Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00182-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00182-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00182-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
Accionada: Nancy Semanate Medellín
Tema: Indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura de los concejales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante contra la
sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Jhon Deyber Ramírez Quintero en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 solicitó:
“[…] Con base en los anteriores hechos, en ejercicio del Medio de Control de Pérdida
de Investidura, consagrado en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011, solicito se
DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA de la Concejal NANCY SEMANATE
MEDELLIN en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Castilla la Nueva (M)
año 2024, por haber incurrido en la causal de Indebida destinación de dineros
públicos (arts. 55-3 L. 136/1994 y 48-4 L. 617/2000) […]”. (Negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que la accionada fue elegida como concejal del municipio de Castilla La
Nueva, departamento del Meta, y designada presidente del concejo municipal para
el periodo 2024.
3. Manifestó que el 5 de enero de 2024 el concejo municipal celebró contrato CM-
CPS-001 2024 con el señor Justo Daniel Díaz Molina, cuyo objeto fue “[…]
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LOS
DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META Y ACOMPAÑAMIENTO
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL […]”.
4. Aseguró que en SECOP el proceso contractual se radicó como CM-CPS-002-
2024 y que el objeto a contratar se determinó como “[…] PRTESTACION (sic) DE
1
Cfr. Índices 2 y 10 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LOS DIFERENTES
TEMAS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL CONCEJO MUICIPAL
(sic) DE CASTILLA LANUEVA (sic) Y ASESORAMIENTO EN LA ETAPA PRE-
CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION
ESTATAL QUE SE ADELANTEN EN LA ENTIDAD […]”.
5. Indicó que los objetos eran diferentes y no son claros porque se trata de “[…]
asesoramiento en diferentes asuntos de competencia del concejo, pero
puntualmente no establece que tipo de competencia. […]” y afirmó que dentro de
las obligaciones del contrato se encuentran las de “[…] 10. Elaborar conceptos que
sean requeridos por el Presidente y demás Concejales de la Corporación […]” y “[…]
23. Resolver las consultas de los Concejales en temas propios del Concejo
Municipal […]”.
6. Agregó que el valor del contrato fue por cincuenta y tres millones cien mil pesos
M/cte. ($53.100.000,oo), que el perfil del contrato es para un abogado y que la
duración del contrato era de 11 meses y 24 días.
7. Señaló que el concejo cuenta con solo 3 contratistas, a saber: un contador, un
asesor jurídico y una persona que administra las redes sociales.
8. Aseveró que el perfil del señor Justo Daniel Díaz Molina es de contador público,
graduado en el año 2020, con tarjeta profesional del 2022 y que como prueba de su
experiencia aportó una certificación laboral expedida por la Fundación para el
Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano identificada con Nit. 900.075.630-7, sin
la respectiva firma de Manuel Antonio Achicanoy Martínez, quien según el
documento dice ser el representante legal de la fundación y estampa un sello.
9. Sostuvo que el 5 de agosto de 2024 la presidencia del Concejo realizó la cesión
del Contrato CM-CPS-001-2024 al señor Mauricio Vega Rueda.
10. Alegó que el señor Mauricio Vega Rueda no ha asistido como contratista a
ninguna sesión del concejo, ni ordinaria ni extraordinaria, y que no lo conocen en la
Corporación. Pese a ello, el concejo municipal de Castilla La Nueva ha realizado los
pagos mensuales de las cuentas de cobro.
11. Agregó que los correos enviados a los concejales no se le copiaba al señor Vega
Rueda pero sí al correo “e-duard_diaz@hotmail.com” y que al comparar la firma del
contratista durante los años 2024 y 2025 no guardan rasgos idénticos, por lo que en
su criterio “[…] presuntamente estaríamos frente a una falsedad en documento
público. […]”.
12. Manifestó que al señor Justo Daniel Díaz Molina le fue cedido el contrato de
contador del concejo municipal de Castilla La Nueva, sin contar con la experiencia
como contador público de entes públicos ni particulares. Asimismo, que en los
informes de actividades de su contrato anterior, el señor Díaz Molina refirió la
3
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
elaboración de su contrato como contador. Cuestionó que “[…] Paso (sic) de ser el
asesor jurídico a ser el contador de la corporación, no entiende el suscrito porque
del perfil de contador se cedió el contrato a un abogado. […]”.
13. Arguyó que, pese a la existencia del Contrato CPS 001 de 2024, que contiene
entre sus obligaciones el asesoramiento jurídico, la presidente del concejo municipal
celebró el contrato CPS núm. 005-2024, por el valor de siete millones de pesos
M/cte. ($7.000.000,oo), con el señor Nelson Jair Acosta Riveros, cuyo objeto fue
“[…] PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL
EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICAL Y EXTRAJUDICIAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA […]”. Cuestionó la celebración del contrato
pese a que uno anterior ya establecía esa misma actividad.
14. Esgrimió que intentó realizar una proposición para debate de control político y
social como concejal de oposición, el cual se hundió el 14 de mayo de 2025 bajo la
presidencia del concejal Víctor Javier Rubiano Rodríguez.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
15. El accionante consideró que la concejal acusada incurrió en la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en los
numerales 3. del artículo 55 de la ley 136 de 2 de junio de 19943 y 4. del artículo 48
de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004.
16. Señaló que los procesos contractuales se rigen por los principios de
transparencia y publicidad e indicó que la accionada no ha publicado oportunamente
en el SECOP los informes que justifican los pagos mensuales realizados a los
contratistas Justo Daniel Díaz Molina y Mauricio Vega Rueda, pese a que ejecutaron
el contrato CM-CPS-001-2024.
17. Manifestó que si bien, el Contrato CM-CPS-001-2024, estableció en forma
abierta que su objeto era la asesoría, algunas de sus obligaciones se enfocan en lo
jurídico, de lo cual se deriva que el contrato debía ser celebrado y ejecutado por un
abogado y no con un contador como ocurrió. Alegó que la cesión que realizó el
señor Justo Daniel Díaz Molina al abogado Mauricio Vega Rueda evidencia que las
funciones debían ser desempeñadas por un abogado.
18. Explicó que en su primer informe el contratista indicó que había elaborado “[…]
su propio contrato, es decir que, sin firmar contrato y acta de inicio, ya el contratista
estaba prestando sus servicios a la corporación […]”.
19. Indicó que, aunque el señor Mauricio Vega Rueda fue el cesionario del contrato
CM-CPS-001-2024, este no fue ejecutado por él, sino por el señor Eduard
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
4
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
Andersson Stiven Díaz Gamez, quien actuó en las sesiones como asesor jurídico.
Prueba de ello es que las firmas del señor Mauricio Vega Rueda para los contratos
2024 y 2025 no coinciden.
20. Que al señor Justo Daniel Díaz Molina le fue cedido el contrato CM-CPS-002-
2024, cuyo objeto fue la prestación de servicios contables, pese a que no cuenta
con experiencia para el desarrollo del objeto contractual porque la certificación de
experiencia que aportó fue sobre contratación en la Fundación para el Desarrollo
Sostenible del Agro Colombiano, la cual no se encuentra firmada y no guarda
relación con las obligaciones específicas de los contratos suscritos.
21. Sostuvo que las situaciones anteriores evidencian que la concejal Nancy
Semanate Medellín incurrió, en su condición de presidente del concejo municipal
para el periodo 2024, en indebida destinación de dineros públicos al asignar
contratos a personas sin la debida competencia y experiencia y que hubo una
suplantación en el caso del señor Mauricio Vega Rueda porque el que asistió al
concejo como asesor jurídico fue Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez.
22. Aseveró que la causal se configura cuando se busca lograr un beneficio en favor
propio o de terceros y que en este caso la accionada buscó beneficiar al señor Justo
Daniel Díaz Molina al celebrar el contrato CM-CPS-001-2024 y permitir la cesión del
contrato CM-CPS-002-2024, sin contar con la experiencia para ejecutar el contrato.
Asimismo, “[…] beneficiar al señor EDUARD ANDERSSON STIVEN DIAZ GAMEZ,
permitiendo que sea este el que desarrolle realmente el contrato CM-CPS-001 2024
[…] y no a la persona que legalmente le fue cedido el contrato el señor MAURICIO
VEGA RUEDA. […]”.
23. Que con los comportamientos anteriores la concejal Nancy Semanate Medellín
puso en riesgo el presupuesto de la corporación.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5
24. La concejal se opuso a las pretensiones de la demanda. Se pronunció sobre los
hechos y, en especial, indicó: i) que el contrato que en minuta aparece como CM-
CPS-001-2024 se identifica en SECOP como CM-CPS-002-2024 y que ello obedece
a un error de digitación; ii) que el objeto de los contratos es el mismo y que es
diferente que en SECOP I se hubiera detallado con mayor precisión el objeto del
contrato; iii) que en el año 2024 el concejo municipal no contó con tres sino con siete
contratistas; iv) que se formulan diversos hechos de manera subjetiva y que las
personas naturales que fungieron como contratistas o fueron cesionarias de algún
contrato cumplían los requisitos para ser contratados; v) que el señor Mauricio Vega
Rueda es contratista y su vínculo no se rige por una regla de subordinación en virtud
de la cual debiera asistir a las sesiones del concejo municipal. Agregó que cumplía
sus funciones contractuales, que ello se corrobora con los informes de ejecución
contractual; y vi) que los contratos CM-CPS-001-2024 y CM-CPS-005-2024 son
5
Cfr. Índices 17 y 18 del expediente digital de primera instancia.
5
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
sustancialmente diferentes porque este último incluye obligaciones jurídicas, de
asesoría legal y representación judicial y extrajudicial del concejo.
25. Señaló que en este caso no se configuran los elementos objetivo y subjetivo para
que proceda la pérdida de investidura de la concejal y que la demanda carece de
respaldo probatorio, adolece de una construcción argumentativa poco coherente
que permita inferir, siquiera de manera indiciaria, la indebida destinación de dineros
públicos y adicionalmente de una actuación dolosa o gravemente culposa.
26. Argumentó que la demanda se limita a enunciar hechos que, en el mejor de los
casos, podrían constituir simples diferencias de interpretación administrativa o
errores formales, pero que de ninguna manera indebida destinación de dineros
públicos.
27. Alegó que teniendo en cuenta los estudios previos del contrato CM-CPS-001-
2024, se estableció una cláusula abierta o criterio flexible respecto del perfil
profesional exigido que permitía ejecutar el contrato a contador público o abogado
con experiencia o conocimiento en contratación estatal y que el ciudadano Justo
Daniel Díaz Molina cumplía con cada una de las condiciones exigidas, toda vez que
es una persona natural, es profesional titulado en contaduría pública y acreditó una
experiencia de dos (2) años, once (11) meses y veinticinco (25) días en asuntos
relacionados con la contratación estatal. Que ello justifica que el contrato hubiere
sido cedido al señor Mauricio Vega Rueda, quien cumplía con el requisito
relacionado con contratación estatal.
28. Afirmó que el hecho de que el contrato contenga algunas obligaciones
relacionadas con rendir conceptos o absolver consultas, ello no implica que deban
ser desempeñadas en forma exclusiva por un abogado como lo pretende hacer ver
el accionante y que tanto un contador como un abogado pueden emitir conceptos
técnicos en sus respectivas materias.
29. Señaló que en caso de considerarse que la clausula abierta o flexible se
interprete como una irregularidad en la etapa precontractual, ello no configura
indebida destinación de dineros públicos porque los contratistas cumplían el perfil
para celebrar el contrato y ejecutaron y cumplieron sus obligaciones contractuales,
lo cual fue objeto de revisión por la supervisión contractual, como se desprende de
los informes de ejecución y supervisión al contrato.
30. Manifestó en relación con el Contrato CM-CPS-002-2024 que este aparece en
SECOP I como Contrato CM-CPS-001-2024 por un error de digitación y que su
objeto fue el manejo de la contabilidad presupuestal y acompañamiento en la
presentación de informes a entes de control para el concejo.
31. Resaltó que el señor Justo Daniel Díaz Molina cumplía requisitos para ser el
cesionario del precitado contrato, que fueron decisiones tomadas en pro del
funcionamiento de la corporación y que los pagos realizados a los contratistas
6
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
obedecieron estrictamente al cumplimiento de sus funciones, obligaciones
adquiridas por la corporación y con el rubro correspondiente.
32. Indicó que no es cierto que el señor Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez
hubiere ejecutado el contrato que fue cedido al señor Mauricio Vega Rueda, que no
hay pruebas sobre tal situación y que, por el contrario, los informes del contratista y
la supervisión demuestran como se llevaron cabo las actividades por parte del
contratista cesionario Mauricio Vega Rueda.
33. Bajo esos parámetros concluyó que no ha incurrido en la causal de pérdida de
investidura invocada en la demanda.
I.3. Trámite del proceso
34. Mediante auto de 5 de junio de 20256 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura y, una vez subsanados los requisitos por el accionante7, en auto de 1 de
julio de 20258 se admitió, ordenándose la notificación a la accionada y al agente del
Ministerio Público y corriéndose traslado para que la acusada contestara la solicitud,
aportara y solicitara la práctica de pruebas.
35. La accionada antes referida contestó la solicitud de pérdida de investidura.
36. En auto de 23 de julio de 20259 se resolvió sobre: i) las solicitudes probatorias
presentadas por las partes; y ii) se fijó fecha para realizar la audiencia de pruebas,
que se realizó durante los días 6 y 11 de agosto de 202510.
37. La audiencia pública a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15
de enero de 201811 se realizó el día 25 de agosto de 202512, con la asistencia e
intervención del accionante, del agente del Ministerio Público y de la concejal
accionada y su apoderado.
38. Mediante auto de 27 de agosto de 202513 se decretaron pruebas de oficio y
mediante auto de 15 de septiembre de 202514 se ordenó el traslado de las pruebas.
I.4. La sentencia de primera instancia15
39. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 2 de
octubre de 2025, resolvió: “[…] NEGAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA solicitada
por JHON DEYBER RAMÍREZ QUINTERO en contra de NANCY SEMANATE
6
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 12 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 50 del expediente digital de primera instancia.
11
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
12
Cfr. Índice 57 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 61 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 69 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 76 del expediente digital de primera instancia.
7
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
MEDELLÍN, en su calidad de concejal del Municipio de Castilla La Nueva para el
periodo 2024-2027, conforme a las razones explicadas en la parte motiva de esta
providencia. […]” (Negrilla del texto).
40. Explicó que el problema jurídico que se debía resolver consistía en establecer si
la accionada había incurrido en indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura, con ocasión de las siguientes situaciones: “[…] 1.
El contrato CM-CPS-001-2024 debía ser ejecutado por un profesional en derecho,
sin embargo, lo fue por JUSTO DANIEL DIAZ MOLINA, cuya profesión es contador.
[…] 2. El contrato CM-CPS-001-2024, fue cedido al señor MAURICIO VEGA
RUEDA, sin embargo, su ejecución la llevó a cabo el señor EDUARD ANDERSSON
STIVEN DIAZ GAMEZ. […] 3. Al señor JUSTO DANIEL DIAZ MOLINA le fue cedido
el contrato CM-CPS-002 2024 sin contar con la experiencia profesional requerida.
[…] 4. No se publicó en el SECOP los informes que justifican los pagos mensuales
a los contratistas JUSTO DANIEL DIAZ MOLINA y MAURICIO VEGA RUEDA, bajo
el contrato CM-CPS-001-2024, conforme con el contenido de los artículos 23 y 24
de la Ley 80 de 1993. […]”.
41. Para resolver, sostuvo que estaba probada la condición de concejal de la
accionada y de presidenta del concejo municipal de Castilla La Nueva para el
periodo 2024.
42. Indicó que no obra prueba alguna que permita concluir que la certificación
expedida por la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano no
fue expedida por quien se indica como su autor, ni que el contenido del documento
no obedezca a la realidad, si se tiene en cuenta adicionalmente que el documento
no fue tachado ni desconocido y que si bien no estaba firmado si tenía el sello
institucional de su emisor, el cual cumple la función de autenticación.
43. Por tanto, el tribunal aplicó el principio de buena fe y señaló que no encuentra
fundamento jurídico para desconocer el valor probatorio de la certificación.
44. En relación con el primer reproche, expuso que del análisis integral del
expediente contractual CM-CPS-001-2024, no se encuentra acreditado que la
ejecución de este requiera ser realizada exclusivamente por un profesional en
derecho, como lo aduce la parte actora. Por el contrario, del estudio previo se
desprende que el perfil exigido por el concejo municipal lo fue en sentido amplio y
funcional. Que, las funciones descritas corresponden más a labores de apoyo
técnico y operativo que no implican el ejercicio profesional exclusivo de la abogacía,
pese a que se relacionan con el ámbito jurídico.
45. Sostuvo que el señor Justo Daniel Díaz Molina cumplía con el perfil requerido y
que según la certificación expedida por el representante legal de la Fundación para
el Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano el contratista desempeñó funciones
relacionadas con la proyección de actos administrativos, elaboración de estudios
previos, actas de inicio y liquidación, así como asesoría en temas de contratación
estatal.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
46. Estimó que, aunque “[…] la citada fundación no es estatal, es posible que, en una
interacción de aquella con entidades públicas, esta persona hubiese realizado
funciones como las descritas, y de todas formas no hay prueba de su falsedad
ideológica, como para desconocer su contenido. Estas actividades guardan relación
directa con el objeto contractual y demuestran idoneidad práctica en el manejo de
asuntos administrativos y contractuales. […]” y agregó que en todo caso estaba
probado el ejercicio de funciones públicas y conocimiento sobre el funcionamiento
de los concejos municipales y sus procesos normativos y administrativos.
47. El tribunal precisó que no está probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina
hubiere ejercido o hubiere sido presentado por la accionada como asesor jurídico
en el concejo municipal y que conforme con las pruebas aportadas sus
intervenciones eran como “asesor”. Explicó que si bien el contratista se tomaba el
uso de la palabra sin que se la otorgaran en algunas sesiones del concejo, ello no
deriva en una situación que ponga en riesgo la investidura de la accionada.
48. Refirió que por el tipo de intervención que realizaba el señor Justo Daniel Díaz
Molina se pudo generar una percepción equivocada de algunos miembros del
concejo, lo que pudo ocasionar confusión sobre su rol sin que ello implique que
ejerciera como asesor jurídico.
49. Por lo anterior, determinó que no es posible predicar en las conductas descritas
que se hubiesen pagado servicios que requerían dicha cualificación profesional,
configurándose de ese modo la aplicación de dineros públicos a una finalidad o
propósito diferente o contrario al legal o reglamentariamente preestablecido.
50. En relación con el segundo reproche se indicó que no estaba probado que la
ejecución del contrato CM-CPS-001 de 2024 la hubiere realizado el señor Eduard
Andersson Stiven Diaz Gamez y no a quien le fue cedido, a saber, el señor Mauricio
Vega Rueda.
51. Lo anterior porque no hay pruebas sobre la presunta irregularidad en la firma del
señor Mauricio Vega Rueda, se aportaron pruebas que permiten concluir que el
contratista ejecutó el contrato entre el 5 de agosto y el 29 de diciembre de 2024,
como consta en los informes de cumplimiento de obligaciones y en todo caso no
hubo un despliegue probatorio de la parte accionante, orientado a probar su
afirmación.
52. Explicó que no estaba probado que Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez
tuviere la condición de asesor jurídico del concejo como lo manifestaron el
accionante y dos concejales en tanto de las actas de las sesiones del concejo se
evidencia que actuaba en condición de apoyo jurídico de la Alcaldía de Castilla La
Nueva, lo cual fue ratificado por la declaración que rindió el mismo señor Díaz
Gamez. Agregó que en el marco de ese enlace o apoyo el señor Díaz Gamez realizó
un oficio para informar a la autoridad competente sobre la inseguridad en el
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
municipio, pero que de dicha actuación no se puede derivar que él cumpliera las
funciones del contrato a cargo del señor Mauricio Vega Rueda porque la elaboración
de oficios no estaba entre sus funciones contractuales.
53. En todo caso, el tribunal consideró que la redacción del oficio se enmarcó en la
cercanía entre los concejales y el contratista de la alcaldía y por tratarse de un
asunto que no solo ocupa la atención del cuerpo colegiado, sino que también
permea a la secretaría de gobierno municipal y la Policía Nacional.
54. En relación con el tercer asunto, explicó que contrario a lo manifestado por el
accionante, el señor Justo Daniel Díaz Molina sí cumplía los requisitos para ejecutar
el contrato CM-CPS-002 de 2024 teniendo en cuenta que para la fecha de la cesión
tenía la condición de contador público y cumplía el requisito de experiencia mínima
de dos años en el sector público o privado. El hecho de que hubiere obtenido la
tarjeta profesional el 31 de enero de 2022 no incide en el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la contratación porque no era uno de los requisitos
conforme con los estudios previos.
55. En relación con el cuarto argumento de la demanda explicó que el hecho de que
no se hubiere publicado en el SECOP los informes de cumplimiento que justificaron
los pagos mensuales de los contratistas Justo Daniel Díaz Molina y Mauricio Vega
Rueda, si bien podría constituir una irregularidad de carácter administrativo, por sí
sola no configura la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos.
56. Por último, consideró que no había lugar a condena en costas por cuanto en esta
clase de procesos se ventila un interés público y que ello no significa que la
accionada no pueda acudir a otras herramientas jurídicas con el objeto de reclamar
extracontractualmente los perjuicios que considere causados en el evento de
entender que se presentó un abuso del derecho por parte del accionante.
57. En conclusión, el tribunal consideró que no se logró demostrar que la concejal
accionada haya incurrido en la causal de pérdida de investidura alegada, razón por
la cual negó las pretensiones de la demanda.
I.5. El recurso de apelación16
58. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se decrete
la pérdida de investidura de la accionada.
59. El accionante explicó que la accionada incurrió en una indebida destinación de
dineros públicos porque la vinculación de los señores Justo Daniel Díaz Molina y
Mauricio Vega Rueda y el pago realizado en el marco de los contratos estatales dan
cuenta de una aplicación de dineros públicos diferentes a la retribución de los
16
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
servicios personales de un contratista. Ello por cuanto el primero no contaba con
experiencia o perfil para ejecutar el Contrato CM-CPS-001 de 2024 y a quien se le
cedió no lo ejecutó porque el verdadero ejecutor fue el señor Eduard Andersson
Stiven Díaz Gamez. Explicó adicionalmente que el señor Díaz Molina no cumplía
requisitos para ser el cesionario del Contrato CM-CPS-002 de 2024 y que se
evidenciaron irregularidades que viciaron el procedimiento contractual y los
respectivos contratos. Al respecto, explicó lo siguiente:
I.5.1. La celebración del contrato CM-CPS-001 de 2024 y la certificación
expedida por la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano
60. Cuestionó que el tribunal hubiere considerado que si bien la Fundación para el
Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano no era una entidad pública conforme se
informa en su página electrónica, hubiere permitido al señor Justo Daniel Díaz
Molina acreditar experiencia en los procesos contractuales de las entidades del
Estado, en este caso del concejo, e indicó que los procesos contractuales como
contratista son muy diferentes a los internos precontractuales y contractuales.
61. Alegó que los razonamientos del tribunal en este aspecto son hipotéticos y que
no hay prueba de que la Fundación hubiere adelantado procesos contractuales por
el simple hecho de tener interacciones con entidades públicas. Por ende, que la
certificación no permite acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en los
estudios previos del proceso de contratación CM-CPS-001 de 2024 del Concejo
Municipal de Castilla La Nueva.
I.5.2. Que estaba probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina actuó como
asesor jurídico en el marco de la ejecución del contrato CM-CPS-001 de 2024
62. Señaló que estaba probado que los procesos adelantados por el contratista
corresponden con actividades de asesoría jurídica y que el hecho de que el señor
Díaz Molina hubiere sido elegido como concejal en periodos anteriores no conlleva
a obtener experiencia en contratación estatal o desarrollar actividades descritas
como sustanciar actos administrativos ni mucho menos realizar procesos de
contratación del concejo municipal.
63. Agregó que las funciones ejercidas por el concejo municipal como cuerpo
colegiado y los concejales que participan en los debates y en la toma de decisiones
se materializan en acuerdos, más no ejecutan actividades administrativas.
64. Sostuvo que no era de recibo que el tribunal hubiere considerado que por el
actuar del señor Justo Daniel Díaz Molina se hubiere generado una percepción
equivocada en algunos concejales sobre su rol en el concejo como contratista y lo
consideraran asesor jurídico, máxime si se tiene en cuenta que durante el año 2024
el concejo no contó con un asesor de estas características. Explicó que más que un
error de percepción, el contratista ejerció funciones de asesor jurídico, lo que
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
configura una aplicación de dineros públicos a una finalidad o propósito diferente o
contrario a la ley.
I.5.3. El cumplimiento de funciones por parte del señor Mauricio Vega Rueda
y la condición de asesor jurídico del señor Eduard Andersson Stiven Díaz
Gamez
65. Explicó que está probado que el señor Mauricio Vega Rueda no asistió ni a las
sesiones plenarias ni de comisión del concejo municipal y que, por ello, no se estaría
cumpliendo con las obligaciones específicas del contrato “[…] 10. Elaborar
conceptos que sean requeridos por el Presidente y demás Concejales de la
Corporación […]” y “[…] 23. Resolver las consultas de los Concejales en temas
propios del Concejo Municipal […]”. Que lo anterior es prueba de que el señor
Mauricio Vega Rueda no ejecutó el contrato.
66. Expresó que era lógico que la supervisora certificara la ejecución del contrato y
agregó que no se aportó por el contratista evidencia alguna sobre la ejecución
material del mismo por el contratista.
67. Sumado a lo anterior, destacó que se encuentra probado que el señor Eduard
Andersson Stiven Díaz Gamez participó en las sesiones del concejo municipal,
asesoró jurídicamente a la mesa directiva y que no contaba con un contrato suscrito
por el concejo municipal.
68. Se cuestiona sobre el interés de esta persona en acompañar al concejo, sin que,
en su criterio, sea de recibo que obedecía a la ejecución de un contrato de
prestación de servicios de apoyo a la gestión que se ejecutaba con el municipio de
Castilla La Nueva, máxime si se tiene en consideración que en una sesión se le “[…]
dio instrucciones de la elaboración de unos Oficios por temas de inseguridad, labor
que no es propia del señor Diaz dentro de la alcaldía al no pertenecer a la secretaria
de gobierno. […]”.
69. Explicó que no pudo requerir certificación sobre las funciones del contrato que
este ejecutaba con el municipio, pero que el tribunal pudo decretar esa prueba de
oficio, situación que no ocurrió.
70. Afirmó que aceptar la tesis de que la presencia del señor Díaz Gamez en el
concejo se debía a la ejecución de un contrato con la Alcaldía, constituiría aceptar
una intromisión indebida de la alcaldía al concejo municipal, contraria a la autonomía
presupuestal y a la transparencia que debe regir las actuaciones de estas
instituciones, máxime si se tiene en consideración que el concejo cuenta con
recursos para contratar un asesor jurídico y que, en todo caso, la alcaldía no podía
asignar a un asesor jurídico de tiempo completo para la corporación pública de
elección popular.
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
71. En todo caso, indicó que no hay prueba de que el señor Eduard Andersson Stiven
Díaz Gamez hubiere sido comisionado por la alcaldía al concejo municipal y que el
contratista aún hace parte del medio de comunicación de los concejales en el grupo
de Whatsapp denominado “Concejo 2024-2027”.
I.5.4. La cesión del contrato CM-CPS-002 de 2024 al señor Justo Daniel Díaz
Molina
72. Indicó que el señor Justo Daniel Díaz Molina aportó una certificación laboral de
la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano “[…] donde
inicialmente acreditó su experiencia en contratación pública, mas no acredito contar
con experiencia como contador público […]”. Explicó que no se puede ejercer como
contador público sin la tarjeta profesional, ya que es un requisito legal obligatorio
para el ejercicio de la profesión conforme con el artículo 5 de la Ley 43 de 1990.
73. Manifestó que es contradictorio que los estudios previos solicitaran la experiencia
de dos años como profesional en sector público o privado porque ello implicaría que
cualquier experiencia sumada a la obtención del título de contador permitiría
ejecutar el contrato. Adujo que “[…] así las cosas se evidencia que la presidenta del
concejo la aquí hoy demandada no planeo (sic) de forma correcta el contrato,
violando la ley de contratación pública ley 80 de 1993, en uno de los principios
rectores de la contratación estatal como lo es la planeación […]” y que dicha
maniobra revela el objetivo de beneficiar y direccionar contratos.
74. Afirmó que es importante que la experiencia y la formación académica estén
vinculadas a las necesidades y obligaciones del contrato y que no cumplir esta
obligación puede viciar el proceso de contratación.
75. Por lo anterior consideró que el señor Justo Daniel Díaz Molina no cumplía
requisitos para ser el cesionario del Contrato CM-CPS-002 de 2024 porque no
acreditó su experiencia como contador público y su tarjeta profesional fue expedida
el 31 de enero de 2022.
I.6. Trámite del recurso de apelación
76. Mediante auto de 27 de octubre de 202517, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 2 de octubre de 2025.
77. En auto de 30 de enero de 202618, se resolvió admitir el recurso de apelación,
negar el decreto de las pruebas aportadas por el accionante y correr traslado del
auto admisorio del recurso de apelación a la parte accionada y al agente del
Ministerio Público por el término de tres (3) días19.
17
Cfr. Índice 83 del expediente digital de primera instancia.
18
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
19
La providencia se notificó electrónicamente a la parte accionada y al Ministerio Público; y por estado electrónico al
accionante. Índices 6 y 7 del expediente digital de segunda instancia. La Secretaría remitió el expediente del proceso al
despacho del magistrado ponente para sentencia, el 11 de febrero de 2026.
13
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
78. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
79. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto de la
acusada; iii) los problemas jurídicos; iv) la causal de pérdida de investidura
invocada; v) el estudio de los problemas jurídicos; y vi) las conclusiones.
II.1. La competencia
80. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15021 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
81. La condición de la accionada, señora Nancy Semanate Medellín, como concejal
del municipio de Castilla La Nueva, se encuentra probada con la copia del formato
E-27 de 2 de noviembre de 2023, correspondiente a la expedición de la credencial
y declaratoria de elección como concejal expedida por los miembros de la comisión
escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el periodo
constitucional 2024 - 202722.
82. Se precisa que la condición de la accionada como concejal del municipio de
Castilla La Nueva no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.
II.3. Los problemas jurídicos
83. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201223, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306
de la Ley 1437, observa lo siguiente:
84. Teniendo en cuenta que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta en la
sentencia de 2 de octubre de 2025 consideró que la conducta que se le atribuye a
la accionada no se encuadra en la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos y que el accionante en el recurso de apelación
20
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
21
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
22
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia. Página 11.
23
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
14
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
estima que se demostró la configuración de la precitada causal, el problema jurídico
consiste en definir:
85. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de la concejal accionada, por haber incurrido en indebida
destinación de dineros públicos prevista en los numerales 3. del artículo 55 de la
Ley 136 y 4. del artículo 48 de la Ley 617, con ocasión de: i) la celebración del
Contrato CM-CPS-001 de 2024 con el señor Justo Daniel Díaz Molina y los pagos
realizados al contratista; ii) la cesión del Contrato CM-CPS-001 de 2024 al señor
Mauricio Vega Rueda, la ejecución del contrato y los pagos realizados al contratista;
y iii) la cesión del Contrato CM-CPS-002 de 2024 al señor Justo Daniel Díaz Molina.
II.4. La causal de pérdida de investidura invocada
86. El accionante atribuyó a la concejal acusada la causal de pérdida de investidura
prevista en los numerales 3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la
Ley 617, cuyo contenido es el siguiente:
86.1. Numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.
86.2. Numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.
El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos
87. Esta Sección24, en relación con los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, ha precisado
lo siguiente:
“[…] 43. En primer orden, que la indebida destinación de dineros públicos es una
norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de
la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI)
15
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros
públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la
Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula
el gasto25.
44. En segundo orden, si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede
configurar a través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la
causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”26.
45. En tercer orden, para efectos de la causal de desinvestidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el Estado.
46. En cuarto orden, la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura
sub examine requiere la acreditación de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de congresista ii) que se esté frente a dineros públicos y iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados.
47. En cuarto (sic) orden, la indebida destinación de dineros públicos se configura
en los siguientes casos:
47.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
47.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a
objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
47.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
47.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
47.5 Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
47.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”.
25
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
26
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María
Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de
pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de
1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que
condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación
de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
16
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
88. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación27 ha
señalado que:
“[…] se incurre en una indebida destinación de dineros públicos, de manera directa,
al aplicar los recursos correspondientes a propósitos prohibidos, no autorizados,
injustificados o innecesarios; de manera indirecta, cuando los dineros se aplican a
fines diferentes de los que justificaron la disposición del gasto.
Por lo tanto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que en dicha
prohibición pueden incurrir tanto el ordenador del gasto, como cualquier otro
Congresista cuando cambia la destinación de los recursos públicos28. […]”.
II.5. El estudio del problema jurídico
89. La Sala analizará en el caso concreto los requisitos concurrentes que se exigen
para estructurar la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos:
II.5.1. La cualidad de la concejal como sujeto activo de la conducta
90. Se encuentra probado que la señora Nancy Semanate Medelín fue elegida
concejal del municipio de Castilla La Nueva para el periodo 2024 – 2027, según se
indicó anteriormente.
91. Asimismo, se encuentra probado que la concejal acusada tenía la condición de
presidenta del concejo municipal de Castilla La Nueva, durante el año 2024,
conforme con los contratos de prestación de servicios aportados como prueba29 y
las actas de sesiones realizadas durante el año 202430.
92. En todo caso, la Sala considera que la condición de concejal de la accionada
para el periodo constitucional 2024 - 2027 y adicionalmente de presidenta del
concejo municipal de Castilla La Nueva para el periodo 2024, no fueron objeto de
cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se cumple el primer supuesto
del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
II.5.2. Que se esté frente a dineros públicos
93. La problemática en el caso concreto versa sobre la celebración del Contrato CM-
CPS-001 de 2024 con el señor Justo Daniel Díaz Molina y los pagos realizados al
contratista; la cesión de este contrato al señor Mauricio Vega Rueda y la ejecución
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia
de 4 de septiembre de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-00616-00(PI).
28
Es por ello que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura tanto por la indebida destinación de dineros
públicos causada por los Congresistas cuando actúan como ordenadores del gasto, como en situaciones donde se utilizan
instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos; por ejemplo, en sentencias de 23 de mayo de 2000,
exp. AC-9878, C P. Alejandro Ordóñez Maldonado; de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar;
de 5 de febrero de 2001, exps. AC-10528 y AC-10967, C.P. Germán Ayala Mantilla; de 8 de agosto de 2001, exps. AC-10966
y AC-11274, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; de 8 de agosto de 2001, exp. AC-12546, C. P. María Elena Giraldo Gómez y
de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01, C.P. Ligia López Díaz.
29
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Ver documentos a partir de la página 9.
30
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia.
17
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
del contrato y los pagos realizados a este contratista; y, por último, la cesión del
Contrato CM-CPS-002 de 2024 al señor Justo Daniel Díaz Molina.
94. La Sala encuentra probado que el contrato de prestación de servicios CM-CPS-
001 de 2024 se celebró por el Concejo Municipal de Castilla La Nueva por valor de
cincuenta y tres millones cien mil pesos ($53.100.000,oo) y que los gastos de
ejecución serían sufragados a cargo a la cuenta “[…] G.F.CON.2.1.2.02.02.008 […]
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Concejo Municipal
[…]”, según certificado de disponibilidad presupuestal núm. 2024000002 de 5 de
enero de 2024 y que estos recursos corresponden a “[…] INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN […]”31.
95. En relación con el contrato de prestación de servicios CM-CPS-002 de 2024
celebrado por el mismo concejo municipal por valor de cincuenta y tres millones cien
mil pesos ($53.100.000,oo), se encuentra probado que para este se expidió el
certificado de disponibilidad presupuestal núm. 2024000001 de 5 de enero de
202432, que los gastos de ejecución serían sufragados a cargo a la cuenta “[…]
G.F.CON.2.1.2.02.02.008 […] Servicios prestados a las empresas y servicios de
producción/ Concejo Municipal/INGRESOS CORRIENTES DELIBRE
DESTINACIÓN […]”.
96. De conformidad con el artículo 3.° de la Ley 617, los gastos de funcionamiento
de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre
destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender, entre otras, sus
obligaciones corrientes.
97. La norma establece adicionalmente que se entiende por ingresos corrientes de
libre destinación los ingresos corrientes, excluidas las rentas de destinación
específica, y que los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de
conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto, en especial, los
artículos 1133 y 2734 del Decreto núm. 111 de 15 de enero de 199635.
98. En ese orden de ideas, de conformidad con las normas anteriormente indicadas,
los dineros que fundamentaron la celebración y ejecución de los contratos de
31
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 52 y 53.
32
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 117 y 118.
33
“[…] ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones
parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los
recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los
reglamentos.
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General
de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (Ley 38/89, artículo 7o. Ley 179/94,
artículos 3o., 16 y 71. Ley 225/95, artículo 1o.). […]”.
34
“[…] ARTÍCULO 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas (Ley
38/89, artículo 20. Ley 179/94, artículo 55, inciso 10 y artículos 67 y 71). […]”.
35
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto. […]”.
18
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
prestación de servicios núms. CM-CPS-001 y 002 de 2024 son recursos corrientes
de libre destinación que integran a su vez el presupuesto del respectivo ente
territorial y, por ende, tienen la condición de dinero público, por lo que se cumple el
segundo supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
II.5.3. Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
99. El tribunal consideró en la sentencia apelada que no se encontraba probado el
elemento objetivo de la indebida destinación de dineros públicos, toda vez que no
se probó que la celebración y cesión de los contratos de prestación de servicios
núms. CM-CPS-001 y 002 de 2024 hubiere constituido una indebida destinación de
dineros públicos por parte de la concejal accionada.
100. Explicó que la falta de publicación en SECOP de los informes de cumplimiento
que justificaron los pagos realizados a los contratistas en el marco de la ejecución
del Contrato CM-CPS-001 de 2024 no constituye por sí solo indebida destinación
de dineros públicos
101. El accionante en su recurso de apelación manifestó que estaba probada la
indebida destinación de los recursos públicos con fundamento en los siguientes
argumentos: i) que la certificación expedida por la Fundación para el Desarrollo
Sostenible del Agro Colombiano no permite acreditar el cumplimiento de los
requisitos solicitados en los estudios previos del proceso de contratación CM-CPS-
001 de 2024 del Concejo Municipal de Castilla La Nueva, por parte del señor Justo
Daniel Díaz Molina; ii) que estaba probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina
actuó como asesor jurídico; iii) que no se probó que el señor Mauricio Vega Rueda
hubiere cumplido y ejecutado las obligaciones del Contrato CM-CPS-001 de 2024 y
que la labor de asesoría jurídica la realizó materialmente el señor Eduard Andersson
Stiven Díaz Gamez; y iv) que el señor Justo Daniel Díaz Molina no cumplía
requisitos para ser el cesionario del Contrato CM-CPS-002 de 2024 porque no
acredito su experiencia como contador público y su tarjeta profesional fue expedida
el 31 de enero de 2022.
102. Expuesto lo anterior, la Sala procederá a realizar la valoración de las pruebas
para efectos de resolver sobre la configuración o no de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que,
de conformidad con el artículo 167 de la Ley 156436, corresponde al solicitante de
la pérdida de investidura probar los requisitos concurrentes que se exigen para
estructurar el elemento objetivo de la causal.
103. Cabe precisar que en desarrollo del principio de congruencia, esta Sala limitará
su pronunciamiento exclusivamente a los asuntos que fueron objeto del recurso de
apelación.
36
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
19
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
II.5.3.1. La celebración del Contrato CM-CPS-001 de 2024 y el cumplimiento de
los requisitos por el contratista, señor Justo Daniel Díaz Molina
104. El accionante indicó en el recurso de apelación que la Fundación para el
Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano no era una entidad pública y por ende
la certificación no permitía al señor Justo Daniel Díaz Molina acreditar experiencia
en procesos contractuales de entidades del Estado, para efectos de cumplir
requisitos solicitados en los estudios previos del proceso de contratación CM-CPS-
001 de 2024 del Concejo Municipal de Castilla La Nueva.
105. En criterio del apelante, los razonamientos del tribunal en este aspecto son
hipotéticos y no hay prueba de que la Fundación hubiere adelantado procesos
contractuales por el simple hecho de tener interacciones con entidades públicas.
106. Por lo anterior, explicó que la celebración del Contrato CM-CPS-001 de 2024,
sin el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista, constituye evidencia
de la indebida destinación de dineros públicos.
107. La jurisprudencia del Consejo de Estado37 ha considerado que, entre las
conductas que pueden dar lugar a la causal en cuestión, algunas se encuentran
definidas en la legislación penal como delitos, como es el caso del trámite de
contratos sin observancia de los requisitos legales prevista en el artículo 410 de la
Ley 599 de 24 de julio de 200038.
108. Sin embargo, lo relevante para efectos de la causal de pérdida de investidura,
es que el miembro de la corporación pública de elección popular, con su conducta
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia
o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.
109. La Sala observa que al proceso se aportaron certificaciones expedidas el 5 de
enero de 202439 por la secretaria general del Concejo Municipal de Castilla La
Nueva, mediante las cuales indica que el concejo municipal no cuenta con personal
profesional para prestar asesoría en diversos temas de competencia de esa
corporación pública de elección popular ni en las etapas precontractual y contractual
de los procesos que se adelantan en la entidad.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de mayo de 2000, C.P. doctor: Germán
Rodríguez Villamizar; Proceso AC – 9877 de 30 de mayo de 2000. Reiterada en sentencia de 28 de septiembre de 2021.
Radicación núm. 11001-03-15-000-2020-00517-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
38
“[…] Por la cual se expide el Código Penal. […]”.
39
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 54 y 55.
20
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
110. Las certificaciones indican que la entidad solamente cuenta con un cargo de
planta, que corresponde al secretario general del concejo; y que la contratación de
un “asesor” en los términos anteriormente indicados se encuentra registrado en el
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024.
111. Asimismo, se aportó al proceso copia de los estudios previos del proceso de
selección y celebración del contrato cuyo objeto es la “[…] PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LOS DIFERENTES
ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA
NUEVA-META Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
ESTATAL […]”40, el cual dio origen posteriormente al Contrato CM-CPS-001 de
2024.
112. En el acápite “[…] 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD […]”41, se indicó lo
siguiente:
“[…] El Concejo Municipal de Castilla es una corporación político-administrativa de
carácter colegiado, la cual se elige popularmente para períodos de cuatro (4) años,
integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros, de acuerdo con la población
respectiva.
De tal forma y en cumplimiento de los deberes establecidos en la ley 136 de 1994 y
normas concordantes, tiene la obligación de dar cumplimiento a las mismas, dentro
del desarrollo de su gestión administrativa.
Es por ello que existe la necesidad de contar con el apoyo de un profesional que
asista a la Corporación en todos los asuntos que sean de su competencia, de manera
que con este acompañamiento nuestra entidad pueda estar al día con todos y cada
uno de los requerimientos de entes de control, en temas de contratación estatal,
proyección y revisión e (sic) actos administrativos, contestación de medios de control
y estar atento a las acciones constitucionales donde sea requerido el Concejo
Municipal de Castilla la Nueva.
Que en razón al cumulo (sic) de actividades que desempeña el Concejo Municipal de
Castilla la Nueva, se hace necesario contratar un profesional que cuente con la
idoneidad y conocimiento para que apoye las actividades en materia del
funcionamiento de la entidad y en tema de contratación en sus diferentes etapas
y realice apoyo constante en las diferentes actividades que adelante el Concejo
Municipal, como contestar las solicitudes que se alleguen por parte de la
comunidad y entes de control etc, situación que fortalecería el equipo de trabajo.
En consecuencia, es necesario garantizar durante la presente vigencia como se
mencionó anteriormente con una persona natural, que cuente con más de dos
años de experiencia en el sector público o privado que brinde acompañamiento
y revisión a las actividades que sean de la completa competencia de la entidad
a la que represento.
Conforme a lo anterior se hace necesario que el Concejo Municipal de Castilla la
Nueva, suscriba un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales cuyo objeto
sea: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA
40
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 56.
41
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página ibidem.
21
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
LOS DIFERENTES ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE CASTILLA LA NUEVA-META Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN ESTATAL”. […]”. (Negrilla del texto).
113. En el capítulo “[…] Forma de la prestación del servicio […]”42 se indicó que
el contrato de prestación de servicios profesionales no genera ningún tipo de
subordinación, ni implica el cumplimiento de horarios; y que, “[…] En este sentido el
servicio será prestado según las tareas que el supervisor asigne al contratista,
quien prestará los servicios profesionales como asesor para los diferentes
asuntos de competencia del concejo Municipal de Castilla la Nueva-Meta y
acompañamiento en los procesos de contratación estatal de forma presencial
cuando se requiera en reuniones o sesiones del Concejo Municipal, y podrá
igualmente prestar sus servicios a través de los distintos medios tecnológicos,
virtuales o físicos cuando la necesidad del servicio lo imponga. Además de los
documentos propios de la prestación del servicio tales como proyectos de
documentos, conceptos, informes de evaluación etc, el contratista presentará
un informe mensual de las actividades adelantadas. […]”. (Negrilla fuera de
texto).
114. Se resalta adicionalmente que en el punto “[…] 1.3. Condiciones del contratista
[…]”43 se señaló que el perfil del profesional a contratar debe ser de un nivel que
incluya contador titulado y en ejercicio44.
115. Para efectos de acreditar el cumplimiento de los precitados requisitos, el señor
Justo Daniel Díaz Molina remitió su hoja de vida en formato persona natural45 con
anexos, de la cual se destaca lo siguiente: i) que fue concejal del municipio de
Villagarzón, departamento de Putumayo, durante los periodos constitucionales 2012
a 2015 y 2016 a 2019; ii) que se desempeñó como “[…] PROFESIONAL DE APOYO
[…]” en la dependencia de contratación de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible del Agro Colombiano entre el 4 de enero de 2021 y el 29 de diciembre
de 2023; y iii) que tiene la condición de contador público graduado y con tarjeta
profesional núm. 321.294-T.
116. Como anexos en torno a la condición de concejal municipal el señor Díaz Molina
aportó copia de los formatos E-27 expedidos por la comisión escrutadora de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales se hace constar que fue
elegido concejal del municipio de Villagarzón para los periodos constitucionales
2012 a 2015 y 2016 a 201946.
117. Asimismo, aportó certificación expedida el 2 de enero de 2024 por el señor
Manuel Antionio Achicanoy Martínez en su condición de representante legal de la
42
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 57.
43
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 58.
44
“[…] 3. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas y económicas de los procesos a cargo de la administración, la dificultad
antes dicha relacionada con los radicales cambios normativos, doctrinales y jurisprudenciales, y la alta responsabilidad que
el manejo de estos asuntos implica, el perfil del profesional a contratar debe ser de un nivel que incluya contador titulado y en
ejercicio. […]”.
45
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 36 a 38.
46
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 41 y 42.
22
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
Fundación para el Desarrollo Sostenible del Agro Colombiano – FUNDESAC en la
cual se hace constar que el señor Díaz Molina prestó sus servicios profesionales
mediante contrato de prestación de servicios núm. 011, desde el 4 de enero de 2021
hasta el 29 de diciembre de 2023 como “[…] Profesional de apoyo en el área de
contratación […]” y participación activa en la fase de formulación, ejecución y
evaluación de los siguientes proyectos:
117.1. Programa Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) financiados con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa de Consolidación
Territorial, Ecopetrol y de productores, en el marco de siete alianzas productivas en
cacao, caña panelera y frutales amazónicos, con las organizaciones de productores
de los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamo y Valle del Guamuez.
117.2. Apoyo de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial por intermedio
de la Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC,
mediante 8 memorandos de acuerdo firmados con FUNDESAC, para poblaciones
libres de ilícitos en los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís.
117.3. Proyectos apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR para
poblaciones víctima del conflicto en municipios de Valle del Guamuez y San Miguel,
mediante contratos suscritos con FUNDESAC.
118. La certificación indica que el señor Díaz Molina desempeñó en forma concreta
las siguientes funciones:
“[…] 1. Proyectar y revisar actos administrativos emitidos por la fundación.
2. Elaborar los estudios previos, actas de inicio, actas de liquidación, adiciones,
prorrogas de los contratos que sean suscritos por la fundación.
3. Asesar (sic) a la empresa en los temas concernientes de materia de contratación
estatal.
4. Elaborar los documentos relacionados con la etapa pre-contractual y pos-
contractual, de los procesos de contratación que le sean designados por la fundación.
5. Elaborar las minutas de los contratos, asesoría y realizar acompañamiento en los
procesos de suscripción de Convenios (sic)
7. (sic) Tener disponibilidad y responsabilidad para cumplir con lo estipulado en el
objeto del contrato (sic)
8. Elaborar para la empresa los informes de su competencia (sic)
9. Cumplir con el manejo de la información de la empresa según las políticas de
seguridad establecidas (sic)
10. Realizar el acompañamiento en las convocatorias públicas de su competencia
según el caso (sic)
12. (sic) Salvaguardar los recursos, los bienes y propiedad de la empresa asignados
bajo responsabilidad. […]”.
23
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
119. Aportó copia del diploma y acta de grado como contador público, expedidas el
31 de mayo de 2020, y de la tarjeta profesional de contador expedida por la Junta
Central de Contadores el 31 de enero de 202247.
120. Los documentos anteriores no fueron tachados por las partes o intervinientes,
ni por falsedad ni por desconocimiento, en los términos de los artículos 269 a 273
de la Ley 1564, siendo estas las figuras procesales previstas para desvirtuar la
presunción de autenticidad de los documentos aportados al proceso judicial como
prueba, sean estos documentos públicos, privados, originales o en copia.
121. En ese orden, los documentos anteriores se deben valorar al amparo de las
reglas de la libertad probatoria y de la sana crítica, teniendo en cuenta, en especial,
que conforme con los artículos 244, 246, 257, 260 y 262 de la Ley 1564: i) es
auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento; ii) los documentos públicos y los privados
emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados
o manuscritos, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso
o desconocidos, según el caso; iii) las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original; iv) los documentos privados tienen el mismo valor que los públicos y, por
ende, hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos
haga quien lo autoriza; y v) los documentos privados de contenido declarativo
emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su
contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.
122. La Sala considera que el señor Justo Daniel Díaz Molina cumplía los requisitos
para celebrar el contrato de prestación de servicios en la medida en que acreditó
experiencia por más de dos (2) años en el sector público o privado, conocimiento
sobre el funcionamiento del concejo municipal, sobre la contratación estatal y en
torno a la proyección de documentos, conceptos e informes; y, por último, acreditó
la condición de contador titulado y en ejercicio.
123. Seresalta que el Consejo de Estado48 ha considerado que las funciones
asignadas constitucional y legalmente a los concejos municipales permiten acreditar
47
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 43 a 45.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 24 de noviembre de 2005.
Radicado núm. 15001-23-31-000-2004-00457-02. Consejero Ponente, doctor Filemón Jiménez Ochoa. En esta sentencia se
consideró lo siguiente: “[…] En consecuencia el requisito de experiencia administrativa mínima de dos años de que trata el
inciso segundo del artículo 37 de la ley 136 de 1.994, se encuentra suficientemente acreditado, toda vez que, como lo señaló
el Tribunal de primera instancia, ésta se deduce de las funciones asignadas constitucional y legalmente a los Concejos
Municipales y a su Presidente, y para el caso del señor Jerez Pineda no sólo se desempeñó como Concejal del municipio de
Chíquiza durante dos períodos consecutivos –1.998-2.000 y 2.001-2.003–, sino que además durante el año 2.001 fue
Presidente de esa Corporación. […]”.
Asimismo, ver sentencia de 18 de abril de 1997. Radicado núm. 1628. C.P. doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía. En esta
sentencia se consideró lo siguiente: “[…] El sub-secretario de la Cámara de Representantes a folio 273 hace constar, que el
doctor JOSÉ FERNANDO CASTRO CAYCEDO fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral de
Bogotá, para el período constitucional 1991-1994, que tomó posesión del cargo el día 1 de diciembre de 1991 y lo ejerció
durante todo el período sin interrupciones.
Sin dubitación alguna considera la Sala que en su condición de congresista el Dr. CASTRO CAYCEDO realizó actividades
jurídicas durante el período constitucional respectivo.
El hecho deviene implícito en las mismas normas del orden constitucional que establecen las funciones del congreso.
24
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
experiencia administrativa -incluso profesional y relacionada- en torno al ejercicio
de las funciones propias de la corporación pública de elección popular, teniendo en
cuenta que los concejales son servidores públicos y que la condición de concejal y
sus funciones se ejercen y se encuentra reguladas en la Constitución Política y en
la ley.
124. Adicional a lo anterior, la certificación de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible del Agro Colombiano, que se reitera no fue tachada y se presume
auténtica, evidencia que el contratista en su condición de “[…] Profesional de apoyo
en el área de contratación […]” participó en forma activa en la fase de formulación,
ejecución y evaluación de diversos proyectos con entidades públicas, privadas y
organismos no gubernamentales, en las cuales cumplió las siguientes funciones: i)
“[…] Proyectar y revisar actos administrativos emitidos por la fundación […]”; ii) “[…]
Elaborar los estudios previos, actas de inicio, actas de liquidación, adiciones,
prorrogas de los contratos que sean suscritos por la fundación […]”; iii) asesorar a
la fundación en temas concernientes a la contratación estatal; iv) elaborar
documentos relacionados con las etapas “[…] pre-contractual y pos-contractual, de
los procesos de contratación que le sean designados por la fundación […]”; iv) “[…]
Elaborar las minutas de los contratos, asesoría y realizar acompañamiento en los
procesos de suscripción de Convenios […]”; y, entre otras, v) elaborar informes,
manejar información y realizar acompañamiento en convocatorias públicas.
125. Por lo anterior, la Sala considera que el accionante no cumplió con la carga
prevista en el artículo 167 de la Ley 1564, que le imponía probar que la celebración
del contrato de prestación de servicios CM-CPS-001 de 2024 entre el Concejo
Municipal de Castilla La Nueva y el señor Justo Daniel Díaz Molina para la
prestación de servicios profesionales como asesor en los diferentes asuntos de
competencia del concejo municipal y acompañamiento en los procesos de
contratación estatal, constituya una indebida destinación de dineros públicos por
alguna de las situaciones anteriormente indicadas.
126. Por el contrario, la Sala considera que la celebración del contrato de prestación
de servicios CM-CPS-001 de 2024 estaba justificada en torno a garantizar la
prestación del servicio público a cargo del concejo municipal de Castilla La Nueva y
a la ausencia de personal que asesorara a la entidad en torno a los temas objeto
del contrato.
127. Asimismo, la celebración del contrato se fundamentó en recursos apropiados en
el plan de adquisiciones del año 2024 para efectos de dicha contratación y
adicionalmente el señor Justo Daniel Díaz Molina cumplía los requisitos para
celebrar el contrato de prestación de servicios conforme se indicó anteriormente.
Según el artículo 150 de la Carta corresponde al congreso hacer las leyes, ejercer las funciones que en amplio catálogo
consagra la disposición.
Las actividades de los congresistas implican una constante actuación dentro del campo del derecho como elemento esencial
del ejercicio de parlamentario.
Ahora, si quien cumple este ejercicio es abogado inscrito, el tiempo que ostente tal investidura es válido para acreditar el
requisito del ejercicio profesional requerido por la Constitución Nacional para aspirar a ciertos cargos dado que se ejerce
sobre la base de la ley. […]”.
25
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
128. Porende, el argumento del recurso de apelación no tiene vocación de
prosperidad.
II.5.3.2. La ejecución del contrato CM-CPS-001 de 2024 por el señor Justo
Daniel Díaz Molina
129. En síntesis, el accionante manifestó en su recurso de apelación que estaba
probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina había actuado como asesor jurídico
en el marco de la ejecución del contrato CM-CPS-001 de 2024 y que ello
configuraba indebida destinación de dineros públicos por aplicación de dineros
públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o
reglamentariamente establecido.
130. Como se indicó anteriormente, el contrato CM-CPS-001 de 2024, cuyo objeto
fue la “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR
PARA LOS DIFERENTES ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA-META Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL […]”, se celebró entre el Concejo
Municipal de Castilla La Nueva y el señor Justo Daniel Díaz Molina por valor de
cincuenta y tres millones cien mil pesos ($53.100.000,oo) para ser ejecutado en un
plazo de once (11) meses y veinticuatro días y se estableció como forma de pago
la siguiente: once (11) pagos mensuales de cuatro millones quinientos mil pesos
($4.500.000,oo) y un último pago de tres millones seiscientos mil pesos
($3.600.000) 49.
131. Dicho contrato se fundamentó en el certificado de disponibilidad presupuestal
núm. 2024000002 de fecha 5 de enero de 202450 expedido por la contadora del
concejo municipal, en el cual se certifica la existencia de saldo presupuestal libre de
afectación por valor de cincuenta y tres millones cien mil pesos ($53.100.000,oo) en
la cuenta G.F.CON.2.1.2.02.02.00851 para respaldar la celebración del mismo.
132. En el contrato se estableció en su cláusula quinta las obligaciones de las partes
en el siguiente sentido:
“[…] CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL
CONCEJO. 1) Exigir al contratista le ejecución idónea del objeto del contrato. 2)
Constituir las Reservas Presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.
3) Hacer los pagos en los términos convenidos. 4) Vigilar la debida y oportuna
ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.5)
Designar un funcionario que supervise la ejecución del Contrato. DE LA
CONTRATISTA: 1) Ejecutar idónea oportunamente el objeto del contrato. 2)
Asesorar al Concejo Municipal en todos los asuntos que sean de su
competencia. 3) Proyectar y revisar los actos administrativos que sean
49
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 65 a 70. En especial, ver las cláusulas primera, segunda
y tercera.
50
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 52 y 53.
51
El nombre de la cuenta es “[…] Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Concejo Municipal/
INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACIÓN […]”.
26
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
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expedidos en el Concejo Municipal. 4) Proyectar las respuestas a los derechos
de petición, acciones Constitucionales. 5) Proyectar las respuestas de los
requerimientos de entes de control. 6) Proyectar estudios previos, actas de
inicio, actas de liquidación, adiciones, prorrogas de los contratos que sean
suscritos por el Concejo Municipal de conformidad con las normas que rigen la
materia. 7) Brindar asesoría al Concejo Municipal en todos los temas
concernientes en materia de contratación estatal. 8) Realizar Informe de
Evaluación previa designación del presidente del Concejo las propuestas de los
proponentes dentro de los procesos de mínima cuantía. 9) Asesorar en el estudio
de los proyectos de acuerdo que sean de conocimiento del Concejo Municipal.
10) Elaborar conceptos que sean requeridos por el Presidente y demás
Concejales de la Corporación. 11) Garantizar y responder por la buena gestión del
contrato. 12) Cumplir con el objeto estipulado en el contrato de prestación de servicios
profesionales y acatar las sugerencias y recomendaciones por parte del supervisor.
13) El contratista se obliga a prestar el servicio profesional al concejo municipal de
castilla la nueva, meta.14) Realizar y proyectar los demás documentos
relacionados con la etapа pre-contractual y pos-contractual, de los procesos de
contratación que le sean designados por el Supervisor. 15) Acompañar las
diferentes audiencias o reuniones que se realizan en virtud de la gestión
precontractual, contractual y post contractual. 16) Elaborar las minutas de los
contratos que se requieran, por parte del Concejo Municipal de Castilla la
Nueva. 17). realizar asesoría у acompañamiento al proceso de suscripción de
Convenio para la elección de Funcionarios de competencia del Concejo Municipal.
18) Tener disponibilidad y responsabilidad para cumplir con lo estipulado en el objeto
contractual. 19) Velar por la correcta aplicación de las normas en todos los procesos
adelantados por el concejo, que se pongan en su conocimiento. 20) Elaborar para la
firma de quien corresponda los informes de competencia que exigen los
órganos de control del orden nacional y en general para el registro y remisión
de información solicitada al concejo. 21) Cumplir con el manejo de la información
plasmados en las políticas de seguridad establecidas por la entidad. 22) Acatar las
órdenes impartidas por el Presidente del Concejo. 23) Resolver las consultas de los
Concejales en temas propios del Concejo Municipal. 24) Realizar
acompañamiento en las convocatorias públicas de competencia del Concejo
Municipal para la elección de funcionarios. 25) Cumplir con las obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23
de la Ley 1150 de 2007). […]”. (Destacado fuera de texto).
133. Se encuentra probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina inició la ejecución
del contrato CM-CPS-001 de 2024 el 5 de enero de 202452 y que esta se realizó
hasta el 4 de agosto de 2024, con ocasión de la cesión del contrato al señor Mauricio
Vega Rueda, según consta en el acta de cesión de 5 de agosto de 202453.
134. Al proceso se aportaron los informes de actividades del contrato de prestación
de servicios profesionales CM-CPS-001 de 2024 suscritos por el señor Justo Daniel
Díaz Molina los días: i) 5 de febrero de 202454 (correspondiente al periodo 5 de
enero al 5 de febrero de 2024); ii) 5 de marzo de 202455 (correspondiente al periodo
5 de febrero al 5 de marzo de 2024); iii) 5 de abril de 202456 (correspondiente al
periodo 5 de marzo al 5 de abril de 2024); iv) 5 de mayo de 202457 (correspondiente
al periodo 5 de abril al 5 de mayo de 2024); v) 5 de junio de 202458 (correspondiente
52
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 71. Acta de inicio del contrato.
53
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 281 a 285.
54
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 77 a 79.
55
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 95 a 97.
56
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 162 a 164.
57
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 180 a 182.
58
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 228 a 230.
27
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
al periodo 5 de mayo al 5 de junio de 2024); vi) 5 de julio de 202459 (correspondiente
al periodo 5 de junio al 5 de julio de 2024); y vii) 4 de agosto de 202460
(correspondiente al periodo 5 de julio al 4 de agosto de 2024).
135. En dichos documentos se hizo constar que el contratista: i) asesoró al concejo
municipal en asuntos de competencia de la entidad; ii) proyectó respuestas a
diversos requerimientos; iii) proyectó estudios previos, actas de inicio, liquidación y
prórrogas de diversos contratos de prestación de servicios celebrados por la
entidad; iv) asesoró al concejo municipal en materias de contratación estatal; v)
asesoró y acompañó al con concejo municipal en la elección del personero; vi)
acompañó y asesoró al concejo en las convocatorias públicas para elección y
contratación de funcionarios y contratistas; vii) proyectó y revisó actos
administrativos; viii) proyectó respuestas a requerimientos realizados por la
Procuraduría General de la Nación y de otros entes de control; ix) estudió y asesoró
al concejo municipal en el trámite de proyectos de acuerdo; x) realizó informes de
evaluación previa de propuestas de proponentes dentro de procesos de mínima
cuantía; y xi) participó en audiencias de cierre de procesos de contratación del
concejo municipal, entre otros.
136. Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta que el señor Justo Daniel Díaz
Molina, en el marco de la ejecución del Contrato CM-CPS-001 de 2024, elaboró y
revisó varios documentos contractuales61, participó en diversas sesiones62 del
concejo municipal de Castilla La Nueva, entre ellas las sesiones de 6 63 y 2064 de
febrero de 2024. Lo anterior fue ratificado por el contratista en la declaración que
rindió, según consta en el acta de la audiencia de pruebas de 11 de agosto de 2025.
59
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 245 a 247.
60
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 262 a 264.
61
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 88, 100, 136, 137, 149, 167, 174, 185, 192, 203, 214,
233, 241, 256, 257, 272, 273, 298, 308, 317, 327, 337, 345 y 354.
62
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia.
63
“[…] toma el uso de la palabra el concejal MARIO ALBERTO PERDOMO dice: ¿Cuántos se necesitan?, toma el uso de la
palabra la secretaria general del concejo dice: los que quieran hacer parte de esta comisión, toma el uso de la palabra el
asesor del concejo DANIEL DIAZ dice: como es una comisión accidental no tiene límites si quieren ser la mitad de los
concejales no hay inconveniente, […]”.
“[…] toma el uso de la palabra el asesor del conejo DANIEL DIAZ dice: doctor Yo sé que el tiempo apremia pero aprovechando
que estamos en la plenaria entonces es para dar claridad con respecto a la autorización de acogerle ya como en la parte de
la asesoría del concejo y de parte de la presidencia ya lo habíamos hablado pero pues queríamos hacerlo directamente desde
este escenario pues que estuviera hacienda para darle claridad a los concejales entonces que una de las alternativas es la
autorización para no seguir generando una deuda porque ahorita nosotros entonces tendremos que hacer la autorización de
enero febrero marzo abril y mayo entonces este cheque de unidad se va a ver un poquito afectado porque van a ser los cinco
meses en las sesiones de mayo ya entonces solo sería por tres meses junio julio y agosto porque nosotros volvemos en
agosto acuérdese que en los cheques de las extraordinarias no lo tocamos porque no lo podemos tocar pero entonces para
que quede como en contexto para que se vayan familiarizando ahorita que de esas 15 sesiones digamos del mes de febrero
se van a ver afectadas con el fin de a no ser que alguno de los concejales que pague de su cuenta aparte vaya y haga su
respectivo pago y nosotros igualmente no estaría sujeto a cualquier amonestación pero no va a ser impuesto en ningún
mandato de la presidencia de parte de la presidencia del concejo sino cada concejal que firme por su voluntad la autorización
se le va a hacer el descuento para el pago en una única planilla a la secretaría de hacienda entonces para dar claridad ese
sería el conducto regular […]”.
64
“[…] toma el uso de la palabra la presidenta del concejo NANCY SEMANATE MEDELLIN dice: gracias sí tocaría entonces
revisar Y pues si hay que cambiarle algo entonces haríamos, secretaria te encargo eso, lo que el concejal Jhon Deyber dice
que en el 2020, toma el uso de la palabra el asesor DANIEL DIAZ dice: como esto fue una comisión accidentada ellos tienen
un tiempo definido es exclusivamente para atender los procesos y se termina ya ahorita esa comisión no está y están ustedes
si crean una parecida, igual o una similar donde incluya los fines del proceso, toma el uso de la palabra la presidenta del
concejo NANCY SEMANATE MEDELLIN dice: Gracias por esa observación […]”.
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137. Asimismo, el contratista intervino en su condición de asesor en las sesiones de
165, 766, 867 y 3068 de mayo de 202469.
65
“[…] tiene el uso de la palabra el asesor del concejo DANIEL DIAZ dice: Gracias presidente vamos a dar una claridad ya
que se radicaron dos proposiciones en la secretaría del consejo entonces en cumplimiento del artículo 60 de reglamento
interno entonces los concejales que radicaron es el concejal Mario Perdomo y la concejal Eulalia entonces hacerle una claridad
que las dos proposiciones radicadas no va a ser tenidas en cuenta se le recomienda que la vuelvan a erradicar porque se
radicaron por fuera de la apertura de las sesiones de que se periodo de sesiones por lo tanto están por fuera de la ley entonces
se recomienda vuelvan a erradicarlas hoy para que sean sometidas a consideración para aprobación y darle el feliz trámite
entonces por qué lo hacemos lo que estamos haciendo es brindar todo a la aplicabilidad de la normatividad vigente que tiene
el consejo que están para por el reglamento interno entonces al radicarles antes de que se diera la instalación del periodo de
sesiones ordinarias quedaron por fuera entonces por eso se le solicita que la vuelvan a radicar para que queden la trazabilidad
dentro del correo electrónico como la política el artículo 60 Gracias presidenta, toma el uso de la palabra la presidenta del
concejo NANCY SEMANATE MEDELLÍN dice: gracias Daniel por esa aclaración […]”. 66
“[…] toma el uso de la palabra el asesor del concejo DANIEL DIAZ dice: bueno Buenos días para todos, haciendo claridad
en el marco del contexto de lo que hoy se está manejando las nuevas directrices del concejo municipal de parte del equipo
asesor y en atención a las recomendaciones del equipo jurídico de revisión de acuerdos municipales de la gobernación del
departamento del meta por eso se ha implementado estas nuevas medidas de aplicabilidad del reglamento interno en todo el
sentido de la palabra como ustedes pueden mirar la trazabilidad de anteriores vigencias se había venido manejando así en el
período de sesiones de febrero se manejó así pero a partir de este periodo ya se va a manejar de esta directriz, todo concejal
como lo habla el reglamento interno en su artículo 124 quien tenga intención para hacer control político y la citación a los
diferentes secretarios o entidades adscritas al gobierno municipal se deben hacer mediante proposición en la plenaria que
puede ser mediante escrita o como se hizo ayer así mismo la proposición al ser aprobada como lo habla el mismo artículo
pasa a ser el cuestionario el 124 del título 10 entonces, qué nos habla del control político que se hace mediante los concejales
ahora las directrices que se envió desde el equipo jurídico de la gobernación entonces la estamos llevando a cabo con el fin,
con qué fin por qué porque hay más del 80% según la gobernación de los acuerdos municipales que se están revisando que
se están declarando inválidos o que tienen vicios jurídicos entonces con el fin de que Castilla la nueva blindar ese tema
jurídico se ha tomado estas directrices de parte de la mesa directiva para llevar este fin ahora sabemos que va a ser un poco
caótico tal vez la implementación pero a todos se les pide también que lo hagamos de la mejor manera con el fin de poderle
dar un mejor orden y una organización, que si antes se había venido manejando así no quiere decir que ahora lo vamos a
seguir dando la misma continuidad entonces en ese orden se viene manejando así, por eso como ya estaban radicadas
automáticamente se toman como proposiciones inmersas entonces no es otro el fin que se le viene dando […]”.
“[…] toma el uso de la palabra el asesor del concejo DANIEL DIAZ dice:
Gracias presidenta, con respecto a plan de desarrollo
una de las directrices que se ha tomado de parte desde la mesa directiva es construir un cronograma precisamente enfocado
para que se le dé un trabajo amplio con todos los secretarios de despacho que tengan que ver con los diferentes sectores
que están inmersos dentro del plan y así mismo el equipo consultor Que elaboró el plan de desarrollo ¿cuál es la idea? La
idea es que aquí se construya en plenaria el cronograma donde se van a debatir ampliamente todos los sectores para que
cada uno de los concejales ya que fue elegido por el pueblo pueda llevar también el mensaje Qué es lo que hay y qué es lo
que no hay en el plan de desarrollo y qué es lo que se está estudiando en plenaria obviamente como todos lo saben el
proyecto está en informe de ponencia sabemos que todo lo que vamos a hacer ahora va a ser un conversatorio porque no
podemos tomar decisiones hasta que el proyecto no esté en la plenaria que el debate esté abierto entonces cuál es la idea
que sé abra ahorita el cronograma por eso no se ha construido un cronograma se lo dejo libre para que sea aquí la plenaria
que se ponga de acuerdo a qué sectores y con qué sector se va a comenzar del plan de desarrollo para hacer el estudio van
a haber incluso como lo escucharon al secretario de planeación ayer, que se van a hacer algunos diálogos directos con la
comunidad con el fin de concientizar a la comunidad y mostrar el plan de desarrollo hacia la comunidad y que tenga
participación en lo que se va a socializar entonces van a ver incluso algunas reuniones que se van a hacer fuera del recinto
para dar participación ciudadana entonces la invitación es que a partir de hoy se construya el cronograma de plan de
desarrollo, toma el uso de la palabra el concejal JHON DEYBER RAMIREZ QUINTERO dice: doctor será que puede la solicitud
mía de que si usted me puede hacer llegar al correo que no se va a llegar ningún secretario para hacer el control político sino
para trabajar en plan de desarrollo su Merced me podría hacerme el favor de hacérmelo llegar, toma el uso de la palabra el
asesor DANIEL DÍAZ dice efectivamente concejal, […]”. 67
“[…] PROPOSICIONES Y VARIOS. Toma el uso de la palabra la presidenta del concejo NANCY SEMANATE MEDELLIN dice: estamos en proposiciones y varios
honorables concejales, toma el uso de la palabra el asesor del concejo DANIEL DIAZ dice: buenos días para todos honorables
concejales como lo pueden ver sobre sus escritorios está el plan de desarrollo en medio físico, la idea es que podamos
organizar un cronograma para empezar a abordar todos los temas a tratar, del plan de desarrollo punto por punto para ir
avanzando antes del que proyecto salga a plenaria, Toma el uso de la palabra la presidenta del concejo NANCY SEMANATE
MEDELLIN dice: alguien tiene otra proposición o un vario, entonces concejales quedamos convocados para el día martes
seis de la tarde ya que yo tengo capacitación con la contraloría y es obligatoria, entonces nos vemos el martes con la bendición
de Dios compañeros a las seis de la tarde, que tenga un buen y bendecido día para todos gracias a la comunidad que se
conectó por el Facebook live, toma el uso de la palabra el asesor del concejo DANIEL DIAZ dice: para ese tema llego una
citación de la contraloría y ustedes saben que por ser la representante legal del concejo, entonces es de carácter obligatorio
por esta razón no va haber sesión jueves y viernes. […]”.
68
“[…] toma el uso de la palabra el asesor DANIEL DÍAZ dice: orden del día llamado a lista, verificación del quórum, segundo
lectura discusión y aprobación del orden del día, tercero lectura discusión y aprobación del acta anterior sesión ordinaria
número 033 del 2024, cuarto segundo debate proyecto de acuerdo número 04 del 2024 por medio del cual se aprueba y se
adopta el plan de desarrollo, quinto segundo debate del proyecto de acuerdo número 06 del 2024 por medio del cual se crea
el concurso público para lo del escudo y sexto lectura de comunicaciones, séptimo proposiciones y varios, toma el uso de la
palabra el concejal MARIO ALBERTO PERDOMO dice: presidenta en el orden del día no va la intervención del secretario de
hacienda para el debate ni este convocado para el debate ni lo citamos el día de ayer, toma el uso de la palabra el asesor
DANIEL DÍAŹ dice: precisamente el secretario de planeación hoy hace presencia precisamente porque el proyecto de acuerdo
ya está en debate sobre la mesa como lo pudieron observar la presidenta abrió el debate ya entonces la intervención de él
está incluida en ese porqué por la proposición realizada por el concejal Luis, toma el uso de la palabra el concejal MARIO
ALBERTO PERDOMO dice: presidenta otra noción de orden el asesor no tiene por qué estar hablándonos a nosotros,
nosotros somos los nueve concejales, toma el uso de la palabra la presidenta del concejo NANCY SEMANATE MEDELLÍN
dice: concejal Mario precisamente es el asesor esta para eso y como nosotros somos bruticos, entonces lo tenemos acá para
que nos ayuden nos aclare las situaciones para no incurrir en alguna equivocación continúe doctor palma […]”. 69
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Documento 71. Páginas 110, 119, 122, 123, 129, 142, 177, 189
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Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
138. El cumplimiento de las funciones fue certificado por la accionada, en su
condición de supervisora del contrato y presidenta del Concejo Municipal de Castilla
La Nueva, según consta en los oficios e informes de supervisión de 5 de febrero, 5
de marzo, 5 de abril, 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio y 5 de agosto de 202470. Por
ende, se autorizó el pago de las respectivas facturas; pagos que fueron realizados
según los certificados de egreso y órdenes de pago suscritos por la contadora y por
la presidenta del concejo municipal, en su condición de ordenadora del gasto.
139. La Sala considera que las pruebas aportadas al proceso, las cuales se reitera,
no fueron tachadas por las partes o intervinientes, permiten acreditar que el señor
Justo Daniel Díaz Molina cumplió las obligaciones contractuales previstas en el
contrato de prestación de servicios CM-CPS-001 de 2024 y, en consecuencia, los
pagos realizados al contratista tuvieron origen en la contraprestación económica
derivada de la prestación de los servicios al concejo municipal de Castilla La Nueva,
sin que se pueda concluir, como lo explica el accionante, que la concejal accionada
haya incurrido en indebida destinación de dineros públicos por aplicación de dineros
públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o
reglamentariamente establecido.
140. Tampoco está probado que el señor Justo Daniel Díaz Molina hubiere actuado
como asesor jurídico, en el marco de la ejecución del contrato CM-CPS-001 de
2024, como lo alega el accionante.
141. En todo caso: i) dicha situación no constituye la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos en la medida en que es un reclamo
subjetivo a la conducta de una persona diferente al miembro de la corporación
pública de elección popular respecto de la cual se presenta la demanda, a saber, la
señora Nancy Semanate Medellín; ii) se trata de una percepción subjetiva del
accionante y de algunos de los testigos, en relación con la cual no se especifica en
forma concreta la razón por la cual constituye indebida destinación de dineros
públicos de la accionada; iii) se encuentra probado con las actas de las sesiones
realizadas los días 6 y 20 de febrero; y 1, 7, 8 y 30 de mayo de 2024, que el
contratista actuó como “asesor” y no como “asesor jurídico”; y, en todo caso, que
cumplió con las obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de
servicios CM-CPS-001 de 2024, razón por la cual los pagos realizados por su
condición de contratista del concejo municipal se encuentran justificados en la
obligación contractual del municipio y de su presidenta como ordenadora del gasto
de “[…] Hacer los pagos en los términos convenidos […]”, como contraprestación
de los servicios prestados por el señor Díaz Molina, y en el cumplimiento de los fines
generales del concejo municipal para efectos de garantizar la prestación del servicio
público.
142. Porende, el argumento del recurso de apelación no tiene vocación de
prosperidad.
70
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 81, 100, 167, 185, 233, 257 y 273.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
II.5.3.3. El cumplimiento de funciones por parte del señor Mauricio Vega Rueda
y la condición de asesor jurídico del señor Eduard Andersson Stiven Díaz
Gamez
143. El accionante manifestó en su recurso de apelación que estaba probado que el
señor Mauricio Vega Rueda, cesionario del contrato CM-CPS-001 de 2024 a partir
del 5 de agosto de 2024, no asistió a las sesiones plenarias ni de comisión del
concejo municipal y que, por ello, no habría cumplido con dos de las obligaciones
específicas del contrato, a saber: “[…] 10. Elaborar conceptos que sean requeridos
por el Presidente y demás Concejales de la Corporación […]” y “[…] 23. Resolver
las consultas de los Concejales en temas propios del Concejo Municipal […]”.
144. Agregó que ello constituye prueba de que el señor Mauricio Vega Rueda no
ejecutó el contrato de prestación de servicios y que quien lo ejecutó materialmente
fue el señor Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez, quien sí asistió a algunas
sesiones del concejo municipal, asesoró a la mesa directiva y no tenía contrato
alguno celebrado con la corporación pública de elección popular.
145. Para resolver, se encuentra probado que el 5 de agosto de 2024 71, previo el
trámite contractual correspondiente y autorización de la entidad contratante72, el
señor Justo Daniel Díaz Molina cedió al señor Mauricio Vega Rueda el contrato de
prestación de servicios CM-CPS-001 de 2024.
146. El acta de cesión de 5 de agosto de 202473 indicó en su cláusula cuarta que con
ocasión de la cesión contractual no se modificarían las estipulaciones del contrato
de prestación de servicios CM-CPS-001 de 2024, las cuales permanecían vigentes
y eran exigibles, lo que implica que las obligaciones del contratista previstas en la
cláusula quinta, sobre las obligaciones de las partes, se mantenía vigente y sin
modificaciones.
147. Al proceso se aportaron los informes de actividades del contrato de prestación
de servicios profesionales CM-CPS-001 de 2024 suscritos por el señor Mauricio
Vega Rueda los días: i) 4 de septiembre de 202474 (correspondiente al periodo 5 de
agosto al 4 de septiembre de 2024); ii) 4 de octubre de 202475 (correspondiente al
periodo 5 de septiembre al 4 de octubre de 2024); iii) 4 de noviembre de 202476
(correspondiente al periodo 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024); iv) 5 de
diciembre de 202477 (correspondiente al periodo 5 de noviembre al 4 de diciembre
de 2024); y iv) 29 de diciembre de 202478 (correspondiente al periodo 5 de diciembre
al 29 de diciembre de 2024).
71
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 281 a 285.
72
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 355 y 356. Resolución núm. 064 de 5 de agosto de 2024,
“[…] Por medio de la cual se autoriza la cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.° CM-CPS-001-2024
[…]”.
73
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 285.
74
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 488 a 490.
75
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 508 a 510.
76
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 467 a 469.
77
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 524 a 526.
78
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 540 a 542.
31
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
148. En dichos documentos se hizo constar que el contratista: i) asesoró al concejo
municipal en asuntos de competencia de la entidad; ii) proyectó y revisó actos
administrativos expedidos en esa vigencia; iii) proyectó y respondió requerimientos
realizados por el concejo municipal; iv) asesoró al concejo municipal en asuntos de
su competencia y en materia de contratación estatal; v) asesoró al concejo en el
estudio de proyectos de acuerdo sometidos a su revisión; vi) prestó cuando le fue
requerido sus servicios profesionales en las reuniones y sesiones del concejo
municipal; vii) elaboró para firma informes dirigidos a los entes de control; viii)
resolvió consultas formuladas por los concejales; y, entre otras, ix) cumplió con las
asignaciones que le hizo la presidenta del concejo municipal.
149. Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta que el señor Mauricio Vega
Rueda, en el marco de la ejecución del Contrato CM-CPS-001 de 2024, elaboró y
revisó diversos documentos contractuales79, lo cual fue ratificado en forma
coincidente en los testimonios rendidos por el mismo Mauricio Vega Rueda y por la
secretaria del concejo municipal, señora Nayiber Olaya Perrilla.
150. Se resalta, en especial, que en la declaración que rindió el testigo Mauricio Vega
Rueda el 11 de agosto de 2025, este explicó la forma en que ejecutó el contrato de
prestación de servicios, indicó que en algunas oportunidades resolvió consultas de
concejales, pero que por regla general, las consultas se canalizaban a través de la
presidenta de la corporación, que si bien no asistía a las sesiones del concejo si las
veía en diferido y que por la naturaleza del contrato y de las exigencias
contractuales, solamente tuvo que asistir entre 3 o 4 veces al concejo municipal. El
testigo indicó adicionalmente que asesoró algunos procesos precontractuales y
contractuales del concejo, en especial, refirió un proceso de fumigación y control de
plagas y vectores y sobre la actualización del reglamento interno del concejo
municipal.
151. Si bien es cierto, se aportó certificación suscrita por el presidente del concejo
municipal de Castilla La Nueva el 11 de septiembre de 202580 en la cual se hace
constar que “[…] Respecto al señor MAURICIO VEGA RUEDA, no existe ningún
acta o grabación en la que él intervenga en una sesión de la corporación para el
año 2024. […]”, la Sala considera que, contrario a lo manifestado por el accionante,
dicha situación no es indicativa de que el contratista no hubiere ejecutado el objeto
contractual si se tiene en cuenta que los estudios previos y el Contrato CM-CPS-
001 de 2024 fueron claros en torno a que el servicio sería prestado teniendo en
cuenta lo siguiente: “[…] Forma de la prestación del servicio: En primera medida
debe ponerse de presente que el contrato de prestación de servicios profesionales
no genera ningún tipo de subordinación, ni implica el cumplimiento de
horarios. […] En ese sentido el servicio será prestado según las tareas que el
supervisor asigne al contratista, quien prestará los servicios profesionales como
asesor para los diferentes asuntos del concejo Municipal de Castilla la Nueva-Meta
79
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 464, 476, 487, 493, 507, 513, 521, 533, 537, 549 y 552.
80
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Páginas 11 y 12.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
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y acompañamiento en los procesos de contratación estatal de forma presencial
cuando se requiera en reuniones o sesiones del Concejo Municipal, y podrá
igualmente prestar sus servicios a través de los distintos medios
tecnológicos, virtuales o físicos cuando la necesidad del servicio lo imponga
[…]”81. (Negrilla fuera de texto).
152. En todo caso, el cumplimiento de las funciones fue certificado por la accionada,
en su condición de supervisora del contrato y presidenta del Concejo Municipal de
Castilla La Nueva, según consta en los oficios e informes de supervisión de 5 de
septiembre, 4 de octubre, 4 de noviembre, 5 de diciembre y 29 de diciembre de
202482 y se autorizó el pago de las respectivas facturas; pagos que fueron
realizados según los certificados de egreso y órdenes de pago suscritos por la
contadora y por la presidenta del concejo municipal, en su condición de ordenadora
del gasto.
153. Los documentos anteriores no fueron tachados por las partes o intervinientes,
ni por falsedad ni por desconocimiento, en los términos de los artículos 269 a 273
de la Ley 1564. En consecuencia, se presume su autenticidad.
154. En ese orden de ideas, la Sala considera que las pruebas aportadas al proceso
permiten acreditar que el señor Mauricio Vega Rueda cumplió y ejecutó en forma
personal las obligaciones contractuales previstas en el contrato de prestación de
servicios CM-CPS-001 de 2024 y, en consecuencia, los pagos realizados al
contratista tuvieron origen en la contraprestación económica derivada de la
prestación de los servicios personales al concejo municipal de Castilla La Nueva,
sin que se haya probado por el accionante que la concejal accionada hubiere
incurrido en indebida destinación de dineros públicos.
155. No está probado, como lo alega el accionante en el recurso de apelación, que
el contrato de prestación de servicios CM-CPS-001 de 2024 hubiere sido ejecutado
materialmente por el señor Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez y mucho menos
que este tuviera algún tipo de vinculación con el concejo municipal de Castilla La
Nueva o que tuviera la condición de asesor jurídico del concejo, con ocasión de la
participación de esta persona en una de las sesiones del concejo municipal.
156. Se aportó al proceso la certificación suscrita por el presidente del concejo
municipal de Castilla La Nueva el 11 de septiembre de 2025 83 en la cual se hace
constar que el ciudadano Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez participó en la
sesión ordinaria del concejo municipal realizada el 22 de agosto de 2024.
157. Consta en el acta núm. 46 de 22 de agosto de 202484 que se abordaron diversos
asuntos, entre ellos, el informe de comisión del proyecto de acuerdo núm. 1085 y los
81
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 57 y 58.
82
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 493, 513, 464, 521 y 537.
83
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Páginas 11 y 12.
84
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Páginas 215 a 268
85
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA FISCAL […]”.
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informes de ponencia de los proyectos de acuerdo núms. 1186, 1287 y 1388. En el
punto décimo, sobre proposiciones y varios, se registró la intervención del
ciudadano89 en el siguiente sentido:
“[…] tiene el uso de la palabra el doctor EDUARD DIAZ dice: muy buenas noches
concejales Eduard Díaz cpc apoyo jurídico de allí de la alcaldía de Castilla nueva
en ese tema se pueden identificar varias cosas honorable concejal existen el
municipio una tasa que se llama la tasa pro deporte que es la que sirve como
financiación para temas de escenarios deportivos formación deportiva y también se
puede implementar según su correo que revisamos desde la alcaldía y desde el
consejo municipal un correo donde él expresa un modelo de acuerdo municipal pero
no con el formato de acuerdo municipal teniente A qué se lo pongo un poquito más
allá en otros municipios se hizo un acuerdo municipal de caracterización de
deportistas de alto rendimiento y donde se crea un plan de beneficios a los deportistas
desde lo municipal o departamental lo nacional paralímpicos del municipio para eso
la fuente de financiación va radicada a la tasa que si no estoy mal el municipio de
Castilla en el período anterior periodo 2020-2023 aprobaron la tasa pro deporte y eso
sirve fuente de financiación para poder entablar una línea de crecimiento deportiva de
los formadores desde las escuelas de formación deportiva y los deportistas de alto
rendimiento concejales para poderlos ayudar y guiar en ese proceso de
caracterización deportistas de alto rendimiento con base en la tasa por deporte que
está acá adoptada por ustedes honorable concejales Gracias profe y gracias. […]”.
(Negrilla fuera de texto).
158. Las pruebas aportadas al proceso permiten concluir que la intervención del
señor Eduard Andersson Stiven Díaz Gamez en el concejo municipal de Castilla La
Nueva tuvo origen en el vínculo contractual existente entre el ciudadano y el
municipio, lo cual fue corroborado con el testimonio que rindió el ciudadano en el
proceso de la referencia, en el que indicó lo siguiente:
“[…] Testigo: estuve en el mes de agosto en representación de la alcaldía
municipal en un proyecto de acuerdo que estaba tramitando, puesto que en una
de las obligaciones… en una las de las delegaciones que me hace el supervisor
del contrato, es estar en el concejo acompañando el trámite de los proyectos
de acuerdo que presenta la alcaldía ante la corporación […] he asistido en varias
ocasiones preguntando por trámites de proyectos. […]
Despacho: En algún momento usted fue consultado jurídicamente por alguno de los
concejales del concejo municipal de Castilla La Nueva durante los meses de agosto
a diciembre de 2024.
Testigo: en algunas ocasiones en vista de la experiencia que tenemos como
concejal nos preguntaron sobre algún procedimiento, pero eran particulares,
por ejemplo, como el concejo municipal queda en el palacio municipal, en la
alcaldía, la única entrada es, a mano izquierda queda el concejo y a mano
derecha sube a despacho y yo constantemente estoy en la alcaldía. En esos
cruces en alguna ocasión con alguno que otro concejal me preguntaban por
procedimientos, pero no obedece eso a un concepto jurídico sino
asesoramiento por la experiencia que tenemos nosotros como ex concejal […]”.
(Destacado fuera de texto).
86
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO
Y/O ENAJENACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO […]”.
87
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE COMPLEMENTA LA DESTINACIÓN DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No 232-40677 Y CEDULA
CATASTRAL No. 00-01-0002-0090-000 […]”.
88
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE COMPLEMENTA LA DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 232-4211 Y CEDULA
CATASTRAL No. 01-00-0067-0001-000 […]”.
89
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Páginas 267 y 268.
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159. El testigo indicó adicionalmente que durante el año 2024 fue contratista del
municipio, del Instituto de Turismo y del Departamento Administrativo de Gestión
Institucional, en especial de la subdirección jurídica y, en especial, mencionó que
celebró el contrato de prestación de servicios núm. 131 de 2024, en virtud del cual
tuvo que asistir al concejo municipal -que queda en la misma sede de la alcaldía-,
para acompañar al alcalde del municipio y a diversos secretarios con ocasión de los
proyectos de acuerdo que presentaba la alcaldía ante el concejo.
160. El testigo fue enfático al manifestar que no tuvo vinculación contractual con el
Concejo Municipal de Castilla La Nueva, que asistió a sesiones del concejo en el
marco de la ejecución del contrato que tenía con el municipio de Castilla La Nueva
y que si bien algunos concejales lo consultaban por su condición de abogado y
experiencia previa como concejal municipal, no tenía la condición de asesor del
concejo.
161. Lo anterior explica, no solo la presencia del señor Díaz Gamez en la sesión
realizada el 22 de agosto de 2024, sino la percepción que algunos concejales tenían
sobre el mismo, según se desprende de los testimonios que rindieron algunos
concejales en el proceso90, lo cual se evidenció en las sesiones del concejo
municipal realizadas los días 1391 y 2292 de noviembre de 2024 en las que se
mencionó al señor “Edward” como una persona que apoyó y asesoró a algunos de
los concejales, sin que se pueda concluir de dichas pruebas que este tenía la
condición de asesor jurídico del concejo municipal o que existiera, más allá de una
relación de colaboración armónica, una situación de subordinación o que sus
intervenciones constituyan una injerencia indebida de la alcaldía municipal en las
funciones y autonomía del concejo.
162. Tampoco se concluye de las pruebas que el señor Eduard Andersson Stiven
Díaz Gamez hubiere ejecutado materialmente el Contrato CM-CPS-001 de 2024 a
cargo del señor Mauricio Vega Rueda, como lo indica el accionante en la demanda
y en el recurso de apelación.
163. Por ende, la Sala considera que el argumento del recurso de apelación no tiene
vocación de prosperidad.
90
Por ejemplo, los testimonios de los concejales Alejandro Granados Velazco, Rocío Chitiva Tafur, Luis Alberto Rojas Y Víctor
Javier Rubiano Rodríguez.
91
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Página 406. “[…] tiene el uso de la palabra el concejal LUIS
ROJAS dice: […] mire yo tuve nosotros tuvimos una reunión yo fui gracias a la guía de Edward el asesor que tenemos en el
concejo que obviamente conoce mucho más de leyes que nosotros Qué pasa la conformamos la comisión legal de
hidrocarburos. […]”.
92
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia. Página 628. “[…] Toma el uso de la palabra la presidenta del
concejo NANCY SEMANTE MEDELLIN dice: gracias concejal, Mario sí en la reunión de que estuvo la policía quedamos en
hacer el oficio, yo sé que mi doctor Edward ya está en ese. La idea es redactar un oficio bien fundamentado y a ese pues le
vamos a anexar el caso del día de ayer porque si concejal ayer, esta mañana me decía la gente no pero que entonces yo les
explicaba lo que la policía pues nos ha manifestado de que o sea no es que entonces están muy preocupados y estamos
preocupados porque pues ya van a coger los cajeros como un punto visible ya para este tipo de cosas, entonces mi doctor
Edward él ya estaba en esa tarea para hacer un oficio bien redactado, para el lunes lo tenemos, listo doctor gracias no
habiendo ninguna otra proposición más damos por terminada la sesión del día de hoy y quedamos convocados para el día
de mañana a las 7 de la mañana por favor con la secretaría de salud entonces tengan todos ustedes una hermosa noche
Dios los bendiga […]”.
35
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
II.5.3.4. La cesión del contrato CM-CPS-002 de 2024 y el cumplimiento de los
requisitos por el contratista, señor Justo Daniel Díaz Molina
164. El accionante explicó en el recurso de apelación que el señor Justo Daniel Díaz
Molina no cumplía requisitos para ser el cesionario del contrato de prestación de
servicios CM-CPS-002 de 2024 porque no acredito su experiencia como contador
público y su tarjeta profesional fue expedida el 31 de enero de 2022.
165. Para resolver, se observa que al proceso se aportaron los estudios previos del
proceso de selección y celebración del contrato cuyo objeto es la “[…]
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA EL
MANEJO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL PARA EL CONCEJO
MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA […]”93, el cual dio origen posteriormente al
Contrato CM-CPS-002 de 2024.
166. En el acápite “[…] 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD […]”94, se indicó que,
“[…] En consecuencia, es necesario garantizar durante la presente vigencia como
se mencionó anteriormente con una persona natural, Contador Público, que
cuente con dos años de experiencia en el sector público y/o privado que
brinde acompañamiento y revisión a las actividades que sean se (sic) la
completa competencia de la entidad […]”. (Negrilla fuera de texto).
167. En el punto “[…] 1.3. Condiciones del contratista […]”95 se señaló que el perfil
del profesional a contratar debe ser de un nivel que incluya contador titulado y en
ejercicio96.
168. Se encuentra probado que el Concejo Municipal de Castilla La Nueva, por
intermedio de la accionada en su condición de presidenta del concejo municipal,
celebró con la señora Patricia Bello Garzón el contrato de prestación de servicios
profesionales CM-CPS-002 de 2024, cuyo objeto fue la “[…] PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA EL MANEJO DE LA
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL PARA EL CONCEJO
MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA […]”97.
169. El5 de agosto de 202498, previo el trámite contractual correspondiente y
autorización de la entidad contratante99, la señora Patricia Bello Garzón cedió al
93
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 107.
94
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página ibidem.
95
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 58.
96
“[…] 3. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas y económicas de los procesos a cargo de la administración, la dificultad
antes dicha relacionada con los radicales cambios normativos, doctrinales y jurisprudenciales, y la alta responsabilidad que
el manejo de estos asuntos implica, el perfil del profesional a contratar debe ser de un nivel que incluya contador titulado y en
ejercicio. […]”.
97
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 126 a 130.
98
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 390 a 395.
99
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 390 y 391. Resolución núm. 065 de 5 de agosto de 2024,
“[…] Por medio de la cual se autoriza la cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.° CM-CPS-002-2024
[…]”.
36
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
señor Justo Daniel Díaz Molina el contrato de prestación de servicios CM-CPS-002
de 2024.
170. La resolución núm. 65 de 5 de agosto de 2024 y el acta de cesión de 5 de agosto
de 2024100 indicaron que, una vez revisada la hoja de vida y documentos de soporte
del cesionario, este cumplía con las condiciones de capacidad e idoneidad para el
desarrollo de las actividades objeto del contrato, de conformidad con lo requerido
en los estudios previos.
171. La Sala, partiendo de las consideraciones anteriormente expuestas en relación
con la celebración del Contrato CM-CPS-001 de 2024, considera que el señor Justo
Daniel Díaz Molina cumplía los requisitos para ser el cesionario del contrato de
prestación de servicios CM-CPS-002 de 2024 en la medida en que acreditó
experiencia por más de dos (2) años en el sector público o privado y conocimiento
en los asuntos de competencia del concejo municipal, exigida por los estudios
previos, teniendo en cuenta la condición de concejal que desempeñó durante los
periodos constitucionales 2012 a 2015 y 2016 a 2019 y adicionalmente la
experiencia obtenida en la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Agro
Colombiano, que se reitera no fue tachada y se presume auténtica.
172. Adicionalmente el cesionario cumplía con la condición de contador titulado y en
ejercicio, como quedó acreditado con la copia del diploma y acta de grado como
contador público, expedidas el 31 de mayo de 2020; y de la tarjeta profesional de
contador expedida por la Junta Central de Contadores el 31 de enero de 2022 101,
esto es, con anterioridad a la celebración del contrato.
173. En relación con el argumento del recurso de apelación relativo a que “[…] se
evidencia que la presidenta del concejo la aquí hoy demandada no planeo (sic) de
forma correcta el contrato, violando la ley de contratación pública ley 80 de 1993,
en uno de los principios rectores de la contratación estatal como lo es la planeación
[…]” y que dicha maniobra revela el objetivo de beneficiar y direccionar contratos, la
Sala considera que las pruebas aportadas al proceso evidencian que la celebración
y posterior cesión del Contrato CM-CPS-002 de 2024 surtió los trámites
precontractuales y contractuales correspondientes y, en todo caso, esta corporación
ha considerado que no cualquier irregularidad en el trámite de un contrato o en la
expedición de un acto administrativo constituya indebida destinación de dineros
públicos.
174. Por lo expresado y en virtud del principio de congruencia, se considera que el
accionante tenía la carga de probar que la concejal accionada, en su condición de
presidenta del concejo municipal en el periodo 2024 y ordenadora del gasto, al
celebrar y ordenar el pago a los contratistas que ejecutaron el Contrato CM-CPS-
001 de 2024 y posteriormente aceptar la cesión del Contrato CM-CPS-002 de 2024,
100
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Página 390 a 395.
101
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 43 a 45.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
incurrió en alguna de las conductas constitutivas de indebida destinación de dineros
públicos.
175. Las pruebas aportadas al proceso evidencian que el señor Justo Daniel Diaz
Molina cumplía requisitos para celebrar el Contrato CM-CPS-001 de 2024 y ser
posteriormente el cesionario del Contrato CM-CPS-002 de 2024.
176. Asimismo, se probó que los pagos realizados a los señores Justo Daniel Diaz
Molina y Mauricio Vega Rueda, en el marco de la ejecución del Contrato CM-CPS-
001 de 2024, correspondieron a la contraprestación de los servicios personales
prestados al Concejo Municipal de Castilla La Nueva y al cumplimiento del objeto
del contrato de prestación de servicios de asesoría en las materias de competencia
del concejo municipal.
177. Así las cosas, no se encuentra probado que la concejal accionada, señora
Nancy Semanate Medellín hubiere incurrido en la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos y con ello que hubieren destinado estos
dineros a objetos, actividades o propósitos no autorizados; a objetos, actividades o
propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; o a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos.
178. En esas condiciones, al no haberse probado el tercer supuesto exigido para la
configuración de la causal de pérdida de investidura endilgada a la concejal, la Sala
considera que no se configura el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, prevista en los numerales
3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la Ley 617.
179. Consecuencialmente, la Sala queda relevada de analizar el elemento subjetivo
de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
toda vez que este estudio procede en el evento de que se encuentre configurado el
elemento objetivo, lo cual no ocurrió en este caso.
II.6. Conclusiones
180. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que obran en el
expediente, no se demostró que la concejal del municipio de Castilla La Nueva,
señora Nancy Semanate Medellín, haya incurrido en la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en los numerales
3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la Ley 617, con ocasión de la
celebración, cesión y ejecución de los contratos de prestación de servicios CM-CPS-
001 y 002 de 2024.
181. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 2 de octubre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
38
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00182-01
Accionante: Jhon Deyber Ramírez Quintero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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