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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00083-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2026-00083-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 50001-23-33-000-2026-00083-01 (3045)
Accionante: Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro

Tema: tutela para la protección de derechos políticos, de víctimas y al debido
proceso electoral. Subtema 1: curules de la circunscripción transitoria especial de
paz. Subtema 2: trashumancia electoral. Subtema 3: requisito de subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Alejandro Castillo Gaitán contra la sentencia
de primera instancia del 3 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta.

1. Síntesis del caso

La Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y (Asoyerural) presentó solicitud
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso electoral, a la
participación política, a la igualdad y de las víctimas, que consideró vulnerados por
el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) por no ejercer sus funciones frente a la presunta trashumancia acaecida en
la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) núm. 7.

2. Antecedentes

2.1. Hechos y argumentos de tutela1

1. Asoyerural explicó que es una asociación de mujeres rurales víctimas del
conflicto armado que residen en la circunscripción transitoria especial de paz

1 Samai, exp. núm. 50001-23-33-000-2026-00083-01, índice 2, certificado E4440D751A6E85DB
9989DB47CDCEDB37 7EC53827B4A6E1A2 E73E163F66BC12F7.

Radicado: 50001-23-33-000-2026-00083-01 (3045)
Accionante: Asoyerural
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro

(CITREP) núm. 7, integrada por 12 municipios de los departamentos del Meta y de
Guaviare, motivo por el que tiene interés en el censo electoral para la elección de
dicha circunscripción.

2. Destacó la naturaleza de las CITREP en los términos descritos por la Corte
Constitucional en las sentencias T-025 de 2004, C-370 de 2016 y C-630 de 2017,
que reconocieron la protección especial de las víctimas del conflicto y la garantía de
la participación efectiva.

3. Expuso datos sobre el censo electoral en los departamentos del Meta y del
Guaviare para los años 2019, 2023 y 2026 y sostuvo que el incremento ha sido del
24%, pero que, en determinados puestos fue del 1.500%, lo que «rompe
completamente la proporcionalidad demográfica y constituye un indicio objetivo de
inscripción estratégica de electores» para la CITREP núm. 7, pese a que no existe
una expansión poblacional equivalente.

4. Afirmó que la RNEC ha omitido ejercer la competencia legal de verificación de
la residencia electoral al momento de la inscripción de cédulas y que el CNE tiene
la labor de ejercer la inspección, vigilancia y control de la organización electoral; sin
embargo, no se ha informado públicamente de la realización de cruces masivos de
bases de datos, la apertura de investigación administrativa por inscripción irregular
o suspendido preventivamente ese trámite. Lo anterior, en incumplimiento de las
funciones previstas en los artículos 265 y 266 de la Constitución y en la Ley 1475
de 2011.

5. Manifestó que las anteriores irregularidades afectan la jornada electoral de
2026 porque el resultado podría estar determinado por población no destinataria;
habría una revictimización institucional; se desnaturalizaría la CITREP núm. 7; y se
sustituiría la voluntad real de las víctimas.

6. Con fundamento en lo expuesto, Asoyerural pidió al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso electoral, a la participación
política, a la igualdad y de las víctimas y, en consecuencia, que ordene lo siguiente:

SEGUNDA. […] a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, realice verificación
administrativa inmediata y documentada de las inscripciones de cédulas efectuadas
en los siguientes puestos de votación del Departamento del Guaviare:

• IE Agua Bonita – SD Santo Domingo
• IE Agua Bonita – SD Rafael Pombo
• IE Puerto Arturo
• San Isidro Uno
• Tierra Alta
• Cerritos

Deberá verificar especialmente el cumplimiento del requisito de residencia electoral
efectiva.

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Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro

TERCERA. […] al Consejo Nacional Electoral ejercer de manera inmediata su función
constitucional de inspección, vigilancia y control respecto del comportamiento atípico
del censo electoral en los puestos señalados, adoptando las decisiones
administrativas a que haya lugar conforme a la ley.
[…]
QUINTA. […] a la Registraduría remitir al despacho informe detallado que incluya:

• Número de inscripciones nuevas por puesto.
• Fecha de inscripción.
• Mecanismos de verificación de residencia utilizados.
• Resultados de cruces con bases de datos oficiales.

SEXTA. […] que, en caso de encontrarse inscripciones irregulares, se proceda a su
exclusión del censo electoral conforme a las normas vigentes antes de la
consolidación definitiva de resultados.

SÉPTIMA. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de
la Nación para que, en el marco de sus competencias constitucionales, adelanten las
investigaciones a que haya lugar respecto de posibles conductas relacionadas con
inscripción irregular de cédulas2.

7. Por otro lado, solicitó como medida provisional o definitiva que se ordene que,
mientras se realiza la verificación técnica de los hechos constitutivos de
trashumancia, no se consoliden ni se computen de forma decisiva los resultados
provenientes de los puestos de votación identificados hasta tanto se determine la
legalidad de las inscripciones.

2.2. Trámite Procesal

8. La tutela correspondió al Tribunal Administrativo del Meta que, en auto del 20
de febrero de 20263, la admitió; vinculó a las delegaciones departamentales de la
Registraduría en el Guaviare y en el Meta, a los candidatos inscritos a la CITREP
núm. 7; negó la medida cautelar solicitada; tuvo como pruebas los documentos
aportados; decretó pruebas de oficio de varias entidades, entre ellas, la RNEC, el
DANE4, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de los
municipios de Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puesto Concordia, Puerto
Lleras, Puerto Rico, Vista hermosa, San José del Guaviare, Calamar y Miraflores; y
ordenó las notificaciones de rigor.

9. Posteriormente, en auto del 25 de febrero de 20265, requirió información
adicional al DANE, a la RNEC, a la accionante, al CNE y a la Misión de Observación
Electoral (MOE).

2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, exp. núm. 50001-23-33-000-2026-00083-01, índice 2, certificado CBE24409BE3E0F89
EF9233AFE64109ED E24D8778A9B3ACA5 65C951A28B09F601.
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
5 Samai, exp. núm. 50001-23-33-000-2026-00083-01, índice 2, carpeta zip con certificado 92A8866F9EFC9E2E

9C570837C8D4AA55 CD1A252969A8FF19 7A14AF492E8FF8CE, documento «denominado
039AUTOREQUIERE».

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2.3. Intervenciones

10. Los municipios de Mesetas6, Vista Hermosa7, Puerto Lleras8, Mapiripán9, San
José del Guaviare10, la Macarena11 y El Retorno12 contestaron que, una vez
revisaron sus archivos, no encontraron haber recibido queja o denuncias sobre el
incremento injustificado en la inscripción de cédulas en zona rural, y que no ha
habido un aumento de asentamientos formales en esas zonas. Por su parte, el
municipio de Calamar13 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. Asoyerural presentó memorial en el que informó que radicó denuncias de
forma anónimas por miedo a tener repercusiones en su contra, destacó un reporte
de la Defensoría del Pueblo sobre la CITREP núm. 7, e indicó que inscribió en la
lista de candidatos a Viviana Palacios Raigosa y a Robinson Rodrigo Mora
Mahecha14.

12. El señor Alejandro Castillo Gaitán, en su condición de candidato, expuso que
los argumentos de tutela no tienen sustento probatorio y que no existe legitimación
en la causa por activa. Adujo que no se vulneraron derechos fundamentales y, en
otro memorial, aseguró que no se cumplió el requisito general de subsidiariedad y
que no se probó la configuración de un perjuicio irremediable15.

13. El DANE16 aportó los certificados requeridos sobre los censos en los territorios
representados por la CITREP núm. 7.

14. La RNEC manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que
no tiene conexión con los hechos que motivaron el litigio. Explicó sus funciones y
competencias frente al registro de cédulas y al proceso electoral del 8 de marzo de
2026, y que el CNE reguló un procedimiento para dejar sin efecto la inscripción
irregular de cédulas en la CITREP17.

15. Indicó que no se cumplió el requisito de subsidiariedad toda vez que la
tutelante no acudió a las autoridades intervinientes para ejercer los mecanismos
ordinarios para discutir sus pretensiones.

16. El CNE solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo porque la acción
es improcedente ya que no se acreditó la vulneración alegada. Argumentó que
carece de competencia en el asunto objeto de controversia. Citó las normas y
jurisprudencia que regula la investigación de la trashumancia electoral y sobre sus
competencias para dejar sin efecto las inscripciones irregulares de cédulas18.

6 Ibidem, documento denominado: «023RECEPCIÓNMEMORIALES».
7 Ibidem, documento denominado: «024RECEPCIÓNMEMORIALES».
8 Ibidem, documento denominado: «026RECEPCIÓNMEMORIALES».
9
Ibidem, documento denominado: «028RECEPCIÓNMEMORIALES».
10 Ibidem, documento denominado: «029RECEPCIÓNMEMORIALES».
11 Ibidem, documento denominado: «032RECEPCIÓNMEMORIALES».
12 Ibidem, documento denominado: «046RECEPCIÓNMEMORIALES».
13 Ibidem, documento denominado: «042CONTESTACION».
14 Ibidem, documento denominado: «025RECEPCIÓNMEMORIALES».
15 Ibidem, documento denominado: «027CONTESTACION».
16 Ibidem, documento denominado: «030RECEPCIÓNMEMORIALES».
17 Ibidem, documento denominado: «033CONTESTACION».
18 Ibidem, documento denominado: «034CONTESTACION».

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Accionante: Asoyerural
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Refirió que el procedimiento para investigar la trashumancia fue implementado para
elecciones locales y no para las de carácter nacional, ya que la CITREP fue creada
a través del Acto Legislativo 01 de 2021. Agregó lo siguiente:

[S]olo hasta las presentes elecciones el CNE ha conocido de las denuncias
presentadas y mediante AUTO-MMA-136-2025 – del 29 de octubre de 2025, se avoco
conocimiento de la situación denunciada mediante radicados (CNE-E-DG-2025-
021771 y CNE-E-DG-2025-021772 DE 2025), por lo que se espera acumular estas
con las denuncias de trashumancia electoral de las próximas autoridades locales para
incluir la información en el histórico de trashumancia por departamentos.
[…]

[E]l CNE no ha establecido un proceso o procedimiento administrativo para investigar
la presunta trashumancia electoral en la CITREP como quiera que en virtud del
artículo 4to de la Ley 163 de 1994 en concordancia con el articulo 316 Superior, esta
Corporación carece de competencia para realizar o pronunciarse sobre el particular19.

17. La señora Yasmín Mayerly López Carrillo, quien manifestó actuar como
representante legal de la Asociación de Víctimas y Población Vulnerable La Libertad
Guaviare20, y la señora Viviana Palacios Raigosa21 coadyuvaron las pretensiones
de la acción, para lo cual expusieron argumentos similares a los contenidos en el
escrito de tutela.

18. Por último, la Procuraduría General de la Nación22 indicó que no halló en sus
bases de datos la información solicitada por el despacho ponente de primera
instancia relacionada con quejas o denuncias por presunta inscripción irregular de
cédulas para la CITREP núm. 7.

2.4. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 3 de marzo de 202623
en la que amparó los derechos fundamentales al debido proceso electoral, a la
participación política, a la igualdad y de las víctimas del conflicto representados por
Asoyerural y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

SEGUNDO: […] al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que en el término de dos
(2) días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de fondo en
el proceso administrativo que adelanta por la presunta inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz nro. 7 (CITREP 7), al
cual se dio apertura a través del Auto-MMA-136-2025 del 29 de octubre de 2025, esto,
atendiendo cada una de las etapas dispuestas en la Resolución 7671 de 2021.

No obstante, si por la proximidad de los comicios (8 de marzo de 2026), las etapas y
términos previstos en la Resolución 7671 de 2021 finalizan con posterioridad a las
elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en todo caso, deberá culminar el
procedimiento administrativo de inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en la

19 Se transcribe incluso con errores de texto.
20 Ibidem, documento denominado: «037RECEPCIÓNMEMORIALES».
21 Ibidem, documento denominado: «049CONTESTACION».
22 Ibidem, documento denominado: «051RECEPCIÓNMEMORIALES».
23 Samai, exp. núm. 50001-23-33-000-2026-00083-01, índice 2, certificado 3F7AB501059E4B77
42025820301C5B44 8D73921E770227DD BBADED4BB4E9FFC9.

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Circunscripción Transitoria Especial de Paz nro 7 (CITREP 7) a pesar de ello y
publicar, de manera inmediata, las decisiones que emita dentro dicho procedimiento
en un espacio visible de su página web.
Igualmente, Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá de manera inmediata remitir
las decisiones que emita dentro del procedimiento administrativo de inscripción
irregular de cédulas de ciudadanía en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz
nro. 7 (CITREP 7) a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que esa entidad
las publique y proceda de conformidad24.

20. Por otra parte, negó la coadyuvancia que presentó la señora Yasmín Mayerly
López Carrillo, pues no aportó el certificado de existencia y representación legal de
la Asociación de Víctimas y Población Vulnerable La Libertad Guaviare; y le ordenó
a la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento al cumplimiento de la
sentencia.

21. El Tribunal de primera instancia, en términos generales, encontró que, pese a
que se han radicado quejas y denuncias por posibles hechos de trashumancia
electoral que afectaría la elección de la CITREP núm. 7, el CNE no ha adelantado
de manera oportuna el procedimiento establecido para tal fin, que aperturó con auto
MMA-136-2025 del 29 de octubre de 2025.

2.5. Impugnación

22. El señor Alejandro Castillo Gaitán presentó recurso de impugnación contra la
sentencia de primera instancia del 3 de marzo de 2026, con fundamento en que, en
su criterio, el requisito de subsidiariedad no quedó superado en el caso concreto25.

23. En tal sentido, argumentó que el Tribunal Administrativo del Meta no analizó
en debida forma la existencia de mecanismos administrativos y judiciales
procedentes para discutir los reparos que formuló la accionante. Además, alegó que
tampoco se configuró ni probó la causación de un perjuicio irremediable.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

24. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

25. La legitimación en la causa por activa de la Asociación Red de Mujeres Rurales
Vereda la Y se encuentra acreditada por cuanto, por un lado, está integrada por
personas víctimas del conflicto armado y, por otro lado, la trashumancia electoral

24 Se transcribe incluso con errores de texto.
25 Samai, exp. núm. 50001-23-33-000-2026-00083-01, índice 2, certificado 3D939CBD99F33696
29C1CB72D7C375C4 4B90E3EEE09A8F63 FEC4FF834820CD36.

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denunciada podría afectar la CITREP núm. 7, la cual fue creada para que
representara a dichas personas en la Cámara de Representantes.

26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, por cuanto
son las autoridades que conforman la organización electoral en Colombia y las
acusadas de omitir el cumplimiento de sus funciones en relación con el control de
inscripción de cédulas y las elecciones.

3.3. Problema jurídico

27. La Sala debe decidir si revoca, modifica o confirma la sentencia del 3 de marzo
de 2026 proferida el Tribunal Administrativo del Meta. Para ello, dado que el señor
Alejandro Castillo Gaitán fue recurrente único, es necesario establecer de cara a los
argumentos de la impugnación si ¿la acción de tutela que presentó la parte
accionante supera el requisito de subsidiariedad?

3.3.1. Caso concreto

28. En el asunto bajo estudio, en síntesis, Asoyerural interpuso acción de tutela
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral con
fundamento en que, a pesar de los hechos de trashumancia electoral que se
presentaron en las zonas que abarcan la CITREP núm. 7 y de las quejas o
denuncias formuladas al respecto, las mencionadas autoridades no habían ejercido
sus funciones y competencias para investigar, evitar y sancionar ese tipo de
irregularidades.

29. En la sentencia del 3 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta
concluyó que se superó el requisito de subsidiariedad y accedió a las pretensiones
de amparo. Para ello, explicó que existe un procedimiento administrativo ante el
CNE y el medio de control de nulidad electoral. Sin embargo, indicó que el
mecanismo judicial no resultaba idóneo porque era posterior a los comicios y se
centra en el candidato elegido. Frente al primero, manifestó lo siguiente:

De lo anterior, se concluye que el procedimiento administrativo establecido para
revisar y dejar sin efectos la inscripción irregular de cédulas, si bien prima facie es un
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la
parte actora, lo cierto es que por las actuaciones administrativas realizadas por el
CNE en relación con las denuncias de trashumancia en la CITREP 7 y la proximidad
de los comicios (8 de marzo de 2026), es necesaria la intervención de este Juez
Constitucional para analizar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora.

Lo anterior, toda vez que, conforme el propio el CNE lo puso de presente en su
contestación, no se ha pronunciado de fondo en las denuncias presentadas, a pesar
de haber dado apertura al procedimiento administrativo respectivo, mediante Auto-
MMA-136-2025 del 29 de octubre de 2025.

30. Por su parte, en el recurso de impugnación, el señor Alejandro Castillo Gaitán
argumentó, por un lado, que procede el medio de control de nulidad electoral y, por

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otro lado, que debe ser agotado el procedimiento administrativo previsto para los
casos de trashumancia electoral.

31. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o
amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los
casos que señala la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de
procedencia: la subsidiariedad y la inmediatez26.

32. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable27; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»28.

33. En lo concerniente al problema jurídico formulado, cabe destacar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, cuando existen otros medios de
defensa, no procede la acción de tutela, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, la mencionada norma
dispone que, la existencia de medios deberá ser apreciada en el caso concreto.

34. En cuanto al medio de control de nulidad electoral, el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad
de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los
actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo
orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades
electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la
votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la
elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se
presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser
controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos
e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

35. De acuerdo con la norma en cita, el medio de control de nulidad electoral
procede para dejar sin efectos actos de elección o de nombramiento, o decisiones
proferidas por autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones
relacionadas con la votación o los escrutinios, esto último para lo cual es necesario
demandar el acto que declara la elección.

26 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.

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36. En ese orden, al margen de la discusión atinente a si la trashumancia electoral
puede suceder para las CITREP, dado que ocurre en comicios locales y no
nacionales, lo cierto es que el medio de control de nulidad electoral no resulta idóneo
en esta oportunidad para discutir los cargos de inconformidad, toda vez que la
accionante buscó evitar con la tutela que se inscribieran cédulas de manera irregular
antes de las votaciones.

37. Con respecto al procedimiento administrativo, tal y como lo explicó el Tribunal
Administrativo del Meta en la sentencia objeto de impugnación, el CNE profirió la
Resolución 7671 el 21 de octubre de 2021, a través de la cual estableció «el
procedimiento especial, breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción
irregular de las cédulas de ciudadanía inscritas para las elecciones de las dieciséis
(16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz».

38. Según la referida norma, el CNE puede adelantar de oficio o a petición de parte
el procedimiento administrativo por trashumancia electoral para los comicios de las
16 CITREP. En este trámite decretará las pruebas necesarias y realizará cruces de
datos para verificar la inscripción irregular de cédulas; posteriormente, el magistrado
sustanciador presentará a consideración de la Sala Plena un proyecto de decisión.

39. No obstante, el CNE en su escrito de contestación de tutela, advirtió que el
artículo 316 de la Constitución solo sancionó la trashumancia para elecciones de
autoridades locales y no de carácter nacional como las CITREP; y que «la ley en su
desarrollo no contemplo esta situación y se creó el vacío jurídico que no puede ser
subsanado con una mera interpretación normativa». Agregó lo siguiente:

Es de anotar que solo hasta las presentes elecciones el CNE ha conocido de las
denuncias presentadas y mediante AUTO-MMA-136-2025 – del 29 de octubre de
2025, se avoco conocimiento de la situación denunciada mediante radicados (CNE-
E-DG-2025-021771 y CNE-E-DG-2025-021772 DE 2025), por lo que se espera
acumular estas con las denuncias de trashumancia electoral de las próximas
autoridades locales para incluir la información en el histórico de trashumancia por
departamentos.

40. De todo lo expuesto, esta Sala coincide con el Tribunal Administrativo del Meta
en que, de acuerdo con las particularidades del presente caso, existía la necesidad
de intervención del juez de tutela debido a que el CNE expresó que no había
efectuado mayores actuaciones para esclarecer los posibles hechos irregulares con
la inscripción de cédulas, pese a las denuncias recibidas y a la proximidad de los
comicios del 8 de marzo de 2026.

41. En ese orden, la tutela superó el requisito de subsidiariedad, en tanto que no
procedía como mecanismo de defensa judicial el medio de control de nulidad
electoral y, además, el procedimiento administrativo previsto para investigar las
conductas denunciadas no era idóneo de acuerdo con la misma contestación del
CNE, quien expresó que esperaría hasta las próximas denuncias por trashumancia
electoral para acumularlas, sin que pudiera advertirse una pronta solución.

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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00083-01 (3045)
Accionante: Asoyerural
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro

42. Así, cabe recordar que las CITREP fueron creadas en el Acuerdo Final para la
Paz para atender, de cierta forma, una reparación de carácter colectivo de las
víctimas de la violencia. En términos de la sentencia SU-150 de 2021 de la Corte
Constitucional, son una medida de satisfacción que restituye a las víctimas el daño
político al que fueron sometidas. Por su parte, el Acto Legislativo 2 de 2021
materializó la creación de las curules en la Cámara de Representantes.

43. En los artículos 2 y 3 ibidem, se estableció que los candidatos «solo pueden
ser inscritos por organizaciones de víctimas, […] campesinas [o] sociales,
incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos», y que, para
las elecciones solo se habilitarán puestos en las zonas rurales de las
circunscripciones para garantizar la participación de habitantes de esas lugares.

44. Bajo ese contexto, la Sala observa que, en efecto, dado que las CITREP
tienen una especial naturaleza en relación con las víctimas del conflicto, la posible
trashumancia para influir de manera irregular en las elecciones atenta contra los
derechos fundamentales de esas personas, situación que exigía y justificaba la
intervención inmediata del juez de tutela. Por los motivos expuestos, se concluye
que los cargos de impugnación no tienen vocación de prosperidad.

45. Por último, en atención a que el Tribunal Administrativo del Meta halló que el
CNE omitió finalizar el procedimiento especial, breve y sumario orientado a definir
la posible inscripción irregular de cédulas para la CITREP núm. 7 en las elecciones
del 8 de marzo de 2026, y, por tanto, le ordenó que emitiera decisión de fondo,
asunto que no fue recurrido en impugnación, la Sala confirmará en su integridad la
sentencia del 3 de marzo de 2026.

4. Conclusión

46. Dado que la Sala encontró superado el requisito de subsidiariedad de la
solicitud de amparo que presentó la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la
Y contra el Consejo Nacional Electoral, se confirmará el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta el 3 de marzo de 2026.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2025 emitida por el Tribunal
Administrativo del Meta, por los motivos consignados en la parte considerativa de
esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00083-01 (3045)
Accionante: Asoyerural
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

11

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