Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00327-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2026-00327-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00327-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2026-00327-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: KAREN LORENA AGUDELO LUGO
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN
CUARTA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. Confirma el fallo impugnado.
Improcedencia por subsidiariedad. Proceso en curso.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 21 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Karen Lorena Agudelo Lugo, a través de apoderada judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, dignidad humana, tutela judicial efectiva,
“[…] a vivir y trabajar en un ambiente libre de violencia, a la protección reforzada
de las mujeres frente a las violencias basadas en género y a la prohibición de
revictimización […]”, cuya vulneración le atribuyó al auto de 21 de julio de 2026,
proferido dentro del proceso disciplinario identificado con el número de
radicación “[…] IUS-E-2025-19445 / IUC-D-2025-4001553 […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Señaló que presentó escrito por acoso laboral el 11 de marzo de 2024, en
calidad de directora de la Colonia Penal de Oriente de Mínima Seguridad,
ubicada en el municipio de Acacías, comoquiera que “[…] desde el 31 de enero
de ese año, por cuanto, desde su llegada a ese lugar, se había generado “un
inconformismo” por parte del teniente Ángel Enrique Devia Molano, consistente
en irrespeto en presencia del “… capitán Ramírez comandante de vigilancia y los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
subdirectores Teniente Martínez y Germán González. Además de hacer
comentarios despectivos y de genero (sic) por mi llegada al cargo y gestión en
la administración […]”.
2.2. Manifestó que, “[…] durante el ejercicio de sus funciones, consideró que venía
siendo víctima de un conjunto de conductas constitutivas de acoso laboral, las
cuales, según manifestó desde el inicio de las actuaciones, afectaban su
dignidad, su estabilidad emocional, su salud física y psicológica y el normal
desarrollo de sus funciones […]”.
2.3. Señaló que, “[…] En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1010 de 2006,
la accionante acudió inicialmente al Comité de Convivencia Laboral, activando el
mecanismo preventivo previsto por el legislador para intentar superar el conflicto
laboral existente […]”.
2.4. Adujo que “[…] el Comité de Convivencia Laboral adelantó las actuaciones
correspondientes, escuchó a las partes involucradas y agotó el procedimiento
que legalmente le correspondía desarrollar. No obstante, dicho mecanismo no
logró solucionar el conflicto laboral ni poner fin a las conductas denunciadas […]”.
2.5. Sostuvo que, “[…] Como consecuencia del fracaso del mecanismo preventivo,
el asunto fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, autoridad que
asumió el conocimiento de la actuación disciplinaria correspondiente […]”.
2.6. Indicó que, la Procuraduría Regional de Instrucción Meta, abrió investigación
disciplinaria contra el señor Ángel Enrique Devia Molano, en calidad de Teniente
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, mediante auto de 5 de
junio de 2025, por presuntas conductas de acoso laboral contra la accionante.
2.7. Afirmó que, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta prorrogó por tres
meses, el término de la investigación disciplinaria contra el señor Ángel Enrique
Devia Molano, por la presunta conducta de acoso laboral y, mediante auto de 20
de enero de 2026, decretó la práctica de las pruebas solicitadas en la ampliación
de la queja por la señora Karen Lorena Agudelo Lugo.
2.8. Advirtió que la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, con auto de 11
de febrero de 2026, resolvió suspender del ejercicio del cargo, por el término de
3 meses, al señor Ángel Enrique Devia Molano, en calidad de teniente del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
2.9. Destacó que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda
para la Vigilancia Administrativa, con proveído del 2 de marzo de 2026, confirmó
la medida de suspensión provisional por el término de 3 meses.
2.10. Añadió que, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, mediante auto
del 6 de mayo de 2026, resolvió ampliar por tres meses el término de la
suspensión provisional que inicialmente y por el mismo tiempo le había impuesto
3
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
al señor Ángel Enrique Devia Molano, indicando que “[…] en la primera
oportunidad la media se materializó por la Dirección del INPEC a través de la
Resolución N°001074 del 16 de febrero de 2026, comunicada al disciplinado el
día 20 del mismo mes y año, fecha a partir de la cual comenzó a regir la
suspensión provisional, terminando el 20 de mayo de 2026 […]”.
2.11. Agregó que, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta
para la Vigilancia Administrativa, mediante auto de 21 de julio de 2026, en grado
de consulta sobre la prórroga de suspensión provisional, revocó la prórroga y
declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto del 11 de febrero
de 2026. Al respecto consideró:
“[…] Al respecto, encuentra probado este despacho que la Procuraduría
Regional de Instrucción del Meta, en el auto del 11 de febrero de 2026,
mediante el cual decidió suspender provisionalmente al señor Ángle (sic)
Enrique Dávila Molnao (sic), en la sustentación de la medida tuvo en
cuenta lo expresado por la denunciante Karen Lorena Agudelo Lugo, en el
escrito del 16 de enero de 2026, dando cuenta de lo presuntamente
acontecido el 24 de diciembre de 2025 y 7 de enero de 2026, texto que se
transcribió en su totalidad en el referido auto, donde además se citan las
pruebas practicadas por solicitud de la denunciante en el documento del
16 de enero de 2026.
Además, la medida primigenia de suspensión provisional de tres (3)
meses, impuesta al señor Ángel Enrique Devia Molano, hecha efectiva
desde el veinte (20) de febrero al 20 de mayo de 2026, se prorrogó con
auto del 6 de mayo de 2026, la cual se extiende hasta el 21 de agosto de
2026. Para los efectos de lo analizado, la prórroga de la suspensión
provisional se sustentó en los mismos hechos analizados en febrero de
2026, es decir, sobre los que no se había realizado actuación alguna por
parte del comité de convivencia laboral, es decir, no habían sido objeto del
trámite de conciliación, por lo que no podían sustentar la suspensión
provisional decretada.
Con fundamento en lo analizado, para el despacho, la Procuraduría
Regional de Instrucción del Meta incurrió en irregularidad sustancial
insubsanable que afectan (sic) el debido proceso, proceder que encuadra
en la causal de nulidad prevista en el numeral 3) del artículo 202 del Código
General Disciplinario, por cuanto la separación temporal del cargo y sus
inherentes consecuencias se produjo con clara violación de un requisito
legal imperativo, como lo es, que los comportamientos o faltas por presunto
acoso laboral, siempre, deben conciliarse previamente a la acción
disciplinaria, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1° del
artículo 9° de la Ley 1010 de 2006, de lo cual, la Procuraduría ha señalado
que puede denominarse “pre procesal”, (…) por lo que, si no se surte, se
genera la nulidad de la actuación por afectación sustancial de la estructura
y formas propias del proceso.
Así las cosas, para la declaratoria de la nulidad, el despacho procederá en
correspondencia con lo establecido en artículo 205 del Código General
Disciplinario que establece: “Efectos de la declaratoria de nulidad. La
declaratoria nulidad (sic) afectará la actuación disciplinaria desde el
momento en que se presente la causal. Así lo señalara (sic) el funcionario
competente y ordenara (sic) que se reponga la actuación que dependa de
la decisión declarada nula.” Por lo tanto, se declarará la nulidad de la
actuación disciplinaria a partir del auto del 11 de febrero de 2026 […]”.
4
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
2.12. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
a la igualdad, dignidad humana, tutela judicial efectiva, “[…] a vivir y trabajar en
un ambiente libre de violencia, a la protección reforzada de las mujeres frente a
las violencias basadas en género y a la prohibición de revictimización […]”, por
haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en una violación
directa de la Constitución.
2.13. Sobre el defecto sustantivo señaló que “[…] La Procuraduría parte de una
premisa según la cual el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 exige que cada nuevo
episodio de un mismo fenómeno de acoso laboral deba surtir nuevamente el
procedimiento ante el Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, esa
obligación no aparece prevista expresamente por el legislador. La decisión
introduce un requisito adicional de procedibilidad construido mediante
interpretación. En consecuencia, la autoridad accionada termina restringiendo
el acceso a la actuación disciplinaria más allá de lo previsto por la propia Ley
1010 de 2006 […]”.
2.14. Respecto a la violación directa de la Constitución afirmó que “[…] La
providencia también incurre en violación directa de la Constitución al privilegiar
una lectura estrictamente formal del procedimiento sobre la eficacia de los
derechos fundamentales comprometidos. La interpretación acogida desconoce,
entre otros, los artículos 2, 13, 29, 43, 53 y 229 de la Constitución Política […]”.
2.15. Indicó que ante “[…] la inexistencia de recursos ordinarios y la necesidad de
evitar la consolidación de una interpretación que afecta de manera grave y actual
sus derechos fundamentales, la señora Karen Lorena Agudelo Lugo acude
respetuosamente al juez constitucional en procura del amparo previsto en el
artículo 86 de la Constitución Política […]”.
III. PRETENSIONES
3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Pretensión principal
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de la señora Karen Lorena
Agudelo Lugo al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
igualdad, dignidad humana, tutela judicial efectiva, protección reforzada de las
mujeres frente a las violencias basadas en género y prohibición de revictimización.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la providencia proferida el 21 de julio de 2026 por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia
Administrativa, mediante la cual resolvió la consulta de la prórroga de la
suspensión provisional, revocó dicha medida y declaró la nulidad parcial de la
actuación disciplinaria a partir del auto del 11 de febrero de 2026, por resultar
incompatible con los derechos fundamentales de la accionante.
TERCERA. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que, dentro del
término que fije el despacho judicial, profiera una nueva decisión en la que
5
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
interprete el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 conforme a la Constitución, al
bloque de constitucionalidad y a los estándares de protección reforzada de las
mujeres víctimas de violencia basada en género, absteniéndose de exigir la
repetición del trámite ante el Comité de Convivencia Laboral cuando los hechos
posteriores constituyan la continuidad del mismo patrón de acoso laboral respecto
del cual dicho procedimiento ya fue agotado.
Pretensiones subsidiarias
En caso de que el despacho considere que la interpretación acogida por la
Procuraduría respecto del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 admite
constitucionalmente la necesidad de surtir nuevamente el procedimiento ante el
Comité de Convivencia Laboral, respetuosamente solicito acceder, de manera
subsidiaria, a las siguientes pretensiones:
CUARTA. Ordenar que la repetición del procedimiento preventivo no implique la
pérdida de eficacia de las actuaciones probatorias válidamente practicadas dentro
de la investigación disciplinaria.
QUINTA. Ordenar que todas las declaraciones, testimonios, entrevistas,
documentos, informes técnicos y demás elementos probatorios legalmente
incorporados al expediente conserven plena validez y puedan ser utilizados por la
autoridad disciplinaria, en armonía con la propia decisión de la Procuraduría que
dispuso expresamente la conservación de dichas pruebas.
SEXTA. Ordenar que la señora Karen Lorena Agudelo Lugo no sea obligada a
rendir nuevamente declaraciones sobre hechos respecto de los cuales ya fue
escuchada dentro de la actuación disciplinaria, salvo que sobrevengan
circunstancias objetivamente nuevas que hagan indispensable una ampliación
estrictamente limitada a esos aspectos.
SÉPTIMA. Ordenar que los testigos que ya comparecieron al proceso disciplinario
no sean nuevamente convocados para reproducir declaraciones previamente
rendidas, salvo cuando resulte absolutamente indispensable por la aparición de
hechos nuevos que no hubieren podido ser abordados en sus testimonios
iniciales.
OCTAVA. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que, en las actuaciones
posteriores derivadas de este asunto, incorpore un enfoque de género y de
prevención de la revictimización, garantizando que toda actuación procesal se
adelante con estricto respeto por la dignidad, la integridad psicológica y el acceso
efectivo a la justicia de la accionante.
Pretensión de alcance constitucional
NOVENA. Disponer que, en la nueva decisión que se adopte, la Procuraduría
valore de manera integral el fenómeno denunciado como un contexto de presunto
acoso laboral, evitando fragmentar artificialmente las conductas cuando estas
constituyan manifestaciones sucesivas de un mismo patrón de hostigamiento, sin
perjuicio del pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción por parte del
investigado.
Pretensión de cumplimiento
DÉCIMA. Ordenar el cumplimiento inmediato del fallo de tutela en los términos del
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y disponer que la autoridad accionada
informe oportunamente al despacho judicial sobre las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a la sentencia […]”. [Negrilla del texto]
6
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo del Meta admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó
vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y al señor Ángel Enrique Devia
Molano.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los terceros
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaProcuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de
Instrucción del Meta señaló que “[…] debe precisarse que la controversia
constitucional propuesta por la accionante recae exclusivamente sobre la
providencia de fecha 21 de julio de 2026, proferida por la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa, acto en el
cual se encuentran desarrolladas de forma íntegra las razones fácticas y jurídicas
que sustentaron la decisión adoptada al resolver el grado jurisdiccional de
consulta dentro del expediente disciplinario. Así las cosas, esta Procuraduría
Regional carece de elementos jurídicos adicionales o diferentes a los ya
consignados en dicha providencia, razón por la cual se remite expresamente a
su contenido y solicita respetuosamente al despacho judicial que valore los
fundamentos allí expuestos al momento de resolver la presente acción
constitucional […]”.
5.2. ElInstituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC solicitó su
desvinculación en la medida que no se encuentra en el deber legal de acceder a
las pretensiones de la presente acción de tutela y de garantizar así los derechos
fundamentales invocados.
5.3. El señor Ángel Enrique Devia Molano a través de apoderado indicó que “[…]
las decisiones del Auto 21 de Julio de 2026, que revocaron la Prórroga de la
Medida y Nulidad de lo actuado en dicha procesal, inclusive hasta el 11 de
Febrero de 2026, es producto de La violación al derecho de defensa del Tte.
ANGEL ENRIQUE DEVIA y por ende la existencia de irregularidades del (sic)
sustanciales que afectan el debido proceso por inaplicación del artículo 9° de la
Ley 1010 de 2006 […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 21 de agosto de 2026, el Tribunal
Administrativo del Meta, declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplirse con el requisito de subsidiariedad.
7. Al respecto consideró:
7
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
“[…] En el presente asunto, la señora Karen Lorena Agudelo Lugo cuestionó la
providencia del 21 de julio de 2026, mediante la cual la Procuraduría Delegada
revocó la prórroga de la suspensión provisional de Ángel Enrique Devia Molano y
declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto del 11 de febrero
del mismo año, sin afectar las pruebas allegadas y practicadas legalmente.
La accionante sostuvo que los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2025 y el 7
de enero de 2026 no correspondían a conductas autónomas, sino a la
continuación del presunto acoso laboral previamente denunciado. Por ello,
cuestionó que la Procuraduría exigiera respecto de esos acontecimientos el
trámite previo previsto en el artículo 9.º de la Ley 1010 de 2006 y que, a partir de
esa consideración, declarara la nulidad de una parte de la actuación disciplinaria.
Para la Sala, la providencia cuestionada fue adoptada durante una actuación
disciplinaria que todavía se encuentra en curso. La decisión no definió la
responsabilidad disciplinaria del señor Ángel Enrique Devia Molano ni dispuso la
terminación o el archivo de la investigación, adicionalmente la medida de
suspensión provisional es un mecanismo transitorio que posee límites temporales
que impiden su duración indefinida, por lo tanto, no constituye la vía procesal
adecuada para resolver el presunto acoso laboral que plantea la accionante.
Aunque contra la providencia del 21 de julio de 2026 no procedía recurso, esa
circunstancia no determina, por sí sola, la procedencia de la acción de tutela. El
carácter excepcional del amparo frente a actos de trámite exige establecer,
además, si la decisión produjo una afectación de derechos fundamentales que no
pueda ser atendida mediante los instrumentos previstos por el ordenamiento
jurídico.
Sobre este aspecto, el artículo 109 del Código General Disciplinario reconoce la
condición de sujetos procesales a las víctimas de conductas constitutivas de
acoso laboral. A su vez, el artículo 110 les concede, entre otras facultades, las de
solicitar, aportar y controvertir pruebas, interponer los recursos de ley y presentar
las solicitudes necesarias para garantizar la legalidad de la actuación y el
cumplimiento de sus fines.
En consecuencia, la señora Karen Lorena Agudelo Lugo conserva facultades para
intervenir en la investigación disciplinaria y ejercer los instrumentos que resulten
procedentes durante su trámite. Además, la providencia cuestionada preservó las
pruebas allegadas y practicadas legalmente y no dispuso el archivo de la
investigación.
De igual manera, el artículo 9.º de la Ley 1010 de 2006 contempla mecanismos
preventivos y correctivos frente al acoso laboral. Por tanto, la accionante conserva
la posibilidad de poner en conocimiento del INPEC y de las autoridades
competentes las situaciones que considere lesivas de sus derechos y acudir a los
instrumentos establecidos para prevenir y atender esas conductas.
Reposa en el expediente, en la contestación del señor Devia Molano, la solicitud
que presentó ante su empleador para que se proceda a su traslado, atendiendo la
medida de suspensión provisional que en ese momento pesaba para el
desempeño de su cargo, aspecto sobre el cual no se obtuvo pronunciamiento de
parte del INPEC, pero que demuestra que está pendiente una actuación
administrativa que defina el lugar de labores del investigado.
En esas condiciones, la Sala no advierte que la providencia cuestionada haya
privado a la accionante de los mecanismos previstos por el ordenamiento para
intervenir en la actuación disciplinaria o solicitar la protección frente a la eventual
persistencia de las conductas que considera constitutivas de acoso laboral.
8
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
El carácter subsidiario de la tutela impone el análisis del operador judicial de los
mecanismos principales, judiciales o administrativos que puedan solventar la
controversia planteada en sede de mecanismo de amparo […]”.
8. Adicionalmente, frente a la legitimación en la causa por pasiva del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC consideró que “[…] la accionante no
le atribuyó la expedición de la providencia cuestionada ni identificó una acción u
omisión de esa entidad como causa de la vulneración alegada. Por tanto, el
INPEC carece de legitimación en la causa por pasiva y será desvinculado del
presente trámite […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en los siguientes
términos:
“[…] La sentencia de primera instancia señala que la suspensión
provisional disciplinaria es temporal y que no constituye el instrumento
procesal destinado específicamente a proteger a la víctima frente al
presunto acoso laboral. La impugnante no desconoce la naturaleza
cautelar, instrumental y temporal de dicha medida ni pretende
transformarla en un mecanismo permanente de protección. Sin embargo,
concentrar el análisis en esa circunstancia reduce indebidamente el
objeto constitucional de la tutela. El reproche principal no consiste
simplemente en que se hubiera levantado o no prorrogado la suspensión
provisional. El núcleo de la controversia está constituido por:
i) la nulidad decretada;
ii) la interpretación del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 que sirvió
de fundamento para decretarla;
iii) la fragmentación procesal de hechos denunciados como
integrantes de un fenómeno continuado;
iv) la inexistencia de recurso contra esa determinación; y
v) los efectos que esa interpretación puede producir sobre los
derechos fundamentales de la presunta víctima.
Por tanto, aun aceptando que la suspensión provisional no constituye por
sí misma un mecanismo permanente de protección a la víctima, subsiste
íntegramente el problema constitucional respecto de los restantes efectos
de la providencia cuestionada.
[…]
Respetuosamente se advierte una tensión argumentativa dentro de la
sentencia.
Por una parte, la Sala reconoce correctamente que la jurisprudencia
constitucional exige valorar la idoneidad y eficacia de los mecanismos
ordinarios atendiendo las circunstancias particulares del caso, y que la
tutela puede proceder excepcionalmente contra actos de trámite que
produzcan efectos sustanciales.
Pero, al aplicar dicha regla, concluye la improcedencia fundamentalmente
porque:
9
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
• el procedimiento continúa;
• la víctima conserva facultades procesales;
• puede presentar solicitudes; • puede acudir a otras autoridades;
• y posteriormente existirían mecanismos judiciales.
Esta conclusión no determina cuál de esos instrumentos permite
neutralizar actualmente los efectos de la providencia del 21 de julio.
Por ello, el análisis termina siendo predominantemente formal,
precisamente aquello que la jurisprudencia constitucional exige evitar al
examinar la subsidiariedad.
La existencia de un medio alternativo no determina automáticamente la
improcedencia.
Debe establecerse que sea idóneo, esto es, que permita obtener una
protección integral respecto de los derechos comprometidos, y eficaz, en
cuanto pueda producir esa protección de manera suficientemente
oportuna atendiendo las circunstancias concretas.
[…]
El presente asunto supera ampliamente una controversia meramente
legal acerca de la interpretación del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006.
La cuestión constitucional consiste en establecer si una interpretación
administrativa puede imponer a una presunta víctima la repetición
sucesiva de un mecanismo preventivo frente a cada manifestación
posterior de un fenómeno que denuncia como continuado, pese a
haberse agotado previamente dicho mecanismo respecto del conflicto
originario […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto
núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el
Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá:
b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) Requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
13. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de
que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún
caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya
manifestado en un acto jurídico escrito […]”.
14. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política.
Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto […]”.
15. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.4. El caso concreto
16. La señora Karen Lorena Agudelo Lugo, a través de apoderada judicial,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, dignidad humana, tutela judicial
efectiva, “[…] a vivir y trabajar en un ambiente libre de violencia, a la protección
reforzada de las mujeres frente a las violencias basadas en género y a la
prohibición de revictimización […]”, cuya vulneración le atribuyó al auto de 21 de
julio de 2026, proferido dentro del proceso disciplinario identificado con el número
de radicación “[…] IUS-E-2025-19445 / IUC-D-2025-4001553 […]”.
17. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.
VIII.4.1. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub
examine
18. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
19. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
12
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante […]”.
20. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza8), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
21. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] ‘Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el
afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa
judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse
que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o
medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un
derecho’.
‘La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela
descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea
considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni
un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el
legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”9.
22. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”10.
23. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
24. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
25. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] La inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas
precautelativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales
que se lesionan o que se encuentran amenazados […]”.11
26. Además de lo anterior, esta Sección12 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de
agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el
desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en
la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes
en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades
en el curso del proceso impidan el acceso a la administración de
justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante,
y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso,
resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación
que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite […]”. [Negrilla fuera del texto original].
27. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.
28. En el caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a la providencia de 21 de julio de 2026
11
Sentencia T-225 de 1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
14
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
proferida dentro del proceso disciplinario identificado con el número de radicación
“[…] IUS-E-2025-19445 / IUC-D-2025-4001553 […]”.
29. De lo anterior, la Sala advierte que la providencia a la cual la parte actora atribuye
la afectación de sus garantías fundamentales no puso fin al proceso disciplinario.
Asimismo, se observa que dicho trámite disciplinario aún se encuentra en curso y,
en consecuencia, no resulta procedente la intervención del juez constitucional.
30. LaSala observa que la discrepancia sobre la aplicación de la norma en el
proceso cuestionado, en este caso, relacionada con si los mecanismos preventivos
de acoso laboral deben agotarse sucesivamente ante hechos continuados,
constituye un debate estrictamente legal y hermenéutico, propio del proceso objeto
de estudio, el cual se insiste se encuentra en curso.
31. Advierte la Sala que, como lo indicó el a quo, no se evidencia que la providencia
cuestionada haya privado a la accionante de activar los mecanismos previstos por
el ordenamiento para intervenir en la actuación disciplinaria o solicitar la protección
frente a la eventual persistencia de las conductas que considera constitutivas de
acoso laboral.
32. En ese sentido, respecto al argumento de la impugnante concerniente a que el
fallo de primera instancia incurrió en un examen meramente formal de la
subsidiariedad, la Sala advierte que lo resuelto en primera instancia resulta
acertado de cara a lo pretendido por la actora, la idoneidad y eficacia de los
instrumentos internos que prevé la Ley 1010 de 2006 y la intervención de su
empleador, lo cual, cabe mencionar, se debe diferenciar de la finalidad del proceso
disciplinario.
33. En efecto, incluso, se observa que el investigado elevó solicitud de traslado ante
su empleador y que el proceso disciplinario sigue su curso conservando la
accionante su calidad de sujeto procesal.
34. Así las cosas y teniendo en cuenta que el hecho consistente en que el proceso
disciplinario dentro del cual se alega la supuesta afectación a las garantías
fundamentales de la accionante aún se encuentra en curso, la presente solicitud de
amparo deviene improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad,
máxime cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
35. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
15
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00327-01
Accionante: Karen Lorena Agudelo Lugo
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.