Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2008-00457-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2008-00457-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 52001-23-31-000-2008-00457-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad
Núm. único de radicación: 520012331000200800457011
Demandante: MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO.
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO.
Tercero con interés: AMAZONICA DE TRASPORTES LIMITADA -
EMPTRANSAMAZONICA LTDA.
Tema: habilitación, estudios previos y licitación pública en el régimen del servicio
público colectivo de transporte terrestre
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia
proferida el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de
Decisión del Sistema Escritural.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1
Demanda presentada el 16 de julio de 2009, según obra a folio 29, en vigencia del Decreto 01 de 2 de enero
de 1984, por medio del cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
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Número único de radicación: 52001233100020080045701
Demandante: Municipio de Puerto Asís.
1. El Municipio de Puerto Asís (Putumayo)2, en adelante la parte demandante,
presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad (lesividad) establecida en el
artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso
Administrativo, contra el Municipio de Puerto Asís, en adelante la parte demandada,
para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1254 de 19 de diciembre de
2007 "[...] Por la cual se habilita una empresa en la modalidad del servicio público
de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros en el radio de acción
municipal [...]", expedida por el alcalde del Municipio de Puerto Asís y la Resolución
núm. 1274 de 24 de diciembre de 2007 "[...] Por la cual se adjudican unas rutas en
la modalidad del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
municipal de pasajeros [...]", expedido por el alcalde del Municipio de Puerto Asís.
Pretensiones
1. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones 3:
“[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 1254 de fecha 19 de
diciembre de 2007 "POR MEDIO DE LA CUAL SE HABILITA UNA EMPRESA EN
LA MODALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL RADIO DE ACCIÓN
MUNICIPAL" a la EMPRESA AMAZÓNICA DE TRANSPORTES
"EMPTRANSAMAZONICA LTDA.", Resolución expedida por parte de la
Administración Municipal de Puerto Asís.
2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 1274 de fecha 24 de diciembre
de 2007 "POR LA CUAL SE ADJUDICAN UNAS RUTAS EN LA MODALIDAD DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
COLECTIVO MUNICIPAL DE PASAJEROS" a la EMPRESA AMAZÓNICA DE
TRANSPORTES "EMPTRANSAMAZONICA LTDA.", Resolución expedida por parte
de la Administración Municipal de Puerto Asís […]”.
Presupuestos fácticos
2. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
2 Por intermedio de apoderado
3 Cfr. Folio 2 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Demandante: Municipio de Puerto Asís.
3. El alcalde del Municipio de Puerto Asís (Putumayo) mediante la Resolución
núm. 1254 de 19 de diciembre de 20074, resolvió habilitar a la empresa
AMAZONICA DE TRASPORTES LIMITADA - EMPTRANSAMAZONICA LTDA., la
prestación del servicio del transporte público terrestre automotor colectivo de
pasajeros en el radio de acción municipal.
4. Mediante Resolución núm. 1274 de 24 de diciembre de 20075, el alcalde
del Municipio de Puerto Asís (Putumayo) resolvió adjudicar6 a la parte demandante
12 rutas para prestar el servicio público de transporte en la modalidad colectivo
municipal de pasajeros y le fijó una capacidad transportadora mínima de 16 y
máxima de 32 para vehículos (bus, buseta, microbús, campero y camioneta).
Normas violadas y concepto de violación7
5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 2,13, 29 y 333 de la Constitución Política.
Artículos 12 y 23 a 28 del Decreto 175 de 5 de febrero de 20018.
Artículo 3 de la Ley 105 de diciembre 30 de 19939.
Artículo 19 de la Ley 336 de 199610.
Artículo 6 del Decreto 4190 de 29 de octubre de 200711
Concepto de violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto
de violación, así:
4 “[…] POR LA CUAL SE HABILITA UNA EMPRESA EN LA MODALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECGTIVO DE PASAJEROS EN EL RADIO DE ACCIÓN
MUNICIPAL […]”.
5 “[…] POR LA CUAL SE ADJUDICAN UNAS RUTAS EN LA MODADLIDA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO MUNICIPAL DE PASAJEROS […]”.
6 Por el término de 5 años
7 Cfr. folio 20 del cuaderno núm. 1 del expediente.
8 “[…] por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto […]”
9 “[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y
se dictan otras disposiciones […]”.
10 “[…] Estatuto General de Transporte […]”
11 “[…] por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público
de transporte terrestre automotor mixto […]”.
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Demandante: Municipio de Puerto Asís.
Primer cargo: infracción de las normas en que debería fundarse
7. Indicó que: “[…] La hipotética EMPTRASNAMAZÓNICA LTDA., a la fecha
de elevar la solicitud ante la Autoridad Municipal de Puerto Asís - Putumayo, para
obtener habilitación en la modalidad de transporte Colectivo de Pasajeros, 17 de
diciembre de 2007, aún no se encontraba ni siquiera legalmente constituida como
empresa. Basta observar el Certificado de Existencia y Representación Legal de
la susodicha, en el cual claramente se lee: • Por documento privado inscrito en la
Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2001, […] Es decir que
EMPTRANSAMAZONICA LTDA. sin cumplir el requisito legal exigido de la
constitución como empresa, solicitó habilitación para operar en el servicio
colectivo municipal, incumpliendo el artículo 12 del Decreto 170 de 2001 […]”
8. Adujo que: “[…] La solicitud se hizo con fundamento en dos (2)
normatividades distintas, esto es: De un lado acogiéndose al Decreto 170 de 2001,
por el cual se reglamenta el Servicio Público Colectivo Municipal de Pasajeros, y
de otra, con fundamento en el Decreto 175 de 2001, por el cual se reglamenta el
servicio público de transporte terrestre automotor Mixto. Lo anterior deja ver la
posición soterrada del peticionario, pretendiendo hacer incurrir en error a la
Administración y la omisión de la Autoridad al no haberlo advertido, dado que estas
dos (2) normas que acabo de exponer no son susceptibles de elevarse
conjuntamente para obtener un servicio, puesto que se refieren a servicios de
transporte en modalidades distintas y por ende con requisitos totalmente
contrarios, como diferentes son sus efectos frente a cada uno de estos Decretos
[…]”.
9. Manifestó que: “[…] lo más grave en este caso, por parte del peticionario,
es haber solicitado un permiso invocando una norma que al momento de la
petición se encontraba sin efectos, por razón del pronunciamiento del Honorable
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Expediente No. 1100102400020040016601, fallo de fecha 24 de agosto de 2006,
mediante el cual la Alta Corporación, declaró la nulidad de los ·artículos 23, 24,
25, 26, 27, y 28 del Decreto 175 de 2001, es decir, dejó sin efectos el
procedimiento para efectuar registro de recorridos y frecuencias del servicio dentro
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del transporte Mixto, por considerar que dichos artículos violaban los artículos 3º
de la Ley 105 de 1993, y 19 de la Ley 336 de 1996, al igual que los artículos 13 y
333 de la Constitución Política. El efecto jurídico del fallo consistió en que a partir
de su vigencia, el otorgamiento de rutas, horarios, recorridos, asignación de
capacidades transportadoras y todos aquellos aspectos inherentes a vehículos en
la modalidad de Mixtos, sólo se adjudicarán mediante CONCURSO PÚBLICO, tal
como quedó consignado en el Decreto 4190 de 29 de Octubre de 2007, que es la
norma vigente en materia de autorizaciones respecto a rutas, horarios, recorridos,
capacidad transportadora, en la modalidad de servicio MIXTO […]”.
10. Señaló que: “[…] La Alcaldía Municipal de Puerto Asís habilitó a la empresa
EMPTRANSAMAZONICA LTDA. en la modalidad de colectivo municipal, sin
embargo, en la Resolución de Adjudicación de Rutas le autorizó clase de
vehículos como el campero y la camioneta que corresponden a la modalidad de
mixto, lo cual, es abiertamente contrario a derecho, pues como lo reitero, el
servicio mixto está consagrado en el Decreto 4190 del 29 de Octubre de 2007,
actual que obliga al Concurso Público […]”.
11. Precisó que: “[…] La Autoridad Municipal, Alcaldía Municipal de Puerto
Asís, se apartó totalmente de la normatividad vigente aplicable a la modalidad del
servicio público colectivo Municipal de Pasajeros, desconociendo totalmente los
procedimientos y requisitos señalados y de obligatorio cumplimiento, tal como se
refieren a continuación: Articulo 24: Exige el Proceso Licitatorio, previo estudio por
parte de la Autoridad Municipal, como soporte técnico y legal, para determinar las
necesidades del servicio de transporte de pasajeros, y en el caso concreto, en las
doce (12) rutas que abruptamente autorizó mediante Resolución No. 1274 de
Diciembre 24 de 2007 […]”.
12. Sostuvo que “[…] Articulo 25. AUTORIZACION DE NUEVOS
RECORRIDOS […] En los términos de referencia del concurso -se resalta- se
establecerán objetivos de calidad y excelencia en el servicio… Artículo 26.
LICITACION PÚBLICA: La autorización para la prestación del servicio público de
transporte colectivo de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y
municipal en una ruta o sistema de rutas será el resultado de UNA LICITACION
PÚBLICA -se resalta-, en la que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa
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privada para la creación de nuevas empresas. Otorgó además, una capacidad
transportadora en distinta clase de vehículos para la prestación del servicio, esto
es: busetas, microbuses, camperos y/o camionetas, hecho este que no solamente
es irregular sino que resulta irrespetuoso y vergonzoso contra principios
fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional y en la Ley, como
el de la transparencia, equidad, imparcialidad, entre otros […]”.
13. Argumentó que: “[…] la posición de la Autoridad Municipal en los permisos
de habilitación y adjudicación de rutas, clase de vehículos y capacidad
transportadora autorizados a la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA., no
fueron más que el resultado de una actuación amañada, inconsecuente, sin
escrúpulo de ninguna naturaleza y por sobre todo, en desmedro de los intereses
de las empresas que se encuentran debida y legalmente autorizadas en la
modalidad del servicio público colectivo municipal en el Municipio de Puerto Asís,
Departamento del Putumayo, a quienes no se les dio la oportunidad de hacerse
parte dentro de este proceso, mediante la notificación de los actos administrativos,
dado su interés legítimo en la causa para haberlos impugnado mediante el
ejercicio de los recursos por vía gubernativa, máxime que en un acto totalmente
fuera de contexto, alejado de las normas procesales, quedaron en firme con la
auténtica comunicación a la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA., y los
interesados sin posibilidad alguna de contradecirlos […]”.
14. Afirmó que: “[…] El numeral 12 del artículo 15 frente a las condiciones y
requisitos para obtener habilitación en la modalidad de servicio colectivo municipal
exige la demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al
valor resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el
número de unidades fijadas en la capacidad máxima, resaltando que no podrá ser
inferior a trescientos (300) s.m.m.l.v. En aplicación de este numeral, utilizado en
la solicitud de la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA., se extrae de su
Balance Inicial un rubro en caja de $20.000.000,oo, lo cual no constituye prueba
suficiente que demuestre un capital pagado; como así lo indican los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, al igual que las normas de
Auditoria. Además, esta cifra está muy por debajo de lo exigido por la norma Y
que corresponde a 300 s.m.m.l.v., para el año 2007 […]”.
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15. Expuso que: “[…] el procedimiento adoptado por la Alcaldía Municipal de
Puerto Asís fue totalmente violatorio de las normas del derecho que correspondía
observar, por ende, su omisión constituye abierta violación del Decreto 170 de
2001, Capitulo III, Procedimiento para la Adjudicación de Rutas y
Frecuencias en el servicio básico, articulo 28 y siguientes del Decreto 170 de
2001, en armonía con el artículo 29 de la Carta Política, toda vez que se
desconocieron escuetamente dichas normativas que era procedente aplicar, pues,
como bien lo ordena la norma, es la Autoridad Municipal la competente para
determinar las necesidades de nuevos servicios de movilización, mediante el
estudio técnico, que debe ser realizado y controlado por dicha Autoridad Municipal
mas no a través de una solicitud elevada por una empresa hipotética como
es el caso que nos ocupa, donde se evidencia un favorecimiento a la persona
jurídica peticionaria por parte de la Autoridad Municipal de Puerto Asís, mediante
la Habilitación y adjudicación de doce (12) rutas como premio mayor más
capacidad transportadora en varias clases de vehículos, sin establecer las
frecuencias u horarios de despacho […]”.
16. Concluyó que: “[…] En el Estudio Técnico presentado por la peticionaria
para determinar la demanda de movilización en el Municipio de Puerto Asís, que
comprende 36 hojas se indica en las páginas 27 a la 30 "Cálculo de la demanda"
de tan sólo cinco (5) rutas, con unas cifras poblacionales y unos índices que
carecen de los soportes técnicos, por tal razón no ofrecen credibilidad alguna […]”.
Contestación de la demanda
17. El curador ad litem de la empresa AMAZONICA DE TRASPORTES
LIMITADA - EMPTRANSAMAZONICA LTDA.12 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas así13:
18. Adujo que: “[…] B. POSICIÓN FRENTE A LAS DECLARACIONES y
PRETENSIONES: En mi calidad de curador ad – litem de la AMAZONICA DE
TRASPORTES LIMITADA - EMPTRANSAMAZONICA LTDA. Me opongo a las
12 Por intermedio de apoderado
13 Cfr. folios 176 a 177 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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declaraciones que a través de apoderado judicial pretende el Municipio de Puerto.
Igualmente me opongo a la totalidad de las pretensiones planteadas […]”.
19. Manifestó que: “[…] C. POSICIÓN FRENTE A LAS DISPOSICIONES
QUEBRANTADAS: Considero que es materia que deberá probarse en el curso del
proceso. D. POSICIÓN FRENTE A LAS PRUEBAS. Considero que las pruebas
son definitivamente el mejor elemento para hacer valederas las pretensiones de
la parte actora. Me atengo, por lo tanto, a lo que resulte probado en el proceso.
Por hallarse debidamente otorgados Los documentos anexos al libelo, son
aceptables mientras no se demuestre lo contrario. Expreso igualmente, que por
desconocer \os hechos, no me es posible proponer excepciones ni solicitar
pruebas. No obstante, de ser factible propongo la EXCEPCIÓN INNOMINADA.
Por lo tanto, téngase en cuenta cualquier excepción que llegue a ser demostrada
en el curso del proceso y que sirva para enervar las peticiones de la parte aclara.
E. POSICIÓN FRENTE A LAS NORMAS: Frente a las normas legales y de
procedimiento, no hay ningún reparo, sea su autoridad quien determine las
aplicables al presente caso. Finalmente, en mi calidad de auxiliar de la justicia,
manifiesto que estaré atento al desarrollo y trámite del presente proceso, en
guarda y defensa de los intereses de la EMPRESA AMAZÓNICA DE
TRANSPORTES "EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA., a quien represento. […]”.
Concepto del Ministerio Público
20. El Ministerio Público manifestó: “[…] Requisito común en las dos
reglamentaciones a efectos de. conceder la habilitación y la adjudicación de rutas,
es la constitución y existencia de la empresa que la solicita previamente a la
solicitud, registro que no fue cumplido por la empresa beneficiada con los actos,
pues resulta cierto como se evidencia en el certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara de Comercio del Putumayo (folio 101 y
102) que aquella fue inscrita en el registro correspondiente el 20 de diciembre de
2007 cuando comienza a existir para efectos de adquirir derechos y cumplir con
sus obligaciones […] existe incumplimiento de los requisitos para conceder la
habilitación y las rutas de transporte y por consiguiente no procedía la expedición
de los actos […]”.
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21. Adujo que: “[…] La facultad para prestar el servicio público terrestre
automotor de pasajeros y/o mixto se reconoce a las personas jurídicas
debidamente constituidas y dentro de los documentos que se debían aportar a la
solicitud tendiente a obtener la licencia de funcionamiento se encontraba el
certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación
máxima de treinta (30) días hábiles en el que se determine el objeto social y como
se deduce de la prueba aducida a folio 101 y 102 del plenario la empresa
solicitante comenzó a existir a partir del 20 de diciembre de 2007, un día después
de otorgar la habilitación para operar en las rutas adjudicadas el 24 de diciembre,
existencia que para todos los efectos legales se determina a partir de la inscripción
en correspondiente registro que da fe de su existencia y representación, momento
a partir del cual surge el principio de oponibilidad de tal acto. Es decir a la fecha
en que se habilitó a la empresa de transporte favorecida con los actos
administrativos, ella no se encontraba facultada para la prestación del servicio
porque no existía […]”.
22. Señaló que: “[…] eI MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS (Putumayo) adoptó las
decisiones contenidas en los actos acusados de ilegalidad tomando como base el
decreto 170 de 2001, descuidando que la solicitud se encaminó también obtener
habilitación para prestar servicio público de transporte mixto (personas y cosas)
situaciones fácticas que implicaban el estudio de cumplimiento de requisitos para
una y otra modalidad de transporte, restringiendo el estudio a la reglamentación
del transporte de pasajeros […]”.
23. Precisó que: “[…] Esta norma en forma clara reglamenta la prestación del
servicio de transporte, la que se sometía al otorgamiento de un permiso o la
celebración de un contrato de concesión u operación suscrito por la autoridad
competente como resultado de un proceso licitatorio ceñido a la forma
determinada en el (Arts. 24 a 31) y de los medios de prueba documentales
allegados al proceso no se encuentra que dicho procedimiento se hubiera agotado
en debida forma y del cual hubiera resultado favorecida la EMPRESA
AMAZONICA DE TRASPORTES LIMITADA - EMPTRANSAMAZONICA LTDA,
por tanto resulta palmaria la violación de las normas que se invocaron como
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sustento de derecho de los actos administrativos que habilitaron la prestación del
servicio y adjudicaron unas rutas de operación […]”.
24. Concluyó que: “[…] partiendo de las argumentaciones expuestas esta
Agencia Ministerial considera que se encuentra desvirtuada la presunción de
legalidad que ampara a los actos administrativos y en consecuencia al
configurarse las causales de nulidad contenidas en el Art. 84 del C.C.A. referidas
a la infracción de normas en las que debieron fundarse y con falsa motivación
deberán acogerse las pretensiones de la parte actora […]”.
Sentencia objeto de consulta14
25. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema
Escritural, mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2014, resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 1254 de 19 de
diciembre de 2007 y 1274 del 24 del mismo mes y año, expedidas por el Alcalde
Municipal de Puerto Asís (P), por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS (P) para que pague los
gastos de curaduría fijados en auto de 18 de abril de 2012 o, en caso de haber
efectuado el pago, aporte comprobante del mismo.
TERCERO.- FIJAR como honorarios del señor JOSÉ GERMÁN ÁLAVA APRÁEZ
• Curador Ad Litem- el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales diarios
vigentes, los cuales deberán ser cancelados por el MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
(P), en los términos del artículo 388 del C.P.C.
CUARTO.- En caso de no apelarse la presente providencia, remítase al H. Consejo
de Estado para surtirse el grado de consulta, toda vez que la EMPRESA
AMAZÓNICA DE TRANSPORTES -EMPTRANSAMAZÓNICA- LTDA. fue
representada por curador ad litem y la presente decisión fue adversa a sus
intereses.
QUINTO.- Sin lugar a la condena en costas, por la naturaleza de la acción […]”.
Consideraciones expuestas en la sentencia proferida en primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Nariño consideró que: “[…] Como cuestión
previa la Sala considera necesario poner de presente que la Resolución No. 1274
14 Cfr. folios 203 a 291 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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de 24 de diciembre de 2007, ya no se encuentra vigente, toda vez que, el numeral
primero de la parte resolutiva del referido acto se dispuso: "Adjudicar por el
término máximo de cinco (5) años a la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA."
las siguientes rutas para prestar el servicio en la Modalidad del Servicio Público
de Transporte Automotor Colectivo Municipal (…)" (subrayado y negrillas fuera
del texto); es decir, los efectos de la resolución se extendieron hasta el mes de
diciembre de 2012, por tanto a la fecha genera consecuencia alguna. No obstante,
en casos similares, el H. Consejo de Estado ha entendido que la no vigencia de
un determinado acto administrativo no impide el control de legalidad del mismo,
bajo el entendido que en el tiempo de su vigencia produjo efectos que pueden
generar algún tipo de afectación al Estado o a terceros […]”.
27. Adujo que: “[…] En relación con la Resolución No. 1254 de 19 de diciembre
de 2007, por medio de la cual se habilitó a EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. para
la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de
pasajeros en el radio de acción municipal de Puerto Asís (P), la Sala observa que
la misma se encuentra viciada de nulidad porque la empresa en mención no
satisfizo la totalidad de requisitos que el Decreto 170 de 2001 exige, para obtener
la habilitación para la prestación del referido servicio. El numeral 2 del artículo 15
del Decreto 170 de 2001 exige, como anexo de la petición, el certificado de
existencia y representación de la persona jurídica que solicita la habilitación. En
el sub examine es claro que EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. no aportó dicho
documento con su solicitud de habilitación porque el registro en la Cámara de
Comercio de Putumayo se realizó el día 20 de diciembre de 2007 y la resolución
de habilitación se expidió un día antes. Lo anterior, a pesar que en el acto acusado
se asegura que el certificado de existencia y representación de la pluricitada
empresa fue allegado […]”.
28. Manifestó que: “[…] Aunado a lo anterior, la Sala recuerda que la
inscripción de una persona jurídica en el registro mercantil permite que la misma
adquiera capacidad jurídica para ser titular de derechos y obligarse, a través de
su representante legal; antes de ello, los actos que desarrolle el representante
legal solo lo podrían obligar a título personal y no como figura representativa de
un ente jurídico. Por tanto, todas las certificaciones y documentos anexos a la
solicitud de habilitación de EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA., que la señora NORA
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GLADIS MERA DE MONTEALEGRE suscribió como su representante legal
carecían de validez para el trámite administrativo que se adelantó; en ese sentido,
se puede asegurar que la empresa peticionaria no cumplió con ninguno de los
requisitos que el Decreto 170 de 2001 exige para obtener la habilitación de
prestación del servicio público de transporte de pasajeros […]”.
29. Señaló que: “[…] la falta del certificado de existencia y representación legal
también implica el incumplimiento del numeral 12 del artículo 15 del Decreto 170
de 2001, toda vez que el documento en mención es el único que puede certificar
el monto de capital autorizado, suscrito y pagado de una persona jurídica. En esas
condiciones, la administración municipal no podía conocer si el capital pagado de
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. era o no inferior a los 300 smlmv que exige la
norma. Con base en lo expuesto, la Sala declarará la nulidad de la Resolución
No. 1254 de 19 de diciembre de 2007, dado que la misma adolece de una falsa
motivación […]”.
30. Sostuvo que: “[…] como se expuso en acápites anteriores, según lo dispone
el Decreto 170 de 2001, para la adjudicación de rutas y frecuencias es necesario
que (i) la administración municipal adelante o contrate estudios técnicos para
determinar las necesidades insatisfechas de movilización dentro de su jurisdicción
y, con base en ellos, (ii) dé apertura a un proceso de licitación para la adjudicación
de las rutas y frecuencias que requiera el ente territorial. Al examinar el acervo
probatorio se puede apreciar que en el sub iudice no se cumplió con ninguna de
las condiciones en mención, contrario sensu, fue EMPTRANSAMAZÓNICA
LTDA. quien adelantó un aparente estudio de necesidades de movilidad en el
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS (P) y la adjudicación de rutas se hizo de forma
directa y sin adelantar proceso concursal alguno. Además, al revisar el estudio de
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. se aprecia que el mismo se centra en cinco rutas
y la administración le adjudica doce, lo que permite concluir que el estudio
aportado por la empresa no podía servir de soporte para la adjudicación que
otorgó el ente territorial. Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de la
Resolución No. 1274 de 24 de diciembre de 2007 […]”.
31. Precisó que: “[…] teniendo en cuenta las labores adelantadas por el
Curador Ad Litem dentro del asunto de la referencia, la Sala fija en diez (10)
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salarios mínimos legales diarios vigentes los honorarios de la persona que
defendió los intereses de EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA, en este proceso, los
cuales deberán ser cancelados por la parte demandante. Asimismo, la Sala
requerirá a la entidad demandante para que cancele los gastos de curaduría
fijados por esta Corporación, en caso de haberlos pagado, deberá aportar el
comprobante que así lo demuestre […]”.
Actuación en segunda instancia
32. En consideración a que la sentencia de primera instancia no fue apelada
oportunamente por las partes, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió el
expediente al Consejo de Estado con el fin de que dicha providencia se sometiera
al grado jurisdiccional de consulta.
33. El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante auto proferido el 24 de agosto de 2016, surtió traslado por el término de
cinco (5) días a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera su concepto.
El grado jurisdiccional de consulta
34. La consulta es un grado jurisdiccional en virtud del cual el superior
jerárquico del juez que ha proferido una sentencia revisa su decisión sin que medie
petición de parte, con el fin de corregir o enmendar los errores que impidan un
juzgamiento acorde con el ordenamiento y las circunstancias del caso. Siguiendo
esta lógica, el superior debe propender por la revisión integral del fallo de primer
grado15. En relación con esta institución, el Consejo de Estado ha destacado lo
siguiente:
“[…] La providencia sujeta a consulta no queda ejecutoriada mientras ésta no
se surta, y siempre se entenderá interpuesta a favor de las entidades públicas
o de la persona representada por curador ad litem condenadas en primera
instancia; es decir, que el juez que conoce en grado de consulta un asunto
concreto, tiene competencia para revisar sin restricción alguna lo que
resulte desfavorable de la sentencia a la entidad pública o al
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia de 6 de julio de 2017. Radicación: 41001-23-31-000-2003-00848-00 (40792). M.P. Stella
Conto Díaz del Castillo. Actor: Ministerio De Defensa - Ejército Nacional.
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representado por curador ad litem, pero en ningún caso podrá hacerla
más gravosa para éstos16. […]” (la negrita no es original).
35. En consecuencia, dado que la sentencia consultada fue favorable a la parte
demandante y no fue apelada, se procederá a resolver todo lo que resulte
desfavorable.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
36. Visto el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 57 de la Ley 446 de 7 de julio de 199817, prevé la procedencia del grado
jurisdiccional de consulta para aquellas sentencias dictadas en primera instancia
que impongan una condena en concreto a cargo de cualquier entidad pública, cuya
cuantía exceda trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan
sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador
ad litem.
37. Visto el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918 sobre la
distribución de los procesos entre las Secciones de esta Corporación, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.
38. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) el análisis del caso
concreto y valoración las pruebas allegadas al proceso; y iv) conclusión.
39. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de
consulta.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia de 5 de diciembre de 2006. Radicación: 68001-23-15-000-1995-07830-01 (22920).
M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Actor: Icein Ltda. y Grandicon S.A.
17
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991,
se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y
del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo
y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
18 “[…] Por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado […]”.
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Actos administrativos acusados
40. Los actos administrativos acusados19 son los siguientes:
41. La Resolución núm. 1254 de 19 de diciembre de 200720, expedida por el
alcalde del Municipio de Puerto Asís – Putumayo, en su parte considerativa y
resolutiva señaló:
“[…] CONSIDERANDO:
Que la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA, empresa legalmente constituida
inscrita en la Cámara de Comercio del Putumayo en el mes de Diciembre de 2007,
con domicilio principal en el Municipio de Puerto Asís, según consta en el Certificado
de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio del
Putumayo, presentó ante el Despacho Municipal, solicitud de habilitación para la
prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.
Que el Código de Tránsito Terrestre "Ley 769 de 2002" artículo 3, establece que
son Autoridades de tránsito en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte,
Los Gobernadores y Alcaldes, los organismos de Tránsito de carácter
Departamental, Municipal o Distrital, Policía Nacional en sus cuerpos especializado
de policía de tránsito urbana y policía de carreteras,… "
Que el artículo 15 del Decreto 170 de 2001 Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, establece los
requisitos esenciales que una empresa debe cumplir para obtener habilitación en la
modalidad del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros
Metropolitano, Distrital y Municipal, entre ellos:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el
representante legal.
2. Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación
máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su objeto
social desarrolla la industria del transporte.
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la
preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo,
profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa.
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los
contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la empresa.
De los vehículos propios, se indicará este hecho.
19 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
20 “[…] POR LA CUAL SE HABILITA UNA EMPRESA EN LA MODALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECGTIVO DE PASAJEROS EN EL RADIO DE ACCIÓN
MUNICIPAL […]”.
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6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o terceros, con el cual
prestará el servicio, con indicación del nombre y el número de cédula del
propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás
especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes.
7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa.
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa
y del fondo de reposición del parque automotor con que contará la empresa.
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia de programas
de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los
equipos con los cuales prestará el servicio.
10. Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años con sus
respectivas notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.
11. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación correspondiente
a los dos (2) últimos años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si
por ley se encuentra obligada a cumplirla.
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al valor
resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número
de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxima para cada uno de ellos,
el cual no será inferior a trescientos (300) smmlv según la siguiente tabla: 13. Copia
de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual
exigidas en el presente decreto.
14. Duplicado a carbón de la consignación a favor de la autoridad de transporte
competente por el pago de los derechos que se causen debidamente registrados
por la entidad recaudadora.
Que la empresa "EMPTRANSAMAZONICA LTDA", allego anexo a su solicitud de
habilitación el domicilio principal los requisitos señalados en el precitado artículo 15
del Decreto 170 de 2001.
Que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo tanto se
debe velar y propender por la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Que según el artículo 10 del Decreto 170 de 2001 por medio del cual se Reglamenta
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,
Distrital y Municipal de Pasajeros, el Alcalde Municipal es la primera Autoridad de
transporte competente en su jurisdicción
[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Habilitar la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA
sociedad legalmente constituida según certificado expedido por la Cámara de
Comercio del Putumayo, como Empresa de Transporte Terrestre Automotor
Colectivo de Pasajeros en el radio de acción Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al Representante
Legal de la EMPTRANSAMAZONICA LTDA en la oficina principal ubicada en la
calle principal del Municipio de Puerto Asís, representante Legal señora NORA
MERA DE MONTEALEGRE.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición que podrá ser interpuesto ante el Despacho del Alcalde Municipal
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de este acto según
lo dispuesto en el C.C.A.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición
y quedará en firme conforme a lo dispuesto en el C.C.A […]”.
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42. La Resolución núm. 1274 de 24 de diciembre de 2007 "[...] Por la cual se
adjudican unas rutas en la modalidad del servicio público de transporte terrestre
automotor colectivo municipal de pasajeros [...]", expedido por el alcalde del
Municipio de Puerto Asís, señala:
“[…] CONSIDERANDO:
Que el Código de Tránsito Terrestre "Ley 769 de 2002" artículo 3, establece que son
Autoridades de tránsito en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, los
Gobernadores y Alcaldes, los organismos de transito de carácter Departamental,
Municipal o Distrital, Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de
tránsito urbana y policía de carreteras.
Que el artículo 6 del Decreto 170 del 5 de Febrero de 2001 "Por medio del cual se
Reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros, establece que el Servicio Público
de transporte automotor colectivo de pasajeros es aquél que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada es ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y
cada una de las persona que han de utilizar el vehículo de servicio público a ésta
vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas.
Que el articulo 8 literal d del Decreto 170 de 2001, establece que la actividad
transportadora según el radio de acción esta se clasifica en Metropolitano, Distrital y
Municipal, para lo cual define que a éste último como aquel que se presta dentro de
una jurisdicción de un distrito o municipio, comprendiendo el área urbana, suburbana
y rural y los distritos indígenas de la respectiva jurisdicción.
Que la sociedad EMPTRANSAMAZONICA LTDA, es una empresa comercial
legalmente constituida según el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedida por la Cámara de Comercio del Putumayo, cuenta con la respectiva
habilitación como Empresa de Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de
Pasajeros del radio de acción municipal, según acto administrativo expedido por la
Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
Que la empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA, presentó propuesta de operación,
la cual cumple con lo establecido en el Decreto 170 de 2001.
Que la Alcaldía, una vez analizada la propuesta presentada por la empresa
EMPTRANSAMAZONICA LTDA, concluye que presentó Y cumplió con los requisitos
establecidos y por tanto se le serán adjudicadas las rutas en mención.
Que la Alcaldía adjudicara el servicio por un término no superior a cinco (5) años, En
el término Autorizado, la Alcaldía evaluara la prestación de servicio de conformidad
con lo establecido en Decreto 170 de 2001 y decidirá si la Empresa continúa o no con
la prestación del servicio Autorizado.
Que las rutas a adjudicar son las siguientes: RUTA 1: PTO. ASIS - SANTANA y
VICEVERSA; RUTA 2: PTO. ASIS - PTO. GALLO Y VICEVERSA; RUTA 3: PTO.
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ASIS -YARINAL Y VICEVERSA; RUTA 4: PTO. ASIS-CARIBE y VICEVERSA; RUTA
5: PTO. ASIS · BRETAÑA Y VICEVERSA. RUTA 6: PTO. ASIS ·- UNION COCAYA
y VICEVERSA. RUTA 7: PTO. ASIS • SANTA LUCIA Y VICEVERSA. RUTA 8: PTO.
ASIS - SANTA ELENA Y VICEVERSA; RUTA 9: PTO. ASIS - PLANADAS Y
VICEVERSA; RUTA 10: PTO. ASIS -El ESPINAL Y VICEVERSA; RUTA 11: PTO.
ASIS - EL AGUILA Y VICEVERSA; RUTA 12: PTO. ASIS - EL TETEYE Y
VICEVERSA
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO PARA LAS DOCE (12) RUTAS
1 Frecuencia: Diaria
Clase de Vehículo: Bus, Busetas, Microbus, Campero y/o camioneta.
Modalidad: Colectivo Municipal.
Que según el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, los Alcaldes podrán autorizar
servicios dentro del territorio de su jurisdicción, y en cumplimiento del mismo, este
despacho,
Que el artículo 20 de la Ley 336 de 1996, señala que las autoridades competentes
de transporte podrá expedir permisos especiales y transitorios para superar
situaciones de alteración del servicio público, que afecten su prestación o para
satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de transporte.
Que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo tanto se debe
velar y propender por la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Que según el artículo 10 del Decreto 170 de 2001 por medio del cual se Reglamenta
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,
Distrital y Municipal de Pasajeros, el Alcalde Municipal es la primera Autoridad de
transporte competente en su jurisdicción
Que por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo Municipal del Municipio de
Puerto Asís
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar por el término máximo de cinco (5) años a la
empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA" las siguientes rutas para prestar el
servicio en la Modalidad del Servicio Público de Transporte Automotor Colectivo
Municipal: RUTA 1: PTO. ASIS, SANTANA y VICEVERSA; RUTA 2: PTO. ASIS -
PTO. GALLO Y VICEVERSA; RUTA 3: PTO. ASIS - YARINAL Y VICEVERSA; RUTA
4: PTO. ASIS- CARIBE Y VICEVERSA; RUTA 5: PTO. ASIS - BRETAÑA Y
VICEVERSA. RUTA 6: PTO. ASIS - UNION COCA YA Y VICEVERSA. RUTA 7: PTO.
ASIS - SANTA LUCIA Y VICEVERSA. RUTA 8: PTO. ASIS-SANTA ELENA y
VICEVERSA; RUTA 9: PTO. ASIS - PLANADAS Y VICEVERSA; RUTA 10: PTO.
ASIS - EL ESPINAL Y VICEVERSA; RUTA 11: PTO. ASIS - El AGUILA Y
VICEVERSA; RUTA 12: PTO. ASIS-El TETEYE Y VICEVERSA.
PARAGRAFO PRIMERO: La mencionada empresa deberá prestar bajo las
siguientes características: Frecuencia: Diaria; Clase de vehículo: Bus, Buseta,
Microbús, campero y camioneta. Modalidad: Colectivo Municipal de Pasajeros.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La prestación por parte de la empresa, deberá ser bajo
la condición de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los más altos
estándares de calidad y seguridad para los pasajeros.
PARAGRAFO TERCERO: la mencionada empresa no podrá prestar el servicio en
Rutas diferentes a las autorizadas en el presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar a la empresa "EMPTRANSAMAZONICA LTDA" la
capacidad transportadora para servir las rutas autorizadas en el artículo anterior,
dentro de los siguientes límites:
CAPACIDAD TRANSPORTADORA:
CLASE DE CAPACIDAD MÍNIMA
VEHÍCULO CAPACIDAD
MÁXIMA
BUS, BUSETA, 16 32
MICROBUS, CAMPERO
Y CAMIONETA
ARTÍCULO TERCERO: La empresa "EMPTRANSAMAZONICA LTDA” de
conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, estará en la
obligación como requisito esencial para la prestación del servicio en las rutas
autorizadas, en adquirir las Pólizas de Seguros que ampare los riesgos inherentes a
la actividad transportadora […]
ARTÍCULO CUARTO: Corresponde a las Autoridades de Transporte y Tránsito
ejercer la inspección, vigilancia y control en la prestación del servicio por parte de la
empresa EMPTRANSAMAZONICA LTDA" y velar por el cumplimiento del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación […]”.
El problema jurídico
43. El problema jurídico que debe resolver la Sala, en el caso sub examine,
consiste en determinar si, como lo consideró el Tribunal Administrativo de Nariño,
i) procede la declaratoria de nulidad por falta motivación de la Resolución núm.
1254 de 2007, dado que no cumplía los requisitos previstos en los numeral 2.° y
12.° del artículo 15 del Decretos núm. 170 de 2001 para obtener la habilitación y,
ii) si la Resolución núm. 1274 de 24 de diciembre de 2007, está viciada de nulidad,
por cuanto la administración no contrató estudios técnicos y no dio apertura a un
proceso concursal de licitación pública para adjudicar las rutas y frecuencias.
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44. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, en primera
instancia.
45. Para lo anterior la Sala desarrollará los siguientes aspectos: i) marco
normativo de la prestación del servicio público de transporte y de la habilitación y,
ii) análisis del caso concreto.
Marco normativo de la prestación del servicio público de transporte y de la
habilitación
46. La Ley 336 “[…] Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte
[…]”, establece las disposiciones generales para todos los modos de transporte,
así:
“[…] TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales para los modos de transporte
[…] CAPÍTULO TERCERO
Creación y funcionamiento de las empresas de transporte público
Artículo 9.-El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance
nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente
constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente
habilitadas por la autoridad de transporte competente.
[…] Artículo 11.-Las empresas interesadas en prestar el servicio público de
transporte o constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener habilitación para
operar.
La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por la autoridad
competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de
transporte.
El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la habilitación,
en materia de organización y capacidad económica y técnica, igualmente, señalará
los requisitos que deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros
debidamente certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y
pagado, y patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los
socios, propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de
transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio.
[…] Artículo 16.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3º, numeral 7º
de la Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios
de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará
sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un
contrato de concesión u operación, según que se trate de rutas, horarios o
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frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios especiales de transporte,
tales como: escolar, de asalariados, de turismo y ocasional […]”.
47. Visto el artículo 16 de la Ley 336, las empresas que deseen prestar el
servicio público de transporte, para poder operar requieren estar habilitadas, es
decir, obtener la autorización general para la prestación del servicio público de
transporte para una modalidad de transporte específico, adicionalmente deberán
obtener el permiso para operar. Por lo anterior la habilitación es una figura
independiente del permiso para operar.
48. Visto el artículo 11 de la Ley 336, la habilitación, para efectos de la Ley, es
la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte
para la prestación del servicio público de transporte. El Gobierno Nacional fijará
las condiciones para el otorgamiento de la habilitación.
49. Visto el Decreto 175 de 5 de febrero de 2001, “[…] por el cual se reglamenta
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto […]”, expedido por el
Presidente de la República, define el servicio público de transporte terrestre
automotor mixto:
“[…] Artículo 6. Servicio público de transporte terrestre automotor mixto. Es aquel
que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y debidamente habilitada, a través de un contrato celebrado entre la
empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio
público a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga,
en un recorrido legalmente autorizado o registrado […].
50. Visto el artículo 6 del Decreto núm. 4190 de 29 de octubre de 200721,
expedido por el Presidente de la República, sobre el procedimiento para otorgar
el permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
mixto, establece que el permiso para la prestación del servicio se efectuará
mediante concurso en el que se garantice la libre concurrencia y está condicionado
a la obtención de la habilitación por parte de la empresa:
“[…] Artículo 6°. Concurso. El permiso para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto tanto de carácter metropolitano, distrital o
municipal como regional, en zonas de operación, se efectuará mediante concurso
21 “[…] por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto […]". Normativa aplicable en este caso concreto, teniendo en cuenta que
la actuación administrativa inició durante su vigencia.
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en el que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada, con arreglo a lo
dispuesto en esta disposición.
El permiso otorgado es revocable e intransferible, obliga a su beneficiario a cumplir
las condiciones establecidas en el acto que lo concedió y está condicionado a la
obtención de la habilitación por parte de la empresa en esta modalidad de servicio
en los términos establecidos en el Decreto 175 de 2001.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de empresas nuevas para esta modalidad de
servicio, primero deben concursar y obtener la adjudicación del servicio y
posteriormente habilitarse.
Parágrafo 2°. Las empresas que obtuvieron habilitación por primera vez en vigencia
del Decreto 175 de 2001, la mantendrán siempre y cuando adquieran el permiso de
operación, acorde con lo dispuesto para tales efectos en el presente decreto. En el
evento que no sean autorizados los servicios la habilitación cesará inmediatamente
[…]”.
51. Vistos los artículos 9 a 11 del Decreto núm. 4190 de 29 de octubre de
200722, expedido por el Presidente de la República, establece que para el
otorgamiento del permiso para la prestación del servicio mixto la autoridad
determinará las necesidades y demanda insatisfecha de movilización, se dará
apertura del concurso público mediante acto administrativo, se evaluarán las
propuestas y se adjudicarán los servicios:
“[…] Artículo 9°. Procedimiento. Para el otorgamiento del permiso de prestación
del servicio mixto en las zonas de operación, se atenderá el siguiente procedimiento:
1. Determinación por parte de la autoridad competente de las necesidades y
demanda insatisfecha de movilización.
2. Apertura del concurso público mediante acto administrativo debidamente
motivado.
3. Evaluación de las propuestas
4. Adjudicación de servicios
Artículo 10. Determinación de las necesidades y demanda insatisfecha de
movilización. Le corresponde a la autoridad de transporte competente determinar
las necesidades y demanda insatisfecha de movilización de oficio o a petición de
parte y desarrollar las medidas conducentes a su satisfacción.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte establecerá la metodología para determinar
las necesidades y demanda insatisfecha de movilización.
Artículo 11. Apertura del concurso público. Determinadas las necesidades y
demanda insatisfecha de movilización, la autoridad competente ordenará iniciar el
22 “[…] por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto […]". Normativa aplicable en este caso concreto, teniendo en cuenta que
la actuación administrativa inició durante su vigencia.
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concurso público, el cual deberá estar precedido de los términos de referencia
correspondientes.
Los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto del
concurso, fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deben llenar los
proponentes, plazo del concurso, zona(s) de operación, clase y número de
vehículos, condiciones de la póliza de seriedad de la propuesta, reglas y criterios
para la evaluación de las propuestas y el otorgamiento del permiso, la determinación
y ponderación de los factores objetivos de selección, término para comenzar a
prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de los
adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se
consideren necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la apertura del concurso, se
publicará el aviso del mismo por una sola vez, el día martes, en un diario de amplia
circulación en la zona de operación que se pretende adjudicar.
Simultáneamente el aviso del concurso se publicará en la página Web que para el
efecto disponga la autoridad correspondiente. Adicionalmente para las zonas de
operación regional se publicará el aviso en las Direcciones Territoriales del
Ministerio de Transporte que hacen parte de la zona, y para las zonas de operación
de carácter metropolitano, distrital o municipal en las alcaldías de los municipios
involucrados.
Las empresas podrán presentar sus propuestas dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la publicación del aviso en el diario de amplia circulación […]”.
52. Visto el artículo 13 del Decreto núm. 4190 de 29 de octubre de 200723,
expedido por el Presidente de la República, señala los factores que se tendrán en
cuenta para la evaluación de las propuestas, así:
“[…] Artículo 13. Evaluación de propuestas. La evaluación de las propuestas se
hará teniendo en cuenta los siguientes factores:
A. Edad promedio del parque automotor ofrecido
La edad promedio del parque automotor ofrecido deberá ser menor o igual que la
edad base (EB) máxima que en cada caso se determine en los términos de
referencia.
Para determinar el cumplimiento de este requisito se tendrá en cuenta el promedio
ponderado por clase de vehículo de la edad de los equipos ofrecidos por el
proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:
EPPO N1* E1)+(N2*E2)+ ... (Nn*En)
(N1+N2+ … Nn)
Donde:
23 “[…] por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto […]". Normativa aplicable en este caso concreto, teniendo en cuenta que
la actuación administrativa inició durante su vigencia.
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EPPO= Edad promedio ponderada del parque automotor ofrecido
Nn= Número de vehículos de edad En.
En= Edad del grupo Nn de vehículos ofrecidos. Resultado de restar del Año base
en el que se realiza el concurso el año modelo del vehículo.
Para calificar este factor se les otorgará el puntaje de acuerdo con la siguiente
tabla:
Edad promedio ponderada del parque puntos a asignar
automotor ofrecido (Eppo)
Entre 0% y 25% de EB 100
Entre 25.01% y 50% de EB 75
Entre 50.01% y 75% de EB 50
Entre 75.01 % y 100% de EB 25
Mayor a EB No se estima la propuesta
Parágrafo. La edad base máxima de los vehículos no podrá ser superior a veinte
(20) años, excepto los camperos y buses escaleras de acuerdo con lo previsto en
la Ley 276 de 1996.
B. Participación del parque automotor registrado en el servicio público mixto
El proponente que garantice la vinculación de vehículos que vienen prestando el
servicio público de transporte terrestre automotor mixto, se calificará de la
siguiente manera:
Participación del parque automotor puntos a asignar
Registrado en el Servicio Mixto
Mayor al 80% del PATO 100
Entre 60.01% y 80% del PATO 80
Entre 40.01% y el 60% del PATO 60
Entre 20.01% y el 40% del PATO 40
Menor o igual al 20% del PATO 20
Donde:
PATO = Parque automotor total ofrecido
C. Seguridad
Este factor se evaluará teniendo en cuenta para ello el número de accidentes con
muertos ocurridos durante el año inmediatamente anterior contado a partir de la
fecha de apertura del concurso, de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de accidentes con muertos durante el ultimo puntos a asignar
año
0 100
1 0
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0
Más de 0
Las empresas nuevas en la modalidad mixto se calificarán con cien (100) puntos.
D. Experiencia en la modalidad de servicio público de transporte terrestre
automotor mixto
La experiencia se acreditará a través del acto Administrativo que le otorgó
habilitación para esta modalidad y los puntos a asignar se harán conforme a la
siguiente tabla:
Experiencia puntos a asignar
Más de 10 años 100
Más de 5 a 10 años 80
Más de 2 a 5 años 60
Más de 1 a 2 años 40
De cero (0) a un (1) año 20
E. Experiencia en la zona de operación
La experiencia acreditada en este literal debe corresponder a la prestación de
servicios de transporte mixto dentro de la zona de operación a adjudicar, quien la
acredite se le asignarán cien (100) puntos.
Las empresas nuevas que tengan domicilio principal dentro de la zona de operación
a adjudicar se le asignará cincuenta (50) puntos.
Las empresas nuevas con domicilio principal fuera de la zona de operación a
adjudicar y los proponentes que no hayan prestado servicio público de transporte
mixto en la zona de operación se calificarán con cero (0) puntos.
La experiencia relacionada de que trata el inciso primero de este literal será
acreditada con las autorizaciones otorgadas en aplicación del Decreto 175 de 2001
y las demás normas que han regido esta modalidad de servicio.
F. Programas para la selección, evaluación y capacitación de conductores
Este factor se acreditará mediante certificaciones donde se demuestre que:
1. La empresa proponente aplicará para la selección de conductores el manual de
perfiles y requisitos, que para el efecto establezca, incluyendo criterios de
calificación de idoneidad y exámenes psicotécnicos: 30 puntos.
2. La empresa proponente aplicará un sistema de control y seguimiento a las
condiciones psicotécnicas y de salud ocupacional del personal de conductores: 30
puntos.
3. La empresa proponente capacitará, dentro del año calendario siguiente al
concurso, al personal de conductores con una intensidad mínima de 40 horas: 40
puntos.
Quien no acredite los anteriores requisitos se asignarán cero (o) puntos para cada
uno de los numerales de este literal.
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G. Naturaleza de la empresa
Este factor se califica así:
• Empresas asociativas del sector solidario o cooperativas de transporte terrestre
automotor: 10 puntos.
• Otro tipo de sociedad: 0 puntos. […]”.
53. Visto el artículo 14 del Decreto núm. 4190 de 29 de octubre de 200724,
expedido por el Presidente de la República, dispone la ponderación de la
calificación con los siguientes puntajes:
“[…] Artículo 14. Adjudicación del servicio. La adjudicación de la zona de operación
para la prestación del servicio mixto se hará a la empresa que mayor puntaje
obtenga al sumar los resultados de cada uno de los factores evaluados, ponderados
de conformidad con el porcentaje de participación de la siguiente tabla:
Factores Porcentaje
participación
a. edad promedio Del parque automotor ofrecido 10
b. participación Del parque automotor registrado en el servicio
público mixto
c. seguridad 10
D. experiencia en la modalidad De servicio público De 1
transporte terrestre automotor mixto
e. experiencia en la zona De operación 0
f. programas para la selección, evaluación y capacitación De 10
conductores
g. naturaleza De la empresa 10
Sumatoria 100
En caso de que dos o más empresas obtengan igual número de puntos, se le
adjudicará a aquella que tenga el mayor puntaje en el factor de experiencia en la
zona de operación. De persistir el empate, se definirá a favor de la de mayor puntaje
por la participación del parque automotor registrado en el servicio público mixto del
parque ofrecido.
El acto de adjudicación se realizará en audiencia pública y la decisión se notificará
por estrados.
Parágrafo. Contra el acto administrativo que otorga el permiso de operación,
proceden los recursos de la vía gubernativa de conformidad con el Decreto 01 de
1984 […]”.
24 “[…] por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto […]". Normativa aplicable en este caso concreto, teniendo en cuenta que
la actuación administrativa inició durante su vigencia.
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54. Visto el artículo 11 del Decreto núm. 175 de 2001, expedido por el
Presidente de la República, “[…] Las empresas legalmente constituidas,
interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Mixto
deberán solicitar y obtener habilitación para operar. La habilitación concedida
autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad
solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una
modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva
modalidad los requisitos de habilitación exigidos […]”.
55. Visto el artículo 12 del Decreto núm. 175 de 2001, expedido por el
Presidente de la República, sobre las empresas nuevas, dispone que ninguna
podrá entrar a operar hasta que se le otorgue la respectiva habilitación:
“[…] Artículo 12. Empresas nuevas. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar
hasta tanto la autoridad competente le otorgue la habilitación correspondiente y le
asigne o registre los recorridos y frecuencias a servir.
Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio
sin autorización, tanto la habilitación como los servicios se negarán y la empresa
solicitante no podrá presentar nueva solicitud antes de doce (12) meses […]”.
56. Visto el artículo 19 de la Ley 336 de 20 de diciembre de 199625, señala que
“[…] ARTÍCULO 19. Cuando la autoridad decida intervenir en un servicio de
transporte de conformidad con la ley, para otorgar el permiso correspondiente,
deberá hacerlo mediante licitación pública, en la cual se garantizará la libre
concurrencia de las empresas en igualdad de condiciones y la iniciativa privada
sobre creación de nuevas empresas […]”
57. A su turno, el Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 200126, expedido por el
Presidente de la República, establece los requisitos que deben cumplir las
empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros, entre ellos, el certificado
de existencia y representación legal y la demostración del capital pagado o
patrimonio líquido no inferior a 300 smmlv:
25 “[…] Estatuto General De Transporte […]”
26 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
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“[…] ARTICULO 15.-Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad del
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros metropolitano,
distrital y municipal, las empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que
aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1º del presente decreto:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el
representante legal.
2. Certificado de existencia y representación legal expedido con una
antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que
dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte.
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la
preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo,
profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa.
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los
contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la empresa.
De los vehículos propios, se indicará este hecho.
6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual
prestará el servicio, con indicación del nombre y número de cédula del propietario,
clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás
especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes.
7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa.
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa
y del fondo de reposición del parque automotor con que contará la empresa.
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia de programas
de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los
equipos con los cuales prestará el servicio.
10. Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años con sus
respectivas notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial.
11. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación correspondiente
a los dos (2) últimos años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si
por ley se encuentra obligada a cumplirla.
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al
valor resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y
el número de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxima para
cada uno de ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) smmlv según la
siguiente tabla:
Grupo A 1 smmlv
4 - 9 pasajeros
(Automóvil, campero, camioneta)
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Grupo B 2 smlmv
10 - 19 pasajeros
(Microbús)
Grupo C 3 smlmv
Más de 19 pasajeros
(bus, buseta)
El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia, corresponde al
vigente en el momento de cumplir el requisito.
Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para acreditar
el capital pagado o patrimonio líquido:
A la fecha de solicitud de la habilitación 70%
A marzo 31 de 2002 85%
A marzo 31 de 2003 100%
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la
economía solidaria será el precisado en la legislación cooperativa, Ley 79 de 1988
y demás concordantes vigentes.
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas
ajustarán el capital o patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora
máxima con la que finalizó el año inmediatamente anterior.
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de los
factores financieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o
patrimonio líquido.
13. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y
extracontractual exigidas en el presente decreto.
14. Duplicado a carbón de la consignación a favor de la autoridad de transporte
competente por el pago de los derechos que se causen debidamente registrados
por la entidad recaudora.
PARAGRAFO 1º-Las empresas que cuenten con revisor fiscal podrán suplir
los requisitos establecidos en los numerales 10, 11 y 12 de este artículo con
una certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor
fiscal de la empresa, donde conste la existencia de las declaraciones de renta
y de los estados financieros con sus notas y anexos, ajustados a las normas
contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del
capital pagado o patrimonio líquido requerido. Con esta certificación, deberá
adjuntar copia de los dictámenes e Informes y de las notas a los estados
financieros, presentados a la respectiva asamblea o junta de socios, durante
los mismos años.
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PARAGRAFO 2º-Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos
establecidos en los numerales 5º, 6º y 13 en un término no superior a seis (6) meses
improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la
habilitación so pena que esta sea revocada […]”.
58. Visto el artículo 24 del Decreto núm. 170 de 200127, expedido por el
Presidente de la República, señala que la prestación del servicio público de
transporte está sujeto a la expedición de un permiso o la celebración de un
contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como
resultado de un proceso licitatorio:
“[…] ARTICULO 24.-Prestación del servicio. La prestación de este servicio público
de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un
contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como
resultado de un proceso licitatorio efectuado en las condiciones establecidas en el
presente decreto.
La continuidad de la prestación del servicio en las rutas y frecuencias autorizadas a
las empresas de transporte con licencia de funcionamiento vigente a la fecha de
expedición de este decreto, estará sujeta a la obtención de la habilitación en los
términos establecidos en el artículo 14 de la presente disposición.
PARAGRAFO-El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable
y obliga a su beneficiario a cumplir las condiciones establecidas en el acto que las
concedió […]”.
59. Visto el artículo 26 del Decreto núm. 170 de 200128, expedido por el
Presidente de la República, señala que autorización para la prestación del servicio
público de transporte colectivo de pasajeros será el resultado de una licitación
pública en el que se garantice la libre concurrencia:
“[…] ARTICULO 26.-Licitación pública. La autorización para la prestación del
servicio público de transporte colectivo de pasajeros del radio de acción
metropolitano, distrital y municipal en una ruta o sistema de rutas será el resultado
de una licitación pública, en la que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa
privada para la creación de nuevas empresas […]”.
60. Por su parte, visto el artículo 27 del Decreto núm. 170 de 200129, expedido
por el Presidente de la República, señala que la autoridad municipal será la
27 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
28 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
29 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
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competente para determinar las medidas para satisfacer las necesidades
insatisfechas de movilización mediante estudios:
“[…] ARTICULO 27.-Determinación de las necesidades de movilización. La
autoridad metropolitana, distrital o municipal competente será la encargada de
determinar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades insatisfechas de
movilización.
Para el efecto se deben adelantar los estudios que determinen la demanda de
movilización, realizados o contratados por la autoridad competente. Hasta tanto la
Comisión de Regulación del Transporte señale las condiciones generales bajo las
cuales se establezcan la demanda insatisfecha de movilización, los estudios
deberán desarrollarse de acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución
2252 de 1999.
Cuando los estudios no los adelante la autoridad de transporte competente serán
elaborados por universidades, centros de consulta del Gobierno Nacional y
consultores especializados en el área de transporte, que cumplan los requisitos
señalados para el efecto por la Comisión de Regulación del Transporte […]”.
61. Asimismo, visto el artículo 28 del Decreto núm. 170 de 200130, expedido por
el Presidente de la República, sobre el procedimiento para la adjudicación de rutas
y frecuencia, establece que la apertura de licitación de estar precedida del estudio
de necesidades y los términos de referencia:
“[…] ARTICULO 28.-Apertura de la licitación. Determinadas las necesidades de
nuevos servicios de movilización, la autoridad de transporte competente ordenará
iniciar el trámite licitatorio, el cual deberá estar precedido del estudio y de los
términos de referencia correspondientes.
Los términos de referencia establecerán los aspectos relativos al objeto de la
licitación, fecha y hora de apertura y cierre, requisitos que deberán llenar los
proponentes, tales como: las rutas disponibles, frecuencias, clase y número de
vehículos, nivel de servicio, determinación y ponderación de los factores para la
evaluación de las propuestas, término para comenzar a prestar el servicio, su
regulación jurídica, derechos y obligaciones de los adjudicatarios y todas las demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para
garantizar reglas objetivas y claras.
Los términos de referencia deberán establecer un plazo de duración del permiso,
contrato de operación o concesión y las condiciones de calidad y excelencia en que
se prestará el servicio […]”.
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62. Además, visto el artículo 30 del Decreto núm. 170 de 200131, expedido por
el Presidente de la República, señala el procedimiento para la adjudicación de
rutas y horarios y los factores de evaluación de las propuestas:
“[…] ARTICULO 30.-Procedimiento. Hasta que la Comisión de Regulación del
Transporte determine otro procedimiento para la adjudicación de rutas y horarios la
autoridad de transporte competente atenderá el siguiente:
1. Determinación de las necesidades del servicio por parte de la autoridad de
transporte competente.
2. Apertura de licitación pública por parte de la autoridad de transporte competente.
3. Adjudicación de servicios.
La apertura de la licitación y la adjudicación de servicios será de conformidad con
el siguiente procedimiento:
1. La resolución de apertura deberá estar precedida del estudio mencionado
anteriormente y de la elaboración de los términos de referencia.
2. Los términos de referencia, entre otros aspectos, determinarán los relativos al
objeto del concurso, requisitos que deben llenar los proponentes, plazo del
concurso, las rutas, sistemas de rutas o áreas de operación disponibles, frecuencias
a servir, clase y número de vehículos, nivel de servicio, reglas y criterios para la
evaluación de las propuestas y el otorgamiento del permiso, la determinación y
ponderación de los factores objetivos de selección, término para comenzar a prestar
el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de los adjudicatarios.
3. La evaluación de las propuestas se hará en forma integral y comparativa,
teniendo en cuenta entre otros, los siguientes factores básicos de selección:
a) Seguridad (50 puntos):
Ficha técnica de revisión y mantenimiento preventivo de cada uno de los vehículos
(25 puntos).
Capacitación a conductores (intensidad horaria) (15 puntos).
Control efectivo en el recorrido de la ruta (10 puntos);
b) Edad promedio de la clase de vehículo licitada (25 puntos):
Se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
P=25-E
Donde P= Puntaje a asignar a la empresa
E= Edad promedio del parque automotor
c) Sanciones impuestas y ejecutoriadas en los dos últimos años (10 puntos):
Se otorga este puntaje a las empresas que no hayan sido sancionadas mediante
actos administrativos debidamente ejecutoriados, durante los últimos dos (2) años
anteriores a la publicación de las rutas.
Si la empresa ha sido sancionada obtendrá cero (0) puntos.
d) Experiencia (10 puntos).
e) Capital o patrimonio por encima de lo exigido (5 puntos):
TOTAL = 100 PUNTOS
4. Se establece en 60 puntos la sumatoria de los factores como mínimo puntaje para
que las empresas puedan ser tenidas en cuenta en el proceso de adjudicación.
31 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
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La adjudicación se hará considerando la media (M) que resulte entre el puntaje
máximo obtenido entre las empresas participantes y el mínimo exigido (60) puntos
así:
P máximo + 60
M = -------
2
Las empresas que no alcancen la media (M) no se tendrán en cuenta.
5. Para las empresas que estén en la media aritmética o por encima de ella, se
calculará un porcentaje de participación con base en la siguiente fórmula:
Ei= Pi-60
Ei
i% --
n
Ei
i=1
Donde:
i% = Porcentaje de participación en la distribución
Pi = Puntaje obtenido por cada una de las empresas
Ei = puntaje obtenido por encima de los 60 puntos
n = Número de empresas
6. El total de frecuencias a adjudicar se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de
participación obtenido así:
Ki = K*.i%
Donde:
Ki = Número de frecuencias a asignar
K = Número de frecuencias disponibles
i% = Porcentaje de participación en la distribución
En caso que dos o más empresas obtengan igual número de puntos se le adjudicará
a aquella que tenga el mayor puntaje en el factor de edad promedio de la totalidad
del parque automotor. De persistir el empate se definirá a favor de la que obtenga
la mayor puntuación en el factor seguridad.
7. Los términos de referencia exigirán la constitución de una póliza de seriedad de
la propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia e indicarán su vigencia, la cual no podrá ser inferior al
término del concurso y noventa (90) días más.
El valor asegurado será el equivalente al producto de la tarifa correspondiente para
la ruta que se concursa, por la capacidad transportadora total del vehículo requerido,
por el número total de horarios concursados, por el plazo del concurso, así:
G = T * C * NF * P
Donde:
G = Valor de la garantía
T = Valor de la tarifa
C = Capacidad del vehículo
NF = Número de frecuencias concursadas
P = Plazo del concurso
Cuando se presenten propuestas para servir más de una (1) ruta, el valor de la
póliza se liquidará para cada una de las rutas.
8. Dentro de los diez (10) días siguientes a la apertura de la licitación de rutas, se
publicarán avisos por una sola vez, simultáneamente en dos (2) periódicos de
amplia circulación local, el día martes, en un tamaño no inferior a 1/12 de página.
Las empresas podrán presentar sus propuestas dentro de los 10 días siguientes a
la publicación.
9. El servicio se adjudicará por un término no mayor de cinco (5) años. En el término
autorizado la autoridad de transporte competente evaluará la prestación del servicio
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de este decreto y decidirá si la
empresa continúa o no con la prestación del servicio autorizado.
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10. Si el adjudicatario no entra a prestar el servicio dentro del plazo señalado en el
acto correspondiente, la autoridad competente hará efectivo el valor de la garantía
constituida para responder por la seriedad de la propuesta. En este evento la
autoridad de transporte podrá otorgar el permiso al proponente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
prestación del servicio.
PARAGRAFO 1º-Los estudios técnicos que sobre disponibilidad de rutas y
frecuencias de servicio efectúen las autoridades metropolitanas, distritales y/o
municipales de transporte deberán ser remitidos al Ministerio de Transporte una vez
culmine el procedimiento de adjudicación.
PARAGRAFO 2º-En ciudades de más de 200.000 habitantes, la autoridad de
transporte competente podrá establecer factores de calificación diferentes o
adicionales a los establecidos y reglamentar los términos de calidad y excelencia
que debe alcanzar la empresa para hacerse acreedora a la prórroga establecida en
el artículo 25 del presente decreto.
Lo anterior sin perjuicio de los lineamientos que para el efecto fije la Comisión de
Regulación del Transporte […]”.
Análisis del caso en concreto
63. La Sala advierte que los actos administrativos acusados giran en torno a la
autorización que la Alcaldía del Municipio de Puerto Asís otorgó a la empresa
EMPTRANSAMAZONICA LTDA. habilitación para la prestación del servicio de
transporte público terrestre automotor colectivo de pasajeros en el radio de acción
municipal32 y la decisión mediante la cual resolvió adjudicar por el término máximo
de cinco (5) años a dicha empresa 12 rutas33 para prestar el servicio en la
modalidad del servicio público de transporte automotor colectivo municipal
mediante bus, buseta, microbús, campero y camioneta (con una capacidad
mínima de 16 y máxima de 32).
64. El alcalde del Municipio de Puerto Asís discutió en la demanda la legalidad
de sus propios actos con fundamento en que: i) al momento de elevar la solicitud
de homologación la empresa EMPTRASNAMAZÓNICA LTDA. no se encontraba
legalmente constituida incumpliendo el requisito previsto en el artículo 12 del
Decreto núm. 170 de 2001; ii) los artículos 23 a 28 del Decreto núm. 175 de 2001
32 Mediante Resolución núm. 1254 de 19 de diciembre de 2007,
expedida por el alcalde del Municipio de
Puerto Asís – Putumayo
33 RUTA 1: PTO. ASIS, SANTANA y VICEVERSA; RUTA 2: PTO. ASIS - PTO. GALLO Y VICEVERSA; RUTA
3: PTO. ASIS - YARINAL Y VICEVERSA; RUTA 4: PTO. ASIS- CARIBE Y VICEVERSA; RUTA 5: PTO. ASIS
• BRETAÑA Y VICEVERSA. RUTA 6: PTO. ASIS - UNION COCA YA Y VICEVERSA. RUTA 7: PTO. ASIS -
SANTA LUCIA Y VICEVERSA. RUTA 8: PTO. ASIS-SANTA ELENA y VICEVERSA; RUTA 9: PTO. ASIS -
PLANADAS Y VICEVERSA; RUTA 10: PTO. ASIS - EL ESPINAL Y VICEVERSA; RUTA 11: PTO. ASIS - El
AGUILA Y VICEVERSA; RUTA 12: PTO. ASIS-El TETEYE Y VICEVERSA.
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no se encontraban vigentes, de modo que la adjudicación de rutas y horarios en
la modalidad de mixto solo se adjudica mediante concurso público conforme el
Decreto núm. 4190 de 2007; iii) la parte demandante habilitó a la empresa en la
modalidad de colectivo municipal y en el acto de autorización de rutas le autorizó
vehículos campero y camioneta que corresponden a la modalidad de transporte
mixto; iv) se infringieron los artículos 24 y 25 del Decreto núm. 170 de 2001, toda
vez que se omitió la exigencia de la licitación pública, v) las empresas de
transporte autorizadas en la zona no hicieron parte del proceso ni se le notificaron
los actos acusados; vi) no se demostró el capital pagado mínimo de la empresa
demandante de 300 smlmv para el año 2007 y, vii) el estudio técnico aportado por
la empresa transportadora carece de cálculo de demanda para las 12 rutas
adjudicadas.
65. En la sentencia que es objeto de consulta, el a quo declaró la nulidad de
los actos acusados con base en los siguientes argumentos: (i) la empresa
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. con la solicitud de habilitación no aportó el
Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, su registro en
Cámara de Comercio se realizó el 20 de diciembre y el acto acusado se expidió
un día antes, por lo que los documentos anexos a la solicitud carecen de validez34;
(ii) no se demostró el capital pagado mínimo de 300 smlmv, de modo que no se
cumplió con el requisitos previsto en el numeral 12.° del artículo 15 del Decreto
núm. 170 de 2001 y, (iii) la parte demandante para la adjudicación de rutas y
frecuencias no adelantó o contrató los estudios técnicos para demostrar las
necesidades insatisfechas de movilización y que con base en ellos diera apertura
al proceso de licitación, por el contrario adjudicó sin un proceso concursal y el
estudio aportado por la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. solo habla de 5
rutas y fueron concedidas 12.
66. En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado en el expediente, lo
siguiente:
67. La empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. se constituyó por documento
privado de 14 de diciembre de 2007 y fue matriculada en la Cámara de Comercio
34 No se cumplió el numeral 2.º del artículo 15 del Decreto núm. 170 de 2001.
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el 20 del mismo mes y año y dentro de su objeto social se encuentra la prestación
del servicio público de transporte35.
68. La empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. presentó ante la Alcaldía
Municipal de Puerto Asís solicitud de habilitación y autorización para la prestación
del servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de colectivo
y mixto municipal36. Junto con la petición anexó los siguientes documentos:
69. Certificación de 20 de diciembre de 2007, sobre el programa de revisión y
mantenimiento preventivo de los equipos con los cuales se prestaría el servicio,
suscrita por la representante legal de la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA
LTDA.37.
70. Certificación del domicilio principal de EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA.,
suscrita por su representante legal38 el 20 de diciembre de 2007.
71. Certificación sobre la vinculación del parque automotor para prestar el
servicio39, suscrita por su representante legal el 20 de diciembre de 2007.
72. Certificación de los colores que identifican a la empresa
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA., suscrita por su representante legal el 20 de
diciembre de 200740.
73. Certificación del programa de reposición del parque automotor de la
empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA41.
74. Certificación de contratos de vinculación para el parque automotor de la
empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA.42.
35 Folios 100 a 102 y 141 a 144 del Cuaderno núm.1 del expediente.
36 Folio 26 del cuaderno núm. 1 del expediente.
37 Folio 27 del cuaderno núm. 1 del expediente.
38 Folio 28 del cuaderno núm. 1 del expediente.
39 Folio 29 del cuaderno núm. 1 del expediente.
40
Folio 30 del cuaderno núm. 1 del expediente.
41
Folio 31 del cuaderno núm. 1 del expediente.
42
Folio 32 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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75. Certificación del programa de revisión y mantenimiento preventivo del
parque automotor de EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA43.
76. Balance contable de la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. en el que
se señala que cuenta con un patrimonio de 20.000.000 millones44 sin pasivos,
suscrita por la representante legal y un contador público.
77. Estructura organizacional de la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA.
con descripción de cargos y funciones45.
78. Estudio técnico para determinar la demanda de movilización en el Municipio
de Puerto Asís (Putumayo), elaborado por un ingeniero contratado por la empresa
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA46 en el que se determinó que existe una demanda
insatisfecha de pasajeros en la modalidad colectivo municipal y se necesitan 16
nuevos vehículos clase buseta y/o microbús para las rutas Puerto Asís – Santana,
Puerto Asís – Puerto Gallo, Puerto Asís – Yarinal, Simón Bolívar –San Fernando
y las Ceibas – Centro.
79. En respuesta a la petición elevada por la empresa
EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA el Municipio de Puerto Asís expidió la Resolución
núm. 1254 de 19 de diciembre de 200747 en la que autorizó a la empresa en
mención para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
de pasajeros en el radio de acción municipal.
80. La parte demandante mediante Resolución núm. 1274 de 24 de diciembre
de 200748 adjudicó 12 rutas para la prestación del servicio habilitado. El Municipio
no se pronunció ni otorgó habilitación para la prestación del servicio de transporte
mixto solicitado por la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA.
43
Folio 33 del cuaderno núm. 1 del expediente.
44 Folio 34 del cuaderno núm. 1 del expediente.
45 Folios 33 a 64 del cuaderno núm. 1 del expediente.
46 Folios 66 a 100 del cuaderno núm.1 del expediente.
47 Folios 19 a 21 del cuaderno núm.1 del expediente.
48 Folios 22 a 25 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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81. El Municipio De Puerto Asís a través del oficio DAM-278 de 04 de junio de
2008 solicitó a la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. otorgar su
consentimiento para revocar los actos demandados49.
82. En la actuación administrativa no se adelantó un proceso de licitación o
concursal que permitiera la participación de otras empresas interesadas en prestar
el servicio público de transporte terrestre en el Municipio de Puerto (Asís) y el ente
territorial solo ordenó la notificación de los actos administrativos acusados a la
empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA.
83. Ahora bien, atendiendo los artículos 9, 11 y 16 de la Ley 336 vistos supra,
las empresas que deseen prestar el servicio público de transporte, para poder
operar requieren estar habilitadas, es decir, obtener la autorización general para
la prestación del servicio público de transporte para una modalidad de transporte
específico, adicionalmente, deberán obtener el permiso para operar.
84. En efecto, las condiciones para el otorgamiento de la habilitación, requieren
la observancia de la organización, capacidad económica, técnica, además de
llenar requisitos respecto de los estados financieros debidamente certificados,
demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, patrimonio bruto,
comprobación del origen del capital aportado por los socios, propietarios o
accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores
de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio, condiciones todas
ellas para poder operar, que en el caso del servicio público de transporte terrestre
automotor colectivo, fueron reglamentadas por el Decreto núm. 170 de 2001.
85. Atendiendo, el artículo 6 del Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 200150,
dispone que el "[...] [s]ervicio público de transporte terrestre automotor colectivo
de pasajeros. Es aquél que se presta bajo la responsabilidad de una empresa
de transporte legalmente constituida [...]" (Destacado fuera de texto).
86. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-033 de 2014,
consideró51:
49 Folios 103 y 104 del cuaderno núm. 1 del expediente.
50
"[...] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros [...]", expedido por el Gobierno Nacional (conformado por el
Presidente de la República y el Ministro de Transporte.
51
Corte Constitucional; sentencia C-033 de 29 de enero de 2014; M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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"[...] las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos
matriculados o registrados para dicho servicio y previamente homologados ante el
Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996”[24];
coincidiendo entonces el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en que el
servicio público de transporte presenta las siguientes características (está en
negrillas en el texto original). “Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de
un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero.
• Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad,
mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia;
• El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público
sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su
prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida-, y la
seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del
sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, art. 2°)-;
• Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del
Estado;
• El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin
y habilitadas por el Estado […]” (Destacado fuera de texto).
87. Atendiendo el numeral 2.º del artículo 15 del Decreto núm. 170 de 2001,
para obtener la habilitación en la modalidad en el transporte colectivo municipal
de pasajeros, las empresas de transporte deberán acreditar ciertos requisitos,
entre ellos, aportar el certificado de existencia y representación legal con una
antelación máxima de 30 días hábiles en el que se determine que dentro de su
objeto social desarrolla la industria del transporte.
88. En el caso sub examine, la Sala encuentra acreditado en el expediente que
la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. se constituyó por documento privado
núm. 01 de 14 de diciembre de 2007 y se inscribió ante la Cámara de Comercio
de Putumayo el 20 de diciembre de 2007, bajo en núm. 1801 del Libro IX52 y que
la Resolución núm. 1254, por medio de la cual se habilitó a dicha empresa fue
expedida el 19 de diciembre de 2007, es decir, un día antes de que la empresa
fuera matriculada.
89. De este modo, la Sala encuentra acreditado en el expediente que la
Resolución núm. 1254, por medio de la cual se habilitó a la empresa
52 Folio 101 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. fue expedida el 19 de diciembre de 2007 y solo
hasta el día siguiente fue inscrita la mencionada empresa en la Cámara de
Comercio, razón por la cual se infiere que no se presentó con la solicitud de
habilitación el certificado de existencia y representación legal de la persona
jurídica incumpliendo con ello el requisito previsto en el numeral 2.° del artículo 15
del Decreto núm. 170 de 2001. Lo anterior, a pesar que en el acto acusado se
asegura que el certificado de existencia y representación de la pluricitada empresa
fue allegado, hecho que no se encuentra demostrado en el expediente.
90. El numeral 2.º del artículo 15 ibidem prevé que el certificado de existencia
y representación legal debe ser expedido con antelación máxima de 30 días
hábiles al momento de la solicitud, requisito que no se encuentra acreditado.
91. Por las razones expuestas, la decisión del a quo se ajusta a lo previsto en
la norma sobre requisitos para autorizar la homologación del servicio de transporte
terrestre colectivo municipal prevista en el Decreto núm. 170 de 2001.
Del incumplimiento del requisito previsto en el numeral 12.° del artículo 15
del Decreto núm. 170 de 2001
92. En la sentencia de segunda instancia se determinó que en la solicitud de
homologación la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. no acreditó el monto
del capital autorizado, suscrito y pagado de la persona jurídica que no debe ser
inferior a 300 smmlv como lo exige el numeral 12.° del artículo 15 del Decreto
núm.170 de 2001.
93. Atendiendo el numeral 12.° del artículo 15 del Decreto núm. 170 de 2001,
como requisito para obtener la habilitación en la modalidad del servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros municipal, las empresas deberán
demostrar un capital pagado o patrimonio líquido el cual no será inferior a
trescientos (300) smmlv. El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace
referencia corresponde al vigente en el momento de cumplir el requisito.
Asimismo, la norma dispone que la habilitación para empresas nuevas estará
sujeta a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido.
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94. En el asunto sub examine, la solicitud de habilitación fue presentada en el
año 2007 cuando el salario mínimo mensual legal vigente era el equivalente a
$433,700 pesos que multiplicado por 300 smlmv arroja un total de $130.110.000
pesos.
95. Comoquiera que la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. fue inscrita
en la Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2007 no se certificó con el
certificado de existencia y representación legal53 el pago del capital o patrimonio
liquidado de 300 smlmv para el momento en que se expidió el acto acusado de
habilitación el 19 de diciembre del mismo año.
96. Además, en gracia de discusión, el Director Jurídico de la Cámara de
Comercio de Putumayo certificó en el proceso que para el momento de
constitución de la empresa el 14 de diciembre de 2007 contaba con un capital de
$20.000.000 de pesos54. Esta suma coincide con la señalada en el balance inicial
suscrito por contador público y el representante legal de la empresa
transportadora55.
97. En suma, la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. no demostró para el
año 2007 cuando presentó la solicitud de habilitación contaba con un capital
pagado o patrimonio líquido no inferior a trescientos smmlv ($130.110.000), de
modo que la Sala coincide con lo señalado por el Tribunal Administrativo de
Nariño..
98. Aunado a lo anterior, el numeral 12.° del artículo 15 del Decreto núm. 170
de 2001, señala que las empresas que cuenten con revisor fiscal podrán suplir el
requisito con una certificación suscrita por el representante legal, el contador y el
revisor fiscal de la empresa, donde conste la existencia de las declaraciones de
renta y de los estados financieros con sus notas y anexos, ajustados a las normas
contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital
pagado o patrimonio líquido requerido. Con esta certificación, deberá adjuntar
copia de los dictámenes e Informes y de las notas a los estados financieros,
presentados a la respectiva asamblea o junta de socios, durante los mismos años.
53 Folio 142 del cuaderno núm. 1 del cuaderno núm. 1. El certificado de existencia y representación legal que
obra en el expediente visto a folio 101 fue expedido el 10 de noviembre de 2008.
54 Folio 141 del cuaderno núm. 1 del expediente.
55 Folio 34 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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99. En el presente asunto, revisado el expediente, no obra documentación que
reúna las anteriores características para considerar cumplido el requisito, razón
por la cual la Sala considera que debe ser confirmada la sentencia de primera
instancia.
De los estudios técnicos y el proceso concursal omitidos para la expedición
de la Resolución núm. 1274 de 24 de diciembre de 2007
100. La parte demandante señaló que según lo dispone el Decreto 170 de 2001,
para la adjudicación de rutas y frecuencias es necesario que: (i) la administración
municipal adelante o contrate estudios técnicos para determinar las necesidades
insatisfechas de movilización dentro de su jurisdicción y, con base en ellos, (ii) de
apertura a un proceso de licitación para la adjudicación de las rutas y frecuencias
que requiera el ente territorial.
101. Atendiendo el artículo 16 de la Ley 336 visto supra, las empresas que
deseen prestar el servicio público de transporte, para poder operar requieren estar
habilitadas, es decir, obtener la autorización general para la prestación del servicio
público de transporte para una modalidad de transporte específico,
adicionalmente deberán obtener el permiso para operar. Por lo anterior la
habilitación es una figura independiente del permiso para operar.
102. Respecto al tema esta Sección de la Corporación ha considerado56 lo
siguiente:
“[…] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11(…) de la Ley 336 de 1996 las
empresas que se interesen por prestar el servicio público de transporte deberán
solicitar y obtener la habilitación para dichos efectos, de esa manera la habilitación
se concibe como el reconocimiento jurídico de la idoneidad técnica operativa de una
empresa para ofrecer dichos servicios.
Por otra parte el artículo 16 ejusden(…) señala que la prestación del servicio público
de transporte por parte de empresas habilitadas para ello debe contar, además con
el correspondiente permiso o hayan celebrado un contrato de concesión u operación
para esos efectos.
56Sentencia de 18 de abril de 2013, expediente 73001-23-31-000-2008-00349-01, Consejero
Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. En el mismo sentido: "[...] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de enero de 2016; C.P. María
Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 76001233100020100182402 [...]”
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De lo visto se colige que para que una empresa pueda prestar el servicio requiere
estar habilitada y contar con el respectivo permiso o haber celebrado contrato de
concesión o de operación. Esto permite responder al interrogante planteado en el
problema jurídico de manera afirmativa: La habilitación para prestar el servicio
público de transporte es una figura diferente al permiso para prestar el servicio
público de transporte.
A esta conclusión ya había arribado la Sala al decidir una acción de nulidad
impetrada contra un acto administrativo mediante el cual la Dirección General de
Transporte y Tránsito Automotor del Ministerio de Transporte otorgó una licencia de
funcionamiento, al respectó se dijo:
“El artículo 11 de la Ley 336 de 1996 dispone que las empresas interesadas en
prestar el servicio público de transporte o las que se constituyan para tal fin, deberán
solicitar y obtener habilitación para operar, que consiste en la autorización expedida
por la autoridad competente para la prestación del servicio en cada modo de
transporte. La misma norma dispone que corresponde al Gobierno Nacional fijar las
condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en materia de organización,
capacidad económica y capacidad técnica, así como señalar los requisitos que
deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros debidamente
certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y
patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios,
propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de
transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio.
El artículo 16 de la Ley 336 de 1996 reitera que, en las condiciones previstas en el
artículo 3º numeral 7º de la Ley 105 de 1993, además de la habilitación, para la
prestación del servicio público de transporte se requiere la expedición de un permiso
o la celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de
rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios
especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, de turismo y
ocasional. La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia, sus
beneficiarios no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera,
implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona distinta de quien
inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesorales. (Artículo 13 ídem)
Se concluye entonces que la ley no condiciona el otorgamiento de la habilitación
para prestar el servicio público de transporte a concurso alguno, por lo que el
régimen aplicable para el otorgamiento de “la habilitación” para la prestación del
servicio público de transporte terrestre automotor mixto son las normas contenidas
en el Decreto 175 de 2001 que rige la materia”57 […]”.
103. Considerando el artículo 24 del Decreto núm. 170 de 200158, expedido por
el Presidente de la República, señala que la prestación del servicio público de
transporte está sujeto a la expedición de un permiso o la celebración de un
contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como
resultado de un proceso licitatorio.
57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No.
2001-00018. Fallo de 29 de marzo de 2007. C. P. Camilo Arciniegas Andrade.
58 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
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104. A su turno, atendiendo el artículo 26 del Decreto núm. 170 de 2001 59,
expedido por el Presidente de la República, señala que la autorización para la
prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros será el
resultado de una licitación pública en el que se garantice la libre concurrencia.
105. Sobre el particular, esta Sección60 ha señalado que el servicio público de
transporte de pasajeros sólo excluyó del concurso a los servicios que se presten
sin sujeción a rutas y horarios predeterminados, como son el de transporte
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi y el de servicios
especiales, es decir, el escolar, el de asalariados y el de turismo, en los cuales,
esos sí, por su naturaleza, el permiso se otorga conjuntamente con la habilitación:
“[…] la Sala considera pertinente remitirse al concepto que de ruta trae el artículo
3º, numeral 5, de la Ley 105 de 1993:
“5. DE LAS RUTAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS:
“Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido
entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características
en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos”.
A su turno, el artículo 7º del Decreto 175 de 2001, define así el concepto de
recorrido:
“RECORRIDO. Es el trayecto comprendido entre centros de abastecimiento y/o
mercadeo y las zonas de parqueo, con características propias en cuanto a
frecuencias y demás aspectos operativos”.
A juicio de la Sala, es claro que los conceptos de RUTA y RECORRIDO se
identifican, pues tanto el uno como el otro los definen como el trayecto comprendido
entre un origen y un destino, que para el caso del servicio público mixto de
transporte terrestre automotor está comprendido entre los centros de
abastecimiento y/o mercadeo y las zonas de parqueo, sin que tal especificidad le
quite el carácter de ruta.
El Diccionario de la Lengua Española define uno y otro término así:
“Ruta.- Rota o derrota de un viaje. 2. Itinerario para él. 3. Camino o dirección que
se toma para un propósito”.
59 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
60
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de agosto
de 2006; C.P. Martha Sofia Sanz Tobón; número único de radicación 11000102400020040016601 […]”. En
el mismo sentido: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
de 4 de febrero de 2016; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación
11001032400020060039400 […]”
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“Recorrido.- Acción y efecto de recorrer. 2. Espacio que ha recorrido, recorre o ha
de recorrer una persona o cosa. 3. Ruta, itinerario prefijado”.
El Decreto acusado también trae las siguientes definiciones:
“CENTROS DE ABASTECIMIENTO O MERCADEO: Sitios de acopio de bienes
que provienen de diferentes zonas de producción, para ser distribuidos en el sitio
establecido por la autoridad competente”.
“FRECUENCIAS DE DESPACHO: Es el número de veces por unidad de tiempo en
que se repite la salida de un vehículo”.
“TIEMPO DE RECORRIDO: Es el que emplea un vehículo entre el origen y el
destino durante su recorrido, incluyendo los tiempos de paradas”.
“ZONAS DE PARQUEO: Sitios fijos establecidos y debidamente demarcados de
donde parten y regresan los vehículos mixtos una vez cumplido el recorrido”.
Teniendo en cuenta las anteriores normas y definiciones, para la Sala no queda
duda alguna de que el servicio público mixto de transporte terrestre automotor
involucra el concepto de ruta o recorrido, es decir, el de un origen y destino
previamente determinados, esto es, entre los centros de mercadeo, de cuya
definición se extrae que están establecidos, y las zonas de parqueo, cuya definición
expresamente señala que son sitios fijos y establecidos.
Prueba de lo anterior, es que el mismo Decreto acusado en sus artículos 30, 31, 32
y 33 preceptúa que la autoridad competente podrá autorizar hasta por el término de
seis (6) meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya
habilitación haya sido cancelada o aquella con licencia de funcionamiento que no
obtuvo habilitación para seguir prestando el servicio público de transporte en las
rutas autorizadas; que cuando se compruebe que una empresa dejó de servir una
ruta autorizada, la autoridad competente revocará el permiso; que cuando una
empresa considere que no está en capacidad de servir total o parcialmente los
servicios registrados (que para el caso son las mismas rutas o recorridos), así lo
manifestará a la autoridad competente solicitando que se decrete la vacancia de los
mismos; y que las empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el
servicio público de transporte mixto “en zonas de operación” presentarán la relación
de recorridos y frecuencias, la cual una vez verificada la autoridad competente
expedirá los correspondientes certificados de registro de servicios, entendiéndose
como no servidos o abandonados aquellos servicios (recorridos y frecuencias) no
relacionados u omitidos por las empresas.
En consecuencia, le asiste razón a la actora cuando afirma que se violaron los
artículos 3º de la Ley 105 de 1993 y 19 de la Ley 336 de 1996, al igual que los
artículos 13 y 333 de la Constitución Política, pues no es cierto que el servicio
público mixto de transporte terrestre automotor se encuentre dentro de las
excepciones a que alude el inciso final del artículo 19 citado, ya que, se reitera,
está sujeto a rutas predeterminadas, luego su otorgamiento debe hacerse
mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa
privada y, al haber excluido de tal concurso al servicio mixto en cuestión, el
Decreto acusado excedió la voluntad del Legislador, quien sólo excluyó del
concurso a los servicios que se presten sin sujeción a rutas y horarios
predeterminados, como son el de transporte terrestre automotor individual de
pasajeros en vehículos taxi y el de servicios especiales, esto es, el escolar, el
de asalariados y el de turismo, en los cuales, esos sí, por su naturaleza, el
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permiso se otorga conjuntamente con la habilitación […]”. “[…] Negrillas fuera
de texto […]”.
106. De este modo, en atención al marco normativo visto supra, el servicio
público de transporte colectivo de pasajeros es el resultado de una licitación
pública en el que se garantice la libre concurrencia.
107. Atendiendo las normas señaladas la autorización para la prestación del
servicio público de transporte colectivo de pasajeros será el resultado de una
licitación pública en el que se garantice la libre concurrencia, es decir, está
condicionada el resultado del proceso concursal, siendo entonces clara la Ley al
señalar que las empresas deben habilitarse para operar con el lleno de unos
requisitos generales para funcionar como prestador del servicio público en
cualquier modalidad, y solo hasta entonces, como consecuencia lógica, podrían
acceder por medio de concurso acceder al permiso a fin de materializar el servicio.
108. En el caso sub examine, examinado el acervo probatorio, la Sala advierte
que el Municipio de Puerto Asís no cumplió con ninguna de las condiciones en
mención señaladas en la norma, por el contrario, la adjudicación de rutas se hizo
de forma directa y sin adelantar proceso concursal alguno como acertadamente
lo indicó el Tribunal Administrativo de Nariño, lo que impone confirmar su decisión
por este aspecto.
109. Por su parte, Visto el artículo 27 del Decreto núm. 1558 de agosto 4 de
1998, dispone que el Ministerio de Transporte diseñará y elaborará los Formatos
y Manuales para la obtención de la información, fijando los criterios para el tamaño
de la muestra y los procedimientos de expansión de las encuestas origen –
destino.
110. Atendiendo el artículo 27 del Decreto núm. 170 de 200161, expedido por el
Presidente de la República, señala que la autoridad municipal será la encargada
para contratar o realizar estudios que determinen la demanda de movilización y
adoptar las medidas para satisfacer las necesidades de movilización
insatisfechas.
61 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
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111. Asimismo, atendiendo el artículo 28 del Decreto núm. 170 de 200162,
expedido por el Presidente de la República, sobre el procedimiento para la
adjudicación de rutas y frecuencia, establece que la apertura de licitación de estar
precedida del estudio de necesidades. Además, visto el artículo 30 del Decreto
núm. 170 de 200163, expedido por el Presidente de la República, señala que en el
procedimiento para la adjudicación de rutas y horarios, en primer lugar, se deben
determinar las necesidades del servicio por parte de la autoridad de transporte
competente.
112. En el presente asunto, en el estudio técnico para determinar la demanda
de movilización en el Municipio de Puerto Asís (Putumayo), elaborado por un
ingeniero contratado por la empresa EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA64, se
determinó que existe una demanda insatisfecha de pasajeros en la modalidad
colectivo municipal y se necesitan 16 nuevos vehículos clase buseta y/o microbús
para las rutas Puerto Asís – Santana, Puerto Asís – Puerto Gallo, Puerto Asís –
Yarinal, Simón Bolívar –San Fernando y las Ceibas – Centro.
113. Al revisar el estudio allegado por la EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. se
aprecia que el mismo se centra en cinco rutas y la administración le adjudica doce
en el acto acusado, expedido el 24 de diciembre de 2007, lo que permite concluir
que el estudio aportado por la empresa no podía servir de soporte para la
adjudicación que otorgó el ente territorial para transporte colectivo terrestre.
114. En ese orden, la EMPTRANSAMAZÓNICA LTDA. fue quien adelantó un
estudio de necesidades de movilidad en el Municipio de Puerto Asís por iniciativa
propia sin que el Municipio de Puerto Asís hubiera contratado o realizar estudios
que determinaran la demanda de movilización en la zona en cumplimiento de sus
funciones y como lo prevé el procedimiento para adjudicación de las rutas.
115. Así las cosas, en el caso sub examine, el análisis realizado por el a quo
atendió a la normatividad sobre los estudios previos que determinen la necesidad
62 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
63 “[…] Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano,
distrital y municipal de pasajeros […]".
64 Folios 66 a 100 del cuaderno núm.1 del expediente.
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de nuevas rutas de transporte público colectivo y a la necesidad de que se
adelantara una licitación pública para obtener la autorización respectiva, por lo
que se confirmará la decisión.
116. Por último, la Sala considera que la decisión del Tribunal de Nariño sobre
los honorarios de curaduría se encuentran ajustados a la normatividad, dado que
se encuentran entre el rango de salarios mínimos diarios previstos para este tipo
de procesos previstos en el artículo 3765 del Acuerdo núm. 1518 de 28 de agosto
de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura
117. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales que deben ser
analizados en sede jurisdiccional de consulta, la Sala encuentra que la decisión
acusada se ajusta a la normativa aquí analizada, luego la sentencia será
confirmada, pero por las razones expuestas, como en efecto se dispone en la
parte resolutiva de esta providencia.
Conclusión de la Sala
118. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por el Tribunal
Administrativo de Nariño desvirtúan la presunción de legalidad de los actos
acusados. Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
65 “[…] Artículo 37. Fijación de tarifas. Con base en los criterios señalados en el artículo anterior, la
remuneración de los auxiliares de la justicia se regirá con sujeción a las siguientes reglas: 1. Curadores ad
litem. En los procesos de mínima cuantía los curadores ad litem recibirán como honorarios, al finalizar su
labor, entre dos y treinta salarios mínimos legales diarios; en los procesos de menor cuantía entre diez y
ciento cincuenta salarios mínimos legales diarios y en los de mayor cuantía entre veinte y quinientos salarios
mínimos legales diarios. En los procesos o asuntos sin cuantía, de única instancia, los curadores ad litem
recibirán entre dos y cien salarios mínimos legales diarios, y en los de dos instancias entre dos y quinientos
salarios mínimos legales diarios. Cuando haya de señalarse previamente una suma para gastos, se limitará
a lo estrictamente necesario. En los procesos de mayor y menor cuantía, si la labor del curador ad litem se
redujo a contestar la demanda, el juez podrá fijarle honorarios por debajo de la tarifa aquí establecida. 1.1.
Los curadores especiales o ad hoc recibirán como honorarios entre dos y veinte salarios mínimos legales
diarios […]”.
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III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo del Nariño, el 27 de junio de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑAGARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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