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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00406-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00406-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2025-00406-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 50001-23-33-000-2025-00406-01
Accionante: JUAN DAVID NEIRA TORRES
Accionados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y OTRO

Tema: Presunta vulneración al derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de diciembre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Meta. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 2 de diciembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional, y
por medio de la providencia del 15 de enero de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 25 de noviembre de 2025, actuando en nombre propio, el señor Juan David
Neira Torres presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio y el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Villavicencio. Con la solicitud de amparo pretende que se
protejan sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y de acceso a cargos
públicos.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridades judiciales accionadas al Juzgado Primero Administrativo del Circuito judicial de
Villavicencio y al Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio.
Asimismo, vinculó al Consejo Superior de la Judicatura — Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, y negó la medida provisional solicitada.

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Accionante: Juan David Neira Torres
Accionados: Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio y otro
Radicado: 50001-23-33-000-2025-00406-01

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la falta de
trámite, por parte de las autoridades judiciales accionadas, de la solicitud radicada
el 24 de octubre de 2025.

3. En concreto, el actor solicitó lo siguiente:

1. TUTELAR el derecho fundamental de petición, al trabajo y acceso a cargos
públicos, vulnerados por los juzgados accionados.

2. ORDENAR a los juzgados accionados o a quien corresponda expedir la
certificación de experiencia como litigante solicitada por el accionante en donde
conste:

• 1.) Nombre o razón social de la entidad que la expide; 2.) Empleo o empleos
desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes
y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de expresiones tales como,
“actualmente”, “su último cargo desempeñado”, “el empleo que desempeñaba
al momento de su retiro”; 3.) Funciones de cada uno de los empleos
desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. Asimismo,
teniendo en cuenta la fecha de la primera y última gestión realizada, tal como
se indicó en la petición de fecha 24 de octubre de 20253.

1.2. Hechos

4. En causa propia, el señor interpuso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que de que se le reconociese
como factor salarial la bonificación judicial que recibió, desde el 7 de marzo hasta el
31 de mayo de 2023, por ostentar el cargo de sustanciador en el Juzgado Promiscuo
del Circuito Judicial de Inírida (Guainía).

5. Al medio de control se le designó el radicado 50001-33-33-001-2024-00104-
00 y le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio. Sin embargo, el 12 de junio de 2024, se produjo un cambio de ponente
y el expediente pasó al Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Villavicencio4.

6. Posteriormente, el proceso se reasignó al Juzgado 601 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio, el cual profirió sentencia de primera
instancia el 30 de septiembre de 2025.

7. De otro lado, a través del memorial radicado el 24 de octubre de 2025, el
señor Juan David Neira Torres solicitó que se certificara su experiencia laboral como
abogado al interior del proceso, con el objetivo de complementar su hoja de vida y
acreditar su ejercicio profesional ante entidades públicas y privadas, especialmente

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 El cual ejerció funciones jurisdiccionales desde el 14 de mayo hasta el 13 de diciembre de 2024.

Ello, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24-12176 del 10 de mayo del 2024 expedido por el

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ante aquellas encargadas de adelantar concursos de mérito, como la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

1.3. Sustento de la vulneración

8. La parte accionante señaló que, a la fecha de la interposición de la acción de
tutela, las autoridades judiciales accionadas no han tramitado su petición
presentada el 24 de octubre de 2025.

9. Igualmente, señaló que la omisión de los juzgados le ha impedido acreditar
su experiencia laboral como profesional en derecho, por lo que no le ha sido posible
realizar las inscripciones «para postularse a empleos públicos ofertados mediante
concurso público de méritos, aplicar a empleos públicos a través del nombramiento
en provisionalidad o acceder a empleos en el sector privado».

10. En particular, destacó que requiere la certificación solicitada para poder
cumplir con los requisitos de inscripción para la Convocatoria 28 de la Rama
Judicial, cuyo periodo de inscripciones finalizaba el 1 de diciembre de 2025.

1.4. Intervenciones

11. El Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Villavicencio consideró que el memorial del 24 de octubre de 2025 no podía ser
interpretado como un derecho de petición a la luz de la Ley 2437 de 2011, dado que
fue presentada por el aplicativo Samai y no por el correo institucional de la autoridad.
En todo caso, resaltó que había operado la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que el 3 de diciembre de 2025 había expedido y remitido la
certificación solicitada.

12. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio
señaló que no ha recibido ninguna solicitud presentada por el actor, por lo que no
goza de legitimación en la causa por pasiva.

13. El Consejo Superior de la Judicatura — Unidad de Administración de la
Carrera Judicial estimó que la entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva, ya que no tiene competencia para expedir certificados que acrediten la
experiencia laboral de los abogados, y, en todo caso, no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del tutelante.

1.5. Sentencia de primera instancia

14. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Meta decidió lo siguiente: (i) declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto del derecho de petición; (ii) negó el amparo solicitado en relación
con las garantías fundamentales al trabajo y de acceso a cargos públicos; y (iii)
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Primero

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Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y del Consejo Superior de la
Judicatura — Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

15. En primer lugar, comprobó que la solicitud presentada el 24 de octubre de
2025 fue radicada exclusivamente ante el Juzgado 601 Administrativo Transitorio
del Circuito Judicial de Villavicencio, por lo que la única entidad llamada a atender
lo solicitado por el actor era el juzgado referido y no el resto de las entidades
vinculadas al trámite.

16. En segundo lugar, explicó que era procedente declarar la carencia actual de
objeto superado, teniendo en cuenta que, a través del correo electrónico del 3 de
diciembre de 2025, el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Villavicencio expidió la certificación de experiencia laboral solicitada por la parte
actora y se acreditó que fue remitida a la dirección electrónica indicada por el
tutelante.

17. Finalmente, respecto de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo y de acceso a cargos públicos, concluyó que no hubo
vulneración alguna por parte de las autoridades judiciales accionadas. Ello, a
sabiendas de que la Convocatoria 28 de la Rama Judicial tuvo la etapa de
inscripciones desde el 18 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2025, pero el
accionante presentó la petición desde el 24 de octubre del mismo año, lo cual
desdibuja la relación de causalidad entre la solicitud y la inscripción al concurso.

18. Aunado a lo anterior, puso de presente que el actor en la petición no hizo
referencia a que pretendía inscribirse a la Convocatoria 28, sino que buscaba poder
cumplir los requisitos de los concursos de entidades diferentes a la Rama Judicial.

1.6. Impugnación

19. La parte accionante solicitó que se revoque el numeral segundo5 de la
providencia recurrida y, en su defecto, se amparen sus derechos fundamentales al
trabajo y de acceso a cargos públicos.

20. Estimó que la transgresión de sus garantías fundamentales, que se consumó
con presuntamente habérsele impedido realizar la inscripción a la Convocatoria 28
de la Rama Judicial, se debió a: (i) la tardanza en la que incurrió el Juzgado 601
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio para resolver la
petición del 24 de octubre de 2025; (ii) que, a pesar de que él haya radicado la
presente acción de tutela el 25 de noviembre de 2025, la misma fue remitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por reglas de reparto al Tribunal
Administrativo del Meta, lo que retrasó el trámite de tutela; y (iii) la falta de decreto

5 «SEGUNDO: NEGAR EL AMPARO solicitado, respecto de los DERECHOS al TRABAJO y al

ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia».

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de una medida provisional por parte del a quo, con el fin de que, desde la admisión
de la solicitud de amparo, se le ordenase al Juzgado demandado remitir la
certificación de experiencia laboral solicitada.

II. CONSIDERACIONES

21. La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia proferida
el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta. Para ello, se
demostrará que en el asunto opero la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del derecho fundamental de petición. Además, declarará la improcedencia
de la acción respecto de la alegada vulneración de los derechos al trabajo y de
acceso a cargos públicos.

2.1.1. Derecho de petición: análisis de procedibilidad de la acción y
configuración de carencia actual de objeto

22. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo6.

23. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

24. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala advierte que el señor Juan David Neira Torres está legitimado en la
causa por activa, por ser quien presentó la solicitud del 24 de octubre de 2025, de
la cual deriva la vulneración de sus garantías constitucionales. Por otro lado, se
evidencia que el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Villavicencio goza de legitimación en la causa por pasiva, por ser la entidad a la cual
le fue presentada la petición y la que presuntamente omitió dar una respuesta al
respecto.

26. De otro lado, así como lo concluyó el a quo, resulta procedente confirmar la
falta de legitimación en la causa por pasiva tanto del Juzgado Primero Administrativo

6 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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del Circuito Judicial de Villavicencio como del Consejo Superior de la Judicatura —
Unidad de Administración de la Carrera Judicial. Ello, teniendo en cuenta que la
única entidad llamada a atender lo solicitado por el actor era el Juzgado 601
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio, por tener a cargo el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-
001-2024-00104-00, dentro del cual se radicó la solicitud del 24 de octubre de 2025.

27. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales7: (i) como mecanismo de
protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo8 y eficaz9; y (ii) como mecanismo de protección transitorio.

28. La Sección estima que se cumple con este requisito, pues, como lo ha
reiterado el alto tribunal constitucional10, la acción de tutela es el mecanismo eficaz
para la protección del derecho fundamental de petición.

29. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental11. El actor cumplió con dicho
presupuesto, la acción fue ejercida en un plazo oportuno respecto del hecho que, a
su juicio, generó la vulneración de sus garantías fundamentales.

30. Por lo anterior, corresponde a la Sala analizar si, como lo decidió el a quo, en
este caso se configura el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado.

31. Carencia actual de objeto. Como se ha expuesto, el accionante adjudicó la
vulneración de su garantía fundamental de petición al Juzgado 601 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Villavicencio, ante la presunta falta de trámite a
la solicitud del 24 de noviembre de 2025 encaminada a acreditar su experiencia
como abogado litigante. En concreto, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-001-2024-00104-00.

32. Ahora bien, del informe presentado por la autoridad judicial accionada, se
tiene que el 3 de diciembre de 2025 atendió la solicitud elevada por el actor, en el
sentido de expedir la certificación pedida. Dicho documento fue remitido al correo
electrónico jdnt.96@hotmail.com, el cual le pertenece al tutelante.

7 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
8 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
9 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
10 Corte Constitucional, sentencias T-173 de 2025, T-534 de 2024, T-230 de 2020 y T-077 de 2018.
11 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.

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33. De ahí se puede constatar que, durante el trámite de la presente solicitud de
amparo12, la autoridad demandada atendió completamente la petición elevada por
el señor Juan David Neira Torres.

34. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, por lo
que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez constitucional resulta
inane. Al respecto, en la sentencia SU-522 de 2019, la Corte Constitucional señaló
que «el juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite
conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».

35. Sobre la figura del hecho superado, en la sentencia SU-225 de 2013, el
tribunal constitucional indicó que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».

2.1.2. Derechos al trabajo y de acceso a cargos públicos.

36. En el escrito de impugnación, el actor insistió en que la demora en atender la
petición referida derivó la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y
de acceso a cargos públicos. Esto, por cuanto la respuesta tardía de las
demandadas le impidió cumplir con con los requisitos de inscripción para la
Convocatoria 28 de la Rama Judicial, cuyo periodo de inscripciones finalizaba el 1
de diciembre de 2025.

37. Subsidiariedad e inmediatez. Con respecto a este cargo, la sala considera
que el actor no cuenta con algún mecanismo ordinario ni extraordinario idóneo para
exigir la protección de estas garantías constitucionales. A su vez, la acción fue
ejercida en un plazo oportuno en relación con la afectación a los derechos
fundamentales que invoca.

38. Ahora bien, a pesar de lo anterior, el actor no acreditó la vulneración del
núcleo esencial de tales garantías fundamentales, puesto que la simple omisión por
parte de la autoridad accionada en darle trámite a su solicitud no puede establecerse
automáticamente como un obstáculo en el ejercicio del derecho al trabajo o al
acceso a cargos públicos. La falta de diligencia por parte de la accionada no guarda
relación alguna con el trámite del concurso de méritos, pues la solicitud que no fue
atendida es, en principio, completamente ajena a dicho procedimiento
administrativo.

12 Teniendo en cuenta que la tutela se admitió el 2 de diciembre de 2025.

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39. En tal sentido, de los presupuestos fácticos indicados en el escrito inicial no
es posible establecer vulneración alguna de estos derechos, dado que su garantía
– en estricta relación con el trámite de inscripción a la Convocatoria 28 – no estaba
en cabeza del juzgado. Por tanto, no es posible establecer la existencia de una
vulneración a las garantías constitucionales del actor en el marco del concurso de
méritos, motivo por el cual tampoco habría lugar a dictar alguna orden al interior de
dicho procedimiento administrativo tendiente a su protección o salvaguarda.

40. En efecto, la plataforma dispuesta para adelantar el proceso de inscripción
en el concurso de méritos siempre estuvo habilitada, motivo por el cual no se
acreditó la existencia de alguna acción u omisión relacionada con el desarrollo de
este trámite que le impidiera al señor Neira Torres ser concursante. Distinto es que
el actor, por una situación ajena a la Convocatoria 28, no hubiera tenido acceso a
uno de los documentos que, según sus afirmaciones, requería para acreditar el
cumplimiento de requisitos. En tal sentido, no puede establecerse un límite a tales
derechos de la simple tardanza en la expedición de un certificado laboral que, en
todo caso, el actor pudo haber solicitado con antelación.

2.2. Conclusión

41. En vista de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, por las
razones presentadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

8
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Radicado: 50001-23-33-000-2025-00406-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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