igualmente que el interés
es real y no hipotético […]” (sic) (Subrayas fuera de texto)

25. Como se observa, entre los hechos que sustentaron la solicitud de pérdida de
la investidura por violación del régimen de conflicto de intereses no se menciona
ninguno relativo a que el local comercial en el que funciona el establecimiento de
comercio de propiedad del concejal sea de propiedad del municipio de Acacías;
tampoco se hace referencia a que el concejal Wilson René Ortiz Quishpe tenga la
calidad de arrendatario de dicho inmueble y que pague canon de arrendamiento

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a la entidad territorial, sin dejar de lado que el actor omite la diferencia que existe
entre el local comercial y el establecimiento de comercio.

26. Es decir, tales hechos no fueron alegados en la demanda o siquiera indicados,
al punto que con ella no se acompañó ni se solicitó algún medio probatorio dirigido
a su acreditación, de manera que no hicieron parte de la causa petendi que
sustentó la solicitud de desinvestidura, y, por ende, no fueron alegados, discutidos
ni probados en el proceso.

27. En punto de lo anterior, la Sala recuerda que por auto de 11 de junio de 202528,
el magistrado sustanciador del proceso negó el decreto de las pruebas
documentales aportadas con el recurso de apelación por no reunir los requisitos
previstos en el artículo 212 del CPACA, poniendo de presente que tales medios
probatorios estaban dirigidos a acreditar los hechos novedosos al debate a los
que se aludió anteriormente. Es pertinente indicar que dicha providencia se
encuentra firme.

28. Conforme con ello, la Sala observa que esos nuevos hechos y las
circunstancias que podrían surgir de ellos, fueron planteados por el solicitante en
el recurso, es decir, se aducen por primera vez en el proceso, en sede de
apelación, y por lo tanto, constituyen un nuevo planteamiento fáctico que, como
se dijo, debió ser expuesto en la demanda de pérdida de investidura con el objeto
de garantizar el derecho al debido proceso y de contradicción y defensa del
concejal demandado, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

29. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo
respecto de ellos.

II.3. La controversia acerca del cumplimiento del deber de sustentación del
recurso de apelación presentado por el solicitante

30. Al descorrer el traslado del auto que admitió el recurso, entre sus
argumentos el apoderado del concejal señaló que el apelante “[…] no realiza la
debida precisión de los reparos concretos que le hace a la decisión tomada por el

28
Cfr. SAMAI. Índice 00004, expediente principal.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, desconociendo el mandato jurídico
establecido en el artículo 322 del Código General del Proceso qué establece que el
“apelante, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior […]” (sic).

31. En específico, señaló que en el recurso solamente se mencionan los
hechos que sirvieron de sustento a la demanda y se realizan “[…] apreciaciones
subjetivas y carentes de sustento jurídico y jurisprudencial […]” (sic), sin señalar las
partes de la sentencia que generan su inconformidad.

32. Al respecto, la Sala advierte que aun cuando el solicitante no hizo una
titulación de los reparos que efectúa contra la sentencia de primera instancia y en
su recurso aludió a hechos nuevos que no hicieron parte del debate procesal y
allegó pruebas de forma inoportuna, lo cierto es que hizo reparos dirigidos a
desvirtuar el análisis probatorio y la conclusión a la que arribó el Tribunal
Administrativo del Meta.

33. Concretamente, indicó que el concejal sí violó el régimen del conflicto de
intereses, porque su interés particular, directo y actual en los asuntos de
tecnología objeto de control político, quedaba corroborado por la condición
probada que tenía de comerciante y propietario de un establecimiento de
comercio dedicado a la “[…] distribución de elementos y servicios tecnológicos […]”
(sic), y por los contenidos tecnológicos del cuestionario que propuso y aprobó para
que se efectuaran los controles políticos, y del control político en sí mismo,
efectivamente realizado por el Concejo de Acacías con su intervención; todo
mediante lo cual pretendía acceder y evaluar la información institucional que le
permitiría beneficiar sus intereses privados como empresario del sector de la
tecnología.

34. En ese orden de ideas y teniendo presente que la pérdida de la investidura
es un medio de control público y se erige como uno de los instrumentos de la
participación ciudadana para efectos del control político de la ciudadanía sobre
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, la Sala
encuentra que el recurso de apelación permite establecer las razones de

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inconformidad que tiene el solicitante con la decisión, así como el objeto concreto
del pronunciamiento que le corresponde en segunda instancia.

35. En esa medida el recurso cumple con la carga argumentativa mínima,
necesaria para provocar el pronunciamiento de fondo que se solicita, por lo que
se aviene a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201829
y en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

II. 4. Caso concreto

Estudio del elemento objetivo

36. La causal por la que se solicitó la pérdida de investidura del concejal Wilson
René Ortiz Quishpe es la prevista en el artículo numeral 1° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000 y en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, cuyos
textos son los siguientes:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (negrilla
fuera de texto).

“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:

[…]

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o conflicto de intereses […]” (negrilla fuera de texto).

29

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37. A su turno, la Ley 136 de 1994 en el artículo 70 establece el régimen del
conflicto de intereses de los concejales, de la siguiente manera:

“[…] Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]”.

38. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 30 , el conflicto de
intereses es un concepto jurídico indeterminado, razón por la cual, corresponde al
juez decidir, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud de desinvestidura elevada; ello implica que el ejercicio
hermenéutico de las situaciones de carácter moral o económico que puedan
inhibir al elegido de participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración, deberá observar las circunstancias de cada caso concreto,
teniendo en cuenta que los conceptos jurídicos indeterminados incorporan
nociones de la experiencia o de la razón práctica que implican un juicio valorativo.

39. Dicho juicio valorativo le corresponde, en primer lugar, al propio concejal para
informar oportunamente sobre el conflicto de intereses, como lo dispone el artículo
70 de la Ley 136 de 1994. Si no lo hace debiéndolo hacer, podrá ser recusado por
cualquier persona; y, finalmente, como control externo, en los casos en que se
solicite la desinvestidura, le corresponde al juez decidir en forma definitiva si la
situación particular representa un conflicto de interés y si en él se incurrió con
culpabilidad.

30
Se puede ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 9 de noviembre de 2016,
número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI). MP. William Hernández Gómez. Sentencia de 29 de mayo de 2012.
MP. Danilo Rojas Betancourth, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI). Sentencia del 10 de noviembre de
2009. MP. Martha Teresa Briceño, número único de radicación 11001-03-15-000-2008-01180-00(PI)-20001367. Sentencia de 17 de
octubre de 2000. MP. Mario Alario Méndez, expediente AC-11116. CP.

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40. La Sala Plena del Consejo de Estado 31 ha sostenido que el conflicto de
intereses “[…] podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o
ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza
alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar
o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la
pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste
deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa
motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e
imparcial […]” (negrilla fuera de texto).

41. Esta Sección32, en el marco de los procesos de pérdida de la investidura de
miembros de corporaciones públicas territoriales de elección popular, ha reiterado
la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el sentido
de que el conflicto de intereses debe ser entendido como “[…] una razón subjetiva
que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de
decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la
norma legal exigen […]” 33 y como “[…] el provecho, conveniencia o utilidad que,
atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que
pudiera tomarse en el asunto […]”34; con lo cual, el interés puede ser de orden moral
o económico e incluso estos pueden coexistir.

42. Sobre estas bases normativas y conceptuales la jurisprudencia del Consejo
de Estado tiene sentado, de tiempo atrás, que para la configuración de la causal
de conflicto de intereses deben estar cumplidos los siguientes presupuestos35: (i)
tener el acusado la calidad de concejal; (ii) existir un interés directo, particular

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de noviembre de 2017, número
único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero Ponente César Palomino Cortés.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: Sentencia de 14 de marzo de 2007. MP.
Camilo Arciniegas Andrade expediente 68001-23-15000-2006-00003-01(PI). Sentencia de 21 de agosto de 2025. MP.
Pablo Andrés Córdoba Acosta, expediente 41001-23-33-000-2025-00017-01(PI). Sentencia de 23 de octubre de 2025. MP.
Pablo Andrés Córdoba Acosta, expediente 85001-23-33-000-2024-00132-01(PI). En reiteración de Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo: Sentencias de 27 de julio de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-01219-
00(PI). MP. Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI). MP.
María Claudia Rojas Lasso.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm.
AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente núm.
AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de primero 1 de febrero de 2018.
MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI Sentencia del 18 de febrero de 2021,
expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-
03-15-000-2014-03117-00 (PI); entre otras.

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22

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y concreto del acusado o de las personas que señala la ley distinto al propio
de la función pública o al que le asiste a la comunidad en general, que le
impida participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración;
(iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación; (iv) haber conformado el quorum o
participado el concejal en el debate o votación del asunto, y (v) que su
participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional de la
Corporación, cualquiera sea su naturaleza.

43. En clave del segundo elemento que debe concurrir para que se configure el
conflicto de interés, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
entendido que el interés es particular cuando recae directamente en el concejal
porque el asunto del que conoce lo afecta de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a sus
socios; es directo cuando la afectación del concejal, sus parientes cercanos o sus
socios proviene directamente del asunto del que debe conocer; y es actual o
inmediato cuando está presente en el momento de la actuación, es decir, no
puede ser eventual o hipotético, pasado o futuro, sino que el asunto considerado
debe tener un impacto inmediato en el cabildante municipal, sus allegados o sus
socios.

44. Ahora bien, el apelante argumenta que el interés particular, directo y actual
que tenía el concejal en adelantar los controles políticos al ITTA y a la oficina de
las TIC se hace consistir en que los controles políticos que propuso y realizó
estuvieron dirigidos a los asuntos administrativos y de ejecución presupuestal
sobre bienes y servicios tecnológicos del ITTA y de la oficina de las TIC, de
manera que como el concejal tiene la condición de comerciante dedicado al sector
de las tecnologías y propietario de un establecimiento de comercio que distribuye
elementos y servicios tecnológicos, debió manifestarse impedido puesto que con
esos controles políticos obtiene conocimiento de los bienes y servicios de esa
clase que deben adquirir y contratar esas entidades municipales, con lo cual
obtiene una ventaja en cuanto puede ofrecérselos o influir para que esas
entidades se los requieran.

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Actor: José Enrique Molina Rojas

3.1. Sobre la proposición de citar a control político al director del ITTA,
presentada y votada por el concejal Wilson René Ortiz Quishpe en la sesión
ordinaria de 14 de noviembre de 2024

45. Consta en el Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2014, así como en su
correspondiente videograbación, que en el punto de proposiciones y varios del
orden del día36 intervino el concejal Wilson René Ortiz Quishpe, quien aludió a los
artículos 3237 y 3838 de la Ley 136 de 1994 para sustentar su proposición de citar
a control político al director del ITTA y propuso el siguiente cuestionario:

|

36
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: página 27, videograbación de la sesión: minuto 55:45.
37
Cfr. “[…]Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los
concejos las siguientes. […] 2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos
administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier
funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha
del municipio. // Igualmente, los concejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental,
así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden
nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local.
38
Cfr. “[…] Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con
tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades
descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco
días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá
encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades
municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo
funcionario […]”.

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[…]

A continuación indicó que para despejar dudas, con ese cuestionario también
solicitaba copias de los informes presentados por los contratistas y los
supervisores de los siguientes contratos:

Abierta a discusión la proposición realizada por el concejal Ortiz Quishpe
intervinieron los concejales Zulma Yolima Díaz Díaz y Juan Carlos Basto
Morales y Alirio Rojas Delgadillo. Este último pidió adicionar el cuestionario en
el sentido de solicitar “[…] toda la ejecución presupuestal del Instituto de tránsito
y transporte detallada, con todos sus proyectos, toda la ejecución hasta la fecha
[…]”.

46. Como puede observarse, contrario a lo afirmado por el recurrente, las
preguntas contenidas en el cuestionario propuesto por el concejal Ortiz Quishpe
son generales y redundan en obtener información más precisa sobre la gestión de
los asuntos misionales que corresponden al Instituto de Tránsito y Transporte,

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todo lo cual se enmarca en el ámbito del interés general en la gestión de la
administración municipal que es propio de los concejos como corporaciones
político-administrativas de elección popular, así previstas en el artículo 312 de la
Constitución Política.

47. Concretamente la proposición de citar a control político al director del ITTA
se circunscribió de manera general a indagar, entre otros, sobre el estado del arte
en materias que son de interés general para toda la comunidad de Acacías, tales
como la integración de la comisión de tránsito y participación ciudadana, el
mejoramiento de la movilidad (zonas azules, proyectos que se han adelantado,
semaforización), el control y la seguridad viales (capacitaciones, capacidad
institucional en lo relativo al recurso humano (agentes de tránsito, puntos críticos
de movilidad, cuadrilla de señalización, control y medición estadística de
infracciones y accidentalidad), el presupuesto asignado y el estado de su
ejecución, planeación de la entidad en materia de proyectos futuros, necesidades
de financiamiento adicional, oportunidades de mejora, mecanismos dispuestos
para el relacionamiento con el ciudadano en materia de peticiones, quejas y
reclamos.

48. En ese orden, la Sala observa que de ninguna de las preguntas formulada
en el cuestionario resulta posible deducir que el concejal Wilson René Ortiz
Quishpe, al momento de efectuar la proposición y votarla, por el hecho de ser
comerciante dedicado a los temas tecnológicos y propietario de un
establecimiento de comercio, tuviera un interés privado que conflictuara con el
propósito de interés general que le asiste al cabildo municipal, y, por ende, a todos
sus miembros, de ejercer la facultad constitucional y legal que les asiste de
efectuar control político a la administración municipal, tanto así que el concejal
Alirio Rojas Delgadillo propuso adicionar el cuestionario para conocer la totalidad
de la ejecución presupuestal del ITTA y sus proyectos, hasta esa fecha (14 de
noviembre de 2024).

49. De suyo, en oposición a lo indicado en la demanda y en el recurso, la
proposición no expresa ningún cuestionamiento sobre servicios, bienes o
elementos tecnológicos, y respecto de los Contratos de prestación de servicios
núms. 180, 191, 192 y 193 de 2024 a los que se aludió de manera específica en

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la proposición, se tiene que guardan coherencia y relación con los interrogantes
generales que se formularon, entre otras, en materia de mejoramiento de la
movilidad, seguridad vial, puntos críticos de movilidad, estrategias a implementar
para mejorar la movilidad, asuntos estos que son de interés general y afectan al
concejal Ortiz Quishpe, así como a los demás miembros del cabildo municipal, en
igualdad de condiciones que al resto de la comunidad de Acacías.

50. En punto de lo anterior, se advierte que si bien el objeto de uno de los
contratos se relaciona con la prestación de servicios de software (Contrato núm.
180 de 2024) y otro con la compra e instalación de una interconexión y central
semafórica (Contrato núm. 191 de 2024), lo cierto es que de ellos se solicitaron
los informes de ejecución y supervisión, circunstancia que evidentemente supone
que esos contratos ya se encontraban celebrados y en ejecución, y, por ende, la
información que se solicitó estaba por fuera del espectro de cualquier interés
presente distinto al que le asiste al Concejo de Acacías de efectuar el control sobre
los asuntos político-administrativos que son de ejecución de la administración
municipal.

51. Además, a lo anterior se suma que la información solicitada por el concejal
tiene el carácter de pública, motivo por el cual respecto de ella no existe un interés
particular que le de ventaja al demandado, pues cualquier ciudadano puede
acceder a ella con independencia de la actividad económica a la que se dedique.

52. Así pues, lo acreditado con el Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024
deja sin piso el planteamiento que hace el apelante, relativo a que se encuentra
probado que en el concejal Wilson René Ortiz Quishpe concurrió un interés
particular, directo y actual consistente en acceder a la información sobre servicios
y elementos tecnológicos que necesitara esa entidad y aprovecharla como
comerciante dedicado a esas actividades y propietario de un establecimiento de
comercio.

53. En consecuencia, como el actor no cumplió con la carga de probar su
afirmación y esta no encuentra sustento en el contenido de la proposición que
presentó y votó el concejal en la sesión de 14 de noviembre de 2024, se concluye
que en este caso concreto es inexistente el interés directo, particular y actual que

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se le endilga al concejal por tener la calidad de comerciante dedicado al sector de
la tecnología y propietario de un establecimiento de comercio en el municipio de
Acacías.

3.2. Sobre la participación del concejal en la sesión de 22 de noviembre de
2024 en la que se desarrolló la citación a control político del director del ITTA

54. De acuerdo con el Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 202439, el concejal
intervino en tres oportunidades durante la sesión en forma previa que el director
del ITTA y su equipo iniciaran la rendición y explicación del informe. En la primera
agradeció la presentación del informe al director del ITTA y lo criticó en cuanto a
su organización (repuesta-documentos anexos) y la calidad de los documentos de
sustento que acompañaban al informe. En su segunda intervención insistió sobre
este mismo aspecto. En la tercera puso de presente las razones de sus
preocupaciones en los temas sobre los cuales se solicitó la información.
Culminado lo anterior se abrió paso a la intervención en cabeza del director del
ITTA.

55. Leída con detenimiento la intervención del mencionado director y de su
equipo para contestar las preguntas formuladas previamente y dar las
explicaciones del caso40 sobre el informe rendido, la Sala no advierte que ninguna
de las respuestas estuviera relacionada de manera particular y concreta con
asuntos presupuestales, contractuales o administrativos sobre bienes o servicios
tecnológicos que a futuro pudiera requerir el mencionado instituto, siendo esto
coherente con lo indicado en el acápite anterior en cuanto que ninguno de los
asuntos sobre los que se solicitó la información y se formuló el cuestionario guarda
relación concreta con temas de tecnología, y sobre aquellos contratos que
guardan relación con aspectos de dicha índole, lo que se solicitó fue informes de
ejecución y supervisión contractual, información esta que es de interés general y
de carácter público, y en esa medida es accesible por cualquier ciudadano
independientemente de la actividad mercantil a la que se dedique.

39
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: páginas 5, 6 y 7.
40
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: páginas 10 a 33.

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56. En efecto, en cuanto al Contrato de prestación de servicios de software de
información núm. 180 de 2024, el ITTA informó sobre el objeto, valor, pagos
realizados; asimismo, indicó que se encuentra en ejecución y se refirió a la
importancia de la herramienta tecnológica de la que trata el mencionado contrato,
tal como quedó consignado en el Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 202441,
así:

57. Y sobre el Contrato de prestación de servicios núm. 191 de 2024
relacionado con una interconexión de semáforo en el municipio, el ITTA informó
que el contrato se encuentra celebrado, pero no se ha iniciado su ejecución porque
requiere la culminación de la contratación de la respectiva interventoría de obra,
según consta en el Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 202442, así:

41
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: página 30.
42
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: página 32.

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58. De acuerdo con todo lo anterior, la Sala observa que contrario a lo
manifestado por el apelante, la información sobre el desarrollo del software y la
interconexión de semáforo no se refirió a posibles necesidades que a futuro podría
requerir solventar el municipio, de las que alega buscaba aprovecharse el concejal
demandado, sino a servicios y bienes que fueron efectivamente contratados por
el ITTA, razón por la cual esta información general, brindada sobre los contratos
y sus ejecuciones, no comprometía algún interés particular y privado del concejal
Wilson René Ortiz Quishpe como comerciante de bienes y servicios de tecnología
y propietario de un establecimiento de comercio.

59. Ahora bien, culminado el informe rendido por el director del ITTA intervinieron
los concejales Alirio Rojas Delgadillo, Genaro Gutiérrez Garavito, Jhonny
Andrés Basto Hernández, Jhonatan Alirio Basto Bohórquez, Zulma Yolima
Díaz Díaz, Lucy Fernanda Tamayo Fierro y Juan Pablo Agudelo Díaz, todos
ellos se refirieron a distintos asuntos de los abordados en el informe rendido, sin
que alguno se refiriera a la individualización o determinación de necesidades
específicas en materia de bienes y servicios tecnológicos asociados al
funcionamiento del ITTA, sus programas, proyectos o estrategias.

60. En último lugar intervino el concejal Wilson René Ortiz Quishpe, presentando
una proposición en el sentido de continuar con el debate de control político al
director del ITTA en sesión de 26 de noviembre de 2024 43 y requerirle a esa
entidad allegar la documentación clara y legible a todos los miembros del cabildo
municipal. Esta proposición fue votada y aprobada por los concejales presentes,
como consta en el Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024.

43
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: páginas 48 y 49.

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61. En línea con todo lo anterior, la Sala concluye que en el discurrir de esta
sesión ninguna de las intervenciones realizadas por el concejal Ortiz Quishpe tuvo
relación con bienes o servicios tecnológicos. Contrario sensu, lo acreditado con el
Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 es que la sesión de control político al
director del ITTA estuvo centrada en los asuntos que interesan al Concejo de
Acacías en el ejercicio de su atribución de control político, relativos al adecuado
funcionamiento, gestión y ejecución del presupuesto de funcionamiento e
inversión de esa entidad, sin que el actor demostrara que en el concejal Wilson
René Ortiz Quishpe concurriera algún interés particular, directo y actual que
rivalizara con el interés general propio del ejercicio de esa atribución constitucional
y legal, reiterándose que del contenido del Acta núm. 128 de 22 de noviembre de
2024 no se vislumbra, en forma alguna, que el concejal participara del control
político asistido de un interés privado que pudiera beneficiarlo como comerciante
del sector de la tecnología y propietario de un establecimiento de comercio.

62. En consecuencia, como el actor no cumplió con la carga de probar lo
afirmado en su recurso y ello no encuentra sustento en la realidad de lo discurrido
en la sesión de 22 de noviembre de 2024, la Sala concluye que en este caso
concreto es inexistente el interés directo, particular y actual que se le endilga al
concejal por tener la calidad de comerciante dedicado al sector de la tecnología y
propietario de un establecimiento de comercio.

3.3. Sobre la proposición de citar a control político al jefe de la oficina de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), presentada y
votada por el concejal Wilson René Ortiz Quishpe en la sesión ordinaria de
14 de noviembre de 2024

63. Consta en el Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2014, así como en su
correspondiente videograbación, que culminado el debate y votación de la
proposición de citar a control político al ITTA intervino el concejal Wilson René

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Ortiz Quishpe44, quien aludió a los artículos 3245 y 3846de la Ley 136 de 1994 para
sustentar su proposición de citar a control político al jefe de la oficina de las TIC
de Acacías y manifestó que la proposición la efectuaba en conjunto con el concejal
Jhonny Andrés Basto Hernández, asimismo, propusieron el siguiente cuestionario:

44
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: página 39, videograbación de la sesión: hora 1 minuto 24.
45
Cfr. “[…]Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los
concejos las siguientes. […] 2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos
administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier
funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha
del municipio. // Igualmente, los concejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental,
así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden
nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local.
46
Cfr. “[…] Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con
tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades
descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco
días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá
encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades
municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo
funcionario […]”.

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64. La proposición de citar a control político al jefe de la oficina de las TIC se
aprobó con 12 votos a favor incluyendo el del concejal Wilson René Ortiz Quishpe,
y 3 ausentes.

65. De acuerdo con el cuestionario propuesto, la citación de control político al
jefe de la oficina de las TIC se centró en auscultar información sobre el
presupuesto asignado para la vigencia 2024, la forma en que se ha gastado y el

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estado de su ejecución a noviembre de ese mismo año, así como a indagar sobre
los compromisos adquiridos con la comunidad en temas de conectividad e internet
y el estado de distintos programas; en especial, el cuestionario se focalizó en lo
siguiente:

• Ejecución presupuestal mediante contratos de prestación de servicios y
mediante proyectos de inversión; estados de la ejecución e inversiones
relacionadas con el programa SENATEC y con los puntos Vive Digital; convenios
vigentes con el Sena, el Departamento o la Nación, el estado de estos y sus
impactos en el municipio, el número de convenios interadministrativos que se han
suscrito y sus objetos, valores y estado de ejecución.

• Tipología y características de la conectividad existente y cobertura de internet
en instituciones educativas y en los sectores rural y urbano de Acacías, sectores
priorizados para la ampliación de esos ítems y estado detallado de las condiciones
de conectividad de las veredas y de las zonas wifi del municipio, así como el
presupuesto ejecutado en ubicación, mantenimiento y coberturas de los puntos
wifi.

• Cantidad de recurso humano (ingenieros) con el que cuenta la oficina de las
TIC, estado en el que se encuentra el desarrollo del software para solucionar la
problemática de expedición de certificados de residencia y tiempo de entrega,
desarrollos de páginas web o aplicativos de información realizados por la oficina
de las TIC, recurso humano destinado a seguridad de la información o
ciberseguridad.

• Funcionalidad de las cámaras de seguridad, estado en el que se encuentran y
costo del proyecto.

66. Como puede observarse, el control político propuesto y aprobado estuvo
dirigido al jefe de la oficina de las TIC del municipio, con lo cual se explica, sin
mayor esfuerzo, que los aspectos abordados en el cuestionario se dirigieran a
establecer el estado de la ejecución del presupuesto de funcionamiento y de
inversiones de esa dependencia, el cual por la propia misionalidad de esa oficina
estuvo circunscrito a temas que son del resorte del control político atribuido a los

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concejos municipales y que interesan a toda la comunidad de Acacías, sin que de
la información solicitada se vislumbre alguna que fuera de particular interés del
concejal Wilson René Ortiz Quishpe con ocasión de ser comerciante de bienes y
servicios relacionados con la tecnología y las comunicaciones y propietario de un
establecimiento de comercio.

67. Si bien es cierto, como lo afirma el apelante, la proposición contenía
indagaciones acerca de la cantidad de computadores existentes en los puntos
Vive Digital, el detalle de sus características de hardware y software, el estado de
su funcionalidad por vigencia u obsolescencia de los mismos y la información de
cuándo fue la última inversión realizada en los puntos Vive Digital, en qué se
realizó esa inversión y si en efecto fue realizada, conocer sobre tales aspectos no
implica que en el concejal concurriera el interés privado referido por el apelante,
por las siguientes razones:

• La primera, porque esa información solicitada al jefe de la oficina de las TIC,
vista en el contexto completo e integral de la proposición, resulta necesaria para
conocer el estado de la gestión y ejecución de los recursos públicos, así como
para obtener conocimiento sobre el estado general de los distintas iniciativas que
en materia de TIC se adelantan en el municipio y determinar la forma particular en
que la administración municipal ha realizado la ejecución o priorizado sus
necesidades de gasto e inversión, pues de otra manera no sería posible que el
cabildo municipal obtuviera elementos de juicio suficientes para ejercer el control
político sobre la marcha de los asuntos municipales.

• La segunda, porque en la perspectiva indicada supra debe considerarse que la
información sobre el inventario de equipos de los puntos Vive Digital, el estado del
software y hardware de los mismos y la información sobre inversiones realizadas
en los puntos Vive Digital, se trata de información pública a la que puede acceder
cualquier persona en ejercicio del derecho fundamental de petición de
información, precisamente porque se trata de un asunto de interés general que
interesa y afecta en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía de Acacías, en
la que se incluye el concejal demandado y los demás miembros del Concejo de
Acacías, sin que por el hecho de que el concejal tenga la calidad de comerciante
del área tecnológica y de propietario de un establecimiento de comercio pueda

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suponerse que solicitar y conocer tal información involucre de alguna manera sus
intereses privados.

• La tercera, porque el artículo 8 de la Ley 1368 de 29 de diciembre de 200947
autoriza a los concejales ejercer simultáneamente su profesión u oficio, siempre y
cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales, ni se trate
de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean
parte, y en concordancia con ello la Ley 136 de 1994 no estableció inhabilidades
o incompatibilidad derivadas de tener la calidad de comerciante y/o de ejercer el
comercio como lo verifican los artículos 43 y 45 ibidem, de manera que las
mencionadas normas ponen en evidencia que la simple calidad de comerciante
inscrito en el registro mercantil y ser propietario de un establecimiento de
comercio, no son supuestos que por sí mismos y por si solos configuren el conflicto
de interés que da lugar a la pérdida de la investidura.

68. Conforme con lo dicho, la Sala observa que estas mismas consideraciones
resultan extensivas a los demás requerimientos de información contenidos en el
cuestionario de la proposición de control político, pues aun cuando se relacionan
con las capacidades institucionales (recurso humano) en materia de seguridad de
la información o ciberseguridad, el estado del desarrollo del software para expedir
certificados de residencia, la información sobre páginas web o aplicativos para
brindar información municipal que se han desarrollado por la oficina de las TIC, y
en general a todo lo relacionado con la ejecución presupuestal y el estado de la
infraestructura tecnológica, el software y el hardware con los que cuenta la entidad
territorial para garantizar la conectividad y los servicios de internet en las zonas
rurales y urbanas del municipio, es claro que toda esa información estaba
circunscrita a controlar la forma en que durante el año 2024 la oficina de las TIC
a ejecutado el presupuesto de funcionamiento y de inversión de la entidad y su
relación con las necesidades específicas de la entidad territorial y la comunidad
en materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

47
Cfr. “[…] por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones
[…]”

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69. Así pues, lo acreditado con el Acta núm. 122 de 14 de noviembre de 2024
desvirtúa el planteamiento que hace el apelante, relativo a que se encuentra
probado que en el concejal Wilson René Ortiz Quishpe concurrió un interés
particular, directo y actual consistente en acceder a la información sobre servicios
y elementos tecnológicos que necesitara la oficina de las TIC del municipio para
usarla en su provecho como comerciante dedicado a esas actividades y
propietario de un establecimiento de comercio.

70. En consecuencia, como el actor no cumplió con la carga de probar su
afirmación y esta no encuentra sustento en el contenido de la proposición que
presentó y votó el concejal en la sesión de 14 de noviembre de 2024, se concluye
que es inexistente el interés directo, particular y actual que se le endilga al concejal
por tener la calidad de comerciante y propietario de un establecimiento de
comercio dedicado al sector de la tecnología.

3.4. Sobre la participación del concejal en la sesión de 22 de noviembre de
2024 en la que se desarrolló la citación a control político del jefe de la oficina
de las TIC del municipio de Acacías

71. De acuerdo con el Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 202448, el concejal
intervino durante la sesión en forma previa a que el jefe de la oficina de las TIC
presentara y sustentara el informe solicitado, y posteriormente, culminadas las
explicaciones, volvió a intervenir para presentar una proposición para continuación
del control político a esta dependencia en sesión del 26 de noviembre de 2022.

72. En su primera intervención, en síntesis, puso de presente que tenía dudas
sobre un traslado presupuestal que se solicitó por 500 millones de pesos para
atender una urgencia relacionada con temas de salud, cuando en el presupuesto
de la entidad se tenían 594.819.072 de pesos sin ejecutar, e indicó que a pesar
de que la oficina de las TIC gasta el 2,56% en un contrato de internet hay dudas
en diferencias que presenta la conectividad por fibra óptica y la conectividad por
rayo enlace, porque con sus propias verificaciones se dio cuenta que no hay
diferencia entre ellas y que la conectividad no es la mejor, pese a que el concejo

48
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del Concejo
de Acacías, Meta: página 50 a 57.

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le aprobó una adición de recursos para mantenimiento y actualización de redes
de fibra óptica.

Prosiguió refiriéndose a una inconsistencia en las cifras reportadas para los
contratos de prestación de servicios y afirmó que tales contratos corresponden al
26,38% del presupuesto de funcionamiento de la oficina de las TIC con ingenieros
y personal altamente calificados, que no se han cumplido los compromisos de
conectividad y servicio de Internet de las veredas Quebraditas, Paloma y la sede
primaria en Dinamarca, cuestionando cuándo se cumplirá. Asimismo, se refirió a
las instituciones educativas indicando que a pesar de que la meta de cobertura de
Internet es del 80% de ellas, solo entre el 40% o el 54% tienen el servicio.

Indicó la necesidad de que se explicara sobre el reporte de caídas del servicio en
las mencionadas veredas, así como el movimiento de la torre CORE hacia el
nuevo edificio de la Alcaldía y los recursos que se aprobaron para instalar un piso
antiestático que se requería para la instalación de la torre, porque en las
fotografías adjuntas al informe no se puede evidenciar que ese piso se encuentre
instalado.

Aludió a la necesidad de clarificar el cumplimiento de los productos a cargo de la
oficina de las TIC en relación con las metas que se había fijado para dicha
dependencia en temas como sedes educativas y estudiantes beneficiados con
apoyo de servicios de apoyo a las tecnologías de la información, programación,
acceso comunitario a internet fundamental, inclusión digital con apoyo de 20
nuevas zonas para ampliar cobertura y apoyar educación, emprendimiento y
participación ciudadana, zonas digitales en operación, alfabetización y
apropiación digital para crear la sociedad del conocimiento.

Puso de presente que no encontraba claridad sobre la información de los
contratos de prestación de servicios, pues el simple número de contrato no permite
identificar fechas de inicio, plazos de ejecución, fechas de terminación, nombre de
los contratistas, si los contratos fueron renovados o no, indicando que se requería
de esa claridad para que el concejo pudiera verificar esas contrataciones y la
coherencia de la ejecución presupuestal.

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Manifestó que por verificación propia pudo darse cuenta que la conectividad por
fibra óptica de las instituciones educativas no es la mejor y que, en todo caso, en
la zona del Coliseo no había posibilidad de conectarse y que había restricciones
horarias que impedían a los estudiantes conectarse y solo lo permitían a los
profesores y directivos, razón por la cual solicitó que se informara si hay planes
para dar solución a este tema de mejoramiento y garantía de conectividad a la
comunidad y a los estudiantes.

Observó que el informe no se establece cuándo se restaurarán las zonas wifi que
se encuentran caídas (Cimarrón, la cancha sintética de Chichimene, Llano Verde
3, Palermo, La Primavera, Las Margaritas, así como la del hospital y la de La
Hormiga), cuestión que es necesaria para darle respuesta a esas comunidades
sobre el restablecimiento del servicio.

Advirtió que solicitó la información de computadores existentes porque se trata de
equipos que usa la comunidad y encuentra que hay computadores que tienen 14
y 7 años de uso y que solo el 23,86% de los equipos se encuentran en buen
estado, mientras que los otros cuentan con software obsoleto y no garantizan una
navegación mínima, observando que las comunidades que no hacen parte del
casco urbano requieren atención prioritaria en estos asuntos porque son las
personas que más lo requieren.

Por último, el concejal Ortiz Quishpe insistió en que el informe no presenta datos
claros en cuanto a los contratos celebrados y los recursos presupuestales
ejecutados, de manera que el concejo no puede hacer el desglose
correspondiente para determinar cómo, cuándo y en qué se ha realizado la
ejecución del presupuesto de funcionamiento y de inversión que tiene la oficina
de las TIC.
73. Culminada la intervención del concejal Wilson René Ortíz Quishpe tuvo lugar
la intervención del jefe de la oficina de las TIC del municipio, en la cual se refirió
de manera general a lo consignado en el informe que rindió con base en el
cuestionario de preguntas remitido por el Concejo de Acacías.

74. A renglón seguido, en representación de las distintas bancadas del concejo
municipal, intervinieron los concejales Alirio Rojas delgadillo, Jhonny Andrés

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Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Yan Carlos Chavarro
Munevar, Zulma Yolima Díaz Díaz. Sus intervenciones49 redundaron sobre los
temas expuestos por el concejal Ortiz Quishpe. Posterior a estas intervenciones,
el jefe de la oficina de las TIC dio explicaciones y respuestas en los temas que se
le cuestionaron.

75. Por último, intervino nuevamente el concejal Wilson René Ortiz Quishpe
proponiendo que el debate de control político continuara en la sesión del 26 de
noviembre de 2024. Esta proposición fue sometida a votación y aprobada por los
concejales con 9 votos positivos incluyendo al concejal Ortiz Quishpe 50 y 6
negativos. La sesión siguió su curso para evacuar el restante orden del día.

76. De todo lo anterior la Sala concluye que en el discurrir de esta sesión, las
intervenciones realizadas por el concejal Ortiz Quishpe estuvieron dirigidas a
explicitar sus inconformidades y dudas sobre la gestión de los asuntos propios de
la oficina de las TIC de Acacías, en temas que no guardan relación directa con su
actividad económica privada sino con la defensa del interés general que le asiste
a toda la comunidad urbana y rural del municipio, en lo relativo a la ejecución
presupuestal de esa dependencia y el cumplimiento de las metas fijadas de
acuerdo con los distintos programas, proyectos, planes, estrategias, iniciativas y
compromisos realizados.

77. En oposición a lo inferido por el apelante, lo acreditado con el Acta núm. 128
de 22 de noviembre de 2024 es que la sesión de control político al jefe de la oficina
de las TIC estuvo centrada en los asuntos que interesan al Concejo de Acacías
en el ejercicio de su atribución de control político, relativos al adecuado
funcionamiento, gestión y ejecución del presupuesto de funcionamiento e
inversión de esa dependencia, sin que el actor demostrara que en el concejal
Wilson René Ortiz Quishpe concurriera algún interés particular, directo y actual
que rivalizara con el interés general propio del ejercicio de esa atribución

49
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del
Concejo de Acacías, Meta: páginas 59 a 67.

50
Cfr. Samai. Índice 00039, expediente digital de primera instancia. Acta núm. 128 de 22 de noviembre de 2024 del
Concejo de Acacías, Meta: páginas 72 y 73.

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constitucional y legal, del que pudiera beneficiase como comerciante en el área
de la tecnología y propietario de un establecimiento de comercio.

78. En consecuencia, como el actor no cumplió con la carga de probar lo
afirmado en su recurso y ello no encuentra sustento en la realidad de lo discurrido
en la sesión de 22 de noviembre de 2024, la Sala concluye que en este caso
concreto es inexistente el interés directo, particular y actual que se le endilga al
concejal por tener la calidad de comerciante y propietario de un establecimiento
de comercio dedicado al sector de la tecnología.

3.5. Conclusión

79. De acuerdo con el estudio de las pruebas que obran en el proceso, en
especial de las Actas números 122 de 14 de noviembre de 2024 y 128 de 22 de
noviembre de 2024, que fueron las aludidas por el apelante para controvertir la
conclusión del Tribunal Administrativo del Meta para denegar la pérdida de
investidura, es forzoso concluir que el concejal no incurrió en la causal de pérdida
de la investidura por violación del régimen del conflicto de intereses, porque de
los cuestionarios que propuso para realizar el control político facultado al Concejo
de Acacías y de sus intervenciones en los mencionados controles, no se deriva
ningún interés diverso al propio de su función de concejal de controlar asuntos de
la gestión municipal que interesan de manera general y en igualdad de
condiciones a toda la comunidad del municipio.

80. De ahí que contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, no está
acreditada la concurrencia del interés particular, directo y actual en cabeza del
concejal Wilson René Ortiz Quishpe por razón de su participación en las sesiones
de 14 y 22 de noviembre de 2024, de manera que dicho concejal no estaba en el
deber de manifestarse impedido para proponer y llevar a cabo el debate de control
político al director del ITTA y al jefe de la oficina de las TIC.

81. Se reitera que el solo hecho de tener la calidad de comerciante inscrito y ser
propietario de un establecimiento de comercio no es constitutivo de la mencionada
causal, dado que se requiere que los asuntos que sean considerados y votados

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el concejal lo afecten particularmente de alguna manera, y que, a pesar de ello los
conozca o decida separándose así de perseguir los fines del interés general, nada
de lo cual se logró acreditar en el proceso.

82. En consecuencia, los planteamientos del recurso de apelación no prosperan
y la sentencia proferida por el tribunal Administrativo del Meta en primera
instancia.

Estudio del elemento subjetivo

83. Comoquiera que en este asunto no se configuró el elemento objetivo de la
causal de pérdida de la investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses, no hay lugar a efectuar el estudio del elemento subjetivo de la
culpabilidad.

Otras consideraciones

84. Por último, frente al planteamiento del apelante referido a que el Tribunal no
se pronunció sobre la solicitud de que se compulsaran copias para que se lo
investigara penal (por fraude procesal) o disciplinariamente, basta señalar que
revisada la audiencia pública surtida en primera instancia ni la parte demandada
ni la agente del Ministerio Público hicieron alguna solicitud en tal sentido, de
manera que no había lugar a que el Tribunal Administrativo del Meta hiciera algún
pronunciamiento oficioso al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la pérdida de
investidura del concejal del municipio de Acacías, Wilson René Ortiz Quishpe, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley

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