Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2026-00151-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00151-01
Accionante: Sergio Camilo Herrera Niño
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 23
de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
Cuatro.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 6 de abril de 20261, Sergio Camilo Herrera Niño, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana y educación que considera vulnerados por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Meta con ocasión de la expedición de las Resoluciones
CSJMER26-38 y CSJMER26-66 de 2026, mediante las cuales se le negó el permiso de
estudio para adelantar el programa de maestría en derecho procesal de la
Universidad Nacional de Colombia.
2. Hechos
2.1. El accionante ocupa el cargo de secretario en el Juzgado Promiscuo Municipal
de Restrepo.
2.2. Señala que el 3 de febrero de 2026 radicó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta solicitud de permiso para adelantar el programa de maestría en
derecho procesal de la Universidad Nacional de Colombia, cuyas clases se
desarrollarían desde el 13 de febrero hasta el 30 de mayo de 2026, los días viernes.
1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 93D23EA1B18C9B9A F5CDE041DAB60D6F 68BC7EA0.
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Archivo denominado “01 Demanda”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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Sentencia de segunda instancia
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2.3. Posteriormente, afirma que, a través de Resolución CSJMER26-38 del 11 de
febrero de 2026, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta le negó el referido
permiso de estudio. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto por la Resolución CSJMER26-66 del 26 de marzo siguiente, en el sentido
de no reponer el acto administrativo impugnado.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo:
3.1. El fundamento de la entidad accionada para negar el permiso solicitado fue el
bajo rendimiento del juez en relación con la expedición de autos y sentencias que
pongan fin a los procesos, según el egreso efectivo mensual reflejado en la última
estadística. No obstante, la exigencia de aquel requisito no está prevista ni en la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia ni en el Acuerdo PCSJA25-12350 de
2025, que regula los permisos especiales para adelantar cursos de posgrado,
aunado a que desconoce la naturaleza y el nivel de ocupación del cargo de
secretario, pues es de orden administrativo y no jurisdiccional.
3.2. Frente al derecho a la educación, la Corte Constitucional, en Sentencia T-108
de 2025, estableció que es un derecho fundamental que debe ser garantizado por
el Estado, y este tiene la responsabilidad de asegurar su disponibilidad,
accesibilidad, permanencia y calidad. Asimismo, en Sentencia T-461 de 1996
manifestó que el derecho a la educación es un derecho de orden constitucional que
goza de amparo a través de la acción de tutela; es por eso que negar el derecho al
estudio es también transgredir el derecho de la administración de justicia de servirse
de personas cada vez mejor capacitadas.
3.3. Negarle el derecho de asistir a las sesiones académicas programadas, las
cuales exigen un porcentaje mínimo de asistencia, implicaría la pérdida de las
asignaturas y del semestre en curso ante su inasistencia.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. Amparar mi derecho fundamental a la educación en conexidad con la dignidad
humana, la igualdad de oportunidades y el mínimo vital.
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2. Como mecanismo transitorio, mientras se resuelve la apelación ante la Unidad de
Carrera Judicial y se tramita la acción constitucional, autorizar el permiso de estudio para
asistir a las clases a las clases programadas para los días: viernes 27 de marzo, viernes
10 de abril, viernes 17 de abril y viernes 24 de abril del año en curso, conforme lo
expuesto.
3. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, para que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, revoque la Resolución No. CSJMER26-38 2026 y la
Resolución No. CSJMER26-66 de 2026, y en su lugar conceda el permiso para adelantar
la Maestría en Derecho Procesal con la Universidad Nacional de Colombia.”3
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 7 de abril de 20264, se admitió la acción de tutela, se decretó
la medida provisional solicitada, en el sentido de ordenar al “Consejo Seccional de
la Judicatura del Meta [que] autorice de manera inmediata y transitoria al señor
Sergio Camilo Herrera Niño, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de
Restrepo [Meta], para asistir a las clases de la maestría en derecho procesal de la
Universidad Nacional de Colombia programadas para los días viernes 10, 17 y 24
de abril de 2026, sin que ello implique el reconocimiento definitivo del permiso
especial de estudio, hasta tanto se adopt[ara] decisión de fondo en la presente
acción de tutela o se resuelva el recurso de apelación concedido, lo que ocurra
primero”.
Igualmente, se vinculó a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y se dispuso la notificación a las partes.
5.2. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura5 señaló que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva
de dicha entidad y, en consecuencia, solicitó su desvinculación, comoquiera que,
conforme a lo establecido en el Acuerdo PCSJA25-12350 de 2025, corresponde al
respectivo Consejo Seccional de la Judicatura tramitar y decidir los permisos de
estudio solicitados para los funcionarios judiciales y empleados de su respectivo
distrito.
De su lado, informó que frente al recurso de apelación concedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta ante esa corporación se profirió el Oficio CJO26-
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Archivo denominado “01 Demanda”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21, folio 5.
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Archivo denominado “07 Auto admite”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
5
Archivo denominado “09 Contestación”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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Accionante: Sergio Camilo Herrera Niño
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1659 del 27 de marzo de 2026, el cual fue notificado al correo electrónico
germanasse@hotmail.com. En dicho oficio se aclaró al tutelante que: i) el Acuerdo
PCSJA25-12350 del 20 de noviembre de 2025 delegó en los Consejos Seccionales
de la Judicatura la autorización de permisos especiales para funcionarios judiciales
y empleados de su distrito; y ii) el Consejo Seccional del Meta, mediante el artículo
3 de la Resolución CSJMER26-38 del 11 de febrero de 2026, excluyó expresamente
el recurso de apelación.
En consecuencia, aseveró que no procedía, por parte de esa unidad, tramitar de
fondo el recurso de apelación interpuesto, por: i) exclusión expresa en el acto; ii)
sujeción a los recursos de la autoridad delegante; y iii) prohibición legal en el CPACA,
en su artículo 74, numeral 2.
5.3. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta6 afirmó que la solicitud de
permiso especial de estudio fue tramitada y decidida conforme a la Ley 270 de 1996
y al Acuerdo PCSJA25-12350 de 2025.
Explicó que, aunque el referido acuerdo no dispone expresamente del indicador de
“egreso efectivo mensual” como requisito autónomo, sí exige verificar que el
otorgamiento del permiso no afecte la prestación del servicio, lo cual implica un
análisis objetivo de la situación del despacho mediante indicadores de gestión como
ingreso, egreso e inventario, siendo aquel un criterio técnico válido para evaluar la
carga laboral.
Precisó que el cargo de secretario cumple funciones esenciales dentro del despacho
judicial y que, ante la inexistencia de personal que supla dichas funciones, su
ausencia incide directamente en la capacidad operativa, por lo que el análisis debe
realizarse desde una perspectiva integral del servicio. Informó que el recurso de
apelación interpuesto por el accionante fue rechazado por improcedente por la
Unidad de Carrera Judicial, circunstancia que fue comunicada mediante los oficios
correspondientes.
Sostuvo que la decisión adoptada se ajusta a los principios constitucionales de
eficacia, continuidad y prevalencia del interés general, y supera el juicio de
proporcionalidad, en tanto i) es idónea para garantizar la prestación del servicio, ii)
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Archivo denominado “11 Contestación”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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es necesaria ante la inexistencia de medidas menos lesivas y iii) resulta proporcional
en sentido estricto, al prevalecer el interés general sobre el particular.
Advirtió que el derecho a la educación no es absoluto y que no se configuró un
perjuicio irremediable, pues la negativa del permiso no afecta el mínimo vital ni
impide el ejercicio profesional del accionante, quien incluso puede acceder a
modalidades alternativas de formación. Por otro lado, mencionó que los permisos
de estudio constituyen una facultad condicionada de la administración y no un
derecho automático, por lo que su otorgamiento depende de que no se afecte el
servicio de justicia.
Finalmente, aportó copia de la Resolución CSJMER-75 del 9 de abril de 2026, por
medio de la cual dio cumplimiento a la medida provisional decretada en el auto
admisorio del 7 de abril de 2026.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 23 de abril de 20267, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
Cuatro, negó la acción de tutela.
El a quo constitucional sostuvo que la Ley 270 de 1996 establece que el Consejo
Superior de la Judicatura podrá autorizar el permiso para estudiar, siempre y cuando
no afecte la prestación del servicio. Lo anterior significa que esa entidad tiene un
margen de discrecionalidad a la hora de conceder este tipo de permisos especiales,
pues además de valorar la causa que se invoca para solicitarlos, debe procurar que
el ejercicio del derecho se armonice con el cumplimiento de los deberes de los
funcionarios y con los fines del servicio de administración de justicia.
En ese sentido, expuso que verificar que la ausencia de un funcionario de un
despacho judicial no afecte la prestación del servicio exige un análisis material y
objetivo de las condiciones del despacho. Por ello, la utilización de indicadores de
gestión, como ingreso, egreso e inventario, no constituye, por sí sola, la creación de
un requisito nuevo o extraño al régimen aplicable, sino una herramienta de
valoración para establecer si la ausencia del servidor compromete la continuidad,
oportunidad y eficacia del servicio de justicia. De hecho, la entidad accionada
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Archivo denominado “14 Sentencia”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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explicó al actor que el despacho en el que labora presentaba, con corte a septiembre
de 2025, un ingreso efectivo mensual superior a la media nacional en 31 procesos
y un egreso efectivo mensual inferior en 2, con un incremento significativo del
inventario final que alcanzaba el 283%. Posteriormente, con los datos consolidados
del año 2025, indicó que el inventario final continuaba en niveles muy superiores a
los parámetros de referencia, alrededor del 270.88%.
En consecuencia, determinó que la negativa del permiso especial de estudio no
obedeció a una decisión arbitraria, caprichosa o desprovista de soporte objetivo,
sino al ejercicio razonable de una facultad administrativa que encuentra sustento en
lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, particularmente en los principios de eficiencia,
continuidad y adecuada prestación del servicio de administración de justicia, así
como en el Acuerdo PCSJA25-12350 de 2025.
Finalmente, dijo que la negativa del amparo no excluye la posibilidad de que el
accionante acuda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 8,
en el que argumentó lo siguiente:
7.1. La Corte Constitucional, en Sentencia T-270 de 2006, estableció que, si bien es
cierto que la autoridad competente tiene un margen de discrecionalidad a la hora de
conceder este tipo de beneficios, también lo es que tiene el deber de procurar que
el ejercicio del derecho a la educación se armonice con el cumplimiento de los
deberes de los funcionarios y con los fines del servicio. Igualmente, precisó que las
facultades que se otorgan en virtud de esa potestad discrecional no pueden derivar
en arbitrariedad, porque tienen su límite en el ordenamiento jurídico y en los
derechos fundamentales de las personas.
7.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta omitió el deber de armonizar su
derecho a la educación con la necesidad de preservar la continuidad y eficacia del
servicio público de administración de justicia, ya que se limitó a negar el permiso de
estudio sin evaluar ni proponer alternativas.
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Archivo denominado “16 Solicitud impugnación”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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7.3. Si bien es cierto que existe una vía judicial ordinaria como lo sería el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, también lo es que no resulta
idóneo ni eficaz para brindar una protección inmediata, en la medida en que se
enfrenta a una situación actual y concreta relacionada con el desarrollo del semestre
académico. En consecuencia, solicitó que, mientras se tramita la acción
constitucional y se resuelve el asunto, como mecanismo transitorio, se autorice el
permiso de estudio para asistir a las clases programadas para los días 8, 15, 22 y
29 de mayo de 2026.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 6 de mayo de 20269, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra
el fallo proferido el 23 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala
de Decisión Oral Cuatro.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
3. Carencia actual de objeto
Resulta necesario reiterar que el Alto Tribunal Constitucional, en repetidas
ocasiones10, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando,
frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida
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Archivo denominado “18 Auto concede”, visible a índice 15 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
6934CB492450D70D AF4B1239EB526CE5 34AA3FC417EA8866 A87D59F0AF763B21.
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Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
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por el juez sería inane. Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta
un daño consumado11, un hecho superado12 o una situación sobreviniente13.
3.1. En el sub examine, el interesado considera que sus derechos fundamentales
fueron transgredidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, porque le
negó el permiso solicitado con fundamento en el bajo rendimiento del juez, en
relación con la expedición de autos y sentencias que pongan fin a los procesos,
según el egreso efectivo mensual reflejado en la última estadística. No obstante, a
su juicio, la exigencia de aquel requisito no está prevista en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia ni en el Acuerdo PCSJA25-12350 de 2025, que regula los
permisos especiales para adelantar cursos de posgrado, aunado a que desconoce
la naturaleza y el nivel de ocupación del cargo de secretario, pues es de orden
administrativo y no jurisdiccional.
Señala que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta omitió el deber de
armonizar su derecho a la educación con la necesidad de preservar la continuidad
y eficacia del servicio público de administración de justicia, pues se limitó a negar el
permiso de estudio sin evaluar ni proponer alternativas.
Finalmente, manifiesta que, si bien es cierto que existe una vía judicial ordinaria
como lo sería el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, también
lo es que no resulta idóneo ni eficaz para brindar una protección inmediata, en la
medida en que se enfrenta a una situación actual y concreta relacionada con el
desarrollo del semestre académico.
3.2. Pues bien, al revisar los antecedentes del proceso, se observa que el 3 de
febrero de 2026, el señor Herrera Niño solicitó a la accionada permiso de estudio
11
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
12
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se percibe cuando, como consecuencia del
obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los
casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i,estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
13
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría
que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”.
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para asistir “al segundo semestre del programa de Maestría en Derecho Procesal
de la Universidad Nacional de Colombia, cuyas clases se desarrollarán desde el 13
de febrero hasta el 30 de mayo de 2026, los días viernes en el horario de 5 pm a 9
pm y los sábados, de 8 am a 12m, en el Edificio Gabriel Rosas del Campus San
Antonio de la Universidad de Los Llanos, en Villavicencio.”14
De su lado, en el escrito de impugnación el actor solicitó que, mientras se tramita la
acción constitucional y se resuelve el asunto, como mecanismo transitorio, se
autorice el permiso de estudio para asistir a las clases programadas para los días
8, 15, 22 y 29 de mayo de 2026.
3.3. Bajo este panorama, se constata que durante el trámite de la acción de tutela
se produjo el supuesto fáctico que el accionante pretendía evitar, en tanto la última
clase del semestre académico tuvo lugar el 29 de mayo de 2026. Así las cosas, se
estima innecesario estudiar el fondo del permiso de estudio solicitado, por cuanto
un pronunciamiento de la Sala resultaría inocuo, toda vez que, según se expuso, y
de conformidad con lo solicitado por el accionante, el primer semestre del programa
de maestría en derecho procesal de la Universidad Nacional de Colombia ya
finalizó.
3.4. El escenario descrito genera la extinción del objeto jurídico del amparo, puesto
que cualquier orden de protección emitida por el juez en este momento procesal
carecería de eficacia, dada la configuración del fenómeno denominado carencia
actual de objeto por daño consumado. En efecto, la protección, tal y como fue
solicitada, no resulta necesaria, en tanto se materializó el daño que se pretendía
evitar.
4. Por lo tanto, la Sala modificará la decisión impugnada, en el sentido de declarar
la improcedencia del amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 23 de abril de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, que negó el
amparo solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
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