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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00167-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00167-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, y en su lugar DECLARAR la improcedencia de solicitud de amparo de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2025-00167-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2025-00167-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: BIOAGRÍCOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN DEL A QUO. ES IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. DE IGUAL MANERA EN EL CASO
CONCRETO NO SE CONFIGURÓ LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO
IRREMEDIABLE.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA CONFIANZA LEGÍTIMA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala1 decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
29 de mayo de 2025, proferida por la SALA DE DECISIÓN ORAL CUATRO DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que negó la solicitud de amparo.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

1
Mediante auto de 18 de septiembre de 2025 se declaró infundado el impedimento manifestado por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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E.S.P. BIC, actuando a través de apoderada, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la confianza legítima, los cuales estima vulnerados por la
PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
VILLAVICENCIO, al proferir los autos 104 y 106 de 2025, dentro del proceso de
conciliación prejudicial con el número de radicación E-2025- 0064424 – Interno
041-2025.

I.2.- Hechos

Indicó que presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría
Judicial para Asuntos Administrativos de Villavicencio, con el fin de buscar una
solución autocompositiva al conflicto jurídico existente con el MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, derivado del incumplimiento de financiar los subsidios
aplicables al servicio público domiciliario de aseo para los usuarios de los
estratos 1 y 2, que se encuentra regulado en el artículo 368 de la Constitución
Política, el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el artículo 125 de la Ley 1450 de
2011, así como en los Acuerdos Municipales 316 de 2016, 521 y 522 de 2022.
Reiteró que la relación entre las partes no tiene origen contractual, sino que
surge directamente del ordenamiento jurídico, en desarrollo del modelo de
financiación solidaria de los servicios públicos domiciliarios.

Manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD),
mediante los conceptos SSPD-OAJ-2010-664 y SSPD-OAJ-2011-174, ha
señalado que ni los municipios ni las empresas prestadoras pueden alegar la
inexistencia de contrato o convenio como justificación para incumplir la
obligación constitucional y legal de otorgar o aplicar los subsidios al servicio
público domiciliario de aseo. Indicó que estos recursos están
constitucionalmente protegidos y tienen una destinación específica, por lo que,
si el municipio los ha apropiado presupuestalmente y la empresa solicita su giro

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mediante cuenta de cobro o factura, procede su entrega, incluso en ausencia de
convenio formal, como lo establece la Constitución Política en el artículo 3682 y
el artículo 5 de la Ley 142 de 19943

Manifestó que, en enero de 2022, BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. BIC prestó el servicio público domiciliario de
aseo en el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, aplicando los porcentajes de
subsidio establecidos en el Acuerdo Municipal No. 316 de 2016 para los usuarios
de estratos 1 y 2, así como los factores de aporte solidario correspondientes a
los estratos 5 y 6 y a los pequeños y grandes productores. Señaló que la empresa
facturó los valores conforme a la normativa vigente y asumió el déficit generado
por los subsidios aplicados, con cargo al FONDO DE SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO4, cuya administración y financiación es
responsabilidad del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Refirió que, en virtud del déficit generado por la aplicación de subsidios durante
el mes de enero de 2022, BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. BIC radicó formalmente la cuenta de cobro No.
C-040 el 28 de febrero de 2022, por un valor de $256.542.294, solicitando al
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, el giro de los recursos que legalmente le
corresponden por la efectiva prestación del servicio público domiciliario de aseo,
en la normativa que regula la financiación solidaria de los subsidios, y en la
reiterada práctica administrativa del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, que
históricamente ha reconocido y cancelado dichos valores mediante este
mecanismo por lo que considera, se configura una obligación clara, expresa y
exigible, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso.

2
“La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios,
en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.”
3
“Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios
en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a
ella expidan los concejos: 5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al
presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley".
4
En adelante el FONDO

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Aseveró que la obligación de pago por parte del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO se fundamenta en los artículos 99 de la Ley 142 de 1994, 125
de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 565 de 1996, que ordenan a las entidades
territoriales garantizar la sostenibilidad de los subsidios sociales mediante el giro
de los recursos faltantes. En cumplimiento de esta normativa, fue radicada la
Cuenta de Cobro No. C-040 el 28 de febrero de 2022 por $256.542.294,
correspondiente al déficit de subsidios del mes de enero. El plazo legal para el
giro venció el 28 de marzo de 2022, por lo que, desde el día siguiente, la
obligación adquirió exigibilidad por mora, conforme al artículo 422 del Código
General del Proceso.

Advirtió que la obligación de pago por parte del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
tiene sustento legal en los artículos 99 de la Ley 142 de 1994, 125 de la Ley 1450
de 2011 y el Decreto 565 de 1996, que imponen a las entidades territoriales el
deber de girar los recursos necesarios para cubrir los subsidios sociales
aplicados al servicio público, de acuerdo con lo cual el plazo para realizar dicho
giro venció el 28 de marzo de 2022, adquiriendo la obligación exigibilidad por
mora desde el día siguiente.

Aseguró que a solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 12 de febrero
de 2025 y repartida el 17 del mismo mes, asignándose su conocimiento a la
PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
VILLAVICENCIO. Señaló que fue admitida mediante Auto 062 del 28 de febrero
de 2025, y ordenó su notificación electrónica a las partes convocadas,
consolidando un procedimiento regular conforme a la Ley 2220 de 2022. En esa
providencia, la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO consideró procedente dar curso a la
conciliación, fijó fecha para la audiencia y ordenó citar al MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y a la
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, generando

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expectativa sobre el trámite que se desarrollaría conforme al ordenamiento
jurídico.

No obstante lo anterior, el 24 de abril de 2025, la Procuraduría 206 profirió el
Auto 106, mediante el cual dejó sin efectos el Auto 062, revocó la admisión de la
solicitud de conciliación prejudicial y declaró el asunto no conciliable. La
decisión fue sustentada en la supuesta inexistencia de un título ejecutivo válido,
al considerar que la cuenta de cobro no cumplía con los requisitos establecidos
en el Código General del Proceso. Adicionalmente, la PROCURADURÍA 206
JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO
argumentó que el eventual proceso no sería de competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Adujo que presentó el recurso de reposición contra el Auto 106 proferido por la
PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
VILLAVICENCIO, en el que solicitó su revocatoria, para lo cual argumentó que
la obligación reclamada tiene origen legal, no contractual; que la cuenta de cobro
presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 422 del Código
General del Proceso; y que el asunto es competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme al artículo 89 de la Ley 2220 de 2022.

Agregó que mediante Auto 114 del 5 de mayo de 2025, la PROCURADURÍA 206
JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO
resolvió el recurso, confirmando su decisión negativa y reiteró que la cuenta de
cobro no constituía título ejecutivo y que el asunto no era competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa, cerrando así de forma definitiva el
acceso a la audiencia de conciliación. En consecuencia, ordenó la expedición de
la constancia de no conciliación, conforme con lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 2220 de 2022.

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Sostuvo que la actuación de la autoridad accionada se considera violatoria de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y la confianza legítima de la parte interesada. Alegó que a pesar de haber
admitido la solicitud de conciliación y permitir el avance del trámite, la autoridad
revocó arbitrariamente el auto de admisión sin una motivación suficiente,
aplicando criterios propios de un juicio ordinario. Esta decisión desvirtuó la
naturaleza de la conciliación prejudicial y cerró injustificadamente un mecanismo
legítimo de resolución de conflictos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad accionada incurrió en una irregularidad
administrativa al considerar que la decisión de la PROCURADURÍA 206
JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO que
revocó su propio auto admisorio sin motivación reforzada, ni existencia de una
nueva prueba exceden lo previsto en la Ley 2220 de 2022, provocando una
ruptura en el principio de confianza legítima y una violación al derecho de acceso
a la administración de justicia, afectando el núcleo del debido proceso.

Indicó que la obligación fue cuestionada indebidamente por la PROCURADURÍA
206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO,
al considerar que no tiene origen en un contrato privado ni en una relación
bilateral sujeta a la libre voluntad de las partes, sino que emerge directamente
de las disposiciones constitucionales y legales del orden público que imponen al
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, que tiene la obligación de financiar los
subsidios aplicados por BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. BIC, el cual tiene origen constitucional y legal y
no contractual. Consideró que el artículo 368 de la Constitución Política, la Ley
142 de 1994, así como el artículo 1450 de 2011 y los acuerdos municipales 316-
2016, 521 y 522 de 2022, establecen el deber de las entidades territoriales de

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garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios mediante subsidios para
los estratos 1, 2 y 3.

La cuenta de cobro C-040 de 28 de febrero de 2022 es una obligación, clara,
concreta y exigible conforme a los artículos 4225 y 4306 del Código General del
Proceso, que al no haber sido objetada por el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
es un reconocimiento tácito a la misma y su incumplimiento genera
responsabilidad patrimonial del Estado contenida en el artículo 90 de la
Constitución y la sentencia C-188 de 19997 proferida por la Corte Constitucional.

Adujo que pretender excluir los subsidios generados entre enero y abril de 2022,
desconoce la voluntad normativa del Concejo Municipal y el principio de legalidad
tributaria.

De acuerdo con la Ley 2220 de 2022 sobre la conciliación extrajudicial, señala
que es un mecanismo legítimo para resolver controversias administrativas, sin
que exija plena prueba del derecho ni juicio anticipado sobre la existencia del
título ejecutivo. Consideró que la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO al rechazar el trámite

5 ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él,
o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo.
6 ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante
recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título
que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no
podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso. Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por
ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del
auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin
que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar
por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la
demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso
seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso
ejecutivo. El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar.

7 Corte Constitucional, 24 de marzo de 1999. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

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mediante el auto 062 de 2025, vulneró los principios de imparcialidad, buena fe,
confianza legítima y al acceso a la administración de justicia desnaturalizando el
mecanismo conciliatorio.

Sostuvo que la controversia es de naturaleza administrativa, que se deriva de la
omisión estatal, por lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-
administrativa, de acuerdo con el artículo 104 CPACA, y la negativa de continuar
con la conciliación, que fue confirmada mediante auto 114 de 2025, constituye
una restricción indebida al acceso a los mecanismos alternativos de solución de
conflictos por lo que considera necesaria la intervención del juez constitucional
para reestablecer el orden jurídico vulnerado.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima de mi
representada BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS BIC, vulnerados por las actuaciones de la Procuraduría 206
Judicial I para Asuntos Administrativos de Villavicencio, especialmente
mediante el Auto N° 114 de 5 de mayo de 2025.

SEGUNDO. Dejar sin efectos el Auto N° 114 de 2025, y en consecuencia
también el Auto N° 106 de 24 de abril de 2025, proferidos por la Procuraduría
206 Judicial I, mediante los cuales se negó y revocó la admisión de la solicitud
de conciliación prejudicial presentada por mi representada.

TERCERO. Ordenar a la Procuraduría 206 Judicial I que restablezca la
vigencia del Auto N° 062 de 2025, por medio del cual se había admitido la
solicitud de conciliación prejudicial y fijado fecha de audiencia.

CUARTO. Ordenar a la Procuraduría 206 Judicial I que continúe el trámite de
conciliación prejudicial dentro del expediente radicado bajo el número E-2025-
0064424 – Interno 041-2025, hasta la realización efectiva de la audiencia
convocada, garantizando con ello el acceso de mi representada a los
mecanismos alternativos de solución de conflictos.

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QUINTO. Disponer cualquier otra medida que el despacho considere
necesaria para la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales invocados. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO indicó que la exigencia como
requisito de procedibilidad aceptado en asuntos civiles, de familia y
administrativos, y que tal exigencia no es contraria al derecho que tiene toda
persona de acceder a la administración de justicia. Manifestó que no le han sido
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia o la confianza legítima a la parte actora. Señaló que de
ninguna manera se puede afirmar que sea un mero espectador del acuerdo entre
las partes.

Señaló que al no tramitar la conciliación prejudicial fue con acatamiento expreso
de las normas generales de competencia y procedimentales que regulan la
conciliación prejudicial administrativa.

Indicó que al haber invocado un proceso ejecutivo no cuenta con título ejecutivo
que contenga la totalidad de requisitos contenidos en el artículo 442 del CGP,
como tampoco se cumplían los requisitos del artículo 99 de la Ley 142 de 1994.

Adujo que siendo la Ley la que señala el deber de las entidades territoriales de
otorgar los subsidios, es ella misma la que señala la forma de hacerlos efectivos
a través de la suscripción de un contrato y la facturación pertinente, lo que no
fue demostrado en los fundamentos fácticos ni jurídicos de la solicitud ni en el
material probatorio aportado, por lo que discrepa de la actora en cuanto a haber
facturado en forma debida los valores reclamados por concepto de subsidios.

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Sostuvo que es falso que se haya impedido de forma arbitraria el acceso al
mecanismo alternativo, y que en materia de conciliación contencioso-
administrativa, los delegados del MINISTERIO PÚBLICO tienen limitaciones,
como la de conocer únicamente de los asuntos de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Además señaló que al ser invocado un proceso ejecutivo debe tener la existencia
de un título ejecutivo siendo pertinente distinguir los asuntos relacionados con
los procesos ejecutivos que pueden ser conocidos por la jurisdicción contencioso
administrativa, pues no todas las controversias que se originen en un título
ejecutivo es perse competencia de los jueces o tribunales administrativos,
artículo 104 CPACA8, sin que en el caso concreto se contemplen alguna de las
situaciones para que sea de conocimiento de la jurisdicción contencioso
administrativa, y en especial cuando se reitera la inexistencia de un contrato.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El SALA DE DECISIÓN ORAL CUATRO DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META solicitó denegar el amparo constitucional
invocado puesto que las razones presentadas en el escrito de tutela constituyen
un nuevo argumento de censura que no fue objeto de planteamiento en el
recurso de apelación del proceso ordinario por lo que de analizarse vulneraría
los principios al debido proceso, la garantía de defensa y el derecho a la
contradicción.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SALA DE DECISIÓN ORAL CUATRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META mediante sentencia de 29 de mayo de 2025, negó el amparo al

8 La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. [...] 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones
aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad
pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. [...]”.

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considerar que la decisión del MINISTERIO PÚBLICO de dejar sin efectos el
auto admisorio, tuvo consideración en la inexistencia de un título ejecutivo, por
no existir una obligación, clara, expresa y exigible y al no provenir de la entidad,
el asunto no era de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa,
de acuerdo con los artículos 89 y 90 de la Ley 2220 de 2022, sobre los asuntos
que son conciliables y los proceso que se excluyen de la ella, como en el caso
de los proceso ejecutivos derivados de los contratos estatales, mientras que el
artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 exige la conciliación prejudicial como requisito
en los procesos contra los municipios.

Señaló que el procurador conforme con los artículos 104 y 105 de la Ley 2220
de 2022, es competente para declarar cuáles asuntos no son conciliables,
siempre que su decisión sea motivada.

Concluyó que no hubo vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso ni al acceso a la administración de justicia que la PROCURADURÍA 206
JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO actúo
dentro de sus competencias, motivó su decisión y la accionante tuvo en su
momento, la oportunidad de presentar el recurso al estar en desacuerdo con la
decisión. Además, enfatizó en que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
manifestó su ánimo conciliatorio, lo que permite a las partes retomar el trámite si
así lo acuerdan, por lo que negó el amparo solicitado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL al considerar
que fue reduccionista ignorando su función constitucional como vía alternativa
de resolución de conflictos y lo que hizo fue respaldar plenamente los
argumentos de la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO sin que fueran analizados de forma
autónoma la posible vulneración de los derechos fundamentales.

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Indicó que no cuestiona el auto 114 sino la actuación administrativa de la
PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
VILLAVICENCIO al revocar el auto 062 de 2025, cerrando el trámite
conciliatorio, afectando el derecho a la administración de justicia e impidiendo el
mecanismo de autocomposición.

Adujo que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO manifestó su disposición a
participar en la audiencia que confirma un conflicto real y conciliable e ignorar
esa voluntad evidencia rigidez institucional y vulnera los principios de buena fe y
colaboración armónica.

Sostuvo que los municipios tienen una obligación constitucional de otorgar
subsidios a los usuarios de bajos ingresos, como lo establece el artículo 368 de
la Constitución Política y la ley 142 de 1994, y esta obligación no depende lo
contratos sino de normas que rigen el sistema de subsidios.

Enfatizo en que la cuenta de cobro C-040 refleja una obligación clara, expresa y
exigible que es respaldada por los acuerdos municipales y puede constituir título
ejecutivo de acuerdo con el artículo 442 del CGP.

Señaló que en su momento el juzgado segundo administrativo consideró que el
asunto era conciliable por lo que inadmitió la demanda con el número de
radicación 2025-00015-00, pero la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, excluyó la demanda
desde el inicio, por lo que considera que al contradecirse afecta el derecho a
acceder a mecanismos alternativos de solución de conflictos y debe ser
corregida por el juez constitucional.

Refirió que actuó de buena fe tras la admisión de la solicitud de la conciliación y
la fijación de la fecha para la audiencia, por lo que la revocatoria sin hechos

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nuevos ni errores materiales, es una vulneración al artículo 83 de la Constitución
Política, que exige buena fe de las actuaciones administrativas. Asimismo, el
artículo 89 de la Ley 2220 de 2022 permite la conciliación de todos los asuntos
contencioso-administrativos salvo prohibición expresa que no es palpable en el
caso sub examine.

Sostuvo que las controversias sobre subsidios de los servicios públicos
domiciliarios con conciliables si se tiene nen cuenta el marco legal y la doctrina
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Concluyó argumentando que la decisión impugnada no cumple con los requisitos
establecidos para la acción de tutela, así como la ponderación adecuada de los
hechos y las pruebas, incurriendo en una visión restrictiva de la resolución de
conflictos como la conciliación al ser un instrumento de justicia y que sean
protegidos los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la confianza legítima.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en
el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del
Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12
de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-
01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia
jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la
acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros
jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de
2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos
que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales
y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión,
por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen
sin efecto los autos de 24 de abril y de 5 de mayo de 2025, proferidas la
PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
VILLAVICENCIO, mediante los cuales declaró como no conciliable el asunto.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad accionada
no hizo un análisis autónomo sobre la vulneración de los derechos
fundamentales y cuestiona la actuación administrativa de la PROCURADURÍA
206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO al
decidir revocar el auto mediante el cual decidió que el asunto no era susceptible
de conciliar, afectó el derecho al acceso a la administración de justicia cerrando
el mecanismo de conciliación.

La actora pretende que a través de la presente acción de tutela se ordene dejar
sin efectos el auto 114 y en consecuencia el auto 106 de 24 de abril de 205,
mediante los cuales negó y revocó la admisión de la solicitud de conciliación
proferidos por la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO.

Adujo que es una sentencia reduccionista y formalista del mecanismo de

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conciliación prejudicial ignorando el sentido constitucional como herramienta de
resolución pacífica de conflictos, sin que el SALA DE DECISIÓN ORAL
CUATRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META hiciera un análisis
autónomo de la posible vulneración de los derechos fundamentales.

Enfatizó en que los municipios tienen una obligación constitucional de otorgar
subsidios a los usuarios de menores ingresos conforme con el artículo 368 de la
Constitución Política y la Ley 142 de 1994 que depende del marco legal de los
subsidios.

Que el contrato cuestionado es un título ejecutivo conforme con el artículo 422
del CGP.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en
establecer si en el presente caso cumple con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de la subsidiaridad,
y de ser así determinar si la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO vulneró los derechos
deprecados por la actora.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de
esta Corporación, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de
subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

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atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un carácter
excepcional y subsidiario, pues solo es procedente cuando el interesado no
cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean
examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure
en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de
sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario afecta el
ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos
fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias
establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para
la protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o
vulnerados, de lo contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción
de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan
ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del
asunto.»9 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Así las cosas, revisado el expediente referente a los autos 106 y 114 de 2025
proferidos por la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, mediante los cuales negó y revocó
la admisión de la solicitud de conciliación prejudicial al considerar que es un
asunto no conciliable, allegado a esta instancia constitucional, se advierte que la
parte actora no hizo uso de los mecanismos judiciales que tenía a su alcance
para exponer tal inconformidad, pues la solicitud de conciliación revocada, fue

9 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO.

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debidamente fundamentada y motivada por la autoridad, que de acuerdo con el
artículo 105 de la Ley 2220 de 2022 consideró que no es un asunto conciliable,
sin que la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO pueda establecer si el solicitante
puede o no acudir ante el juez administrativo siendo facultad del juez natural el
competente para verificar los presupuestos procesales para que proceda la
acción.

La PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE VILLAVICENCIO al decidir que el asunto no es conciliable, permite que la
actora acuda a la jurisdicción que considere adecuada como competente, lo que
le garantiza el acceso a la administración de justicia, porque el propósito de la
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad relativo a lo contencioso-
administrativo, es que mediante su intervención se promueven los acuerdos
conciliatorios entre las partes para que no tengan que acudir a la jurisdicción sin
que sea le juez natural y sea el juez de la competencia el que decida si proceden
o no las pretensiones de la actora, a la que puede acudir desde el 5 de mayo de
2025, cuando fue expedida constancia.

En cuanto al derecho fundamental al debido proceso que la actora alega como
desconocido por la PROCURADURÍA 206 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, el artículo 104 de la Ley 2220 de
2022 le da la potestad al procurador de considerar, incluso en la audiencia, si el
asunto es o no susceptible de conciliación, por ello la PROCURADURÍA 206
JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO al
dejar la anotación motivada en el acta, haber expuesto las razones por las que
consideró que no existió un título ejecutivo, al no existir una obligación clara,
expresa y exigible y al no provenir de la entidad concluyó que el asunto no era
susceptible de conciliación y no era de conocimiento de la jurisdicción
contencioso- administrativa.

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades planteadas por
la parte actora en este trámite constitucional recaen en que la parte demandada

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vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la confianza legítima, ya que, a su juicio, el asunto
es de la jurisdicción contencioso-administrativa porque la obligación es clara
expresa y exigible.

Cabe resaltar que mediante certificación de 10 de abril de 2025 el MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO presentó solicitud de conciliación que se encuentra incluida
en el expediente E2025- 00644424 por valor de $256.542.294, por lo que la
actora cuenta también con el mecanismo de acudir nuevamente al trámite de
conciliación, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 2220 de 2022.

Para la Sala es evidente que la parte accionante cuenta con la posibilidad de
acudir a la jurisdicción que considere competente para exponer estos
argumentos; así mismo cuenta con la posibilidad de acudir de nuevo a la
conciliación con el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; sin embargo, omitió
hacerlo sin justificación alguna, sin que pueda pretender suplir su inactividad con
esta acción constitucional, toda vez que si consideraba que los autos
demandados dejaran de tener efectos, cuenta aún con los mecanismos
mencionados, siendo escenarios idóneos para ello.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo dispuesto por la Corte
Constitucional10 que, frente al tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que
éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del SALA DE
DECISIÓN ORAL CUATRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META de
29 de mayo de 2025 que denegó el amparo y en su lugar declarará la
improcedencia del amparo solicitado por carecer del requisito general de
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, y en su lugar DECLARAR la
improcedencia de solicitud de amparo de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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