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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2007-00093-01

Acción de reparación directa

Fecha
28 de febrero de 2018
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2007-00093-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas “caducidad de la acción” y “falta de objeto para demandar”, propuestas por la Nación – Rama Judicial. SEGUNDO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por el daño antijurídico causado a David Antonio Calvo Rincón, consistente en la transgresión al derecho constitucional y convencionalmente amparado al acceso a la administración de justicia mediante un recurso judicial efectivo. TERCERO: Como consecuencia, condénese a la Nación – Rama Judicial, a pagar a David Antonio Calvo Rincón, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha de ejecutoria de esta providencia. CUARTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: Sin condena en costas SÉPTIMO: En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2007-00093-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

28 de febrero de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Peculado por apropiación / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No configurada / HECHO DE LA VÍCTIMA – Configurado / AFECTACIÓN A DERECHOS O BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Plazo razonable

[L]a investigación penal iniciada contra David Antonio Calvo Rincón como presunto responsable del delito de peculado por apropiación culminó con la sentencia del 31 de enero de 2006, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, quien ordenó cesar todo procedimiento, toda vez que operó la figura de la prescripción de la acción penal (…) En estos términos, se tiene que la presunción de inocencia que cobijaba a David Antonio Calvo Rincón no pudo ser desvirtuada, circunstancia que bajo la línea jurisprudencial antes señalada podría comprometer, en principio, la responsabilidad del Estado (…) [N]o le corresponde a esta Corporación poner en duda la presunción de inocencia del demandante: no obstante, para efectos de determinar la culpa exclusiva de la víctima dese la perspectiva civil, la Sala advierte que está demostrado un comportamiento reprochable del procesado que da lugar a la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. La razón de la anterior consideración, obedece a que al señor David Antonio Calvo, en su condición de servidor público y gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís, le correspondía administrar de manera adecuada el funcionamiento de dicha entidad, e igualmente los dineros producto del cobro de los servicios que esa empresa prestaba y del recaudo de los correspondientes tributos, como función que se había asignado por disposición de la administración municipal. Nótese entonces, cómo el hacer uso de una cuenta personal para el depósito de dineros pertenecientes a dicha empresa, evidencia la disposición de haberes del Estado como si fueran propios, lo que constituye un manejo irresponsable del erario (…) [E]n este proceso también se debate el hecho de que el demandante, señor David Antonio Calvo, no logró obtener decisión de fondo por parte de la justicia después de un proceso penal que duró más de 22 años, la falta de resolución del asunto conllevó una transgresión al derecho a la tutela judicial efectiva (…) [E]l daño, entendido como la privación del derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, es imputable a la Rama Judicial, a cuyo cargo estuvo la demora que dio lugar a la imposibilidad de proseguir con el ejercicio del ius puniendi. Lo anterior, por cuanto una vez revisado el expediente penal, se advierten, por lo menos tres periodos durante los cuales hubo una demora injustificada de la administración de justicia y un congelamiento del proceso que no puede explicarse de manera razonable, no tiene amparo alguno en el ordenamiento y que tampoco es atribuible al demandante.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

[E]n materia de privación injusta de la libertad, en la mayoría de los casos, se aplica un régimen de responsabilidad objetiva y en dichas ocasiones no se hace necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, de suerte que por mandato constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declara en los eventos en que se acrediten los siguientes supuestos: (i) se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, (ii) porque el hecho no existió, (iii) el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Aparte de los tres eventos anteriores también se ha endilgado responsabilidad al Estado por privación injusta, cuando dentro del proceso penal no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado. Adicionalmente, esta Sala ha reconocido que la responsabilidad de la administración no solo puede verse comprometida cuando al finalizar el proceso penal no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, sino también en los casos en que se declara prescrita la acción penal.

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Afectación / PLAZO RAZONABLE – Garantía judicial

[S]e resalta que la Corporación ha indicado que para verificar si existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la presunta dilación injustificada de un proceso, debe considerarse “si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora”. Estas consideraciones guardan consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del alcance del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable deben analizarse los siguientes criterios: (i) El marco temporal del proceso; (ii) la complejidad del asunto; (iii) la actividad procesal del interesado; (iv) la conducta de las autoridades; (v) y afectación jurídica de la parte interesada.

PERJUICIOS INMATERIALES POR LA AFECTACIÓN A DERECHOS O BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Afectación / GARANTÍA A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN UN PLAZO RAZONABLE / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN – Excepción

[S]ería lo ideal poder reparar la transgresión a la garantía constitucional vulnerada mediante medidas de carácter no pecuniario que pudieran derivar en un restablecimiento material del derecho al recurso judicial efectivo del demandante. Sin embargo, se aprecia que ante la evidente imposibilidad de solventar el hecho de que hayan transcurrido 22 años sin que la situación penal del señor David Antonio Calvo Rincón se hubiera resuelto de fondo, no existe medida idónea para resarcir a la víctima, por lo que se impone aplicar una reparación pecuniaria, se insiste, ante la inexistencia de alguna medida restaurativa que permita indemnizar el daño en su forma natural y plena (…) Tratándose del daño producido como consecuencia de la afectación específica al derecho al acceso a la administración de justicia cuando se ve afectado por la prescripción extintiva, se ha estimado que la indemnización corresponda a 40 salarios mínimos legales mensuales. No obstante, vale decir que como en el asunto de autos la investigación penal seguida en contra de David Antonio Calvo perduró de manera injustificada por un periodo de 22 años, se considera que es necesario el reconocimiento de un monto superior, pues se trata de un proceso judicial que se extendió de forma desmedida y fuera de todo parámetro normal, hecho extraordinario e insólito que lleva consigo a reconocer el monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Debe tenerse en cuenta que el referido daño solo se ha de reconocer a favor de la víctima directa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 52001-23-31-000-2007-00093-01(38535)

Actor: DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: Acción de reparación directa, Privación de la libertad por el presunto delito de peculado por apropiación. Absolución por prescripción de la acción penal. Imputación del daño por privación injusta, régimen de responsabilidad aplicable. Régimen objetivo, daño especial. Existencia de culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad. Derecho a la tutela judicial efectiva en investigación penal. Daño antijurídico por violación de la garantía a la resolución judicial del asunto en un plazo razonable. Medida de reparación pecuniaria por afectación del derecho a la tutela efectiva en proceso judicial, procede por excepción.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la Nación – Rama Judicial contra la sentencia del 26 de febrero de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Con ocasión de denuncia presentada el 1º de agosto de 1984 por el entonces alcalde del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), fue investigado penalmente el señor David Antonio Calvo Rincón, quien fue señalado de cometer el delito de peculado por apropiación, por la presunta sustracción de algunos dineros cuando se desempeñaba como gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís. El 18 de febrero de 1992, la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís impuso medida de aseguramiento en contra del procesado, consistente en detención preventiva; sin embargo, posteriormente fue sustituida por detención domiciliaria. El 5 de septiembre de 1996 el órgano investigador emitió resolución de acusación por el delito de peculado por apropiación. El 21 de octubre de 2005, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís declaró penalmente responsable al señor David Antonio Calvo Rincón del delito de peculado por apropiación y lo condenó a 50 meses de prisión, no obstante, en sede de apelación, el 30 de enero de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto emitió sentencia en la que declaró la prescripción de la acción penal a favor del procesado.

I. ANTECEDENTES
A. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2007 ante el Tribunal Administrativo de Nariño (fl. 21, c.1), los señores: David Antonio Calvo Rincón, Andrés Felipe Calvo Amador, John Robespierre Calvo Amador, Francisco Tulio Calvo Rincón, Juan Francisco Calvo Rincón y Gabriel Lecanio Calvo Rincón, a través de apoderado debidamente constituido (fl. 44-45, c.1), interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación– Rama Judicial, por los perjuicios provocados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el primero de los mencionados. En consecuencia, solicitaron a su favor se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 1 y 2, c.1):

PRIMERA: Declárese a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (sic) DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, solidaria y administrativamente responsables por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la prolongación injusta de la medida de aseguramiento decretada por el señor FISCAL CUARENTA Y DOS SECCIONAL DE PUERTO ASIS, por auto de fecha 13 de diciembre de 1995, en contra del demandante DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN, dentro de la investigación penal radicada a partida Nº 140, seguida en contra de EL (sic), por el punible de peculado por apropiación, medida vigente hasta e día 7 de marzo de 2006, cuando se profirió por parte del señor JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO ASIS, el auto de obedecimiento a lo resuelto por el honorable TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL, SALA DE DECISIÓN PENAL.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración CONDÉNESE A (sic) NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (sic) DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a pagar solidariamente y por concepto indemnizatorio los perjuicios morales causados a los Demandantes: FRANCISCO TULIO CALVO RINCÓN, JUAN FRANCISCO CALVO RINCÓN, GABRIEL LECANIO CALVO RINCÓN (hermanos), DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN (lesionado), ANDRÉS FELIPE CALVO AMADOR y JHON ROBESPIERE (sic) CALVO AMADOR (hijos), el equivalente en pesos colombianos como mínimo, a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para cada uno de ellos; al demandante: DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN (lesionado), se le reconocerán los perjuicios materiales, según resulte probado en el proceso; a los Demandantes; ANDRÉS FELIPE CALVO AMADOR y JHON ROBESPIERE (sic) CALVO AMADOR (hijos), se les reconocerá por concepto de perjuicio psicológico el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES, para cada uno de ellos.

Los valores que por los perjuicios se reconozcan se ordenarán pagar a los demandantes o a quien sus intereses represente.

El valor del salario mensual mínimo legal, será el vigente para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

TERCERA: La demandada deberá pagar, los valores a que fuere condenada dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Las sumas liquidadas devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoriada la sentencia.

2. Los hechos en que se fundaron las pretensiones se resumen así (fl. 1-21, c.1):

2.1. El 1º de agosto de 1984, el alcalde del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), presentó denuncia penal en contra de David Antonio Calvo Rincón por el presunto delito de peculado por apropiación.

2.2. La investigación fue conocida por el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís, pero el 11 de septiembre de 1984 el asunto fue remitido por competencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Mocoa. El 5 de febrero de 1985 se amplió el término de instrucción y se comisionó al Juzgado 12 de Instrucción Criminal para tal fin.

2.3. El 24 de febrero de 1986, el Juzgado 5º de Instrucción Criminal de Mocoa avocó conocimiento para continuar con la investigación, la cual continuó en el Juzgado 28 de Instrucción Criminal de Puerto Asís a partir del 14 de diciembre de 1987. El 24 de agosto de 1988 la investigación fue remitida al Juzgado 33 de Instrucción Criminal de Puerto Asís y conocida el 18 de febrero de 1994 por la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís.

2.4. El 2 de junio de 1995, el Fiscal 42 Seccional de Puerto Asís escuchó en indagatoria al señor David Antonio Calvo Rincón y el 29 de noviembre de 1995 definió la situación jurídica en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue sustituida por detención domiciliaria el 13 de diciembre de 1995.

2.5. El 5 de septiembre de 1996, el Fiscal 42 Seccional de Puerto Asís calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de David Antonio Calvo Rincón como presunto autor del delito de peculado por apropiación.

2.6. El 8 de octubre de 1996 el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa avocó conocimiento del asunto, pero el 18 de noviembre de ese año lo remitió por competencia al Juzgado Promiscuo de Puerto Asís, autoridad que llevó a cabo la diligencia de juzgamiento el 30 de septiembre de 2005.

2.7. El 21 de octubre de 2005, el Juez 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís profirió sentencia condenatoria de primera instancia en contra del señor David Antonio Calvo, pues lo halló responsable del delito de peculado por apropiación. Contra dicha providencia la defensa interpuso recurso de apelación.

2.8. El 31 de enero de 2006, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto declaró la prescripción de la acción penal y ordenó cancelar las órdenes de captura proferidas en su contra.

2.9. El señor David Antonio Calvo cumplió con lo consignado en la respectiva acta de compromiso para efectos de acceder al beneficio de la detención domiciliaria, hecho que trajo como consecuencia perjuicios de índole material y moral.

2.10. Finalmente, en la demanda se expresó:
Igualmente queda al descubierto, la pereza y negligencia con que actuaron, cada uno de los funcionarios judiciales, de cuantos conocieron el proceso, a quienes no les importó en ningún momento la suerte del procesado ni de la investigación y tomaron las cosas tan “deportivamente” que el fallo se profiere después de 22 años de presentada la queja judicial (…)

Pero sea como sea, las violaciones reiteradas al debido proceso, a la celeridad procesal, a la eficiencia de la administración de justicia; a la prevalencia del derecho sustancial, a la libertad de las personas, al goce de las garantías procesales, etc. (…)

Como se ve, no existe ninguna justificación para que con ese proceder, en primer lugar, se haya mantenido por tanto tiempo en la indecisión una investigación; y en segundo lugar, vigente una medida de aseguramiento, a sabiendas del perjuicio directo a la vida, a la libertad y al patrimonio del procesado que con la misma causaban

Por principio, la administración de justicia debe ser eficiente, pronta e imparcial. (Subrayado del texto)

II. Trámite procesal

3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda (fl. 52 y 54, c.1), las entidades demandadas presentaron escrito de contestación, en los siguientes términos:

3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas, pues consideró que para que se comprometa su responsabilidad es necesario que se acredite una falla del servicio de tal magnitud que sea anómala, lo que no ocurrió.

3.1.1. Manifestó que la absolución del señor David Antonio Calvo Rincón operó por razón de la prescripción de la acción penal y en aplicación de un cambio de normatividad que le favoreció al sindicado, pero no por un actuar negligente de los operadores judiciales.

3.1.2. Destacó la sentencia C-037 de 1996 que condicionó el significado de la expresión “injustamente” del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, para aquellos casos en que se advierten actuaciones abiertamente desproporcionadas y violatorias de los procedimientos legales, de donde se infiera que la privación de la libertad fue arbitraria.
3.1.3. Consideró que no todas la medidas restrictivas de la libertad generan responsabilidad patrimonial para el Estado, ya que es necesario examinar en cada caso si se cuenta con los presupuestos probatorios mínimos para satisfacer el nivel de convicción que exige el legislador para proferir una orden que lleve consigo la privación de la libertad.

3.1.4. Sostuvo que la decisión que dio por terminado el proceso a favor del encartado no indica que se haya probado que no cometió el delito, solo que las pruebas de cargo perdieron su contundencia debido a la operancia de la prescripción de la acción penal. Esto, teniendo en cuenta los diversos medios probatorios que comprometían la responsabilidad del señor David Antonio Calvo Rincón fueron recabados con seriedad y respeto del debido proceso.

3.1.5. Propuso la excepción de “falta de objeto para demandar”, ya que la investigación penal se desarrolló dentro de los lineamientos constitucionales y legales.

3.1.6. Igualmente formuló la excepción de caducidad de la acción, ya que el plazo de 2 años establecido en el artículo 136 del C.C.A. debe contarse a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (fl. 57-66, c.1).

3.2. La Nación – Ministerio del Interior y de Justicia no contestó la demanda.

4. Vencido el periodo probatorio y dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto del 11 de julio de 2008 (fl. 350, c.1), corrió traslado a las partes por el término de diez días y al agente del Ministerio Público para que emitiera concepto previa solicitud, los cuales intervinieron así:

4.1. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría 35 en lo Judicial – Asuntos Administrativos, rindió concepto en el que consideró que el régimen de imputación aplicable en casos de privación injusta de la libertad es objetivo, por lo que no es necesario demostrar la existencia de una decisión errónea para que se configure la responsabilidad del Estado.

4.2. Para el caso bajo análisis, dijo que dentro del proceso quedó demostrado que el demandante efectivamente fue privado de la libertad, primero en centro penitenciario y después en detención domiciliaria, y comoquiera que finalmente fue declarada la prescripción de la pena a su favor, se debe acceder a las pretensiones de la demanda (fl. 355-359, c.1).

5. Surtido el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de primer grado el 26 de febrero de 2010, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (fl. 362 - 373, c.4):

PRIMERO.- DECLARAR no probadas las excepciones denominadas “caducidad de la acción y “falta de objeto para demandar”, propuestas por la mandataria judicial de la RAMA JUDICIAL.

SEGUNDO.- DECLARAR, a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados al señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN y a sus hijos JHON (sic) ROBESPIERRE CALVO AMADOR y ANDRÉS FELIPE CALVO AMADOR por la privación injusta de la libertad del inicialmente mencionado.

TERCERO.- CONDENAR, a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL con cargo a su presupuesto, a pagar a las siguientes personas los conceptos y valores económicos que a continuación se detallan:

1.- PERJUICIOS MORALES.

1.-) Para el señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN, el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

2.-) Para el señor JHON (sic) ROBESPIERRE CALVO AMADOR, el equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

3.-) Para el señor ANDRÉS FELIPE CALVO AMADOR, el equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

TOTAL PERJUICIOS MORALES: DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

2.-) PERJUICIOS MATERIALES.

A título de lucro cesante y a favor del señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN, la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($64.221.741.oo).

TERCERO.- EXONERAR, de toda responsabilidad en el presente asunto a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.

CUARTO.- DENEGAR, las demás pretensiones de la demandan.

QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y actualizará las sumas conforme lo regula el artículo 178 ibídem.

SEXTO.- Sin lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Ejecutoriada esta sentencia, por la Secretaría se realizarán todas las desanotaciones del libro radicador correspondiente y luego se archivará el expediente.

Por la Secretaría se devolverá a la parte demandante los dineros que depositó para atender los gastos ordinarios del proceso, si los hubiere. Se dejará constancia de dicha entrega.

5.1. Denegó la excepción de caducidad, por cuanto la medida de aseguramiento dictada contra el señor David Antonio Clavo cesó el 7 de marzo de 2006 y la demanda fue presentada el 13 de marzo de 2007, de ahí que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136 del C.C.A.

5.2. Sostuvo que la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad a la que alude el artículo 414 del C.P.P. se puede derivar de un régimen subjetivo cuando se demuestra la ocurrencia de una falla del servicio o de un régimen objetivo que aplica cuando el sindicado fue absuelto porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible.

5.3. Manifestó que aparte de los tres eventos contemplados por la norma antes referida, también es posible predicar una privación injusta de la libertad cuando se declara la prescripción de la acción penal, pues tiene la virtualidad de ponerle fin a un proceso y dejar en entredicho la medida de privación provisional impuesta al inculpado.

5.4. A partir de las pruebas recaudadas, consideró que el señor David Antonio Caro fue efectivamente privado de la libertad con la imposición de detención domiciliaria por el presunto de delito de peculado por apropiación, pero que finalmente fue exonerado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto al encontrar que la acción penal se encontraba prescrita.

5.5. Destacó que el proceso penal adelantado en contra del señor David Antonio Calvo Rincón se prolongó por más de 22 años, por lo que la administración de justicia incurrió en una mora arbitraria e injustificada que afectó el derecho a la libertad personal del que goza todo ciudadano, de ahí que los daños reclamados tuvieran la entidad de ser antijurídicos.

5.6. Precisó que el señor Calvo Rincón inicialmente permaneció en un establecimiento carcelario y que posteriormente la medida fue sustituida por detención domiciliaria desde el 6 de diciembre de 1996 hasta el 7 de marzo de 2006, fecha en la que el Juzgado Promiscuo de Puerto Asís decidió estarse a lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Circuito de Pasto.

5.7. Encontró acreditada la existencia de una falla del servicio, consistente en “la ausencia de compromiso y responsabilidad por parte de los administradores de justicia para agilizar el trámite penal en cumplimiento de los requisitos de celeridad y eficiencia que orientan la administración”. También halló probado el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y la actuación de la administración de justicia.

5.8. Expresó que pese a que la demanda también se dirigió en contra de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la condena solo podía recaer sobre la Nación – Rama Judicial, por cuanto fue el organismo que por conducto de sus representantes mantuvo la privación de la libertad del demandante, máxime cuando el proceso fue reiteradamente remitido entre diferentes juzgados y el juez de la primera instancia no hizo una análisis adecuado de la prescripción de la acción penal, con lo cual prolongó de manera indebida la libertad del actor.

5.9. Aclaró que si bien es cierto que en la decisión de privar de la libertad al señor David Antonio Calvo intervino la Fiscalía General de la Nación, quien no fue demandada, la mayor responsabilidad debe recaer sobre la Rama Judicial, por cuanto fue el organismo que adelantó la mayoría de la actuación.

5.10. De este modo reconoció perjuicios morales para el señor David Antonio Calvo (100 smlmv) y para sus hijos John Robespierre Calvo Amador y Andrés Felipe Calvo Amador (50 smlmv c/u), pero no a los hermanos de la víctima, esto es, a los señores Juan Francisco Calvo Rincón, Francisco Tulio Calvo Rincón y Gabriel Lecanio Calvo Rincón por cuanto no acreditaron dependencia económica, respecto del afectado.

5.11. Igualmente, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, le concedió al señor David Antonio Calvo la suma de $64.221.747, con sustento en el salario mínimo vigente para el año 1995 y por un tiempo de 3741 días que según consideró el tribunal fue el tiempo que el sindicado estuvo privado de la libertad.

6. La Nación - Rama Judicial (fl. 375, c.4) y la parte demandante (fl. 382, c.4) presentaron escritos en los que interpusieron sendos recursos de apelación y que fueron concedidos por el Tribunal Administrativo de Nariño el 19 de marzo de 2010 (fl. 384-385, c.4)

7. El 4 de mayo de 2010, el Consejo de Estado corrió traslado a la parte actora y a la Nación – Rama Judicial para que sustentaran los recursos de apelación (fl. 390, c.4).

7.1. Dentro de dicho término, la Nación – Rama Judicial solicitó que se revoque la sentencia impugnada, y al efecto destacó que era deber de los abogados que actúan como defensores en los procesos penales, colaborar con la recta y cumplida administración de justicia, al igual que atender con celosa diligencia los encargos profesionales a ellos encomendados.

7.1.1. De esta forma, consideró que revisado el expediente penal, se observaba una absoluta inactividad de quienes ejercieron la defensa del señor David Antonio Calvo, circunstancia que constituyó la causa eficiente del presunto perjuicio alegado por el actor.

7.1.2. Dijo que a pesar de que la medida de aseguramiento fue proferida por la Fiscalía General de la Nación, dicho organismo posee autonomía administrativa y presupuestal, y no fue llamada a integrar la demanda, ni se le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción.

7.1.3. Alegó que la Rama Judicial no puede responder de manera exclusiva por los presuntos perjuicios aducidos por el demandante, máxime cuando la privación de la libertad del actor no fue injusta y en la que además también participó la Fiscalía General de la Nación, a quien dejó de vincularse como litisconsorcio necesario. (fl. 391-394, c.4)

7.2. La parte demandante no sustentó el recurso de apelación.

7.3. En escrito separado, la Nación – Rama Judicial presentó incidente de nulidad por cuanto no se había practicado en legal forma la notificación al demandado, es decir, a la Nación – Fiscalía General de la Nación, quien no fue llamada a integrar la demanda, pese a ser participe en los hechos que motivaron la acción de reparación directa (fl. 395-397, c.4).

8. Por auto del 28 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado advirtió que la parte demandante no sustentó en tiempo el recurso de apelación, razón por la que lo declaró desierto y solo admitió el de la Nación – Rama Judicial.

8.1. Adicionalmente denegó la solicitud de nulidad, por cuanto esta no fue alegada dentro del plazo previsto para tal fin, esto es, dentro del término para contestar la demanda. Además, dijo que la nulidad igualmente era improcedente, por cuanto la Rama Judicial no estaba legitimada para proponerla; así, al tratarse de una irregularidad saneable solo podía alegarla la persona directamente afectada, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

8.2. En todo caso, arguyó que la declaratoria de nulidad no podía prosperar, dado que la demanda fue dirigida exclusivamente en contra de la Nación – Rama Judicial y la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, por lo que al no ser la Fiscalía General de la Nación una de las demandadas no tenía por qué ser notificada del auto admisorio de la demanda, pues no era voluntad del demandante que fuera incluida en la litis.

8.3. Destacó que el actor contaba con libertad para demandar a todos o algunos participantes en la causación del daño a su elección, por no conformar aquellos un litisconsorcio necesario (fl. 423-425, c.4).

9. El 20 de febrero de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia (fl. 427, c.4.). Dentro del respectivo término tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 428, c.1).

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales de la acción

10. Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

11. La Sala es competente para resolver el caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su naturaleza. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía.

12. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto la producción o fuente del daño alegado se atribuye a las acciones u omisiones presuntamente atribuibles a la Nación – Rama Judicial, que según la parte actora, le causaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.

13. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditada por parte del señor David Antonio Calvo Rincón, en calidad de víctima directa de la privación de la libertad que sirve de fundamento a las pretensiones.

13.1. Así mismo, se encuentran legitimados por activa los hijos del directo afectado, estos es, John Robespierre Calvo Amador y Andrés Felipe Calvo Amador; al igual que sus hermanos Juan Francisco Calvo Rincón, Francisco Tulio Calvo Rincón y Gabriel Lecaino Calvo Rincón.

14. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la Nación – Rama Judicial sí fue partícipe en los hechos que provocaron el daño cuya reparación se solicita, pues se trató de la autoridad que conoció la investigación iniciada en contra del señor David Antonio Calvo Rincón desde el mes de septiembre de 1984 a través del Juez 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís y el 21 de octubre de 2005 emitió sentencia condenatoria en su contra por decisión del Juez 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, de manera que se tendrá a dicho organismo como el legitimado por pasiva en este asunto.

14.1. Atinente a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, se trata de una entidad que también hace parte de la persona jurídica Nación, y comoquiera que a dicho organismo los actores le endilgan responsabilidad por los daños sufridos, también le asiste legitimación en la causa, solo que para efectos de la responsabilidad se estudiará si tuvo alguna injerencia en la producción del daño alegado, a fin de determinar si una eventual condena se ordenaría con cargo a su presupuesto.

15. Concerniente a la caducidad, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

15.1. En tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal.

15.2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que la providencia mediante la cual se decretó la prescripción de la acción penal a favor del señor David Antonio Calvo Rincón, respecto del delito de peculado por apropiación, fue emitida el 31 de enero de 2006 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto (fl. 31-37, c.1). Igualmente obra certificación suscrita por el Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, de fecha 8 de agosto de 2017, en la que hizo constar que la sentencia antes referida se encuentra ejecutoriada, sin que se haya especificado a partir de cuándo (fl. 490, c.4).

15.3. Pese a lo anterior, es decir, a que no se cuenta con la fecha exacta de ejecutoria de la sentencia absolutoria, es posible evidenciar que la acción fue presentada en tiempo, pues si la sentencia absolutoria data del 31 de enero de 2006, el tiempo para la presentación de la demanda contabilizado desde la emisión de dicha providencia, en principio, expiraba el 1º de febrero de 2008, y comoquiera que la demanda fue radicada el 13 de marzo de 2007 (fl 21, c.1), hasta dicha fecha no había transcurrido el término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Sin duda, la ejecutoria de la decisión debió ser posterior a la de su expedición, lo que confirma que la demanda se promovió en tiempo.

II. Problema jurídico

16. La Sala debe determinar, en primer lugar, si la privación de la libertad que soportó el señor David Antonio Calvo, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el punible de peculado por apropiación, constituye una detención injusta que comprometa la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial y de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia.

16.1. En segundo lugar, también es del caso verificar, si el hecho de que el señor David Antonio Calvo estuviera vinculado a un proceso penal por el término de 22 años, comporta un daño antijurídico atribuible a los entes demandados, que deba ser resarcido.

III. Validez de los medios de prueba

17. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal, n. º 86568-31-89-001-1996-00279-01 (0279), adelantado contra el señor David Antonio Calvo Rincón, serán valoradas por la Sala, dado que fueron surtidas con audiencia de la entidad demandada en este caso, pues se trata de una investigación seguida por la Nación - Rama Judicial a través de diferentes juzgados y tribunales.

IV. Hechos probados

18. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

18.1. El señor David Antonio Calvo Rincón se desempeñó como Gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís – Putumayo, cargo que ejerció desde el 1º de enero hasta el 25 de abril de 1984, cuando fue declarado insubsistente.

18.2. El 8 de junio de 1984, una comisión investigadora compuesta por el Contador General Intendencial y dos Visitadores Administrativos Intendenciales, encontraron que las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís no contaban con manual de funciones, póliza de manejo, ni control de auditoría delegada ente el municipio. Igualmente hallaron lo siguiente (fl. 6-8, c.2):

Se constató la existencia de dos cheques por pago de las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE VALORIZACIÓN por concepto de impuesto de energía girados por el señor MARCO FIDEL CORRAL de su cuenta corriente n.º 2140-4. Los mencionados cheques son girados contra el Banco Ganadero de Puerto Asís, Cheques n.º 0265780 de febrero 25 de 1984 por TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($30.879) y 265781 de marzo 10 de 1984 por valor de TREINTA MIL PESOS ($30.000). Estos cheques habían sido consignados a la CAJA AGRARIA de Puerto Asís de la cuenta corriente n.º 1177 según consignación n.º 210 de abril 12 de 1984 y a su vez devuelto por el banco por fondos insuficientes. Debe tenerse en cuenta para la ejecución del cobro que deberá ser en efectivo. Suman SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($60.879,oo).

Hay extrañeza de este valor y por ese concepto.

En la misma forma se encontró un extracto bancario de la CAJA AGRARIA DE PUERTO ASIS, a nombre del señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN cuenta corriente n.º 1144 con un saldo de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS, de fecha abril 4 de 1984 y comprobantes de consignación a nombre del señor CALVO cuenta corriente n.º 1144 por valor de CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. Los que corresponden a dineros de las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE VALORIZACIÓN DE PUERTO ASIS y que debía ser consignado a la cuenta oficial por diferentes recaudos (…)

Según balance a dos de mayo de 1984, queda a cargo del señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($745.344,00) valor este por consignar. Saldo en bancos según balance ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($11.818,oo).

Valor en avances por legalizar a cargo del tesorero en su condición de Gerente señor DAVID ANTONIO CALVO le suma CUATROCIENTOS MIL SEISICIENTOS NOVENTA PESOS ($400.690) (…)

18.3. El 1º de agosto de 1984, el señor Carlos Alberto Silva Ledesma, en su condición de Alcalde del Municipio de Puerto Asís, presentó denuncia penal en contra del señor David Antonio Calvo, por cuanto una vez efectuados los arqueos, revisados los documentos bancarios y los libros contables de las Empresas Públicas Municipales y Valorización, se evidenció un faltante por valor de $1.231.452 que se le atribuyó al denunciado. También afirmó que el señor Calvo Rincón depositó en su cuenta personal n. º 1144 de la Caja Agraria, varios ingresos causados por el recaudo de impuestos que debían ser consignados en la cuenta oficial de dicha empresa (fl. 1, c.2).

18.4. A partir de lo anterior, el 11 de agosto de 1984, el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís asumió el conocimiento del asunto, declaró abierta la correspondiente investigación y llamó a indagatoria al señor David Antonio Calvo (fl. 9, c.2).

18.5. El 30 de agosto de 1984, ante el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís, el entonces alcalde de Puertos Asís, señor Carlos Silva Ledesma, rindió ampliación de denuncia bajo la gravedad de juramento, en la que respecto de la conducta del señor David Antonio Calvo afirmó (fl. 61, c.2):

CONTESTÓ: Esto está basado de acuerdo a los malos manejos y a la falta de carácter para poder administrar la empresa que se le asignó desempeñar de acuerdo a las normas legales, ya que fueron violadas de muchas maneras como la inasistencia a su despacho, el mal manejo de las cuentas bancarias, la irresponsabilidad de cancelar los sueldos mensuales a los empleados. Estos puntos los baso de acuerdo al levantamiento o estudio de los visitadores administrativos en el informe que presentaron de las Empresas Públicas y personalmente me consta que en muchas ocasiones el Gerente de las empresas DAVID ANTONIO CALVO no se encontraba en su despacho y siempre lo encontraba ingiriendo licores en el centro de la ciudad, también el faltante que detallan los visitadores en dicho informe (…)

18.6. El 30 de agosto de 1984, el señor Custodio Hurtado Zunith, quien para esa época se desempeñaba como Visitador Administrativo de intendencia, quien fue una de las personas que suscribió el informe del 8 de junio de 1984 (v. párr. 18.2), declaró ante el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís, y expresó (fl. 62-63, c.2):

Las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES habían infringido todo reglamento, todo estatuto, los mismos acuerdos municipales y era además VOZ POPULAR en la ciudadanía que una mala conducción y mal manejo de los fines y objetivos de estas empresas, en la misma diligencia de descargos del señor CALVO, encontré que no tenía póliza de manejo y que se había iniciado depositando dineros oficiales en su cuenta particular, creo que es de CAJA AGRARIA, por otra parte, la sumatoria de los elementos en las declaraciones conformaban desorientación total de la función de gerente, porque la autoridad se encontraba dispersa entre administradora, tesorera y secretario, los mismos empleados, según las declaraciones, se hacían pago de sus sueldos mediante AVANCES, pero nunca legalizados, pues no encontramos cuentas de cobro tramitadas para el pago de sueldos o avances, a pesar de haber talonarios de cuentas de cobro oficiales de las mismas empresas públicas, esos avances eran dispendiosos, algunos no tenían firma responsable, otros a medio llenar y otros con la firma del gerente (…)

18.7. El 11 de septiembre de 1984, el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís declaró vencida la etapa de instrucción, razón por la que remitió el asunto (fl. 192, c.2) al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa, autoridad que avocó conocimiento el 24 de septiembre de 1984 (fl. 193, c.2).

18.8. El 3 de octubre de 1984, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa comisionó al Juez 12 de Instrucción Criminal de Mocoa, para la práctica de algunas pruebas (fl. 194, c.2)

18.9. Mediante auto del 4 de diciembre de 1984, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal de Mocoa advirtió que en contra del señor David Antonio Calvo cursaban dos procesos por los mismos hechos, razón por la que remitió el proceso al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa, para efectos de una posible acumulación (fl. 198, c.2).

18.10. Conforme a lo anterior, el 30 de enero de 1985, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa ordenó “agréguese estas diligencias sumarias al proceso más adelantado, para que se tramiten conjuntamente por economía procesal” (fl. 215, c.2). Posteriormente, el 5 de febrero de 1985, dicho juzgado comisionó al Juzgado 12 de Instrucción Criminal para el diligenciamiento de algunas pruebas y le concedió para ello un término de 25 días (fl. 216-217, c.2).

18.11. El 7 de septiembre de 1985, el Juzgado 5º de Instrucción Penal Criminal de Mocoa advirtió que el término de la comisión dado al Juzgado 12 había expirado, por lo que ordenó la devolución del expediente al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa (fl. 226, c.2).

18.12. El 10 de febrero de 1986, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa, comisionó esta vez al Juzgado 5º de Instrucción Penal Criminal de Mocoa para efectos de la práctica de las pruebas ordenadas en auto del 5 de febrero de 1985 (v. párr. 18.10) (fl. 227, c.2).

18.13. El 24 de febrero de 1986, el Juzgado 5º de Instrucción Penal Criminal de Mocoa dispuso dar cumplimiento a la comisión ordenada por el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa (fl. 228, c.2). No obstante, posteriormente lo remitió al Juzgado 28 de Instrucción Criminal, autoridad que el 26 de octubre de 1987 decidió enviarlo al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa, que a su vez, el 18 de noviembre de 1987, decidió devolverlo al Juzgado 28 de Instrucción Criminal, que avocó conocimiento el 14 de diciembre de 1987 (fl. 241 y 242, c.2), finalmente el 24 de agosto de 1988 conoció del proceso el Juzgado 33 de Instrucción Criminal de Puerto Asís (fl. 246, c.2).

18.14. El 18 de febrero de 1992, la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís, decidió vincular al proceso al señor David Antonio Calvo, a quien llamó a diligencia de indagatoria (fl. 256, c.2). Después de múltiples requerimientos y varios aplazamientos, el procesado rindió indagatoria el 2 de junio de 1995 (fl. 286, c.2), luego de la cual el ente investigador decidió que debía seguir disfrutando de su libertad.

18.15. El 9 de noviembre de 1995, la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís definió la situación jurídica provisional del encartado, en el sentido de proferir medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra de David Antonio Calvo Rincón, por lo que en consecuencia emitió orden de captura (fl. 1-5, c.3). Las razones esgrimidas por el ente investigador, fueron:

La acción típica consiste en que el empleado oficial se apropie en provecho suyo o de un tercero, de bienes cuya administración se le hubiese confiado. Hay apropiación cuando el empleado dispone de esos bienes como si fueran propios, con ánimo de señor y dueño sin serlo, como en efecto ocurrió con los valores monetarios, los mismos que ascienden a UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C. ($ 1.231.452), tan es así, que parte de esos dineros oficiales, fueron consignados en la cuenta del inculpado, ante la Caja Agraria de esta localidad a través de la cuenta corriente No. 1144.

El procesado asumió el papel de propietario de los valores monetarios oficiales por él manejados, los acogió dentro de la órbita de sus pertenencias, los uso, disfruto y usufructuó.

El objeto material del peculado por apropiación lo constituyen los bienes estatales, genéricamente hablando, bienes que el caso que hoy ocupa nuestra atención son de carácter monetario, así se especifica en el expertico adelantado por el Contador Judicial del C.T. I. F, donde se expresa que el sindicado “se apropió indebidamente de dineros perteneciente a las Empresas Públicas Municipales”, más adelante el perito sostiene lo siguiente: “Se puede conceptuar que sí hubo ilícito”; consignado previamente en el faltante que salió a flote equivale a UN MIILLÓN DISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C. ($ 1.231.452). Experticio que se basó en el informe de la comisión Intendencial investigadora y en el respectivo balance elaborado por dicha comisión en el mes de junio del 84.

18.16. Como consecuencia de lo anterior, el señor David Antonio Calvo fue capturado por agentes de la Policía Nacional el 6 de diciembre de 1995.

18.17. El 13 de diciembre de 1995, la Fiscalía 42 Delegada ante los Juzgados del Circuito, a solicitud del interesado, sustituyó la medida de detención preventiva por detención domiciliaria (fl. 24-27, c.3).

18.18. La detención domiciliaria se hizo efectiva a partir del 14 de diciembre de 1995, y en acta de compromiso suscrita por el señor David Antonio Calvo se consignaron las siguientes obligaciones (fl. 28, c.3):

Presentarse ante la autoridad competente cuando en razón de las sumarias sea requerido, Prestar buena conducta social, familiar e individual. No salir de país, además de hacerle conocer que su detención se llevará a cabo en su residencia que se encuentra ubicada en el Barrio el Jardín diagonal a Miscelánea Alfer (…) (Se destaca)

18.19. El 29 de abril de 1996, el señor David Calvo Rincón fue requerido por parte de la Fiscalía 42 de Puerto Asís, para efectos de la notificación de la providencia de esa fecha de daba por terminada la investigación (fl. 113, c.3).

18.20. No obstante, a través de oficio suscrito por el señor David Antonio Calvo el 4 de mayo de 1996, este le comunicó a la Fiscalía lo siguiente (fl. 128, c.3):
1º Por prescripción médica me encuentro en la ciudad de Cali a la espera de unos resultados a fin de que se me practique una intervención quirúrgica en la Clínica “Los Cámbulos” del Seguro Social, que ha de definirse en el curso de la próxima semana.

2º Me gustaría, para una mejor corroboración, que su despacho solicitara la correspondiente información a la seccional del Seguro Social, en Jamundí, donde reposa mi historia clínica.

3. Una vez se me practique la operación referida, le enviaré la incapacidad para determinar el periodo del pos operatorio.

18.21. En informe suscrito por el señor Javier Armando Guerrero, citador de la Fiscalía 42 de Puerto Asís y que data del 23 de mayo de 1996, se expresó (fl. 130, c.3):

En cumplimiento de orden de comparendo 062 del 29 de abril del año en curso, llevé a cabo averiguaciones correspondientes a fin de ubicar al señor DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN, y fui informado que hace varios días el mencionado viajó a la ciudad de Cali – Valle y se desconoce su retorno a este municipio, no me fue suministrada información alguna sobre la dirección donde puede ser ubicado (…)

18.22. Lo mencionado en dicho informe fue ratificado por el citador, bajo la gravedad de juramento, en diligencia practicada el 23 de mayo de 1996 (fl. 131 y 132, c.3).

18.23. Posteriormente, el 19 de abril de 1996, el señor David Antonio Calvo Rincón compareció ante la Fiscalía Seccional 42 de Puerto Asís, para efectos de rendir diligencia de ratificación, respecto de un documento donde se informaba acerca de unas amenazas contra el Alcalde de Puerto Asís (fl. 165 y 166, c.3).

18.24. El 5 de septiembre de 1996, la Fiscalía 42 Delegada ante los Juzgados del Circuito de Puerto Asís profirió resolución de acusación en contra de David Antonio Calvo por el presunto delito de peculado por apropiación, con fundamentos similares a los esgrimidos cuando se dictó medida de aseguramiento (fl. 171-180, c.3).

18.25. La Fiscalía 45 Delegada ante los Juzgados del Circuito de Puerto Asís intentó la notificación personal de dicha providencia en el lugar de residencia, pero, nuevamente, no fue posible su ubicación; así lo informó el citador del despacho el 16 de septiembre de 1996 (fl. 184, c.3):

Al respecto le informo que me he desplazado varias veces a su lugar de residencia, en donde pude constatar que la casa se encuentra sola, en vista de esto, averigüé con familiares y amigos del señor David Antonio Calvo Rincón y me dijeron que por motivos de salud, tuvo que desplazarse hasta la ciudad de Cali, en donde va a ser intervenido quirúrgicamente.

18.26. Iniciada la etapa judicial, igualmente se encuentra que pese a que el señor David Antonio Calvo fue citado para que asistiera a la audiencia pública de juzgamiento que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2005 ante el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, no fue posible lograr su comparecencia por no encontrarse en su residencia, lugar donde debía cumplir la detención domiciliaria (fl. 227 -230, c.3).

18.27. El 21 de octubre de 2005, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís condenó al señor David Antonio Calvo Rincón a 50 meses de prisión, por cuanto lo encontró penalmente responsable del delito de peculado por apropiación. Igualmente le concedió al sentenciado el sustituto penal de prisión domiciliaria y lo condenó a pagar la suma de $1.231.425. También ordenó librar orden de captura una vez la sentencia estuviera en firme. Las razones esgrimidas por la autoridad judicial, fueron (fl. 232-245, c.3):

Respecto del objeto material no hay mucho que decir, pues el inmediato perjudicado con la infracción penal fue el fisco municipal, en la medida en que al ordenarse el cierre de la empresa de servicios públicos y valorización, obviamente tenía que asumir los nefastos resultados de la pésima administración encomendada al imputado de marras. En este orden de ideas los bienes de la susodicha empresa se catalogan como bienes Públicos mientras hicieron parte de su patrimonio. Así las cosas, el bien que ocupa la atención del despacho y que constituye el objeto material de la infracción a juzgarse, consistía en los dineros que ingresaban a la Tesorería de la empresa por concepto de tarifa de energía eléctrica, impuesto de valorización y degüello de ganado mayor y menor, de los cuales se dejaron de consignar $ 745.344 en las cuentas corrientes 1177 Y 1178 de la empresa en Caja Agraria; la suma de $ 11.818 de saldo en las mencionadas cuentas que no se entregó al cierre definitivo de la empresa; la suma de $ 400,690 por concepto de avances sin legalizar; y la suma de $ 73.600 por cheques girados sin soporte alguno o Justificación . Además, se estableció que el procesado abrió Cuenta No. 1144 y en ella se consignaron dineros de propiedad de la empresa regentada por él.

La prueba testimonial de CUSTODIO HURTADO, GUILLERMO BURBANO ENRIQUEZ y de HECTOR RAUL CASTRO GAVIRIA, en su condición de investigadores administrativos y financieros, bajo la gravedad del juramento deponen los faltantes de dineros que encontraron al realizar los correspondientes arqueos de caja, bancos y libros auxiliares de Ingresos y egresos, soportes documentarios (facturas, recibos, constancias, autorizaciones, etc.); declaraciones que son coherentes, claras, precisas, y coincidentes, sobre todo, explican la razón de su conocimiento, de ahí que sean creíbles, máxime cuando lo ratifican en el informe de investigación con mayor detalle, donde radicaron las falencias administrativas y financieras de la extinta empresa pública de servicios y valorización.

La experticia para determinar si hubo o no apropiación de dineros públicos por parte del imputado de marras, ante la ausencia de archivos de la extinta empresa de servicios públicos y valorización de Puerto Asís, recurrió al informe de investigación administrativa y financiera de la comisión designada por el gobierno de la intendencia del Putumayo para concluir que el gerente de dicha empresa DAVID CALVO RINCÓN se apropió indebidamente de la suma de $ 1.231.452. Dictamen que se encuentra en firme, toda vez que fue conocido por los sujetos procesales y no fue objetado oportunamente, a pesar de que el sindicado saber de dónde resultó ese faltante que se le endilga a su cargo.

Además, existen indicios graves en contra del sindicado como quiera se estableció que tenía una cuenta corriente personal en Caja Agraria, número 1144, la cual se nutría con dineros de propiedad de la empresa de servicios públicos y valorización que regentó, de donde se infiere que estaba manejando los recursos de la empresa como si fueran de su propio peculio. El procesado para justificar la flagrante incriminación aduce que el banco se negó a suministrar sus servicios a la empresa en cuanto carecía de personería jurídica, ni se había constituido póliza de manejo.

El denunciante CARLOS ROBERTO SILVA LEDESMA, en la ratificación de la denuncia contra DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN por el delito de peculado por apropiación, acota entre otras cosas, que su denunciado no asistía a la oficina por andar ingiriendo licor, irresponsabilidad en el pago de los salarios a los trabajadores de la empresa, la mala prestación del servicio y principalmente el mal estado financiero en que se encontraba obligó a declarar la insubsistencia del gerente y encargar temporalmente la gerencia hasta que decretó la cesación definitiva de funcionamiento de la empresa de servicios públicos y valorización (…)

Para el caso concreto, el juzgado considera que el señor CALVO RINCON tenía la disponibilidad jurídica de los bienes de propiedad de la empresa que gerenciaba, así lo demuestran la prueba documental y testimonial recaudada, dando cuenta que él autorizaba avances por salarios propios o de los trabajadores de la empresa, viáticos para la compra del combustible de la planta eléctrica, el giro de cheques sin soporte documental alguno, etc.´

El procesado en su intervención se limita alegar fue víctima de la persecución política, dado que había resistencia en el Concejo Municipal para su creación y la comunidad no entendió la cuestión administrativa y protesta que se haya inmiscuido el gobierno intendencial designado una comisión investigadora, cuando la empresa era autónoma que debía tener su propia auditoria y que los documentos fueron sustraídos violentamente por el Alcalde, e hicieron cuentas sin su presencia o al menos con la intervención de la Contraloría, por eso no sabe de dónde sacaron esa suma de dinero faltante que le imputan como apropiación. Además que los visitadores son enemigos acérrimos, por eso rindieron un informe falso y amañado y después extorsionarlo, por lo que les denunció penalmente, como también al Alcalde Municipal, y a raíz de eso fue amenazado de muerte, por lo que tuvo que irse de Puerto Asís.

Como se puede notar el procesado no desvirtuó los cargos que se le endilgaba y para distraer la atención del funcionario judicial investigador y para dilatar el trámite del Proceso, atiborró el expediente de peticiones y recursos notoriamente inconducentes e impertinentes; línea de conducta que también se evidencia en la etapa del juicio, al proponer nulidades inexistentes, negarse a designar defensor de confianzas seguramente con la intención de que transcurra el tiempo y prescriba la acción penal, lo cual no ocurrió por virtud del artículo 82 del Decreto 100 de 1980.

Así las cosas, se concluyó que el sindicado en el breve lapso de ejercicio de sus funciones demostró ineficacia e ineficiencia administrativa pero eficacia a la hora de defraudar el patrimonio de la empresa encomendada, de donde se infiere que la actuación del procesado es netamente dolosa, a que según él, tenía conocimientos administrativos y financieros como para poner andar la empresa y si no tomó cuerpo fue por la oposición política con el proyecto y de la comunidad usuaria con el manejo administrativo de la empresa, o sea, que tenía conocimiento actualizado de lo que era lícito o ilícito.

18.28. Contra la anterior determinación la defensa interpuso recurso de apelación, razón por la que el 31 de enero de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto emitió sentencia en la que declaró la prescripción de la acción penal a favor de David Antonio Calvo Rincón, con fundamento en lo siguiente (fl. 255 -261, c.3):

Dado el tiempo recorrido, varias modificaciones ha sufrido el Código Penal de 1980 y en particular la figura del peculado por apropiación contenida en el artículo 133 aplicable al caso juzgado, como aconteció con la Ley 190 de 1995 entre otras y con la expedición de la Ley 599 del 2000, que modificó todo el estatuto de las penas, pasando la referida conducta punible a ocupar el artículo 397.

Pues bien, frente a ese tránsito de legislación precisa examinar si la norma vigente a la fecha de los hechos, esto es, el artículo 133 del CP, es más favorable a la regulación de la Ley 190 de 1995 y a la Ley 599 de 2000 o por el contrario éstas lo favorecen, examen que obliga a todo juzgador a hacer en aplicación del principio de favorabilidad.

Del examen comparativo de las normas en mención, para la Sala, la más favorable aplicable al presente caso es la Ley 599 de 2000 que en el artículo 397 inciso 30 consagra:

"Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado."

No obstante, es evidente que el juzgador no sólo es contradictorio sino que erró en la aplicación de la norma en cita. Veamos, de una parte en el acápite de la "Tipicidad" como norma jurídica aplicable cita el artículo 397 del Código Penal ahora vigente, no obstante, al ocuparse de la "Dosificación punitiva" no hizo el análisis correspondiente en punto al fenómeno de la prescripción de la acción penal, prolongando indebidamente el derecho que tiene el Estado en la persecución penal, cuando lo único viable y procedente es su declaratoria.

Ciertamente, la cuantía de los bienes apropiados que se le imputa al procesado CALVO RINCÓN suman un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($1.231.452) suma inferior al valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo de los sucesos, cuyo valor mensual fue de $376.60 pesos según el Decreto 3506 de 1984, con vigencia a partir de enero de 1984.

En este entendimiento se tiene el siguiente procedimiento: la norma aplicable, esto es, el inciso 30 del artículo 397 CP señala una pena de 4 a 10 años de prisión, a la que debe aumentársele una tercera parte en consideración a la calidad de servidor público que tenía el procesado al tiempo de los hechos -artículo 85 inc. 5 ibídem-, para una pena de 13.3 años.

Como operó el fenómeno de la interrupción del término prescriptivo de la acción penal, toda vez que el mérito del sumario se calificó el 5 de septiembre de 1996 (fl. 171 C02) encontrando ejecutoria el 26 del citado mes y año, quiere decir que debemos aplicar el artículo 86 de la mencionada Obra, que reza: "Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)."

En este orden de ideas, a los 13.3 años como pena máxima fijada para el delito que se le imputa al procesado en razón de la interrupción del término prescriptivo, le restamos la mitad, quedándonos en 6.65 años, lo que nos está indicando que operó plenamente el fenómeno de la prescripción de la acción penal en este proceso, toda vez que desde la interrupción a la fecha de la sentencia ha corrido un término superior a los nueve (9) años.

Así las cosas, no queda otra alternativa legal que declarar la terminación de la acción penal por prescripción.

18.29. Igualmente, dentro de este proceso se recibieron varias declaraciones de testigos, quienes se refirieron a la medida de detención domiciliaria impuesta al señor David Antonio Calvo Rincón, a saber:

18.29.1. El 1º de febrero de 2007, el señor Jaime Ocampo Aguirre, quien dijo conocer al señor Calvo Rincón, declaró ante el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, ocasión en la que expresó (fl. 316 y 317, c.1):

A David lo detuvieron en el 95 que fue cuando estuvo en la cárcel, eso fue a principio del 95 no recuerdo la fecha, creo que fue en los primeros meses. Como éramos amigos yo lo iba a visitar todos los días y después me di cuenta de que estuvo unos días en la cárcel y después supe que le dieron detención domiciliaria. PREGUNTADO: Manifieste si conoce el lugar donde se cumplió la detención desde qué tiempo y como se hizo efectiva dicha medida restrictiva de la libertad, y todo cuanto le conste sobre la detención. CONTESTO: Eso fue en la casa de él, él vive en el Jardín. Desde qué tiempo no me consta, solo comentábamos con los amigos que él permanecía en la casa con detención domiciliaria.

18.29.2. El 1º de febrero de 2007, el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís recibió la declaración de Eduardo Julio Eraso, quien dijo conocer al señor David Antonio Calvo desde el año 1984, sobre su detención manifestó (fl. 318 – 319, c.1):

[P]or ahí en el 95 o 96 estuvo detenido en la cárcel municipal por unos pocos días, sería 8, 10 o 15, no recuerdo exactamente. Yo fui a visitarlo muchas veces y luego me comentó él que tenía detención domiciliaria y lo dejaron para que esté en la casa purgando su pena. Yo también en la casa muchas veces fui a visitarlo y me comentaba que tenía esa sentencia, o esa orden, la detención domiciliaria, que no sabía por cuánto tiempo, lo cierto es que cada que iba visitarlo él estaba en la casa (…) no sé cuánto tiempo le duró esa medida porque yo me ausenté un tiempito de por acá y no sé exactamente cuánto le duró eso (…)

18.29.3. Por su parte, el 4 de febrero de 2008 rindió declaración ante el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís el señor Norel Petevi Rojas, quien dijo conocer al señor David Antonio Calvo desde el año 1987. Adujo (fl. 320-321, c.1):

Yo solamente sé que estuvo detenido, porque después de que dejamos de trabajar en el periódico cada cual cogió su rumbo y casi no nos miramos (…) después de que nos vinculamos él se perdió y a veces nos encontrábamos en la calle

18.29.4. También rindió declaración la señora Nelly Piedrahita de Quintero, que en testimonio rendido el 19 de febrero de 2008 ante el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, manifestó (fl. 329-330, c.1):

Pues lo que sé es que él no lo volvimos a ver salir de la casa ni nada, sino que siempre estaba ahí, y yo a su esposa le pregunté un día que pasaba y fue cuando ella me dijo que él estaba detenido, que no podía salir de la casa (…) PREGUNTADO: Manifieste si conoce el lugar donde se cumplió la detención, desde qué tiempo y como se hizo efectiva dicha medida restrictiva de la libertad y todo cuanto le conste sobre la detención. CONTESTO: En la casa de él, eso fue como desde 1995 hasta hace poco, como hasta el año pasado (…)

18.29.5. Finalmente, el 19 de febrero de 2008, el señor Yesid Antonio Giraldo Arango declaró ante el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, y sobre el tiempo en que permaneció el señor David Antonio Calvo en detención domiciliaria, expresó (fl. 332 – 334, c.1):

Yo lo único que supe de eso es que le pregunté a él porque no salía de la casa y él me dijo que tenía un problema judicial, pero yo nunca profundicé en eso. PREGUNTADO: Manifieste si conoce el lugar donde se cumplió la detención, desde qué tiempo y cómo se hizo efectiva dicha medida restrictiva de la libertad y todo cuanto le conste sobre la detención. CONTESTÓ: En el barrio El Jardín en la casa donde él vive, Yo eso lo supe en 1994 o 1995, de ahí para acá (…)

V. Análisis de la Sala

19. En el presente caso, en lo que respecta al daño, tal como se explicará en las líneas que siguen, la Sala advierte que este no solo se desprende de la privación de la libertad del señor David Antonio Calvo Rincón, sino también de otra clase de desmedro, derivado de la afectación al derecho constitucional y convencionalmente protegido a la tutela judicial efectiva dentro de un término razonable, bajo la connotación de que tal garantía impone que el asunto judicial sea resuelto de manera definitiva y dentro de un periodo moderado de tiempo, esto último, por cuanto el señor Calvo Rincón estuvo sometido a una investigación por un lapso de 22 años, hecho este último que también hace parte de la causa petendi.

19.1. Así las cosas, para efectos de determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa extracontractual de las demandadas por los daños alegados por la parte actora, el juicio de imputación se realizará de manera independiente y en relación con cada uno de los daños antes enunciados, de suerte que primero se referirá la Sala a la privación injusta de la libertad y posteriormente a la vulneración de la tutela judicial efectiva.

a) Privación de la libertad

20.1. Frente a la privación de la libertad, no hay duda de que el señor David Antonio Calvo Rincón sufrió tal daño, toda vez que dentro en el expediente así aparece acreditado.

20.2. Sobre esta lesión es necesario precisar que aunque en el fallo de primera instancia se afirmó que el accionante estuvo privado de la libertad por un término de 10 años y 3 meses, una valoración detallada del expediente penal trasladado a este proceso da cuenta de tiempos diferentes.

20.3. Lo que revelan las pruebas es que el señor Calvo Rincón fue capturado el 6 de diciembre de 1995 por orden de la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís (v. párr. 18.15 y 18.6), fecha a partir de la cual permaneció en establecimiento carcelario hasta el 14 de diciembre de 1995, cuando el ente investigador decidió sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria (v. párr. 18.17 y 18.18).

20.4. Según la correspondiente acta de compromiso, a partir de esta última fecha, el sindicado debía permanecer en su residencia, ubicada en la ciudad de Puerto Asís, y presentarse ante la autoridad competente cuando esta lo requiriera (v. párr. 18.18). No obstante, el procesado no cumplió con la obligación de permanecer en su domicilio, ya que a través de oficio del 4 de mayo de 1996 le informó a la Fiscalía que se encontraba en la ciudad de Cali por motivos de una intervención quirúrgica, sin que se observe que se hubiera dado autorización para ello (v. párr. 18.20).

20.5. En este orden, existen pruebas que corroboran que por lo menos a partir del 4 de mayo de 1996 el señor David Antonio Calvo se evadió e incumplió la orden de detención domiciliaria; de ello dan cuenta sendos informes del citador de fechas 23 de mayo y 6 de septiembre de 1996 (v. párr. 18.21, 18.22, 18.25) y la inasistencia del actor a la audiencia pública de juzgamiento celebrada el 30 de septiembre de 2005 (v. párr. 18.26), circunstancias que revelan que el señor David Calvo no permaneció detenido en su domicilio, ya que lo único que se conocía era que este se había desplazado a la ciudad de Cali.

20.6. Ahora, dentro del presente proceso se practicaron cinco testimonios que son contestes en afirmar que, efectivamente, el señor David Antonio Calvo estuvo en detención domiciliaria, hecho del cual no existe duda. Sin embargo, sobre el tiempo en que el encartado estuvo en su domicilio, 3 de los testigos, es decir, los señores Jaime Ocampo Aguirre, Eduardo Julio Eraso y Norel Petevi Rojas, afirmaron que desconocían cuánto tiempo había permanecido el demandante en su residencia, ya sea porque no les consta (v. párr. 18.29.1), porque se habían ausentado de la población de Puerto Asís (v. párr. 18.29.2) o porque tenían poco contacto con el señor Calvo Rincón (v. párr. 18.29.3).

20.7. De esta forma, los únicos testigos que sugieren que el señor David Antonio Calvo permaneció recluido en su residencia de Puerto Asís desde el año 1995 hasta el año 2006, fueron Nelly Piedrahita de Quintero y Yesid Antonio Giraldo Arango. No obstante, sus afirmaciones son poco creíbles, pues como antes se expresó, existen otras pruebas que contradicen sus dichos, tales como: (i) el oficio suscrito por el mismo David Antonio Calvo que en el mes de mayo de 1996 informó que se encontraba en la ciudad de Cali (v. párr.18.20); (ii) los diferentes reportes del citador que anunciaban la imposibilidad de notificar al sindicado por no encontrarse en su casa (v. párr.. 18.21 y 18.25); y (iii) la inasistencia del demandante a la audiencia pública de juzgamiento del 30 de septiembre de 2005 (18.26), diligencia a la que muy seguramente se hubiera prestado a encontrarse en la población de Puerto Asís.

20.8. A ello se agrega que en la sentencia condenatoria emitida el 21 de octubre de 2005, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó se profiriera orden de captura en contra de David Antonio Calvo (v. párr. 18.27), disposición motivada por el hecho de que este se había evadido de su detención domiciliaria, medida que no habría sido necesaria en caso de que el demandante hubiera cumplido su compromiso de permanecer en su residencia en la población de Puerto Asís.

20.9. De esta manera, la Sala encuentra que el señor David Antonio Calvo, ciertamente estuvo privado de la libertad, pero no durante un tiempo de 10 años y 3 meses, como alega la parte actora, sino durante el siguiente lapso: (i) desde el 6 hasta el 13 de diciembre de 1995 en establecimiento carcelario; y (ii) desde el 14 de diciembre de 1995 hasta el 4 de mayo de 1996 en detención domiciliaria. Esto es, por un tiempo total de 5 meses y 28 días.

Imputación por la privación de la libertad

21. Concerniente al régimen de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra David Antonio Calvo Rincón, la sentencia del 31 de enero de 2006 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

21.1 La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia, pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penal–.

21.2. Además, cabe advertir que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía declararse en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000, esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, tales causales pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional.
21.3. En suma, es menester destacar que en materia de privación injusta de la libertad, en la mayoría de los casos, se aplica un régimen de responsabilidad objetiva y en dichas ocasiones no se hace necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, de suerte que por mandato constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declara en los eventos en que se acrediten los siguientes supuestos: (i) se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, (ii) porque el hecho no existió, (iii) el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Aparte de los tres eventos anteriores también se ha endilgado responsabilidad al Estado por privación injusta, cuando dentro del proceso penal no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado.

21.4 Adicionalmente, esta Sala ha reconocido que la responsabilidad de la administración no solo puede verse comprometida cuando al finalizar el proceso penal no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, sino también en los casos en que se declara prescrita la acción penal. Verbigracia lo dicho la siguiente sentencia:

En otros términos, la responsabilidad del Estado en tratándose de casos de privación injusta de la libertad no se encuentra supeditada exclusivamente a la configuración de una de las tres causales señaladas en la norma sustantiva penal, que si bien constituye su marco normativo, encuentra su génesis y justificación en la causación de un daño antijurídico que el afectado no está en la obligación de soportar, esto en los términos del artículo 90 constitucional.

En este orden de ideas, la privación de la libertad comporta un daño antijurídico también en los casos en que el aparato jurisdiccional, en desarrollo de una investigación penal, desborda los términos para adelantar las diferentes etapas del proceso sin proferir una decisión de fondo de cara a absolver o condenar penalmente al procesado y como consecuencia pierde su función punitiva, por prescripción de la acción penal. Allí es dable declarar la responsabilidad del Estado pues no se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado, lo que indefectiblemente conlleva la antijuridicidad de la medida impuesta.

Así, el acaecimiento del fenómeno prescriptivo no solo se erige como una garantía de rango constitucional en favor de todas las personas que se ven involucradas en un proceso judicial de no soportar indefinidamente en el tiempo los rigores de una investigación que el operador jurídico no adelantó en los términos establecidos, principio que cobra más protagonismo en tratándose de procedimientos sancionatorios y que logra materializar garantías de orden supranacional incorporadas a nuestra Constitución como parámetros vinculantes de interpretación de los deberes y derechos protegidos por la norma suprema, sino también acarrea para la administración el despojo de su función punitiva y con ello la asunción de todas las consecuencias que su inoperatividad produce, de las que no se escapan las de tipo patrimonial derivadas de la imposición de condenas en su contra. (Se destaca)

21.5. Conforme a la anterior posición, si el Estado no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del investigado durante el término previsto en la ley procesal, este debe responder al revelarse su incapacidad para demostrar la comisión del delito por parte del inculpado, de suerte que resultaría contrario al principio del equilibrio de las cargas públicas exigirle al ciudadano que soporte la limitación a su derecho fundamental a la libertad, máxime cuando no se ha logrado evidenciar que cometió el hecho punible.

22. Para el caso concreto se tiene que la investigación penal iniciada contra David Antonio Calvo Rincón como presunto responsable del delito de peculado por apropiación culminó con la sentencia del 31 de enero de 2006, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, quien ordenó cesar todo procedimiento, toda vez que operó la figura de la prescripción de la acción penal (v. párr. 18.28).

22.1. Dicha decisión se fundamentó, básicamente, en el cambio normativo ocurrido desde la fecha de los hechos, año 1984, hasta el momento de proferir sentencia, pues desde ese entonces estuvieron vigentes dos códigos penales diferentes: el primero, el Decreto 100 de 1980, modificado por la Ley 190 de 1995, que en el artículo 133 disponía una pena de 6 a 15 años para el peculado por apropiación; y el segundo, la Ley 599 del 2000 que si bien en el artículo 357 preveía la misma pena, contemplaba una menor cuando la cuantía no superaba 50 smlmv (de 4 a 10 años), por lo que se aplicó a favor del procesado el principio de favorabilidad.

22.2. En estos términos, se tiene que la presunción de inocencia que cobijaba a David Antonio Calvo Rincón no pudo ser desvirtuada, circunstancia que bajo la línea jurisprudencial antes señalada podría comprometer, en principio, la responsabilidad del Estado.

23. No obstante, corresponde al juez en estos casos analizar, de oficio o a petición de parte, la existencia de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables también en los regímenes objetivos de responsabilidad, entre ellas el hecho de la víctima, así lo ha considerado esta Corporación:

Mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora. (Se destaca)

23.1. Justamente, de la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se extraía que la víctima tiene derecho a ser indemnizada por la privación injusta de la libertad “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Con sustento en ello, el Consejo de Estado ha estimado que cuando se demuestra que la privación de la libertad padecida se produjo por cuenta de su conducta dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de comportamiento que le eran exigibles, el Estado se exonera de la responsabilidad por los perjuicios que aquella hubiere podido causar. Premisa que, pese a la derogatoria del Decreto 2700 de 1991, se ha mantenido en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 que reza: “…El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. (Se destaca)

23.2. Adicionalmente, frente al tema de la culpa exclusiva de la víctima, se tiene que el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el numeral 6 del artículo 14 preceptúa que:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. (Se destaca)

23.3. Procede entonces la indemnización para aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad cuando la decisión por la cual fueron retenidas ha sido posteriormente revocada; empero, dicha indemnización no procede si se demuestra que la privación debía ser soportada por la persona a la que se impuso, cuando esta “no reveló en todo o en parte el hecho desconocido” por el cual se dio la investigación.

23.4. Respecto de lo consagrado por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, manifestó:

Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible. (Se destaca)

23.5. En este punto es menester aclarar que el análisis de la conducta de la víctima no implica un reproche de su culpabilidad como un elemento del tipo penal, sino un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil. En efecto, la Sala en decisión reciente afirmó que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima.

23.6. Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010, el Consejo de Estado expresó:

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. (Se destaca)

23.7. De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporación ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así, señaló que:

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

23.8. Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

24. Descendiendo al caso concreto, se tiene que el demandante, señor David Antonio Calvo Rincón fue investigado penalmente en su condición de servidor público, esto es, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización del Municipio de Puerto Asís – Putumayo, cargo que ejerció desde el 1º de enero hasta el 25 de abril de 1984 (fl. 18.1).
24.1. Si bien es cierto que para el año 1984 aún no se había expedido la Constitución Política de 1991, no lo es menos que para esa época el ordenamiento constitucional que regía desde 1886 ya preveía, en su artículo 20, la responsabilidad de los funcionarios públicos por infracción a la constitución y a las leyes, e igualmente, en el artículo 57, expresaba que los poderes públicos no podían ejercerse sin limitación alguna.

24.2. A su vez, el Decreto Ley 2400 de 1968, en su texto vigente para la época de los hechos, el cual “regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, en sus artículos 6º, 7º y 9º dispuso como deberes, derechos y obligaciones de los empleados públicos, los siguientes:

Artículo 6: Son deberes de los empleados: respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo; obedecer y respetar a los superiores jerárquicos, dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito; observar permanentemente en su relaciones con el público toda la consideración y cortesía debidas; realizar las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución de las órdenes que pueden impartir, sin que en ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponde a sus subordinados; guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso; vigilar y salvaguardar los intereses del Estado; dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas; atender regularmente las actividades de capacitación y perfeccionamiento y efectuar las prácticas y los trabajos que se les impongan; responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización; poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio y los demás que determinen las leyes o reglamentos.

ARTICULO 7. Los empleados tienen derecho.  A percibir puntualmente la remuneración que para el respectivo empleo fije la ley; a recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de sus funciones y para participar en los concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio; a participar de los programas de bienestar social que para sus servidores establezca el Estado; a gozar de los estímulos de carácter moral o pecuniario; a disfrutar de vacaciones anuales remuneradas y al reconocimiento y pago de prestaciones sociales; a obtener los permisos y licencias, todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia.

ARTICULO 9o.  En defensa de la economía del Estado, les está prohibido a los empleados: solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo; solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para el Estado; prestar, a título particular, servicios de asesoría o de asistencia en trabajos relacionados con las funciones propias de su empleo; percibir más de una asignación del Tesoro Público, de acuerdo con lo establecido por el artículo  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1986_pr001.htm" \l "64" 64 de la Constitución Nacional y el artículo  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2285_1968.htm" \l "9" 9o del Decreto 2285 de 1968; obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que se desempeña; intervenir directa o indirectamente en la suscripción de contratos con el Estado y en la obtención de concesiones o de cualquier beneficio que implique privilegios a su favor, salvo en los casos en que por mandato de la Ley los deba suscribir. (Se destaca)

24.3. El mencionado decreto ley fue reglamentado por el Decreto 1950 de 1975, aún vigente para la época de los hechos, que elevó a la categoría de falta disciplinaria la vulneración a los deberes prohibiciones y derechos a los que se refiere el Decreto 2400 de 1968,

24.4. Adicionalmente se tiene que la jurisprudencia ha considerado, que en tratándose de servidores públicos, a estos les asiste el deber de ejecutar sus actuaciones de forma diligente, transparente y pulcra, aspectos que le son exigibles en general a todos los agentes estatales y en especial a quienes manejan recursos públicos.

25. Para el caso objeto de análisis, está claramente identificado que el 8 de junio de 1984, una comisión investigadora compuesta por el entonces Contador General Intendencial y dos Administradores Administrativos Intendenciales, llevó a cabo un control de auditoría, respecto de las actividades de las Empresas Públicas Municipales y de Valorización que el señor David Antonio Calvo había presidido (v. párr. 18.2).

25.1. En el referido control, se encontraron múltiples irregularidades en el manejo y dirección de dicha empresa, tales como la falta de implementación de un manual de funciones, ausencia de póliza de manejo e inexistencia de controles de auditoría.

25.2. De igual manera, los estudios de los expertos contables, a partir de la revisión de extractos bancarios de la entonces denominada Caja Agraria, revelaron anomalías, tales como comprobantes de consignación por valor de $402.950, a nombre del señor Antonio Calvo, y en su cuenta personal, de dineros que en realidad le correspondían a las Empresas Públicas Municipales y de Valorización de Puerto Asís, montos que provenían de recaudos por los servicios que prestaba dicha empresa y que debían ser consignados en la correspondiente cuenta oficial (fl. 18.2).

25.3. Igualmente se halló que en las respectivas cuentas se realizaron avances por un valor de $400.690, que no tenían soporte alguno por parte de la tesorería de la empresa y el pago de recaudos mediante el giro de cheques sin fondos, hechos totalmente anómalos, comoquiera que los pagos que por los servicios prestados por la empresa debían realizarse en efectivo.

25.4. Los datos consignados en el informe de auditoría fueron ratificados a través de los testimonios rendidos por los contadores que integraron la comisión investigadora, entre ellos, el señor Custodio Hurtado Zunith, quien dio cuenta de una mala la administración de las Empresas Públicas Municipales y de Valorización por parte de su gerente y la confusión que existía entre las funciones que debía desempeñar el gerente, el tesorero y el secretario, las cuales no eran claras para los mismos funcionarios. Dicho testigo también afirmó que los avances que se realizaban en las cuentas aparentemente se utilizaban para el pago de salarios de los empleados, pero que no existía ningún soporte contable que los justificara (v. párr. 18.6).

25.5. Igualmente, el entonces alcalde de Puerto Asís, no solo presentó denuncia por peculado en contra del señor Calvo Rincón, sino que también afirmó, bajo la gravedad de juramento, que este ejercía una indebida administración de la empresa pública que tenía a su cargo, además que incumplía a sus deberes como servidor público, comoquiera que eran frecuentes sus ausencias en el lugar de trabajo, permanente su estado de embriaguez y permitía el incumplimiento del pago de los salarios a los empleados (v. párr. 18.5).

25.6. Las anteriores razones fueron suficientes para que el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, mediante sentencia del 21 de octubre de 2005, considerara que hubo una manifiesta infracción penal con la afectación al patrimonio público, pues también encontró: (i) que algunos dineros que debían ingresar a través de la tesorería de las Empresas Públicas Municipales y de Valorización por concepto de tarifas de energía eléctrica, impuesto de valorización y degüello de ganado menor, los cuales ascendían de $745.344, no se consignaron en las dos cuentas oficiales que la empresa tenía en la Caja Agraria; (ii) al cierre de la empresa existía un saldo de $11.818, pero se trató de un dinero que nunca se entregó; (iii) ratificó la existencia de avances por $400.690 y la suma de $73.600 de cheques girados sin soporte alguno; y (iv) que el señor David Antonio Calvo procedió a la apertura de la cuenta personal n.º 1144 en la Caja Agraria, a la que se consignaron dineros de la empresa por él administrada (v. párr. 18.27).

25.7. Ahora, se tiene que por decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia del 31 de enero de 2006, se declaró la prescripción de la acción penal (v. párr.18.8) y bajo ese entendido el proceso no pudo culminar con decisión que resolviera de fondo el asunto y tampoco desvirtuar la presunción de inocencia del demandante.

25.8. La anterior decisión hizo tránsito a cosa juzgada y no le corresponde a esta Corporación poner en duda la presunción de inocencia del demandante: no obstante, para efectos de determinar la culpa exclusiva de la víctima dese la perspectiva civil, la Sala advierte que está demostrado un comportamiento reprochable del procesado que da lugar a la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

25.9. La razón de la anterior consideración, obedece a que al señor David Antonio Calvo, en su condición de servidor público y gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís, le correspondía administrar de manera adecuada el funcionamiento de dicha entidad, e igualmente los dineros producto del cobro de los servicios que esa empresa prestaba y del recaudo de los correspondientes tributos, como función que se había asignado por disposición de la administración municipal.

25.10. Nótese entonces, cómo el hacer uso de una cuenta personal para el depósito de dineros pertenecientes a dicha empresa, evidencia la disposición de haberes del Estado como si fueran propios, lo que constituye un manejo irresponsable del erario, siendo el deber del señor Antimonio Calvo, administrar con trasparencia recursos que no le pertenecían y de los cuales no se evidenció que fueran devueltos o transferidos a las cuentas oficiales, provocándose en consecuencia un detrimento al patrimonio público.

25.11. El incumplimiento de sus obligaciones como funcionario, no solo consistió en el inadecuado manejo de dineros estatales, sino también a un ostensible desorden administrativo, que se evidenció en el hecho de no contar con un manual de funciones que pusiera en claro las tareas asignadas a cada uno de los integrantes de la entidad y conllevó a que existiera una confusión entre los diversos deberes que se debían cumplir.

25.12. Tal desorden trajo consigo la inviabilidad económica de la empresa pública e inclusive el desconocimiento de derechos laborales de otros servidores a quienes no se le pagaron oportunamente sus salarios.

25.13. La conducta así desplegada corresponde a un comportamiento sumamente descuidado, actitud que de por sí y con independencia de que haya constituido o no delito, permiten recriminarle un actuar gravemente culposo y admite reproche en esta instancia al considerar que se trató, sin duda, de un hecho relevante para determinar el daño que padeció, consistente en la privación de la libertad a la que se vio sometido.

25.14. Se trata entonces de un proceder que no se espera de ningún administrador público, pues más que un mero descuido, las acciones del actor fueron producto de un obrar negligente, por no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado, que aún el más imprudente suele emplear en los negocios propios, además de un claro abuso de sus atribuciones y desatención de su obligaciones, consistentes en vigilar y salvaguardar los interés del Estado y responder por la conservación de los bienes confiados a su guarda y administración, tal como claramente lo exigía para la época de los hechos, el artículo 6º del Decreto Ley 2400 de 1968 (v. párr. 25.2).

25.15. En consecuencia, en lo que concierne a la privación de la libertad del señor David Antonio Calvo, la Sala concluye que procede revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negar las que se desprenden de dicho daño, toda vez que se encuentra demostrada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

b. Vulneración a la tutela judicial efectiva

26. Concerniente al segundo daño identificado, esto es, por la afectación a un derecho constitucional y convencionalmente protegido, consistente en la tutela judicial efectiva, dentro del expediente aparece probado que los hechos que dieron lugar a la investigación penal seguida en contra el señor David Antonio Calvo Rincón, ocurrieron y fueron denunciados en el año 1984 (v. párr. 18.3.) y conocidos en un inicio por Jueces de Instrucción Criminal, luego investigados por la Fiscalía General de la Nación a partir del año 1992 (v. párr. 18.14) y resuelto por los jueces penales en 2006, año en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto emitió sentencia en la que declaró la prescripción de la acción penal (fl. 18.28). Luego se trata de un proceso penal que se prolongó durante 22 años.
26.1. Cuando los ciudadanos se ven privados de obtener una decisión de fondo luego de adelantada una controversia llevada al conocimiento de la justicia, pese a tener la posibilidad de acudir a las instancias correspondientes, ello puede derivar en la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

26.2. En consecuencia, el acceso a la administración de justicia, no solo se refiere al aspecto meramente nominal de acudir ante la jurisdicción, sino que también tiene la connotación de que tal garantía lleva implícito el derecho a que un asunto se decida de manera definitiva, pues de lo contrario, la ausencia de una decisión que zanje el debate jurídico se puede traducir en una afectación a un derecho constitucional y convencionalmente protegido, toda vez que “lo verdaderamente importante es que una vez el administrado, en ejercicio del derecho de acción que le asiste, opere el aparato judicial, obtenga un pronunciamiento de fondo que resuelva las pretensiones planteadas de conformidad con las normas vigentes” y no la simple posibilidad formal de llevar su caso ante los jueces.

26.3. Sobre el alcance de dicha garantía, en un caso donde una sociedad denunció penalmente a un ciudadano con quien la firma se asoció para la construcción de un proyecto inmobiliario al considerar que este se apropió indebidamente del patrimonio invertido, lo que dio lugar al inicio de una investigación penal donde la denunciante se constituyó como parte civil, pero que terminó con prescripción de la acción, la subsección consideró:

Así, la administración de justicia, al no evitar la prescripción de la acción penal, violó las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución de 1991 que enmarcan la garantía del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. De la Convención violó los artículos 8. 1. (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) y de la Constitución de 1991 vulneró los artículos 228 (finalidad de la función de administración de justicia) y 229 (derecho de acceso a la administración de justicia).

El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 25 del citado instrumento indica:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El artículo 228 de la Constitución de 1991

Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Y El artículo 229 de la Constitución de 1991 reza

Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

Respecto a la protección del derecho a una tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 8.1 y 25, la Corte Interamericana, intérprete auténtico de la Convención Americana, ha señalado que “las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana”.

26.4. El criterio allí adoptado se reiteró en pronunciamiento posterior de esta subsección, así:

En este caso, el actor no logró obtener decisión de la justicia sobre la posible responsabilidad penal de su denunciado y, por contera, tampoco frente a la demanda de parte civil promovida por él dentro del mismo proceso, falta de resolución del asunto que conllevó una transgresión al derecho a la tutela judicial efectiva y, por su intermedio a la verdad que buscaba establecer mediante este, con independencia de que hubiera sido o no favorable a sus intereses.

En esas condiciones, se insiste, aunque el daño alegado por los actores deviene en meramente eventual, si se precisa como la pérdida de las pretensiones económicas no resueltas, la imposibilidad de obtener su decisión definitiva sí corresponde a un daño cierto que el actor no tenía el deber jurídico de soportar, por cuanto el ordenamiento jurídico, le garantiza que el asunto llevado al conocimiento de la justicia debe ser resuelto de fondo, máxime tratándose de un asunto penal que conlleva el establecimiento de las reales condiciones del caso, cuestión que va de la mano con el derecho de la víctima a la verdad. (Se destaca)

26.5. Los casos anteriormente citados no se refieren a personas que hayan demandado luego de ser privadas de la libertad, pero tienen relevancia para el sub lite, en la medida que también se trata de eventos en los cuales los procesos culminaron con la prescripción de la acción penal y donde se destacó la imposibilidad de resolver de fondo un asunto, hecho que significó la transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva.

26.6. Igualmente sobresale la consideración, según la cual la imposibilidad de obtener una decisión definitiva constituye un daño cierto que el demandante no está en el deber de soportar, por cuanto el ordenamiento debe garantizar que un asunto llevado ante la justicia sea resuelto de fondo.

26.7. Por consiguiente, teniendo en cuenta que en este proceso también se debate el hecho de que el demandante, señor David Antonio Calvo, no logró obtener decisión de fondo por parte de la justicia después de un proceso penal que duró más de 22 años, la falta de resolución del asunto conllevó una transgresión al derecho a la tutela judicial efectiva y, por su intermedio a la verdad que buscaba establecer mediante este, con independencia de que hubiera sido declarado responsable penalmente o no.

Imputación por vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva – defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

27. En este punto, debe tenerse en cuenta que en la demanda no solo se hace referencia a una presunta privación injusta de la libertad, sino también al hecho de que el demandante estuvo sometido a una investigación penal por un término que no considera razonable, habida cuenta que esta perduró por un lapso de 22 años, sin que exista justificación para ello.

27.1 Tal como se advirtió supra, dentro del proceso se comprobó la vulneración a la tutela judicial efectiva como un derecho constitucional y convencionalmente protegido, a lo que hay que agregar que según lo alegado en la demanda, la Rama Judicial desconoció los principios de una justicia efectiva y pronta.

27.2. Bajo ese horizonte de comprensión, no hay duda de que lo alegado en el escrito inicial, corresponde a la presunta conducta negligente de la Rama Judicial en el curso del proceso a su cargo, que derivó en la prescripción de la acción penal, hipótesis de responsabilidad del estado prevista en el artículo 69 de la ley 270 de 1996.

27.3. Dilucidado lo anterior, se resalta que la Corporación ha indicado que para verificar si existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la presunta dilación injustificada de un proceso, debe considerarse “si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora”.

27.4. Estas consideraciones guardan consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del alcance del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable deben analizarse los siguientes criterios: (i) El marco temporal del proceso; (ii) la complejidad del asunto; (iii) la actividad procesal del interesado; (iv) la conducta de las autoridades; (v) y afectación jurídica de la parte interesada.

27.5. Así, para el análisis de la imputación, deberá verificarse entonces si se incurrió dentro del curso de la investigación en irregularidades de tal magnitud que determinaron, por razón del actuar injustificado estatal, la prescripción de la acción penal y el sometimiento a un proceso dentro de términos razonables.

27.6 Para tal efecto, se aprecia como primer punto, que los hechos constitutivos del presunto delito de peculado por apropiación, ocurrieron entre los meses de enero y abril de 1984, tiempo durante el cual el señor David Antonio Calvo Rincón se desempeñó como gerente de las Empresas Públicas Municipales y Valorización de Puerto Asís (v. párr. 18.1). La presunta irregularidad fue advertida por una comisión investigadora que rindió informe el 8 de junio de 1984 (v. párr. 18.2), y la correspondiente denuncia fue presentada el 1º de agosto de ese año por el señor Carlos Alberto Silva Ledesma, en su calidad de alcalde del Municipio de Puerto Asís (Putumayo).
27.7. También se verifica que según lo referido por la justicia penal al decretar la prescripción de la acción, el término de esta, según la legislación vigente, de acuerdo al punible investigado y en aplicación del principio de favorabilidad por la existencia de un cambio normativo, era de 13,3 años (v. párr. 18.28), de donde surge palmaria una primera conclusión para la resolución del caso, relativa a que el proceso duró casi el doble del término de prescripción, estos es, 22 años.

27.8. Un segundo aspecto a resaltar, es que la investigación inició el 11 de agosto de 1984, cuando asumió conocimiento del asunto el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís, esto es, solo unos días después de la denuncia, y si bien es cierto que a partir de allí la autoridad judicial intentó imprimirle celeridad al trámite, pues durante aproximadamente dos meses logró practicar múltiples pruebas, tanto así que el 11 de septiembre declaró vencida la etapa de instrucción y remitió el asunto al Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Mocoa (v. párr.18.4 a 18.7), a partir de ese momento el proceso empezó a sufrir demoras injustificadas.

27.9. En efecto, desde el 3 octubre de 1984, fecha en la que el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mocoa comisionó al Juzgado 12 de Instrucción Penal Criminal para la práctica de algunas pruebas, hasta el 24 de agosto de 1988 cuando avocó conocimiento el Juzgado 33 de Instrucción Penal Criminal, esto es, por un tiempo aproximado de 4 años, el expediente fue remitido entre varios juzgados 9 veces (v. párr. 18.8 a 18.13).

27.10. Tales remisiones obedecieron a diferentes motivos, especialmente a que el en la mayoría de los casos, el tiempo otorgado a los juzgados de instrucción penal criminal para la práctica de pruebas culminaba sin que se hubieren practicado todas las diligencias encomendadas, de suerte que una vez expirado, el proceso era devuelto al juzgado de conocimiento, pero comoquiera que faltaban pruebas que practicar, la autoridad volvía a librar comisiones para que las pruebas que faltaban fueran complementadas.

27.11. Nótese que si bien es cierto que por auto por medio del cual se declaró abierta la investigación, esto es, la providencia del 6 de agosto de 1984 emitida por el Juzgado 3º Promiscuo Territorial de Puerto Asís, se ordenó vincular al demandante mediante indagatoria (v. párr. 18.4), no lo es menos que entre 1984 y 1988 (v. párr. 27.9) el señor David Antonio Calvo aún no había llamado al proceso, de suerte que la referida tardanza no puede serle atribuible, por lo menos hasta esa fecha.

27.12. En tercer lugar, se tiene que desde el 24 de agosto 1988, cuando avocó conocimiento del asunto el Juzgado 33 de Instrucción penal Criminal (v. párr. 18.13), no se observa el ejercicio de ninguna actuación sino hasta el auto del 18 de febrero de 1992, cuando la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís conoció del proceso y decidió llamar al procesado a indagatoria (v. párr. 18.14).

27.13. Así, se presentó un periodo aproximado de tres años y seis meses, en el cual no existe actuación alguna por parte de los juzgados de instrucción, de suerte que el trámite estuvo detenido durante ese lapso, sin que aparezca razón que lo justifique.

27.14. Igualmente llama la atención que desde que la Fiscalía General de la Nación llamó a David Antonio Calvo a indagatoria por auto del 18 de febrero de 1992, trascurrieron más de 3 años para que este compareciera a rendir dicha diligencia el 2 de junio de 1995, demora que si bien podría atribuírsele al procesado, por cuanto se le hicieron múltiples llamamientos y el sindicado solicitó aplazamiento por más de una vez, no lo es menos que su falta de comparecencia no era impedimento para que el ente instructor tramitara la investigación sin su presencia y ejerciera actos procesales para darle celeridad al proceso (v. párr. 18.4).

27.15. A partir de entonces el proceso volvió a avanzar, pues el 9 de noviembre de 1995 la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís calificó la situación jurídica provisional del señor Calvo Rincón, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva (v. párr. 18.15), sustituida por detención domiciliaria el 13 de diciembre de ese año (v. párr. 18.17), y el 5 de septiembre de 1996 calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del encartado por el presunto de delito de peculado por apropiación (v. párr. 18.24).

27.16. Ejecutoriada la resolución de acusación, el 8 de octubre de 1996 asumió conocimiento del asunto el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa (fl. 191, c.3), autoridad que ordenó algunas pruebas mediante providencia del 3 de febrero de 1997 (fl. 195 – 197, c.3) y el 10 de noviembre de 1997, debido a un cambio en las normas de competencia, remitió el proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (fl. 212, c.3).

27.17. El proceso arribó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Asís el 15 de noviembre de 1997 (fl. 214, c.3) y a partir de entonces el trámite volvió a presentar una tardanza inusitada, pues no fue sino hasta el 15 de junio de 2005 que dicho juzgado volvió a emitir pronunciamiento, esto es, por medio de auto, a través del cual informó del fallecimiento del apoderado del señor David Antonio Calvo, lo que implica, que el proceso estuvo paralizado, una vez más y sin actuación alguna, por un término de 7 años y 7 meses.

27.18. La sentencia penal de primera instancia se emitió el 21 de octubre de 2005, por parte del Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor David Antonio Calvo Rincón por el punible de peculado por apropiación, y si bien en dicha providencia se le enrostró al procesado el hecho de ejercer una conducta dilatoria del proceso en la etapa de juzgamiento al radicar una serie de peticiones y recursos inconducentes e impertinentes con la intención de que transcurra el tiempo y lograr la prescripción de la acción penal (v. párr. 18.27), lo cierto es, que tal como se dijo en el párrafo anterior, existe evidencia clara de que por casi una década, la autoridad judicial no ejerció actividad alguna para darle celeridad al proceso.

27.19. Finalmente, en sede apelación, la sentencia condenatoria fue revocada por decisión del 31 de enero de 2006, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, en la que declaró la prescripción de la acción penal (v. párr. 18.28).

28. Conforme a lo antes relatado, es posible afirmar que la prescripción de la acción operó por violación de la garantía a la resolución judicial del asunto en un plazo razonable, lo que hace imputable el daño padecido por el demandante a la Nación.

28.1. Así las cosas, el daño, entendido como la privación del derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, es imputable a la Rama Judicial, a cuyo cargo estuvo la demora que dio lugar a la imposibilidad de proseguir con el ejercicio del ius puniendi.

28.2. Lo anterior, por cuanto una vez revisado el expediente penal, se advierten, por lo menos tres periodos durante los cuales hubo una demora injustificada de la administración de justicia y un congelamiento del proceso que no puede explicarse de manera razonable, no tiene amparo alguno en el ordenamiento y que tampoco es atribuible al demandante, a saber: (i) el primero, ocurrió durante las primeras etapas de la investigación, por cuanto durante aproximadamente 4 años, el proceso fue remitido entre varios juzgados de instrucción para la práctica de pruebas que no eran de difícil recaudo (v. párr. 27.9); (ii) el segundo, un tiempo de 3 años y 6 meses que acontecieron entre el 24 de agosto de 1988, cuando el Juzgado 33 de Instrucción Penal Criminal decretó algunas pruebas, y el 18 de febrero de 1992 cuando asumió conocimiento del asunto la Fiscalía General de la Nación, en el que no se avizora actuación alguna; y (iii) tercero, un periodo de 7 años y 7 meses, que va desde el 10 de noviembre de 1997, cuando el proceso es remitido por competencia por parte del Juzgado Penal del Circuito de Mocoa al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, hasta el auto del 15 de junio de 2005 cuando este último despacho informó del fallecimiento del abogado defensor, lapso caracterizado por una absoluta inactividad de los despachos judiciales.

28.3. Se trata entonces de interregnos que sumados arrojan más de 15 años de inactividad judicial, que sin duda dieron lugar a la prescripción de la acción penal, que extendieron el proceso por un periodo total de 22 años e impidieron que el asunto se decidiera de fondo durante ese tiempo y que en consecuencia produjo una ostensible vulneración al derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, así como un desmedro para el demandante, quien permanecía sub judice durante ese desproporcionado lapso.

29. Finalmente, se destaca que aunque el fallo de primera instancia declaró administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial por la privación de la libertad del señor David Antonio Calvo, se aclara que la condena emitida en ese sentido será modificada por las consideraciones antes expuestas, esto es, por encontrarse acreditada la causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, respecto de ese daño.

29.1. No obstante lo anterior, al evidenciarse la causación de otro tipo de daño, esto es, la afectación a un derecho constitucional y convencionalmente protegido, se impone sin duda una condena por dicho aspecto, al considerarse que dicho desmedro sí es imputable a la Nación – Rama Judicial. Y a este respecto, es necesario señalar que ni el recurso, ni aún la garantía de reformatio in pejus, constituyen limitantes para el reconocimiento de la transgresión a la garantía constitucionalmente amparada y que fue violentada en el sub lite, pues advertida como está en el plenario, es deber del juez velar por que esta sea reparada, a lo que no pueden imponerse limitantes de orden procesal.

V. Liquidación de perjuicios

30. En este punto, vale decir que en el presente caso solo se procederá a la liquidación de perjuicios relacionados con la transgresión a la garantía constitucional y convencionalmente amparada, ya que lo relacionado con la privación de la libertad las pretensiones no prosperaron.

30.1. En ese orden de ideas, vale destacar que la jurisprudencia de la Sección ha precisado que la reparación de este tipo de perjuicios debe realizarse, siempre que sea posible, a través de medidas de restitución in natura, que restablezcan en la medida de lo posible el derecho afectado, en aras de obtener su reparación integral.
30.2. En sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011, se sostuvo que las afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera:

La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

30.3. En reciente decisión de unificación, la Sección Tercera de esta Corporación precisó las características del daño a bienes o derecho convencional y constitucionalmente amparados como una nueva categoría autónoma de daño inmaterial, en los siguientes términos:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

30.4. En el mismo pronunciamiento precisó la Sección que los objetivos de la reparación de esa categoría autónoma de daño son: el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, su restitución más aproximada al statu quo ante, las garantías de no repetición y la búsqueda de la realización efectiva de la igualdad sustancial. También se precisó que el resarcimiento de esas garantías puede tener lugar aún en forma oficiosa y que deben privilegiarse, en cuanto resulte posible, las medidas de carácter no pecuniario, entre otros aspectos relevantes que a continuación se trascriben:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

30.5. En efecto, sería lo ideal poder reparar la transgresión a la garantía constitucional vulnerada mediante medidas de carácter no pecuniario que pudieran derivar en un restablecimiento material del derecho al recurso judicial efectivo del demandante. Sin embargo, se aprecia que ante la evidente imposibilidad de solventar el hecho de que hayan transcurrido 22 años sin que la situación penal del señor David Antonio Calvo Rincón se hubiera resuelto de fondo, no existe medida idónea para resarcir a la víctima, por lo que se impone aplicar una reparación pecuniaria, se insiste, ante la inexistencia de alguna medida restaurativa que permita indemnizar el daño en su forma natural y plena.

30.6. De esta forma, se tiene que la decisión de unificación antes citada estableció un baremo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la reparación del referido daño, aplicable a aquellos eventos de mayor gravedad. Tratándose del daño producido como consecuencia de la afectación específica al derecho al acceso a la administración de justicia cuando se ve afectado por la prescripción extintiva, se ha estimado que la indemnización corresponda a 40 salarios mínimos legales mensuales. No obstante, vale decir que como en el asunto de autos la investigación penal seguida en contra de David Antonio Calvo perduró de manera injustificada por un periodo de 22 años, se considera que es necesario el reconocimiento de un monto superior, pues se trata de un proceso judicial que se extendió de forma desmedida y fuera de todo parámetro normal, hecho extraordinario e insólito que lleva consigo a reconocer el monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Debe tenerse en cuenta que el referido daño solo se ha de reconocer a favor de la víctima directa, que en este caso es el señor David Antonio Calvo Rincón.

30.7. De igual manera, la Sala aclara que dicho reconocimiento no afecta el principio de non reformatio in peius, por cuanto no hace más gravosa la situación del apelante único, esto es, de la Nación Rama - Judicial, como quiera que en todo caso, dicha cantidad es inferior a la declarada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a la suma total de 200 smlmv por perjuicio morales y $64.221.741 por perjuicios materiales, que versan sobre pretensiones relativas a la privación injusta de la libertad que en esta instancia serán negadas conforme lo dicho supra.

30.8. De este modo, se reconocerá a favor del señor David Antonio Calvo Rincón, una indemnización equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de ejecutoria de la sentencia, por ser este el titular del derecho transgredido. Las demás pretensiones serán denegadas.

VI. Costas

31. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas “caducidad de la acción” y “falta de objeto para demandar”, propuestas por la Nación – Rama Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por el daño antijurídico causado a David Antonio Calvo Rincón, consistente en la transgresión al derecho constitucional y convencionalmente amparado al acceso a la administración de justicia mediante un recurso judicial efectivo.

TERCERO: Como consecuencia, condénese a la Nación – Rama Judicial, a pagar a David Antonio Calvo Rincón, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas

SÉPTIMO: En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Aclara voto
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presidenta de Subsección

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Tal como se desprende de los registros civiles de nacimiento a que aparecen a folios 42 y 43 del cuaderno principal. Para acreditar el parentesco entre el señor David Antonio Calvo Rincón y sus hermanos, se aportaron sendas partidas de bautismo emitidas por la Parroquia de San Andrés de Quinchía – Pereira y que reposan a folios 38 a 40 del cuaderno principal. Dichos documentos tiene valor probatorio para acreditar el estado civil de las personas, por cuanto se refiere a ciudadanos nacidos antes del año 1938, esto es, previo a la expedición de la Ley 92 de ese año. Sobre este tema, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de agosto de 2013, Exp. n.º 39307, expresó: “En tal caso el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado, por ello respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco, una vez celebrado el bautismo, la copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1.938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues éste sólo documento constituye plena prueba de su estado civil(…)”
En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fue nombrado por el alcalde de Puerto Asía mediante Decreto n. º 165 del 30 de diciembre de 1983 (fl. 2, c.2). Se posesionó mediante acta del 1º de enero de 1984 (fl. 3, c.2). Así aparece en certificación suscrita el 18 de agosto de 1984 por el Secretario General del Municipio de Puerto Asís (fl. 57, c.2). En el auto del 18 de noviembre de 1987, se lee: “Se observa que el Juzgado de Instrucción Criminal de Mocoa, a quien correspondió por reparto el expediente para efectos de cumplir la comisión impartida por este despacho, al entrar en vigencia del Decreto 050 de 1987, resolvió enviar los autos a los Juzgados de Instrucción Criminal de Puerto Asís, actuación esta irregular ya que el paso a seguir era devolverlo al juzgado de origen”
Mediante autos del 18 de febrero, 7 de marzo, 8 de noviembre de 1994, 4 de abril y 30 de mayo de 1995 (fl. 264, 265, 282, 284 y 285)
Así lo manifestó la fiscalía en auto del 2 de junio de 1995: “Recepcionada Diligencia de Indagatoria al encartado DAVID ANTONIO CALVO RINCÓN, conforme lo prevé el inciso final del artículo 376 del Código de Procedimiento Penal, este seguirá disfrutando de su libertad, hasta tanto se le define su situación jurídica, previa suscripción de acta de compromiso” (fl. 296, c.2). Así se hizo constar mediante oficio del 6 de diciembre de 1995, suscrito por el Sargento Segundo Ángel Abel Salcedo Pulido, por medio del cual dejó a disposición de la Fiscalía Seccional 42 al señor David Antonio Calvo (fl. 9, c.3). Igualmente en el acta de derechos del capturado suscrita el 6 de diciembre de 1996 por el señor Davis Antonio Calvo (fl10, c.3). Así se puso de presente en la correspondiente acta de la audiencia celebrada el 30 de septiembre de 2005: “Según informe del citador de este Juzgado, al procesado no fue posible notificarlo por encontrarse fuera de la ciudad y no se conoce la fecha de su retorno; además por informaciones de amigos del señor CALVO RINCÓN, este se ha desplazado a la ciudad de Cali, pero desconocen la dirección de su domicilio” (fl. 227, c.3). Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Decreto 2700 de 1991. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad.

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20314, MP. Stella Conto Díaz del Castillo, el Consejo de Estado expresó: “Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de febrero de 2016, exp. 36277, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
“La prescripción de la acción penal es una institución de orden público, en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- por el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley. Dicho fenómeno ocurre cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra del ciudadano beneficiado con la prescripción.
“La prescripción de la acción penal tiene una doble connotación. La primera es a favor del procesado y consiste en la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano de que se le defina su situación jurídica, pues éste no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra; la segunda en tanto y en cuanto se trata para el Estado de una sanción frente a su inactividad.
“Al analizar la prescripción en materia penal, la jurisprudencia ha señalado que “es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción” cuyo fundamento es el principio de la seguridad jurídica ya que la finalidad esencial de la prescripción de la acción penal está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo procesado de que se le defina su situación jurídica, pues “ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”.
“En cuanto a su naturaleza, la prescripción es una institución de carácter sustantivo “si bien su reconocimiento precisará, dado el carácter de necesariedad del proceso penal, de la actuación procesal procedente. Este carácter sustantivo permite que la prescripción pueda ser declarada de oficio, sin necesidad de alegación de parte como es obligado en el proceso civil”. Corte Constitucional, sentencia del 28 de mayo 2002, actor: Luis Eduardo Montoya Medina, exp: 3788, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp: 37 530, actor:

Uriel Catalino Muñoz Jiménez, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. El artículo 33 del Decreto Ley 100 de 1980, rezaba: “El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años”. El artículo 397 de la Ley 599 del 2000, disponía: “Peculado por apropiación. El  servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado”. Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley No. 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez;

Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero. Es del caso aclarar que el Decreto 1950 de 1975 fue derogado parcialmente la Ley 13 de 1984. No obstante, esta última ley, pese a que fue aprobada por el congreso el 15 de diciembre de 1983, no fue sancionada sino hasta el 9 de marzo de 1894 y no empezó a regir sino a partir de su promulgación el 20 de marzo de 1984 con la respectiva publicación en el Diario Oficial n.º No. 36.588. Corte Constitucional, sentencia C-046 de 10 de febrero de 1994, exp. D-343, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre la moralidad administrativa en sus múltiples facetas, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 2010-02404-01(AP), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 01 de febrero de 2011, Rad. 2008472. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp 25.327, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Criterio reiterado en la sentencia
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. n.º 37111, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Consejo de Estado, Subsección B, Sentencia del 30 de octubre de 2013, Rad. 30495.M.P. Stella Conto Diaz del castillo.
Corte Interamericana de Derechos humanos, caso Furlan y familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012. Párrafo 152. Estos criterios también han sido tenidos en cuenta por la Corte Europea de Derechos Humanos que ha establecido que el carácter razonable de la duración de un proceso se aprecia según las circunstancias particulares del asunto y frente a tres criterios: la complejidad del asunto, el comportamiento del interesado, el comportamiento de las autoridades nacionales (particularmente las autoridades judiciales), teniendo en cuenta el contexto político y social. Ver Caso Pretto contra Italia, del 08 de diciembre de 1983, citado por Frederic Sudre en Droit europeen et internacional des droits de l´homme. Ed. Presses Universitaires de France. 10 edition, Paris 2011, p. 452
Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de abril de 2015, exp. 30860, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de abril de 2015, exp. 25327, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 37111, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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