Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00092-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
16 de abril de 2026
Radicado número: 50001 23 33 000 2025 00092 01
Demandante: Esteban Rodríguez Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Radicado: 50001 23 33 000 2025 00092 01
Demandante: Esteban Rodríguez Valencia
Demandado: Yan Carlos Chavarro Munevar
Tesis: No procede decretar la pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses cuando el concejal accionado interviene en actuaciones
como la fijación del orden del día o la aprobación de actas, ni cuando el presunto
conflicto se fundamenta en recusaciones que han sido aprobadas, al no haberse
acreditado la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia proferida en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta el 10 de julio de 2025, mediante la cual se negó la pérdida
de investidura.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
Esteban Rodríguez Valencia1, en adelante el accionante, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante
CPACA)2, solicitó que se declarara la pérdida de investidura de Yan Carlos
1 En nombre propio.
2 “ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […] Igualmente, la Mesa Directiva de la
Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.”
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Demandante: Esteban Rodríguez Valencia
Chavarro Munevar3, en adelante el accionado, por presuntamente haber incurrido
en la conducta prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 19944 y
en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 20005. En este medio de control
se presentaron las siguientes pretensiones6:
«Se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA como concejal de Acacías
– Meta, al señor YAN CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR, elegido para el
periodo Constitucional 2024 – 2027 y se ordene la cancelación de su
credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE
INTERESES, quebrantar el artículo 55 Ley 136 de 1994, artículo 48 de la Ley
617 de 2000, numerales 1 y 8° del artículo 11 de la ley 1437 de 2011 y demás
que se puedan derivar de los hechos que se describen en esta Acción
Pública.
Que, como consecuencia de lo anterior, se oficie al Concejo Municipal de
Acacías – Meta, y demás autoridades correspondientes, para que se
CANCELE la credencial de concejal para el periodo Constitucional 2024 –
2027, cargo que ostenta en la actualidad el demandado.
Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de
concejal de Acacías para el periodo Constitucional 2024 – 2027, a quien siga
en la lista de su respectivo partido político, es decir, por el Partido Liberal».
1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud
2. Como punto de partida indicó que el accionado fue elegido como concejal el
29 de octubre de 2023 y posteriormente designado presidente del Concejo
Municipal en la sesión plenaria del 2 de enero de 2024.
3. Informó que, en sesión del 27 de agosto de 2024, la plenaria del concejo
municipal decidió otorgarle facultades a la mesa directiva –conformada por el
presidente Yan Carlos Chavarro, la primera vicepresidenta Lucy Fernanda
Tamayo y la segunda vicepresidenta del concejo Nayi Najaiby Romero– para
3 Concejal del municipio de Acacías, Meta.
4 “Artículo 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura
por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses”.
5 “Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y
de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación
del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.
6 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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adelantar el procedimiento de convocatoria pública para elegir secretario general
del concejo para la vigencia 2025.
4. Afirmó que, en desarrollo de esas facultades, el 9 de octubre de 2024, el
accionado celebró un contrato de prestación de servicios técnicos con el Instituto
de Estudios Urbanos y Ambientales “Alberto Lleras Camargo”, por valor de
$10.000.000, cuyo objeto era prestar “apoyo técnico, jurídico y logístico para la
realización del concurso de méritos destinado a seleccionar al secretario general
del concejo municipal de Acacías para el período 2025”. Agregó que el primer
pago de este contrato que equivalía al 50% del valor total fue realizado el 25 de
octubre de 2024.
5. Precisó que el 10 de octubre de 2024 el accionado en su calidad de
presidente del concejo y la segunda vicepresidenta, expidieron la Resolución núm.
82 de 2024, “por la cual se da apertura a la convocatoria pública para la elección
del secretario general del Concejo Municipal de Acacías-Meta, para el período
anual de 2025”.
6. Refirió que el 15 de noviembre de 2024 el accionado expidió la Resolución
núm. 89 de 2024, mediante la cual designó la comisión de concejales que se
encargaría de llevar a cabo la audiencia pública con la ciudadanía en la que se
deliberaría y examinaría a los aspirantes habilitados. Adujo que en esa comisión
se auto designó como integrante de ella y que dicho acto no fue suscrito por las
vicepresidentas de la mesa directiva.
7. Manifestó que de acuerdo con el acta núm. 130, en la sesión plenaria del 24
de noviembre de 2024 el concejal Juan Carlos Basto dio lectura a una proposición
encaminada a revocar las facultades conferidas a la mesa directiva para adelantar
la convocatoria pública, por considerar que el proceso no había dado cumplimiento
a varias disposiciones legales. En particular, sostuvo que la mesa directiva vulneró
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 al haber contratado con el
Instituto de Estudios Urbanos y Ambientales “Alberto Lleras Camargo”, instituto
que no contaba con acreditación de alta calidad como institución de educación
superior, como lo exige dicha norma.
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8. Adicionalmente, señaló que en la Resolución núm. 82 de 2024 se había
incluido indebidamente la referencia a “o una entidad especializada en procesos
de selección de personal”, figura que no resultaba concordante con lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018.
9. Indicó que, en esa misma sesión del 24 de noviembre de 2024, la plenaria
aprobó la proposición antes mencionada y, en consecuencia, revocó las facultades
dadas a la mesa directiva. Además, señaló que la plenaria ordenó cesar los
efectos de las resoluciones núm. 82 y 89 de 2024 y dispuso que se expidieran
nuevos actos administrativos para dar cumplimiento a lo aprobado.
10. Añadió que, para ese momento, según el cronograma de la convocatoria,
aún no se habían agotado todas las etapas previstas, pues faltaban, entre otras,
la respuesta a observaciones ciudadanas, la publicación de lista de elegibles en
firme, la remisión de hojas de vida, la citación para elección y la propia elección y
posesión.
11. Expuso que en la misma sesión del 24 de noviembre de 2024, el concejal
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez presentó recusación contra varios concejales,
entre ellos el accionado. Como sustento de esa recusación argumentó que el
accionado y los demás recusados contaban con una amistad íntima con una de
las candidatas inscritas para el concurso, esto es, Erika Alexandra Mosquera
Peña. Argumentó que durante la sesión el concejal Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez presentó registros fotográficos y videos publicados en redes sociales
donde a su juicio la aspirante habría compartido espacios privados.
12. Con base en ello, afirmó que de acuerdo con el acta núm. 131 de la sesión
plenaria del 25 de noviembre de 2024, el accionado presentó escrito rechazando
la recusación. No obstante, afirmó que de acuerdo con dicha acta la recusación
fue tramitada y aprobada por la plenaria del concejo, con constancias expresas
sobre el sentido de los votos y la notificación al recusado.
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13. Argumentó que, desde ese momento el concejal accionado debía apartarse
de cualquier decisión o actuación vinculada con la convocatoria pública para elegir
secretario general.
14. Indicó además que, pese a esa decisión, la comisión accidental designada
mediante la Resolución núm. 89 de 2024 realizó audiencia pública con fundamento
en el artículo 47 de la Resolución núm. 82 de 2024 para escuchar a los candidatos
que continuaban en el proceso. Agregó que entre los candidatos se encontraba
Erika Alexandra Mosquera Peña, quien para entonces era la candidata respecto
de la cual se había fundado la recusación aprobada contra el demandado.
15. Añadió que el 27 de noviembre de 2024, en sesión plenaria según acta núm.
133, se presentó una segunda recusación contra el accionado y contra la segunda
vicepresidenta Nayi Najaiby Romero Gamboa. Argumentó que los recusados
estarían incursos en una causal de conflicto de interés para participar, deliberar y
pronunciarse sobre la convocatoria para la elección de secretario general 2025.
Precisó que esa recusación se sustentó en que los recusados habían sido autores
de las resoluciones núm. 82 y 89 de 2024, ya dejadas sin efecto por la plenaria, y
que, por esos mismos hechos, un ciudadano había promovido una actuación
disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Anotó que sobre esa
recusación ambos concejales manifestaron su no aceptación y que durante la
sesión plenaria esta se consideró procedente por mayoría de los votos.
16. Sostuvo que, a pesar de la aprobación de esas dos recusaciones, el
demandado continuó interviniendo en asuntos directamente relacionados con la
convocatoria. En particular, afirmó que el 29 de noviembre de 2024, según acta
núm. 134, el presidente puso a consideración de la plenaria un orden del día que
incluía el punto “Entrevistas aspirantes al cargo de secretario de vigencia 2025”.
Afirmó que aun cuando la secretaría general le certificó en esa misma sesión que
contra él ya se habían tramitado y aprobado dos recusaciones por el concurso,
este manifestó que no se retiraba de la discusión ni de la deliberación sobre ese
asunto, porque no había aceptado las recusaciones. Agregó que inclusive
participó en la votación de la proposición orientada a excluir del orden del día dicho
punto.
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17. Manifestó que el mismo 29 de noviembre de 2024, pese a que la plenaria
aprobó la supresión del punto relativo a las entrevistas de los aspirantes, el
demandado optó por dar participación a los candidatos a secretario general toda
vez que, en su criterio, el cronograma de la convocatoria seguía vigente. Se refirió
a la transcripción de la plenaria donde el accionado evidenciando la falta de
quorum determinó que no se podían realizar las entrevistas y permitió que algunos
aspirantes dejaran constancias en el recinto:
«PROPOSICIONES Y VARIOS. El presidente Concejal YAN CARLOS
CHAVARRO MUNEVAR manifiesta, en este punto no habiendo quórum para
decidir, quiero dejar constancia ante la plenaria del concejo municipal y a la
comunidad Acacireña, que el día de hoy, como ya se ha venido indicando en
el transcurso de la sesión, siendo las 2 de la tarde, se encuentra dentro del
cronograma de la convocatoria vigente, tiene el uso de la palabra, Concejal.
Hace el uso de la palabra la Concejal NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA,
gracias presidente, para dejar constancia de mi salida ya que me encuentro
impedida.
El presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR manifiesta, se
deja constancia del retiro de la Concejal NAYI ROMERO y del Concejal
ALIRIO ROJAS, se deja constancia del retiro del recinto, dejar constancia que
siendo las 2:00 de la tarde del viernes 29 de noviembre del año 2024, los
Concejales:
Alirio Rojas Delgadillo.
Genaro Gutiérrez.
Juan Carlos Basto.
John Alexander Casallas.
Jasson Gregorio Rincón Toro.
Wilson René Ortiz Quishpe.
Jonathan Alirio Basto Bohórquez.
Johnny Andrés basto Hernández.
Quienes participaron activamente de una proposición que pretendía llevar a
cabo la revocatoria presuntamente de un acto administrativo, se ausentaron
del recinto, razón por la cual no se puede llevar a cabo la entrevista a los
candidatos al cargo de secretaria general para la vigencia 2025 y se deja esta
constancia porque el proceso se encuentra adelantado, ya nos encontramos
en la etapa final, mañana es el escenario de la elección, a los candidatos
decirles que el día de mañana se pondrá en el orden del día, lo que tiene que
ver con entrevista y elección, de tal manera de que en este punto se lleve a
cabo la elección del secretario general para cumplir con las obligaciones
funcionales que nos atañen a los Concejales del Municipio de Acacías,
estando ustedes acá no sé si como participantes quieran dejar algún tipo de
constancia a los micrófonos del del Concejo Municipal para que quede en acta
que estuvieron en el recinto, si quieres por favor en cualquiera de los puestos
y al micrófono para que quede en el acta, nos regalas su nombre completo,
número de identificación, si eres o no participante».
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18. Expuso igualmente que el 30 de noviembre de 2024, según acta núm. 135,
el demandado volvió a incluir en el orden del día un punto que incluía la entrevista,
elección y posesión del secretario general vigencia 2025. Además, señaló que al
igual que el día anterior, el concejal Yan Carlos Chavarro Munévar participó
nuevamente en la discusión y en la votación para excluir ese punto del orden del
día, votación que una vez más resultó positiva.
19. En ese contexto, reprochó que el concejal accionado participara en las
votaciones relacionadas con la exclusión de los órdenes del día de la entrevista y
elección de secretario general habiendo estado recusado.
20. Por otra parte, advirtió que solo hasta el 7 de enero de 2025 la mesa directiva
expidió la Resolución núm. 01 de 2025, por medio de la cual revocó las
resoluciones núm. 82 y 89 de 2024 y dejó sin efectos la convocatoria pública para
la elección del secretario general 2025.
21. Por último, informó que el 1 de marzo de 2025 la plenaria aprobó las actas
núm. 131, 132, 133, 134 y 135 de noviembre de 2024, y que en esa deliberación
y votación también participó el concejal accionado, pese a que, según el
accionado, esas actas documentaban el trámite de sus recusaciones del concejal
accionado y el conflicto de interés que le impedía intervenir en asuntos
relacionados con la convocatoria del secretario general.
22. Con fundamento en los anteriores hechos, el demandante consideró que se
habría configurado la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: i) la
participación del accionado en la votación para excluir o mantener en el orden del
día las entrevistas y la elección del secretario general a pesar de haber sido
recusado por tener relación íntima con una de las candidatas y que la recusación
hubiere sido aprobada en la plenaria; ii) la decisión en conflicto de interés de
mantener la convocatoria y el proceso de elección de secretario general porque
había sido denunciado disciplinariamente sobre las presuntas irregularidades en
la contratación de la entidad que apoyaría en dicho proceso; iii) la omisión de
apartarse de la votación para excluir o mantener en el orden del día las entrevistas
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y la elección del secretario general a pesar de haber sido recusado por tener
presunto interés al estar denunciado disciplinariamente y habiendo sido aprobada
la recusación en la plenaria; iv) la omisión de declararse impedido para participar
en la deliberación y votación para la aprobación de las actas núm. 131, 132, 133,
134 y 135 de 2024, a pesar de que en esas actas se soportó el trámite de su
recusación y conflicto de interés sobre la convocatoria.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
23. El 11 de abril de 2025 el accionado presentó contestación7 de la solicitud de
pérdida de investidura y expuso los argumentos que se presentan a continuación.
24. Advirtió que en el presente caso no se configuran los elementos de la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, en
tanto las situaciones descritas por el solicitante no permiten acreditar la existencia
de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal.
25. En primer lugar, sostuvo que la recusación formulada contra el concejal y
aprobada por la plenaria el 25 de noviembre de 2024 carecía de sustento, por lo
que no puede servir de base para predicar una violación del régimen de conflicto
de intereses.
26. Sobre ello, señaló que la recusación aprobada en la plenaria del concejo el
25 de noviembre de 2024 se sustentó en una presunta amistad entrañable con
una de las aspirantes del proceso de selección de secretario general del concejo
municipal, esto es, con la señora Erika Alexandra Mosquera Peña.
27. En ese contexto, explicó que la relación de amistad entrañable es una
categoría profundamente subjetiva que exige la acreditación de lazos afectivos
fuertes, permanentes y actuales. Añadió que en este caso la recusación se apoyó
únicamente en fotografías y videos que demuestran la participación de dos
personas de momentos amenos y de esparcimiento, lo que no permitía calificar la
relación como entrañable.
7 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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28. Para reforzar esta posición, se refirió a una sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta de 4 de junio de 2024 y una decisión del Consejo de
Estado de 5 de septiembre de 2024, respecto de las cuales no precisó su radicado
o número de expediente, y a partir de ellas concluyó que no bastan afirmaciones
subjetivas ni vínculos laborales o sociales para tener por probada esa relación.
29. Con base en lo anterior, indicó que no era procedente sostener que, a partir
de una recusación sin sustento, se restringieran los derechos del demandado
como concejal y como presidente de la corporación, ni que de ello se derivara una
violación del régimen de conflicto de intereses.
30. Por otra parte, precisó que para la fecha en la que se discutió y se votó la
exclusión del orden del día de los puntos relativos a las entrevistas de aspirantes
y a la elección y posesión del secretario general de la vigencia 2025, la señora
Erika Alexandra Mosquera Peña ya se había apartado de la convocatoria al haber
renunciado a su participación en la sesión plenaria del 24 de noviembre de 2024.
31. Así, adujo que al no existir participación de esa aspirante en el trámite, no
podía configurarse una causal de impedimento por amistad respecto de las
actuaciones posteriores.
32. Finalmente, señaló que la participación en asuntos respecto de los cuales la
plenaria había declarado su impedimento no equivale, por sí misma, a la violación
del régimen de conflicto de intereses.
33. En segundo lugar, sostuvo que el accionante pretende estructurar la
violación al régimen de conflicto de intereses con fundamento en el numeral 1 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. Indicó que, según la solicitud, dicho interés se
derivaría de la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del concejal
por la celebración del contrato relacionado con la convocatoria para elegir
secretario general y del eventual beneficio que podrían generarle las decisiones
adoptadas en el marco de dicha convocatoria.
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34. Frente a ello, advirtió que el accionante no explicó de manera detallada cómo
las decisiones reprochadas podían generarle provecho o beneficio al demandado
dentro del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría. Para el accionado
no resulta evidente cómo su participación en la deliberación y votación sobre la
inclusión en el orden del día de los puntos relativos a entrevistas y elección del
secretario general podía incidir en ese trámite disciplinario.
35. En ese sentido, afirmó que la investigación adelantada por la Procuraduría
goza de autonomía y versa sobre conductas cuyo análisis no depende de las
actuaciones propias de otros procedimientos administrativos, razón por la cual no
puede afirmarse que las decisiones debatidas en el concejo tuvieran incidencia
favorable o desfavorable en ese proceso
36. Añadió que las actuaciones en las que participó el concejal correspondían al
desarrollo de la convocatoria regulada por la Resolución 082 de 2024 y que no
habían sido válidamente revocadas para ese momento. Indicó que, aunque la
plenaria dispuso el cese de efectos de las resoluciones 082 y 089 de 2024, estas
mantuvieron su vigencia hasta el 7 de enero de 2025, fecha en la cual fueron
formalmente revocadas. A partir de ello, sostuvo que las actuaciones del
demandado se desarrollaron en el marco de actos administrativos que
continuaban produciendo efectos, por lo que no era posible derivar una violación
al régimen de conflicto de intereses.
37. En tercer lugar, precisó que el cargo se fundamenta en la participación del
concejal en la deliberación y votación de los puntos del orden del día relativos a
“Entrevistas aspirantes al cargo de secretario de vigencia 2025” y “entrevista a
elección y posesión del secretario general vigencia 2025”, en las sesiones
plenarias de los días 29 y 30 de noviembre de 2024.
38. No obstante sostuvo que en la sustentación de la solicitud no se identifica
una causal concreta que encaje dentro del régimen de conflicto de intereses y que
permita establecer la pérdida de investidura.
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39. Por ello, concluyó que el comportamiento reprochado al concejal, consistente
en participar en actuaciones estando bajo un impedimento declarado por la
plenaria, no se subsume en una causal legal de conflicto de intereses.
40. En cuarto lugar, respecto de la participación del concejal en la aprobación de
las actas núm. 131, 132, 133, 134 y 135 expuso que dicha actuación no constituye
una decisión autónoma sobre el asunto debatido, sino únicamente la validación de
que su contenido coincida con lo ocurrido en las respectivas sesiones.
41. En consecuencia, afirmó que no existe motivo para concluir que el concejal
estaba impedido para participar en dicha aprobación ni que de esa actuación
pudiera derivarse una violación del régimen de conflicto de intereses. Además,
señaló que en este cargo el accionante no identificó una causal específica por la
que se habría infringido el régimen de conflicto de intereses.
42. Finalmente, explicó que, además de no encontrarse acreditado el elemento
objetivo de la causal, tampoco se demostró el elemento subjetivo. Explicó que el
concejal actuó sobre la base de considerar que los impedimentos declarados por
la plenaria provenían de recusaciones evidentemente infundadas, tanto en lo
relativo a la presunta amistad entrañable con Erika Alexandra Mosquera Peña
como respecto del supuesto interés directo en el adelantamiento de la
convocatoria.
43. Con fundamento en todo lo anterior solicitó el rechazo de las pretensiones
de la solicitud de pérdida de investidura.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
44. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia proferida el 10 de julio de
20258, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de PÉRDIDA DE INVESTIDURA de
CONCEJAL del demandado, YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR,
período constitucional 2024-2027, por las razones antes expuestas. […]».
8 Cfr. Índice núm. 36 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
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45. En primer lugar, precisó el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la
causal de violación del régimen de conflicto de intereses, y explicó que su
configuración exige la concurrencia de tres presupuestos: (i) que el concejal haya
actuado en ejercicio de su investidura; (ii) que exista un interés directo, particular
y actual —de orden moral o económico— en la decisión sometida a su
consideración; y (iii) que, pese a ello, participe en el trámite sin declararse
impedido. Además, destacó que el elemento determinante es la acreditación de
un interés real que suponga la anteposición de beneficios, utilidades o ventajas
personales frente al interés general.
46. En el caso concreto, tuvo por acreditado el primer presupuesto, esto es, la
calidad de concejal del demandado y su participación en las sesiones
cuestionadas. Sin embargo, al abordar el elemento objetivo de la causal, concluyó
que no se demostró la existencia de un interés directo, particular y actual que
comprometiera su imparcialidad.
47. En relación con la recusación fundada en una supuesta amistad íntima con
una de las aspirantes al cargo de secretaria general, advirtió que no existía prueba
de tal vínculo y que tanto el demandado como la aspirante Erika Mosquera
afirmaron que su relación era exclusivamente laboral.
48. Sobre este punto, señaló que la referencia a fotografías en redes sociales no
permite inferir una relación de la entidad exigida por la causal, en tanto no
evidencia un vínculo de cercanía tal que comprometa la imparcialidad.
49. Adicionalmente, resaltó que la sola aceptación de la recusación por parte de
la plenaria no configura, por sí misma, la existencia de un conflicto de intereses.
Precisó que para acreditar la causal se exige la comprobación de un provecho o
utilidad personal en la actuación del accionado.
50. Adicionalmente, advirtió que la aspirante respecto de la cual se alegaba la
existencia de una amistad íntima renunció a su participación en la convocatoria el
24 de noviembre de 2024, antes de que se produjeran las actuaciones
reprochadas, lo que excluye la existencia de un interés actual en cabeza del
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concejal. Por tal razón, consideró que no se configuraba circunstancia alguna que
le impusiera el deber de apartarse de la discusión y votación de los asuntos
relacionados con la convocatoria, ni de la aprobación de las actas
correspondientes.
51. De otra parte, frente a la recusación sustentada en la existencia de una queja
disciplinaria en contra del demandado, consideró que tampoco se acreditaba un
interés directo en los términos exigidos por la ley. Asimismo, advirtió que la
recusación carecía de una fundamentación jurídica suficiente, en la medida en que
no identificaba con claridad la causal invocada ni ofrecía sustento probatorio que
permitiera inferir la existencia de un conflicto de intereses.
52. Indicó que no se demostró que las decisiones adoptadas en el Concejo
Municipal tuvieran la potencialidad de incidir de manera concreta en el trámite o
resultado del proceso disciplinario, el cual es ajeno. Argumentó que el eventual
interés mencionado por el accionante sobre el proceso disciplinario resultaba
hipotético o aleatorio, más no actual o real.
53. Señaló además que al Tribunal no le correspondía analizar la legalidad de
las actuaciones surtidas en la convocatoria, en particular la revocatoria de las
resoluciones núm. 82 de 2024 y 89 de 2024, la cual solo se produjo en 2025. En
este orden, precisó que el objeto del proceso de pérdida de investidura es verificar
la existencia de un interés directo, particular y actual, lo cual no se acreditó.
54. Agregó que la carga de la prueba recaía en el accionante y que las presuntas
irregularidades debían discutirse a través de los medios de control de nulidad.
55. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se demostró el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, al no evidenciarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del demandado, por lo que negó las pretensiones de
la demanda.
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V. RECURSO DE APELACIÓN
56. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se decrete la pérdida de
investidura. Sostuvo que el Tribunal no analizó el asunto desde una perspectiva
sustancial, sino que se limitó a un examen formal de las recusaciones.
57. Señaló que el análisis del a quo partió de un enfoque equivocado, pues
centró el estudio en las recusaciones formuladas contra el demandado y no en la
decisión adoptada por la plenaria del Concejo el 24 de noviembre de 2024,
mediante la cual se revocaron las facultades otorgadas a la mesa directiva para
adelantar la convocatoria pública de elección del secretario general, con
fundamento en el presunto incumplimiento de los requisitos del artículo 5 de la Ley
1904 de 2018. Indicó que este era el aspecto determinante para establecer si el
demandado podía continuar interviniendo en el mencionado trámite o no.
58. En consecuencia, adujo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque
no analizó si dicha revocatoria estaba justificada ni las consecuencias de esa
decisión en la actuación del demandado, quien de todas formas continuó
interviniendo en la convocatoria.
59. Cuestionó que el Tribunal descartara la existencia de un interés por no
acreditarse la apertura formal de un proceso disciplinario. Precisó que dicho
interés no depende de la existencia de una actuación disciplinaria formal sino del
conocimiento de los cuestionamientos sobre la convocatoria y de la decisión del
demandado de continuar interviniendo en el trámite.
60. Agregó que el demandado debía apartarse completamente del trámite,
incluso retirándose del recinto para permitir que la sesión fuera dirigida por otro
integrante de la mesa directiva, y que el hecho de no hacerlo configuraba la
vulneración del régimen de conflicto de intereses. En apoyo de esta tesis citó una
sentencia del Consejo de Estado en la que se decretó la pérdida de investidura de
un concejal que, pese a encontrarse impedido, continuó presidiendo la sesión 9.
9 En particular, mencionó que la sentencia fue expedida dentro del radicado No.
76001233100020060073701, CP. Camilo Arciniegas Andrade.
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61. Adujo que el Tribunal restó importancia a la participación del demandado en
la aprobación de las actas, pese a que estas reflejan las actuaciones surtidas en
las sesiones y, en su criterio, el concejal no podía intervenir en su aprobación al
estar involucrado en los hechos allí consignados.
62. Finalmente, sostuvo que el análisis del conflicto de intereses no podía
limitarse al trámite interno de impedimentos y recusaciones, ni condicionarse a la
existencia de un proceso disciplinario, pues el juez debía realizar un examen
autónomo de la conducta. Afirmó que el demandado actuó con conocimiento de
los hechos y persistió en intervenir en el trámite pese a la revocatoria de facultades
y a las recusaciones aprobadas, por lo que, en su criterio, se encontraba
acreditado el elemento subjetivo de la causal.
63. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del concejal
demandado.
VI. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
64. Mediante auto de 21 de agosto de 202510 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201811.
65. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así por el accionado12:
66. Como punto de partida sostuvo que los argumentos del apelante no se
subsumen en la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, pues
esta exige la acreditación de un interés directo, particular y actual, lo cual no se
demuestra en el caso.
67. Señaló que la aprobación de una recusación no suple la prueba de dicho
interés, y que el conflicto debe verificarse a partir de los elementos legales en sede
10 Cfr. Índice núm. 4 del expediente digital, Samai.
11 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
12 Cfr. Índice núm. 8 del expediente digital, Samai.
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jurisdiccional. Añadió que no existe beneficio personal, económico o moral en
cabeza del demandado, y que los supuestos efectos derivados de la continuidad
de la convocatoria o de una eventual investigación disciplinaria corresponden a
hipótesis que no satisfacen el estándar exigido.
68. Expuso que las actuaciones reprochadas —como la fijación del orden del
día, la aprobación de actas o el desarrollo del proceso— no generan un beneficio
diferenciado, y que en todo caso se trata de asuntos que afectan al concejal en
igualdad de condiciones que a la ciudadanía, por lo que no activan el régimen de
conflicto de intereses. Agregó que las discusiones sobre la legalidad de los actos
administrativos deben ventilarse por los medios de control correspondientes.
69. En relación con la recusación por presunta amistad, afirmó que no se acreditó
una relación de la entidad exigida y que en todo caso, para el momento de las
decisiones cuestionadas la aspirante ya no participaba en la convocatoria, por lo
que no existía una persona interesada en la actuación ni un interés directo,
particular y actual.
70. Finalmente, indicó que, al no acreditarse el elemento objetivo, no hay lugar
a examinar el subjetivo, y que en todo caso no se probó que el concejal hubiera
actuado con conocimiento de un interés propio.
71. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar
los cargos presentados en el recurso de apelación.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
72. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15013 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200014 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
13 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
14 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
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12 de marzo de 201915, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.
7.2. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada
73. Corresponde a la Sala determinar si procede decretar la pérdida de
investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses,
cuando el accionante le atribuye haber intervenido en actuaciones relacionadas
con la convocatoria para la elección del secretario general del Concejo Municipal,
pese a las recusaciones que fueron aprobadas en su contra y a la decisión de la
plenaria de revocar las facultades otorgadas a la mesa directiva para adelantar
dicho trámite.
74. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar si
en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de
investidura del convocado.
7.2.1. Del elemento objetivo
75. El accionante fundamentó la solicitud de pérdida de investidura en las
causales previstas en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el
numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, según las cuales los concejales
perderán su investidura cuando vulneren el régimen de conflicto de intereses. En
particular, dichas disposiciones establecen lo siguiente:
«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de
2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general».
«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:
[…]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto
de intereses».
76. A su turno, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, norma especial en la materia
para concejales distritales y municipales, regula el conflicto de intereses en los
siguientes términos:
«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella» (Subrayas de la Sala).
77. En el caso concreto, el actor también invocó como sustento de la causal de
desinvestidura los numerales 1 y 8 del artículo 11 del CPACA:
«Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.
Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con
el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión
del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
[…]
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8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o
amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en
la actuación administrativa, su representante o apoderado» (Subrayas de la
Sala).
78. Ahora bien, sobre el alcance del conflicto de intereses, la Sala Plena de
esta Corporación, en sentencia del 28 de noviembre de 201716, precisó:
«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»
(Subrayas de la Sala).
79. En la misma línea, la Corte Constitucional ha respaldado que el conflicto de
intereses se configura «cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés
particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla»17.
80. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
delimitado los presupuestos necesarios para establecer la configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses18. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente tres elementos: (i) la calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un
interés directo, particular y actual, de naturaleza moral o económica; y (iii) la
participación efectiva del servidor en el trámite, pese a la existencia de dicho
interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber sido apartado mediante
recusación19.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de
noviembre de 2017, exp. 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), C.P. Ponente César Palomino
Cortés.
17 Corte Constitucional, Sentencia del 1 de octubre de 2025. Exp. T-4.622.844. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
18 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-
00, C.P. María Elizabeth García González.
19 Ibidem.
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81. En relación con el segundo de estos presupuestos, se ha indicado que el
interés debe ser particular, directo y actual. El interés es particular cuando incide
en la esfera del concejal o de su círculo cercano; es directo cuando surge del
mismo asunto sometido a consideración; y es actual cuando se presenta de
manera inmediata al momento de la actuación, de modo que no puede tratarse de
un interés eventual o hipotético20.
82. A partir de estas precisiones, la causal objeto de estudio se refiere a la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general
comprometido en los asuntos sobre los cuales debe intervenir en ejercicio de sus
funciones. Así, el conflicto de intereses que da lugar a la pérdida de investidura
corresponde a una situación en la que el interés particular —moral o económico—
del concejal o de su entorno resulta incompatible con el interés general, en la
medida en que de la decisión puede derivarse un provecho para aquel o para
terceros.
83. Por su parte, el presupuesto relativo a la manifestación de impedimento tiene
como finalidad exteriorizar las situaciones de conflicto, con el propósito de
preservar la imparcialidad, la transparencia y la confianza en la actuación del
servidor público, evitando cualquier duda sobre la objetividad de sus decisiones.
84. Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala advierte que en el
presente caso no se acreditaron la totalidad de esos presupuestos del elemento
objetivo necesarios para configurar la causal de pérdida de investidura.
85. En el caso concreto, la Sala observa que no existe controversia en torno al
primer presupuesto, relativo a la condición de concejal del accionado. Por ello, el
análisis se centrará en el segundo, esto es, en determinar si existió una verdadera
incompatibilidad entre el interés general propio de la investidura y un eventual
interés particular del accionado.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
febrero de 2018. CP. Oswaldo Giraldo López, exp. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Cfr.
Sentencia del 18 de febrero de 2021, exp. 85001 2333 000 2020 00012 02. CP. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Cfr. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 9 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2014-03117-00 (PI), CP. William Hernández
Gómez; entre otras.
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86. Sobre este punto, la Sala advierte que, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la demanda, el presunto conflicto de interés se concreta en tres
situaciones: i) la participación en la inclusión o exclusión en el orden del día de las
entrevistas de aspirantes y de la elección del secretario general, pese a que había
sido aprobada una recusación en su contra por una presunta relación de amistad
íntima con una de las participantes del proceso; ii) esa misma intervención en la
discusión y votación de tales puntos del orden del día, pese a la revocatoria de las
facultades otorgadas a la mesa directiva para adelantar la convocatoria pública de
elección del secretario general y a la existencia de una queja disciplinaria en su
contra relacionada con el presunto contrato irregular celebrado para adelantarla;
y iii) la participación en la aprobación de las actas de las sesiones en las que se
surtió el trámite de sus recusaciones en el marco del proceso de elección del
secretario general.
i) Del supuesto conflicto de interés derivado de la recusación por la existencia
de una presunta amistad íntima con una de las aspirantes a secretaria
general
87. En este punto corresponde a la Sala determinar si se configura el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, con ocasión de la participación de un concejal en la votación
sobre la inclusión o exclusión en el orden del día de una de las etapas de la
convocatoria para la elección del secretario general, pese a la aprobación de una
recusación en su contra por una presunta relación de amistad con una de las
aspirantes.
88. Como punto de partida la Sala precisa que la sola aprobación de una
recusación por parte de la plenaria del Concejo no configura, por sí misma, la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses. La configuración de esa causal exige que en el proceso se acredite la
existencia de un interés directo, particular y actual, y no se agota en la verificación
de actuaciones internas de la corporación.
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89. En ese sentido, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado 21
ha precisado que no es la omisión del impedimento o la existencia de una
recusación lo que activa la sanción, sino la participación en una decisión mediando
un interés personal. Al respecto, ha señalado lo siguiente:
«es necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación
del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó
anteponiendo intereses personales a los intereses públicos y no solamente
que el Congresista no se haya declarado impedido» 22.
90. Bajo ese entendido, el análisis no puede limitarse a constatar la aceptación
de la recusación, sino que debe dirigirse a establecer si, en el caso concreto, se
acreditó la existencia de un interés personal que comprometiera la imparcialidad
del concejal en la decisión o decisiones cuestionadas. En ese sentido, la
recusación constituye un mecanismo para exteriorizar el conflicto de interés más
no es una prueba concluyente de su existencia.
91. En ese contexto, resulta necesario verificar si entre el concejal accionado y
la aspirante al cargo de secretario general existía una relación de amistad íntima
y si dicha circunstancia tenía la entidad suficiente para configurar un interés
directo, particular y actual al momento de participar en la votación sobre la
inclusión o exclusión en el orden del día de las etapas de la convocatoria para el
mencionado cargo.
92. La Sala comparte lo señalado por el a quo en cuanto a que en el presente
proceso no se acreditó la alegada relación de amistad entrañable entre el
demandado y la señora Erika Alexandra Mosquera Peña, aspirante en la
convocatoria para la elección del secretario general del concejo municipal. Si bien
el sustento del cargo se estructuró a partir de la afirmación de la existencia de
fotografías y videos en redes sociales que darían cuenta de su concurrencia a un
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de
2012, exp. 2010-01329-00, C.P. Danilo Rojas Betancourth
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de
2012, exp. 2010-01329-00, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. 11001-03-15-000-2009-
00198-00 (PI), C.P. Luis Ernesto Correa Pinto.
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evento social, lo cierto es que tales elementos de prueba no fueron aportados al
proceso.
93. Ahora bien, aun si se admitiera que las fotografías y videos a los que alude
el accionante dan cuenta de un encuentro social en el que concurrieron el concejal
accionado y la aspirante al cargo, tales elementos no resultarían suficientes para
acreditar, por sí solos, una relación de amistad íntima entre ambos.
94. Por el contrario, en el presente proceso se demostró que la señora Erika
Alexandra Mosquera Peña mantenía una relación de carácter exclusivamente
laboral y funcional con el concejal accionado, en la medida en que, para la época
de los hechos, ostentaba la calidad de secretaria del Concejo Municipal.
95. En ese contexto, la eventual concurrencia de ambos en determinados
espacios o eventos sociales puede explicarse por las dinámicas propias del
ejercicio de sus funciones y del entorno institucional, sin que ello permita inferir,
por sí mismo, la existencia de una relación de amistad íntima o de un vínculo de
tal cercanía que pueda configurar un interés particular23.
96. A ello se suma que la señora Erika Alexandra Mosquera Peña renunció a
su aspiración al cargo de secretaria general el 24 de noviembre de 2024, es decir,
con anterioridad a las actuaciones que el accionante consideró como
configurativas del conflicto de interés —las votaciones sobre la inclusión o
exclusión en el orden del día realizadas los días 29 y 30 de noviembre de 2024-.
En tales condiciones, para el momento en que se produjeron dichas actuaciones
ya no existía una candidatura en curso que a juicio del accionante podría generar
un presunto beneficio concreto o una afectación de la moralidad administrativa, lo
que impide determinar la existencia de un interés directo, particular y actual en
cabeza del concejal accionado.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 10 de abril de 2025. Exp.
50001233300020240031501. C.P Nubia Margoth Peña Garzón. “De conformidad con lo anterior,
Sala estima que de la valoración en conjunto de los videos y fotografías con los testimonios se
puede señalar que si bien es cierto que revelan que […] compartieron eventos sociales y/o
políticos, no tienen la entidad de comprobar la situación de impedimento por ‘tener vínculos o una
evidente relación de confianza’ o una amistad entrañable, por cuanto el hecho que hayan coincidido
en esos eventos no implica tal vínculo, relación de confianza, esto es, un vínculo afectivo de un
grado tan importante que eventualmente haya podido llevar al concejal a perder su imparcialidad”.
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97. Finalmente, la Sala no comparte el planteamiento del accionante según el
cual la actuación atribuida al concejal accionado tiene la relevancia suficiente para
configurar un conflicto de intereses. La participación en la deliberación y votación
sobre la inclusión o exclusión de puntos en el orden del día no constituye una
decisión de fondo sobre la convocatoria ni sobre sus resultados, sino una
actuación propia del trámite interno de la corporación orientada a definir el
desarrollo de la sesión.
98. En ese sentido, no se acreditó que dicha intervención tuviera la capacidad
de incidir de manera directa en el desarrollo o resultado de la convocatoria, ni que
de ella pudiera derivarse un provecho concreto en favor del concejal accionado o
de terceros, por lo que no compromete la imparcialidad exigida para la
configuración del conflicto de intereses.
99. En suma, la Sala advierte que en el presente caso no se probó la alegada
relación de amistad íntima entre el concejal accionado y la señora Erika Alexandra
Mosquera Peña, y que, por el contrario, se acreditó que esta última mantenía con
aquel una relación de carácter exclusivamente laboral y funcional en su calidad de
secretaria del Concejo Municipal. Además, para el momento de las actuaciones
reprochadas, la aspirante ya había renunciado a la convocatoria y la actuación
cuestionada no tenía la capacidad de incidir en el resultado de la convocatoria, lo
que revela la inexistencia de un interés, al momento de las actuaciones, contrario
al interés público por cuanto la aspirante para ese entonces ya había renunciado.
100. En estas condiciones, no se configura el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses en
relación con la circunstancia analizada.
ii) Del conflicto de interés por la continuidad en el trámite de elección de
secretario general y la recusación sustentada en una denuncia disciplinaria
en contra del concejal accionado
101. En este punto corresponde a la Sala determinar si se configura el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
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conflicto de intereses, con ocasión de la participación de un concejal en la
discusión y votación sobre la inclusión o exclusión en el orden del día de etapas
de la convocatoria para la elección del secretario general, pese a la existencia de
una queja disciplinaria en su contra relacionada con el trámite de dicha
convocatoria y a la revocatoria de las facultades otorgadas a la mesa directiva
para adelantarla.
102. En primer lugar, frente a la recusación sustentada en una queja disciplinaria
en contra del concejal accionado, la Sala reitera que su sola aprobación por parte
de la plenaria del concejo municipal no configura, por sí misma, la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses. En
consecuencia, corresponde verificar si en el caso concreto se acredita la
existencia de un interés directo, particular y actual que comprometa la
imparcialidad del concejal.
103. Sobre este punto, la Sala advierte que en el expediente no obra prueba que
acredite la apertura formal de una investigación disciplinaria ni la adopción de una
decisión de fondo dentro de un trámite adelantado por la Procuraduría General de
la Nación u otra autoridad disciplinaria competente.
104. No obstante, aun en el evento de que se hubiera acreditado la existencia
de una investigación disciplinaria en contra del concejal accionado, tal
circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para inferir la existencia de un
interés directo, particular y actual que comprometa la imparcialidad del concejal
accionado.
105. Sobre este punto, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
«la Sala considera que no se probó la existencia de un interés directo,
particular y actual de los concejales, derivado de su participación en el trámite,
debate y votación de un proyecto de acuerdo por el solo hecho de que otros
proyectos de acuerdos anteriores se encuentren demandados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o que se hubiere iniciado un
trámite disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación con ocasión de
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la participación de los concejales en el debate y aprobación de un proyecto de
acuerdo diverso»24 (Subrayado de la Sala).
106. En ese sentido, la Sala comparte lo señalado por el Tribunal en cuanto a
que el supuesto interés particular alegado por el accionante se estaría
construyendo a partir de una inferencia hipotética, según la cual el concejal habría
continuado con el trámite de la convocatoria para evitar eventuales consecuencias
desfavorables derivadas del trámite disciplinario adelantado en su contra.
107. Además, dicha inferencia no encuentra respaldo en el acervo probatorio,
pues no se acreditó que las decisiones adoptadas en el marco de la convocatoria
tuvieran la capacidad de incidir en el trámite disciplinario, el cual, por su naturaleza,
es independiente y no tiene relación con la continuidad o no de la convocatoria
pública para la elección de secretario general.
108. En segundo lugar, en lo que respecta al argumento del accionante sobre la
supuesta irregularidad de la convocatoria y la revocatoria de las facultades
otorgadas a la mesa directiva, en el que además se alega la existencia de un
defecto fáctico en la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que dicho
debate no es propio del presente medio de control.
109. En efecto, la legalidad del acto de apertura de la convocatoria para la
elección del secretario general, así como el cumplimiento del ordenamiento
jurídico en la selección del Instituto de Estudios Urbanos y Ambientales “Alberto
Lleras Camargo”– como contratista de apoyo, son aspectos que deben ser
examinados a través de los mecanismos ordinarios de control de legalidad de los
actos administrativos, sin que sea posible trasladar dichas discusiones al proceso
de pérdida de investidura para estructurar la causal de conflicto de intereses.
110. Sin perjuicio de lo anterior, aun si se analizara la situación desde la
perspectiva planteada por el accionante, la Sala advierte que, si bien las
decisiones adoptadas por la plenaria –como la orden de revocar los actos de la
convocatoria– deben ser acatadas por los directivos de esa corporación, la
24 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 21 de septiembre de 2023. Exp.
500012333000202300043-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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revocatoria de los actos que sustentan un proceso de elección o concurso público
exige el cumplimiento estricto de las disposiciones y el procedimiento previsto en
el capítulo IX del CPACA, en especial cuando existen derechos consolidados de
los aspirantes.
111. En todo caso, se advierte que las resoluciones que sustentaban la
convocatoria se mantuvieron vigentes hasta el 7 de enero de 2025, fecha en la
cual fueron formalmente revocadas. Por lo tanto, la Sala evidencia que para el
momento en que ocurrieron las votaciones de los órdenes del día de las sesiones
del 29 y 30 de noviembre de 2024 –que según el accionante constituyen los
hechos configurativos del conflicto de interés–, el proceso de convocatoria y las
resoluciones que lo sustentaban se encontraban vigentes.
112. Este aspecto resulta determinante, pues descarta la existencia de un interés
orientado a sostener un trámite carente de sustento jurídico, en la medida en que,
para el momento de las actuaciones reprochadas, el proceso de convocatoria se
encontraba vigente y produciendo efectos.
113. Adicionalmente, la Sala advierte que de los argumentos expuestos en el
recurso y de las pruebas allegadas al expediente no se demostró la existencia de
un interés particular, directo y actual del concejal accionado que comprometiera
su imparcialidad en su participación en las votaciones realizadas en las sesiones
del 29 y 30 de noviembre de 2024. Por el contrario, del material probatorio se
desprende que, en diversas sesiones del Concejo Municipal de Acacías, el
accionado y otros concejales sostuvieron posiciones divergentes frente a la
legalidad del trámite y a la actuación de la mesa directiva. Esta circunstancia, por
sí sola, no configura un interés particular incompatible con el ejercicio de la función
pública, pues la defensa de posturas jurídicas sobre la legalidad del trámite hace
parte del ámbito propio de las funciones deliberativas de los miembros de la
corporación.
114. En suma, la Sala concluye que este cargo se fundamenta en una inferencia
hipotética basada en la existencia de una queja disciplinaria cuya incidencia en el
asunto debatido no fue demostrada, así como en cuestionamientos sobre la
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legalidad de actuaciones administrativas que no corresponden al objeto de este
medio de control ni permiten estructurar un interés incompatible con las funciones
del concejal.
115. En estas condiciones, tampoco se configura el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
en relación con esta circunstancia.
iii) Del conflicto de interés por la participación en la aprobación de las actas de
las sesiones donde se discutieron las recusaciones
116. Corresponde a la Sala determinar si se configura el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, con ocasión de la participación de un concejal en la aprobación de las
actas de sesiones del concejo municipal en las que se surtió el trámite de sus
propias recusaciones
117. Sobre este punto, se debe advertir que la aprobación de actas en los
cuerpos colegiados no constituye, por sí misma, una decisión de carácter
sustancial sobre los asuntos debatidos, sino una actuación de naturaleza formal
orientada a verificar que su contenido corresponda con la realidad de lo ocurrido
en la respectiva sesión.
118. En ese sentido, la Sala comparte lo señalado por el a quo en cuanto a que
dicha actuación tiene un carácter meramente registral, pues no implica la adopción
de decisiones sobre la convocatoria, sus etapas o sus resultados, ni tiene la aptitud
de generar un beneficio personal para quien participa en su aprobación. En otras
palabras, la intervención en la aprobación de las actas no puede entenderse como
una actuación encaminada a favorecer un interés propio, pues su alcance se limita
a dar fe de lo acontecido en la sesión.
119. Por ello, no es posible derivar de dicha actuación la existencia de un interés
directo, particular y actual que comprometa la imparcialidad del concejal
accionado.
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120. En consecuencia, esta circunstancia tampoco es suficiente para configurar
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
121. Bajo estas consideraciones, la Sala concluye que, contrario a lo señalado
por el accionante, en el presente caso no se acreditó el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses.
7.2.2. Del elemento subjetivo
122. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
la verificación del elemento subjetivo supone, en primer lugar, la acreditación del
elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son concurrentes y se
encuentran estrechamente relacionados.
123. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del demandado, no resulta procedente abordar el
análisis del elemento subjetivo de la conducta
124. Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud
de pérdida de investidura y confirmará la sentencia de primera instancia.
125. Lo anterior, sin perjuicio de que las actuaciones cuestionadas puedan dar
lugar, en los escenarios correspondientes, a otro tipo de responsabilidades o
consecuencias jurídicas, en caso de acreditarse irregularidades en el ejercicio de
las funciones del cargo.
126. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.
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127. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
TERCERO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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