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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DENEGAR el amparo frente a la presunta mora judicial alegada por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01 Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2026-00325-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO Y, EN SU
LUGAR, SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN UNA MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA,
MÍNIMO VITAL Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 13 de agosto de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL META1 declaró la carencia actual de objeto

por hecho superado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 50001-23-33-000-2026-00325-01
Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ

La señora VITALIA HUERTAS NUÑEZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la

tutela judicial efectiva y a la “protección especial de las personas en

condición de vulnerabilidad”, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

VILLAVICENCIO2 al haber incurrido en una presunta mora judicial

injustificada, por cuanto al parecer no ha realizado la entrega de las

sumas de dinero consignadas a su favor dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 50001-33-

33-007-2016-00442-00.

I.2.- Hechos

Refirió que mediante sentencia proferida dentro del proceso de

reparación directa identificado con el número de radicación 2010-

00005-00, se condenó al INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)3 al pago de una

indemnización equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante INPEC.

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3

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Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ

mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), por concepto de perjuicios morales

a su favor.

Indicó que, ante el incumplimiento de la citada entidad, promovió

proceso ejecutivo para obtener el pago efectivo de la obligación, el

cual fue identificado con el número único de radicación 2016-00442-

00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que desde el año 2018

tiene en su poder los recursos consignados en la cuenta del

despacho, los cuales permanecen inmovilizados pese a que

materialmente le pertenecen por existir una condena reconocida a su

favor.

Manifestó que si bien la liquidación del crédito fue presentada desde

el 3 de octubre de 2022, solo fue aprobada por el JUZGADO hasta

el 7 de noviembre de 2024 y hasta la fecha este ha dilatado la

entrega de los dineros de forma injustificada pese a todas las

gestiones que ha adelantado a través de su apoderada judicial.

Aseguró que es una persona mayor, víctima del conflicto armado

colombiano por ser desplazada por la violencia, pertenece al Sisbén

B1, no tiene empleo y actualmente no percibe ingresos que le

permitan cubrir dignamente sus necesidades básicas, por lo que la

demora injustificada del despacho judicial accionado le afecta

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Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ

directamente su mínimo vital y demás derechos fundamentales, pues

los recursos allí retenidos constituyen el único patrimonio líquido del

que puede disponer para satisfacer necesidades esenciales como

alimentación, vivienda, medicamentos, transporte y demás gastos

propios de su condición de vulnerabilidad.

I.3.- Pretensiones

Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERA. Tutelar mis derechos fundamentales al acceso
efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, al
mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad material y a
la tutela judicial efectiva, los cuales han sido vulnerados por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio
como consecuencia de la mora judicial injustificada en la
entrega de los dineros consignados a órdenes del proceso
ejecutivo No. 5000133330072016-00442-00.

SEGUNDA. Declarar que la mora judicial en que ha incurrido
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio
constituye una vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante, al mantener retenidos, sin justificación legal,
unos recursos cuya entrega resulta procedente y respecto de
los cuales no existe controversia jurídica pendiente.

TERCERA. Reconocer que la accionante es sujeto de especial
protección constitucional por su condición de víctima del
conflicto armado, desplazada por la violencia, beneficiaria del
Sisbén, desempleada y en situación de vulnerabilidad
económica, circunstancias que imponían al despacho accionado
un deber reforzado de diligencia y celeridad.

CUARTA. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, o dentro del término
que el Honorable Tribunal considere razonable, expida el auto
mediante el cual disponga la entrega de los títulos judiciales y

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de los dineros consignados a órdenes del proceso ejecutivo No.
5000133330072016-00442-00, hasta concurrencia del valor de
la liquidación del crédito aprobada, y se realice los trámites
necesarios para la entrega de los títulos correspondientes.

QUINTA. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio dar cumplimiento inmediato a lo
previsto en el artículo 447 del Código General del Proceso,
haciendo efectiva la entrega de los recursos consignados a
órdenes del proceso, con observancia de los principios de
celeridad, eficacia, economía procesal y tutela judicial efectiva.

SEXTA. Prevenir al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio para que, en lo sucesivo, se abstenga
de incurrir en actuaciones u omisiones que generen dilaciones
injustificadas en la resolución de solicitudes relacionadas con la
entrega de títulos judiciales, especialmente cuando los
beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional.

SÉPTIMA. Disponer que el cumplimiento de las órdenes
impartidas en el fallo de tutela se realice de manera inmediata,
atendiendo la condición de vulnerabilidad de la accionante y el
perjuicio irremediable que continúa ocasionando la retención
injustificada de los recursos judiciales. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El INPEC solicitó ser desvinculado del presente trámite por

falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad

no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y el

JUZGADO accionado es el llamado a resolver las pretensiones de la

actora.

I.5.2.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número 2016-00442-

00 y afirmó que el 22 de enero de 2026 el profesional universitario

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adscrito a la secretaría del TRIBUNAL remitió la liquidación del

crédito, la cual fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación.

Indicó que, previo a resolver el recurso, mediante auto de 11 de

mayo de 2026 ordenó la remisión de la liquidación al TRIBUNAL con

el fin de que procediera a dividir la totalidad de los montos

constituidos como depósitos judiciales y determinaran los valores

exactos que le correspondían a cada demandante, la cual fue

devuelta el 23 de julio del presente año e ingresó al despacho al día

siguiente y se encuentra pendiente de notificación el auto

correspondiente en el próximo estado.

Asimismo, advirtió que dentro del presente trámite se evidencia un

desconocimiento de las partes y su irrespeto a los términos y

actuaciones judiciales, teniendo en cuenta que a la fecha han sido

presentadas cuatro vigilancias administrativas y una acción de tutela,

las cuales no han prosperado al demostrarse que las actuaciones han

girado dentro de las esferas normativas y legales, respetando los

derechos constitucionales y procesales de cada una de las partes.

Puso de presente que el despacho actualmente cuenta con 257

procesos ordinarios, los cuales requieren igualmente ser tramitados,

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sumado a que en el último trimestre se emitieron aproximadamente

34 sentencias en procesos ordinarios, sin incluir los fallos de tutelas

y demás acciones constitucionales que ingresan semanalmente y

requieren un trámite preferente.

Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la actora ante la

inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales

invocados.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 13 de agosto de 2026, el TRIBUNAL declaró

la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que la

autoridad judicial accionada realizó las actuaciones tendientes a

enmendar el yerro incurrido y las cuales motivaron la presente acción

de tutela.

Para el efecto, señaló que mediante auto de 10 de agosto de 2026 el

JUZGADO resolvió reponer el proveído de 26 de enero del presente

año y ordenó la entrega de los títulos judiciales correspondientes a

la señora VITALIA HUERTAS NUÑEZ y a los demás demandantes

dentro del proceso ejecutivo, por lo que concluyó que se encontraba

acreditado que la autoridad judicial realizó actuaciones tendientes a

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impulsar el curso del proceso ordinario, desapareciendo así tanto la

vulneración del derecho como la efectividad de la acción de tutela y

la necesidad de la intervención del juez constitucional.

Igualmente, precisó que las pretensiones de la actora encaminadas

a la efectiva orden de entrega de los títulos judiciales se encontraban

satisfechas en virtud de la actuación desplegada por el JUZGADO.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque para que, en su lugar, se acceda al amparo de sus

derechos fundamentales y se ordene al JUZGADO que realice la

entrega efectiva y material de los títulos de depósito judicial allí

consignados.

Manifestó que, contrario a lo afirmado por el a quo, sus pretensiones

no fueron satisfechas con el auto que resolvió el recurso de reposición

interpuesto contra la liquidación del crédito y ordenó la entrega de

los depósitos judiciales a su favor, en la medida en que los dineros

siguen retenidos materialmente y la efectividad de la justicia exige

la entrega tangible del derecho reconocido, máxime en un proceso

ejecutivo cuya finalidad primordial es el recaudo coactivo y la entrega

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efectiva del crédito objeto de condena.

Además, adujo lo siguiente: “[…] El dinero que estoy reclamando no

es un lujo ni una inversión; es el pago de una indemnización a mi

favor como víctima, de un proceso que lleva años estancado en el

juzgado. Soy una persona de la tercera edad, vulnerada y sin

recursos suficientes. Mi mínimo vital depende de que ese dinero me

sea entregado físicamente para poder cubrir mis gastos básicos de

vivienda, salud y manutención diaria. Mientras el juzgado no me

entregue o consigne efectivamente la plata, mi derecho a una vida

digna sigue siendo violado […].

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

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la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que el INPEC solicitó ser desvinculado de la

presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso

4
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que dicha autoridad funge como parte demandada

dentro del proceso ejecutivo 2016-00442-00 del cual se predica la

presunta mora judicial objeto de la presente acción, como tercero le

asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la

referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora promovió acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad

humana, al mínimo vital, a la tutela judicial efectiva y a la “protección

especial de las personas en condición de vulnerabilidad”, los cuales

estima vulnerados por el JUZGADO al haber incurrido en una

presunta mora judicial injustificada, por cuanto al parecer no ha

realizado la entrega de las sumas de dinero consignadas a su favor

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2016-00442-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 13 de agosto de 2026,

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado al considerar

que la autoridad judicial accionada realizó actuaciones tendientes a

impulsar el curso del proceso, desapareciendo así tanto la

vulneración del derecho como la efectividad de la acción de tutela y

la necesidad de intervención del juez constitucional.

Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida

en primer grado, manifestando que, contrario a lo afirmado por el a

quo, sus pretensiones no fueron satisfechas con el auto que resolvió

el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del crédito

y ordenó la entrega de los depósitos judiciales a su favor, en la

medida en que los dineros siguen retenidos materialmente y la

efectividad de la justicia exige la entrega tangible del derecho

reconocido.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

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verificará si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados por la actora, al incurrir en una presunta

mora judicial injustificada o si hay lugar a declarar la carencia actual

de objeto por hecho superado como lo consideró el a quo.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.

8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

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• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”10.

13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional12.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio15.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo

10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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Actora: VITALIA HUERTAS NUÑEZ

razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las últimas

actuaciones procesales desarrolladas dentro del proceso ejecutivo

identificado con el número único de radicación 2016-00442-00, en

aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los

presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada en consulta de procesos nacional

unificada de la Rama Judicial y SAMAI17, se tiene lo siguiente:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333007201600
17

442005000133

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• Mediante auto de 7 de noviembre de 2024, el JUZGADO

aprobó la liquidación de crédito realizada por el profesional

universitario vinculado al TRIBUNAL dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número de radicado 2016-00442-

00.

• Mediante proveído de 10 de febrero de 2025, el JUZGADO

puso en conocimiento de la parte ejecutante lo informado por

el INPEC, frente a la falta de requisitos para el cumplimiento

de la sentencia condenatoria al presentarse la muerte de una

de las demandantes y la autorización para la constitución de

título judicial por la suma liquidada y aprobada por el

despacho.

• Mediante auto de 28 de abril de 2025, el JUZGADO requirió

a los apoderados de la parte ejecutante y a los herederos de

la señora JULIANA NUÑEZ DE HUERTAS (q.e.p.d.), para

que allegaran el registro civil de defunción que acreditara su

deceso e informaran si en atención a su fallecimiento fue

adelantado proceso de sucesión alguno y, además, ordenó

remitir el asunto al TRIBUNAL para que procediera a dividir

el monto constituido como depósito judicial, estableciendo el

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valor que le correspondían a cada ejecutante. En auto de esa

misma fecha se decretó la ampliación de la medida cautelar

de embargo.

• Por auto de 25 de agosto de 2025 se admitió una cesión de

crédito y, posteriormente, mediante proveído de 26 de enero

de 2026, se decretó la sucesión procesal y se ordenó la

entrega de los depósitos judiciales a los demandantes,

incluida la actora. Decisión contra la cual la parte ejecutante

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.

• A través de auto de 11 de mayo de 2026, el JUZGADO, previo

a decidir sobre el recurso, ordenó remitir el proceso al

profesional universitario vinculado al TRIBUNAL con el fin de

que dividiera la totalidad de los montos constituidos como

depósitos judiciales y se determinaran los valores exactos que

le correspondían a cada uno de los demandantes, regresando

el expediente al despacho el 24 de julio del presente año.

• En auto de 10 de agosto de 2026, el JUZGADO decidió

reponer el proveído de 26 de enero del presente año frente a

los montos de los depósitos judiciales que debían entregarse

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a cada demandante y requirió al INPEC para que aclarara

“[…] si a las sumas reconocidas en las Resoluciones núms.

004021 del 14 de mayo de 2025 y 005168 del 17 de junio de

2025, expedidas para dar cumplimiento a la sentencia

condenatoria objeto de la presente demanda ejecutiva, fue

aplicado algún descuento de retención en la fuente u otro tipo

de deducción […]”.

• El anterior requerimiento fue reiterado mediante Oficio núm.

141 de 19 de agosto de 2026, en el que se le advirtió al INPEC

que, en caso de no dar cumplimiento a la orden judicial, se

procedería a la apertura del incidente sancionatorio previsto

en el artículo 44 del Código General del Proceso (CGP).

En virtud de lo expuesto y, a partir de las circunstancias fácticas

acreditadas en el expediente ordinario, la Sala advierte que si bien a

la fecha no se ha materializado la entrega de los depósitos judiciales

reconocidos dentro del proceso ejecutivo, el examen de las

actuaciones surtidas permite advertir que el despacho judicial

accionado ha impartido un impulso procesal constante mediante la

adopción de decisiones sucesivas encaminadas a superar los

obstáculos que han impedido la entrega definitiva de los recursos.

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En efecto, luego de aprobar la liquidación del crédito, el JUZGADO

adelantó las actuaciones derivadas del fallecimiento de una de las

demandantes y de la consecuente sucesión procesal; admitió una

cesión de crédito; dispuso la individualización de los montos que

correspondían a cada ejecutante; resolvió el recurso de reposición

promovido contra el auto que inicialmente ordenó la entrega de los

depósitos judiciales y, posteriormente, requirió al INPEC para que

aclarara si sobre las sumas reconocidas fueron aplicadas retenciones

o deducciones que incidieran en la determinación del valor exacto

que debía entregarse a cada beneficiario. Además, ante la falta de

respuesta de dicha entidad, reiteró el requerimiento y advirtió la

eventual imposición de las medidas sancionatorias previstas en el

artículo 44 del CGP.

Así las cosas, aunque ha existido un retraso, ello no se debe a una

mora judicial injustificada que pueda ser endilgada a la autoridad

judicial accionada, pues la prolongación del trámite para la entrega

de los depósitos judiciales está justificada en actuaciones procesales

relevantes que exigían pronunciamientos del despacho judicial,

además de la necesidad de obtener información indispensable de

parte del INPEC para definir correctamente los valores a entregar,

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por lo que dichas circunstancias desvirtúan la existencia de una

inactividad o actitud omisiva atribuible al JUZGADO.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no todo incumplimiento de

un término judicial constituye una vulneración a los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, pues sólo la tardanza injustificada acarrea su

desconocimiento; situación que no es predicable en el presente

asunto, dado que como quedó acreditado, se han presentado

situaciones ajenas a la voluntad de la autoridad judicial accionada,

que han conllevado una demora en la entrega de los depósitos

judiciales constituidos a favor de la actora, la cual por demás ya fue

ordenada por el JUZGADO mediante auto de 10 de agosto de 2026.

Igualmente, se debe tener en cuenta la congestión que enfrenta la

Rama Judicial, de la cual no escapa el despacho judicial demandado,

lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y, en

consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales

invocados.

En este punto cabe señalar que la Sala no comparte la decisión del a

quo de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en

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la medida en que a la fecha no se ha realizado la entrega material de

la suma de dinero reconocida a favor de la actora y cuya demora

constituye precisamente el objeto de la presente acción

constitucional; no obstante, ello no significa que se encuentre

configurada la mora judicial alegada, pues, como quedó visto, la

autoridad judicial accionada ha impartido el trámite correspondiente

dentro del proceso ejecutivo con miras a materializar tal fin.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo

y, en su lugar, denegará la solicitud de amparo presentada por la

actora y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DENEGAR el amparo frente a la presunta mora judicial alegada por

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la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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