Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00371-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00371-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2024-00371-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2024-00371-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: WERNER DITTERICH DALLATORRE
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. EL ACTOR NO HIZO USO DE
LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN QUE PROCEDÍAN CONTRA
EL AUTO ACUSADO, POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETARON LAS MEDIDAS
CAUTELARES SOLICITADAS DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. EN TODO
CASO, SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR
OTROS VINCULADOS CONTRA LA PROVIDENCIA AQUÍ CUESTIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 12 de diciembre de 2024, mediante la cual
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1 declaró
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: WERNER DITTERICH DALLATORRE
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor WERNER DITTERICH DALLATORRE, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio,
le fueron vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO2 al proferir la providencia de 28 de octubre de
2024 dentro del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos identificado con el número único de radicación
50001-33-33-007-2023-00290-00.
I.2 Hechos
Indicó que el señor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA
promovió el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos contra el Municipio de Villavicencio (Meta,
2
En adelante el JUZGADO.
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Colombia) con el fin de que se protejan los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, la existencia de equilibrio ecológico y
demás intereses relacionados con la protección de cuencas
hidrográficas, así como la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, los cuales estima vulnerados
con ocasión de las actividades desarrolladas en la finca La
Camelia.
Refirió que al mencionado proceso le fue asignado el número único
2023-00290-00 y correspondió por reparto al JUZGADO, quien lo
vinculó junto a los señores GUNTHER, IOSSIF FERNANDO Y
ERARDO DITTERICH en calidad de propietarios de la finca La
Camelia.
Comentó que el JUZGADO mediante auto de 28 de octubre de
2024 decretó como medidas cautelares, las siguientes:
“[…] 1. Compúlsense copias (sic) la FISCALIA DELEGADA
PARA LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y
EL MEDIO AMBIENTE, para que adelanten investigación penal
en contra de los señores Gunther Ditterich Dallatorre, Werner
Ditterich Dallatorre, Fernando Ditterich y Erardo Ditterich, por
posibles actividades de contaminación ambiental al interior
del predio denominado FINCA LA CAMELIA identificado con
matrícula inmobiliaria nro. 230-15645, de la ciudad de
Villavicencio.
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2. Requiérase a la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
– CORMACARENA para que realice visita técnica a cargo de un
grupo interdisciplinario al predio FINCA LAS CAMELIAS,
identificado con matrícula inmobiliaria nro. 230-15645, con la
finalidad documentar, las actuales afectaciones ambientales,
acta de visita que deberán llegar al Despacho en un término
de máximo 20 DIAS.
3. A los señores Gunther Ditterich Dallatorre, Werner Ditterich
Dallatorre, Fernando Ditterich y Erardo Ditterich, se les
ordena DETENER todas las actividades antrópicas
urbanísticas, realizadas dentro de la franja de manejo medio
ambiental y de la franja de protección hídrica del caño
“quebrada grande”.
4. A la INSPECCION NOVENA DE POLICIA del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, para que, de manera bimestral, remitan a
este Despacho informe de avance, en torno al proceso policivo
aperturado por infracciones urbanísticas, al interior de la
FINCA LAS CAMELIAS.
5. A la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA –
CORMACARENA, para que, de manera trimestral, rindan
informe ante estrado judicial, en torno al avance de los
procesos sancionatorios aperturados por contaminación
ambiental en la FINCA LAS CAMELIAS, en particular a los
expedientes PM G.A 3.11.023.029, PM.GA.3.11.023.041 y
PM.GA.3.11.023.125 y/o otros que se encuentren vigentes,
debiendo allegar los registros fílmicos y fotográficos (...).
6. A la POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, para
que, de manera semanal, verifiquen el cumplimiento de las
ordenes aquí impartidas, allegando los correspondientes
informes de manera mensual al despacho.
7. Ante la renuencia de los propietarios señores Gunther
Ditterich Dallatorre, Werner Ditterich Dallatorre, Fernando
Ditterich y Erardo Ditterich, para permitir el ingreso de las
autoridades ambientales y policivas al predio FINCA LAS
CAMELIAS identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 230-
15645, sirva este auto COMO ORDEN DE INGRESO, a efectos
de realizar las inspecciones a lugar y dar cumplimiento a lo
aquí ordenado.
8. Al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, para que realice visita
al predio en mención de manera inmediata y dentro del
ámbito de sus competencias preventivas en materia medio
ambiental, imparta las medidas a lugar para mitigar el daño
causado; de igual manera, se ordena, allegar copia del Plan
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de Ordenamiento Territorial -POT- vigente, junto con sus
actualizaciones y/o modificaciones […]”.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, el efecto de las medidas cautelares
decretadas constituye una afectación al derecho a la propiedad,
por cuanto establece una limitación desproporcionada, frente a
unas áreas de predio en las que se adelantó una demolición y una
construcción de una estación de servicio, pese a que tales barrios
fueron urbanizados con anterioridad a la entrega material del
predio denominado La Camelia, esto es, al 5 de noviembre de
2021, de tal forma que no es posible endilgársele responsabilidad
ambiental alguna sobre los hechos origen del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.
Aseveró que el JUZGADO pasó por alto que uno de los cuerpos
de agua que atraviesan la finca La Camelia y sobre los cuales se
imputa una presunta afectación ambiental, tiene una clasificación
que le dio la autoridad ambiental, así como un permiso de
intervención para su canalización, por lo que, si bien se
desarrollaron obras, estas no tenían como objeto causar un daño
ambiental sino proteger a las familias vecinas.
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Adujo que el área que tiene como posesión no es objeto de
intervención alguna, además que su cuerpo de agua es artificial y
fue creado para el ganado, por lo que cursa solicitud ante la
Corporación para el Manejo Especial y Desarrollo Sostenible de la
Macarena – CORMACARENA, para dar cumplimiento a toda la
normativa exigida por la autoridad ambiental.
Destacó que desde el año 2018 el Municipio de Villavicencio ha
venido desarrollando actuaciones urbanísticas sobre la finca La
Camelia, tan es así que mediante la Resolución núm. 1000-56-
11/149 de 2018 se legalizó urbanísticamente el asentamiento
humano Villa Juliana y, mediante las Resoluciones núm. 1000-67-
20/062 y 174 de 2023 se legalizaron urbanísticamente los
asentamientos urbanos denominados Los Cámbulos y Bosques de
la Rivera, los cuales se encuentran ubicados en el predio origen
de controversia, razón por la que presentó solicitud ante el
Municipio de Villavicencio de exoneración de pago de impuesto
predial sobre los mismos, por lo que se encuentra en trámite
conciliación prejudicial por la vía administrativa.
Afirmó que la autoridad judicial accionada al decretar las medidas
cautelares mencionadas, afectó el interés general, comoquiera
que al momento en que fueron solicitadas no se cumplieron los
requisitos establecidos en el CPACA y la jurisprudencia emitida por
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la Corte Constitucional en la sentencia C-834 de 2013, pues se
dejaron de analizar actos administrativos, como los que
legalizaron asentamiento humano en la zona y que daba cuenta
que el Municipio de Villavicencio desde el año 2018 ha intervenido
en la organización parcial del territorio.
Sostuvo que la providencia cuestionada fue producto de un error
inducido y de una indebida valoración probatoria, toda vez que la
misma resulta desproporcionada y no tiene en cuenta la extensión
de la totalidad del predio, afectando así los derechos colectivos,
pues en el predio se encuentra la construcción de 7 barrios que
ocupan el 50% de terreno.
En ese orden de ideas, concluyó que el auto cuestionado no se
encuentra ajustado a la realidad del predio denominado La
Camelia, y menos aún que sus actuales propietarios hayan
generado las afectaciones ambientales que se endilgan, máxime
cuando los móviles del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos corresponden a intereses
particulares “[…] de la familia Alvarado de pretender impedir el
ejercicio de titularidad del dominio por parte de sus propietarios
[…]”.
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Por último, destacó que se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que no cuenta con otro
mecanismo de defensa para intervenir dentro del proceso,
comoquiera que el JUZGADO tuvo por no contestada la demanda
por actuar en nombre propio y carecer así del derecho de
postulación.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende la
protección de sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia, solicita:
“[…] SEGUNDA: TUTELAR de manera transitoria por el
término de tres meses, mis derechos fundamentales,
ORDENANDO la suspensión de los efectos del Auto de fecha
28 de octubre de 2024 del JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO,
hasta tanto no se adelante el trámite prejudicial de
conciliación administrativa con el MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, que a su vez permitirá el pago por concepto
de impuesto predial adeudado por el predio denominado La
Camelia, igualmente es uno de los requisitos para adelantar
la licencia urbanística de subdivisión rural ante la CURADURIA
SEGUNDA URBANA DE VILLAVICENCIO, situación que va
permitir separar jurídicamente las 56 hectáreas que no han
sido objeto de intervención urbanística y ambiental, como se
puede ver a continuación:
[…]
TERCERA: SE DECLARE sin ningún efecto la decisión judicial
adoptadas por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO mediante Auto del 28 de
Octubre de 2024, que no tuvo en cuenta el conjunto de actos
administrativos, que desconocen la existencia de
sustracciones de área del predio denominado La Camelia,
sobre las cuales se legalizaron tres asentamientos humanos,
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igualmente porque generalizó las presuntas afectaciones
ambientales, que a su vez cuentan con coordenadas
específicas MAGNA SIRGAS de origen nacional, sobre 56
hectáreas del predio La Camelia, donde no existe
intervención, y se tiene arrendado para ganado.
CUARTA: SE RESTABLEZCA el goce de mi derecho al debido
proceso y a la administración de justicia, ordenando proferir
una nueva providencia de medida cautelar, que tenga en
cuenta el espacio geográfico, resultado de los expedientes
administrativos sancionatorios donde la Autoridad Ambiental
CORMACARENA, ha definido mediante coordenadas MAGNA
SIRGAS origen nacional […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO informó que impartió las medidas necesarias
para impedir perjuicios irremediables en el medio ambiente, en
atención al principio de prevención y a la función social de la
propiedad; además que los señores GUNTHER DITTERICH
DALLATORRE y IOSSIF FERNANDO DITTERICH
DALLATORRE interpusieron recurso de reposición y en subsidio
de apelación ante la anterior decisión, encontrándose al despacho
para decidir.
Adujo que el actor se abstuvo de interponer recursos contra la
decisión cuestionada, pero guarda identidad de intereses, lo que
torna improcedente la solicitud de amparo, pues existen recursos
en trámite, pendientes de resolver.
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Ahora, alegó que el actor en el curso del proceso del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos se ha
abstenido de nombrar apoderado para la defensa de sus intereses,
por lo que no puede usar acción de tutela para alegar su propia
culpa.
Destacó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno en el
proceso objeto de debate, pues vinculó oficiosamente al actor con
el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción, se le
corrió traslado de las medidas cautelares, las cuales fueron
tomadas atendiendo irrestrictamente los informes emitidos por las
diferentes autoridades.
Finalmente, sostuvo que las situaciones fácticas expuestas en la
solicitud de amparo no fueron expuestas ante esa autoridad
judicial por ninguna de las partes en el marco del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El abogado HAROLD GUTIERREZ ÑUSTEZ, en calidad de
apoderado judicial del señor IOSSIF FERNANDO DITTERICH
DALLATORRE dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, solicitó que se tenga como
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coadyuvante de la solicitud de amparo y que se acceda a las
pretensiones, comoquiera que la autoridad judicial accionada fue
inducida a error para obtener el decreto de unas medidas
cautelares que fueron fundamentadas en hechos inexactos y que
no corresponden a la realidad del predio La Camelia, por lo que al
desconocerse los antecedentes, se genera una indebida
motivación de la providencia de 28 de octubre de 2024, ya que los
elementos presentados como prueba carecen de apariencia de
buen derecho y se aprueban otros móviles totalmente diferentes
a proteger derechos colectivos, con unas graves consecuencias en
el evento de no modificarse o revocarse las medidas decretadas,
lo que conlleva a impedir que se sigan desarrollando obras de
infraestructura que requieren los asentamientos legalizados desde
el 2018 como es Villa Juliana y Los Cámbulos.
Adujo que, contrario a lo mencionado por el actor popular, no
existe una disputa en cuanto al derecho de propiedad de la Finca
La Camelia, además, tampoco existe amenaza a las fuentes
hídricas ni el Municipio de Villavicencio ha permanecido inerme
frente a la situación, pues desde el año 2018 ha venido
interviniendo en la organización parcial del territorio.
En ese orden de ideas, solicitó amparar los derechos
fundamentales invocados y modificar el auto de 28 de octubre de
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2024, en el entendido que se garantice la presunción de inocencia
teniendo en cuenta el concepto de uso del suelo del predio La
Camelia.
I.6.2.- El señor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA,
vinculado en calidad de tercero con interés directo en el proceso,
solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de amparo
al no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales del
actor, tan es así que los señores DITTERICH han interpuesto
recursos en contra de las providencias proferidas por el
JUZGADO, uno de los cuales se encuentra en trámite de ser
resuelto.
Afirmó que en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos origen de controversia se han surtido cada
una de sus etapas en el marco de la legalidad, siendo notificadas
en debida forma todas las actuaciones, por lo que los argumentos
expuestos en la acción de tutela de la referencia ya han venido
siendo resueltos en el marco del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, demostrándose que lo
pretendido es crear una tercera instancia para cubrir su propia
negligencia.
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Resaltó que en lo que respecta a la medida cautelar proferida por
el JUZGADO, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
modificar o revocar tales órdenes, pues si el actor se encuentra
inconforme con dicha determinación debió presentar los recursos
que procedían, encontrándose en trámite el de reposición y en
subsidio de apelación interpuesto por el señor FERNANDO
DITTERICH DALLATORRE, lo que hace improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir el requisito general de subsidiariedad.
Así las cosas, refirió que el actor no explicó de qué forma la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados, lo que resulta suficiente para declarar la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2024, el TRIBUNAL
declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se
cumplió con el requisito general de la subsidiariedad, en la medida
en que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa
que tenía a su alcance para cuestionar la legalidad de la decisión
judicial causada, pues no interpuso los recursos que procedían
contra el auto que decretó las medidas cautelares que ahora
controvierte.
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Indicó que revisado el aplicativo de consulta SAMAI, se advierte
que, si bien se interpusieron recursos contra la providencia
cuestionada, lo cierto es que ninguno de ellos fue interpuesto por
el actor, por lo que aun cuando comparten intereses comunes, el
accionante optó por no interponerlos.
Sumado a lo anterior, aseveró que los recursos interpuestos por
los demás vinculados al medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos se encuentran actualmente en
proceso de análisis para una decisión posterior, por lo que
resultaría improcedente que el juez de tutela suma competencias
que corresponden exclusivamente al juez ordinario.
En esa medida, concluyó que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera
instancia, para lo cual argumentó lo siguiente:
Adujo que contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple con
el requisito de subsidiariedad, pues la autoridad judicial accionada
en ningún momento garantizó, desde la vinculación de la
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demanda, la debida notificación de los titulares de derecho de
dominio sobre el predio que se tramita el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.
Sumado a lo anterior, aseveró que el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos fue presentado
bajo hechos imprecisos, lo que permitió dejar por fuera de los
términos a las personas con interés en el predio y de esta manera
afectar su derecho de defensa, pues el actor popular no indicó
hechos ciertos.
Recalcó que la indebida notificación lo dejó sin contestar la
demanda promovida dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, lo que hace a la acción de
tutela el mecanismo idóneo para la defensa de sus derechos
fundamentales.
Finalmente, solicitó revocar la decisión proferida por el a quo y,
en su lugar, que se acceda al amparo deprecado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión previa
Respecto de la solicitud de coadyuvancia y la legitimación
en la causa por para actuar en el asunto
La Constitución Política en el artículo 86 dispone que “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. (Negrilla fuera de texto).
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Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 19913 establece
que “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en
uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales”. (Negrillas fuera del
texto).
De las normas transcritas, se desprende que quien promueve una
acción de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por
sí mismo o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la
agencia oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente
tal circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales
el agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
En este último caso, ha dicho la Corte Constitucional que es
indispensable afirmar que el agente oficioso actúa como tal y
demostrar que el titular del derecho amenazado o vulnerado se
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa,
“bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por
razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o
en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a
la justicia”4.
Ahora, en el asunto bajo examen se advierte que el señor
HAROLD GUTIERREZ ÑIUSTEZ, como apoderado judicial del
señor IOSSIF FERNANDO DITTERICH DALLATORRE dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, solicitó que se tuviera como coadyuvante dentro de la
acción de tutela de la referencia al señor IOSSIF FERNANDO,
toda vez que, a su juicio, la autoridad judicial accionada fue
inducida a error para obtener el decreto de unas medidas
cautelares que fueron fundamentadas en hechos inexactos y que
no corresponden a la realidad del predio La Camelia.
Revisado el escrito de la coadyuvancia, así como los documentos
anexos allegados por el señor HAROLD GUTIERREZ ÑIUSTEZ,
es del caso advertir que carece de legitimación en la causa para
actuar en calidad de apoderado judicial del señor IOSSIF
4 Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
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FERNANDO, comoquiera que no allegó poder amplio y suficiente
conferido por el mencionado señor para solicitar su coadyuvancia.
En consecuencia, la Sala denegará la solicitud de coadyuvancia
presentada por falta de legitimación en la causa por activa en la
solicitud de amparo de la referencia respecto del señor HAROLD
GUTIERREZ ÑIUSTEZ, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando
se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
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desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
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causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la providencia de 28 de octubre de 2024, proferida por
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el JUZGADO dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 2023-00290-00, a través de la cual decretó las
medidas cautelares solicitadas de detener todas las actividades
antrópicas urbanísticas realizadas dentro de la franja de
protección hídrica en la finca Las Camelias, la compulsa de copias
a la Fiscalía Delegada para los delitos contra los recursos naturales
y el medio ambiente, entre otras.
El proceso aludido tiene origen en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos promovido por el
señor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA contra el
Municipio de Villavicencio, con el fin de que se protejan los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia de
equilibrio ecológico y demás intereses relacionados con la
protección de cuencas hidrográficas, así como la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales
estima vulnerados con ocasión de las actividades desarrolladas en
la Finca La Camelia; proceso al cual fue vinculado el actor, junto
a los señores GUNTHER, IOSSIF FERNANDO Y ERARDO
DITTERICH en calidad de propietarios de la finca La Camelia.
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El disenso del actor se deriva del hecho de que, a su juicio, las
medidas cautelares decretadas constituyen una afectación al
derecho a la propiedad, por cuanto establecen una limitación
desproporcionada, frente a unas áreas de predio que ya habían
sido urbanizadas con anterioridad a la entrega material del predio
denominado Finca La Camelia, esto es, al 5 de noviembre de 2021,
de tal forma que no es posible endilgársele responsabilidad
ambiental alguna sobre los hechos origen del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, de tal forma que
la providencia cuestionada fue producto de un error inducido y de
una indebida valoración probatoria.
En el curso de la primera instancia de la presente acción de tutela
el TRIBUNAL declaró improcedente la acción de tutela por falta
del requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el actor
no agotó los mecanismos ordinarios de defensa que tenía a su
alcance para cuestionar la decisión acusada, pues no interpuso los
recursos que procedían contra el auto que decretó las medidas
cautelares que ahora controvierte; además que, en todo caso, se
encuentran en trámite los recursos de reposición y en subsidio de
apelación presentados por los demás vinculados contra la decisión
aquí enjuiciada.
En la impugnación el actor iteró los argumentos iniciales e indicó
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que sí se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la
autoridad judicial accionada en ningún momento garantizó la
debida notificación de los titulares de derecho de dominio sobre el
predio objeto de debate, lo que le impidió ejercer su derecho de
defensa y convierte a la acción de tutela en el mecanismo idóneo
para la defensa de sus derechos fundamentales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer
grado, para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela y, de ser así, ii) determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales invocados dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos identificado con el número único de radicación 2023-
00290-00, al proferir el auto de 28 de octubre de 2024.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata
de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por incumplir con el requisito
general de la subsidiariedad, comoquiera que el actor no hizo
uso de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación que
procedían contra la providencia de 28 de octubre de 2024, por
medio de la cual se decretó la medida cautelar controvertida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 472 de
1998, que tenía a su alcance, mecanismos judiciales idóneos para
controvertir la providencia cuestionada que se dictó dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos.
5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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En efecto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 472 de
1998, contra el auto que decrete una medida cautelar dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, proceden los recursos de reposición y apelación. El
citado artículo prevé:
“[…] ARTÍCULO 26.- Oposición a las Medidas Cautelares. El
auto que decrete las medidas previas será notificado
simultáneamente con la administración de la demanda y podrá
ser objeto de los cursos de reposición y de apelación; los
recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser
resueltos en el término de cinco días. La oposición a las medidas
previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos: […]”
(Destacado fuera de texto).
En ese sentido, si el actor se encontraba inconforme con la
providencia de 28 de octubre de 2024, por medio de la cual el
JUZGADO decretó las medidas cautelares que ahora controvierte,
lo correcto era haber interpuso los recursos de reposición y en
subsidio de apelación que procedían contra dicho proveído, sin que
se haya hecho uso de los mismos.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela
es improcedente ante la existencia de otros medios de defensa
judicial, esto es, los recursos de reposición y apelación, los
cuales el actor tuvo a su alcance y no interpuso, por lo que no es
válido que ahora pretenda suplir su desidia y descuido dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses
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colectivos, al cual fue debidamente vinculado y notificado el 24 de
enero de 2024, tal como se evidencia de la constancia de
notificación visible a índice 12 del expediente digital 6 origen de
controversia.
Tan es así que mediante auto de 11 de marzo de 2024 el
JUZGADO tuvo por no contestada la demanda del actor, toda vez
que actuó de manera directa y por tanto carecía del derecho de
postulación, lo que deja en evidencia que tuvo conocimiento desde
un inicio de las actuaciones surtidas dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 2023-00290-00,
así como de las medidas cautelares decretadas, las cuales fueron
notificadas mediante estado de 28 de octubre de 2024, razón por
la cual no se encuentra justificada la inactividad en la interposición
de los recursos que procedían contra tal decisión.
Ahora, revisadas las actuaciones en el aplicativo de consulta de
procesos SAMAI, se advierte que dentro del proceso origen de la
controversia los señores IOSSIF FERNANDO y GUNTHER
DITTERICH DALLATORRE, interpusieron los recursos de
reposición, y en subsidio, de apelación que procedían contra la
providencia de 28 de octubre de 2024, aquí acusada.
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333007202
300290005000133
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Así las cosas, toda vez que los recursos de reposición, y en
subsidio de apelación se encuentran en trámite para su resolución,
la acción de tutela también se torna improcedente.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se
emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez
de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del medio de
protección de los derechos e intereses colectivos, escenario idóneo
para resolver la controversia aquí planteada.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
En las condiciones anotadas, la Sala confirmará la decisión del a
quo que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
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administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada
por el señor HAROLD GUTIERREZ ÑIUSTEZ en nombre del
señor IOSSIF FERNANDO DITTERICH DALLATORRE, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de febrero
de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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