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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00381-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00381-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2025-00381-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 50001 2333 000 2025 00381 01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 28 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Eduardo Noreña Castro, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra de la providencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Granada (Meta), y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia
y efectividad del fallo de tutela.

2. Declarar la existencia de una vía de hecho judicial en el auto del 7 de
noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Granada.

3. Dejar sin efecto dicho auto y ordenar la apertura formal del incidente de
desacato contra Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA), valorando
integralmente las pruebas allegadas el 4 de noviembre de 2025.

4. Disponer la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, conforme a los artículos 67 y 69 de la Ley 270 de 1996, por presunta
falsedad ideológica, fraude procesal y omisiones disciplinarias.

5. Que se ordene al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Granada
adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento material del fallo
de tutela del 21 de julio de 2025, modificado y complementado por el Tribunal
Administrativo del Meta el 26 de agosto de 2025, informando a dicho Tribunal

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 50001 2333 000 2025 00381 01.

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

y al accionante sobre las actuaciones adelantadas. (Mayúsculas, negrillas y
resaltado del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada,
mediante sentencia del 21 de julio de 2025, amparó su derecho fundamental de petición
y ordenó a Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA dar respuesta a varios puntos de las
peticiones que había presentado en distintas fechas, relacionadas, entre otros aspectos,
con perfiles de cargos, manuales de funciones y soportes de pago de dicha empresa.

Precisó que dicha decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo del Meta en
sentencia del 26 de agosto de 2025, en la que se ordenó a la empresa resolver de manera
integral las peticiones del 7 de enero, 18 de febrero y 14 de abril de 2025, en un término
de 10 días.

Manifestó que, ante la falta de cumplimiento de lo ordenado por el juez de segunda
instancia, promovió incidente de desacato en contra de GENSA; sin embargo, indicó que
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, mediante auto del 24 de
septiembre de 2025, se abstuvo de darle apertura.

Expuso que, inconforme con esa decisión, presentó acción de tutela la cual fue conocida
por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del radicado 50001 23 33 000 2025 00317
00 que, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, fue declarada improcedente; no
obstante, se aclaró que podía promover un nuevo incidente de desacato en caso de
persistir el incumplimiento del fallo proferido el 26 de agosto de 2025.

Señaló que, con fundamento en hechos y documentos posteriores al auto del 24 de
septiembre de 2025, el 4 de noviembre de 2025 presentó una nueva solicitud de apertura
de incidente de desacato.

Resaltó que dicha solicitud fue remitida al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Granada por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante registro TBYA del 6 de
noviembre de 2025.

Anotó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, mediante auto del
7 de noviembre de 2025, se abstuvo nuevamente de dar apertura al incidente de
desacato, al considerar que no se configuraban hechos nuevos que justificaran su trámite.

Afirmó que en esa oportunidad allegó documentos relacionados con actuaciones y
respuestas emitidas por la empresa con posterioridad al auto del 24 de septiembre de
2025. En particular, adujo que existía denuncia penal ante la Fiscalía General de la
Nación, así como quejas disciplinarias en contra de funcionarias de GENSA y del juzgado
hoy accionado. Agregó que la empresa había emitido respuestas sobre el cargo de Líder
de Proyectos de Generación de Energía (FNCER) que, según aseveró, presentaban
inconsistencias.

Alegó que no se dio respuesta de fondo a lo solicitado respecto del funcionario Mauricio
Cárdenas Gallego, pese a que ese punto hacía parte de la orden impartida en la sentencia
de segunda instancia del 26 de agosto de 2025. Añadió que la empresa aportó
información que, según estima, es inconsistente y que no se corrigieron registros
contenidos en el directorio institucional.

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
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Como fundamento de procedencia de la tutela contra providencia judicial, argumentó que
la decisión cuestionada incurrió en defecto procedimental, fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.

Frente al defecto procedimental, manifestó que se configuró porque la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que la solicitud de desacato había sido remitida por el
Tribunal Administrativo del Meta. Al respecto señaló que “al tratarla como una simple
petición particular, el juzgado desconoció la competencia funcional y jerarquía de su
superior, configurando una vía de hecho judicial”2.

En cuanto al defecto fáctico, indicó que se configuró por la falta de valoración de los
documentos allegados. Al efecto, reprochó que el juzgado accionado no valoró los
documentos allegados con la solicitud presentada el 4 de noviembre de 2025, ni tuvo en
cuenta actuaciones como denuncias penales y quejas disciplinarias que, según afirmó,
guardaban relación con el cumplimiento del fallo de tutela. Sostuvo que, pese a contar
con esos elementos, se abstuvo de verificar el cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal Administrativo del Meta.

Añadió que la providencia controvertida desconoció lo indicado por el Tribunal
Administrativo del Meta en la sentencia del 9 de octubre de 2025, respecto a que podía
promoverse un nuevo incidente de desacato si persistía el incumplimiento.

Sobre el defecto sustantivo, anotó que se habría presentado porque, según estima, “el
juzgado omitió su deber de velar por el cumplimiento integral del fallo de tutela, violando
directamente el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que obliga al juez a garantizar la
eficacia del amparo y sancionar al responsable del incumplimiento”3.

Finalmente, respecto al desconocimiento del precedente, expuso lo siguiente:

La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente (T-188/21, T-282/17, T-
086/13) que el cumplimiento de una tutela debe ser material y efectivo, no
meramente formal.

El auto recurrido desconoce este precedente, al equiparar la emisión de una
respuesta aparente con el cumplimiento real de la orden judicial, contrariando los
principios de supremacía constitucional y efectividad del amparo.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 13 de noviembre de 20254 y correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo del Meta, autoridad que, mediante auto de la misma fecha5 la
admitió y dispuso notificar6 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada,

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 50001 2333 000 2025 00381 01.
3 Ibidem.
4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

2333 000 2025 00381 01.
5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

2333 000 2025 00381 01.
6 Esta orden se cumplió el 13 de noviembre de 2025. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001 2333 000 2025 00381 00.

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

como parte accionada; así como vincular a la empresa de servicios públicos GENSA S.A.
ESP como tercero con interés en el proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada para
que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 50313 3333 001 2025 00087 00.

3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada rindió informe7 en el que,
solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no
vulneró los derechos fundamentales del accionante y que la acción era improcedente.

Sostuvo que, desde la providencia del 24 de septiembre de 2025, realizó un estudio
detallado de las respuestas emitidas por GENSA S.A. E.S.P. frente a las peticiones
amparadas por el Tribunal Administrativo del Meta en sentencia del 26 de agosto de 2025
y concluyó que estas ya habían sido atendidas, razón por la cual se abstuvo de continuar
el trámite incidental.

Indicó que dicha situación no varió con la nueva solicitud de apertura del incidente, pues,
en el auto del 7 de noviembre de 2025, determinó que no existían hechos nuevos que
permitieran su apertura, en tanto las peticiones ya habían sido resueltas.

Precisó que las alegaciones relacionadas con una presunta falsedad documental
exceden el ámbito de competencia del juez constitucional en sede de desacato, dado que
su función se limita a verificar el cumplimiento de la orden de tutela, labor que, afirmó, ha
ejercido de manera diligente.

Frente a los defectos alegados, manifestó que ninguno se configura. Sobre el defecto
procedimental, señaló que la solicitud de apertura del incidente fue presentada
directamente por el accionante el 4 de noviembre de 2025 y reenviada por el Tribunal
Administrativo del Meta el 6 de noviembre del mismo año, tratándose del mismo escrito,
razón por la cual fue tramitado mediante el auto del 7 de noviembre de 2025. En relación
con el defecto fáctico, indicó que sí se pronunció sobre las denuncias penales y
disciplinarias, y que estas no constituían hechos nuevos relacionados con el
incumplimiento de la orden judicial. Sostuvo que ha dado estricto cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia de segunda instancia, por lo que no se configura defecto
sustantivo alguno.

Agregó que el accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra
el auto del 7 de noviembre de 2025, trámite que se encuentra en curso, circunstancia
que, a su juicio, torna improcedente la presente acción de tutela.

3.3. La empresa Gestión Energética S.A. E.S.P.8 allegó escrito en el que manifestó que
el auto del 7 de noviembre de 2025 fue el resultado del ejercicio autónomo de la función
jurisdiccional del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, al determinar
si se cumplían los requisitos para la apertura del incidente de desacato.

Adujo que dicha autoridad obró con legalidad y ética, y que no se evidenció una actuación
arbitraria o caprichosa que configurara una vía de hecho susceptible de control

7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

2333 000 2025 00381 01.
8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001
2333 000 2025 00381 01.

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

constitucional, pues la decisión de abstenerse de iniciar el trámite incidental respondió a
la necesidad de salvaguardar el debido proceso y la proporcionalidad en el control del
cumplimiento del fallo.

Agregó que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante se habría originado exclusivamente en la decisión del juzgado de negarse a
abrir el incidente de desacato, la cual constituye un acto jurisdiccional ajeno a su
actuación. En consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

3.4. Mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2025, el accionante radicó
solicitud de “verificación técnica, nulidad total y medidas inmediatas por irregularidades
en el trámite”.

En el citado mensaje de datos, expuso que se presentaron irregularidades en los
documentos cargados en el aplicativo TYBA y en el enlace de OneDrive relacionados con
la tutela, como el informe del juzgado accionado. Agregó que en el expediente digital no
se encontraba el correo de envío del citado informe al Tribunal Administrativo del Meta,
razón por la cual no se podía verificar la fecha y hora exacta del envío ni la trazabilidad
respectiva.

Adicionalmente señaló que también se presentaron irregularidades en el reparto de la
tutela y en la notificación del auto admisorio, por lo que solicitó que se declarara la nulidad
total del trámite desde el 18 de noviembre de 2025.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.

Inicialmente, como cuestión previa, expuso que las presuntas irregularidades a que adujo
el accionante, relacionadas con los documentos cargados en las plataformas TYBA y
OneDrive, no se enmarcan en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo
133 del CGP, por lo tanto, las rechazó de plano.

Precisó que, frente a la causal de nulidad por indebida notificación del auto admisorio,
esta debe ser invocada por la parte afectada, situación que no se acreditó debido a que
el accionante no demostró que había sido afectado por la notificación de dicha
providencia la cual, según anotó, se realizó al correo electrónico dispuesto por GENSa
S.A. E.S.P. en su página web. En ese sentido, rechazó la solicitud de nulidad presentada
por el accionante y continuó con el estudio del caso.

En relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
adoptadas en el trámite de incidentes de desacato, el a quo hizo referencia a la
jurisprudencia constitucional según la cual este mecanismo solo procede de manera
excepcional para examinar eventuales vulneraciones al debido proceso, sin que sea
posible reabrir el debate sobre el contenido, alcance o cumplimiento material de las
órdenes impartidas en la sentencia de tutela, salvo supuestos excepcionales.

Asimismo, recordó que, para controvertir por vía de tutela una providencia dictada en ese
trámite, debían verificarse, entre otros aspectos, que la decisión estuviera ejecutoriada,

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que se cumplieran los requisitos generales de procedencia y que se invocara al menos
una causal específica.

Sobre el caso concreto, indicó que la providencia cuestionada se encontraba en firme,
pues fue notificada el 7 de noviembre de 2025. Igualmente, señaló que se cumplían otros
requisitos generales de procedencia, como la inexistencia de otro medio de defensa
judicial, la inmediatez y la identificación razonable de los hechos generadores de la
presunta vulneración. En efecto, precisó que contra la decisión de abstenerse de abrir el
incidente de desacato no proceden recursos, por no estar previstos en el Decreto 2591
de 1991, y que la acción de tutela fue presentada el 10 de noviembre de 2025, esto es,
en un término razonable frente al auto cuestionado. También advirtió que no se trataba
de una tutela contra tutela.

En relación con el requisito general de relevancia constitucional, explicó que el accionante
no cumplió con la carga argumentativa exigida, pues sus reproches se orientaban,
principalmente, a controvertir la valoración probatoria realizada por el juzgado y a reiterar
inconformidades ya analizadas en el auto del 24 de septiembre de 2025, sin demostrar
que el auto del 7 de noviembre de 2025 constituyera una actuación arbitraria o una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales, ni evidenciar que la acción
de tutela no estuviera siendo utilizada como una instancia adicional para reabrir un debate
de naturaleza legal ya resuelto por el juez ordinario. Añadió que la providencia
cuestionada no carecía de fundamento y que se apoyaba en un análisis de las pruebas
allegadas al proceso para determinar el cumplimiento de las órdenes de tutela.

En ese sentido, destacó que el juzgado verificó el cumplimiento de la sentencia de tutela
al analizar la respuesta allegada por GENSA el 8 de septiembre de 2025, en la cual se
indicó que el cargo de “líder de proyectos de generación de energía FNCER” no existía
en la entidad y, por ende, no obraba perfil profesional ni manual de funciones, además
de haberse solicitado la corrección del directorio institucional por un error de transcripción.
Señaló que, con base en ello, el juzgado consideró que, al no existir el cargo, la entidad
no podía allegar la información solicitada sobre su perfil profesional.

Asimismo, examinó el reproche relativo a la información solicitada en el numeral 11 de la
petición del 14 de abril de 2025, y concluyó que, aunque el accionante mencionó al señor
Mauricio Cárdenas Gallego, el juzgado ya había considerado, en el auto del 24 de
septiembre de 2025, que la solicitud realmente estaba encaminada a obtener la
información de la persona que reemplazó a Luis Germán Cárdenas Henao en el cargo
de líder de proyectos de eficiencia energética. En ese contexto, tuvo por atendida la orden
impartida en segunda instancia con la respuesta suministrada por la entidad respecto del
señor Mauricio Cárdenas Ramírez, de quien se aportó la información correspondiente a
su documento de identidad, profesión, tarjeta profesional, cargos desempeñados y
manual de funciones.

De igual forma, indicó que las quejas disciplinarias y denuncias penales invocadas por el
accionante no hacen parte del objeto propio del incidente de desacato, cuyo alcance se
limita a verificar el cumplimiento efectivo de la orden de tutela, razón por la cual consideró
que tales aspectos no desvirtuaban la decisión del juzgado de abstenerse de abrir el
trámite sancionatorio.

Finalmente, el a quo concluyó que, aunque se cumplían otros requisitos generales como
la inexistencia de otro medio de defensa judicial, la inmediatez y la identificación
razonable de los hechos, no se acreditó la relevancia constitucional del asunto. Por esa

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razón, se abstuvo de estudiar las causales específicas de procedencia invocadas por el
actor y declaró improcedente la acción de tutela.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó manifestando
lo siguiente:

I. RESUMEN GENERAL – LA SENTENCIA SE FUNDÓ EN UN EXPEDIENTE
MANIPULADO Y EN DOCUMENTOS INEXISTENTES

La sentencia recurrida presenta dos grupos de vicios autónomos y concurrentes,
cada uno suficiente para su nulidad:

A. VICIO 1 – Manipulación del expediente digital (TYBA / OneDrive)

La sentencia se basó en:

1. Una “contestación” inexistente proveniente de una escribiente sin competencia.
2. La omisión total de la verdadera contestación enviada por el Juzgado 1°
Administrativo de Granada el 18/11/2025 a las 2:37 p. m.
3. La sustitución del repositorio OneDrive original por otro creado el 19/11 por la
funcionaria del Tribunal.
4. El cargue tardío de documentos sobre la actuación del 18 a las 6:43 p. m.,
evadiendo trazabilidad.
5. La existencia de un archivo “inactivo / no visible”, que solo ocurre cuando se
insertan documentos por fuera del flujo automático del sistema.
6. La duplicidad irregular de actuaciones 12–13–14, nunca producida por TBYA
de manera orgánica.
7. Un fallo fechado el 28/11 pero creado realmente el 01/12 a las 6:58:18 a.m.,
alterando su fecha para simular cumplimiento del término.

Esto constituye:

• Adulteración documental
• Alteración del mensaje de datos (Ley 527/1999)
• Fraude procesal
• Violación del art. 29 de la Constitución
• Ruptura de cadena de custodia
• Nulidad por defecto procedimental absoluto

B. VICIO 2 – Defecto procedimental y sustantivo en el análisis del desacato

La sentencia también es nula porque:

1. Desconoció que el incidente de desacato procede cuando existe incumplimiento
material (T-755/12, T-016/17, SU-225/98).
2. Se limitó a repetir que “contra ese auto no procede recurso”, lo cual no
reemplaza el análisis constitucional de fondo.
3. Ignoró las contradicciones, omisiones y falsedades de GENSA en sus
respuestas.
4. Omitió hechos sobrevinientes que demuestran persistente incumplimiento del
fallo del 21 de julio de 2025.
5. Desconoció el derecho de acceso a la justicia y la eficacia de la tutela.

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
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II. PRUEBA REINA – LA SUPUESTA “CONTESTACIÓN” ERA UNA HOJA
SUELTA FIRMADA POR UNA ESCRIBIENTE

En TYBA, los días 18, 19 y 20 de noviembre, el único documento visible era el
siguiente:

➢ “Anexo contestación Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Granada.

(…)

Ese documento:

• NO proviene del Juzgado
• NO es un acto judicial
• NO está firmado por juez
• NO tiene valor procesal
• NO corresponde al correo real del 18 (2:37 p.m.)
• NO contiene expediente
• NO contiene anexos

Constituye un acto inexistente que fue usado indebidamente como
“contestación”.

La sentencia se fundó en un documento fabricado por una persona sin
competencia (…).

III. LA CONTESTACIÓN REAL DEL JUZGADO (18/11 – 2:37 p. m.) FUE
OCULTADA Y NUNCA CARGADA

El Juzgado remitió:

• Correo institucional
• Enlace OneDrive propio
• Documentos con metadatos de la tutela 087
• Respuesta completa al auto admisorio

Ese enlace:

NUNCA fue incorporado al expediente digital.

Fue sustituido por uno creado por una escribiente del Tribunal el 19/11.

(…)

V. EL FALLO FUE FECHADO EL 28/11 PERO CREADO EL 01/12/2025 – 06:58
a. m.

Los metadatos del PDF acreditan:

• Creación: 01/12/2025 – 06:58:18
• Modificación: 01/12/2025 – 06:58:18

El fallo se “fechó” el 28/11 solo para simular:

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Radicación: 50001 2333 000 2025 00381 01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

➢ Cumplimiento del término constitucional
➢ Inexistente celeridad
➢ Apariencia de regularidad

Esto constituye falsedad ideológica.

VI. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE SOBRE INCIDENTE DE
DESACATO

La sentencia se limitó a copiar la regla del art. 52 del Decreto 2591, sin evaluar:

• Si hubo incumplimiento material
• Si existían hechos nuevos
• Si las respuestas de GRNSA eran contradictorias
• Si la autoridad competente (Junta Directiva) nunca respondió
• Si existía obligatoriedad de verificación profunda (SU-225/98, T-755/12)

El fallo NO realizó:

➢ Examen sustancial
➢ Verificación de derechos fundamentales
➢ Análisis de eficacia
➢ Revisión de verdad material

VII. DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO (ART. 133 CGP + ART. 52
DECRETO 2591)

Todo el trámite está viciado porque:

➢ Se falló sobre documentos inexistentes
➢ Se sustituyó la contestación
➢ Se adulteró el expediente digital
➢ Se alteraron fechas
➢ Se vulneró el debido proceso
➢ Se usaron documentos fabricados por un tercero
➢ Se desconocieron derechos fundamentales

Todo ello conlleva NULIDAD INSANEABLE y retroacción del trámite.

VIII. PETICIONES

Solicito:

1. REVOCAR la sentencia impugnada.

2. DECLARAR LA NULIDAD TOTAL DEL TRÁMITE desde el 18/11/2025.

3. ORDENAR verificación forense integral de:
✓ TYBA
✓ OneDrive
✓ Logs de auditoría
✓ Correos institucionales
✓ Cargues digitales
✓ Hashes de integridad

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Radicación: 50001 2333 000 2025 00381 01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

4. ORDENAR tener como válida únicamente la contestación real del 18/11 (2:37
p. m.).

5. ORDENAR una nueva contestación formal del Juzgado, firmada por el juez.

6. Compulsar copias a:

✓ Comisión Nacional de Disciplina Judicial
✓ Fiscalía General de la Nación ✓ Procuraduría
✓ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
✓ CENDOJ

7. Garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad del expediente digital.

5.2. El 4 de diciembre de 20259, el accionante radicó un segundo escrito ante el Tribunal
Administrativo del Meta mediante el cual presentó “Solicitud de aclaración, corrección,
certificación de integridad documental y preservación de la cadena de custodia del
expediente digital”, planteando las mismas inconformidades expuestas sobre la presunta
nulidad del trámite de primera instancia.

En dicho escrito, indicó que había identificado inconsistencias entre la información
contenida en el sistema TYBA y la consulta pública de la Rama Judicial, las cuales, a su
juicio, comprometían la regularidad, autenticidad e integridad documental del proceso.

Precisó que la solicitud se formulaba de manera independiente a la impugnación presentada
previamente y que tenía como finalidad dejar constancia de posibles irregularidades en el
trámite.

Señaló que en la consulta pública figuraba una constancia secretarial del 14 de noviembre
de 2025 en la que se hacía referencia a un auto del 13 de diciembre del mismo año, lo cual,
según afirmó, resultaba materialmente imposible, en la medida en que se trataba de una
fecha posterior a la actuación registrada.

Asimismo, resaltó que en dicha constancia se mencionaba la incorporación de información
de otro proceso de tutela, lo cual consideró ajeno al trámite en curso. En ese sentido, solicitó
que se aclarara la procedencia, contenido y funcionario responsable de dicha actuación.

Manifestó que existían inconsistencias entre las actuaciones registradas en el sistema
TYBA y aquellas visibles en la consulta pública, en particular respecto de la ubicación
cronológica de algunas constancias secretariales, lo que, a su juicio, alteraba la secuencia
del expediente. Por ello, solicitó la certificación de la fecha real de creación, publicación y
ubicación de dichas actuaciones, así como la corrección del orden cronológico en la
plataforma pública.

Adujo que el 18 de noviembre de 2025 aparecían registradas dos actuaciones
correspondientes a la contestación del juzgado, en horarios distintos, y sostuvo que una de
ellas no era visible dentro del sistema e indicó que el archivo visible no correspondía a la
contestación remitida por el juzgado, sino a un documento elaborado por una funcionaria
del tribunal, mientras que la respuesta enviada por el despacho judicial no habría sido
incorporada correctamente al expediente. En ese contexto, solicitó que se certificara qué

9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada

funcionario realizó el cargue de los documentos, así como la trazabilidad de su creación,
modificación, incorporación y visibilidad.

Igualmente, señaló que existían inconsistencias en las constancias secretariales de los días
19, 20 y 21 de noviembre de 2025, pues, según indicó, no coincidían las actuaciones
registradas en el sistema TYBA con las visibles en la consulta pública. Por tal motivo, solicitó
la certificación de dichas actuaciones y la aclaración de las diferencias entre ambas
plataformas.

Sostuvo que, en conjunto, las situaciones descritas evidenciaban posibles irregularidades
en el manejo del expediente digital, tales como inconsistencias en fechas, diferencias en el
contenido de las actuaciones y eventuales alteraciones en la trazabilidad de los
documentos. En consecuencia, solicitó la preservación de la cadena de custodia del
expediente, la certificación de los metadatos de los archivos correspondientes a los días 14,
18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, así como la verificación de posibles modificaciones
o sustituciones documentales.

Finalmente, solicitó la compulsa de copias a entidades como la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Procuraduría Provincial de Villavicencio, la Fiscalía General de la
Nación, entre otras.

5.3. Por auto proferido el 11 de diciembre de 2025 se concedió la impugnación10 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 16 de diciembre de 202511.

5.4. Mediante auto del 20 de febrero de 202612, esta Sección precisó que, de conformidad
con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el juez de segunda instancia debe circunscribir
su análisis a los reproches formulados en la impugnación frente al fallo proferido por el a
quo, con el fin de determinar si la decisión debe ser revocada, confirmada o modificada.

No obstante, se advirtió que, en el caso concreto, el accionante solicitó la nulidad total del
trámite surtido en primera instancia desde el auto admisorio proferido el 18 de noviembre
de 2025, al considerar que se presentaron irregularidades desde esa etapa procesal,
solicitud debía ser resuelta por el juez de primera instancia, en tanto se fundamentaba en
actuaciones ocurridas en ese trámite.

Asimismo, se indicó que el Tribunal Administrativo del Meta no se pronunció sobre el
segundo escrito radicado por el accionante el 3 de diciembre de 2025, mediante el cual
formuló solicitudes relacionadas con la preservación de la cadena de custodia del
expediente digital.

En ese contexto, concluyó que no era posible resolver de fondo la impugnación sin que
previamente se emitiera un pronunciamiento sobre las solicitudes de nulidad y sobre el
referido escrito. En consecuencia, dispuso la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo del Meta para que resolviera lo pertinente frente a dichas solicitudes.

10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

2333 000 2025 00381 01.
11 Ibidem.
12 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
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5.5. Mediante comunicación del 24 de marzo de 202613 dirigida al señor José Eduardo
Noreña Castro, el Tribunal Administrativo del Meta dio respuesta al escrito presentado por
el accionante el 4 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo ordenado por este
Despacho.

En dicha respuesta, indicó que la Secretaría del Tribunal ya se había pronunciado
previamente sobre los cuestionamientos formulados por el actor, mediante el oficio SGTAM
26-0210 del 24 de febrero de 2026, emitido con ocasión de la queja presentada por aquel
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Señaló que en ese documento se
abordaron de manera integral las inquietudes relacionadas con la integridad, autenticidad y
trazabilidad del expediente digital, por lo que acogía las explicaciones allí contenidas.

En relación con la constancia secretarial del 14 de noviembre de 2025, precisó que dicha
actuación se registró en cumplimiento del auto admisorio del 13 de noviembre de 2025,
mediante el cual se ordenó allegar copia del expediente correspondiente a otra acción de
tutela.

Explicó que la referencia al “auto del 13 de diciembre” obedeció a un error material de
digitación, siendo la fecha correcta la del 13 de noviembre de 2025, y aclaró que la
incorporación de dicho expediente se realizó en cumplimiento de la orden impartida, sin que
constituyera una actuación irregular.

Frente a las diferencias advertidas entre el sistema TYBA y la consulta pública de procesos,
explicó que TYBA constituye la herramienta oficial de gestión judicial en la cual se registran
las actuaciones con sus fechas y horas reales, mientras que las demás plataformas tienen
un carácter informativo.

Señaló que las variaciones en la visualización de las actuaciones obedecen a procesos
técnicos de integración y sincronización de la información entre sistemas, sin que ello
implique alteración del expediente ni afectación de su autenticidad, razón por la cual no
resultaba procedente acceder a las solicitudes de certificación ni ordenar correcciones en
la consulta pública.

En cuanto a la actuación del 18 de noviembre de 2025, expuso que el juzgado remitió su
contestación mediante correo electrónico recibido a las 2:37 p. m., la cual fue incorporada
al sistema TYBA el mismo día a las 6:43 p. m. por la funcionaria encargada. Precisó que
dicha actuación quedó asociada a dos archivos: uno correspondiente al documento remitido
por el juzgado y otro que contenía un enlace al expediente digital, incorporado
posteriormente.

Anotó que la falta de visibilidad de uno de los archivos en la consulta externa obedeció a
una incidencia técnica que fue reportada oportunamente y solucionada el 28 de noviembre
de 2025, por lo que concluyó que no existía una doble contestación ni actuaciones ocultas,
sino una sola actuación con archivos asociados.

Respecto de las constancias secretariales de los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2025,
manifestó que estas obran en el expediente y corresponden a actuaciones propias de la
Secretaría para dejar registro de hechos procesales, sin que constituyan certificaciones
técnicas. Aclaró que el 20 de noviembre no se elaboró constancia secretarial, sino que se

13 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

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registró una actuación de recepción de memoriales, por lo que no existía omisión alguna,
por lo tanto, reiteró que las diferencias entre plataformas no evidencian irregularidad.

En lo relacionado con la alegada alteración del expediente digital y la cadena de custodia,
señaló que no se evidenciaba irregularidad alguna en el manejo del expediente, ni en la
incorporación de documentos, ni en su trazabilidad e indicó que las situaciones descritas
por el accionante correspondían a interpretaciones derivadas del funcionamiento técnico de
los sistemas de información y no a alteraciones del proceso. En consecuencia, consideró
que no había lugar a ordenar certificaciones adicionales ni a adoptar medidas en relación
con la cadena de custodia.

Finalmente, frente a la solicitud de remitir copias a distintas autoridades de control, indicó
que no resultaba procedente, en la medida en que los cuestionamientos no contaban con
sustento en el expediente. No obstante, precisó que el accionante podía acudir
directamente ante dichas autoridades si lo estimaba pertinente. Concluyó informando que
el expediente sería remitido al Consejo de Estado junto con dicha respuesta, para continuar
con el trámite de la impugnación.

5.6. Por auto del 26 de marzo de 202614, el Tribunal Administrativo del Meta señaló que, en
cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en providencia del 20 de febrero de
2026, dio respuesta a las solicitudes formuladas por el accionante en escrito del 4 de
diciembre de 2025, mediante oficio del 24 de marzo del mismo año, por lo que se entendía
satisfecha la finalidad de la devolución del expediente.

En consecuencia, dispuso remitir nuevamente el expediente digital al Consejo de Estado,
junto con la referida respuesta, para que se continuara con el trámite de la impugnación
presentada contra la sentencia de primera instancia, y ordenó dejar las constancias
correspondientes en el sistema de gestión judicial.

5.7. Mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2026, el señor Noreña Castro remitió a
distintas entidades y autoridades, incluyendo la Secretaría General de esta Corporación,
copia de un documento denominado “OBSERVACIONES A NUEVA AMPLIACIÓN DE
TÉRMINOS, AUSENCIA DE TRAZABILIDAD Y FRAGMENTACIÓN ARTIFICIAL DEL
TRÁMITE ADMINISTRATIVO” dirigido a Gensa S.A. E.S.P. en el que solicitó y aclaró lo
siguiente:

VIII. SOLICITUDES Y CONSTANCIAS

En consecuencia, se deja constancia expresa de que:

• las actuaciones aquí relacionadas no constituyen nuevos derechos de petición
autónomos;
• las reiteraciones, observaciones y ampliaciones complementarias previamente
remitidas no tenían por finalidad reiniciar términos legales;
• la continuidad material del trámite administrativo originalmente iniciado el 19 de
enero de 2026 ha sido expresamente advertida por el suscrito en múltiples
actuaciones previas;
• y las sucesivas ampliaciones de plazo posteriormente comunicadas por la entidad
derivan de nuevas radicaciones internas generadas respecto de actuaciones
materialmente conexas previamente identificadas como complementarias y no
autónomas.

14 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

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Así mismo, se deja constancia de que la prolongación material de los tiempos de
respuesta ya no deriva exclusivamente del derecho de petición inicialmente
formulado el 19 de enero de 2026, sino también de la generación sucesiva de:

• nuevas radicaciones internas;
• nuevas contabilizaciones administrativas;
• nuevas ampliaciones de plazo;
• y nuevas fechas institucionales de respuesta respecto de actuaciones
sustancialmente relacionadas entre sí.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 15, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201516, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201918, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:

6.2.1. Mediante sentencia del 21 de julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Granada amparó el derecho fundamental de petición del señor José Eduardo
Noreña Castro frente a la empresa Gensa S.A. E.S.P., decisión que fue modificada por
el Tribunal Administrativo del Meta el 26 de agosto de 2025, ordenando a la entidad
responder de manera integral, en el término de diez días, puntos específicos de las
peticiones formuladas el 7 de enero, 18 de febrero y 14 de abril de 2025.

6.2.2. Ante el presunto incumplimiento de dicha orden, el accionante promovió incidente
de desacato, frente al cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada,
mediante auto del 24 de septiembre de 2025, se abstuvo de abrir el trámite sancionatorio,
al considerar que la entidad había dado cumplimiento a la sentencia de tutela.

15 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
16 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
17 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
19 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 50313 3333 001 2025 00087 00.

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6.2.3. Contra esa decisión, el accionante promovió acción de tutela, la cual fue conocida
por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del radicado 50001 2333 000 2025 00317
00, autoridad que, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, declaró improcedente
el amparo, precisando que nada impedía la presentación de un nuevo incidente de
desacato si persistía el incumplimiento del fallo.

6.2.4. El 4 de noviembre de 2025, el accionante presentó una nueva solicitud de apertura
de incidente de desacato, fundada en hechos y documentos que calificó como
sobrevinientes, la cual fue reenviada oficialmente al juzgado accionado por el Tribunal
Administrativo del Meta el 6 de noviembre de 2025.

6.2.5. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Granada se abstuvo nuevamente de abrir el incidente de desacato, al
considerar que no existían hechos nuevos que permitieran su apertura, en tanto las
órdenes impartidas en la sentencia de tutela ya habían sido atendidas.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades20:

20 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 21. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que22:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En el caso concreto, la Sala considera que, tal como lo concluyó el a quo, no se supera
el requisito general de relevancia constitucional, pues la solicitud de amparo se dirige, en
lo sustancial, a reabrir el debate sobre la valoración probatoria efectuada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Granada en el trámite incidental de desacato, a
propósito del presunto cumplimiento de la sentencia de tutela proferida en segunda
instancia el 26 de agosto de 2025.

21 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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En efecto, la controversia planteada por el accionante se centra en sostener que el
juzgado accionado, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, incurrió en
irregularidades al abstenerse de abrir un nuevo incidente de desacato, por considerar que
no existían hechos nuevos y que la orden de tutela ya se encontraba atendida.

Sin embargo, del análisis del escrito de tutela y de la providencia cuestionada se advierte
que los reproches del actor se orientan a controvertir (i) la conclusión del juzgado sobre
la inexistencia de hechos nuevos y (ii) la apreciación que aquel efectuó frente a las
respuestas allegadas por Gestión Energética S.A. E.S.P. para dar por cumplida la orden
impartida en la sentencia del 26 de agosto de 2025.

En esa línea, se observa que el accionante insiste en que subsistía incumplimiento
porque, a su juicio, la entidad no respondió de fondo el punto relacionado con el cargo de
“líder de proyectos de generación de energía FNCER” y porque existía confusión en la
información vinculada al funcionario que reemplazó en el cargo de líder de proyectos de
eficiencia energética a Luis Germán Cárdenas Henao, además de alegar la existencia de
denuncias penales y quejas disciplinarias. No obstante, tales planteamientos, más que
evidenciar una afectación constitucional autónoma, se encaminan a que el juez
constitucional revalore el material que fue examinado por el juez natural para concluir que
la orden estaba atendida.

Al respecto, en el trámite incidental se dejó consignado que el juzgado, en el auto del 24
de septiembre de 2025, verificó el cumplimiento de la sentencia de tutela al analizar la
respuesta aportada por la entidad el 8 de septiembre de 2025, y concluyó que las
solicitudes delimitadas por el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia del 26 de
agosto de 2025 habían sido respondidas. Sobre esa base, en el auto del 7 de noviembre
de 2025, el juzgado mantuvo su conclusión y se abstuvo de abrir un nuevo incidente de
desacato, al considerar que no se acreditaban presupuestos que habilitaran su apertura.

Así las cosas, la Sala advierte que el actor pretende que, por vía de tutela, se adelante
un juicio de corrección sobre lo decidido por el juez natural en torno al cumplimiento de
la orden de tutela y la procedencia de abrir o no el incidente, lo cual desborda el ámbito
del requisito de relevancia constitucional, pues no corresponde al juez constitucional
sustituir al juez competente en la apreciación del acervo probatorio y en la determinación
de si, a partir de este, se configura o no el presupuesto para la apertura de un trámite
sancionatorio.

Adicionalmente, la Sala resalta que el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia
de primera instancia, recordó que el incidente de desacato tiene por finalidad verificar el
cumplimiento efectivo de la orden de tutela y que aspectos como denuncias penales o
quejas disciplinarias no constituyen, por sí solos, el objeto propio del trámite incidental.

En esa medida, la discusión propuesta por el accionante no trasciende del desacuerdo
frente a la forma en que el juzgado valoró los elementos disponibles para concluir que la
orden había sido atendida, sin que se advierta una actuación ostensiblemente arbitraria
que habilite la intervención del juez de tutela.

De otra parte, la Sala advierte que los cuestionamientos formulados por el accionante en
relación con la presunta alteración, falta de integridad y deficiencias en la trazabilidad del
expediente digital, así como la solicitud de nulidad de todo lo actuado desde el 18 de
noviembre de 2025, ya fueron objeto de pronunciamiento dentro del presente trámite
constitucional. En efecto, en la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo

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del Meta analizó dicha solicitud como cuestión previa y la rechazó, al concluir que las
irregularidades alegadas no se enmarcaban en las causales previstas en el artículo 133
del Código General del Proceso ni comportaban una afectación al debido proceso.

Posteriormente, en cumplimiento de lo ordenado por este Despacho mediante auto del
20 de febrero de 2026, dicha autoridad emitió respuesta integral a las solicitudes elevadas
por el actor mediante comunicación del 24 de marzo de 2026, con fundamento, entre
otros, en el oficio SGTAM 26-0210 del 24 de febrero de 2026.

En dicha respuesta se explicó detalladamente el procedimiento de incorporación de
documentos al sistema TYBA, la trazabilidad de las actuaciones y las incidencias técnicas
advertidas, concluyéndose que no existió irregularidad alguna en el manejo del
expediente ni afectación de su autenticidad o integridad. En ese sentido, la Sala observa
que tales cuestionamientos ya fueron atendidos y esclarecidos dentro del mismo trámite
de tutela, por lo que no configuran una controversia constitucional autónoma que habilite
la intervención del juez de amparo.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual se confirmará la
sentencia impugnada, que declaró improcedente el amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 4 de junio
de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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