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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00320-01

Fecha
21 de junio de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00320-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el consejero Nicolás Yepes Corrales y en consecuencia separarlo del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual quedará así: ABSOLVER de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial y a la llamada en garantía, Ángela María Quevedo Guerrero, por las razones expuestas. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de German Stalin Correa Cadena. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Germán Alonso Correa Borja. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los siguientes demandantes estas sumas de dinero: a) Por concepto de perjuicios morales: Nivel Demandante Indemnización German Alonso Correa Borja (víctima Cuarenta (40) SMLMV directa) 1º Deiver Correa Cadena (hijo) Cuarenta (40) SMLMV 1º Gloria Borja120 (madre) Cuarenta (40) SMLMV 2º Liliana Correa Borja (hermana) Veinte (20) SMLMV 2º Gloria Inés Correa Borja Veinte (20) SMLMV (hermana) 2º Nora Soledad Correa Borja (hermana) Veinte (20) SMLMV 1° María Nancy Cadena Obando Doce coma cero ochenta y (compañera permanente) tres (12,083) SMLMV TERCERO: En lo demás, CONFÍRMESE la sentencia de primera instancia. CUARTO: Sin condena en costas QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por Nelson Javier Rojas Goyes y Marleny Isabel Bolaños Riascos, como apoderados judiciales de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, al reunir los 120 Tener en cuenta que en el registro civil de nacimiento de German Alonso Correa Borja, identificado con el indicativo serial 3028899 y con fecha de inscripción el 11 de agosto de 2009, registra que su madre es identificada con el nombre “Gloria Borja Gil” (folio 25, cuaderno 1), pero en los registros civiles de nacimiento de sus hermanas, Liliana Correa Borja (indicativo serial 5927661), Gloria Inés Correa Borja (indicativo serial 5927662) y Nora Soledad Correa Borja (no se puede visualizar el indicativo serial), aparece consignado el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2010-00320-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de junio de 2023

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandantes: Germán Alonso Correa Borja y otros.
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial.
Referencia: Acción de reparación directa.

Tema: Privación de la libertad – Ley 906 de 2004.
Subtema 1: Prueba del daño antijurídico – prolongación injusta de la libertad.
Subtema 2: imputación del daño antijurídico.
Subtema 3: Liquidación de perjuicios morales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de
abril de 20131, resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Nación –
Fiscalía General de la Nación y la parte demandante en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 4 de diciembre de 2015, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

La Infantería de Marina capturó a German Alonso Correa Borja y a otra persona,
por hallar una sustancia, con derivados de cocaína, en la embarcación donde estos
se encontraban. Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva en
establecimiento carcelario de los capturados, por encontrarse sindicados de haber
cometido el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía
General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación adelantada a Correa
Borja, ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. El Juez
Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto negó la anterior petición. La
Fiscalía deprecó, por segunda vez, la preclusión de la investigación. El Juez
Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto accedió al pedimento, por
vencimiento de términos. Los actores demandan al Estado, porque consideran que
fue injusta la mentada privación de la libertad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

German Alonso3 Correa Borja, actuando en nombre propio y en representación
de sus hijos Deiver Correa Cadena y German Stalin Correa Cadena; María

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: “los expedientes

que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas
privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (…)”.
2 Demanda. Folios 1 a 8, cuaderno 1.
3 En la demanda se hace alusión al nombre “Alonzo” (Folio 1, cuaderno 1), sin embargo, en el certificado de

registro civil de nacimiento de ese demandante, con indicativo serial 3028899 y fecha de expedición el 11 de
agosto de 2009, está consignado el nombre “German Alonso Correa Borja”.

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

Nancy Cadena Obando; Gloria Inés Correa Borja; Liliana Correa Borja; Nora
Soledad Correa y Gloria Borja Gil pretenden que esta jurisdicción profiera
sentencia de condena a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación –
Rama Judicial, con ocasión de la privación de libertad que soportó German Alonso
Correa Borja dentro del proceso radicado bajo el número 52-696-6100-509-2007-
0285, a consecuencia de la detención preventiva que se le impuso por el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a solicitud de la Fiscalía General de
la Nación, y que perduró hasta el momento en que un juez penal de Pasto precluyó
la investigación penal adelantada en su contra.

Los actores solicitan al juez administrativo que condene a la demandada a cancelar,
por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma
de $12.360.000 a favor del señor Correa Borja; y, por concepto de perjuicios
morales, el monto de 200 SMLMV4 para cada uno de los integrantes de la parte
demandante, excepto la víctima directa que reclamó la suma de 1000 SMLMV.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda5, notificado el auto admisorio, y corridos los traslados que la
ley ordena, la Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6. Se
opuso a las pretensiones y propuso como excepción la falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, en su criterio, carece de la facultad para decidir la
imposición de una medida de aseguramiento. Sostuvo, además, que actuó en
cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley le atribuyeron.

La Nación – Rama Judicial también contestó la demanda7. Reclamó que si los
jueces que conocieron la investigación penal en contra del señor Correa, actuaron
conforme a la ley y la Constitución, entonces carece de legitimación en la causa por
pasiva y resulta ilusorio el objeto de la demanda. También manifestó que las
autoridades judiciales no causaron un daño antijurídico y que no está presente un
nexo causal entre la lesión invocada en la demanda y las actuaciones
jurisdiccionales. En escrito separado, solicitó el llamamiento en garantía de
Ángela María Quevedo Guerrero8, quien, para el momento en que ocurrieron los
hechos de la demanda, ocupaba el cargo de Directora del Centro de Servicios
Judiciales de Tumaco9.

Admitida la solicitud de llamamiento en garantía10, la señora Quevedo Guerrero
contestó la demanda11. Protestó que los demandantes ejercieron de manera
extemporánea la acción de reparación directa. Luego, expuso las razones por las
que consideraba que no fue quien contribuyó a que el juez penal de conocimiento
haya declarado la preclusión de la investigación por vencimiento de términos, a
saber: i) la Fiscalía tiene la obligación de promover solicitudes en un proceso
judicial, con la totalidad de la documentación requerida; ii) el Centro de Servicios
Judiciales de Tumaco no es el lugar correcto para radicar escritos que, por
competencia, deben conocer los Juzgados Penales del Circuito Especializado de

4 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5 Auto admisorio de la demanda. Folios 54 y 55, cuaderno 1.
6 Contestación a la demanda de la Nación – Fiscalía General de la Nación. Folios 71 a 81, cuaderno 1.
7 Contestación a la demanda de la Nación – Rama Judicial. Folios 92 a 98, cuaderno 1.
8 Solicitud de llamamiento en garantía. Folios 104 a 107, cuaderno 1.
9 Corresponde al lugar donde la Fiscalía radicó la segunda petición de preclusión de la investigación penal

adelantada en contra del señor Correa Borja.
10 El 1° de julio de 2011. Auto que acepta la llamada en garantía efectuada por la Nación – Rama Judicial. Folios

136 a 140, cuaderno 1.
11 Contestación a la demanda de la llamada en garantía. Folios 149 a 154, cuaderno 1.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

Pasto; iii) las actuaciones de la Fiscalía fueron ineficaces para desvirtuar la
presunción de inocencia del señor Correa Borja; y iv) la inobservancia e
incumplimiento de las reglas establecidas en el Centro de Servicios Judiciales de
Tumaco, respecto de la recepción de los documentos, produjo confusiones.

Concluida la etapa de pruebas12, el Tribunal corrió traslado a las partes para que
presentaran en primera instancia sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera su concepto13. Así lo hizo la Nación – Fiscalía General de
la Nación14 y la Nación – Rama Judicial15, mientras que la parte demandante y la
llamada en garantía guardaron silencio. El Ministerio Público16 presentó un escrito
que contenía un concepto sobre hechos distintos a los que son objeto de estudio.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 4 de diciembre de
201517, en la que: i) absolvió de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial y a la
llamada en garantía, Ángela María Quevedo Guerrero; ii) declaró configurada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa de María Nancy Cadena
Obando y “German Stalin Correa Cadena”18; y iii) encontró administrativamente
responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por el daño causado a la
parte actora, como consecuencia de la privación de la libertad sufrida por German
Alonso Correa Borja. En consecuencia, el juez de primera instancia condenó a la
Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios
morales, la suma de 40 SMLMV a favor de German Alonso Correa Borja, Deiver
Correa Cadena, Gloria Borja, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja y Nora
Soledad Correa Borja; y, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante, el monto de $10.824.766 a favor de la víctima directa.

El Tribunal encontró que la decisión de precluir la investigación del señor Correa
Borja se produjo por una falla en las actuaciones de la Fiscalía, pues: i) la
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia obedeció a falencias en la
recopilación de las pruebas requeridas; ii) la segunda solicitud de preclusión de la
investigación fue extemporánea; y iii) el impulso del trámite de la anterior petición
ocurrió tres meses después de su radicación, sin consideración a la detención
preventiva impuesta al señor Correa Borja. Y en ese sentido, concluyó que la
privación de la libertad padecida por el señor Correa Borja se prolongó
injustificadamente en el tiempo, entre el último día con el que contaba la Fiscalía
para radicar la segunda solicitud de preclusión de la investigación (2 de marzo de
2008) y aquél en el que el imputado recobró su libertad (10 de julio de 2008). En
todo caso, precisó que el lapso que corrió entre la captura del señor Correa Borja y
la resolución que resolvió la primera solicitud de preclusión, estuvo acorde a lo
preceptuado en la Ley 906 de 2004.

12 El Tribunal abrió la etapa de pruebas el 14 de marzo de 2012. Folios 161 a 164, cuaderno 1.
13 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 281, cuaderno 2.
14 Alegatos de conclusión de la Nación – Fiscalía General de la Nación. Folios 283 a 293, cuaderno 2.
15 Alegatos de conclusión de la Nación – Rama Judicial. Folios 307 a 309, cuaderno 2.
16 Concepto del Ministerio Público. Folios 311 a 323, cuaderno 2.
17 Sentencia de primera instancia. Folios 356 a 366, cuaderno principal.
18 Es cierto que en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia quedó establecida la

orden de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de una persona identificada bajo el nombre
“Deiver Borja Cadena” (folio 366, cuaderno principal), sin embargo, de la lectura de los motivos que soportan
la decisión del Tribunal (folio 364, anverso, cuaderno principal), así como la carga argumentativa del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante (que se expondrá más adelante), resulta válido inferir que la
decisión de decretar una ausencia de legitimación en la causa por activa estaba dirigida a German Stalin
Correa Cadena.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

Por otra parte, el Tribunal, en primer lugar, indicó que la Rama Judicial no era
responsable del daño causado a la parte actora, dado que el juez de
conocimiento adoptó una decisión, tan pronto como le fue puesta de presente la
segunda solicitud de preclusión de investigación. Igual resultado determinó para
la llamada en garantía, con sustento en estas razones: i) la solicitud de preclusión
de la investigación podía ser sellada en el municipio de Tumaco para evitar un
vencimiento de los términos legales, sin embargo, al Centro de Servicios Judiciales
de Tumaco no le corresponde el reparto de la petición entre los jueces ubicados en
la ciudad de Pasto, sino únicamente el de los asuntos atinentes a su jurisdicción; ii)
la Fiscalía debía realizar seguimiento a la carpeta del procesado y cerciorarse de
que sus solicitudes llegaran al destino correcto; iii) los yerros en la conformación de
las carpetas de cada una de las personas investigadas no es un hecho atribuible al
Centro de Servicios de Tumaco, sino a la Fiscalía, quien tiene a su cargo el ejercicio
probatorio de la investigación penal; y iv) la Fiscalía debía asegurar que estuviera
completa la documentación de la carpeta del señor Correa Borja, al momento de
requerir la preclusión de la instrucción.

Para la liquidación de los perjuicios morales, el a quo acudió a un criterio
jurisprudencial fijado en el año 2013 (exp. 25022); y, con base en ello, determinó
que German Stalin Correa Cadena y María Nancy Cadena Obando carecían de
legitimación en la causa por activa, ya que no acreditaron, respectivamente, la
condición de hijo y compañera permanente de la víctima directa. En cuanto a los
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, justificó su decisión en
el salario mínimo legal vigente para la época de los hechos.

2.4. Los recursos de apelación

2.4.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación, el 28 de enero de 201619,
interpuso recurso de apelación. Sustentó su escrito con fundamento en los
siguientes cargos presentados en contra la sentencia de primera instancia:

2.4.1.1. En el expediente no se encuentra acreditado que la parte actora sufrió un
daño antijurídico que le sea imputable al ente investigador.

2.4.1.2. Las pruebas revelan que el hecho dañoso ocurrió como consecuencia
directa de una circunstancia ajena al servicio, esto es, que no se le haya trasladado
de inmediato el escrito que contenía la solicitud de preclusión.

2.4.1.3. El incumplimiento de los plazos legales per se no implican la
responsabilidad patrimonial del Estado, dada las condiciones específicas de la
infraestructura judicial.

2.4.1.4. La actividad de la Fiscalía se enmarcó dentro de los parámetros legales.

2.4.2. La parte demandante, el 28 de enero de 2016, interpuso recurso de
reposición20 en contra de la decisión de primera instancia, con la pretensión de que
el Tribunal reconociera la legitimación en la causa por activa de German Stalin
Correa Cadena y de María Nancy Cadena Obando. Como sustento de su petición,
el impugnante allegó las copias del registro civil de nacimiento de German Stalin
Correa Cadena, del registro civil de matrimonio de German Alonso Correa Borja y

19 Recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación. Folios 372 a 374, cuaderno

principal.
20 Recurso de reposición interpuesto por la parte demandante. Folios 387 a 389, cuaderno principal.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

María Nancy Cadena Obando, y del acta de audiencia pública para la celebración
de matrimonio civil entre los señores Correa Borja y Cadena Obando 21.

El Tribunal Administrativo de Nariño, con providencia del 2 de mayo de 201622,
adecuó el anterior recurso de reposición al de apelación, con fundamento en
los principios de doble instancia y de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a
audiencia de conciliación judicial23, la cual fue evacuada el 19 de mayo y el 23
de junio de 201624, en la que la Nación – Fiscalía General de la Nación y los
integrantes de la parte demandante, German Alonso Correa, Gloria Borja, Nora
Soledad Correa Borja, Liliana Correa Borja y Gloria Inés Correa Borja y German
Stalin Correa Cadena, pactaron el siguiente acuerdo conciliatorio: la Nación –
Fiscalía General de la Nación se comprometió a cancelar el 70% del valor de la
condena impuesta en primera instancia, “excluyendo el 25% de los perjuicios
materiales, en el concepto de lucro cesante, y 8.75 meses de lo que presuntamente
demora una persona en conseguir empleo. El pago se regulará por lo establecido
en los artículos 176 y 177 del C.C.A. y demás normas concordantes y pertinentes”25.
En el acuerdo no quedaron incluidos María Nancy Cadena Obando y “Deiver
Correa Cadena”26, por falta de ánimo conciliatorio.

El Tribunal Administrativo de Nariño dictó auto el 8 de julio de 201627, en el que
aprobó el referido acuerdo parcial conciliatorio y, en consecuencia, declaró
terminado el proceso respecto de German Alonso Correa, Gloria Borja, Nora
Soledad Correa Borja, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja y German
Stalin Correa Cadena. Tras ello, concedió el recurso de apelación respecto de
María Nancy Cadena Obando y “Deiver Correa Cadena”28.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 5 de octubre y el 9 de noviembre de 201629, admitió los
recursos de apelación formulados.

21 Pruebas anexadas al recurso de reposición. Folios 390 a 395, cuaderno principal.
22 Auto que adecuó el recurso de reposición. Folio 429, cuaderno principal.
23 Auto que fijó fecha para la audiencia de conciliación judicial. Folio 430, cuaderno principal.
24 Actas de audiencia de conciliación. Folios 452 a 454 y 457 a 459, cuaderno principal.
25 Acta de audiencia de conciliación del 23 de junio de 2016. Folio 457, cuaderno principal.
26 La Sala entiende que, pese a que en el acta de audiencia de conciliación judicial quedó establecido que los

términos de la propuesta conciliatoria presentada por la Fiscalía, no eran acogidos por una persona identificada
bajo el nombre “Deiver Borja Cadena” (Folios 457 y 458, cuaderno principal), el verdadero integrante de la
parte demandante que careció de ánimo conciliatorio era “Deiver Correa Cadena”, porque, por un lado, es
quien sí ha actuado como sujeto procesal en este proceso, y, por el otro, en la diligencia se hizo alusión al hijo
menor de German Alonso Correa Borja, como la persona que no aceptaba el acuerdo conciliatorio. Es decir, el
Tribunal equivocó el primer apellido del demandante.
27 Auto de aprobación del acuerdo conciliatorio. Folios 462 a 464, cuaderno principal.
28 En el numeral cuarto de la parte resolutiva del auto que aprobó el acuerdo parcial conciliatorio logrado (Folio

463 anverso, cuaderno principal), el Tribunal concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora,
“respecto de las pretensiones indemnizatorios de los señores María Cadena Obando y Deiver Borja (sic)
Cadena” (Subrayado fuera del texto). No obstante, la Sala entenderá que la concesión del recurso responde
a los intereses de “Deiver Correa Cadena”, quien efectivamente es integrante del colectivo demandante.
29 Auto admisorio del recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación y

providencia que adicionó al anterior, en el sentido de admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. Folios 480 y 486, cuaderno principal.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

El magistrado sustanciador en esta instancia, el 15 de febrero de 201730, ordenó
que se tuviera como prueba los documentos anexados al escrito que contenía el
recurso de apelación promovido por los demandantes. En providencia posterior31,
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión en segunda instancia
y, al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

La Nación – Fiscalía General de la Nación manifestó que no descorría el traslado
para alegatos, con motivo del acuerdo parcial conciliatorio ya logrado en este
proceso32. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás
Yepes Corrales, emitió concepto en el sentido de solicitar que esta Subsección
reconozca una indemnización, por concepto de perjuicios morales, a favor de
German Stalin Correa Cadena (sic), y niegue una condena por el mismo concepto,
respecto de María Nancy Cadena33. Los demás sujetos procesales guardaron
silencio34.

Los abogados, Nelson Javier Rojas Goyes35 y Marleny Isabel Bolaños
Riascos36, el 17 de enero37 y el 14 de junio38 de 2017, presentaron escritos ante
esta Corporación, en los que manifestaban su renuncia al poder que les había sido
conferido para actuar en este contencioso, en representación de la Nación – Rama
Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto.

El abogado Cesar Alirio Navarrete Vega, identificado con la cédula de ciudadanía
1.098.632.120 de Bucaramanga y con tarjeta profesional número 211.933 expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de junio de 201739, allegó memorial
que contenía el poder que le fue conferido por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, para actuar en su nombre
en este proceso.

De acuerdo con lo dispuesto en sesión del diecinueve (19) de abril de dos mil
veintitrés (2023)40, el doctor Nicolás Yepes Corrales, manifestó estar impedido para
integrar la Sala, impedimento que fue aceptado en la misma fecha por la Sala Dual.

30 Auto que resolvió solicitud de pruebas en segunda instancia. Folios 497 a 503, cuaderno principal.
31 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 505, cuaderno principal.
32 Escrito presentado por la Nación – Fiscalía General de la Nación. Folio 507, cuaderno principal.
33 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia. Folios 517 a 524, cuaderno principal.
34 Constancia secretarial. Folio 525, cuaderno principal.
35 El Tribunal Administrativo de Nariño reconoció personería al abogado Nelson Javier Rojas Goyes en la

audiencia de conciliación judicial celebrada el 19 de mayo de 2016, como apoderada de la Naciòn – Rama
Judicial. Folio 452, cuaderno principal.
36 El magistrado sustanciador de esta instancia, en providencia dictada el 15 de febrero de 2017, reconoció

personería a la abogada Marleny Isabel Bolaños, como apoderada de la Naciòn – Rama Judicial. Folio 503,
cuaderno principal.
37 Renuncia al poder. Folios 527 y 528, cuaderno principal.
38 Renuncia al poder. Folios 534 y 535, cuaderno principal.
39 Escrito que contiene el poder conferido. Folios 530 a 532, cuaderno principal.
40 Según el Acta N n° 2 de Sala de Sala de Sección Tercera, Subsección C.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 41-42— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece,
“cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”43.

3.2. En este orden de ideas, al revisar el contenido del recurso de apelación
interpuesto por los actores y el agotamiento de las etapas en este proceso, cabe
precisar que esta Sala no se pronunciará sobre los cargos de la alzada
relacionados con las pretensiones indemnizatorias de German Stalin Correa
Cadena, en la medida en que este último acogió los términos del acuerdo
conciliatorio logrado con la Fiscalía General de la Nación y aprobado por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada44;
así que, en consecuencia, este contencioso concluyó respecto de aquel integrante
del colectivo demandante. Por las mismas razones, tampoco habrá manifestación
alguna en relación con los demás sujetos de la parte activa45 que aceptaron el
referido pacto.

3.3. Precisado lo anterior, los cargos de los recursos de apelación dan lugar al
siguiente problema jurídico: ¿Se le causó un daño antijurídico a María Nancy
Cadena Obando y a Deiver Correa Cadena, con ocasión y por rebote de la privación
de la libertad de que fue objeto German Alonso Correa Borja, la cual culminó en
razón de la preclusión de investigación por vencimiento de términos?

3.4. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección estudiará este problema jurídico: ¿El daño antijurídico advertido se
refleja frente a todo el tiempo en que duró la privación del señor Correa Borja o,

41 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original).
42 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio

de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
44 Ver numeral 2.5. de esta providencia.
45 German Alonso Correa, Gloria Borja, Nora Soledad Correa Borja, Liliana Correa Borja y Gloria Inés Correa

Borja.

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Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

solamente respecto de aquella fracción que dio lugar a la declaratoria de
vencimiento de términos?

3.5. Dilucidado el anterior planteamiento, la Sala establecerá ¿El daño que se revele
indemnizable debe ser atribuido a todas las demandadas, o a una o unas en
particular?

3.6. Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios
para que surja la responsabilidad estatal, esta Colegiatura absolverá estos
interrogantes: ¿María Nancy Cadena Obando acreditó los parámetros
jurisprudenciales de esta Corporación para acceder a una condena por concepto de
perjuicios morales? Y ¿La condena impuesta en el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, a favor de Deiver Correa Cadena, se ajusta a los criterios
establecidos por el Consejo de Estado?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Litis, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto46, así como
del oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que
presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 12 de marzo de 201047 y su
demanda el 13 de julio del mismo año48, esto es, dentro de los dos (2) años
posteriores49 al día siguiente a la ejecutoria de la decisión adoptada, en audiencia,
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, que precluyó la
investigación penal del señor Correa Borja (8 de julio de 2008); o al momento en
que el señor Correa Borja recuperó su libertad (10 de julio de 2008).

4.1.2. Deiver Correa Cadena está legitimado en la causa por activa, debido a
que en el expediente se encuentra acreditada la condición que detenta como hijo
de German Alonso Correa Borja50.

En relación con María Nancy Cadena Obando, quien manifestó que acudía a este
contencioso en su condición de compañera permanente de la víctima directa, valga
la pena resaltar que le asiste razón al juez de primera instancia cuando le restó
eficacia probatoria a la declaración extrajuicio allegada por la parte actora 51 para
demostrar aquel vínculo, toda vez que esa declaración no fue ratificada en este
proceso52. Ahora, esta Corporación ha indicado que la parte interesada puede

46 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008,

exp. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985).
47 La audiencia de conciliación prejudicial, que se declaró fallida, se celebró el 24 de mayo de 2010. Acta y

constancia del Ministerio Público. Folios 15 a 18, cuaderno 1.
48 Acta de presentación personal. Folio 1, cuaderno 1.
49 Código Contencioso Administrativo, artículo 136. “Caducidad de las acciones. 1. La acción de nulidad podrá

ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. […] 8. La de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. […]”.
50 En el expediente se encuentra la copia del registro civil de nacimiento de Deiver Correa Cadena, con indicativo

serial 40774017 y con fecha inscripción 10 de abril de 2007 ante la Registraduría de Santa Bárbara (Nariño),
que acredita que sus padres son German Alonso Correa Borja (la víctima directa) y María Nancy Cadena
Obando. Folio 29, cuaderno 1.
51 Declaración extrajuicio. Folio 19, cuaderno 1.
52 Código de Procedimiento Civil, artículo 229. “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de

testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca

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acreditar la existencia de una relación marital entre dos personas, es decir, la
estabilidad del vínculo afectivo entre compañeros permanentes, a través de
cualquier medio probatorio incorporado al plenario53. En ese sentido, a juicio de esta
Sala, medios de convicción como las copias de los registros civiles de nacimiento
de German Stalin Correa Cadena y Deiver Correa Cadena54, del acta de derechos
del capturado emitida por la Policía Judicial55 o de la cartilla biográfica del interno
expedida por el INPEC, Seccional Tumaco56, son elementos probatorios suficientes
para denotar que María Nancy Cadena Obando era la compañera permanente57 del
señor Correa Borja para el momento de los hechos y, por ende, su legitimación en
la causa por activa, comoquiera que dan cuenta de: i) la presencia de dos hijos
comunes entre los involucrados; ii) el nacimiento de uno de esos dos hijos dentro
de los ochos meses anteriores a la detención preventiva; y iii) la identificación
reiterada de la señora Cadena Obando en el proceso penal, como la pareja afectiva
del señor Correa Borja.

Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, están legitimados en causa la
Nación – Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su
delegado, en cuanto fue el órgano que solicitó la medida privativa de la libertad del
señor Correa Borja y deprecó dos veces la preclusión de la investigación; y la
Nación – Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración
Judicial, al ser el organismo que decretó la detención preventiva por medio del juez
de control de garantías y resolvió las dos peticiones de precluir la instrucción penal.

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico
y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

4.2.2. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe
medidas de aseguramiento privativas de la libertad58, cuando el juez de control de
garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser
autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida
resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia,
constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no

en el posterior. 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los
artículos 298 y 299. (…)”.
53 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de noviembre de 2020, exp.

50349.
54 Registro civil de nacimiento de Deiver Correa Cadena. Folio 29, cuaderno 1. Registro civil de nacimiento de

German Stalin Correa Cadena. Folio 390, cuaderno principal.
55 Acta de derechos del capturado emitida por la Policía Judicial. Folio 40, cuaderno 1.
56 Cartilla biográfica del interno. Folio 30, cuaderno 1.
57 Se aclara que, aun cuando al proceso se allegó el certificado de matrimonio así como el acta de celebración

de matrimonio civil entre la señora Cadena Obando y German Alonso Correa Borja, tales pruebas no revelan
una situación de convivencia marital para el momento en que fue privado de la libertad el señor Correa Borja,
pues los documentos datan del año 2013, es decir, seis años posteriores a la ocurrencia del proceso penal
objeto de examen y, por lo mismo, no se legitimará como cónyuge, sino como compañera permanente que fue
la calidad probada para la época de los hechos. Cfr. Certificado de matrimonio y acta de celebración de
matrimonio civil. Folios 391 a 393, cuaderno 1.
58 “Artículo 307. Son medidas de aseguramiento: || A. Privativas de la libertad || 1. Detención preventiva en

establecimiento de reclusión. || 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que
esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; […]”.

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comparezca al proceso o cumpla la sentencia59. El análisis de la necesidad, a su
vez, no debe basarse en fórmulas generales o abstractas, sino con arreglo a las
circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon
la comisión del delito en el caso concreto60.

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención
preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera
procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueces
penales de circuitos especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4)
años o más61. Dicha medida, puede ser sustituida por las de detención en el lugar
de residencia, cuando sea suficiente para el cumplimiento de los fines, conforme a
la vida personal, laboral, familiar o social del imputado62. La definición del tipo de
medida cautelar impuesta debe atender a “juicios de necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar el
juez de garantías, a fin de establecer si la restricción de los derechos fundamentales
a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción es admisible o
no”63.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia64 ha precisado, a su
vez, que la Ley 906 de 2004 reguló unos medios cognoscitivos, propios de la fase
de indagación e investigación en la que, al no haberse celebrado la audiencia
pública en la que se surte la contradicción, no son pruebas, pero fundamentan
decisiones que en el proceso se adopten. De tales medios forman parte los informes
de investigador de campo y de investigador de laboratorio, también conocidos como
informes policiales y periciales65. En ellos, pueden incorporarse las entrevistas

59 “Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,

decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla
alguno de los siguientes requisitos: || 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para
evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. || 2. Que el imputado constituye un peligro para
la seguridad de la sociedad o de la víctima. || 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al
proceso o que no cumplirá la sentencia. […]”.
60 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-469 de 2016, fundamento jurídico 20; y sentencia C-123 de 2004,

fundamento jurídico 5.
61 “Artículo 313. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en

establecimiento carcelario, en los siguientes casos: || 1. En los delitos de competencia de los jueces penales de
circuito especializados. || 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la
ley sea o exceda de cuatro (4) años”.
62 “Artículo 314 Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario

podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: || 1. Cuando para el cumplimiento
de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia,
aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia
de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. […]”.
63 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto del 11 de agosto de 2021, AP3483-2021,

exp. 59710.
64 Auto del 15 de octubre de 2008, exp. 29626.
65 “Artículo 209. Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes

características: a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad
investigativa a que se refiere el informe; b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad
investigativa antes mencionada; c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia
física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia; d) Acompañará
el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado. || Artículo 210. Informe de
investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características: a) La
descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física examinados; b) La descripción
clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y, además, informe
sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica; c) Relación de los
instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento al momento del examen; d)
Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por
la comunidad científica; e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica;
f) Interpretación de esos resultados”.

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realizadas por policía judicial, en lo que resulta “importante que hayan sido
recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por el
Código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con los
compromisos de verdad y lealtad procesal, y que la pretensión se torne
sumariamente seria”.

Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que
se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio
lesionado no está obligado a soportar66, lleva a entender que, en algunas ocasiones,
el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de
la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente
injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota
con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la
autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para
preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de
responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de
su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo
90 de la Constitución Política de Colombia.

Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de
detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata,
como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no
puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del
proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la
antijuridicidad que reposa en la causación del daño67. Debe surgir de una adecuada
relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida68-69, y la
contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la
configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para
su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad).
Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de
pena previsto para el delito70 (proporcionalidad).

66 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771.
67 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica

exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una
interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad. […]”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018.
68 “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías

judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del
detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente
de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar,
no punitiva”. CORTE IDH, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C Nº 35, párr. 77.
69 “Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión

preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo
procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque
se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se
debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. […]
105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el
lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)”. COMISIÓN IDH.
Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr.
100, 102 y 105.
70 “La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una

persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe
evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera
en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en
supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha
excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación
racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del

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Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre sobre la
responsabilidad del imputado debe incrementarse a medida que avanza el proceso,
pasando de la inferencia razonable, al formular la imputación71, a la probabilidad de
verdad de la existencia de la conducta delictiva y la autoría o participación del
imputado, cuando se acuse72, y luego al convencimiento que supere la duda
razonable73 requerido, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere la
presunción de inocencia74.

4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales y a las grabaciones
practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos:

4.2.3.1. El 10 de noviembre de 2007, en el sector de Morongo del municipio de
Iscuandé (Nariño), miembros de la Infantería de Marina de Colombia requisaron una
embarcación en la cual se encontraban German Alonso Correa Borja y Orlando
Rodríguez Castañeda75. El resultado de la diligencia fue el hallazgo de un paquete
que contenía supuestamente estupefacientes y, por consiguiente, la captura de las
dos personas en mención76.

4.2.3.2. La Unidad Investigativa de Policía Judicial de El Charco, Seccional de la
Policía de Nariño, el 11 de noviembre de 2007, inspeccionó la sustancia hallada en
la embarcación e indicó el siguiente resultado: “se toma una cantidad representativa
de la sustancia de cada uno de los paquetes y se le agrega tres gotas de reactivo
SCOTT y dio como resultado preliminar positivo para derivados de la cocaína”77.

4.2.3.3. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Mosquera (Nariño), con funciones de control de garantías, celebró audiencia el 11
de noviembre de 200778, en la que declaró la legalidad de la captura de los
aprehendidos y les impuso una medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario, por encontrarse sindicados de haber
incurrido en la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En la diligencia, el señor Rodríguez Castañeda se allanó a los cargos que le fueron
imputados por la Fiscalía, pero el señor Correa Borja, no. Los imputados
interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión de imponerles una
medida de aseguramiento en su contra79.

derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal
restricción”. CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17
de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122.
71 Ley 906 de 2004. “Artículo 287.El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales

probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el
fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que
corresponda”.
72 Ley 906 de 2004. “Artículo 336. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para

adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente
obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es
su autor o partícipe”.
73 Ley 906 de 2004. “Artículo 372. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda

razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como
autor o partícipe”.
74 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328.
75 Acta de audiencia de preclusión realizada el 11 de enero de 2008. Folio 258, cuaderno 2. Acta de incautación

de elementos e informe de la Armada Nacional. Folios 222 y 223, cuaderno 2.
76 Acta de derechos del capturado. Folios 40, cuaderno 1; y 224, cuaderno 2.
77 Diligencia de inspección de sustancia. Folio 231, cuaderno 2.
78 Acta de audiencias preliminares. Folios 209 y 210, cuaderno 2; y 38 y 39, cuaderno 1.
79 Ibid. Folio 210, cuaderno 2.

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4.2.3.4. La Fiscalía, el 5 de diciembre de 200780, presentó escrito ante el Centro
de Servicios Judiciales de Tumaco, en el que solicitaba la preclusión de la
investigación penal del señor Correa Borja, con sustento en la causal sexta del
artículo 332 de la Ley 906 de 2004, referente a la imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia del procesado. Ese mismo día, el órgano investigador
radicó escrito de acusación en contra del señor Orlando Rodríguez Castañeda81.

4.2.3.5. El 7 de diciembre de 200782, el ente investigador radicó la misma
petición preclusoria ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializado de Pasto.

4.2.3.6. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, con
funciones de conocimiento83, en audiencia del 11 de enero de 200884, negó la
solicitud de preclusión de investigación, por cuanto, en su opinión, la Fiscalía no
dio cuenta de haber agotado un programa metodológico de investigación, al punto
que, efectivamente, resultara imposible desvirtuar la presunción de inocencia.

4.2.3.7. La Fiscalía y la defensa apelaron la anterior decisión85, no obstante, en
escrito posterior, presentaron escritos de desistimiento de aquel medio de
impugnación86, que luego fueron aceptados por El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto87.

4.2.3.8. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, el 17 de enero de
200888, declaró desierto el recurso de apelación en contra de la decisión de
imponer medida de aseguramiento a los imputados, comoquiera que el
apoderado de la defensa renunció al poder que le fue otorgado para representar a
los procesados; y, por ende, no compareció a la diligencia cuyo fin era la
sustentación de la alzada.

4.2.3.9. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, en
providencia dictada el 6 de febrero de 2008, manifestó: “se recibe el presente
proceso proveniente del Tribunal Superior de Pasto (…), toda vez que la Fiscalía y
la defensa desistieron del recurso de apelación del auto de fecha 11 de enero del
año en curso”89. Por lo anterior, ordenó que se remitiera “la causa” a la Fiscalía
Primera Especializada de Tumaco.

4.2.3.10. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Pasto remitió al Fiscal Primero de Tumaco,
a través del Oficio CSA.SPA.J1 265 emitido el 7 de febrero de 2008, el expediente

80 Escrito de la primera solicitud de preclusión de la investigación. Folios 215 a 217, 270 y 271, cuaderno 2.
81 Escrito de acusación. Folios 263 a 265, cuaderno 2.
82 Escrito de la primera solicitud de preclusión de la investigación. Folio 272 y 273, cuaderno 2.
83 El asunto le fue asignado el 10 de diciembre de 2007. Acta de reparto. Folio 269, cuaderno 1.
84 Acta de audiencia en la que se resolvió la primera solicitud de preclusión de la investigación. Folios 256 a

261, cuaderno 2.
85 Ibid.
86 Constancias de los desistimientos de los recursos de apelación contra la decisión de negar la primera solicitud

de preclusión de la investigación. Folios 248, 254 y 255, cuaderno 2.
87 Conforme a la copia del registro de órdenes de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Pasto, que hace constar de aquella decisión, con registro de fecha el 29 de enero de 2008. Folio
250, cuaderno 2.
88 Acta de audiencia que resolvió el recurso de apelación contra la medida de aseguramiento impuesta. Folios

201 y 202, cuaderno 2.
89 Providencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto. Folio 244, cuaderno 2.

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del proceso penal adelantado en contra del señor Correa Borja contenido en
“34 folios, incluido medios magnéticos, un (1) CD”90.

4.2.3.11. El Centro de Servicios Administrativos de Pasto, con oficio emitido el 18
de febrero de 200891, remitió a la Fiscalía Primera Especializada de Tumaco “un
(1) CD y 2 Casetes”, con el objeto de que se incorporara a la “carpeta referente al
acusado (…) CORREA BORJA”. En el oficio se aclaró: “El expediente fue remitido
a su despacho el día siete de los cursantes con oficio 265”. (Negrilla en el
texto).

4.2.3.12. La Fiscalía Primera Especializada de Tumaco, el 12 de marzo de
200892, solicitó por segunda vez, ante el Centro de Servicios Judiciales de
Tumaco, que se declarara la preclusión de la investigación del señor Correa
Borja, con fundamento en la causal número 5 del artículo 332 del Código de
Procedimiento Penal y bajo la consideración de que Orlando Rodríguez Castañeda
(la otra persona capturada), en interrogatorio, manifestó que el señor Correa Borja
no tuvo participación en el hecho delictivo, ya que únicamente se encontraba en la
embarcación como pasajero; y que la sustancia incautada pertenecía a una tercera
persona.

4.2.3.13. Ángela María Quevedo Guerrero, Jefe del Centro de Servicios Judiciales
de Tumaco, el 11 de junio de 200893, envió un escrito al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto, en el
que hizo esta petición:

“De manera comedida le solicito que las carpetas que sean enviadas
por parte de este Centro de Servicios a los Juzgados Penales del
Circuito Especializado, si por razones procesales (nulidades) se ordena
devolverlas a los juzgados de control de garantías o a los fiscales para
que sean corregidas determinadas actuaciones, se lo haga
entregándole a los últimos mencionados copia de estas, mas no las
originales las cuales deben ser devueltas directamente al Centro de
Servicios y no por intermedio de la fiscalía; lo anterior porque es así
como este centro lleva control y gestiona lo pertinente, pues como se
puede observar, el trámite dado a esta carpeta es confuso por no
haberse seguido este procedimiento, ya que la carpeta original no fue
devuelta al Centro de Servicios Judiciales de Tumaco, sino a la Fiscalía
Especializada organismo que maneja otra clase de información”94.

Al final, manifestó que adjuntaba la carpeta del proceso penal del señor Correa
Borja, integrada por 77 folios, 2 casetes y 1 CD.

4.2.3.14. El 19 de junio de 200895, el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto repartió la solicitud de
preclusión de la investigación requerida por la Fiscalía, al Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Pasto, con funciones de conocimiento.

90 Oficio de la Secretaría del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto. Folio 243, cuaderno

2.
91 Oficio de la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Pasto. Folio 199, cuaderno 1.
92 Escrito de la segunda solicitud de preclusión de la investigación. Folios 211 a 213, cuaderno 2.
93 Oficio del Centro de Servicios Judiciales de Tumaco. Folio 198, cuaderno 1.
94 Ibid.
95 Acta de reparto. Folio 197, cuaderno 1.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

4.2.3.15. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, en
audiencia celebrada el 8 de julio de 200896, precluyó la investigación penal que
cursaba en contra del señor Correa Borja, bajo la causal relativa al vencimiento de
términos (numeral séptimo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004). Lo anterior, con
base en estos argumentos: i) no estaba demostrada la imposibilidad de desvirtuar
la presunción del procesado, si la Fiscalía no acreditó la manera en la que, luego de
la audiencia de formulación de cargos, fue diligente en recabar los elementos
probatorios necesarios para esclarecer las circunstancias objeto de investigación
penal; ii) el 31 de enero de 2008 quedó en firme la providencia que accedió a los
escritos de desistimiento de los recursos de apelación interpuestos en contra de la
decisión de negar la primera solicitud de preclusión de la investigación; y iii) acorde
con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 906 de 2004, entre el 1° de febrero de
2008 y los primeros días de marzo del mismo año, la Fiscalía podía formular una
segunda petición preclusoria de la investigación, no obstante, la radicó el 13 de
marzo de 2008, cuando el plazo ya había vencido; y iv) la presentación
extemporánea de la segunda solicitud de preclusión de la investigación produjo un
vencimiento de los términos para “dar una respuesta en un sentido del caso” 97.

La Fiscalía informó en esa audiencia, respecto del trámite de la primera petición
de preclusión de la investigación, que: i) La sustentación de la solicitud no tuvo
éxito por circunstancias ajenas a su voluntad y a la de la defensa. Lo anterior, afirmó,
porque tenía el convencimiento que existía una sola carpeta para ambos imputados,
pero el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto no compartió
esa opinión, al considerar que cada procesado contaba con una carpeta distinta y,
por ende, su propia documentación; ii) el Centro de Servicios Judiciales no allegó
los documentos que integraban la carpeta del proceso penal adelantado en contra
del señor Correa Borja; y iii) el juez penal de conocimiento citó a la audiencia de
preclusión de la investigación, sin tener la totalidad de la documentación98.

En relación con el trámite de la segunda solicitud de preclusión de la
investigación, el órgano investigador aseveró que la radicó el 12 de marzo de 2008
ante el Centro de Servicios Judiciales de Tumaco, tras el regreso a su despacho de
la carpeta del proceso del señor Correa Borja. Luego, informó que la Directora del
Centro de Servicios Judiciales de Tumaco anexó la documentación aportada a la
carpeta de Orlando Castañeda. Indicó que en la ciudad de Pasto no había llegado
la solicitud preclusoria, pese a que ya habían transcurrido tres meses de su
radicación; así que acudió a la Directora del Centro de Servicios Judiciales de
Tumaco, quien pudo percatarse de la indebida anexión de documentos, y, luego,
proceder con la remisión de los documentos a la ciudad de Pasto. Finalmente,
comentó que el 7 de junio de 2008, el señor Correa Borja envió un escrito en el que
requería información sobre aquella solicitud de preclusión de la investigación 99.

Al final de la audiencia, la Fiscalía indicó que “para no generarle más traumas al
capturado” no interponía recurso contra la decisión de precluir la investigación del
señor Correa Borja, pero que, en todo caso, si era necesario destacar que no ocurrió
una presentación extemporánea de la segunda solicitud de preclusión de la
investigación, al tener en cuenta, acorde con el artículo 335 de la Ley 906 de 2004,

96 Acta de audiencia en la que se resolvió la segunda solicitud de preclusión de la investigación. Folios 188 a

191, cuaderno 1; y 34 a 37, cuaderno 1.
97 Tercer CD del cuaderno 1. Archivo “52696610050920078028500_520013107002_1”. Grabación de la

audiencia de la segunda solicitud de preclusión de la investigación. Minutos 6:53 a 14:28.
98 Tercer CD del cuaderno 1. Archivo “52696610050920078028500_520013107002_0”. Grabación de la

audiencia de la segunda solicitud de preclusión de la investigación. Minutos 17:11 a 33:08.
99 Ibid.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

que el plazo para formular esa petición comenzó a correr desde la fecha en que
recibió las diligencias, porque fue en ese momento que tuvo conocimiento de la
decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que admitió
los comentados escritos de desistimiento100.
4.2.3.16. El señor Correa Borja recobró su libertad el 10 de julio de 2008101.

4.2.4. Con base en los anteriores hechos probados, es válido colegir que German
Alonso Correa Borja soportó una medida restrictiva de su bien jurídico de la libertad
personal y física, que generó padecimientos no solo a él sino a sus seres
queridos102; y que, en consecuencia, la parte demandante honró la carga que le
asistía de demostrar el daño o menoscabo a un bien o interés jurídicamente
tutelado.
Ahora, con fundamento en el marco teórico, normativo y jurisprudencial ya descrito,
resulta necesario, para efectos de determinar el carácter antijurídico del daño
padecido por la víctima directa, que el Juez Administrativo constate el respeto de
las formalidades procesales y materiales para la solicitud e imposición de la
detención preventiva, y constate la existencia real de los fines que pretendían
servirse con ella, la proporcionalidad de su extensión temporal, y la razonabilidad
de la decisión de imponerla.

En ese sentido, cabe decir que las pruebas del expediente revelan que la medida
de aseguramiento impuesta al señor Correa Borja se muestra proporcional, en
razón a que el tiempo en que estuvo detenido (siete meses y veintiocho días 103), no
puede considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión establecida
para el delito de tráfico o porte de estupefaciente104. También, que la detención
preventiva responde a la condición de legalidad, por estar inmerso en la instrucción
penal del señor Correa Borja, la comisión de una conducta punible con una pena de
prisión superior a cuatro años, y cuya competencia está asignada a los jueces
penales de circuito especializado105. Sin embargo, frente a los criterios de
razonabilidad y necesidad no es factible acometer el correspondiente análisis, en
tanto que del plenario no se extrae algún medio de convicción que ponga de
presente el examen que efectuó el juez de control de garantías sobre esos criterios,
a la luz del hecho ilícito que le fue endilgado al imputado, y de los parámetros de la
Ley 906 de 2004. Un ejemplo de ello, en el contenido del acta de celebración de las
audiencias preliminares se hace constar la orden de imponer una medida de
aseguramiento al señor Correa Borja y la interposición de recursos de apelación
contra esa decisión, pero sin consignar los fundamentos de aquella determinación
o los motivos para promover el referido medio de impugnación. Inclusive, la
grabación de la audiencia en que se resolvió la segunda solicitud de preclusión de
la investigación, aunque revela los elementos materiales probatorios con los que
contaba la Fiscalía para requerir la detención preventiva, no advierte la carga
argumentativa que respaldó la inferencia razonable que observó el juez de control

100 Tercer CD del cuaderno 1. Archivo “52696610050920078028500_520013107002_1”. Grabación de la
audiencia de la segunda solicitud de preclusión de la investigación. Minutos 16:00 a 18:00.
101 Boleta de libertad y orden de libertad. Folios 32, 47 y 184, cuaderno 1.
102 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36149.
103 Lapso contabilizado entre el día en que se impuso la medida de aseguramiento y la fecha en que recobró la

libertad la víctima directa.
104 Código Penal, artículo 376, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. “Tráfico, fabricación o porte

de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso
personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve,
elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia,
incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses (…)”. (Negrilla fuera del
texto).
105 Texto original del artículo 313 de la Ley 906 de 2004.

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Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

de garantías para encontrar al señor Correa Borja como posible autor del delito
investigado.

Así las cosas, la Sala no encuentra los elementos de juicio suficientes para entrar a
verificar el carácter arbitrario o irrazonable de la medida de aseguramiento
impuesta; lo que, por ende, conduce a colegir, acorde con lo establecido en el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 106, que la parte demandante no
demostró el carácter antijurídico del daño sufrido por el señor Correa Borja,
en cuanto a ese punto de la controversia y, hasta ese estadio de la privación.

4.2.5. Ahora bien, con motivo de los fundamentos que sostienen el fallo en primera
instancia del Tribunal Administrativo de Nariño, los cargos invocados en los recursos
de apelación, y las reclamaciones planteadas en la demanda, la Sala verificará si
las actuaciones de la Fiscalía, posteriores a la imposición de la medida de
aseguramiento, contribuyeron, o no, a que la detención preventiva del señor Correa
se prolongara de manera injustificada en el tiempo.

El artículo 175 de la Ley 906 de 2004107 dispone que la Fiscalía debe solicitar la
preclusión de la investigación, con sustento en alguna de las causales fijadas en el
artículo 332 de la misma norma108 y en el evento de que no existe mérito para
acusar109, dentro de los treinta días siguientes a la formulación de imputación de
cargos, salvo en lo dispuesto en el artículo 294 ejusdem. Esta última disposición
normativa establece que si el anterior plazo se vence y el ente investigador ha
incumplido con aquella carga que le asiste, este pierde competencia para adelantar
actuaciones en el proceso y, entonces, el superior designa a un nuevo fiscal, quien
debe adoptar la decisión que corresponda en el plazo de treinta días, so pena de
que el imputado quede en libertad inmediata ante la indefinición de su situación
jurídica.

El artículo 335 de la Ley 906 de 2004 preceptúa que, si el Fiscal efectivamente
depreca la preclusión de la investigación en el plazo fijado por el artículo 175 de la
Ley 906 de 2004 y queda en firme la decisión de rechazar esa petición, “las
diligencias (vuelven) a la Fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de
la preclusión”.

Hasta aquí, puede advertirse que de la aplicación del artículo 175 ibidem, que refiere
al tiempo ─30 días─ de que dispone la Fiscalía para, luego de la imputación de
cargos solicitar, bien sea la acusación o la preclusión, se desprenden dos
posibilidades diferenciables entre sí: (i) que el fiscal encargado deje vencer el plazo
sin presentar la correspondiente solicitud, en cuyo caso, será relevado y se le
asignará el asunto a otro fiscal que contará nuevamente con los 30 días del término
inicial, porque así lo prevé expresamente el artículo 294 ibidem, y (ii) que el fiscal
encargado presente la solicitud dentro del término, pero aquella sea rechazada por
el juez correspondiente, pudiendo presentar una nueva solicitud, en los términos del
artículo 335 ejusdem.

106 “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas

persiguen”.
107 Texto original de la norma, porque era el vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos.
108 Artículo 332. Causales. “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o

continuar el ejercicio de la acción penal. 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo
con el Código Penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4. Atipicidad del hecho investigado. 5. Ausencia de
intervención del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia. 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este
código”. (Negrilla fuera del texto).
109 Artículo 331 de la Ley 906 de 2004.

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En el marco de este último evento se desarrolló el sub lite y, por tanto, corresponde
a la Sala analizar ─a efectos de determinar si la privación del señor Correa Borja se
prolongó más allá de lo permitido─, si la Fiscalía elevó oportunamente o a
destiempo la segunda solicitud de preclusión, lo que implica establecer en qué
momento preciso feneció el término legal de que disponía para ello.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento
del 3 de noviembre de 2021, indicó que el artículo 335 ejusdem debe ser
interpretado en armonía con el artículo 175 ibidem, en el sentido de comprender
que la aludida “restitución del término” se refiere al término faltante que le fue
otorgado a la Fiscalía (30 días) para desarrollar la investigación penal110.
Ejemplificado lo anterior, quiere decir que, si el fiscal presenta la primera solicitud
de preclusión el día 24 posterior a la formulación de acusación y aquella es
rechazada, dispone, por vía de restitución del término, los seis días faltantes para
completar el término definitivo de 30 días y, no un restablecimiento de 30 días
adicionales, porque tal posibilidad solo aplica para la excepción de que trata el
artículo 294 ejusdem.

Un entendimiento distinto tuvo el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Pasto, pues consideró que la restitución del término prescrito en el artículo 335
de la Ley 906 de 2004 equivale a una reactivación del término inicial establecido en
el artículo 175 de la misma norma, es decir, otros treinta días adicionales.

Adicionalmente, la Fiscalía le añadió otra arista interpretativa en el sentido de
entender que la reactivación del término para presentar la segunda solicitud empezó
a correr, no desde que quedó ejecutoriada la decisión de rechazo de la primera
solicitud, sino desde cuando las diligencias retornaron a su despacho, en
contraposición a la tesis del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Pasto que indicó que el término corría desde le ejecutoria y, por tanto, no venía al
caso descontar el tiempo que aducía la Fiscalía y, menos aún, aquél que tomó la
segunda solicitud de preclusión en llegar nuevamente al Juzgado, por cuenta de
que la Fiscalía la radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Tumaco y no en
Pasto como correspondía.

Bajo ese panorama y de conformidad con los hechos probados, la Sala observa lo
siguiente:

En primer lugar, si esta Colegiatura, a partir de una lectura gramatical del artículo
335 de la Ley 906 de 2004, asumiera –como así lo consideró la Fiscalía en la
audiencia del 8 de julio de 2008– que la restitución del término para formular la
segunda solicitud de preclusión de la investigación comenzó a correr, no desde que
quedó en firme la decisión de rechazar la primera solicitud de preclusión, sino a
partir de que, efectivamente, le fueron devueltas las diligencias al ente investigador,
entonces cabría entender, conforme a las pruebas del proceso, que este último
evento ocurrió el 7 de febrero de 2008 ( ver numeral 4.2.3.10. de esta providencia),

110 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto del 3 de noviembre de 2021, AP5252-2021,

radicación número 58646, acta número 287. “La restitución del término, regulada en el artículo 335 ibidem, ha
de mirarse en armonía con lo previsto en el artículo 175 ibidem, en cuanto establece la ‘duración de los
procedimientos’, refiriéndose al término del cual dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la
preclusión, que se contará desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo las excepciones
legales. || De acuerdo con ello, la restitución del término previsto en el mencionado artículo 335, se refiere al
otorgado a la Fiscalía para continuar con el desarrollo de la investigación penal, pues se entiende que fueron
ellos los términos que se interrumpieron con ocasión a la solicitud de preclusión de investigación, lo que significa
que, al ser rechazada, el lapso de duración de esta actuación debe ser repuesto al término faltante para
culminar la investigación”. (Negrilla fuera del texto).

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
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cuando la Secretaría del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto
remitió el expediente del proceso penal del señor Correa Borja a la Fiscalía,
circunstancia confirmada por el oficio enviado el 18 de febrero del mismo año (ver
numeral 4.2.3.11. de esta providencia). Y en ese sentido, si se optara por alguna de
las posturas interpretativas de la Corte Suprema de Justicia o del Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Pasto, respecto del plazo máximo para
promover la referida segunda solicitud, la conclusión obtenida sería igual y es que,
en cualquiera de los dos eventos, la Fiscalía desatendió el plazo legal que le había
sido ordenado para promover una segunda petición preclusoria, tras el rechazo de
la primera.

En concreto, por un lado, conforme a lo planteado por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, se puede denotar que, si la Fiscalía deprecó, aunque
en lugar incorrecto (Tumaco y no Pasto), la preclusión de la investigación el 5 de
diciembre de 2007, esto es, seis días antes del vencimiento del término fijado en el
artículo 175 de la Ley 906 de 2004, entonces el órgano investigador tenía el deber
de formular una segunda petición en el mismo sentido hasta el 13 de febrero de
2008111; y por el otro, la posición del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Pasto se centraría en aducir que aquel plazo se extendía hasta el
8 de marzo de 2008112, sin embargo, en ambos supuestos, la Fiscalía no honró
tales límites y la promovió el 12 de marzo de 2008.

En segundo lugar, que no se encuentra justificación para comprender por qué la
Fiscalía, pese a tener de presente que la competencia para resolver las solicitudes
de preclusión de la investigación estaba en cabeza de los jueces penales del circuito
especializado de San Juan de Pasto, porque así lo demostró en la primera ocasión,
decidió radicar la segunda solicitud ante el Centro de Servicios Judiciales de
Tumaco y no en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializado de Pasto, a quien efectivamente le asistía la función de
repartir el expediente del asunto entre las distintas autoridades judiciales de ese
municipio, y de garantizar el traslado de la documentación que integra la petición al
respectivo despacho.

Finalmente, que la Fiscalía, en la audiencia del 8 de julio de 2008 y a pesar del
tiempo que permanecía privado de su derecho a la libertad el señor Correa Borja
(entre seis y siete meses), reconoció su complacencia con permitir el transcurso de
tres meses, contados a partir de la radicación de la segunda solicitud de preclusión
de investigación, para adelantar actuaciones que brindaran una solución efectiva a
las dificultades acaecidas en el traslado de la documentación que contenía la
petición al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Pasto y, por consiguiente, su respectivo reparto. No puede haber
motivación que respalde el hecho de haber repartido el expediente hasta el mes de
junio de 2008, si esto hubiera podido evitarse con una labor de investigación de la
Fiscalía más rigurosa y respetuosa del tiempo que llevaba privado de la libertad el
señor Correa Borja.

Visto lo anterior, la Sala considera que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía
no se muestran diligentes, como lo exige la máxima valía de la libertad personal, en

111 Esto, bajo el entendido que, si la Fiscalía recibió el expediente el 7 de febrero de 2008, los seis días restantes

para interponer la segunda solicitud se cumplían el 13 de febrero.
112 Fecha que se determina, teniendo en cuenta que las diligencias, tras el rechazo de la primera solicitud, le

fueron devueltas a la Fiscalía el 7 de febrero de 2008, data a partir de la cual (considerando el día siguiente al
recibido), bajo la interpretación del Juzgado tendría hasta el 8 de marzo de 2008 la Fiscalía para elevar la
segunda solicitud.

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su propósito de satisfacer plenamente sus deberes legales de adelantar una
investigación de los hechos constitutivos de conductas punibles, y de agotar cada
una de las etapas procesales en las oportunidades que ha definido la ley; sino que,
por el contrario, revelan irregularidades que resultaron determinantes para que
German Alonso Correa Borja sufriera una injustificada prolongación en el tiempo de
la restricción de su derecho a la libertad, es decir, el daño antijurídico que lo ha
traído a esta jurisdicción en procura de reparación. Es insoslayable percatarse
que incluso si la Fiscalía, a pesar de la extemporaneidad de la segunda solicitud de
preclusión de la investigación, hubiera actuado en forma diligente ante el órgano
competente y con la presteza que merece buscar una resolución pronta a aquella
petición, el tiempo que el señor Correa Borja hubiera permanecido recluido en un
establecimiento carcelario, sería menor porque la decisión del juez penal de
conocimiento hubiera sido dictada antes de la fecha en la que lo hizo.

En ese sentido, de cara a la imputación del daño antijurídico causado al señor
Correa Borja, la Sala denota que la presentación extemporánea de la segunda
solicitud de preclusión de la investigación y la desidia porque esa petición fuera
radicada ante la autoridad judicial competente y tramitada en plazos razonables,
revela una clara inobservancia por parte de la Fiscalía, de la regulación contenida
en la Ley 906 de 2004 (numeral 10 del artículo 114, artículo 115 y numeral 2° del
artículo 138), que establecía como obligaciones a cargo del ente investigador, las
de “solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones
cuando no hubiere mérito para acusar”; respetar, garantizar y velar por la
salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso; y adecuar
sus actuaciones, bajo un criterio objetivo y transparente, a la correcta aplicación
de la Constitución y de la ley.

Ahora, no resulta posible dar buen recibo a los motivos expuestos por la Fiscalía
en su apelación, para trasladar la atribución del daño a la Rama Judicial y a la
llamada en garantía, pues, primero, el Centro de Servicios Judiciales de Tumaco
no tenía a su cargo la distribución de los expedientes cuya competencia estaba
designada a los jueces penales del circuito especializado de Pasto; segundo, no
hay prueba que demuestre una falla cometida por el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto al
efectuar el reparto de la segunda solicitud de preclusión de la investigación; y,
tercero, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto resolvió la
petición en un periodo que resulta razonable desde que le fue repartida, al tener en
cuenta la carga de trabajo que aqueja a la actividad jurisdiccional. Es valioso
recordar que las irregularidades presentadas, en el orden administrativo, por la
conformación de las carpetas de cada uno de los procesados, no pueden ser un
motivo para relevar de las funciones o deberes que por ley le han sido atribuidos al
órgano investigador, en cuanto a requerir la preclusión de las investigaciones
penales, máxime, cuando está de por medio la libertad personal del investigado.

En consecuencia, esta Subsección concuerda con el Tribunal Administrativo de
Nariño, en cuanto a la decisión de declarar administrativamente responsable a la
Nación – Fiscalía General de la Nación – del daño antijurídico que sufrió German
Alonso Correa Borja, por el tiempo que de manera desproporcionada e injustificable
se extendió su detención preventiva hasta el momento de su liberación; y, por ende,
procederá a la revisión de la condena de reparación de primera instancia.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
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4.3. Sobre la tasación de los perjuicios morales

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación113,
estableció estas reglas para determinar el monto de los perjuicios morales
causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad:

• La indemnización se debe tasar en salarios mínimos legales mensuales
vigentes, en consideración al tiempo que haya durado la detención.
• La privación de la libertad igual o inferior a un mes, será indemnizada a favor de
la víctima directa con una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).
• En el evento en que la privación de la libertad tienen una duración superior a
un mes, aplican estos criterios: i) Por cada mes adicional transcurrido, sin
importar el número de días que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV); y ii) Por cada día adicional al último mes
transcurrido, una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.
• Respecto de los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido,
su cónyuge o su compañero o compañera permanente, la prueba de tales
calidades constituye presunción del perjuicio moral para ellos. Las demás
víctimas indirectas deberán acreditar la existencia del perjuicio moral derivado
de la existencia de una relación estrecha con el detenido de la cual pueda
inferirse la existencia de la afectación moral.
• Para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido y su
cónyuge o compañero o compañera permanente, la indemnización será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la
víctima directa. Para los demás que acrediten los perjuicios morales, el monto
será del treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa114.
• Para la determinación del monto final de la indemnización de las victimas
indirectas dentro de los topes máximos antes señalados, la cuantificación deberá
estar fundamentada en las pruebas que obren en el expediente y ella deberá
ser motivada según lo probado en cada caso.

La privación de la libertad padecida por German Alonso Correa Borja se prolongó
de manera injustificada por el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 10
de julio de 2008, esto es, por un lapso de cuatro meses y veinticinco días, y, en ese
orden, a la víctima directa le correspondería una indemnización por una suma de
dinero equivalente a 24,16115 SMLMV116.

Es necesario precisar que la Sala define este lapso con fundamento en la mentada
labor hermenéutica que la Corte Suprema de Justicia hizo respecto del artículo 335
113 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

noviembre de 2021, exp. 46681.
114 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

noviembre de 2021, exp. 46681. “65.8.- Se reitera lo señalado en las anteriores jurisprudencias de unificación
en lo relativo a que todos los topes que aquí se establecen podrán ser superados cuando se acrediten
circunstancias que revelen una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral sufrido por el detenido
o las víctimas indirectas de la detención, las cuales podrán estar relacionadas con la gravedad del delito por el
cual el sindicado fue investigado o acusado y las circunstancias particulares afrontadas con ocasión de la
detención. En estos eventos, la decisión y las razones que justifican tal determinación deberán motivarse
detalladamente. Finalmente, se establece que en ningún caso la indemnización podrá superar los trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa”.
115 El número correcto es 24,16666666666667.
116 Cuatro meses equivalen a 20 SMLMV y 25 días adicionales en el último mes transcurrido corresponden a

4,166666666666667 (0,1666666666666667 x 25).

21

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

de la Ley 906 de 2004, en cuanto al plazo máximo para formular la segunda solicitud
de preclusión de la investigación, toda vez que alude a una interpretación que
responde en mayor medida a los principios de favorabilidad 117, pro homine y pro
libertate118 en materia penal, respecto de los criterios que fueron aplicados por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto en audiencia del 8 de
julio de 2008, cuando realizó el cómputo de la oportunidad para promover este tipo
de peticiones por segunda vez.

Así las cosas, María Nancy Cadena Obando, al acreditar su condición de
compañera permanente, recibirá el cincuenta por ciento (50%) del valor que le
corresponda a la víctima directa, es decir, el monto equivalente a 12,083 SMLMV.
En cuanto a Deiver Correa Cadena, si bien está demostrada su condición de hijo
de German Correa (primer grado de consanguinidad), y, por consiguiente, le
correspondería una indemnización por la misma tasación asignada a la señora
Cadena Correa, lo cierto es que se mantendrá la condena que le fue reconocida
a su favor en el fallo de primera instancia (40 SMLMV), en virtud del principio no
reformatio in pejus119.

Entonces, el reconocimiento de perjuicios morales quedará así:

Nombre Parentesco Salarios
German Alonso Correa Borja Víctima directa 40 SMLMV
Deiver Correa Cadena Hijo 40 SMLMV
Gloria Borja Madre 40 SMLMV
Liliana Correa Borja Hermana 20 SMLMV
Gloria Inés Correa Borja Hermana 20 SMLMV
Nora Soledad Correa Borja Hermana 20 SMLMV
María Nancy Cadena Obando Compañera permanente 12,083
SMLMV

V. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

117 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-225 de 2019. “El alcance normativo de esta figura jurídica implica

que el legislador, en ejercicio de su potestad de regular los mecanismos para el ejercicio del ius puniendi y
dentro del amplio margen de configuración que le asiste para determinar la política criminal que considere más
conveniente, puede establecer un régimen penal más o menos restrictivo. En dicho marco, el principio de
favorabilidad permite que las personas procesadas penalmente tengan el derecho a la aplicación de las
disposiciones que menos afecten o restrinjan sus derechos fundamentales”. (Negrilla fuera del texto).
118 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-350 de 2019. “La aplicación obligatoria de los principios pro

homine y pro libertate lleva a que la interpretación que privilegia la liberad personal prevalezca, al menos prima
facie, sobre otras consideraciones (…)”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio
de 2004, exp. 15183. “Así se deduce de la interpretación restrictiva de la norma transcrita, con base en el
indubio pro libertate, esto es, que “en caso de duda prevalece la libertad individual sobre la obligación
comunitaria”, y que es justamente la que el operador jurídico debe privilegiar en la medida en que se está en
presencia de excepción a un derecho garantizado constitucionalmente ”. (Negrilla en el texto).
119 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-393 de 2017. “La garantía constitucional de la non reformatio in

pejus, la cual es aplicable no solo a procesos punibles sino a otras ramas del derecho incluyendo la contenciosa
administrativa, es un derecho fundamental que consagra una de las reglas básicas de los recursos, y es la de
establecer un límite a la competencia del fallador de segunda instancia consistente en que su providencia debe
ceñirse únicamente a un pronunciamiento respecto de lo desfavorable a quien apeló, es decir, no puede hacer
más perjudiciales las consecuencias de quien ejerció el recurso. Si el operador transgrede esta regla, su
sentencia estará violando directamente la Constitución”.

22

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el consejero Nicolás Yepes
Corrales y en consecuencia separarlo del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia dictada el 4 de
diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual quedará así:

ABSOLVER de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial y a la llamada en
garantía, Ángela María Quevedo Guerrero, por las razones expuestas.

DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de German Stalin Correa
Cadena.

DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad de Germán Alonso Correa Borja.

CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los
siguientes demandantes estas sumas de dinero:

a) Por concepto de perjuicios morales:

Nivel Demandante Indemnización
German Alonso Correa Borja (víctima Cuarenta (40) SMLMV
directa)
1º Deiver Correa Cadena (hijo) Cuarenta (40) SMLMV
1º Gloria Borja120 (madre) Cuarenta (40) SMLMV
2º Liliana Correa Borja (hermana) Veinte (20) SMLMV
2º Gloria Inés Correa Borja Veinte (20) SMLMV
(hermana)
2º Nora Soledad Correa Borja (hermana) Veinte (20) SMLMV
1° María Nancy Cadena Obando Doce coma cero ochenta y
(compañera permanente) tres (12,083) SMLMV

TERCERO: En lo demás, CONFÍRMESE la sentencia de primera instancia.

CUARTO: Sin condena en costas

QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por Nelson Javier Rojas Goyes y
Marleny Isabel Bolaños Riascos, como apoderados judiciales de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, al reunir los

120 Tener en cuenta que en el registro civil de nacimiento de German Alonso Correa Borja, identificado con el

indicativo serial 3028899 y con fecha de inscripción el 11 de agosto de 2009, registra que su madre es
identificada con el nombre “Gloria Borja Gil” (folio 25, cuaderno 1), pero en los registros civiles de nacimiento
de sus hermanas, Liliana Correa Borja (indicativo serial 5927661), Gloria Inés Correa Borja (indicativo serial
5927662) y Nora Soledad Correa Borja (no se puede visualizar el indicativo serial), aparece consignado el
nombre de “Gloria Borja Quintero”, como su madre (Folios 26 a 28, cuaderno 1). Además, que en el expediente
se encuentra una cédula de ciudadanía expedida el 11 de diciembre de 1989, que registra el nombre “Gloria de
Jesús Borja Quintero” y el número de identificación 39.410.121. (folio 22, cuaderno 1).

23

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00320-01 (57837).
Demandante: Germán Alonso Correa Borja y otros

requisitos legales previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso
(CGP)121.

SEXTO: RECONOCER al abogado César Alirio Navarrete Vega, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.098.632.120 de Bucaramanga y portador de la
tarjeta profesional número 211.933 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado judicial principal de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, en los términos y para los
fines a los que alude el poder a él conferido.

SÉPTIMO: En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen
para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las
constancias de las que trata el artículo 114 del CGP.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Salvo voto
Firmado electrónicamente

GONZALO SUÁREZ BELTRÁN
Conjuez
Firmado electrónicamente

R7

121 El demandante aportó al expediente, la comunicación enviada a la entidad. Folio 659 del cuaderno principal.

24

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