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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00037-01

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00037-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2026-00037-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Villavicencio
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de acto administrativo. Subtema 1: Requisitos de
procedibilidad. Subtema 2: El trámite de conciliación y el régimen de subsanación. Subtema 3:
El caso concreto. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.

La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocantes, por María
Eugenia Rada Castilla y otros2 en contra del fallo de tutela proferido el 12 de febrero de
20263 por el Tribunal Administrativo del Meta.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 30 de enero de 20264, los accionantes radicaron tutela5 en procura de la protección de
sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los que
consideran vulnerados con ocasión de los autos 004 y 035 de 2026, que declararon el
desistimiento de una solicitud de conciliación que radicaron ante la Procuraduría
cuestionada.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8120DFE63BD736E2
3C2363B0E214503A DCD6EBD42CD31D5D 51405004357F92EA.
2 Williams Andres Dominguez Rada, Jesús David Dominguez Barragan, Steven Dominguez Rada, Denis María

Dominguez Rua, Edinson Dominguez Rua, Henry Antonio Dominguez Rua, Juan Fernando Rada Castilla, Catalina del
Carmen Rada Castilla, Sonia Cristina Rada Castilla, Landys Yelitza Dominguez Jaimes, Gabriel José Rada Castilla,
Andrea Marcela Rada Castilla y Landys Paola Jaimes Gutiérrez.
3 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 4130EC134B2613E3

02A9AC501D64CFEC F47884133E784C90 AAEE01078391CDA0.
4 Obra correo a folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5CD75D8FD05A5A73

FE5FC37C501CAC4F B11764E49E9B6F54 7C84ECC4B19618DD.
5 Obra escrito de tutela a folios 4-9 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

5CD75D8FD05A5A73 FE5FC37C501CAC4F B11764E49E9B6F54 7C84ECC4B19618DD.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio

1.2.- Hechos

1.2.1.- El 19 de noviembre de 2025 se presentó ante la Procuraduría 49 Judicial II
Administrativa la solicitud de conciliación extrajudicial radicada bajo el número E-2025-
608503-Interno 2025-241, como requisito de procedibilidad para una demanda de
reparación directa. Mediante el auto 424 del 5 de diciembre de 2025, la entidad inadmitió
la petición, al no haberse acreditado la legitimación en la causa de algunos demandantes.
Asimismo, advirtió la ausencia de argumentos para vincular a la Policía Nacional, una
deficiente exposición de los fundamentos de derecho al limitarse a citar la Ley 2220 de
2022 y la omisión total de una fórmula de conciliación. Finalmente, señaló que la cuantía
no se ajustó a las reglas del artículo 157 del CPACA, el soporte de lucro cesante era
ilegible y no se allegaron las constancias de envío de la solicitud a las entidades
convocadas ni a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6.

1.2.2.- Luego, el 15 de diciembre de 2025, la parte interesada remitió un archivo de 40
folios con correcciones y constancias de envío, radicación que la entidad reconoció como
oportuna. El 6 de enero de 2026, el Ministerio Público profirió el auto 004, en el cual
declaró que la solicitud no fue subsanada en debida forma y ordenó tenerla por desistida
y no presentada. Contra esta determinación se interpuso un recurso de reposición,
resuelto a través del auto 035 del 20 de enero de 2026, que confirmó el desistimiento7.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostiene que la Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos
Administrativos vulneró los derechos fundamentales invocados al declarar el
desistimiento de la solicitud de conciliación extrajudicial mediante los autos 004 y 035 de
2026, bajo el argumento de que no se subsanaron íntegramente las observaciones sobre
la legitimación en la causa de algunos convocantes, la falta de razones para vincular a la
Policía Nacional, la deficiente estimación de la cuantía y la omisión en el traslado de la
subsanación a todas las entidades. Los solicitantes insisten en que el 15 de diciembre de
2025 radicaron un escrito que atendía cada punto de forma razonada, en el cual se
aportaron los registros civiles para acreditar la legitimación, argumentos sobre la

6 Obra auto a folios 28-33 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5CD75D8FD05A5A73

FE5FC37C501CAC4F B11764E49E9B6F54 7C84ECC4B19618DD.
7 A folio 4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5CD75D8FD05A5A73

FE5FC37C501CAC4F B11764E49E9B6F54 7C84ECC4B19618DD.

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Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio

responsabilidad de la Policía y una tasación detallada de perjuicios, por lo que consideran
que la decisión de la autoridad no fue proporcional ni razonable. Argumentan que, de
persistir dudas sobre ciertos sujetos o entidades, el Ministerio Público debió admitir la
solicitud frente a los demás interesados, en lugar de rechazar la totalidad del trámite, lo
que implica un formalismo desproporcionado que ignora el principio de informalidad de la
Ley 2220 de 2022.

Asimismo, los convocantes señalan que el artículo 102 de dicha ley permite declarar el
desistimiento cuando no se corrigen los defectos, pero advierten que esto no faculta a la
autoridad para rechazar de plano la solicitud cuando se ha presentado una subsanación
oportuna que demuestra interés en el proceso. Finalmente, alegan que esta actuación
configura una violación constitucional, pues, al tenerse la solicitud por no presentada, se
impide el agotamiento del requisito de procedibilidad y se bloquea la posibilidad de acudir
a la jurisdicción contencioso administrativa, con un riesgo de caducidad del medio de
control de reparación directa.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos los autos 004 del 6 de enero de 2026 y 035 del
20 de enero de 2026; y (iii) ordenar a la Procuraduría 49 Judicial II Administrativa admitir
la solicitud de conciliación o, en su defecto, tener por cumplido el requisito de
procedibilidad.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a las partes.

2.2.- La Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio, por
intermedio de su sustanciadora, se limitó a remitir el expediente relacionado con la
controversia e informar que la persona titular de dicho despacho se encontraba en
periodo de vacaciones.

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Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
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2.3.- El procurador 48 judicial II administrativo del Meta pidió que se niegue el amparo,
puesto que, tras examinar las providencias de inadmisión, desistimiento y reposición, se
advierte un estudio detallado y riguroso sobre las deficiencias que impidieron la correcta
presentación de la conciliación, lo que dota a dichas decisiones de una debida motivación.
El agente del Ministerio Público resaltó que, según la Ley 2220 de 2022, el trámite fue
adelantado mediante apoderado, quien tenía la carga profesional de analizar
exhaustivamente las razones de la inadmisión para subsanar con precisión los errores
señalados por el despacho.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, negó
el amparo. Para ello, consideró que las decisiones de la Procuraduría fueron debidamente
motivadas. Determinó que no se acreditó el parentesco de algunos parientes de la
víctima, al omitirse el registro civil del padre, y que la vinculación de la Policía Nacional
se argumentó de forma extemporánea. Aunque estimó que la falta de fundamentos de
derecho, el error en la cuantía y las falencias en los traslados de la subsanación eran
superables, concluyó que el desistimiento fue legal debido a la ausencia de una fórmula
de conciliación clara. Finalmente, afirmó que la imposibilidad de agotar el requisito de
procedibilidad no vulnera derechos, sino que es una consecuencia de la falta de diligencia
y responsabilidad de la parte actora en el trámite administrativo.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación. Al respecto,
indicó que dicho fallo convalidó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que
vulnera sus garantías. Sostuvo que la sentencia incurrió en una contradicción al
reconocer que ciertas falencias eran remediables o estaban acreditadas, pero mantuvo
la desestimación de la petición de conciliación basándose exclusivamente en la falta de
una fórmula de conciliación. Argumentó que erigir este requisito como un obstáculo
absoluto es desproporcionado, pues la fórmula de arreglo puede proponerse o ajustarse
durante el trámite de la conciliación o en la misma audiencia, máxime cuando las
pretensiones económicas y la exigencia de responsabilidad son claras en el texto de la
solicitud.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
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Los recurrentes precisaron que el parágrafo primero del artículo 102 de la Ley 2220 de
2022 prohíbe el rechazo de plano por ausencia de requisitos formales y que, al haberse
presentado una subsanación oportuna, la Procuraduría debió continuar con el trámite en
lugar de aplicar una interpretación arbitraria que asume una falta de ánimo conciliatorio.
Añadieron que, en casos de privación injusta de la libertad, existe una política institucional
de no conciliar, por lo que cerrar el trámite por este formalismo resulta injustificable y
convierte ese requisito en un impedimento para acceder a la jurisdicción. Señalaron que
tener la conciliación por no presentada bloquea el cumplimiento de la precitada condición
y genera un impacto real en el derecho de acción al configurarse la caducidad del medio
de control de reparación directa.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, con
ocasión de las decisiones de la Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Villavicencio que declararon el desistimiento de la solicitud de conciliación
extrajudicial. Para resolver este interrogante, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela y el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad en el sub examine; (ii) el régimen jurídico de la petición de convocatoria de
conciliación y el procedimiento de subsanación; y (iii) el estudio del caso concreto.

3.- Naturaleza de la acción de tutela

3.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda
persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y

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sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, y es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales.

3.2.- Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo si el mecanismo disponible no
salvaguarde de manera eficaz 8 el derecho fundamental o este no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión9. Así también,
cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable10, caso
en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.- Procedibilidad de la acción de tutela

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala debe verificar el cumplimiento de los
presupuestos que habilitan el estudio de la solicitud de amparo, con la precisión de que
la censura se dirige contra actos administrativos de trámite proferidos por la Procuraduría
General de la Nación.

4.1.- En relación con la legitimación en la causa por activa11, se destaca que la presente
acción se sustenta en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de María
Eugenia Rada Castilla y otros, quienes actuaron como parte peticionaria en la solicitud
de conciliación extrajudicial que fue declarada desistida. Por tanto, se encuentra
acreditado el requisito en mención frente a los tutelantes.

Ahora bien, se debe indicar que la Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Villavicencio cuenta con legitimación en la causa por pasiva, toda vez

8 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
(…)”.
9 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
10 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad

de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
11 La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o interés que fundamenta las

pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por
pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es
acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir
una prestación que corresponde a otra persona. En materia de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción debe ser promovida por el titular del derecho vulnerado, aunque también puede ser ejercida por su
representante legal, su apoderado judicial, su agente oficioso, el defensor del pueblo o el personero municipal.

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que es la autoridad que expidió los autos 004 del 6 de enero de 2026 y 035 del 22 de
enero de 2026, mediante los cuales se concluyó el trámite conciliatorio. En tal virtud,
recae sobre ella la competencia para responder por la presunta afectación de las
garantías constitucionales invocadas.

4.2.- Frente al requisito de subsidiariedad antes expuesto, la Sala considera que se
encuentra satisfecho. Al respecto, es necesario precisar que, en principio, los actos
administrativos proferidos por los agentes del Ministerio Público en ejercicio de la función
de conciliación extrajudicial no son susceptibles de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través de los medios ordinarios previstos en la Ley 1437 de
2011, por cuanto no constituyen actuaciones definitivas a las que se refiere el artículo 43
de dicho código, sino decisiones que agotan un requisito de procedibilidad.

La alta corporación constitucional ha sido enfática12 en señalar que, ante la inexistencia
de otros medios de defensa judicial eficaces, la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para evitar que se configure una barrera infranqueable de acceso a la administración de
justicia.

En el caso concreto, dado que los accionantes agotaron el recurso de reposición contra
el auto que declaró el desistimiento, es evidente que no disponen de otra vía para
reclamar la protección de sus derechos frente a la terminación del trámite administrativo.
Por tanto, se justifica el estudio de fondo por parte del juez constitucional.

4.3.- Por otra parte, el presupuesto de inmediatez13 igualmente se encuentra satisfecho.
Los hechos que fundamentan la petición se relacionan con la decisión de la autoridad
administrativa de no acceder a la reposición de la declaratoria de desistimiento. En efecto,
el auto 035 fue proferido el 22 de enero de 2026, mientras que la acción constitucional se
radicó el 30 de enero de la misma anualidad. Se torna claro que entre la comunicación
de la decisión censurada y la interposición de la tutela transcurrieron 8 días, lo cual denota

12 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2019.
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, especificó que la

inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un plazo de seis meses, contados a partir
de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso”. Sin embargo, para determinar la oportunidad y
razonabilidad del tiempo transcurrido entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta
la solicitud de amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que en
cada caso concreto se evalúe este presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.

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que el amparo se formuló en un plazo razonable y urgente, en armonía con la naturaleza
expedita de esta acción.

4.4.- En atención a lo anterior, se evidencia que esta solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad y se continuará con el estudio del fondo del asunto, a efectos
de determinar si la actuación de la procuraduría criticada garantizó los principios y normas
que rigen la función de conciliación o si, por el contrario, incurrió en un exceso ritual que
amerita el amparo solicitado.

5.- El Trámite de conciliación extrajudicial y el régimen de subsanación

La conciliación extrajudicial se instituye como un mecanismo alternativo de solución de
conflictos y, de manera particular, como un requisito de procedibilidad obligatorio para el
ejercicio de los medios de control previstos en el CPACA. Su finalidad principal es la
descongestión judicial y la promoción de la autocomposición, siempre bajo el respeto del
principio de legalidad y la salvaguarda del patrimonio público.

En esa medida, la Corte Constitucional 14 ha precisado que este mecanismo es una
manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia, cuya configuración
legislativa busca que las partes diriman sus diferencias de forma pacífica y célere antes
de acudir a la jurisdicción.

En la actualidad, el trámite especial para el referido asunto en materia administrativa se
rige por lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título V de la Ley 2220 de 2022. De
conformidad con el artículo 101 ejusdem, la petición de convocatoria debe cumplir con
una serie de requisitos sustanciales, los cuales no constituyen simples formalismos, sino
garantías para que el Ministerio Público y las entidades convocadas conozcan con
precisión los extremos del conflicto. Dentro de estas exigencias, se destacan de forma
enfática las siguientes:

• Individualización de las partes y sus representantes: Resulta indispensable para
determinar la legitimación en la causa y la competencia territorial.

14 Corte Constitucional, sentencia C-222 de 2013.

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Acción de tutela – Segunda instancia
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• Fundamentos de hecho y de derecho: Deben presentarse con claridad y precisión,
pues constituyen la base fáctica y jurídica sobre la cual se edificará un eventual
acuerdo o la futura demanda.

• Pretensiones y fórmula de conciliación: Se exige que lo buscado sea lo mismo que el
convocante perseguiría en una eventual demanda. Asimismo, es imperativo proponer
una fórmula de conciliación expresa, clara y precisa, requisito que permite a la entidad
pública evaluar la viabilidad de un arreglo directo a través de su comité de conciliación.

• Estimación razonada de la cuantía e indicación del medio de control: Estos elementos
definen la naturaleza del asunto y la competencia del juez que eventualmente
conocería del proceso judicial.

• Relación de las pruebas: El solicitante tiene la carga de individualizar los medios de
convicción que quiere hacer valer, toda vez que el agente del Ministerio Público debe
velar por que el acuerdo cuente con el debido respaldo probatorio.

El artículo 102 de la citada ley, a su vez, establece que el agente de la Procuraduría tiene
el deber de verificar el cumplimiento de esos requisitos legales. En caso de advertir
deficiencias, proferirá una decisión en la que indicará los defectos específicos que el
solicitante debe subsanar. Este precepto normativo es diáfano al señalar que, si vencido
el término de subsanación el interesado no corrige los defectos indicados, la autoridad
debe declarar el desistimiento de la solicitud, decisión que implica que esta se tendrá por
no presentada.

Resulta de vital importancia lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 102 de la Ley 2220
de 2022. Esta norma permite la aclaración, adición y reforma de la petición de conciliación
únicamente dentro de los 10 días siguientes a su radicación. De esto se colige que la
etapa de subsanación no es una oportunidad procesal abierta para alterar los elementos
esenciales de la solicitud, como los hechos, las pretensiones y demás, sino un espacio
estrictamente limitado a la corrección de los yerros advertidos. El uso de la subsanación
para introducir argumentos o pruebas ajenos a la petición original desnaturaliza el
procedimiento y afecta el derecho de defensa de las entidades convocadas.

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Los agentes del Ministerio Público están facultados para admitir, inadmitir, rechazar o
declarar desistida la solicitud. En el ejercicio de estas funciones, actúan como servidores
públicos imparciales que velan por que los acuerdos no afecten el patrimonio público ni
el ordenamiento jurídico (artículo 95). En este contexto, el control de legalidad que realiza
el procurador desde la etapa de admisión es fundamental, pues este debe asegurar que
los supuestos de hecho y de derecho cuenten con el debido respaldo probatorio antes de
citar a una audiencia de conciliación.

De conformidad con lo expuesto, para esta Subsección es evidente que la solicitud de
conciliación extrajudicial no constituye un mero acto de comunicación, sino una pieza
procesal sometida a unos presupuestos formales y sustanciales que habilitan la
competencia del Ministerio Público y garantizan que las entidades estatales conozcan los
extremos del litigio para decidir sobre la disposición del patrimonio público. El
incumplimiento de los requisitos del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022 activa el deber
del funcionario de inadmitir la petición con el fin de que sea saneada, carga de corrección
que es de naturaleza perentoria y cuya inobservancia conlleva, por ministerio de la ley,
la declaratoria de desistimiento. En este punto resulta imperativo distinguir entre la
facultad de reforma y el deber de subsanación, pues mientras que la reforma permite
alterar los elementos esenciales de la solicitud dentro de los 10 días siguientes a la
radicación, la subsanación se limita estrictamente a la corrección de los defectos
puntuales advertidos por el procurador. El ejercicio de las facultades de control por parte
del Ministerio Público, orientadas a verificar la suficiencia de la subsanación, no puede
calificarse ni considerarse per se como un formalismo, pues la seguridad jurídica del
trámite depende del cumplimiento estricto de las etapas y términos previstos en el
Estatuto de Conciliación.

6.- Estudio del caso concreto

6.1.- En el sub examine, los accionantes interpusieron acción de tutela con el propósito
de obtener la protección de sus derechos fundamentales, los cuales estiman vulnerados
por la Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio. La
controversia se centra en la expedición de los autos 004 del 6 de enero de 2026 y 035
del 22 de enero de 2026, a través de los cuales dicha autoridad declaró el desistimiento
de una solicitud de conciliación extrajudicial tras advertir que la parte interesada omitió
subsanar de manera íntegra los defectos señalados en el auto de inadmisión.

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6.2.- Del análisis de las piezas procesales que integran el expediente, se observa que el
19 de noviembre de 202515 los convocantes radicaron la solicitud de convocatoria para
realizar conciliación extrajudicial, la cual fue objeto de un requerimiento de corrección del
5 de diciembre de ese mismo año por parte del agente del Ministerio Público. El 15 de
diciembre siguiente, la apoderada de los afectados remitió escrito de subsanación16. No
obstante, mediante auto 004 de 202617 la autoridad administrativa resolvió declarar el
desistimiento y tener por no presentada la solicitud, bajo el argumento de que los
convocantes no cumplieron con las cargas de corrección exigidas.

Frente a esta determinación, los interesados interpusieron recurso de reposición, el cual
fue resuelto mediante el auto 035 del 22 de enero de 202618, en el sentido de confirmar
la decisión inicial. Para ello, se indicó que la finalidad de dicho recurso es la corrección
de errores de hecho o de derecho y no constituye una oportunidad adicional para
subsanar omisiones previas. Seguidamente, se señaló que, tras una revisión
pormenorizada de la subsanación, no se hallaron los registros civiles necesarios para
acreditar la legitimación en la causa de varios interesados. También se precisó que la
justificación para vincular a la Policía Nacional se presentó de forma extemporánea con
la impugnación, por lo cual su valoración resulta improcedente en esa oportunidad. A su
vez, se constató la ausencia de fundamentos de derecho sustanciales y el incumplimiento
del artículo 157 del CPACA en la estimación de la cuantía, así como la falta de una
fórmula de conciliación clara en el escrito de corrección. Finalmente, se determinó que
los solicitantes omitieron remitir copia de la subsanación a todas las entidades
convocadas, lo que ratifica la legalidad de la decisión inicial ante la inobservancia de las
cargas procesales. Por lo anterior, el procurador confirmó en su integridad el auto 004.

6.3.- En este punto, la Sala debe precisar que el trámite de conciliación administrativa
regulado en la Ley 2220 de 2022 impone a los ciudadanos una carga de diligencia estricta
en la configuración de su petición. El artículo 102 de la citada disposición señala de forma
expresa que la falta de corrección de los defectos advertidos en el auto de inadmisión
conlleva el desistimiento de la solicitud.

15 A folio 132 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5CD75D8FD05A5A73
FE5FC37C501CAC4F B11764E49E9B6F54 7C84ECC4B19618DD.
16 Ibidem, a folio 133.
17 Ibidem.
18 Ibidem, a folios 132-138.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio

6.4.- Ahora bien, en relación con los argumentos expuestos en la impugnación, la cual
constituye el marco principal de este análisis, la parte actora sostiene que la decisión de
la Procuraduría constituye un exceso ritual manifiesto. No obstante, esta Subsección
coincide con el criterio expuesto por el Tribunal Administrativo del Meta, al considerar que
no se acreditó una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
administrativa. El rigor formal en la etapa de admisión de la conciliación no es un
obstáculo injustificado, sino una garantía de los principios de transparencia y
contradicción, pues permite que las entidades públicas convocadas conozcan con
certeza los hechos y pretensiones antes de que sus comités de conciliación emitan un
pronunciamiento de fondo sobre la viabilidad del acuerdo.

6.5.- Al realizar el análisis de fondo de la actuación administrativa, se advierte la
existencia de diversos puntos de discusión y divergencia entre los accionantes y el
representante del Ministerio Público respecto al cumplimiento de las cargas procesales.
Estos desacuerdos se centran en (i) la plena acreditación de la legitimación en la causa
de los tíos de la víctima; (ii) la suficiencia del acápite de fundamentos jurídicos; (iii) la
correcta estimación de la cuantía según el rigor del artículo 157 del CPACA; (iv) el
traslado oportuno de la subsanación a la totalidad de las entidades convocadas; (v) la
correcta y suficiente identificación de las partes en términos; y (vi) la ausencia de una
fórmula de conciliación y arreglo idónea.

La Sala considera que la mayoría de los aspectos mencionados corresponden a
irregularidades que, bajo una interpretación garantista, resultan ser subsanables y no
constituyen, de manera aislada, un óbice insuperable para el desarrollo del trámite
conciliatorio, puesto que la autoridad administrativa cuenta con facultades de
saneamiento que permiten reconducir el procedimiento en favor del derecho de acceso a
la justicia.

No obstante, la Procuraduría tiene razón al advertir que existen dos deficiencias
sustanciales que no fueron saneadas en la oportunidad legal y que impiden la
continuación de la actuación. En primer lugar, se destaca la falta de justificación para la
vinculación de la Policía Nacional, puesto que los motivos para convocar a dicha
institución solo se expusieron con el recurso de reposición, fuera del término perentorio
de subsanación. Este aspecto es esencial para salvaguardar el debido proceso y el
derecho a la defensa de la entidad policial, ya que una debida exposición de motivos es

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio

la única vía para asegurar que la convocada realice una correcta evaluación técnica del
caso de forma previa a la audiencia. Sin una base fáctica y jurídica clara que vincule a la
institución con el daño alegado, se anula la posibilidad de que su Comité de Conciliación
fije una postura informada, lo que desnaturaliza la finalidad de la etapa prejudicial.

En segundo lugar, se observa que la parte actora omitió presentar una fórmula de arreglo
consistente, coherente y bien fundamentada. La Sala precisa que la propuesta de
conciliación no es un requisito meramente formal, sino una garantía de los derechos de
las partes y un presupuesto de eficacia para la protección del patrimonio público. Al
limitarse a reiterar las pretensiones de una eventual demanda, los accionantes privaron
al trámite de un punto de partida para la autocomposición, carga que es imperativa según
el numeral 5 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022. La ausencia de fórmula impide que
el conciliador y los convocados cuenten con elementos de juicio para proponer fórmulas
de acercamiento, lo que compromete la viabilidad del mecanismo alternativo de solución
de conflictos, sin que sea viable, en atención a su importancia, dejar la definición de tal
elemento únicamente al momento de celebrar la audiencia respectiva.

Por lo anterior, esta Sala subraya que, si bien la conciliación extrajudicial no debe
interpretarse como un trámite revestido de un rigorismo extremo y debe propender
siempre por la eficacia del acceso a la justicia, lo cierto es que este derecho puede entrar
en pugna con las garantías de las partes demandadas. Cuando la omisión de un requisito
legal afecta de manera directa la capacidad de defensa y contradicción de los convocados
o su ausencia impide que se cumplan con los objetivos legales del procedimiento, resulta
razonable y ajustado a la Constitución aplicar de forma estricta el estudio de los requisitos
de la solicitud. Esta rigurosidad técnica se justifica con mayor fuerza cuando existen
entidades públicas involucradas, pues el cumplimiento de las formas procesales es la
herramienta que asegura la transparencia en la disposición de los recursos públicos y la
legalidad de la actuación administrativa. En consecuencia, ante la inobservancia de estas
cargas esenciales, no se puede considerar que la decisión de declarar el desistimiento
se encuentra apartada del ordenamiento jurídico.

6.6.- Bajo esta perspectiva, ante la inexistencia de un yerro con la trascendencia
suficiente para conculcar las garantías iusfundamentales de la parte actora, esta
Subsección concluye que la providencia impugnada se ajustó a derecho. La
inconformidad de los recurrentes respecto de la calificación de la subsanación no habilita

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 50001-23-33-000-2026-00037-01
Accionantes: María Eugenia Rada Castilla y otros
Accionado: Procuraduría 49 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio

la intervención del juez constitucional, habida cuenta de que la terminación de la
actuación administrativa tuvo su origen en la inobservancia de requisitos sustanciales que
comprometían el derecho de defensa de las entidades convocadas y la eficacia del
mecanismo de autocomposición. En consecuencia, se advierte que la autoridad
accionada no inobservó las formas propias del debido proceso administrativo,
circunstancia que impide la prosperidad del amparo solicitado.

7.- Por las razones expuestas, la Sala considera que la Procuraduría 49 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Villavicencio no desatendió sus obligaciones legales ni
incurrió en un error al declarar el desistimiento de la solicitud. Por el contrario, la actuación
se fundamentó en la inobservancia de los términos y cargas procesales claves por parte
de los solicitantes. En tal virtud, se procederá a confirmar la sentencia proferida el 12 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Meta, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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