Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00272-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00272-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2026-00272-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 50001-23-33-000-2026-00272-011
Accionante : Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado : Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de
San José del Guaviare
Vinculados : Laura Camila Ortiz Quevedo y Christian Alexander Rojas
Medina
Acción : Tutela
Tema : Tutela por falta de publicación de actos administrativos de
nombramiento en provisionalidad en la Rama Judicial
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026) proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. La señora Nancy Andrea Barrera Calderón, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
igualitario a cargos públicos y al principio de publicidad, presuntamente vulnerados
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Claudia Patricia Alonso Pérez.
Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
por el Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del
Guaviare
3. Por consiguiente, solicitó:
[…] se ORDENE al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
San José del Guaviare que, dentro del término que considere el despacho,
proceda a publicar efectivamente las Resoluciones No. 011 y 012 del 2 de
marzo de 2026, por medios idóneos que garanticen la amplia divulgación y el
conocimiento de los terceros interesados, conforme al artículo 37 y al parágrafo
del artículo 65 del CPACA.
[…] se ORDENE al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
San José del Guaviare que, para futuras provisiones de cargos en
provisionalidad respecto de vacantes definitivas, implemente mecanismos
mínimos de publicidad que permitan a los terceros interesados conocer
oportunamente la existencia de las vacantes y ejercer sus derechos de defensa y
contradicción frente a los actos administrativos de nombramiento.
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, con ocasión de las vacantes
generadas en los cargos de secretaria y oficial mayor del Juzgado Segundo (2)
Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, mediante las
Resoluciones núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
fueron nombrados en provisionalidad Laura Camila Ortiz Quevedo y Christian
Alexander Rojas Medina, respectivamente.
5. Según la señora Nancy Andrea Barrera Calderón, los actos de nombramiento no
fueron publicados, comunicados ni puestos en conocimiento de los servidores
judiciales o del público en general «ni de las personas que pudieran resultar directamente
afectadas por tales decisiones». Agregó que, tampoco se realizó convocatoria,
divulgación de las vacantes o mecanismo alguno que permitiera a los posibles
aspirantes postularse en condiciones de igualdad.
6. Indicó que es servidora de carrera de la Rama Judicial, vinculada en propiedad, y
que, según consta en la respuesta a un derecho de petición rendida el Veinticuatro
(24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), su hoja de vida fue valorada para ambos
cargos, pese a ello fueron seleccionadas otras personas. Asimismo, señaló que, el
despacho accionado informó que no existían protocolos para documentar la
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
2
Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
evaluación y comparación de las hojas de vida y que la provisión de los cargos se
sustentó en criterios relacionados con la «trayectoria, compromiso y disposición».
7. A juicio de la accionante, la omisión de publicar los actos administrativos de
nombramiento afectó sus derechos de defensa y contradicción, pues el literal a) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé un término de 30 días, contado a partir
del día siguiente a la publicación del acto, para promover el medio de control de
nulidad electoral. En consecuencia, sostuvo que, dicha omisión le impidió conocer
oportunamente las decisiones y acudir en debida forma al referido mecanismo
judicial.
1.4 Contestación de la acción
8. 1.4.1 La señora Laura Camila Ortiz Quevedo4 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negara el amparo. Sostuvo
que, la accionante conocía la existencia de las vacantes y de los nombramientos,
pues, labora en el mismo despacho accionado, fue consultada sobre su interés en
ocupar el cargo de secretaria «pero inicialmente su respuesta fue NEGATIVA». No obstante,
su hoja de vida se valoró para la provisión de los empleos. Además, señaló que,
mediante la respuesta del Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
recibió copia de las Resoluciones 011 y 012 de 2026.
9. Asimismo, manifestó que, la afirmación relativa a la falta de publicidad no se
ajustaba a la realidad, debido a que las referidas resoluciones fueron demandadas
por la señora Alba Liliana Ardila Felacio mediante el medio de control de nulidad
electoral radicado núm. 50001-23-33-000-2026-00176-00, tramitado ante el Tribunal
Administrativo del Meta. A su juicio, el hecho que una persona que no pertenecía al
distrito judicial de San José del Guaviare hubiera conocido y aportado dichos actos
al proceso permitía inferir que estos sí fueron divulgados, aunque no se precisara la
forma en que tuvo acceso a ellos.
10. Finalmente, alegó que, el mecanismo constitucional no satisfacía los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez, porque la accionante disponía de medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los cuales podía solicitar
4
Índice 7 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
medidas cautelares, y había dejado transcurrir aproximadamente dos meses sin
acudir al juez natural.
11. 1.4.2 El señor Christian Alexander Rojas Medina5 sostuvo que su
nombramiento se sustentó en la valoración objetiva de su perfil, experiencia en la
Rama Judicial y solvencia técnica. Agregó que, el acto administrativo fue conocido
por terceros, pues se encuentra demandado dentro del medio de control de nulidad
electoral radicado núm. 50001-23-33-000-2026-00176-00, tramitado ante el
Tribunal Administrativo del Meta. Por ello, consideró que no existió una omisión de
publicidad, sino falta de diligencia de la accionante al no acudir oportunamente a los
mecanismos ordinarios previstos para controvertir la legalidad del acto de
nombramiento.
12. 1.4.3 El Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José
del Guaviare6 sostuvo que la provisión de los cargos se efectuó conforme a lo
establecido en el numeral 2° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificado por
el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024. Expuso que la accionante conoció la vacante
de secretaria y manifestó no estar interesada en ocuparla; posteriormente, presentó
su hoja de vida para el cargo de oficial mayor, la cual fue valorada junto con las de
los demás aspirantes. Asimismo, precisó que, tuvo conocimiento de los
nombramientos desde la posesión de los servidores, ocurrida el Dos (2) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), y formalmente desde la respuesta del Veinticuatro (24)
de Abril siguiente, mediante la cual recibió copia de las Resoluciones núm. 011 y
012 de marzo de 2026.
13. De otro lado, indicó que, dichos actos fueron demandados por la señora Alba
Liliana Ardila Felacio mediante el medio de control de nulidad electoral radicado
núm. 50001-23-33-000-2026-00176-00, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal
Administrativo del Meta. En consecuencia, estimó que, la accionante no fue privada
de acudir a los mecanismos judiciales para cuestionar su legalidad. Por lo tanto,
solicitó declarar improcedente la tutela, pues, contaba con medios ordinarios de
defensa que resultaban idóneos para controvertir las resoluciones y no acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional
del mecanismo constitucional.
5
Índice 8 de SAMAI del proceso de primera instancia.
6
Índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
1.5 Providencia impugnada7
14. Mediante sentencia del Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo del Meta declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, al considerar que, la controversia planteada por la tutelante no superaba
el requisito de subsidiariedad. En ese sentido, explicó que, para obtener la
publicación de las Resoluciones núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), la accionante contaba con la acción de cumplimiento, mecanismo
idóneo y eficaz para exigir la observancia del deber previsto en el artículo 65 del
CPACA.
15. Asimismo, precisó que, la falta de publicación no le impedía controvertir
judicialmente los actos de nombramiento, pues, aquella no constituye, en todos los
casos, el único punto de partida para ejercer los medios de control judicial, «lo cual
debe determinar el juez natural al momento de admitir la demanda si cuenta con elementos de juicio
suficientes para determinar la oportunidad del ejercicio del medio de control o luego del debate
probatorio». En particular, advirtió que, al menos desde la respuesta emitida por el
juzgado accionado el Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la
accionante tenía conocimiento de los actos administrativos y contaba con copia de
ellos, por lo que no se evidenciaba afectación de sus derechos fundamentales.
1.6 La impugnación8
16. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, el Tribunal efectuó un análisis equivocado del requisito de
subsidiariedad, pues, la acción de cumplimiento no constituía un mecanismo idóneo
ni eficaz para la protección de los derechos invocados. Afirmó que, dicho
instrumento permite exigir el cumplimiento del deber de publicación, pero no
restablece la oportunidad procesal que, a su juicio, se vio comprometida por la falta
de divulgación de los actos de nombramiento. En esa línea, advirtió que, el artículo
9 de la Ley 393 de 1997 excluye la acción de cumplimiento cuando se pretende la
protección de derechos susceptibles de amparo mediante tutela, por lo que estimó
contradictorio remitirla a un mecanismo que la propia ley descarta en tales eventos.
7
Visible a índice 2 de SAMAI del expediente de segunda instancia, archivo «16ED_Fallo(.pdf) NroActua 2».
8
Índice 14 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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17. Cuestionó, además, que el a quo equiparara el conocimiento de las Resoluciones
núm. 011 y 012 de marzo de 2026 con su publicación formal. Sostuvo que, haber
recibido copia de esos actos mediante la respuesta del Veinticuatro (24) de Abril de
Dos Mil Veintiséis (2026) no suplía el deber de publicidad previsto en el CPACA,
cuya finalidad era establecer un punto de partida cierto y oponible para contabilizar
el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral. Bajo esa premisa,
señaló que, la demanda promovida por la señora Alba Liliana Ardila Felacio contra
las mismas resoluciones únicamente demostraba que esa persona tuvo
conocimiento de los actos, pero no que estos hubieran sido publicados ni que todos
los potenciales interesados hubiesen tenido acceso a ellos. También precisó que,
las reglas de la Ley 270 de 1996 relativas a la provisión de vacantes definitivas no
excluían el deber de publicar los actos de nombramiento establecido en el artículo
65 del CPACA.
18. Finalmente, sostuvo que, aun ante la existencia de otros medios judiciales, la
tutela resultaba procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Al respecto, afirmó que, la falta de publicación mantenía incierto el
momento a partir del cual debía contabilizarse el término de treinta (30) días para
promover el medio de control de nulidad electoral, lo que comprometía la posibilidad
de controvertir los actos administrativos de nombramiento. Consideró que, el
perjuicio era inminente, por la incertidumbre sobre el dies a quo; grave, ante el riesgo
de perder definitivamente la oportunidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; urgente, por la necesidad de una respuesta inmediata; e
impostergable, porque solo la publicación permitiría establecer con certeza el
término de caducidad y ejercer oportunamente el derecho de defensa. Con
fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
19. En virtud de los artículos 329 del Decreto Ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)12 expedido por la Sala
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
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Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción
20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
21. Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y, en caso afirmativo, si la falta de publicación de las Resoluciones
núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante las
cuales, el Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del
Guaviare efectuó unos nombramientos en provisionalidad, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso igualitario a cargos públicos y al
principio de publicidad de la accionante, al haberle impedido, según afirma, conocer
oportunamente dichas decisiones y ejercer los mecanismos judiciales dispuestos
para controvertirlas.
2.4 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
22. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de
la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
7
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defensa previstos en la correspondiente regulación común13.
23. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico14. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia15.
24. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:
[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los
derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos
legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se
distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez
de amparo16.
25. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos
del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia
de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela.
26. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de
13
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
14
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
15
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
16
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
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los derechos sobre las consideraciones de índole formal17.
27. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado18.
28. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:
(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad19.
2.5 Solución al caso concreto
29. En el asunto sub examine, la Sala evidencia que, la accionante cuestiona la falta
de publicación de las Resoluciones núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos
Mil Veintiséis (2026), mediante las cuales el Juzgado Segundo (2) Promiscuo de
Familia del Circuito de San José del Guaviare efectuó los nombramientos en
provisionalidad de Laura Camila Ortiz Quevedo y Christian Alexander Rojas Medina.
A su juicio, dicha omisión le impidió conocer oportunamente los actos
administrativos y ejercer a tiempo el medio de control de nulidad electoral previsto
en el artículo 139 del CPACA, cuyo término de caducidad, según afirma, se
contabiliza a partir de la publicación del acto.
30. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
17
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
18
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
19
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de
tutela procede de manera transitoria20.
31. Bajo ese contexto, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal
Administrativo del Meta, pues, la solicitud de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad. En efecto, aun cuando la accionante plantea la vulneración de sus
derechos fundamentales a partir de la falta de publicación de las ya mencionadas
resoluciones, una de sus pretensiones está dirigida, precisamente, a obtener el
cumplimiento del deber de publicidad previsto en el artículo 65 del CPACA, que, en
su criterio, fue omitido por el Juzgado accionado.
32. En ese sentido, la accionante contaba con la acción de cumplimiento prevista en
el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997,
mecanismo dispuesto para exigir de las autoridades el acatamiento de los deberes
contenidos en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo. En
el presente asunto, el parágrafo del artículo 65 del CPACA establece expresamente
el deber de publicar los actos administrativos de nombramiento; por ende, antes de
acudir a la tutela, podía promover dicha acción con el propósito de obtener del juez
competente una orden encaminada a que la autoridad judicial accionada efectuara
la publicación de las Resoluciones núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026). En consecuencia, dicho instrumento resultaba idóneo para
satisfacer dicha pretensión y su existencia impide acudir directamente al juez
constitucional para obtener el mismo resultado.
33. Sobre el particular, la Sección Quinta21 de esta Corporación examinó una
controversia relacionada con la falta de publicación de actos administrativos de
nombramiento y concluyó que, el parágrafo del artículo 65 del CPACA contiene un
mandato imperativo, expreso e inobjetable, que impone a la autoridad que los expide
el deber de publicarlos. En ese asunto, además, al analizar la subsidiariedad de la
acción de cumplimiento, precisó que, no se advertía otro mecanismo judicial para
obtener la publicación de tales actos y puntualizó que, «[t]ampoco se evidencia que lo
pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela».
20
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de abril de 2026, proceso núm. 25000-23-41-000-2025-01401-01,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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34. En consecuencia, dicha decisión permite corroborar que la acción de
cumplimiento resulta idónea para obtener la publicación cuya omisión cuestiona la
accionante en este trámite constitucional y, por tanto, que la tutela no puede
desplazar el mecanismo específicamente previsto para alcanzar ese propósito.
35. Por esa razón, para la Sala no es de recibo el argumento de la demandante según
el cual la remisión a la acción de cumplimiento desconoce el artículo 9 de la Ley 393
de 1997. Si bien dicha disposición establece que ese mecanismo no procede para
obtener la protección de derechos que puedan garantizarse mediante tutela, en este
caso la controversia recae, de manera concreta, sobre el presunto incumplimiento
de publicar unos actos de nombramiento. Por lo tanto, la pretensión de obtener la
publicación de las Resoluciones núm. 011 y 012 de marzo de 2026 debe ser
planteada a través de la acción de cumplimiento, sin que la invocación de derechos
fundamentales desplace ese mecanismo judicial, máxime cuando no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez
constitucional.
36. Ahora bien, un asunto distinto corresponde a la inconformidad de la señora Nancy
Andrea Barrera Calderón con los nombramientos efectuados mediante las
Resoluciones núm. 011 y 012 del Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). Si
su propósito es cuestionar la legalidad de esos actos, el artículo 139 del CPACA
contempla el medio de control de nulidad electoral respecto de los actos de
nombramiento expedidos por las autoridades públicas. A su vez, el literal a) del
numeral 2 del artículo 164 ibidem establece el término para formular la demanda y
las reglas a partir de las cuales debe efectuarse su cómputo.
37. Del material probatorio allegado al proceso se encuentra acreditado que,
mediante la respuesta emitida por la autoridad judicial demandada el Veinticuatro
(24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la accionante recibió copia de las
resoluciones que manifiesta no fueron publicadas. Desde ese momento conocía su
contenido, por lo que se encontraba en la posibilidad de acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para cuestionar su legalidad.
38. En cuanto a lo expuesto por la impugnante en su escrito, según el cual dicho
conocimiento no suplía la publicación formal y, por ende, subsistía incertidumbre
respecto del término para promover el medio de control de nulidad electoral, la Sala
11
Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
considera que, esa circunstancia no tornaba ineficaz dicho mecanismo. Por el
contrario, la accionante podía poner de presente ante el juez administrativo la falta
de publicación de los actos y las consecuencias que, en su criterio, esa omisión
generaba sobre el cómputo de la caducidad, pues, correspondía a dicha autoridad
valorar la oportunidad de la demanda conforme a las particularidades del caso. En
consecuencia, esa discusión no desplaza al juez natural.
39. Aunado a lo anterior, se advierte que, las Resoluciones núm. 011 y 012 de marzo
de 2026 actualmente son objeto del medio de control de nulidad electoral promovido
por la señora Alba Liliana Ardila Felacio, bajo el radicado núm. 50001-23-33-000-
2026-00176-00, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del
Meta. De esta manera, existe un proceso judicial en curso en el que se controvierte
la legalidad de los mismos actos administrativos respecto de los cuales la
accionante cuestiona la falta de publicación.
40. En ese sentido, el artículo 228 del CPACA prevé que, en los procesos electorales,
cualquier persona puede solicitar que se la tenga como impugnadora o coadyuvante
hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la audiencia inicial. Por
consiguiente, siempre que la etapa procesal lo permita, la señora Barrera Calderón
puede solicitar su intervención como coadyuvante de la parte demandante en el
referido proceso y plantear allí, dentro de los límites propios de esa figura, los
argumentos que estime pertinentes frente a los actos de nombramiento. Esta
posibilidad constituye un escenario adicional para la defensa de sus intereses y
reafirma que la tutela no puede desplazar los mecanismos dispuestos ante el juez
natural.
41. De este modo, las circunstancias expuestas evidencian que la señora Barrera
Calderón dispone de instrumentos judiciales que responden a las distintas
finalidades perseguidas con la tutela. De una parte, puede acudir a la acción de
cumplimiento para exigir la publicación de los actos administrativos de
nombramiento y, de otra, cuenta con los mecanismos propios de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, en especial de la nulidad electoral para controvertir
su legalidad o intervenir en el proceso que actualmente se adelanta respecto de las
mismas resoluciones. El amparo constitucional no está llamado a sustituir esos
escenarios ni a resolver anticipadamente asuntos atribuidos al juez competente.
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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
42. Tampoco se encuentra acreditado un perjuicio irremediable que justifique
desplazar los mecanismos judiciales disponibles. Si bien la accionante sostiene que,
la falta de publicación genera incertidumbre respecto del término para controvertir
los actos de nombramiento, lo cierto es que desde el Veinticuatro (24) de Abril de
Dos Mil Veintiséis (2026) conocía las resoluciones ya que estas le fueron remitidas
a su correo electrónico, sin que hubiese acudido al juez administrativo para plantear
dicha circunstancia y obtener un pronunciamiento sobre la oportunidad del medio
de control. A ello se suma que actualmente existe un proceso de nulidad electoral
contra esos mismos actos, en el cual puede solicitar su intervención, y que dispone
de la acción de cumplimiento para procurar la publicación que reclama. En esas
condiciones, no se advierte una afectación que haga indispensable la intervención
del juez constitucional.
43. Por todo lo anterior, la Sala precisa que, en tales condiciones (la existencia de
otros medios de defensa), es aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la
Constitución Política, en atención a la cual la acción de tutela «solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» 22.
III. DECISIÓN
44. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el presente asunto la
accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
subsidiariedad de la acción. Por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado que
declaró improcedente el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
22
Artículo 86 de la Carta Política.
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Radicado: 50001-23-33-000-2026-00272-01
Accionante: Nancy Andrea Barrera Calderón
Accionado: Juzgado Segundo (2) Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo del Meta
y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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