Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO Y, EN SU
LUGAR, SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN UNA MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA,
MÍNIMO VITAL Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 13 de agosto de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META1 declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1
En adelante TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
La señora VITALIA HUERTAS NUÑEZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
tutela judicial efectiva y a la “protección especial de las personas en
condición de vulnerabilidad”, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO2 al haber incurrido en una presunta mora judicial
injustificada, por cuanto al parecer no ha realizado la entrega de las
sumas de dinero consignadas a su favor dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación 50001-33-
33-007-2016-00442-00.
I.2.- Hechos
Refirió que mediante sentencia proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número de radicación 2010-
00005-00, se condenó al INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)3 al pago de una
indemnización equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales
2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante INPEC.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), por concepto de perjuicios morales
a su favor.
Indicó que, ante el incumplimiento de la citada entidad, promovió
proceso ejecutivo para obtener el pago efectivo de la obligación, el
cual fue identificado con el número único de radicación 2016-00442-
00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que desde el año 2018
tiene en su poder los recursos consignados en la cuenta del
despacho, los cuales permanecen inmovilizados pese a que
materialmente le pertenecen por existir una condena reconocida a su
favor.
Manifestó que si bien la liquidación del crédito fue presentada desde
el 3 de octubre de 2022, solo fue aprobada por el JUZGADO hasta
el 7 de noviembre de 2024 y hasta la fecha este ha dilatado la
entrega de los dineros de forma injustificada pese a todas las
gestiones que ha adelantado a través de su apoderada judicial.
Aseguró que es una persona mayor, víctima del conflicto armado
colombiano por ser desplazada por la violencia, pertenece al Sisbén
B1, no tiene empleo y actualmente no percibe ingresos que le
permitan cubrir dignamente sus necesidades básicas, por lo que la
demora injustificada del despacho judicial accionado le afecta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
directamente su mínimo vital y demás derechos fundamentales, pues
los recursos allí retenidos constituyen el único patrimonio líquido del
que puede disponer para satisfacer necesidades esenciales como
alimentación, vivienda, medicamentos, transporte y demás gastos
propios de su condición de vulnerabilidad.
I.3.- Pretensiones
Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA. Tutelar mis derechos fundamentales al acceso
efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, al
mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad material y a
la tutela judicial efectiva, los cuales han sido vulnerados por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio
como consecuencia de la mora judicial injustificada en la
entrega de los dineros consignados a órdenes del proceso
ejecutivo No. 5000133330072016-00442-00.
SEGUNDA. Declarar que la mora judicial en que ha incurrido
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio
constituye una vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante, al mantener retenidos, sin justificación legal,
unos recursos cuya entrega resulta procedente y respecto de
los cuales no existe controversia jurídica pendiente.
TERCERA. Reconocer que la accionante es sujeto de especial
protección constitucional por su condición de víctima del
conflicto armado, desplazada por la violencia, beneficiaria del
Sisbén, desempleada y en situación de vulnerabilidad
económica, circunstancias que imponían al despacho accionado
un deber reforzado de diligencia y celeridad.
CUARTA. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, o dentro del término
que el Honorable Tribunal considere razonable, expida el auto
mediante el cual disponga la entrega de los títulos judiciales y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
de los dineros consignados a órdenes del proceso ejecutivo No.
5000133330072016-00442-00, hasta concurrencia del valor de
la liquidación del crédito aprobada, y se realice los trámites
necesarios para la entrega de los títulos correspondientes.
QUINTA. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio dar cumplimiento inmediato a lo
previsto en el artículo 447 del Código General del Proceso,
haciendo efectiva la entrega de los recursos consignados a
órdenes del proceso, con observancia de los principios de
celeridad, eficacia, economía procesal y tutela judicial efectiva.
SEXTA. Prevenir al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio para que, en lo sucesivo, se abstenga
de incurrir en actuaciones u omisiones que generen dilaciones
injustificadas en la resolución de solicitudes relacionadas con la
entrega de títulos judiciales, especialmente cuando los
beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional.
SÉPTIMA. Disponer que el cumplimiento de las órdenes
impartidas en el fallo de tutela se realice de manera inmediata,
atendiendo la condición de vulnerabilidad de la accionante y el
perjuicio irremediable que continúa ocasionando la retención
injustificada de los recursos judiciales. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El INPEC solicitó ser desvinculado del presente trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad
no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y el
JUZGADO accionado es el llamado a resolver las pretensiones de la
actora.
I.5.2.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número 2016-00442-
00 y afirmó que el 22 de enero de 2026 el profesional universitario
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
adscrito a la secretaría del TRIBUNAL remitió la liquidación del
crédito, la cual fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación.
Indicó que, previo a resolver el recurso, mediante auto de 11 de
mayo de 2026 ordenó la remisión de la liquidación al TRIBUNAL con
el fin de que procediera a dividir la totalidad de los montos
constituidos como depósitos judiciales y determinaran los valores
exactos que le correspondían a cada demandante, la cual fue
devuelta el 23 de julio del presente año e ingresó al despacho al día
siguiente y se encuentra pendiente de notificación el auto
correspondiente en el próximo estado.
Asimismo, advirtió que dentro del presente trámite se evidencia un
desconocimiento de las partes y su irrespeto a los términos y
actuaciones judiciales, teniendo en cuenta que a la fecha han sido
presentadas cuatro vigilancias administrativas y una acción de tutela,
las cuales no han prosperado al demostrarse que las actuaciones han
girado dentro de las esferas normativas y legales, respetando los
derechos constitucionales y procesales de cada una de las partes.
Puso de presente que el despacho actualmente cuenta con 257
procesos ordinarios, los cuales requieren igualmente ser tramitados,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
sumado a que en el último trimestre se emitieron aproximadamente
34 sentencias en procesos ordinarios, sin incluir los fallos de tutelas
y demás acciones constitucionales que ingresan semanalmente y
requieren un trámite preferente.
Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la actora ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de agosto de 2026, el TRIBUNAL declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que la
autoridad judicial accionada realizó las actuaciones tendientes a
enmendar el yerro incurrido y las cuales motivaron la presente acción
de tutela.
Para el efecto, señaló que mediante auto de 10 de agosto de 2026 el
JUZGADO resolvió reponer el proveído de 26 de enero del presente
año y ordenó la entrega de los títulos judiciales correspondientes a
la señora VITALIA HUERTAS NUÑEZ y a los demás demandantes
dentro del proceso ejecutivo, por lo que concluyó que se encontraba
acreditado que la autoridad judicial realizó actuaciones tendientes a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
impulsar el curso del proceso ordinario, desapareciendo así tanto la
vulneración del derecho como la efectividad de la acción de tutela y
la necesidad de la intervención del juez constitucional.
Igualmente, precisó que las pretensiones de la actora encaminadas
a la efectiva orden de entrega de los títulos judiciales se encontraban
satisfechas en virtud de la actuación desplegada por el JUZGADO.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque para que, en su lugar, se acceda al amparo de sus
derechos fundamentales y se ordene al JUZGADO que realice la
entrega efectiva y material de los títulos de depósito judicial allí
consignados.
Manifestó que, contrario a lo afirmado por el a quo, sus pretensiones
no fueron satisfechas con el auto que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación del crédito y ordenó la entrega de
los depósitos judiciales a su favor, en la medida en que los dineros
siguen retenidos materialmente y la efectividad de la justicia exige
la entrega tangible del derecho reconocido, máxime en un proceso
ejecutivo cuya finalidad primordial es el recaudo coactivo y la entrega
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
efectiva del crédito objeto de condena.
Además, adujo lo siguiente: “[…] El dinero que estoy reclamando no
es un lujo ni una inversión; es el pago de una indemnización a mi
favor como víctima, de un proceso que lleva años estancado en el
juzgado. Soy una persona de la tercera edad, vulnerada y sin
recursos suficientes. Mi mínimo vital depende de que ese dinero me
sea entregado físicamente para poder cubrir mis gastos básicos de
vivienda, salud y manutención diaria. Mientras el juzgado no me
entregue o consigne efectivamente la plata, mi derecho a una vida
digna sigue siendo violado […].
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el INPEC solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
4
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dicha autoridad funge como parte demandada
dentro del proceso ejecutivo 2016-00442-00 del cual se predica la
presunta mora judicial objeto de la presente acción, como tercero le
asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la actora promovió acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad
humana, al mínimo vital, a la tutela judicial efectiva y a la “protección
especial de las personas en condición de vulnerabilidad”, los cuales
estima vulnerados por el JUZGADO al haber incurrido en una
presunta mora judicial injustificada, por cuanto al parecer no ha
realizado la entrega de las sumas de dinero consignadas a su favor
5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 2016-00442-00.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 13 de agosto de 2026,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado al considerar
que la autoridad judicial accionada realizó actuaciones tendientes a
impulsar el curso del proceso, desapareciendo así tanto la
vulneración del derecho como la efectividad de la acción de tutela y
la necesidad de intervención del juez constitucional.
Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida
en primer grado, manifestando que, contrario a lo afirmado por el a
quo, sus pretensiones no fueron satisfechas con el auto que resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del crédito
y ordenó la entrega de los depósitos judiciales a su favor, en la
medida en que los dineros siguen retenidos materialmente y la
efectividad de la justicia exige la entrega tangible del derecho
reconocido.
Aclarado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
verificará si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, al incurrir en una presunta
mora judicial injustificada o si hay lugar a declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado como lo consideró el a quo.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”10.
13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional12.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio15.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las últimas
actuaciones procesales desarrolladas dentro del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 2016-00442-00, en
aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.
Según la información relacionada en consulta de procesos nacional
unificada de la Rama Judicial y SAMAI17, se tiene lo siguiente:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333007201600
17
442005000133
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
• Mediante auto de 7 de noviembre de 2024, el JUZGADO
aprobó la liquidación de crédito realizada por el profesional
universitario vinculado al TRIBUNAL dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número de radicado 2016-00442-
00.
• Mediante proveído de 10 de febrero de 2025, el JUZGADO
puso en conocimiento de la parte ejecutante lo informado por
el INPEC, frente a la falta de requisitos para el cumplimiento
de la sentencia condenatoria al presentarse la muerte de una
de las demandantes y la autorización para la constitución de
título judicial por la suma liquidada y aprobada por el
despacho.
• Mediante auto de 28 de abril de 2025, el JUZGADO requirió
a los apoderados de la parte ejecutante y a los herederos de
la señora JULIANA NUÑEZ DE HUERTAS (q.e.p.d.), para
que allegaran el registro civil de defunción que acreditara su
deceso e informaran si en atención a su fallecimiento fue
adelantado proceso de sucesión alguno y, además, ordenó
remitir el asunto al TRIBUNAL para que procediera a dividir
el monto constituido como depósito judicial, estableciendo el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
valor que le correspondían a cada ejecutante. En auto de esa
misma fecha se decretó la ampliación de la medida cautelar
de embargo.
• Por auto de 25 de agosto de 2025 se admitió una cesión de
crédito y, posteriormente, mediante proveído de 26 de enero
de 2026, se decretó la sucesión procesal y se ordenó la
entrega de los depósitos judiciales a los demandantes,
incluida la actora. Decisión contra la cual la parte ejecutante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.
• A través de auto de 11 de mayo de 2026, el JUZGADO, previo
a decidir sobre el recurso, ordenó remitir el proceso al
profesional universitario vinculado al TRIBUNAL con el fin de
que dividiera la totalidad de los montos constituidos como
depósitos judiciales y se determinaran los valores exactos que
le correspondían a cada uno de los demandantes, regresando
el expediente al despacho el 24 de julio del presente año.
• En auto de 10 de agosto de 2026, el JUZGADO decidió
reponer el proveído de 26 de enero del presente año frente a
los montos de los depósitos judiciales que debían entregarse
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
a cada demandante y requirió al INPEC para que aclarara
“[…] si a las sumas reconocidas en las Resoluciones núms.
004021 del 14 de mayo de 2025 y 005168 del 17 de junio de
2025, expedidas para dar cumplimiento a la sentencia
condenatoria objeto de la presente demanda ejecutiva, fue
aplicado algún descuento de retención en la fuente u otro tipo
de deducción […]”.
• El anterior requerimiento fue reiterado mediante Oficio núm.
141 de 19 de agosto de 2026, en el que se le advirtió al INPEC
que, en caso de no dar cumplimiento a la orden judicial, se
procedería a la apertura del incidente sancionatorio previsto
en el artículo 44 del Código General del Proceso (CGP).
En virtud de lo expuesto y, a partir de las circunstancias fácticas
acreditadas en el expediente ordinario, la Sala advierte que si bien a
la fecha no se ha materializado la entrega de los depósitos judiciales
reconocidos dentro del proceso ejecutivo, el examen de las
actuaciones surtidas permite advertir que el despacho judicial
accionado ha impartido un impulso procesal constante mediante la
adopción de decisiones sucesivas encaminadas a superar los
obstáculos que han impedido la entrega definitiva de los recursos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
En efecto, luego de aprobar la liquidación del crédito, el JUZGADO
adelantó las actuaciones derivadas del fallecimiento de una de las
demandantes y de la consecuente sucesión procesal; admitió una
cesión de crédito; dispuso la individualización de los montos que
correspondían a cada ejecutante; resolvió el recurso de reposición
promovido contra el auto que inicialmente ordenó la entrega de los
depósitos judiciales y, posteriormente, requirió al INPEC para que
aclarara si sobre las sumas reconocidas fueron aplicadas retenciones
o deducciones que incidieran en la determinación del valor exacto
que debía entregarse a cada beneficiario. Además, ante la falta de
respuesta de dicha entidad, reiteró el requerimiento y advirtió la
eventual imposición de las medidas sancionatorias previstas en el
artículo 44 del CGP.
Así las cosas, aunque ha existido un retraso, ello no se debe a una
mora judicial injustificada que pueda ser endilgada a la autoridad
judicial accionada, pues la prolongación del trámite para la entrega
de los depósitos judiciales está justificada en actuaciones procesales
relevantes que exigían pronunciamientos del despacho judicial,
además de la necesidad de obtener información indispensable de
parte del INPEC para definir correctamente los valores a entregar,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
por lo que dichas circunstancias desvirtúan la existencia de una
inactividad o actitud omisiva atribuible al JUZGADO.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no todo incumplimiento de
un término judicial constituye una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, pues sólo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento; situación que no es predicable en el presente
asunto, dado que como quedó acreditado, se han presentado
situaciones ajenas a la voluntad de la autoridad judicial accionada,
que han conllevado una demora en la entrega de los depósitos
judiciales constituidos a favor de la actora, la cual por demás ya fue
ordenada por el JUZGADO mediante auto de 10 de agosto de 2026.
Igualmente, se debe tener en cuenta la congestión que enfrenta la
Rama Judicial, de la cual no escapa el despacho judicial demandado,
lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y, en
consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
En este punto cabe señalar que la Sala no comparte la decisión del a
quo de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
la medida en que a la fecha no se ha realizado la entrega material de
la suma de dinero reconocida a favor de la actora y cuya demora
constituye precisamente el objeto de la presente acción
constitucional; no obstante, ello no significa que se encuentre
configurada la mora judicial alegada, pues, como quedó visto, la
autoridad judicial accionada ha impartido el trámite correspondiente
dentro del proceso ejecutivo con miras a materializar tal fin.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo
y, en su lugar, denegará la solicitud de amparo presentada por la
actora y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo frente a la presunta mora judicial alegada por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ
la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.