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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2002-01718-01

Acción de reparación directa: condena. Caso muerte de alcalde de Orito, Putumayo

Fecha
25 de febrero de 2016
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2002-01718-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA, Fernando. “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, en Revista de Administración Pública. No.119, mayo-agosto, 1989, p.8. “En la base de la teoría estaba la consideración de que muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese podido realizar un particular”. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014. Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra par- te, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No.131, 2011, p.920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2002-01718-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

25 de febrero de 2016

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso muerte de alcalde de Orito, Putumayo / FALLA DEL SERVICIO - Por incumplimiento del deber legal de protección de población civil. Actor social, alcalde / CONFLICTO ARMADO INTERNO - Deber de protección de seguridad personal. Actor social, alcalde

Con el acervo probatorio que milita en el proceso y conforme a la disposición en cita, es claro para la Sala que el cumplimiento del servicio de seguridad que está a cargo de la Policía Nacional se encuentra reservado en favor de diversos actores sociales que, dada su connotación, “pueden ser objeto de atentados contra su integridad, su familia o sus bienes”, por lo cual, es claro que el despliegue de las actividades de seguridad por parte de dicha Entidad se encuentra demarcado por la existencia de una situación de riesgo concreto en contra de alguna persona, aspecto que, en el sub lite se encuentra plenamente acreditado porque el señor (…) [alcalde] directamente puso en conocimiento de dicha Entidad la situación en que se encontraba y, además porque el incremento y la magnitud de dicha realidad era conocida por la Policía, desde un mes antes de la ocurrencia del asesinato, como lo evidencia el informe que los dos agentes escoltas elaboraron al Comandante de la Estación y que fue transcrito anteriormente. La Sala no desconoce que hubo un comienzo de protección por parte de la entidad demandada al disponer de los dos escoltas; sin embargo, esta medida no era suficiente ni adecuada dada la magnitud de la amenaza y las caracteristicas del cargo que ostentaba la víctima. (…) [se insiste en] que la víctima no era un sujeto cualquiera; era la primera autoridad del municipio, y para ejercer su función no puede quedar sujeta a los horarios que los cuerpos de seguridad le brinden ni a horarios de trabajo de dos personas que superan la capacidad de cualquier ser humano, la protección de un funcionario público como éste, para que fuera efectiva debía ser de 24 horas y con un número suficiente de policiales que la prestaran. De otra parte, la seguridad de[l alcalde] (…) no podía depender de sí mismo como persona amenazada, pues la dimensión del riesgo la conocía en toda su magnitud la Policía Nacional. Conforme a las anteriores consideraciones la Sala revocará el fallo de primera instancia y declarará la responsabilidad de la entidad demandada en la muerte de[l] (…), alcalde de Orito. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque, recibido en la Relatoría el 10/02/2017. Otros temas abordados en la providencia e identificados por el despacho: Prueba trasladada- reiteración jurisprudencial. Presupuestos de la Responsabilidad extracontractual del Estado. El derecho a la seguridad personal de ciertos actores sociales en el marco del conflicto armado interno.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD - Aplicación del principio democrático. Empleados y funcionarios con representación social: Especial protección

Antes de enfrentar la determinación del juicio de imputación, y teniendo en cuenta las particularidades del asunto, la Sala debe abordar el tratamiento de la situación de ciertos actores sociales, como son aquellas personas que desempeñan cargos de representación democrática dentro del marco institucional del Estado, (…) La aplicación del principio democrático se manifiesta, concretamente, en la tutela del derecho a la seguridad personal , que como garantía constitucional permite el desdoblamiento del ejercicio del derecho a la vida, y permite la adscripción de deberes normativos de actuar a cargo de diversas autoridades públicas en aras de garantizar la vida e integridad física de tales sujetos merecedores de especial protección; en relación con el alcance de la tutela del derecho a la seguridad personal el precedente jurisprudencial constitucional ha fijado su alcance (…) En la actualidad, la tutela del derecho a la seguridad personal se encuentra positivado en lo consagrado en los artículos 81 de la ley 418 de 1997, de la ley 548 de 1999 y en la ley 782 de 2002, según las cuales “el Gobierno Nacional – Ministerio del Interior y de Justicia-, pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno”. Así mismo, en virtud del decreto 2816 de 2006 se “diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”, se establece que la “población objeto del programa está constituida por los dirigentes o activistas de grupos políticos, (especialmente de grupos de oposición), de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas, de grupos étnicos, de Derechos Humanos, de población en situación de desplazamiento; miembros de la misión médica; testigos de casos de violación a los Derechos Humanos y de Infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos; periodistas y comunicadores sociales; Alcaldes, Diputados, Concejales, Personeros; funcionarios o ex funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional”.

FUENTE FORMAL: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 - ARTICULO 3 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ARTICULO 7 NUMERAL 1 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ARTICULO 9 NUMERAL 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA-ARTICULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA-ARTICULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA-ARTICULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA-ARTICULO 93 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA - ARTICULO 94 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 168 / LEY 418 DE 1997 - ARTICULO 81 / LEY 1564 DE 2012 - ARTICULO 174

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de los consejeros Olga Mélida Valle De De La Hoz y Guillermo Sánchez Luque

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 52001-23-31-000-2002-01718-01(33494)

Actor: MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Nariño [atendiendo a la prelación para fallo dispuesta por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, teniendo en cuenta que se trata de un caso de grave violación de los derechos humanos]. En el fallo apelado se resolvió:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- Secretaría devolverá a la parte actora el remanente de los dineros que consignó para gastos del proceso, si los hubiere. Déjense las constancias de dicha entrega.
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas por no estar acreditadas
CUARTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias respectivas. ”

ANTECEDENTES

1. La demanda.

La demanda fue presentada el 2 de diciembre de 2002 por MARIA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA, en nombre propio y en su condición de cónyuge del desparecido señor CARLOS JULIO ROSAS MOLINA; y en nombre de sus menores hijos JHON CARLOS, ALEXANDER Y HAROLD ROSAS YAGUAPAZ; también demandaron en nombre propio y en su calidad de hijos mayores del mismo fallecido, HERLEN FERLENY Y MARLEN JOHANA ROSAS YAGUAPAZ; todas estas personas, actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas [fls.1 a 18 c1]:

“PRIMERO.- Que La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional es administrativamente responsable de los perjuicios materiales, morales y daño psicológico irrogados a MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA, a sus hijos menores JHON CARLOS ROSAS, ALEXANDER ROSAS, HAROLD ROSAS, a sus hijos mayores HERLEN FERNELLY ROSAS, Y MARLEN JOHANA ROSAS, por el homicidio de su esposo y padre CARLOS JULIO ROSAS MOLINA en su calidad de Alcalde de Orito (Putumayo), como se demostrará debidamente.

SEGUNDO.- Condenar en consecuencia, a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de $1. 089.610.920 o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.”

1.2 Fundamento Fáctico

Como fundamento de las pretensiones, la parte actora relató los hechos que la Sala sintetiza así:

Desde el día 22 de septiembre de 2000 el movimiento guerrillero de las Farc, adelantó un denominado “Paro Armado” en el territorio del Departamento de Putumayo, impidiendo la libre movilización de las personas y ocasionando el bloqueo del transporte de carga y de pasajeros, con lo cual se afectó directamente a la población del municipio de Orito.

En el señor CARLOS JULIO ROSAS MOLINA, en su condición de Alcalde del mencionado municipio hizo pública denuncia de la situación que afectaba a la población, al tiempo que también protestó por la presencia de las denominadas AUTODEFENSAS.

La situación revistió tanta gravedad, que se conformó una Comisión humanitaria integrada por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento del Putumayo de la época; quienes a su vez solicitaron la organización de un comisión humanitaria bajo el liderazgo del Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El día 29 de noviembre de 2000 a las 7 am, el alcalde ROSAS MOLINA, después de haber hablado algunos minutos en la puerta de su casa con alguna persona, entró a sacar la moto de su propiedad y mientras desarrollaba esta actividad desconocidos le propinaron 3 disparos, como consecuencia de los cuales falleció.

Se afirma en la demanda que en el momento en que se produjo la muerte del alcalde, en la localidad de Orito existían una Estación y una base de la Policía Nacional, así como un batallón del Ejército; y pese a ello, y a que se conocían las amenazas que pesaban contra su vida, por cuenta de las cuales se le habían asignados dos escoltas de la Policía Nacional, en el instante en que le propinaron los disparos el señor ROSAS MOLINA se encontraba sin protección.

2. Actuación procesal en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda mediante auto de 10 de diciembre de 2002 [fls.43 y 44 c1], la que fue notificada al Ministerio de Defensa, por conducto del Comandante de la Policía del Departamento de Nariño, el 28 de julio de 2003, [fl. 55 c1].

La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, el 10 de septiembre 2002, oportunamente contestó la demanda [fls.57 a 61 c1] en la siguiente forma: (1) se opuso a la totalidad de las pretensiones, (2) respecto de los hechos, admitió algunos, manifestó que otros debían probarse. (3) Como razones de defensa adujo que se debería probar la falla en el servicio, y que conforme a los hechos relatados en la demanda, lo que se advertía era que por voluntad de la victima, ésta se trasladaba a su lugar de trabajo sin la compañía de los escoltas que le habían sido asignados, por lo que - se concluye- que fue el burgomaestre quien se expuso a los hechos en que resultó muerto, por no tomar las medidas necesarias, como hubiese sido esperar la llegada del personal de la policía encargado de su seguridad. Por último, la entidad demandada coadyuvó la solicitud de pruebas presentada en la demanda por la parte actora.

El período probatorio se abrió mediante auto de 10 de marzo de 2004 [fl.70 c1]. Vencido el término para practicar pruebas se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que sí a bien lo tenía rindiera concepto escrito, esto se hizo en auto de 19 de abril de 2006 [fl.419 c1].

El apoderado de la parte actora presentó extemporáneamente escrito de alegatos; mientras que la el apoderado de la entidad demandada guardó silencio. Por su parte, el agente del Ministerio Público emitió concepto escrito que radicó el 14 de julio de 2006 [fls. 428-431 c.1]. En este documento el Procurador 35 en lo judicial delegado para asuntos administrativos de Pasto- Nariño, solicitó negar las pretensiones deprecadas porque, a su juicio, no se probó la falla en el servicio; y, por el contrario, si resultó acreditado que el occiso tomaba o retiraba su escolta cuando lo creía necesario. De otra parte, sostiene el agente del Ministerio Público que no se ha logrado demostrar quién fue el autor material del homicidio, y no aparece prueba alguna que vincule a los miembros de la policía; mientras que si aparece que fue hecho de un tercero, lo que constituye una causal de exoneración de responsabilidad.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Nariño, el 8 de septiembre de 2006 profirió sentencia y en ésta resolvió negar las pretensiones de la demanda. Para sustentar su decisión, después de examinar el material probatorio obrante en el expediente, el a quo concluyó que no se había acreditado la falla del servicio de la entidad demandada, visto que ésta le había asignado al alcalde dos escoltas; por el contrario, el a-quo tuvo por probado el Tribunal que la víctima incumplió con las normas de seguridad y con las recomendaciones que se le habían hecho. A este respecto, expresamente se consignó en el fallo de primera instancia:

“La Policía Nacional dispuso que dos escoltas acompañaran al alcalde de Orito, con el fin de brindarle seguridad. No es el número de escoltas el que determina si dicha seguridad es o no suficiente, puesto que la persona protegida no puede desconocer que su propia integridad personal también depende de la estricta observancia de las normas de seguridad y recomendaciones que se hacen y actuar de conformidad con sus propias razones.
Como esto no ocurrió en el presente caso, no se puede afirmar que hubo falla del servicio y por tanto no hay lugar a declarar la responsabilidad a cargo del Estado”.

4. El recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante oportunamente presentó y sustentó el recurso de apelación [fls.447 a 451 cpal]. En el escrito correspondiente se argumenta que el Tribunal no valoró integralmente las pruebas, y para el efecto se transcriben algunos testimonios cuyo contenido, a juicio del recurrente, desmienten el hecho que el a-quo tuvo por probado, según el cual la víctima le había dicho a los escoltas que comenzaran su turno a las 8 de la mañana del día en que fue asesinado. De otra parte, se sostiene que no hay en el expediente una sola prueba que acredite que se le haya llamado la atención al alcalde sobre un comportamiento imprudente; finalmente se asevera que aún en el evento en que se demostrara que la víctima había instruido a sus escoltas de regresar al otro día a las 8 am, esa circunstancia no desvirtúa la responsabilidad de la Policía Nacional. De los argumentos expuestos en el escrito de sustentación del recurso la Sala destaca:

“Si en gracia de discusión se aceptara que el Alcalde citó a sus escoltas para el día 29 de noviembre a las 8am, y si los escoltas conocían con anticipación las amenazas que se cernían sobre el funcionario según su informe de conocimiento del 27 de octubre de 2000, y si a ello se agrega lo dicho por el Agente CORRECHA TAPIERO JULIO ERNESTO, ante la Oficina de Asuntos Jurídicos y Disciplinarios del Comando de la Base Especial de Policía de Orito, donde informa que “Se recibieron consignas por parte del jefe inmediato en forma verbal en cuanto a lo que se refiere a extremar al máximo las medida de seguridad tanto personal como del escoltado. Entonces porqué, (sic) si la función primordial de rango constitucional y legal de la Policía Nacional es eminentemente preventiva, y dadas las especialicimas (sic) condiciones de orden público que atravesaba el municipio de Orito, y de las amenazas permanentes y reiteradas contra el funcionario conocidas (sic) por la Institución, los escoltas no se presentaron en la residencia del Alcalde con anticipación a la fijada, teniendo en cuenta que aquella se encontraba distante de la Estación de Policía y además fuera del perímetro urbano, en zona rural.”.

5. Actuación en segunda instancia.

Una vez interpuesto el recurso de apelación, el mismo fue concedido por el Tribunal mediante providencia del 20 de octubre de 2006 [fls. 452 cppal], Recibido el expediente en esta Corporación se admitió el recurso por auto de 13 de abril de 2007 [fl.257 cppal]. Luego, mediante auto de 25 de mayo del mismo año se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran las alegaciones y el concepto escrito, respectivamente [fl.460 cppal].

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de septiembre de 2006, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios materiales excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del decreto 597 de 1988.

2. Objeto de la apelación.

Previo a decidir, debe precisarse que el recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia sólo lo interpuso la parte demandante; por lo que para resolver la Sala deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 328 del C.G.P., teniendo como fundamento los argumentos expuestos y desarrollados en el respectivo recurso de apelación, pero sin hacer más gravosa la situación del apelante único, es decir, respetando el principio de la non reformatio in pejus. Ahora bien, cabe señalar que en el presente caso el a quo denegó todas las pretensiones de la demanda.

En el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se exponen tres razones fundamentales para pretender la revocatoria de la decisión: i) que existen pruebas que desmienten que la víctima haya indicado a sus escoltas que el día en que ocurrió su muerte llegaran a las 8 am; ii) que no existe prueba de un comportamiento imprudente por parte de la víctima; iii) que aunque se tuviese por probado que el alcalde fallecido había instruido a sus escoltas que regresaran al día siguiente a las 8 am, este hecho tampoco releva de responsabilidad a la Policía Nacional. En consecuencia, la Sala en el momento de analizar el caso concreto estudiará de cada uno de estos argumentos.

Para que resolver lo que corresponda, en primer lugar se reseñará el valor de la prueba trasladada, toda vez que existen diversos documentos y testimonios traídos de las investigaciones penal y disciplinaria que se adelantaron por los hechos en que resultó muerto CARLOS JULIO ROSAS MOLINA; luego se explicarán los presupuestos para que exista responsabilidad extracontractual del Estado; después se analizará el derecho a la seguridad personal de ciertos actores sociales en el marco del conflicto interno armado; con posterioridad se reseñaran las pruebas obrantes en el proceso; finalmente se realizará el análisis del caso concreto.

3. La prueba trasladada – reiteración jurisprudencial

La Sala encuentra necesario reiterar su jurisprudencia en relación con la eficacia probatoria de las pruebas practicadas en proceso diferente al contencioso administrativo, dado que a este proceso se trasladaron los procesos penal y disciplinario adelantados como consecuencia de los hechos en que resultó muerto CARLOS JULIO ROSAS MOLINA.

Al respecto, la Sala ha establecido que de conformidad con el artículo 168 del C. C.A., “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Sin embargo esta Corporación, mediante auto de unificación del 25 de junio de 2014, determinó que las reglas de integración residual no serán las del Código de Procedimiento Civil sino las del Código General del Proceso.

Por su parte el Código de General del proceso en su artículo 174 señala que “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

No obstante lo anterior, si la parte contra la que se aduce la prueba documental trasladada no la solicitó ni se practicó con audiencia de ella, podrá valorarse si i) “ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”; ii) fue utilizada por la contraparte, por ejemplo parte demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión; en todo caso, “el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

En cuanto a los medios de prueba diferentes al documental, de no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, es decir, si se traslada la prueba a un proceso entre partes completamente o parcialmente distintas, se debe tener en cuenta el tipo de prueba para garantizar el principio de contradicción según las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas. Así las cosas, en cuanto a los testimonios rendidos en otros procesos, en la medida en que dichas pruebas trasladadas se practicaron con anterioridad a la entrada en vigencia del código general del proceso, su práctica y derecho de contradicción se regirán por lo dispuesto en aquella época en el código de procedimiento civil, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos:

“… el artículo 229 del mismo código dispone:
“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:
Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior..

Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” .

Se tiene entonces que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.
Dentro del presente caso, se advierte que el material probatorio preveniente del proceso disciplinario, investigación preliminar No. 001/2002 adelantada por la Policía Nacional, cumple con los requisitos establecidos por el artículo 174 del C.P.C, en tanto que esas pruebas se practicaron con audiencia de la entidad aquí demandada. En cuanto concierne a las pruebas trasladadas del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, también podrán valorarse por cuanto el apoderado de la entidad demandada al contestar la demanda manifestó que coadyuvava la solicitud de pruebas presentada por la actora en el libelo, con lo cual, se cumple el supuesto de petición de común acuerdo previsto en el inciso final del artículo 229 del código de Procedimiento Civil, apenas transcrito.

4. Presupuestos de la Responsabilidad extracontractual del Estado.

4.1 Presupuestos del daño antijurídico.

4.1.1. La noción de daño en su sentido general.

Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”.

Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto-, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”.

La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización. De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual.

4.1.2. La noción de daño antijurídico.

Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.

Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”; o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general, o de la cooperación social.
En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”. Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”.

Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece.
Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos” . Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

4.1.3. El daño antijurídico en el caso en concreto.

La Sala, mediante el análisis de los medios de prueba obrantes en el expediente, considera demostrado que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la muerte del Alcalde del municipio de Orito- Putumayo, CARLOS JULIO ROSAS MOLINA como se desprende de su registro de defunción (fl 4, c1), sentado el 29 de noviembre de 1998. La causa de la muerte fue consignada en el protocolo de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Seccional Putumayo (fl 12, c1) en donde se consignó lo siguiente: “CONCLUSIÓN: MUERTE POR SHOCK HIPOVOLEMICO SECUNDARIOS (SIC) A HERIDAS EN AURICULA DERECHA, AORTA Y PULMÓN DERECHO, CONSECUENCIA DE PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO”

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

4.2 Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.
La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado que consagra en la Carta Política colombiana de 1991 viene a reflejar, sin duda alguna, la consolidación del modelo de Estado Social de Derecho, y la superación de la idea de la irresponsabilidad de la administración pública. Se trata de afirmar los presupuestos en los que se sustenta el Estado moderno, donde la primacía no se agota al respeto de los derechos, bienes e intereses consagrados en las cartas constitucionales, sino que se desdobla de tal manera que implica, también, su reconocimiento, medidas y objeto de protección por parte de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con lo que el ámbito de indagación de la responsabilidad se ha venido ampliando de tal manera que permita lograr un verdadero “garantismo constitucional”.

Lo anterior no debe extrañar a nadie, ya que la responsabilidad como instituto viene a aflorar, frente al ejercicio del poder de la administración pública, “durante la denominada etapa del Estado-policía (Polizeistaat) cuando aparece el reconocimiento de ciertas especies de indemnización debidas a los particulares como consecuencia del ejercicio del poder”. Por el contrario, cuando se llega al modelo del Estado Social de Derecho, la premisa nos lleva a la construcción de los clásicos alemanes administrativistas según la cual la administración pública ya no está llamada a “no” reprimir o limitar las libertades, sino a procurar su eficaz, efectiva y proporcional protección, de tal manera que el Estado debe obedecer al cumplimiento de obligaciones positivas con las que se logre dicha procura, de lo contrario sólo habría lugar a la existencia de los derechos, pero no a su protección.

La premisa inicial para abordar el tratamiento del régimen de responsabilidad del Estado parte de la lectura razonada del artículo 90 de la Carta Política, según la cual a la administración pública le es imputable el daño antijurídico que ocasiona. En la visión humanista del constitucionalismo contemporáneo, no hay duda que en la construcción del régimen de responsabilidad, la posición de la víctima adquirió una renovada relevancia, sin que pueda afirmarse que con ello se llegue a concluir que desde la nueva carta constitucional el régimen se orienta hacia una responsabilidad objetiva.

En el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1, 2, 4, 13 a 29, 90, 93 y 229 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos jurídicos internacionales [Tratados, Convenios, Acuerdos, etc.] de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, bien sea que se encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens”.

Esta visión, en la que el ordenamiento jurídico colombiano [y su jurisprudencia contencioso administrativa] está en el camino de consolidarse, responde al respeto de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y al principio “pro homine”, que tanto se promueve en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Cabe, por lo tanto, examinar cada uno de los elementos con base en los cuales se construye el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, fundado en el artículo 90 de la Carta Política: el daño antijurídico, y la imputación.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”. Como bien se sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad; los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”.

De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”. La constitucionalización de la responsabilidad del Estado no puede comprenderse equivocadamente como la consagración de un régimen objetivo, ni permite al juez contencioso administrativo deformar el alcance de la misma.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo, argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012 y de 23 de agosto de 2012.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico [que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional]. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.
En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad [no afecte a la calidad de la actividad], sí incide en el nivel de la actividad [incide en la cantidad de actividad] del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad [el nivel óptimo] y, con ello, la causación de un número menor de daños”.

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación [desde la perspectiva de la imputación objetiva] a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro [situación de peligro generante del deber] y no le presta ayuda [no realización de la acción esperada]; posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano [capacidad individual de acción]. La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”.
En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”.

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse […] que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho.

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo criterio de motivación de la imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar, en primer lugar, en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo [probatoriamente] se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación”.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Además, cabe considerar la influencia que para la imputación de la responsabilidad pueda tener el principio de precaución, al exigir el estudiarla desde tres escenarios: peligro, amenaza y daño. Sin duda, el principio de precaución introduce elementos que pueden afectar en el ámbito fáctico el análisis de la causalidad (finalidad prospectiva de la causalidad), ateniendo a los criterios de la sociedad moderna donde los riesgos a los que se enfrenta el ser humano, la sociedad y que debe valorar el juez no pueden reducirse a una concepción tradicional superada.

La precaución es una acepción que viene del latín precautio y se compone del prae (antes) y la cautio (guarda, prudencia). En su definición, se invoca que el “verbo precavere implica aplicar el prae al futuro –lo que está por venir-, tratándose de un ámbito desconocido pese a las leyes de la ciencia, incapaces de agotar los recursos de la experiencia humana y el verbo cavere que marca la atención y la desconfianza”. Su concreción jurídica lleva a comprender a la precaución, tradicionalmente, como aquella que es “utilizada para caracterizar ciertos actos materiales para evitar que se produzca un daño”. Entendida la precaución como principio, esto es, como herramienta de orientación del sistema jurídico “exige tener en cuenta los riesgos que existen en ámbitos de la salud y del medio ambiente pese a la incertidumbre científica, para prevenir los daños que puedan resultar, para salvaguardar ciertos intereses esenciales ligados más a intereses colectivos que a los individuales, de manera que con este fin se ofrezca una respuesta proporcionada propia a la evitabilidad preocupada de una evaluación de riesgos (…) Si subjetivamente, el principio implica una actitud a tener frente a un riesgo, objetivamente, se dirige directamente a la prevención de ciertos daños en ciertas condiciones determinadas”. Luego, la precaución es un principio que implica que ante la ausencia, o insuficiencia de datos científicos y técnicos, es conveniente, razonable y proporcional adoptar todas aquellas medidas que impida o limiten la realización de una situación de riesgo (expresada como amenaza inminente, irreversible e irremediable) que pueda afectar tanto intereses individuales, como colectivos (con preferencia estos).

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema se analizará el caso a resolver.

5. El derecho a la seguridad personal de ciertos actores sociales en el marco del conflicto armado interno.

Antes de enfrentar la determinación del juicio de imputación, y teniendo en cuenta las particularidades del asunto, la Sala debe abordar el tratamiento de la situación de ciertos actores sociales, como son aquellas personas que desempeñan cargos de representación democrática dentro del marco institucional del Estado, los cuales, en razón al ejercicio de su labor pública pueden ser objeto de protección reforzada [en el marco de la tutela del derecho a la seguridad personal], más cuando se acrediten, directa o indiciariamente, circunstancias que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios bien sea por la ubicación del lugar en donde desempeña sus actividades, o por las condiciones del conflicto interno que se presentaban para la época de los hechos.

La aplicación del principio democrático se manifiesta, concretamente, en la tutela del derecho a la seguridad personal , que como garantía constitucional permite el desdoblamiento del ejercicio del derecho a la vida, y permite la adscripción de deberes normativos de actuar a cargo de diversas autoridades públicas en aras de garantizar la vida e integridad física de tales sujetos merecedores de especial protección; en relación con el alcance de la tutela del derecho a la seguridad personal el precedente jurisprudencial constitucional ha fijado su alcance en los siguientes términos,

“Dentro del desarrollo que del derecho fundamental a la vida ha realizado la jurisprudencia constitucional, se destaca el estudio acerca del carácter vincu-lante (sic) que para el Estado se deduce de sus dos ámbitos de protección, esto es, que se trata de un derecho que debe respetarse y debe protegerse. Conforme a lo anterior, por una parte, las autoridades públicas están obligadas a abstenerse de ejecutar actos que vulneren el derecho a la vida y, por la otra, a evitar que terceras personas por cualquier motivo lo desconozcan. Este segundo ámbito de protección, se refiere entonces al deber que le asiste a las autoridades públicas de asegurar o garantizar el respeto del derecho a la vida por parte de terceros. Dicho deber no constituye una simple manifestación retórica de tipo formal, sino por el contrario, una declaración categórica e imperativa para el Estado, por virtud de la cual se le asigna una obligación positiva consistente en actuar con eficiencia y celeridad en su labor de defensa y cuidado de este derecho fundamental. Así las cosas, esta Corporación ha sostenido que: “el Estado debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva, pues ante la amenaza que se tiende sobre la existencia y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto, es inexcusable que el Estado pretenda cumplir con sus deberes limitándose a señalar su imposibilidad para prestar la ayuda requerida”. Dicha circunstancia condujo al reconocimiento por parte de esta Corporación de la seguridad personal como un derecho fundamental de todas las personas, y así lo estableció en la sentencia T-719 de 2003, al derivar su existencia del principio de igualdad de las cargas públicas y del principio de justicia y equidad. En sus propias palabras, la Corte manifestó que:
“Con base en los mandatos constitucionales e internacionales indicados abajo, y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la protección de la seguridad de las personas en nuestro ordenamiento, según se reseña más adelante, para la Sala resulta claro que la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar. (...)
El derecho a la seguridad personal, en ese contexto, es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”. 9.

Por virtud de lo expuesto en la Constitución Política, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la seguridad personal, no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones como una obligación de resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporciona-lidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos fundamentales.
(…)
10. Ahora bien, en cierto casos se exige como carga ciudadana fundada en el principio de solidaridad social (C.P. art. 95.2), que las personas asuman ciertos riesgos especiales, por fuera de los mínimos u ordinarios que se predican para toda la comunidad. Dichos riesgos por lo general tienen su origen en dos tipos de contingencias, por una parte, en aquéllas que se derivan de la convivencia en sociedad, por ejemplo, cuando para asegurar la defensa de una población es indispensable instalar una estación de policía, que por la situación interna de conflicto armado que vive el país, puede exponer a determinados riesgos a los vecinos de dichas construcciones; y por la otra, en aquéllas que subyacen a la prestación de los servicios públicos, ya sea en relación con las personas que se benefician de los mismos, o frente a las personas encargadas de su prestación, es decir, los servidores públicos”.

Teniendo en cuenta el alcance del derecho a la seguridad personal, cuyo sustento se encuentra en los artículos 93 y 94 de la Carta Política, en lo consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos [Pacto de San José] y en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el precedente jurisprudencial constitucional se plantea la necesidad de delimitar frente a qué tipo de riesgos se exige que las autoridades públicas ejerzan la protección debida. En ese sentido el precedente indica,

“Se tiene, en primer lugar, que dichos riesgos deben ser extraordinarios. Esto quiere decir que existe un nivel de riesgo ordinario, social y jurídicamente soportable, por estar implícito en la vida cotidiana dentro de cualquier sociedad. (…) (L)as personas no pueden exigir al Estado un nivel especial de protección frente a este tipo de riesgos elementales: soportarlos constituye una carga derivada de la condición misma de integrante de una comunidad de seres humanos, que se impone a todos los miembros de la sociedad por igual.
“Ahora bien, en la medida en que la intensidad de dichos riesgos se incremente, es decir, cuando se tornen extraordinarios y reúnen las demás características señaladas en esta providencia, las personas tendrán derecho a solicitar la intervención protectiva (sic) de las autoridades para mitigarlos o evitar que se materialicen, cuando ello sea posible; tal intervención estatal podrá invocarse con distintos títulos, es decir, en virtud de distintos derechos fundamentales –la vida, la integridad personal o la seguridad personal -, dependiendo del nivel de intensidad del riesgo en cuestión y de sus características.
De tal manera que el derecho a la seguridad personal sí comprende un nivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos o peligros que, al responder a determinados atributos, “no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad
Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de esta Corte estableció una sencilla escala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: (i) los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas; y (ii) los títulos jurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervención protectiva de las autoridades .
Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: (i) un nivel de riesgo mínimo; (ii) un nivel de riesgo ordinario, soportado por igual por quienes viven en sociedad; (iii) un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; (iv) un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal; y (v) un nivel de riesgo consumado.
A partir de tal caracterización estimó la Corte que “el derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las personas de los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar”. A fin de establecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades tiene una intensidad suficiente como para ser extraordinario, el funcionario competente debe analizar si confluyen en él algunos de los siguientes atributos: específico e individualizable, concreto, actual, importante, serio, claro y discernible, excepcional, desproporcionado, además de grave e inminente”.

En la actualidad, la tutela del derecho a la seguridad personal se encuentra positivado en lo consagrado en los artículos 81 de la ley 418 de 1997, de la ley 548 de 1999 y en la ley 782 de 2002, según las cuales “el Gobierno Nacional – Ministerio del Interior y de Justicia-, pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno”. Así mismo, en virtud del decreto 2816 de 2006 se “diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”, se establece que la “población objeto del programa está constituida por los dirigentes o activistas de grupos políticos, (especialmente de grupos de oposición), de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas, de grupos étnicos, de Derechos Humanos, de población en situación de desplazamiento; miembros de la misión médica; testigos de casos de violación a los Derechos Humanos y de Infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos; periodistas y comunicadores sociales; Alcaldes, Diputados, Concejales, Personeros; funcionarios o ex funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional”.

6. Pruebas obrantes en el expediente.

Obran el plenario los siguientes medios probatorios:

Registro de Defunción de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA F. 4 C.1

Certificado de elección de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA F.3 C.1

Formato de acta de levantamiento de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA 5-12
Declaración de María Ligia Yaguapaz Figueroa ante la Fiscalía Cincuenta y uno Seccional de Orito Putumayo. Fl13-14 c.1.

Certificado Eclesiástico del matrimonio celebrado entre María Ligia Yaguapaz Figueroa y Carlos Julio Ross el 15 de octubre de 1981. Fl.15 c.1

Certificados de nacimiento de Alexander, Harold y Herlen Fernelly Rosas Yaguapaz fls. 16-18c.1

Liquidación de prestaciones sociales de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA. Fls. 20-25 c.1

Respuesta a requerimiento suscrita el 24 de abril de 2001, por el Comandante Base Militar de Orito BCG No.48. Fl. 27 c.1

Respuesta a derecho de petición elevado por María Ligia Yaguapaz Figueroa, suscrita por el Comandante (E) del Departamento de Policía Putumayo. Fl.31 c.1

Certificación laboral de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA, expedido por la directora de recursos humanos de la Gobernación del Putumayo fl. 75 c.1

Expediente contentivo de la Investigación 1727, adelantada en la Fiscalía General de la Nación por el Homicidio de CARLOS JULIO ROSAS MOLINA. Fls. 122-208 c1.

Expediente que contiene el informativo preliminar Nro. 001/2.002, adelantado por la Policía Nacional contra Pt Ordoñez Gómez José y AG Correcha Tapiero Julio Enrique, por faltas contra el ejercicio de la profesión, a propósito de los hechos en que resultó muerto el Alcalde de Orito.fl. 218-277 c.1

7. El análisis del caso concreto.

El análisis lo aborda la Sala teniendo en cuenta que existen precedentes de esta Corporación en los que se llega a la conclusión que para endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado por falla del servicio de protección, no es necesario el previo, expreso y formal requerimiento por parte del amenazado o afectado con un atentado.

En una primera etapa, en la sentencia de 17 de febrero de 1983 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se plantearon varios fundamentos: i) cabe endilgar la responsabilidad por la abstención o inercia; ii) desde finales de los años treinta [1937] la Corte Suprema de Justicia afirma que cabe establecer la responsabilidad por la inejecución de obligaciones positivas, lo que se concretó en un fallo de 1946 de la misma Corporación hablándose de dos supuestos: por omisión de un acto; o, por falta de intervención o de iniciativa ante deberes jurídicos positivos; iii) pese a lo anterior, se firmó que no hay responsabilidad cuando el funcionario competente necesita requerimiento para actuar. A lo que se agregó que si la ley lo ha reglamentado “resulta ineludible el formal requerimiento; iv) para establecer la falla del servicio es indispensable acreditar que se pidió la protección policiva. Luego, consideró el precedente, el Estado no asume una obligación de resultado, de seguridad. Se insiste, pues, que es imprescindible haber pedido protección ante amenazas fundadas y razonados temores; se demostró que los hechos, el homicidio del magistrado, fue ajeno a la natural aprehensión que debía tener el que temía un peligro inminente.

Dentro de este precedente cabe destacar el salvamento presentado por el Consejero de Estado Carlos Betancur Jaramillo, en el que se sostuvo: i) en este tipo de asunto se produce la tensión entre la salvaguardia de la forma sagrada y la premisa “darle a cada cual lo suyo”; ii) la protección que merece todo individuo debe estar cerca; iii) debe estarse presto a actuar ante las primeras señales de perturbación; iv) en circunstancias anormales o excepcionales la autoridad no puede esperar que se cumpla con el requerimiento; v) ante una época de terror y angustia, “cuando la subversión cierra su cerco y el crimen organizado y brutal gana prestigio social”, todo ciudadano puede esperar la solidaridad; vi) la protección debe ser acorde con los riesgos propios de la actividad que cada individuo cumple; vii) frente a un estado de zozobra se extreman los riesgos y debe ampliarse la protección de aquellas personas que dirigen el Estado, y; viii) a la víctima no cabe endilgarle culpa por no haber protegido, o pedir la protección con todas las formalidades.

En el segundo precedente, constituido por la sentencia de la Sala Plena de 12 de julio de 1988, que resolvió el recurso extraordinario de anulación contra la sentencia de 17 de febrero de 1983, se sostuvo: i) el Estado se encontraba en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque expresamente no se haya pedido; ii) la autoridad dejó de actuar, al haber permitido que otro destruyera sus bienes, o lo despojara de los mismo; iii) no es necesario averiguar la posibilidad de otros medios de defensa que el particular tenía; iv) ante un ambiente de zozobra, confusión e inestabilidad las autoridades deben proceder a dar protección, sin que haya lugar a exigir un requerimiento concreto y específico; v) se constató que no se puso medio alguno al servicio de la víctima que enfrentaba una situación especial de riesgo; vi) la protección a la vida honra y bienes no es estática; vii) las autoridades policiales no son simples sujetos pasivos, que demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita; viii) debe observarse el deber positivo de permanente alerta, teniendo en cuenta las circunstancias de cada momento; ix) el Estado debe tomar “la acción cuando la situación azarosa de perturbación lo aconseje respecto de una o de determinadas personas, teniendo en cuenta la influencia que esa circunstancia obre sobre cada una, por la posición que ocupan en la vida social”; x) para el caso, la información de prensa permitió al juez concebir que las autoridades policiales debía volver su atención, cuidado y protección a la víctima; xi) al sobrevenir circunstancias extraordinarias se exige presencia especial de la autoridad; xii) el Estado es responsable “cuando el desorden causado por el daño se hace empresa pública y aquél no intenta siquiera contrarrestarlo”; xiii) la situación de riesgo puede estar determinada por alguna de las circunstancias excepcionales siguientes: posición intuitu personae “teniendo en cuenta sus condiciones personales y sociales”; ejercicio de cargos; antecedentes de persecución o de atentados criminales; tratarse de un medio anómalo; perturbación del orden público en el que la persona se desenvuelve; xiv) ante tales situaciones se afirma como imperativo que la actividad estatal se dirija a prestar una especial protección.

En una segunda etapa los precedentes recientes de la Sala en materia de falla del servicio por omisión en el deber de protección se orientan de manera disímil. Así, en la sentencia de 26 de enero de 2006 se sostiene que la responsabilidad del Estado, por omisión, cuando se imputa el daño por falta de protección exige,

“(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad”.

Posteriormente, en la sentencia de 19 de julio de 2007, la Sala frente a un caso en el que el amenazado era un personero, quien informó a la Policía Nacional de las amenazas, sostuvo que el municipio presentaba, para la época de los hechos, “alteraciones de orden público debido a los actos de violencia” de grupos armados insurgentes.

En tanto que en la sentencia de 3 de octubre de 2007 se argumentó que pese a las graves y reiteradas denuncias formuladas al Gobierno “sobre la compleja y difícil situación que estaban padeciendo los miembros del Partido Comunista”, no se “adelantó investigación alguna tendiente a verificar o esclarecer la procedencia de las mismas, mucho menos se tomó medidas de protección para evitar la muerte de cientos de militantes de dicho partido político”.

Ahora bien, en la sentencia de 4 de diciembre de 2007 se indicaron los elementos con base en los cuales cabe examinar la fala del servicio de protección: i) indiciariamente se prueba que la víctima informa a las autoridades policiales acerca de las circunstancias de peligrosidad en que vive; ii) la autoridad policial conocía el riesgo que corría la víctima; iii) no es indefectible la prueba de la petición de protección; iv) basta que las autoridades si conocieran la situación de peligro en que se enmarcaba la persona. Así mismo, se sostiene en este precedente que la falla del servicio de protección puede apoyarse en la posición de garante que ostenta el Estado y expresa en tres aspectos: a) incumplimiento del deber de protección y cuidado, comunicado el peligro que se corría como resultado de múltiples intimidaciones; b) no se endilga una obligación de imposible cumplimiento al Estado; y c) el “deber de protección de la vida, honra y bienes que se radica en cabeza del Estado, se torna más exigente en tratándose de personas frente a las cuales es posible o probable que se concrete o materialice un riesgo de naturaleza prohibida”.

Así mismo, en la sentencia de 6 de marzo de 2008 [Exp.14443] la Sala sostiene,

“El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6 ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua (sic), pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”.

Con posterioridad, en la sentencia de 25 de febrero de 2009 se sostiene que la prueba indiciaria es útil cuando se examina la imputabilidad de la falla del servicio por omisión en el servicio de protección. En concreto, se afirma la existencia de indicios “de que la víctima estaba siendo amenazada y de esta circunstancia tenía conocimiento la policía”. De igual forma, se afirma la existencia de circunstancias especiales que indicaban que la vida de la víctima “corría peligro para que oficiosamente debiera desplegar una actividad especial de protección de la vida”.

Recientemente, en la sentencia de 25 de agosto de 2010, de la Sección Primera del Consejo de Estado, se sostuvo que cuando “una persona se encuentra en peligro, y considera amenazados sus derechos fundamentales y los de su familia… es necesario que el Estado dirija su accionar con el fin único de evitar que se materialice un daño concreto, accionar que sólo podrá estar antecedido de un conocimiento de los diferentes factores de riesgo que rodean a la persona”

Finalmente, en sentencia de 31 de enero de 2011 [Exp.17842] esta Subsección planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de “riesgo constante”; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño.

Ahora bien, con sustento en las anteriores consideraciones que han sido desarrolladas por esta Corporación, la Sala examinará con el mayor rigor posible los supuestos fácticos expuestos por los actores, su correspondencia con el acervo probatorio y valorando ponderadamente los fundamentos jurídicos en los que se sustenta la falla del servicio por omisión en la protección de una persona.
Para el caso concreto la Sala limitará el análisis de la atribución de responsabilidad respecto del demandado Policía Nacional, único apelante de la sentencia del 8 de septiembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Para el examen, la Sala en el caso concreto (en sus dos extremos: ámbito fáctico y atribución jurídica) precisa determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y su encaje en los criterios con base en los cuales se puede establecer [bien sea se acredite una, varias, o todas ellas] la existencia de amenazas a la seguridad personal contra el alcalde Carlos Julio Rosas Molina.

1) La posición intuitu personae (condiciones personales y sociales). Dentro del acervo probatorio que obra dentro del proceso la Sala encuentra acreditado que el señor Rosas Molina se desempeñaba, para la época de los hechos, como alcalde del Municipio de Orito, ello se corrobora con la credencial expedida por la Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil, documento que evidencia que esta persona había sido elegída popularmente en dicho cargo para el periodo comprendido entre 1999-2002. (fl.3 c.1).

Con lo anterior queda corroborado para la Sala que el señor Carlos Julio Rosas Molina, para el momento de su muerte, era un actor del sistema democrático comoquiera que se desempeñaba como primera autoridad del Municipio de Orito, en su condición de Alcalde.

2) Las amenazas y la situación de peligro o riesgo a la que se encontraba expuesto el burgomaestre Carlos Julio Rosas Molina. En cuanto a este aspecto es menester señalar que en el proceso obran las siguientes pruebas.

Por una parte se encuentra el testimonio de LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ BASTIDAS, quien cuando se le pregunta si conocía de amenazas en contra del alcalde desaparecido respondió:

“Yo personalmente hablé con él, y él directamente me comentó que estaba idecizo(sic) de donde(sic) podía hacer(sic)pero que por eso tenía sus escoltas para andar más tranquilo”.

Por otro lado, también son contestes las declaraciones que rindieron los agentes que le prestaban el servicio de escolta. En primer lugar, el Testimonio rendido por José Clodomiro Ordoñez Gómez, quien se desempeñaba como escolta del alcalde asesinado, esta persona manifestó:

“Le prestaba seguridad al señor alcalde Carlos Julio Rosas Molina, la seguridad consistía en el tiempo que él requería de mis servicios. El tiempo no estaba establecido no había tiempo fijo. […] El señor Comandante me asignó a mi, porque el señor alcalde solicitó el servicio de escolta y en base a(sic) esa solicitud me asignaron a mi persona por conducto del comandante de la estación […] Como quiera que el señor alcalde nunca me dijo que hubiera recibido amenazas de manera directa, yo por rumores escuchados hice o realicé un informe al Comandante de Estación informándole esa novedad presentada de la cual anexo a esta declaración, de las cuales se realizaron sus respectivas recomendaciones al señor Burgomaestre para que este las tenga en cuenta y no extalimitarse en su seguridad personal, por que él muchas veces nos citaba a las seis o siete de la mañana y nos tocaba que salir a buscarlos hasta encontrarlo, es todo”.

En el informe al que se refiere el anterior testigo, que éste y su compañero de trabajo como escoltas del alcalde desaparecido dirigieron al Comandante de la estación de policía , se consignó:

“Respetuosamente me permito informar a ese Comando que mediante información brindada de ciudadano conocido de esta localidad se prevee(sic) que el señor Alcalde de este municipio, por parte de grupos subversivos al margen de la ley, según esta información estos pretenden secuestrarlo a toda costa.
Es de anotar que de lo anterior es conocedor el señor burgomaestre ya que fue informado inmediatamente por los suscriptos(sic); lo anterior para que obre como precedente, de igual forma se hace saber a ese Comando que terminado el servicio de escoltas, el señor alcalde queda en su casa de habitación bajo su propia responsabilidad ya que nosotros no pernotamos en horas nocturnas en su residencia…” fl. 149 c.1.

En segundo lugar, el agente JULIO ERNESTO CORRECHA TAPIEL, cuando el Fiscal le preguntó si sabía de amenazas contra el alcalde respondió:

“el 27 de octubre se le pasó un informe al Comandante de la Estación de Policía, un informe de conocimiento, mediante información brindada de ciudadanos de esta localidad en el cual se previa(sic) o se prevee(sic) que el señor Alcalde de este municipio por parte de grupos subversivos pretendían secuestrarlo a como diera lugar” (fl. 151, c1).

De otra parte, obra el testimonio de la señora Flor María Otalvaro, quien sobre el particular afirmó:
“El me dijo vea Flor María yo estoy bien preocupado a mi si me tiene bien preocupado ese H.P. del mono Jojoy, en esos términos se refería a un señor que concretamente no sé cómo se llama porque él unas veces firmaba como Rubén Celis y otras veces como Rubén Ríos. Con este individuo días anteriores el señor alcalde había tenido un problema debido a un contrato que se estaba tramitando con ese individuo el cual ya casi estaba listo para el pago pero que debido a unas averiguaciones que hizo el personero se supo que había mucha documentación falsa por eso se hecho(sic) ese contrato se echo para atrás yo le dije señor alcalde Rubén le ha hecho alguna amenaza y él me dijo directamente no pero ese tipo es muy peligroso y me dicen que hoy lo vieron por aquí”.

Con los medios probatorios anteriormente mencionados la Sala tiene claridad de la existencia de amenazas en contra de la vida del señor Carlos Julio Rosas Molina, las cuales, conforme a las declaraciones testimoniales, tuvieron su origen a partir de su actividad como alcalde. Debe resaltarse que tales intimidaciones fueron puestas de presente directamente ante la entidad demandada. A lo anterior debe adicionarse que fue un hecho notorio el paro armado que por la época tuvo que soportar aquella región del país; pero además, obra una respuesta del Comandante de la Base Militar de Orito, suscrita 4 meses después de ocurridos los hechos, a un requerimiento hecho por la cónyuge de la víctima, en este documento se consignó:

“En referencia a lo solicitado en su oficio de fecha abril 20 de 2001 me permito informarle que actualmente en el municipio de Orito vienen efectuando presencia de(sic) grupos terroristas pertenecientes a las cuadrillas 48,32, 15 y la columna móvil Teófilo Forero pertenecientes al bloque sur de las ONT-FARC, y algunos integrantes de las AUC, los cuales han venido adelantando actividades terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil lo mismo que contra la infraestructura petrolera a través de retenes ilegales, Boleteo, extorsión, asesinatos, reclutamiento de menores y voladura al oleoducto afectando la Economía Nacional del País” fl. 27 c.1

3) La respuesta de la Policía Nacional. Continuando con el análisis del caso, la Sala encuentra que la respuesta institucional del Estado frente al asunto puesto en conocimiento por parte del señor Carlos Julio Rosas Molina, a la luz de los medios probatorios obrantes en el sub lite, se limita a lo siguiente:

i) el informe de conocimiento suscrito por el subcomandante de la Estación de Carabineros de Orito, documento en el que se lee:

“Es de anotar que el extinto CARLOS JULIO ROSAS MOLINA, contaba con el servicio de dos escoltas personales a cargo de los señores Patrullero(sic) ORDOÑEZ GÓMEZ JOSE y agente CORRECHA TAPIERO JULIO ERNESTO, los que de acuerdo a las anotaciones realizadas el día anterior, en la minuta de guardia, el hoy occiso quedó en su residencia sin novedad, dejando en claro que los escoltas no eran de tipo permanente, ya que cubrían el servicio Escoltándole de su residencia a partir de la hora en que él lo indicara o requería diariamente hasta la hora que él lo estimaba pertinente cuando era dejado en su residencia. De acuerdo a lo citado por los escoltas para el día de hoy los citó a las 08:00 horas AM, para comenzar la labor diaria, afirmación esta corroborada por la señor MARIA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA…, esposa del extinto burgomaestre” fl. 138 c.1

ii) En el mismo sentido obra la respuesta a un derecho de petición suscrita por el Comandante de la Policía del Departamento de Putumayo, en el que este funcionario afirma:
“ Me permito manifestarle, que el señor burgomaestre contaba con dos(02) escoltas quienes por instrucciones del mismo personaje luego de quedar en su residencia, los había retirado y citado a las 08:00horas del día siguiente, es decir, para el mismo día en que ocurrió tan deplorable hecho. Los escoltas prestaban el servicio a partir de la hora en que señor(sic) Alcalde les indicaba y desde el momento de salir de su residencia e incluso a la hora que estimaba conveniente los retiraba hasta el día siguiente.
Por otro lado me permito informarle que para el mes de Noviembre de 2000, el parte geonumérico o fuerza efectiva de personal con que contaba la Estación de Policía Orito estaba conformado por dos (2) suboficiales y Dieciocho(18) unidades entre agentes y patrulleros, de los cuales uno de ellos se encontraba incapacitado”.

iii) Por otro lado, las declaraciones testimoniales recaudadas en el proceso penal, para la Sala dan cuenta que no se adoptaron medidas adecuadas de seguridad para el alcalde; al respecto el agente Ordoñez Gómez, ya citado, manifestó:

“Sí le prestaba seguridad al señor alcalde Carlos Julio Rosas Molina, la seguridad consistía en el tiempo que él requería de mis servicios. El tiempo no estaba establecido no había tiempo fijo[…] El había requerido el servicio a partir de las ocho de la mañana hasta una hora indeterminada, como él podía decirnos que nos retiráramos en el momento, nos podía decir que nos quedáramos pernoctando con él, él no había requerido un servicio constante, no había un requerimiento fijo” fl.141 c.1

Por su parte el agente CORRECHA TAPIEL, el otro escolta asignado al extinto alcalde, cuando la Fiscalía le preguntó si había orden de permanecer en la casa del Alcalde durante la noche, contestó:

“No, no había ninguna orden, si él solicitaba que nos quedáramos en la casa, se hacia a petición de él, si en algunas ocasiones pernotamos en horas de la noche en su casa de habitación a petición de él” fl.151 c.1.

5. La circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte violenta del alcalde Carlos Julio Rosas Molina. Dichas circunstancias se acreditaron con los siguientes medios probatorios:

La Sala encuentra acreditado que la muerte del señor Carlos Julio Rosas Molina fue violenta tal como lo refleja la necropsia que le fue practicada y cuya conclusión ya fue transcrita en esta providencia; y como también lo confirma el testimonio rendido por Luis Octavio Hernández Londoño ante la Fiscalía General de la Nación.

Sobre el particular el señor Hernández Londoño manifestó:

“En el día de hoy, siendo eso de las 07:19 a 07:0, venía del barrio Simón Bolívar a la casa del Alcalde, cuando a un promedio de unos 150 a 100 metros cerca la residencia de él, cuando escuché unos disparos, escuche más o menos dos disparos, al oír los disparos que venían de la casa del alcalde yo me fui en pura carrera para la casa del alcalde, antes de salir a la curva vi una moto que iba para el Simón Bolívar y vi que iban dos personas en ella y yo seguí a la casa del alcalde y cuando llegué ya lo estaban sacando para el hospital”. Fl.140 c.1

Ahora bien, con base en el material probatorio que se viene de reseñar, la Sala tiene claridad que sobre el alcalde Carlos Julio Rosas Molina cabía la probabilidad de concretarse o materializarse de manera irreversible e irremediable la amenaza y el riesgo como consecuencia de su actividad política, en calidad de Burgomaestre; circunstancia ésta que había sido puesta en conocimiento directamente por dicha persona y que, en todo caso, era de conocimiento público como se desprende de las declaraciones ante citadas, más aún, el informe rendido por los policías que fungían como sus escoltas, da cuenta que el riesgo venía incrementándose.

Lo anterior lleva a plantear que el Estado debía cumplir con su deber positivo, derivado de su posición de garante, de proteger al alcalde Carlos Julio Rosas Molina, adoptando medidas adecuadas de seguridad frente a la amenaza y riesgo constante que existía sobre su vida. No debe olvidarse que, en este tipo eventos, se resalta como sustento del deber positivo de protección el respeto del Estado de Derecho como garantía, y de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, como se desprende de lo consagrado en los artículos 1° y 2° de la Carta Política.

A propósito de lo anterior, la Sala debe reiterar que el alcance de la obligación de seguridad y su relación con la posición de garante en el precedente de la Sala lleva a plantear que la omisión del Estado como fundamento de la responsabilidad puede fundarse en la tesis de la posición de garante, con lo que se intenta superar la tesis de la falla del servicio, en la medida en “que cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho debe”. En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose,

“La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención.
“La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.”

Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, tal como se consagra en el artículo 2 de la Carta Política. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas. De acuerdo con la doctrina,

“La otra fuente de la posición de garantía tiene lugar cuando el sujeto pertenece a una institución que lo obliga a prestar ciertos deberes de protección a personas que se encuentran dentro de su ámbito de responsabilidad. La característica de esta fuente, es que la posición de garante surge aunque el sujeto no haya creado los riesgos para los bienes jurídicos. Por ejemplo: la fuerza pública tiene dentro de su ámbito de responsabilidad la protección de la vida de los ciudadanos, y, si un miembro de ella que tiene dentro de su ámbito específico la salvaguarda de la población civil no evita la producción de hechos lesivos por parte de terceros, la vulneración de los derechos humanos realizados por un grupo al margen de la ley le son imputables. Al serles atribuidos al servidor público por omisión de sus deberes de garante, surge inmediatamente la responsabilidad internacional del Estado. Debemos anotar, que la posición de garante institucional no sólo genera deberes de protección frente a peligros originados en terceros (seres humanos), sino también con respecto a fuerzas de la naturaleza”.

De acuerdo con la doctrina y el precedente jurisprudencial interamericano de Derechos Humanos, no puede construirse una cláusula general de responsabilidad en cabeza del Estado cuando se produce todo tipo de violaciones a los derechos humanos en su territorio, por lo tanto,

“… tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, si se presenta la violación a pesar de que el Estado ha adoptado medidas adecuadas, orientadas a impedir la vulneración, el hecho no le es imputable al Estado”.

En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Velásquez Rodríguez”, estableció que la aplicación del estándar de diligencia llevó a constatar que el “Estado permitió que el acto se realizara sin tomar las medidas para prevenirlo”. Esto permite reconducir el régimen de responsabilidad del Estado hacia la inactividad total o parcial como presupuesto sustancial, sustentado en la existencia de obligaciones positivas de prevención y protección, con las que se busca afirmar el concepto de “capacidad de actuar” del Estado ante la violación, amenaza o lesión de los derechos humanos, incumpliéndose de modo “omisivo puro” el deber de poner fin o impedir hechos o actos ajenos a su actuación que pueden provocar situaciones que como el desplazamiento forzado afecta los derechos de las personas.

Luego, no puede ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la acción de “actores-no estatales”, se exige determinar que la situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres elementos: “i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal conducta”, que en términos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible al Estado.

El Estado debe propiciar que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, genéricamente, o en sus especiales condiciones, no se considere riesgoso, de manera que tanto su actividad, su desplazamiento, como la defensa de los derechos de los grupos vulnerables se desarrollen en un estado de riesgo permanente

Deber que tiene que interpretarse en aplicación del principio de proporcionalidad, de lo contrario podría suponer la exigencia ilimitada al Estado de salvaguardar la seguridad a toda costa, a cualquier coste y en todo momento, lo que excede la realidad material y la capacidad de los aparatos estatales.

Finalmente, cabe señalar que en este tipo de eventos puede invocarse y operar como causal eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, frente al cual era la demandada la que tenía la carga de probar que dicha causa fue exclusiva o única, y determinante, de tal forma que lleve a enervar la responsabilidad del Estado. Así mismo, se puede llegar a examinar el caso desde la perspectiva de la concurrencia causal entre el hecho de un tercero, el daño sufrido por el alcalde Rosas Molina y, el deber positivo de protección y de seguridad personal de la entidad demandada, sin embargo, el precedente de la Sala ha superado este fundamento atendiendo a la existencia de una obligación de seguridad, inherente al deber positivo de protección de la seguridad personal y asociada a la posición de garante que ostentaba el Estado, desde el conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía.

Cuando la imputación de la responsabilidad debe formularse a partir de la ocurrencia de un ataque de un grupo armado insurgente, en el marco del conflicto armado en el que se encuentra inmerso el país, que para la época de los hechos se encontraba particularmente exacerbado, el precedente de la Sala se orienta hacia la falla del servicio “cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir, cuando la imputación se refiere a la actuación falente o irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios que a su alcance tenía con conocimiento previo (previsible) para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso del tercero. Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el acto insurgente.

Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida; a título de ejemplo: región en la que se ha declarado turbado el orden público, paro de transportes, revueltas masivas callejeras, población bajo toque de queda, amenaza de toma subversiva anunciada a una población esto en cuanto hace a los conglomerados sociales; amenazas o atentados previos contra la vida en cuanto hace a las personas individualmente consideradas, etc. Queda claro entonces que la sola circunstancia de que el afectado no haya solicitado protección previa especial no siempre será causal que permita exonerar a la administración de su deber de protección y vigilancia sino dependiendo del caso particular pueden existir otras circunstancias indicadoras que permitieran a las autoridades entender que se cometería un acto terrorista”.

Ahora bien, teniendo en consideración que la única Entidad apelante es la Policía Nacional la Sala observa que existió una violación a los deberes de vigilancia y seguridad a cargo de dicha Entidad y que desencadenó en la muerte del alcalde Carlos Julio Rosas Molina.

En efecto, la Sala encuentra configurada una violación a preceptos normativos expresos que imponían la obligación positiva de actuar por parte de la Policía Nacional, como institución que, dentro de su regulación jurídica, tiene a su cargo el despliegue de actividades tendientes a prestar seguridad a ciertas personas, como se señala, explícitamente, en el título v de la Resolución del Ministerio de Defensa, No. 9960 de 1992, normatividad vigente para la época de los hechos, y que contiene el reglamento de Vigilancia urbana y rural de la Policía Nacional. En dicho Título V, se desarrollan las denominadas vigilancias especiales, entre las cuales se encuentra la protección y vigilancia de la Rama judicial definida en el artículo 116 numeral 13 de esta Resolución, así:

“ 13. Esta especialidad surgió con base en el Decreto 6864 del 14 de noviembre de 1986 con la finalidad de prestar protección a los miembros de la rama judicial. De igual manera se presta este servicio para brindar seguridad a personajes, que por su cargo, jerarquía o condiciones especiales la requiera. ” (Subrayado propio).

Con el acervo probatorio que milita en el proceso y conforme a la disposición en cita, es claro para la Sala que el cumplimiento del servicio de seguridad que está a cargo de la Policía Nacional se encuentra reservado en favor de diversos actores sociales que, dada su connotación, “pueden ser objeto de atentados contra su integridad, su familia o sus bienes”, por lo cual, es claro que el despliegue de las actividades de seguridad por parte de dicha Entidad se encuentra demarcado por la existencia de una situación de riesgo concreto en contra de alguna persona, aspecto que, en el sub lite se encuentra plenamente acreditado porque el señor Rosas Molina directamente puso en conocimiento de dicha Entidad la situación en que se encontraba y, además porque el incremento y la magnitud de dicha realidad era conocida por la Policía, desde un mes antes de la ocurrencia del asesinato, como lo evidencia el informe que los dos agentes escoltas elaboraron al Comandante de la Estación y que fue transcrito anteriormente.

La Sala no desconoce que hubo un comienzo de protección por parte de la entidad demandada al disponer de los dos escoltas; sin embargo, esta medida no era suficiente ni adecuada dada la magnitud de la amenaza y las caracteristicas del cargo que ostentaba la víctima. En efecto, debe tenerse presente que cuando los dos agentes que prestaban protección al alcalde tienen conocimiento de la inminencia del riesgo por informaciones que obtuvieron en la misma población, advierten al Comandante de la Estación que el funcionario está quedando desprotegido durante el tiempo que permanece en su casa, y nada se hace para corregir esa desprotección.

Para la Sala no puede ser de recibo el argumento de la Policía Nacional, según el cual no debe atribuirsele responsabilidad, so pretexto que se había advertido al Alcalde que no saliera sin los escoltas; pues ello signficaría que el Estado deja parte de la seguridad de la primera autoridad de una población, que representa el poder ejecutivo a nivel municipal, a las medidas de autoprotección que el mismo funcionario víctima de las amenazas pueda tomar. Esto de una parte, de otra, las necesidades constantes de una población requieren que su primera autoridad tenga las condiciones necesarias para poder ejercer sus funciones en cualquier momento que así se requiera, y no puede estar sujeto a que tenga o no tenga protección.

Lo anterior deja sin peso el argumento de la Policía Nacional, avalado por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con el cual no puede imputarse responsabilidad a la entidad demandada, puesto que fue el alcalde el que atendió el requerimiento que alguna persona le hizo en la puerta de su casa. La Sala insiste que la víctima no era un sujeto cualquiera; era la primera autoridad del municipio, y para ejercer su función no puede quedar sujeta a los horarios que los cuerpos de seguridad le brinden ni a horarios de trabajo de dos personas que superan la capacidad de cualquier ser humano, la protección de un funcionario público como éste, para que fuera efectiva debía ser de 24 horas y con un número suficiente de policiales que la prestaran. De otra parte, la seguridad de Rosas Molina no podía depender de sí mismo como persona amenazada, pues la dimensión del riesgo la conocía en toda su magnitud la Policía Nacional.

Conforme a las anteriores consideraciones la Sala revocará el fallo de primera instancia y declarará la responsabilidad de la entidad demandada en la muerte de Carlos Julio Rosas Molina, alcalde de Orito.

8. Los perjuicios.

8.1 Perjuicios Materiales

En la demanda se pretende el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante por la suma de $1.089.610.920 de pesos. Pese a que en el libelo se indica que tal indemnización es exclusivamente para el cónyuge y los hijos, se precisa que de resultar acreditado el perjuicio, el mismo será reconocido a estos últimos hasta el momento en cumplan 25 años, en caso de que aquella y estos hayan demostrado su condición.

Se acreditó en el expediente que Alexander, Harold Heider y Hernel Fernelly Rosas Yaguapaz, son hijos de Carlos Julio Rosas Molina, y en cuanto tales les serán reconocidos los perjuicios materiales y morales a que haya lugar. (FLS. 16 Y 18 C1),. En cuanto atañe a la demandante María Ligia Yaguapaz Firgueroa, respecto de quien en la demanda se afirmó que tenía la condición de cónyuge, obra en el expediente un certificado eclesiástico que da cuenta de se celebró un matrimonio entre esta persona y la víctima. Pese a que este documento no es idóneo para acreditar la condición de cónyuge, el mismo, valorado conjuntamente con la pruebas que dan cuenta de que esta persona tuvo tres hijos con la víctima; y que declaró como su cónyuge en los procesos penal y disciplinario que obran como prueba trasladada, declaraciones en las que puso de presente que habitaba en la misma casa con la víctima; atendiendo a estas circunstancias la Sala la tendrá como compañera permanente de la víctima y en tal condición se le reconocerán los perjuicios materiales y morales que resulten probados.

Los demandantes John Carlos y Marlen Johana Rosas Yaguapaz no acreditaron su condición de hijos. En efecto, no obra prueba solemne ni informal que permita a la Sala tener por probada la condición de hijo, y tampoco pruebas que permitieran tenerlos como hijos de crianza o como terceros damnificados; en consecuencia no habrá lugar a reconocer frente a ellos indemnización alguna.

Para acreditar el monto de estos perjuicios materiales, se incorporó al plenario la liquidación que hizo el Jefe de recursos humanos del municipio de Orito de las prestaciones de Carlos Julio Rosas Molina, como Alcalde de esa entidad territorial. En este documento se certifica que el salario que la víctima recibía como alcalde era la suma de $2.601000. (fl. 20 c.1). Esta cifra será la que la Sala tendrá en cuenta para efectos de realizar la liquidación de los perjuicios en el periodo comprendido entre la fecha de la muerte y el día que terminaba su periodo constitucional como alcalde. Después de esa fecha, y ante la ausencia de prueba alguna que le permitan a la Sala conocer qué remuneración obtenía por las actividades que desempeñaba antes de ser alcalde, y atendiendo a los lineamientos dados por esta Corporación, la suma base para la liquidación a partir del día en que dejaría de ser Burgomaestre de Orito- Putumayo, será el salario mínimo legal vigente esto es, la suma de $689.454.

Para actualizar la suma que recibía como salario en el momento de la muerte, se aplicará la siguiente fórmula matemática que para el efecto ha utilizado esta Corporación:

Va = Vi ( If / Ii )
donde,

Va : valor actual
Vi : valor inicial, equivalente a la suma certificada dentro del expediente como ingreso mensual de la víctima, esto es, $2.601.000.oo
If : índice final, equivalente al IPC para febrero de 2016, esto es, 127,78
Ii : índice inicial, equivalente al IPC para noviembre de 2000, fecha en que ocurrió la muerte, esto es, 61.71

En este orden, Va = Vi ( If / Ii )
Va = 2.601.000.oo (127,78 / 61,71)
VA = 5.385.768,59

La Sala encuentra que el valor actualizado equivale a $5.385.768,59. A dicho valor, como es posición consolidada de la Sala, se debe incrementar el 25% por concepto de prestaciones sociales (por imperativo legal), se obtiene así la suma de $6.732.210,73. A este resultado, y en aplicación de las reglas de la experiencia, la Sala deberá deducir el 25% que corresponde a los gastos personales o de subsistencia que dedicaba la víctima. Efectuada esta deducción, se tiene que el valor o renta actual con base en el cual se liquidará el lucro cesante para este primer periodo será la suma de $5.049.158.05 la cual se dividirá en dos, un 50% para la señora MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA en su calidad de compañera permanente de la víctima, y el 50% restante, a su vez, será dividido en partes iguales entre ALEXANDER, HAROLD HEIDER Y HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ .

A propósito del segundo periodo de indemnización, en el que se tomará como base el salario mínimo mensual vigente, esto es la suma de $689.454; a dicho valor, como es posición consolidada de la Sala, se debe incrementar el 25% por concepto de prestaciones sociales (por imperativo legal), se obtiene así la suma de $$861.817,5 A este resultado, y en aplicación de las reglas de la experiencia, la Sala deberá deducir el 25% que corresponde a los gastos personales o de subsistencia que dedicaba la víctima. Efectuada esta deducción, se tiene que el valor o renta actual con base en el cual se liquidará el lucro cesante para este primer periodo será la suma de $646.363,12 la cual se dividirá en dos, un 50% para la señora MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA en su calidad de compañera permanente de la víctima, y el 50% restante, a su vez, será dividido en partes iguales entre ALEXANDER, HAROLD HEIDER Y HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ .

En este segundo periodo el cálculo del daño emergente consolidado y futuro, estará comprendido de diversa manera para cada uno de los hijos así:

En relación con ALEXANDER ROSAS YAGUAPAZ, a quien se le reconocerá lucro cesante consolidado y futuro, este segundo periodo irá desde el 1 de enero de 2002, hasta la fecha de este fallo para el caso del lucro cesante consolidado. El periodo del lucro cesante futuro irá desde la fecha del fallo hasta el día en que este demandantes arribará a los 25 años de edad, esto es, el 30 de mayo de 2016.

A propósito de HAROLD HEIDER ROSAS YAGUAPAZ, a quien también se le reconocerá lucro cesante consolidado y futuro, este segundo periodo irá desde el 1 de enero de 2002, hasta la fecha de este fallo, para el caso del lucro cesante consolidado. El periodo del lucro cesante futuro irá desde la fecha del fallo hasta el día en que este demandante arribará a los 25 años de edad, esto es, el 22 de enero de 2018.

En cuanto concierne a HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ, a quien se le reconocerá únicamente lucro cesante consolidado en este segundo periodo, el mismo irá desde el 1 de enero de 2002, hasta el día 5 de octubre de 2007 fecha en que este demandante cumplió los 25 años de edad.

Con base en los anteriores criterios se procede a hacer la liquidación del lucro cesante de cada uno de los demandantes así:

1. LUCRO CESANTE PARA MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA

a. Lucro cesante consolidado para MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA (primer periodo)

S = Ra (1 + i)n –1

i

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $5.049.158.05 dividido en 2 = $2.524.579,02
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde la fecha de los hechos, 29 de noviembre de 2000, y hasta la fecha en que la víctima terminaba su labor como alcalde, el 31 de diciembre de 2001, esto es 13 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

13
S = $2.524.579,02 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $33.795.236.25

b. Lucro cesante consolidado para MARIA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA (Segundo periodo)
Este segundo periodo indemnizable está comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de este fallo, esto es el 25 de febrero de 2016, lo que significa que los meses a liquidar en este periodo son 169,8 meses.

S = Ra (1 + i)n –1

i

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 1º de enero de 2002, hasta el 25 de febrero de 2016, , esto es 169,8 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

169,8
S = $323.181,56 (1+0,004867) -1
0,004867
S = 85.031.176,86

c. Lucro cesante futuro para MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA

Este periodo indemnizable comprende los meses que faltan desde el momento en que se profiere este fallo y la terminación de la vida probable de la victima, para el efecto se tiene en cuenta que en el momento de su muerte, conforme a la resolución 0497 de 1997, la expectativa de vida de Carlos Julio Rosas Molina era de 39.58 años, esto es 474,9, a los que deberán restarse 182.8 correspondientes a los periodos de lucro cesante consolidado liquidados anteriormente. Así las cosas, el periodo para liquidar el lucro cesante futuro de la compañera permanente es 296,1 meses.
S = Ra (1+i)n -1
i(1+i)n-1
Donde,

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 25 de febrero de 2016, hasta la finalización del periodo de vida probable de la víctima, esto es, 296,1 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

296,1
S = $323.181,56 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $50.632.557,65

TOTAL LUCRO CESANTE PARA MARIA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA:

LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($169.458.970,76)

Lucro cesante consolidado para ALEXANDER, HAROLD HEIDER Y HERLEN FERNELY ROSAS YAGUAPAZ (primer periodo)

Las reglas de liquidación del lucro cesante consolidado durante el primer periodo indemnizable para los hijos que acreditaron su condición de tales, son idénticas, por lo tanto se hará una sola liquidación. Como viene de decirse este primer periodo comprende el lapso transcurrido entre la fecha en que ocurrieron los hechos, 29 de noviembre de 2000 y el día que la víctima terminaba su periodo constitucional como alcalde, 31 de diciembre de 2001

S = Ra (1+i)n-1
i
Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $5.049.158.05 dividido en 2, y a su vez dividido en 3, esto es $841.526,34
n: número de meses que comprende el período indemnizable (desde la fecha de los hechos, 29 de noviembre de 2000, y hasta el 31 de diciembre de 2001, fecha en la que la víctima dejaba de ser alcalde.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

13
S = $841.526,41 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $11.265.079,69

Lo anterior significa que a cada uno de los demandantes que acreditaron su calidad de hijos de la víctima, le corresponde la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($11.265.079,69), por el primer periodo indemnizable. Conocido este valor se procede a hacer la liquidación de perjuicios por cada una de estas personas

2. LUCRO CESANTE PARA HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ .

a. Lucro cesante consolidado correspondiente al primer periodo $ 11.265.079,69

b. Lucro cesante consolidado correspondiente al segundo periodo

Lucro cesante consolidado correspondiente al segundo periodo indemnizable
El segundo periodo de lucro cesante consolidado, para este demandante, está comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 5 de octubre de 2007, fecha esta última en la que cumplió 25 años de edad: este periodo entonces comprende 69.1 meses.
S = Ra (1 + i)n –1

i

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56, y este valor, a su vez, dividido entre tres, obteniéndose así la suma de $107.727,18
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 1º de enero de 2002, hasta el 25 de febrero de 2016, , esto es 69,1 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

69,1
S = $107.727,18 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $8.823.381.70

c. Lucro cesante futuro
A este demandante no le corresponde indemnización por lucro cesante futuro, toda vez que cumplió 25 años el 5 de octubre de 2007.

TOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDAD PARA HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ.

SON VEINTE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.088.461,39.)

3.LUCRO CESANTE PARA HAROLD HEIDER ROSAS YAGUAPAZ

a. Lucro cesante consolidado correspondiente al primer periodo $ 11.265.079,69

b. Lucro cesante consolidado correspondiente al segundo periodo indemnizable

El segundo periodo de lucro cesante consolidado, para este demandante, está comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de la presente providencia, 25 de febrero de 2016; este periodo entonces comprende 169.8 meses.
S = Ra (1 + i)n –1

i

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56, y este valor, a su vez, dividido entre tres, obteniéndose así la suma de $107.727,18
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 1º de enero de 2002, hasta el 25 de febrero de 2016, , esto es 169,8 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

169,8
S = $107.727,18 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $28.343.723.87

c. Lucro cesante futuro

Este periodo indemnizable para este demandante comprende los meses que faltan desde el momento en que se profiere este fallo y el 22 de enero de 2018, fecha en que esta persona cumple 25 años. te. Así las cosas, el periodo para liquidar el lucro cesante futuro de este hijo de la víctima es 23,9 meses.
S = Ra (1+i)n -1
i(1+i)n-1
Donde,

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56, y este valor, a su vez, dividido entre tres, obteniéndose así la suma de $107.727,18
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 25 de febrero de 2016, hasta el 22 de enero de 2018, esto es, 23,9 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

23,9
S = $107.727,18 (1+0,004867) -1

23,9
0,004867(1+0,004867) -1
S = $2.425.015,53

TOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDAD PARA HAROLD HEIDER ROSAS YAGUAPAZ

SON CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($42.033.819,09.)

4.LUCRO CESANTE PARA ALEXANDER ROSAS YAGUAPAZ

a.Lucro cesante consolidado correspondiente al primer periodo $ 11.265.079,69

b. Lucro cesante consolidado correspondiente al segundo periodo indemnizable

El segundo periodo de lucro cesante consolidado, para este demandante, está comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de la presente providencia, 25 de febrero de 2016; este periodo entonces comprende 169.8 meses.
S = Ra (1 + i)n –1

i

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56, y este valor, a su vez, dividido entre tres, obteniéndose así la suma de $107.727,18
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 1º de enero de 2002, hasta el 25 de febrero de 2016, , esto es 169,8 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

169,8
S = $107.727,18 (1+0,004867) -1
0,004867
S = $28.343.723.87

Lucro cesante futuro

Este periodo indemnizable para este demandante comprende los meses que faltan por transcurrir desde el momento en que se profiere este fallo y el 30 de mayo de 2016, fecha en que esta persona cumple 25 años. Así las cosas, el periodo para liquidar el lucro cesante futuro de este hijo de la víctima es 2,9 meses.
S = Ra (1+i)n -1
i(1+i)n-1
Donde,

Donde,
S: es la indemnización a obtener.
Ra: renta actualizada que corresponde al valor de $646.363,12 dividido en 2 = $323.181,56, y este valor, a su vez, dividido entre tres, obteniéndose así la suma de $107.727,18
n: número de meses que comprende este período indemnizable, desde el 25 de febrero de 2016, hasta el 22 de enero de 2018, esto es, 23,9 meses.
I: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867
2,9
S = $107.727,18 (1+0,004867) -1

2,9
0,004867(1+0,004867) -1
S = $309.467.26

TOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO PARA ALEXANDER ROSAS YAGUAPAZ

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($39.918.279,82.)

Así las cosas, por concepto de lucro cesante la entidad demandada deberá indemnizar las siguientes sumas de dinero:

MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA
(lucro cesante consolidado y futuro)
$169.458.970
HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ (lucro cesante consolidado)
$20.088.461,39
HAROLD HEIDER ROSAS YAGUAPAZ (Lucro cesante consolidado y futuro)
$42.033.819,09
ALEXANDER ROSAS YAGUAPAZ (Lucro cesante consolidado
$39.467,26

8.2 Perjuicios Morales

A propósito de estos perjuicios en el acápite de competencia y cuantía de la demanda se consignó:

“ La pena profunda que aqueja a la esposa e hijos de CARLOS JULIO ROSAS MOLINAA, tomando en consideración la vida en común que llevaban por su amor, entendimiento, oslidaridad, ayuda y colaboración mutua y la permanente angustia en que han quedado, así como la gravedad del hecho del cual deriva la cotrrespondiente acción, son los facotres determinantes para fijar estos perjuicios”.

La Sala constata, conforme en el acervo probatorio reseñado en el acápite anterior, que procede el reconocimiento de este tipo de perjuicios a las mismas personas a las que se les reconocieron perjuicios materiales, por ser ellos los únicos que aportaron pruebas del parentesco con la víctima.

Procede entonces la Sala a su liquidación y para el efecto aplicará los lineamientos dados en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 27709, en la que se dijo:

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
Regla general en el caso de muerte
Relación afectiva conyugal y paterno – filial
Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil
Relación afectiva del 3er de consanguinidado civil
Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil.
Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje
100%
50%
35%
25%
15%
Equivalencia en salarios mínimos
100
50
35
25
15

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”.

En virtud de las anteriores consideraciones, la condena impuesta a la entidad demandada por concepto de perjuicios morales quedará así:

Indemnizado
Equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigente
Equivalente en moneda de curso legal colombiana
María Ligia Yaguapaz Figueroa (compañera)
100 smlmv
$68.945.400
Herlen Fernelly Rosas Yaguapaz (Hijo)
100 smlmv
$68.945.400
Harold Heider Rosas Yaguapaz (hijo)
100 smlmv
$68.945.400
Alexander Rosas Yaguapaz (hijo)
100 smlmv
$68.945.400

9. Costas

Finalmente, no habrá lugar a condenar en costas porque para el momento en que se dicta este fallo la ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que sólo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente, y en este proceso no existe prueba que señale temeridad para alguna de ellas.

Por todo lo anterior, y en virtud de los argumentos con los que se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA
REVÓCASE la sentencia de 8 de septiembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar se dispone:

PRIMERO. DECLÁRASE que el MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, es responsable de la muerte del señor CARLOS JULIO ROSAS MOLINA, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de la Declaración Anterior CONDÉNASE al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante y perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero, a las personas que a continuación se relacionan:

Perjuicios Materiales en la modalidad de Lucro cesante
MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA
(lucro cesante consolidado y futuro)
$169.458.970
HERLEN FERNELLY ROSAS YAGUAPAZ (lucro cesante consolidado)
$20.088.461,39
HAROLD HEIDER ROSAS YAGUAPAZ (Lucro cesante consolidado y futuro)
$42.033.819,09
ALEXANDER ROSAS YAGUAPAZ (Lucro cesante consolidado
$39.467,26

Perjuicios Morales

Indemnizado
Equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigente
Equivalente en moneda de curso legal colombiana
María Ligia Yaguapaz Figueroa (compañera)
100 smlmv
$68.945.400
Herlen Fernelly Rosas Yaguapaz (Hijo)
100 smlmv
$68.945.400
Harold Heider Rosas Yaguapaz (hijo)
100 smlmv
$68.945.400
Alexander Rosas Yaguapaz (hijo)
100 smlmv
$68.945.400

TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO. ABSTENERSE de condenar en costas a la demandada.

SEXTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrada Magistrado

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 52001-23-31-000-2002-01718-01(33494)B

Actor: MARÍA LIGIA YAGUAPAZ FIGUEROA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (ACLARACIÓN DE VOTO)

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Temas: Deber de seguridad-Debe probarse que las autoridades no atendieron solicitudes de protección o las condiciones especiales de la víctima. Posición de garante-Improcedencia en al ámbito del derecho de daños. Prelación de fallo-Reiteración salvamento de voto 51.388/2015. Aplicación del CGP a la valoración de las pruebas-Reiteración salvamento de voto 48.842/2016. Prueba trasladada-Reiteración salvamento de voto 48.842/2016.

SALVAMENTO DE VOTO

Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 1 de febrero de 2016, que condenó a la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional.

1. La jurisprudencia de la Sala tiene determinado que el daño antijurídico sufrido por el incumplimiento del deber de seguridad es imputable a título de falla del servicio, en aquellos eventos en los cuales las autoridades públicas no atendieron la solicitud de protección o cuando las condiciones especiales de la víctima permitían inferir razonadamente la vulneración de sus derechos.

En este caso no obran pruebas de que la víctima hubiera formulado la petición de protección ni que existieran amenazas en contra del demandante, de manera que el daño no era imputable al Estado. Por el contrario está acreditado que la víctima decidió enviar a sus escoltas a su residencia, por lo cual ha debido estudiarse si el daño no resultaba atribuible a la conducta de la víctima.

De lo que el fallo denomina “la posición intuito personae”, esto es de la calidad de alcalde de la víctima, no se puede derivar automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues se requiere que en el caso se acredite la amenaza, el peligro o el conocimiento que de las tales circunstancias tenía la entidad demandada y la omisión en cuanto a los deberes de protección.

2. El fallo extiende la denominada “posición de garante” al derecho de daños. Sobre esta consideración, ¿Resulta indispensable la aplicación de criterios propios del derecho penal, con las dificultades que esto implica, cuando la falla del servicio es suficiente para atribuir responsabilidad si se encuentra acreditado el incumplimiento de los deberes de protección y seguridad que le competen a las entidades públicas?

3. En cuanto a las consideraciones de la mayoría sobre la prelación de fallo en este caso, la aplicación del Código General del proceso a la valoración de la prueba y la prueba trasladada, me remito a los numerales 1 de la aclaración de voto 51.388/2015 y 2 y 7 del salvamento de voto 48.842/2016.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 13001-23-31-000-1996-11710-01(42925)

Actor: MANUEL RUIZ VÉLEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADA OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Con la debida consideración y respeto por las decisiones de la Sala, procedo a aclarar el voto con relación al contenido de la sentencia de la referencia. En efecto, si bien comparto la parte resolutiva de la misma, no estoy de acuerdo con el alcance que se da al principio de precaución en el ámbito del derecho de la responsabilidad, ni con las características que se le asignan a la causal denominada hecho de un tercero.

1. El principio de precaución

Al respecto, valga la pena aclarar que si bien en el ámbito del Derecho de la Responsabilidad la regla general es que la obligación de reparar surge una vez el daño ha sido ocasionado, no hay duda que gracias al desarrollo progresivo del Derecho Europeo Comunitario, cabe la posibilidad de endilgar responsabilidad ex ante en aplicación del principio de precaución –cuya génesis radica en la protección del medio ambiente y la salud pública aunque no se limita a éstos-, cuando ante la sospecha del riesgo de ocurrencia de un daño previsible, no se actúa con la prudencia necesaria que conlleve a la adopción de las medidas oportunas, conducentes y proporcionadas para evitar su concreción.

Ahora, como la omisión de cumplir con la obligación de adoptar dichas medidas tendientes a minimizar las consecuencias de un daño que aún no se materializa –y que pude no materializarse-, implicaría, en últimas, responsabilizar ya no por el daño sino por el simple riesgo, “considerar la influencia que para la imputación de la responsabilidad pueda tener el principio de precaución” no puede reducirse a la simple utilización de una plantilla predefinida que alimenta el obiter dictum de una providencia, pues debería ser el resultado de un análisis concienzudo sobre las consecuencias del riesgo que en el caso concreto se quieren evitar, y de las circunstancias especialísimas que ameritarían la aplicación de dicho principio tendiente siempre a evitar daños que amenacen bienes jurídicos esenciales.

2. De la imprevisibilidad e irresistibilidad en el hecho de un tercero

En las consideraciones de la providencia se afirmó sobre el hecho de un tercero:

“Se destaca que el hecho del tercero debe estar revestido de cualidades como que sea i) imprevisible, ii) irresistible y iii) ajeno a la entidad demandada. Es acertado que algunas decisiones sostengan que no se requiere que el hecho del tercero sea culposo para que proceda como eximente, y por otra parte, se tiene como exigencia que la causa (la actuación del tercero) sea adecuada. También se indica que corresponde a la entidad demandada probar los elementos constitutivos de este eximente de responsabilidad.

Acerca de este punto, considero que la imprevisibilidad y la irresistibilidad son elementos propios de la fuerza mayor, mas no de las otras dos eximentes de responsabilidad, a saber, el hecho exclusivo de la víctima y el hecho de un tercero.

Requerir que se demostró que el hecho de un tercero fue imprevisible e irresistible para quien lo alega, equivale a exigirle la prueba de la fuerza mayor, lo que distorsiona los diferentes eventos de la causa extraña y subsume la figura en una sola hipótesis.

Al respecto, la doctrina foránea ha sido clara en señalar que no es pausible exigirle a quien lo alega demostrar que estaba imposibilitado para prever y resistir el hecho, por el contrario afirma que basta que el hecho no sea imputable al demandado:

“(…) La cuestión consiste en determinar si el hecho del tercero debe revestir los caracteres de la fuerza mayor, cuestión que presenta un interés de primer plano en el caso de la responsabilidad del demandado sea presunta, y que es muy discutido en esta esfera. En otras situaciones, apenas si experimenta dificultades: no se descubre por qué se exigiría del demandado, cuando nada lo designa para que soporte el peso de la responsabilidad, que se hubiera encontrado en la imposibilidad de prever el hecho del tercero y de resistir al mismo; desde el momento en que ese hecho sea la causa del daño, la víctima no hace la prueba que se le exige: no demuestra una relación de causalidad entre el perjuicio y una culpa del demandado”

Así las cosas, para que se configure el hecho de un tercero, no es necesario exigir que éste sea imprevisible e irresistible, basta con demostrar que la actuación del tercero fue decisiva, determinante y exclusivo en la producción del daño.

En estos términos dejo presentada mi aclaración voto al fallo proferido por la Sala.

Con toda consideración y respeto,

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Ley 1285 de 2009, artículo 16. “Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 De 1996 el siguiente: Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”. En la demanda por lucro cesante se solicitó $1.089’610.920.oo, lo que excedía de la cuantía establecida para que tuviera vocación de doble instancia de $36.946.000.oo, para la época de su presentación (2 de diciembre de 2002).
“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
“Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez (…). [E]l juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único –y con ello para el resto de las partes del proceso–, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Sin embargo, “(…) conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 21060.
“(…) [O]tra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia (…).

Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (…). Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus –al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela– no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i).- En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii).- En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” (artículo 357, inciso final, C. de P. C.)”. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 27 de abril de 2011, Exp.20374, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, Exp.14174, C.P.: German Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 24 de enero de 2007, Exp.32216, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 1998. Exp.12124. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, C.P.: Alier Eduardo Hernández, Exp: 11898, reiterada en sentencia del 18 de febrero de 2010, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp: 17542
MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510. CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998. Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.403. En el mismo sentido el profesor CHAPUS ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

HENAO, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131
PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, No.4, 2000, p.185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. MARTIN REBOLLO, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en BADELL MADRID, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al PROF. LUIS H. FARIAS MATA). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. LARENZ. “Derecho de obligaciones”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329. SCONAMIGLIO, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p.186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013. RAWLS, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general.

La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.297.

Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. "[…] el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo […] Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” […] La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido […] La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado.

Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014. GARRIDO FALLA, Fernando. “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, en Revista de Administración Pública. No.119, mayo-agosto, 1989, p.8. “En la base de la teoría estaba la consideración de que muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese podido realizar un particular”. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014. Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra par- te, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No.131, 2011, p.920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordena- miento jurídico.

Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22. En la jurisprudencia constitucional colombiana dicho principio se entiende como aquel que “impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Corte Constitucional, sentencia T-191 de 2009. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencias C-177 de 2001; C-148 de 2005; C-376 de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 “La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos”, del 13 de noviembre de 1985. Serie A. No.5, párrafo 46. Principio que “impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración. Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM. No.4, 2000, p.308. La “responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del Poder”. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947. RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121. RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BENOIT, Francis-Paul. “Le regime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Administratif. Fasc.

700, 715, 716, 720, No.1178, 1954, p.1. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004. “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Puede verse también Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pp.212 y 213. “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”. Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente 21515. Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente 23492. SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927. “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 7ª ed, Trotta, Madrid, 2010, p.22. “[…] El paradigma del Estado constitucional de derecho –o sea, el modelo garantista- no es otra cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, que afecta ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la forma y la sustancia, los signos y los significados, la legitimación formal y la legitimación sustancial o, si se quiere, la <<racionalidad formal>> y la <<racionalidad material>> weberianas.

Gracias a la disociación y a la sujeción de ambas dimensiones a dos tipos de reglas diferentes, ha dejado de ser cierto que la validez del derecho dependa, como lo entendía Kelsen, únicamente de requisitos formales, y que la razón jurídica moderna sea, como creía Weber, sólo una <<racionalidad formal>>; y también que la misma esté amenazada, como temen muchos teóricos actuales de la crisis, por la inserción en ella de una <<racionalidad material>> orientada a fines, como lo sería la propia del moderno Estado social. Todos los derechos fundamentales –no sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y los correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones –equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio que es el Estado constitucional de derecho” [subrayado fuera de texto]. Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss. “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos.

Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. FABRA ZAMORA, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad extracontractual”, en BERNAL PULIDO, Carlos, FABRA ZAMORA, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pp.25 y 26. “[…] Varios factores, como el acelerado desarrollo industrial y la intervención del Estado en la economía, pusieron en jaque a diferentes nociones y conceptos de la sociedad liberal clásica, sin mencionar los cambios en el paradigma filosófico, con la consolidación de la filosofía analítica como la escuela dominante de pensamiento. El problema de la causalidad jugó un papel muy importante en espolear este tipo de visión filosófica. En particular, la obra de H.L.A. HART y ANTHONY HONORÉ sobre la causalidad desde la perspectiva de la filosofía analítica demostró que la “dogmática tradicional (principalmente ocupada de la coherencia y la explicación de la doctrina de la responsabilidad extracontractual) se había agotado así misma”” [subrayado fuera de texto]. FABRA ZAMORA, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad extracontractual”, en BERNAL PULIDO, Carlos, FABRA ZAMORA, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.103. “[…] Para una teoría adecuada, entonces, propone conceptualizar el estándar de debido cuidado (en su concepto, el fundamento de la compensación), en términos de una imposición razonable de riesgos, en vez de una imposición racional de riesgos, de una forma que determine estándares de conducta y sea compatible con el contrato social”. JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.171. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto.

Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64. “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “[…] la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p.430. CASAL H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31. Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn:

Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce – un peatón cae en la zanja- surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo – prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario- (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos (Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss)”. JAKOBS, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p.16. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc.

Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de ésta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23. “La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.204. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p.308. “[…] el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas.

Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p.311. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 24392. “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.174. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido –concluye– la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, no.4, 2000, p.307.
“La finalidad prospectiva del nexo de causalidad resulta de naturaleza preventiva de la acción de responsabilidad fundada sobre el principio de precaución. El daño no existe todavía, el nexo de causalidad no se ha podido realizar, el mismo (…) se trata a la vez de prevenir el daño y al mismo tiempo evitar que tal actividad no cause tal daño. La finalidad del nexo causal es por tanto prospectiva ya que se busca que el nexo de causalidad sin permitir reparar el perjuicio si se anticipa a él (…) Opuesto a una responsabilidad reparadora que exigiría un nexo causal a posteriori, la responsabilidad preventiva exige en la actualidad un nexo causal a priori, es decir un riesgo de causalidad”. BOUTONNET, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p.560. BOUTONNET, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p.3
BOUTONNET, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p.4. DWORKIN, Ronald, Taking rights seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p.24: “el principio es una proposición jurídica que no es necesariamente escrita y que da orientaciones generales, a las cuales el derecho positivo debe conformarse. Esto implica que no se aplicará según la modalidad de “all or nothing”, sino que se limitará a dar al juez una razón que milite a favor de un tipo de solución u otro, sin pretender tener la apariencia de una norma vinculante”.

SADELEER, Nicolás, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, en GARCÍA URETA, Agustín (Coord), Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete, Bilbao, 2005, p.270: “entre otras funciones encontramos la función de inspiración del legislador, de orientación del derecho positivo, de relleno de lagunas, de resolución antinomias, así como la función normativa”. BOUTONNET, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p.5. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-57/96 National Farmers Union y otros; asunto C-180/96 Reino Unido c. Comisión; asunto C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia: “cuando subsistente dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, pueden adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.
“Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en el orden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentos internacionales reseñados, la Corte señaló: (i) El derecho a la seguridad personal está incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de la Constitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (artículos 93 y 94 de la Constitución); (ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental de todas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia; y (iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal es históricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con el contexto socio - político y jurídico en el cual se vaya a aplicar”. Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.T-1783291. Sentencia T-102 de 1993. (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Sentencia T-981 de 2001. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). (Subrayado por fuera del texto original)
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Esta Corporación, en sentencia T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en relación con la construcción de estaciones de policía en sectores en donde se expone en alto grado la población civil, manifestó que: “la convivencia en sociedad implica que las personas se expongan a determinadas contingencias. La presencia de tales contingencias, sin embargo, por sí misma no hace que las personas sean merecedoras de una protección especial por parte del juez de tutela. Sólo cuando el riesgo se torna desproporcionado, hasta el punto de constituir un peligro inminente, puede el juez de tutela conceder la protección solicitada.// Así, en el caso específico en que los vecinos a las estaciones y demás puestos de policía demanden cierta acción por parte de las autoridades para la protección de su vida e integridad personal frente a ataques de la guerrilla, la acción de tutela sólo será procedente cuando concurran las siguientes dos circunstancias: (1) que, dada la proyección en el presente de unas ciertas circunstancias históricas, la probabilidad actual de que ocurra el ataque sea alta y (2) que la situación específica del demandante o de las personas en nombre de quienes interpone la acción los coloque en una situación de riesgo excepcional que: a) sea difícil de evitar o su evasión suponga cargas que no tiene porqué asumir personalmente y; b) que las autoridades estén en capacidad de minimizar (dicho riesgo) sin sacrificar bienes jurídicos de igual o superior importancia constitucional”. Así, a manera de ejemplo, lo reconoció el Consejo de Estado, en tratándose de los daños a los vehículos de servicio público o a las personas que acceden al mismo frente a la comisión de actos terroristas. En sentencia del 16 de junio, expediente No.

9392, dicha Corporación manifestó: “En relación con los actos terroristas contra vehículos de servicio público, la sala ha señalado que solamente en estados especiales de agitación , en los cuales dichos actos son normalmente previsibles, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas especiales de protección sobre dichos vehículos; y su omisión, en tales casos, puede constituir falla del servicio que comprometa la responsabilidad de la administración. Pero cuando no se presentan dichas circunstancias especiales, no puede imponerse a las autoridades la obligación de escoltar cada vehículo de servicio publico (sic), pues ellas carecen de medios y de personal para tal efecto; y menos deducirse falla del servicio por omisión cada vez que ocurran actos terroristas en tales circunstancias”. (Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo). Corte Constitucional. Sentencia T-686 de 30 de junio de 2005. Exp. T-795791
Puede verse Corte Constitucional. Sentencias T-713 de 2003; T-496 de 2008. Aceptada como costumbre internacional desde la Proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968. Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la ley 16 de 1972. Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la ley 74 de 1968. En la perspectiva del precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en el orden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentos internacionales reseñados, la Corte señaló: (i) El derecho a la seguridad personal está incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de la Constitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (artículos 93 y 94 de la Constitución); (ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental de todas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia; y (iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal es históricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con el contexto socio - político y jurídico en el cual se vaya a aplicar”. Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.1783291. Se trata de un nivel en el cual la persona sólo se ve amenazada en su existencia e integridad por factores individuales y biológicos. Se trata de los riesgos ordinarios, implícitos en la vida social. Este es el nivel de los riesgos que, por su intensidad, entran bajo la órbita de protección directa de los derechos a la vida e integridad personal. Este es el nivel de las violaciones a los derechos, no ya de los riesgos, a la vida e integridad personal: la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, representan riesgos que ya se han concretado y materializado en la persona del afectado. Es decir que no debe tratarse de un riesgo genérico. Basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas. En el sentido que no debe ser remoto o eventual. Que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo que no puede tratarse de un riesgo menor. De materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable. No debe tratarse de una contingencia o peligro difuso. No se trata de un riesgo que deba ser soportado por la generalidad de los individuos. Teniendo como parámetro de comparación los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. Corte Constitucional. Sentencias T-719 de 2003; T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.1783291. Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008.

Exp.1783291
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Consejero Ponente: Jorge Valencia Arango. Radicado: 3331. Actor: Ligia Calderón de Córdoba. Sala Plena, sentencia de 16 de julio de 1980. Exp.10134. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de julio de 1988. C.P.: Simón Rodríguez Rodríguez. Radicado: R-029. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de enero de 2006. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Radicado: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 3 de octubre de 2007. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicado 25000-23-26-000-1995-01626-01 (15985). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. C.P.: Enrique Gil Botero. Radicado: 05001-23-24-000-1993-00692-01 (16894). Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero de 2009. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Radicado: 18001-23-31-000-1997-00007-01 (18106). Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 25 de agosto de 2010. C.P.: Marco Antonio Velilla Álvarez. Radicado: 25000-23-15-000-2010-00551 (AC). Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.18436.
“(...) Es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. (...) En conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripan, párr 110, Caso de los 19 comerciantes párr 141. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor. Ibíd. Comité de Derechos Humanos, Comentario General 31: Nature of the General Legal Obligations Imposed on States Parties to the Covenant, P 11, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/ Add.13 (May 26, 2004). Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “Que el artículo 1.1 de la Convención establece las obligaciones generales que tienen los Estados Parte de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En consecuencia, independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y debe impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, seguidas de las consecuencias que la legislación pertinente establezca. Para tal investigación el Estado en cuestión debe realizar sus mejores esfuerzos para determinar todos los hechos que rodearon la amenaza y la forma o formas de expresión que tuvo; determinar si existe un patrón de amenazas en contra del beneficiario o del grupo o entidad a la que pertenece; determinar el objetivo o fin de la amenaza; determinar quién o quiénes están detrás de la amenaza, y de ser el caso sancionarlos”. Res CIDH 8 julio 2009. Medidas provisionales respecto de Guatemala, Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 31 de enero de 2011, Exp.17842.

Sentencia de 27 de noviembre de 2002. Exp.13774. Que no es más que un desarrollo concreto, dentro del andamiaje institucional del Estado, de una distribución de competencias tendientes a hacer efectivo los diversos preceptos constitucionales que le imponen el deber de garantizar la protección de la vida, honra, bienes y libertades de sus habitantes, consagrados en el artículo 2° superior y en la carta de Derechos Fundamentales. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2008, Rad. 17.044
Fundada en información técnica o científica
Incierto, potencial e hipotético
Pero que aún no se materializa
Adoptadas como consecuencia de una juiciosa evaluación del riesgo
En los términos de la sentencia que se aclara
MAZEAUD Henri y Léon, André Tunc “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, Pág. 38.

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