Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00004-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00004-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2025-00004-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
27 de febrero de 2025
Radicado: 50001-23-33-000-2025-00004-01
Demandante: Manuel Ricardo Rey Vélez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 50001-23-33-000-2025-00004-01
Demandante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE GRANADA
Temas: Tutela contra providencia judicial, recurso de insistencia.
Petición de información con reserva tributaria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta
que negó las pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor Manuel
Ricardo Rey Vélez contra el Juzgado Primero Administrativo de Granada.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de enero de 2025, el señor Manuel Ricardo Rey Vélez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Granada por
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la información, al control social,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«1. Tutelar mis derechos fundamentales como lo son: A LA INFORMACIÓN, AL
CONTROL SOCIAL, AL DEBIDO PROCESO POR VÍA DE HECHO POR DEFECTO
PROCEDIMENTAL, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL Y
ACCESO EFECTIVO Y EFICAZ A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por
parte del Despacho Judicial accionado.
2. Como consecuencia de lo anterior, declarar sin valor ni efecto la providencia del 13 de
noviembre del 2024 y en su lugar resolver el recurso de alzada confirmando la decisión
del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META), que
terminó el proceso por desistimiento tácito.»
(se transcribe con posibles errores)
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Manuel Ricardo Rey Vélez interpuso derecho de petición ante el municipio
de San Martín de los Llanos (Meta), con el fin de que se le certificara, «a la fecha del
12 de agosto del 2024, cuantos, y cuáles eran los contribuyentes deudores morosos
del impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio, junto a los montos
de las obligaciones y el valor del descuento producto de la expedición del acuerdo no.
11 del 12 de agosto del 2024. La anterior documentación la requiero para que obre
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como prueba en el proceso que en ejercicio del medio de control de pérdida de
investidura iniciaré ante el Tribunal Administrativo Del Meta».
Mediante Oficio del 4 octubre de 2024, el municipio de San Martín de los Llanos (Meta)
negó la solicitud, con el argumento de que era información sometida a reserva
tributaria, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política y el artículo
583 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior, el señor Rey Vélez presentó recurso de insistencia, el cual fue resuelto
por el Juzgado Primero Administrativo de Granada, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2024, en la cual se declaró bien negada la petición, en atención a la
reserva tributaria que recae sobre la información requerida.
3. Argumentos de la tutela
El demandante afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y acceso
a la información, toda vez que incurrió en defecto procedimental y
desconocimiento del precedente, al negarse el recurso de insistencia con el cual
pretendía que se accediera al derecho de petición radicado el 19 de septiembre de
2024.
Lo anterior teniendo en cuenta que, aplicó una reserva tributaria a la información
requerida, cuando la petición solo se orientaba a que se le entregara el listado de los
morosos de los impuestos municipales predial y de industria y comercio, con corte al
12 de agosto de 2024, así como el valor de la deuda y los descuentos obtenidos en
virtud del Acuerdo nro. 11 del 2024.
Aseguró que, en la información que requirió no se solicita algún dato sensible que
involucrara el derecho a la intimidad de los deudores morosos y tiene por finalidad que
sirva de prueba dentro de un proceso de pérdida de investidura, el cual está concebido
legal y constitucionalmente para que la ciudadanía ejerza un control social sobre los
funcionarios públicos de las corporaciones electos popularmente. Que, el Juzgado
accionado no tuvo en cuenta esa situación, con lo cual desconoció las normas que
permiten a los ciudadanos hacer control social - artículo 103 de la Constitución
Política, reglamentado por la Ley 1757 del 2015-.
4. Trámite previo
El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 20 de enero de 2025, admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo de Granada y al
Procurador Judicial II delegado ante esa Corporación y dispuso que se les remitiera
copia del escrito inicial.
5. Oposición
El Juez Primero Administrativo de Granada (Meta) pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, porque no incurrió en el defecto procedimental
alegado, pues tramitó el recurso de insistencia conforme con lo previsto en el artículo
26 de la Ley 1437 de 2011.
Aseguró que no se incurrió en el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
alegado, pues la petición que el actor presentó ante el municipio de San Martín de los
Llanos (Meta), implica el suministro de los datos tributarios de todos los contribuyentes
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deudores, el monto de sus obligaciones tributarias y el descuento aplicado, no
únicamente la información referente a los concejales que podrían verse involucrados
en un proceso de pérdida de investidura.
Que, los datos que solicitó el actor son información privada denominado por la Corte
Constitucional, en sentencia C-489 de 1995, intimidad económica, los cuales
conforme con lo previsto en los artículos 583, 693, 729 y 849 del Estatuto Tributario,
gozan de reserva.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 30 de enero de 2025, negó
las pretensiones de la acción de tutela, por considerar que no se incurrió en los
defectos alegados por el actor.
Lo anterior porque, el funcionario que la emitió ostenta la competencia para decidir
sobre el recurso de insistencia de acuerdo con la calidad de la entidad que figura como
contraparte, según lo previsto en el artículo 26 del CPACA, por lo que no se configura
un defecto orgánico.
Frente al defecto procedimental, indicó que el juzgado accionado al rendir informe
acreditó que, el recurso de insistencia se tramitó dentro de las etapas y términos
previstos en la norma que lo regula.
Aseguró que, al resolver el asunto, el juez aplicó la normativa adecuada y no fue
fundamentado en soportes probatorios, pues, no existió discusión sobre los hechos,
por lo tanto, no se configuró un defecto fáctico.
Respecto al defecto material o sustantivo, señaló que la autoridad judicial accionada
aplicó correctamente las normas aplicables al caso, teniendo en cuenta que, la
solicitud de información del 19 de septiembre de 2024 se considera «información
pública clasificada», según la Ley 1712 de 2014. Que, el acceso por personas ajenas
a los titulares, sin una razón válida, vulnera el derecho a la intimidad previsto en el
artículo 15 de la Constitución Política.
Que, acorde con lo anterior, la negación de la información está justificada por la
excepción del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. Además, el juzgado señaló que,
según el artículo 583 del Decreto 624 de 1989, la información tributaria es reservada
y solo puede ser divulgada en ciertos casos.
Aseveró que, tampoco se advierte configuración de otras causales específicas como
como lo son el error inducido, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución, pues la decisión acusada se fundó en la normativa aplicable, cumplió la
carga argumentativa suficiente y está acorde con la jurisprudencia aplicable en
materia de acceso a la información, tipologías de la información y tratamiento de la
misma.
7. Impugnación
El demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos del escrito inicial, respecto al desconocimiento de los derechos a
participación ciudadana y al control social, pues no tuvo en cuenta las disposiciones
constitucionales y legales que permite a los ciudadanos hacer control social (artículo
103 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 1757 del 2015), pues desde
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la petición se puso de presente que el objetivo de la información que requería era que
sirviera como prueba dentro de un proceso de pérdida de investidura.
Aseguró que la información que solicitó en la petición no se encuentra sometida a
reserva, porque va a ser usada en un proceso de pérdida de investidura por el
presunto conflicto de intereses de los concejales del municipio de San Martín de los
Llanos (Meta). Que, en esa medida, no solicitó datos específicos y sensibles de
personas en particular, sino que pidió el listado general de morosos de impuesto
predial unificado e industria y comercio, con corte al 12 de agosto del 2024, con el
valor de las deudas y de los descuentos obtenidos en virtud del Acuerdo nro. 11 de la
misma fecha.
Indicó que existe prevalencia del interés público sobre la reserva tributaria, pues esta
última debe ceder cuando la información está relacionada con un posible caso de
corrupción o conflicto de intereses. Que, además, el artículo 18 de la Ley 1712 de
2014, prevé que la reserva no aplica cuando la información es relevante para prevenir,
investigar o sancionar actos de corrupción, además, cuando existen razones de
interés público que justifican su revelación.
Precisó que, en el caso concreto, requiere la información para «(…) estudiar, evaluar
y eventualmente sustentar un proceso de pérdida de investidura de concejales que
habrían aprobado beneficios tributarios en su propio favor o en favor de familiares, lo
que constituye un posible conflicto de intereses y abuso de poder». Que, en ese
contexto, el a quo debió realizar un test de proporcionalidad para determinar si la
reserva tributaria es legítima en este caso.
Aseveró que, se interpretó de manera errónea el contenido del artículo 583 del
Estatuto Tributario, pues dicha disposición protege la confidencialidad de la
información cuando se trata de datos individuales en procedimientos privados, pero
no cuando se trata de información con relevancia pública. Además, la Contraloría
General de la República y la Procuraduría General de la Nación han determinado que
la reserva tributaria no puede ser invocada para negar información sobre
condonaciones o beneficios concedidos a funcionarios públicos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora reiteró los argumentos del escrito de
tutela, según los cuales el Juzgado Primero Administrativo de Granada, en la
providencia del 13 de noviembre de 2024, en la cual se declaró bien negada la
petición, en atención a la reserva tributaria que recae sobre la información requerida,
incurrió en defecto procedimental y defecto por desconocimiento del precedente
judicial, pues en la petición no solicitó datos sensibles que involucrara el derecho a
la intimidad de los deudores morosos y la finalidad es que sirva de prueba dentro de
un proceso de pérdida de investidura.
En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada.
Caso concreto
El señor Manuel Ricardo Rey Vélez promovió la presente acción de tutela porque
considera que el Juzgado Primero Administrativo de Granada vulneró los derechos
fundamentales deprecados con la decisión del 13 de noviembre de 2024, declaró bien
negada la petición, en atención a la reserva tributaria que recae sobre la información
requerida. Sin embargo, el a quo negó las pretensiones del recurso de amparo, pues
consideró que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos deprecados.
En el escrito de impugnación el actor insistió en la vulneración de sus derechos
fundamentales, pues en la petición no solicitó datos sensibles que involucrara el
derecho a la intimidad de los deudores morosos y la finalidad es que esa información
sirva de prueba dentro de un proceso de pérdida de investidura en contra de los
concejales del municipio de San Martín de los Llanos (Meta), que habrían aprobado
beneficios tributarios en su propio favor o en favor de familiares, lo que constituye un
posible conflicto de intereses y abuso de poder.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Al respecto advierte la Sala que, la decisión en la que se resolvió el recurso de
insistencia, en estricto sentido, no atentó contra los derechos invocados por el actor,
dado que en su momento se explicó la razón por la que no procedía la entrega de los
documentos requeridos.
La Sala evidencia que la providencia atacada se circunscribió a establecer si procedía
o no el otorgamiento de los documentos solicitados en la petición y si estos estaban
sujetos a reserva legal. Por lo que se considera que la decisión judicial controvertida
no fue arbitraria ni trasgresora de los derechos invocados
En efecto, el Juzgado Primero Administrativo de Granada negó el recurso de
insistencia, por las siguientes razones:
«Sin embargo, es claro que el objeto de la petición involucra información con datos
privados, sobre los cuales existe reserva, en los términos de la Ley 1266 de 2008. Téngase
en cuenta que la solicitud del ahora recurrente fue realizada de manera indiscriminada,
por lo cual, de acceder a ella, se le daría acceso a datos personales que le interesan
exclusivamente a su titular, sin contar con que el listado solicitado de contribuyentes
morosos implica la divulgación de sus nombres, el monto de sus obligaciones y el valor
correspondiente del descuento, datos que, de igual manera, son de interés exclusivo para
cada contribuyente y que, prima facie, no se aprecia por qué deberían ser conocidos por
el recurrente Manuel Ricardo Rey Vélez.
Por demás, esos datos hacen parte de la intimidad de las personas, tal como lo dispuso la
Corte Constitucional al señalar que: “La intimidad económica es un ámbito que, en
principio, sólo interesa al individuo, el cual impide a los particulares acceder a la
información económica de otro particular”.
Al respecto, del artículo 15 de la Constitución Política se desprende la obligación del
Estado de respetar y garantizar el derecho a la intimidad de las personas, lo que implica
no permitir que terceros obtengan dicha información. La importancia del derecho a la
intimidad económica de los contribuyentes es tal que el Estatuto Tributario Nacional ha
consagrado la reserva legal, no solo para las declaraciones, sino también ampliando su
alcance de protección a las actuaciones que se realicen dentro del expediente de cobro,
lo que incluye las sanciones que de ellas se deriven.
Al respecto, la Corte Constitucional indicó: “las sanciones en su aspecto sustancial, se han
considerado concomitantes con la obligación principal tributaria (puesto que tienden a
preservar su cumplimiento) y, por consiguiente, también son de reserva de ley”. De lo
anterior se desprende que, por mandato constitucional, es obligación de las entidades
territoriales proteger la reserva de los datos tributarios de los contribuyentes, como el
monto de sus respectivas deudas y los descuentos correspondientes. Esta información
forma parte de su intimidad económica, la cual goza de reserva de acuerdo con el numeral
3° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. Esto implica que un tercero solo puede acceder
a dicha información si cuenta con la autorización del contribuyente; de lo contrario, se
estaría vulnerando el derecho a la intimidad de las personas.
En conclusión, la entidad territorial no vulneró el derecho de acceso a la información de
Manuel Ricardo Rey Vélez, por el contrario, actuó de manera correcta al negarse a
suministrarla, ya que con ello protegió la intimidad económica de los contribuyentes a
quienes el municipio cobra los impuestos.»
Como se observa, para resolver la insistencia el Juzgado Primero Administrativo de
Granada basó la decisión, principalmente, en que la información requerida está
sometida a reserva, según la Ley 1266 de 2008, por cuanto implica el suministro de
los datos tributarios de todos los contribuyentes deudores, el monto de sus
obligaciones tributarias y el descuento aplicado, por lo que hace parte de su intimidad
económica, conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 24 del CPACA. Que,
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en esa medida, acorde a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, el
Estado debe respetar y garantizar el derecho de las personas.
Además, el municipio de San Martín de los Llanos (Meta) negó el acceso a la
información que pidió el actor, con el argumento de que se encontraba sometida a
reserva tributaria, por expresa disposición del artículo 583 del Estatuto Tributario, que
prevé:
«Art. 583. Reserva de la declaración. La información tributaria respecto de las bases
gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones
tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios
de la Dirección General de Impuestos Nacionales sólo podrán utilizarla para el control,
recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de
informaciones impersonales de estadística.
En los procesospenales, podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.
Los bancos y demás entidades que en virtud de la autorización para recaudar los
impuestos y recibir las declaraciones tributarias, de competencia de la Dirección General
de Impuestos Nacionales, conozcan las informaciones y demás datos de carácter tributario
de las declaraciones, deberán guardar la más absoluta reserva con relación a ellos y sólo
los podrán utilizar para los fines del procesamiento de la información, que demanden los
reportes de recaudo y recepción, exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
parágrafo. Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar
el lavado de activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de
carácter tributario, aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus
bases de datos.
Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá garantizar la
publicación de una muestra anonimizada y representativa de las declaraciones de los
diferentes impuestos administrados por la entidad, de manera periódica y aplicando el
principio de divulgación proactiva de la información consignado en la Ley 1712 de 2014.»
Con base en esas normas determinó que en el caso no había lugar a otorgar la
información solicitada por el tutelante, no solo porque aquella está sujeta a reserva
legal, sino porque no se cumplen las condiciones para pasar por alto tal limitación y
porque no se trata de un evento en el que la información se pueda divulgar sin la
autorización del titular, entendiendo la reserva que tienen los expedientes en la etapa
de cobro, tal y como lo prevé el numeral 4 del artículo 8494 del Estatuto Tributario.
Adicional a lo anterior, la Ley 1712 de 2014 en el artículo 18 hace referencia a que así
se trate de información pública existen eventos en los que su acceso puede ser
rechazado. Por ejemplo, cuando el acceso a esa información suponga un daño al
derecho a la intimidad. Motivo por el que tal información se denomina como pública
clasificada. Precisamente, este fue uno de los soportes normativos aludidos por el
Juzgado demandado, para fundamentar la conclusión a la que arribó.
De ahí que no se encuentre reproche al análisis efectuado por el tribunal, pues su
estudio abordó las figuras legales aplicables al caso y las excepciones consagradas
en la ley, sin menoscabar los derechos del demandante. Inclusive, teniendo en
4
«Artículo 849-4. Reserva del expediente en la etapa de cobro. Los expedientes de las Oficinas de Cobranzas solo podrán ser
examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado
personalmente por el contribuyente.»
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consideración la precisión hecha sobre la reserva de los documentos solicitados pues
la Sala concuerda con el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada, en
tanto que supone la divulgación de información pública clasificada que puede
comprometer el derecho a la intimidad, pues se trata de información económica de
otros particulares.
En ese sentido, debe destacarse que el recurso de insistencia está previsto en el
artículo 265 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, como un instrumento para proteger el derecho de petición frente a la
respuesta negativa de la administración, para entregar documentos o información,
cuando se invoque la reserva de documentos o información prevista en el artículo 246
del ejustem.
Luego, fue con base en la valoración de la petición, la respuesta que en su momento
dio el municipio de San Martín de los Llanos (Meta), que la autoridad judicial
demandada consideró que la información requerida por el señor Rey Vélez se
encontraba sometida a reserva tributaria, sin que ello pueda ser considerado la
vulneración de derechos y garantías fundamentales, con fundamento en las normas y
jurisprudencia vigente es el ejercicio propio de la actividad judicial, a partir del uso de
las reglas de la lógica y la sana crítica, actuaciones amparadas por la autonomía que
caracteriza la función judicial.
Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente motivada
y sustentada, la cual, en todo caso, resulta razonable y ajustada a derecho, de
conformidad con las circunstancias específicas del caso concreto, distinto es, que el
actor no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez natural
de conocimiento, porque no coinciden con sus intereses.
5 Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición
de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo,
el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación
deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir
conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si
al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante
el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
6 Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones
públicas o privadas, así como la historia clínica.
4.Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación,
así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones
estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva
operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas
de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y
7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con
facultad expresa para acceder a esa información.
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Radicado: 50001-23-33-000-2025-00004-01
Demandante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Vale la pena precisar que, lo dicho en la providencia que resolvió el recurso de
insistencia, no restringe la posibilidad de que el señor Manuel Ricardo Rey Vélez
promueva la demanda de pérdida de investidura y que al interior de ese proceso
solicite al juez competente que requiera al municipio de San Martín de los Llanos
(Meta), para que aporte la información requerida en la petición para que obren como
prueba dentro de dicho proceso.
Lo anterior, es suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Ricardo Rey
Vélez contra el Juzgado Primero Administrativo de Granada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la providencia impugnada proferida el 30 de enero de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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