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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00597-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00597-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual quedará así: Primero: Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional es patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, con ocasión de la ocupación temporal del inmueble del que es usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995- y que se encuentra localizado al interior del territorio de propiedad colectiva de las comunidades negras que integran el Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje, municipio de El Charco, Nariño. Segundo: Condenar en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, por concepto de daño emergente, la suma correspondiente al valor económico de las edificaciones y mejoras realizadas por la señora Elizabeth Manyisela en el predio del que es usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995- localizado en el territorio de propiedad colectiva de la comunidad negra que conforma el Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje, conforme 47 Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396) Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional Referencia: Acción de Reparación Directa a lo que se establezca mediante el incidente de regulación de perjuicios que promueva la parte interesada bajo los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz la suma de nueve millones ciento setenta y siete mil trescientos veintiocho pesos ($ 9.177.328), por concepto de daño emergente relacionado con la pérdida de la mercancía del establecimiento de comercio “El Escoses”. Cuarto: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz la suma de siete millones cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos ($7’045.237), por concepto de lucro cesante por la afectación a la actividad económica […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2010-00597-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: YURI SILVANA ORTIZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA
NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: OCUPACIÓN TEMPORAL EN TERRITORIO DE PROPIEDAD COLECTIVA DE
LAS COMUNIDADES NEGRAS / DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS – Por sus fundamentos histórico-axiológicos y la normativa
especial que lo gobierna, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras
debe ser reconocido como un derecho sui generis en el ordenamiento jurídico colombiano
– Faceta individual y colectiva del derecho / CONSEJOS COMUNITARIOS – Funciones /
USUFRUCTO – Distinción entre el derecho real de usufructo consagrado en el Código Civil
y el usufructo consagrado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 / LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA / CONDENA EN ABSTRACTO – Procedencia.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante la cual se accedió a las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Armada Nacional por la
ocupación -y sus consecuentes perjuicios- que ejerció sobre el inmueble de la
señora Elizabeth Manyisela Ortiz, el cual se encuentra localizado al interior del
territorio de propiedad colectiva de la comunidad negra que integra el Consejo
Comunitario Prodefensa del Río Tapaje.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2009 (fl. 1 c. ppal.), las señoras Yuri
Silvana Ortiz y Elizabeth Manyisela Ortiz, quien actúa a nombre propio y en

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

representación de su hijo menor Rodrigo Carmona Ortiz, por conducto de
apoderado judicial (fls. 16 y 17 c. ppal.), interpusieron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, con el fin de
que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 2 c. ppal.) -se
transcribe literalmente-:

Primera. - Declarar a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional, patrimonial, solidariamente y administrativamente responsable por
todos los perjuicios tanto materiales como extrapatrimoniales ocasionados a la
señora Elizabeth Manyisela Ortiz (…) a su hijo menor Rodrigo Carmona Ortiz y
a su hija Yuri Silvana Ortiz (…), con motivo a (sic) la ocupación permanente de
bien inmueble, de propiedad de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, ubicado en
la Vereda Bocas de Pulbuza – Rio Tapaje, municipio del Charco – Nariño, por
parte de miembros del Batallón de la Infantería de Marina de la Armada
nacional, quien lo viene ocupando como base militar por su ubicación
estratégica, desde el 27 de marzo de 2007 hasta la fecha.

Segunda. - Condénese a la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional
a pagar con cargo a sus presupuestos a Elizabeth Manyisela Ortiz, a su hijo
menor Rodrigo Carmona Ortiz, y a su hija Yuri Silvana Ortiz, de condiciones
civiles antes enunciadas, por intermedio de su apoderado, todos los daños y
perjuicios tanto materiales como Morales y a la vida de relación, que les
ocasionaron por la ocupación permanente del predio de su propiedad por parte
de miembros de la Infantería de Marina, conforme a la siguiente liquidación, así:

Por concepto de daño emergente:

Los demandados deberán pagar a Elizabeth Manyisela Ortiz, la suma de
cincuenta y un millones cuarenta y un mil pesos, ($51.041.000.00) más lo que
resulte probado dentro del proceso; correspondientes a la destrucción del
inmueble, pérdida de bienes muebles, enseres y mercancías que se
encontraban al interior del inmueble ocupado.

Por concepto de lucro cesante:

Los demandados deberán pagar a Elizabeth Manyisela Ortiz, la suma de
doscientos treinta y dos millones novecientos treinta y cinco mil doscientos
ochenta pesos ($232.935.280.00), qué se liquidarán a favor del demandante,
correspondientes a las sumas de dinero dejados de percibir por la imposibilidad
de seguir explotando el predio en el que funcionaba el establecimiento de
Comercio “Disco Bar y Billares El Escoses” teniendo en cuenta que el inmueble
fue ocupado desde el 27 de marzo de 2007. Lo anterior sin perjuicio de lo que
se pruebe en el proceso y del valor del lucro cesante que se siga incrementando
por seguir ocupando permanentemente el inmueble de propiedad de la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz.

c- El equivalente en moneda Nacional de 100 salarios mínimos mensuales
vigentes, para la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, a su hijo menor Rodrigo
Carmona Ortiz, y a su hija Yuri Silvana Ortiz, de condiciones civiles antes
enunciadas, por concepto de perjuicio moral o “Pretium Doloris”, consistentes
en el profundo trauma psicológico que produce el hecho de saber mis
mandantes que perdieron todo lo que habían logrado adquirir y construir con
tanto esfuerzo y dedicación en el municipio del Charco, de no poder regresar
porque su predio es ocupado por miembros de la Infantería de Marina, razón

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Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

por la cual no pueden retornar, siguiendo en calidad de desplazados, viviendo
en condiciones indignas en otros lugares y de la caridad de la gente, entidad
que tiene el deber constitucional de velar por la propiedad privada, dignidad
humana, la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en Colombia.

d- Por concepto de perjuicios a la vida de relación, 100 salarios mínimos
mensuales vigentes, para la (sic) cada uno de mis representados.

Además, se solicitó que las sumas reconocidas sean indexadas al momento en que
se dicte la sentencia definitiva, se ordene el pago de los intereses moratorios
“conforme lo indica el artículo 177 y la sentencia C-188 de 1999” y se condene en
costas a la parte demandada.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo lo siguiente:

Desde el 3 de marzo de 2006, la señora Elizabeth Manyisela Ortiz es propietaria de
un predio ubicado en la Vereda Boca de Pulbuza del municipio de El Charco,
Nariño. Este inmueble fue adquirido por compraventa celebrada con el señor
Vicente Chirimía, la cual consta en documento privado de esa fecha. Este negocio
jurídico fue celebrado con el aval del Consejo Comunitario Prodefensa del Río
Tapaje, en atención a que el predio se encuentra localizado dentro de una zona de
propiedad colectiva de comunidad negra1.

Previa obtención de la respectiva autorización por parte de la Secretaría de
Planeación Municipal de El Charco, Nariño, la señora Ortiz realizó mejoras en el
predio de su propiedad con el fin de destinarlo a vivienda familiar y a la instalación
de un establecimiento de comercio denominado “Disco Bar y Billares El Escoses”,
dedicado a la “venta de licores, gaseosas, juego de billares, entre otros” (fl. 5 c.
ppal.), y que producía “una alta rentabilidad económica con una ganancia cercana
a los ocho millones de pesos mensuales” (fl. 5 c. ppal.).

Durante los primeros días del mes de marzo de 2007, se recrudecieron los
hostigamientos de la guerrilla a la Infantería de Marina, razón por la cual, la
población civil que habitaba en las zonas aledañas tuvo que huir del lugar.

1
Sobre este punto, en la demanda se señaló (fl. 4 c. ppal.): “[L]a señora Elizabeth Manyisela Ortiz,
es propietaria de un predio ubicado en la vereda Boca de Pulbuza, Rio Tapaje, del municipio de El
Charco Nariño, el cual fue comprado al señor Vicente Chirimía el día 03 de marzo de 2006, mediante
documento privado de compraventa, con una extensión de 15 metros de ancho por 30 metros de
fondo (…); negocio jurídico que fue avalado por el Consejo Comunitario Prodefensa Rio Tapaje;
Autoridad Etnoterritorial, conforme a la Ley 70 de 1993, por encontrarse el predio en mención dentro
de su territorio, el cual hace parte del título colectivo de Orodefensa Río Tapaje, expedido por el
Incoder. Por lo tanto está plenamente legitimada para impetrar esta acción, conforme da cuenta las
certificaciones del Consejo Comunitario Prodefensa Rio Tapaje, certificado de Cámara de Comercio
y demás documentos y declaraciones que se anexan”.
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Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

El 27 de marzo siguiente, algunos pobladores retornaron a sus viviendas y se
percataron de que los Batallones Fluviales No. 10 y 70 de la Infantería de Marina
ocuparon el bien de los accionantes, con el fin de “acantonarse y prestar defensa a
la ciudadanía por la ubicación estratégica del inmueble” (fl. 5 c. ppal.).

Dos meses después, al normalizarse la situación de orden público, los hoy
demandantes decidieron retornar a su vivienda, pero se encontraron con que aún
estaba ocupada por miembros del Batallón No. 10 de la Infantería de Marina,
quienes la utilizaban como base militar y que los enseres y mercancías que se
encontraban en su vivienda y establecimiento de comercio ya no estaban. Esto se
señaló en los siguientes términos (fl. 6 c. ppal.):

Dos meses después, cuando se normalizó la situación, empezaron a retornar
a sus viviendas casi la totalidad de la comunidad desplazada, la sorpresa de
mis poderdantes al volver a su vivienda para habitarla y tener la calidad de vida
que llevaban, es que seguía ocupada por miembros del batallón No. 10 de la
Infantería de la Armada Nacional, utilizándola como base militar, habían
desaparecido todos sus bienes muebles, enseres y mercancías sin que nadie
dé razón de su paradero, al igual que la destrucción de una parte del predio;
inmueble que hasta la presente fecha está ocupado como base militar por estos
uniformados, quienes poco a poco lo están acabando, utilizando su madera
para fogatas, asados, trincheras, etc. Han instalado sus hamacas y han
acondicionado el inmueble como centro de operaciones del control militar sin
considerar que se trata de propiedad privada.

Esta situación ha conllevado a que mis poderdantes, hayan perdido todo lo que
habían logrado construir, siguiendo en calidad de desplazados por no poder
retornar a su vivienda por estar ocupada por miembros de la Infantería de
Marina de la Armada Nacional, quienes por necesitarlo se niegan a
desocuparlo e impiden la entrada de mis poderdantes, quienes siguen
desplazados por la Infantería de Marina – Armada Nacional, sin que exista una
oferta de arriendo o compra del inmueble objeto de la ocupación para mitigar
en algo el perjuicio que se esta causando a mis poderdantes.

2. Trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida definitivamente el 12 de febrero de 20092 (fl. 102 c.
ppal.) por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto. Posteriormente, ese
Despacho remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño para que
conociera el caso debido a la cuantía de las pretensiones (fl. 109 c. ppal.). Mediante
auto del 19 de octubre siguiente, dicha Corporación avocó conocimiento del proceso
(fl. 145 c. ppal.).

2
Luego de que la parte actora presentara una reforma a la demanda únicamente en lo concerniente
a la petición probatoria y a la estimación razonada de la cuantía (fl. 84 c. ppal.).
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2.2. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda. Luego de
efectuar extensas transcripciones de apartados jurisprudenciales indicó brevemente
que no hay prueba de la propiedad del inmueble en cabeza de la señora Elizabeth
Manyisela Ortiz, ni de la existencia de la ocupación permanente alegada. Aunado a
esto, indicó que tampoco se habían acreditado los perjuicios materiales e
inmateriales pretendidos, los cuales no se pueden presumir (fls. 148 a 154 c. ppal.).

2.3. Por auto del 24 de enero de 2011 se abrió a pruebas el proceso (fl. 157 c. ppal.).
Una vez concluida esta etapa procesal, mediante auto del 27 de enero de 2012 (fl.
279 c. ppal.), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto.

2.3.1. En su escrito de alegatos, el Ministerio de Defensa insistió en que debían
negarse las pretensiones. Para el efecto, indicó que, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 765 y 265 del Código Civil, los documentos obrantes en el plenario no
son idóneos para acreditar la propiedad del predio del que la parte actora predica la
ocupación permanente. También adujo que a partir de las pruebas practicadas no
puede determinarse siquiera la existencia de una ocupación sobre el inmueble.

Además, el Ministerio de Defensa adujo que en el presente asunto operó la
caducidad, por cuanto la ocupación se dio el 27 de marzo de 2007 y la demanda se
presentó el 28 de mayo de 2009 (fl. 281 a 288 c. ppal.).

2.3.2. La parte actora alegó de conclusión para solicitar que se accediera a las
pretensiones. En primer lugar, explicó que sí se encuentra acreditada la condición
de propietaria del bien inmueble de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, de acuerdo
con las condiciones especiales del predio que se encuentra localizado dentro de la
propiedad colectiva del Consejo Comunitario Prodefensa Rio Tapaje.

En segundo lugar, se explicó que, además de la plena prueba de la existencia del
establecimiento de comercio de propiedad de la actora, se encuentra acreditado
que sobre el inmueble se presentó una ocupación permanente que causó unos
perjuicios que deben ser indemnizados (fls. 289 a 291 c. ppal.).

2.3.3. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se accediera a las
pretensiones por considerar que, si bien la señora Ortiz no acreditó ser la propietaria
del predio objeto del litigio, sí demostró su condición de poseedora del inmueble en
el que realizaba una actividad comercial que también se encuentra debidamente
probada (fls. 296 a 303 c. ppal.).

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Referencia: Acción de Reparación Directa

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de julio de 2014 (fl. 313 a 332, c. ppal.), el Tribunal
Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones, así:

Primero: Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional es
patrimonialmente responsable por los daños ocasionados al inmueble, cuya
posesión tiene la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, ubicado en la vereda Bocas
de Pulbuza, por la ocupación del mismo por parte de miembros de la Infantería
de Marina de la Armada Nacional desde el día 27 de marzo de 2007.

Segundo: Condenar in genere a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, una suma
equivalente a lo probado en el correspondiente incidente de liquidación,
aportando las pruebas idóneas para tal fin, bajo los parámetros establecidos en
esta providencia. Incidente que la parte actora deberá adelantar dentro del
término señalado en el artículo 172 del C.C.A. Las sumas deberán ser
actualizadas.

Tercero: Consúltese esta providencia, en caso de no ser apelada y que la
condena del auto que liquide establezca una suma indemnizatoria a cargo de la
administración superior a 300 salarios mínimos mensuales legales, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 184 del C.C.A.

Tercero (sic): Sin lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandante, por no darse los presupuestos señalados en los artículos 72 y 392,
modificado por la ley 794 de 2003, artículo 42 del C.P.C.

Cuarto (sic): Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto (sic): Ejecutoriada esta decisión por la Secretaría se devolverá a la parte
demandante los dineros que depositó para atender gastos ordinarios del
proceso, si los hubiere. Se dejará constancia de dicha entrega. Previa
desanotación del L.R. respectivo se archivará el expediente.

Para adoptar esa decisión el a quo consideró que, aunque no se encuentra probado
que la señora Ortiz era propietaria del bien que es objeto del conflicto, lo cierto es
que sí quedó demostrado que era poseedora de dicho predio y que en él se
desarrollaba una actividad comercial. Esto lo señaló en los siguientes términos (fl.
c. ppal.):

La parte actora no acreditó la propiedad del inmueble, puesto que los
documentos con los que pretende probarla, de acuerdo a los requerimientos
legales existentes en Colombia para que se entienda radicado el dominio del
predio en cabeza de la demandante, no se encuentran satisfechos dado que
dicha prueba documental simplemente da fe del contrato de compraventa
realizada sobre un predio de las características referidas, empero, no figura la
inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos (fl. 20 c. ppal.).

De otra parte, conforme al procedimiento especial señalado por la ley 70 de
1993 y su decreto reglamentario, la actora, tampoco demostró el cumplimiento
de los requisitos para adquirir el dominio del bien puesto que los certificados
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allegados al plenario del Consejo Comunitario Prodefensa Río Tapaje,
únicamente se remiten al contrato de compraventa, estas constancias sólo dan
cuenta del negocio jurídico mas no de la propiedad del bien, siendo que los
consejos designados al interior de las comunidades, no son la autoridad
competente para certificar la propiedad de la comunidad afrodescendiente
sobre los bienes raíces amparados por la legislación en cita (fl. 23 c. ppal.) [se
alude a la Ley 70 de 1993] (…).

Sin embargo, la Sala encuentra acreditada la calidad de poseedora de la
demandante sobre el inmueble cuya ocupación se alega. En este sentido, de
acuerdo con la jurisprudencia en cita y el material probatorio allegado al
plenario, para esta sala es evidente que la parte actora se encuentra legitimada
para actuar en la presente causa, toda vez que, si bien la nuda propiedad no
se halla demostrada, sí la posesión del bien en cabeza de la actora, la cual se
desprende del documento privado de compraventa del terreno, la certificación
expedida por el Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje y la prueba
testimonial, pruebas todas ellas que no han sido controvertidas por la
contraparte. Así pues, interpretando la demanda, se realiza el análisis del caso,
teniendo como poseedora del bien a la señora Elizabeth Ortiz.

Además, explicó que, a partir del testimonio brindado por los señores Marco Javier
Alzamora Quiñoz, Guillermo Armando Yezquen Cuellar y Vicente Chirimía Garabato
y de la certificación expedida por el “Consejo Comunitario Integración Medio Tapaje”
puede inferirse que miembros de la Infantería de Marina ocuparon el predio al que
se viene haciendo alusión.

En lo relativo al reconocimiento de perjuicios materiales el fallador de primer grado
consideró que, al no encontrarse acreditados, debían ser objeto de un trámite
incidental en el que debían practicarse las pruebas necesarias para su acreditación.
Cosa distinta ocurrió con el reconocimiento de los perjuicios inmateriales, que fueron
denegados por no existir prueba alguna sobre su causación.

4.- El recurso de apelación

De manera oportuna, el Ministerio de Defensa formuló recurso de apelación por
considerar que no se encontraba probada la propiedad del inmueble, razón por la
cual debía declararse la falta de legitimación en la causa por activa. Aunado a esto
se adujo que la ocupación del mencionado predio quedó desvirtuada con las
constancias que expidió la personería municipal de El Charco, Nariño y que, de
acuerdo con la prueba recaudada, debía declararse la caducidad de la acción. Esto
se argumentó en los siguientes términos (fl. 338 c. ppal.):

El presupuesto fáctico de la demanda hace relación a un inmueble de
propiedad de la demandante, en el cual funcionaba un establecimiento de
Comercio de cuya explotación devengaba cuantiosas utilidades. Sin embargo
en el proceso, de conformidad a (sic) certificaciones emanadas del Instituto

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Geográfico Agustín Codazzi y de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, se concluye que no existe propiedad inmueble registrada a nombre
de Elizabeth Manyisela Ortiz. Es decir que no se acreditó en debida forma la
legitimación en la causa por activa, no obstante que se allegó a la demanda
copia de un contrato de compraventa de un local, suscrito entre la demandante
y el señor Vicente Chirimía, por valor de $2.000.000, y las certificaciones
emitidas por organizaciones privadas al respecto por cuanto la única manera
de demostrar la propiedad de un inmueble es mediante prueba idónea, que
para el caso es el certificado de libertad y tradición otorgado por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Circuito del municipio donde se
encuentre ubicado el predio, documento que se echa de menos en el acervo
probatorio recaudado (…).

La sentencia apelada profiere condena contra la entidad (…), desconociendo
que la demanda se instaura por la ocupación permanente del inmueble de
propiedad de la señora Elizabeth Manyisela, la cual se produjo desde el 27 de
marzo de 2007 hasta la fecha. Sin embargo, si nos atenemos a los testimonios
recepcionados a solicitud de la parte actora, la ocupación por parte de
miembros de la Armada Nacional, se produjo a partir del 27 de marzo de 2007,
durante 3 o 4 meses. Es decir que si la demanda se presentó el 28 de mayo de
2009, es evidente que en el caso presente operó la caducidad de la acción al
tenor del artículo 136 número 8 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998 (…).

La providencia recurrida, igualmente desconoce que la ocupación del predio de
la demandante por parte de miembros de la Armada Nacional, aparece
desvirtuada con las constancias emitidas por la Personería Municipal del
Charco, el 2 de marzo de 2011 (…) que dice: “Mediante visita realizada por la
Personería Municipal en el mes de agosto de 2009, se pudo establecer, que
las unidades de la Infantería de Marina que hacen presencia en el área de
Bocas de Pulbuza, no se encuentran ocupando de manera estacionaria el
predio de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, donde funcionaba el
establecimiento comercial Bar y Billares El Escoses. Igualmente se pudo
evidenciar que el techo del establecimiento la fecha de la visita estaba en
buenas condiciones, pero las estructuras de cerramiento (…) en madera se
encontraban desmanteladas; de este hecho no se pudo establecer quiénes
fueron los responsables de dicho deterioro”.

En la apelación también se adujo que no era procedente la condena in genere, por
cuanto esta solo procede en los eventos en que se encuentra acreditado el perjuicio,
pero no su cuantía, no como en el presente asunto, que ni siquiera se acreditó la
existencia del perjuicio.

La parte demandada también sostuvo que el fallador de primer grado valoró unos
testimonios que no cumplían con los requisitos legales. Sin embargo, aunque en el
recurso de apelación se transcriben normas y citas alusivas a la prueba testimonial,
no se efectúa un razonamiento específico de cuál de los requisitos legalmente
exigidos para dicho medio de prueba fue el inobservado por el a quo.

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 8 de octubre de 2014 (fl.
346 c. ppal.).
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5.- Trámite en segunda instancia

Mediante proveído del 9 de abril de 2015, esta Corporación admitió el recurso de
apelación (fl. 352 c. ppal.). Luego, en auto del 14 de mayo de la misma anualidad
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto (fl. 355 c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primer grado, por
considerar que se encontraban plenamente acreditados los elementos de la
responsabilidad del Estado, en tanto hay plena prueba de la condición de poseedora
del bien inmueble, en el cual se desarrollaba una actividad comercial que se vio
truncada por la actividad de la administración. También consideró que en el
presente asunto no operó la caducidad porque la ocupación se dio desde el 27 de
marzo de 2007 y durante tres o cuatro meses más, y la demanda se presentó en
mayo de 2009 (fl. 357 c. pbas.).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

De acuerdo con lo previsto en el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en la medida en que se resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño en un proceso que tiene vocación de doble instancia.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

De acuerdo con el recurso de apelación, en el fallo de primer grado se erró al
considerar que la demanda se presentó oportunamente, pues si se tienen en cuenta
“los testimonios recepcionados (…) la ocupación por parte de miembros de la
Armada Nacional, se produjo a partir del 27 de marzo de 2007, durante 3 o 4 meses.
Es decir que si la demanda se presentó el 28 de mayo de 2009, es evidente que en
el caso presente operó la caducidad de la acción, al tenor del artículo 136 número
8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446
de 1998 (…)”.

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Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

El numeral 8º del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446
de 19983, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones, en el sentido de
señalar que, en materia de reparación directa, este término debía computarse “a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En pronunciamiento de la Subsección4 se abordó con detenimiento la cuestión del
cómputo de la caducidad en los eventos en que se demanda la declaratoria de
responsabilidad del Estado por la ocupación de un bien inmueble. En dicha
providencia se precisó:

En relación con la ocupación material, se ha considerado que el término con el
que cuenta el afectado para reclamar por los daños recibidos debe contarse en
atención a la temporalidad de la ocupación causante de daños.

Así, cuando se reclama indemnización por una ocupación de carácter material
transitoria, el término de caducidad inicia a partir de que ésta finaliza, al margen
de su fuente (…).

Por su parte, en los casos que se persigue la reparación por una ocupación
material con vocación de permanencia, el plazo perentorio definido por la ley
comienza su cómputo a partir de la finalización del proyecto u obra que le
hubiera dado origen, con la salvedad que ha definido la jurisprudencia en torno
a que, si la obra o intervención estatal es de gran envergadura e implica un
desarrollo de labores por fases dada su complejidad, el término no está llamado
a contarse desde la finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera
la ocupación, sino desde la terminación de ésta en el predio del demandante5.

Lo anterior, sin perjuicio de que: i) cuando, por razones excusables6, el afectado
no pudo tener conocimiento del daño en el momento en que la ocupación
finalizó en su predio, dicho término se compute desde cuando aquél pudo
advertirlo, o ii) que se cuente antes de la finalización de la obra o intervención
que originó la ocupación (transitoria o permanente), si el lesionado la conoció
y tuvo la oportunidad de dimensionar sus consecuencias, pues no debe
olvidarse que una cosa es el daño y su posterior agravación7 y ya que la

3
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 17 de febrero de 2021, exp. 48671. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
5
“el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que
afectaron directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede
por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr
desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran” Sentencia del 25 de
marzo de 2015, exp. 35992.
6
“cuando la ocupación ocurre ‘por cualquier otra causa’, el término de caducidad empieza a correr
desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del
inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el
afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la
misma”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por esta Subsección y con ponencia del
suscrito Magistrado Ponente, en exp. 49362.
7
“Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación
de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este
10

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

caducidad de la acción se funda en la seguridad jurídica y el interés público no
puede estar a la espera de que el lesionado decida invocarlo, teniendo pleno
conocimiento del daño8, en tanto que desde que pueda dimensionarlo, nace
para el afectado el interés actual y vigente de reclamar su indemnización9.

Para el caso concreto, se advierte que, aunque en la demanda se señaló que la
ocupación ejercida por la entidad accionada sobre el predio de la señora Yuri
Silvana Ortiz fue permanente, los medios de prueba obrantes en el plenario son
unívocos en la demostración de la temporalidad de esa ocupación.

En efecto, de los testimonios rendidos por los señores Marcos Javier Alzamora
Quiñones, Guillermo Armando Yesquen Cuéllar y Vicente Chirimía Garabato10
durante el curso de este proceso -22 de noviembre de 2011- se desprende que la
ocupación del inmueble de la accionante ya había fenecido al momento en que se
efectuaron esas declaraciones, puesto que cada uno de ellos, al responder la
pregunta sobre el periodo de la ocupación11, señalaron que esta había iniciado en
marzo de 2007 y había finalizado tiempo después. Y aunque indicaron momentos
de culminación disímiles, de todos los relatos se desprende que la ocupación cesó
antes de la presentación de la demanda (fls. 243 a 247 c. ppal.)12.

inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo
el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y
tiempo después se produce la caída de uno de sus muros” Sentencia del 28 de enero de 1994, exp.
8610.
‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la
caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el
daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coincidan. En el ejemplo
traído, el término de la caducidad no se contaría desde la caída del muro, sino desde que se
evidenció el daño o se tuvo noticia de éste” Sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 19099.
8
“el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la
totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde
el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando
todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos
del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término
de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios
tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de
un particular, la acción no caducaría jamás”, sentencia del 24 de junio de 2015, exp. 34898.
9
“Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en
cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia del hecho dañoso ‘por la
sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”
sentencia del 11 de mayo de 2000, exp. 12200, reiterada en las siguientes providencias: 10 de
noviembre de 2000, exp. 18805; de 27 de febrero de 2003, exp. 23446; 2 de febrero de 2005, exp.
27994; de 11 de mayo de 2006, exp. 30325; de 18 de julio de 2007, exp. 30512.
10
Quienes eran miembros de la comunidad y vecinos del sector.
11
Esto lo indicaron al responder la pregunta: “¿Sírvase manifestar si tiene conocimiento o no durante
cuánto tiempo ha estado ocupando esta entidad estatal el predio de la señora Elizabeth Manyisela
Ortiz?” (fl. 242 c. ppal.).
12
Los testimonios de los señores Marcos Javier Alzamora Quiñones, Guillermo Armando Yesquen
Cuéllar corresponden a la ratificación de la declaración extrajuicio rendida en la Notaría Única del
Charco, Nariño. Sobre este punto, la Sala precisa que la declaración que por fuera del proceso rinidió
igualmente el señor Robinson Estupiñán Perea no será apreciada en la presente providencia, toda
vez que no fue ratificada en el transcurso de este proceso, como lo exigen los artículos 229, 298 y
299 del CPC. Esto, en concordancia con lo precisado por esta Corporación, verbigracia, en la
sentencia del 9 de mayo de 2014, exp. 30401 (M.P. Ramiro Pazos Guerrero).
11

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

Ahora bien, en el plenario obra la copia del expediente de tutela con radicado 52-
001-33-31-008-2009-00204-00 en el que la señora Elizabeth Manyisela Ortiz solicitó
el amparo del juez constitucional, al considerar que con la ocupación que venía
ejerciendo la Armada Nacional se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida
digna, el mínimo vital, igualdad, petición y debido proceso (fl. 2 c. pbas.)1314.

En ese expediente, obra oficio con radicado 1642/MDN-CG-CARMA-CIMAR-
CBRIFLIM2-CBAFLIM10-ASJUR del 18 de septiembre de 2009, en el que el
comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 10 señala que para esa
época el inmueble de la señora Ortiz no estaba siendo ocupado y que esta
información había sido corroborada por la personera municipal de El Charco,
Nariño15.

Mediante documento suscrito por la personera municipal de El Charco, Nariño el 18
de septiembre de 2009, se señala que las “unidades de Infantería de Marina de la
Armada Nacional acantonadas en la cabecera municipal de El Charco (N), y en la
microcuenca del Río Pulbuza (…) no se encuentran haciendo uso para su beneficio
de instalaciones y/o bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la población civil”
(fl. 156 c. pbas.)16.

De acuerdo con los medios de prueba obrantes en el plenario, se puede establecer
que la ocupación material alegada en la demanda transcurrió entre marzo de 2007
y el 18 de septiembre de 2009, fecha en que la personera municipal de El Charco
certificó que ya no había presencia de militares en el predio de la accionante.

13
En esa acción de tutela se pretendió: “1- Se proteja los derechos fundamentales invocados. // 2-
Ordenar como mecanismo transitorio para evitar que el perjuicio sea mayor e irremediable al señor
Comandante General de la Armada Nacional a pagar el valor de $2.000.000.o de pesos mensuales
como contraprestación, para satisfacer el mínimo vital de mi representada, afectado por la ocupación
del inmueble de su propiedad en donde funcionaba el establecimiento de comercio, por cuanto ella
en la actualidad se encuentra sin trabajo y no tiene para cubrir los gastos para su subsistencia, hasta
que se profiera sentencia debidamente ejecutoriada dentro del proceso de reparación directa No.
2009-00098, adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto. // 3- Ordene dar resolución
de fondo con solución efectiva al Derecho de Petición radicado el 28 de mayo de 2009. // 4- Adopten
las medidas pertinentes y cesen la vulneración enunciada” (fl. 5 c. pbas.).
14
En sentencia de primera instancia se declaró la improcedencia del recurso de amparo por
considerar que había no se había agotado el mecanismo de defensa judicial idóneo para la
protección de los intereses económicos en conflicto -reparación directa-. Además, se consideró que,
debido a que se acreditó que la ocupación alegada ya había cesado, existía un hecho superado (fl.
205 c. pbas.). Esta decisión fue confirmada en su integridad en la segunda instancia (fl. 294 c. pbas.).
15
Esto se adujo en los siguientes términos: “[M]e permito comunicarle que se efectuaron
investigaciones correspondientes con el personal acantonado en Pulbuza quienes [ilegible] tal
hecho; así mismo, se requirió a la Personería Municipal ente encargado de velar por los derechos
de la población civil para que certificara si se habría (sic) ocupación alguna, quien mediante
constancia de fecha 18 de septiembre de 2009 da certeza que las tropas no se encuentran ocupando
bien alguno” (fl. 153 c. pbas.).
16
Información que es corroborada por oficios posteriores expedidos por la Personería Municipal de
El Charco, Nariño, los días 16 de octubre de 2009 (fl. 168 c. pbas.) y 2 de marzo de 2011 (fl. 173 c.
ppal.).
12

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

En este punto, debe recordarse que en el recurso de apelación se señaló que el
cómputo de caducidad debía contarse desde el 27 de marzo de 2007, pues fue en
esa fecha que inició la ocupación del inmueble. Este reparo no se abre paso, por
cuanto el término para demandar en casos de ocupación temporal debe contarse
desde la fecha en que dicha ocupación cesó.

En ese contexto, el término para presentar la demanda de reparación directa corría
hasta el 19 de septiembre de 2011. Y como la demanda se instauró el 28 de mayo
de 2009 (fl. 1 c. ppal.), se entiende que el derecho de acción fue ejercido
oportunamente.

3.- Legitimación en la causa

3.1. Objeto del recurso de apelación y planteamiento del problema

Dado que en el fallo de primer grado se accedió a las pretensiones, en el recurso
de apelación se adujo que la accionante carece de legitimación por activa, en
atención a que, “de conformidad a (sic) certificaciones emanadas del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
se concluye que no existe propiedad inmueble registrada a nombre de Elizabeth
Manyisela Ortiz. Es decir que no se acreditó en debida forma la legitimación en la
causa por activa, no obstante que se allegó a la demanda copia de un contrato de
compraventa (…) y las certificaciones emitidas por organizaciones privadas” (fl. 338
c. ppal.).

En la demanda se señaló que la señora Elizabeth Manyisela Ortiz acude al presente
proceso en su condición de “propietaria de un predio ubicado en la Vereda Boca de
Pulbuza, Rio Tapaje, del Municipio de El Charco Nariño, el cual fue comprado al
señor Vicente Chirimía el día 03 de marzo de 2006, mediante documento privado
de compraventa, con una extensión de 15 metros de ancho por 30 metros de fondo,
(…) negocio jurídico que fue avalado por el Consejo Comunitario Prodefensa Rio
Tapaje; Autoridad Etnoterritorial, conforme a la Ley 70 de 1993, por encontrarse el
predio en mención dentro de su territorio, el cual hace parte del título colectivo de
Prodefensa Río Tapaje, expedido por el Incoder” (fl. 4 c. ppal.).

De acuerdo con la demanda, en dicho predio funcionaba un establecimiento de
comercio cuya explotación económica se vio truncada con la ocupación que
ejercieron los miembros de la Armada Nacional y en virtud de la cual se pretende el
resarcimiento de unos perjuicios.

13

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Referencia: Acción de Reparación Directa

Además, se explicó que los accionantes Yuri Silvana Ortiz -mayor de edad- y
Rodrigo Carmona Ortiz -menor de edad- son hijos de la señora Elizabeth Manyisela
Ortiz, tal como consta en la copia de los registros civiles de nacimiento aportados
con la demanda (fls. 18 y 19 c. ppal.).

Para acreditar la calidad en que concurrió al presente proceso, la señora Ortiz
aportó el documento privado de compraventa suscrito el 3 de marzo de 2006 en el
que expresamente se pactó que compraba un lote de terreno que le vendió el señor
Vicente Chirimía. En dicho documento se lee (fl. 20 c. ppal.):

Entre los señores a saber VICENTE CHIRIMIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA Nro. 4.779.857 expedida en Timbiquí - Cauca, quien para
efectos legales de este documento se denominará el vendedor y ELIZABETH
MANYISELA ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía nro. 66.739.891
expedida en Buenaventura - Valle quien para los efectos legales de este
documento se denominará la compradora, hemos celebrado el presente
contrato de compraventa de un lote de terreno ubicado en la vereda BOCA DE
PULBUZA - RÍO TAPAJE - EL CHARCO - NARIÑO, que mide quince (15)
metros de frente por treinta (30) metros de fondo.

El terreno objeto de esta compraventa está alinderado de la siguiente manera:

Por el costado derecho: Con terreno de propiedad del señor VICENTE
CHIRIMIA.

Por el costado izquierdo: Con terreno de propiedad del señor ARGELIO
MICOLTA

Por la parte de atrás: Con terreno de propiedad del señor VICENTE CHIRIMIA.

Por el frente: Con el río.

El precio por el cual se ha celebrado este contrato de compraventa es de dos
millones de pesos m/cte ($2.000.000).

El vendedor manifiesta a su compradora que el lote de terreno que le da en
venta es de su exclusiva propiedad y está libre de cualquier compromiso.

Luego de celebrarse este acuerdo de voluntades, la accionante solicitó ante la
Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de El Charco, Nariño, una
licencia de construcción en el mencionado inmueble. Esta solicitud fue aprobada
por haberse cumplido los “requisitos exigidos (…) según el Decreto 148 de enero
19 de 2001”, razón por la cual se concedió “permiso para iniciar la construcción
basada en los diseños presentados” ante esa autoridad (fl. 25 c. ppal.).

En ese contexto, tanto los miembros de la comunidad que rindieron testimonio en el
presente asunto, como el Consejo Comunitario Prodefensa Río Tapaje,
reconocieron a la señora Elizabeth Manyisela Ortiz como propietaria de la franja de
terreno ocupada.

14

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

Específicamente, mediante oficio del 5 de marzo de 2009, el Consejo Comunitario
Prodefensa Río Tapaje señaló (fl. 23 c. ppal.)17:

El Consejo Comunitario Prodefensa Rio Tapaje, con personería jurídica 011 y
las facultades constitucionales y legales que le confiere la ley 70 de 1993 y el
decreto reglamentario 1745 de 1995 que reconoce los consejos comunitarios
como autoridades etnoterritoriales.

CERTIFICAMOS:

Que la señora ELIZABETH MANYISELA ORTIZ, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 66.739.891 de Buenaventura Valle, es
propietaria de un lote de terreno ubicado en la vereda Bocas de Pulbuza con
un área de quince (15) metros de de frente por treinta (30) de fondo como lo
expresa el documento de compraventa realizado entre ella y su vendedor
VICENTE CHIRIMÍA quien vendió a satisfacción como lo dice el documento
anexo.

Para constancia se firma en el municipio de El Charco a los cinco (05) días del
mes de marzo de 2009.

Por su parte, los señores Marcos Javier Alzamora Quiñones, Guillermo Armando
Yesquen Cuéllar y Vicente Chirimía Garabato, miembros de la comunidad negra y
vecinos del sector, en el testimonio que rindieron en este proceso, fueron contestes
en señalar que la señora Ortiz era la propietaria del inmueble ocupado
temporalmente por miembros de la infantería de marina, en el que funcionaba un
establecimiento de comercio, que consistía en un billar (fls. 243 a 247 c. ppal.).

De acuerdo con el objeto de la apelación y teniendo en cuenta los fundamentos
fácticos y jurídicos de la demanda -causa petendi-, corresponde a la Sala determinar
si, de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el plenario, puede
comprenderse que se ha radicado en cabeza de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz
el derecho real de dominio -o algún otro derecho subjetivo e individual- en relación
con el inmueble que se reputa ocupado, o si el uso de este lenguaje es impropio a
la luz del ordenamiento jurídico especial y, en esa medida, provocó una
comprensión errónea del derecho conferido a la accionante mediante el documento
de compraventa, con su incidencia en la forma como se presentó la demanda.

17
Este Consejo Comunitario efectúa el mismo reconocimiento mediante oficio del 23 de abril de
2009, en el que además señala que en la franja de terreno se encontraba una edificación en la que
funcionaba un establecimiento de comercio, así (fl. 24 c. ppal.): “La Señora ELIZABETH MANVISELA
ORTIZ, Mayor de edad Identificada con cédula de ciudadanía N° 66.739.891 de Buenaventura Valle,
es propietaria de un lote de terreno Ubicado en el consejo comunitario Integración Medio Tapaje,
Adscrito al título colectivo de Prodefensa, con un área de 15 MTS. de Frente por 30 MTS de Fondo,
(según lo expresa el documento de Compraventa) con una casa de construcción en madera, techo
de zinc y piso de concreto donde funcionaba anteriormente un billar y discoteca. Dicho terreno se
encuentra en el área donde están acantonadas tropas de Infantería de Marina Baflin 10 de El
Charco”.
15

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Para resolver la cuestión planteada, es necesario efectuar algunas precisiones
sobre el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, con el fin de
comprender las bases histórico-axiológicas y jurídicas sobre las que se cimienta, y
así establecer las diferencias que tiene con la propiedad de las comunidades
indígenas y con las categorías tradicionales de la legislación civil.

Una vez efectuado ese análisis, se determinará si con base en las pruebas obrantes
en el plenario se puede establecer la consolidación de algún derecho subjetivo e
individual en virtud del cual pueda reconocérseles la legitimación en la causa por
activa a la accionante -y sus hijos-, en relación con el inmueble ocupado y el
establecimiento de comercio que allí funcionaba.

3.2. El derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras1819

Por sus fundamentos histórico-axiológicos y la normativa especial que lo regula, el
derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras debe ser reconocido
como un derecho sui generis en el ordenamiento jurídico colombiano.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, surgió en el contexto nacional
el reconocimiento de las comunidades negras como legítimas propietarias, a título
colectivo, de los territorios que ancestralmente venían ocupando. Esto ocurrió en el
marco de un cambio de paradigma adoptado por el Constituyente, en virtud del cual
se comprendió que el Estado Colombiano es pluriétnico y multicultural20.

18
Con la expresión comunidades negras se alude en una forma no peyorativa -como se ha
reconocido por la jurisprudencia constitucional (sentencia C-253 de 2013)- a “un grupo étnico con
derecho al reconocimiento de los derechos de los cuales siempre han solicitado reivindicación (…),
comunidades a las que el Estado colombiano les ha reconocido como propietarios colectivos; es
decir, aquellas que han pasado por un proceso de titulación, que están organizadas formalmente, en
el máximo órgano de administración interna de un territorio titulado llamado consejo comunitario en
los términos de la ley 70 de 1973 y sus normas reglamentarias”. Esta noción tiene que ver con que
la titular formal de derecho a la propiedad es el sujeto “comunidad negra y, no una persona
individualmente considerada” con las precisiones que sobre el reconocimiento de intereses
subjetivos individuales tutelables judicialmente se hará más adelante. “Además, los consejos
comunitarios tienen una estructura y unos acuerdos internos que permiten evidenciar las facultades
y atributos que se derivan del ejercicio del derecho a la propiedad”. Hinestroza Cuesta, Lisneider
(2018). Entre mito y realidad: el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en
Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 65.
19
En reciente pronunciamiento de la Subsección se efectuaron algunas precisiones en torno al
derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023,
exp. 54451.
20
En los artículos 7, 8, 10, 13, 63, 68, 70, 72, 93, 171, 176, 246, 330 de la Constitución Política de
1991, se establece para el Estado Colombiano el compromiso de proteger, entre otros, los derechos
a la identidad cultural, la igualdad, la propiedad colectiva y la subsistencia de los grupos étnicos
frente a la sociedad nacional. Con esto, se supera una antigua visión etnocéntrica de la nación que
desconocía la marcada diversidad que existe en el país, como producto del proceso histórico de
mestizaje.
16

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Esta concepción del Estado no fue una prescripción caprichosa del Constituyente,
sino el resultado de una confluencia de diferentes procesos históricos y culturales
por los que entonces había atravesado la nación, que dieron lugar a la consagración
constitucional de diversos derechos que, por sus antecedentes, se encuentran
inescindiblemente ligados a la historia de sus comunidades.

Para el caso específico de las comunidades negras, los procesos ocurridos antes y
después de la abolición de la esclavitud dieron lugar al reconocimiento de los
derechos ulteriormente consagrados en el artículo 55 transitorio constitucional21,
con su posterior desarrollo en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995.

En el primer periodo, los colonizadores europeos despojaron a los pueblos y
descendientes africanos de su identidad cultural, irrespetaron su dignidad humana
y los exterminaron masiva y sistemáticamente por medio de la trata para
esclavizarlos22, en reemplazo de la menguada mano de obra indígena. En ese
entonces, las comunidades negras provenientes de diversas latitudes del continente
africano comenzaron a poblar el territorio “sin ningún estatus ni reconocimiento
jurídico, propio de un sistema colonial que los trataba como cosas equiparándolos
con bienes muebles o “mercancías”, [de manera que] desde el punto de vista legal
no [podían] ejercer derechos territoriales”23.

Sin embargo, como resultado de los procesos de resistencia ejercidos por las
personas esclavizadas, comenzaron a consolidarse asentamientos humanos como
espacios de búsqueda de la libertad frente a la opresión colonial de la época24.

21
En el proceso de relación de las comunidades negras con el territorio y su forma de apropiación,
se ha reconocido la existencia de por lo menos tres periodos o momentos históricos: antes de la
abolición de la esclavitud, luego de la abolición y a partir de la expedición de la Constitución Política
de 1991. Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018). Entre mito y realidad: el derecho a la propiedad
colectiva de las comunidades negras en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p.
147.
22
Castro Hinestroza, Rudesindo (2004). Etnia, Cultura, territorio y conflicto armado en el Pacífico
Colombiano. En Arocha, Jaime (compilador). Utopía para los excluidos: el multiculturalismo en África
y América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p. 373.
23
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 147.
24
“Una forma de lucha más organizada fue la de los cimarrones, denominados así por los españoles
hacia 1518. Los cimarrones fueron los esclavos rebelados que resistieron a la esclavitud desde las
montañas y zonas de difícil acceso; sus comunidades estaban protegidas por estacas de palo
llamadas 'palenques', donde organizados militarmente realizaban campañas para liberar esclavos
en las haciendas aledañas y enfrentaban (el ejército español en defensa de su libertad. Los
cimarrones lograron su libertad y crearon los primeros territorios libres y autónomos de América
convirtiéndose en los verdaderos precursores de su independencia. Uno de los más famosos
dirigentes cimarrones en Colombia fue Diego Biojó, rey Benkos Biohó o rey del Arcabuco del
Palenque de San Basilio”. Castro Hinestroza, Rudesindo (1993). Los derechos étnicos negros
constitucionales y la propiedad ancestral del territorio. En A. Ulloa (ed.). Contribución africana a la
cultura de las américas. Memorias del Coloquio. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, p. 124.
17

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Referencia: Acción de Reparación Directa

El establecimiento de esos asentamientos implicó un proceso gradual de “creación-
reconstrucción de un nuevo mundo en el que fueron obligados a instalarse”25, del
que se fueron apropiando mediante la organización en territorios libres, en torno a
núcleos familiares constituidos según el oficio ejercido. En dichos territorios, las
comunidades negras “practicaban los recuerdos de los oficios aprendidos en su país
de origen y de la actividad que ejercían como esclavos (…), siguieron con el trabajo
en las minas, pero ahora por su propia cuenta y también [continuaron] practicando
la agricultura y la pesca para el abastecimiento”26.

Para ese entonces, aunque se mantenía vigente un régimen esclavista, solo
algunos descendientes negros que lograron huir a esos primeros territorios libres
habitaron un espacio del que se apropiaron como un escenario para desplegar sus
prácticas de producción y para materializar su propio desarrollo político, social y
cultural.

Esta situación se extendió hasta 1851, cuando se abolió la esclavitud27 y se dio paso
a “un poblamiento disperso significativo a lo largo de los ríos típicamente en forma
lineal y discontinua”28, así como en las zonas costeras, mediante la conformación
de caseríos de pescadores y agricultores.

Estas formas de habitar el territorio devinieron de la posesión de hecho de aquellas
tierras abandonadas por sus antiguos esclavizadores, en las que habitaban y eran
esclavizados29, así como de la ocupación de espacios que eran tenidos como
terrenos baldíos por las comunidades30.

25
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 147. Citando a Mosquera, Sergio Antonio (2001).
Visiones de la espiritualidad afrocolombiana. Manizales: La Patria.
26
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 149. Citando a Oslender, U (2001). La lógica del
río: estructuras espaciales del proceso organizativo de los movimientos sociales de comunidades
negras en el pacífico colombiano. En: M. Pardo (ed.). Acción Colectiva y etnicidad en el pacífico
colombiano. Bogotá: Colciencias e Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p. 127 y 128.
27
“La abolición de la esclavitud fue un proceso que formalmente se inició en 1821 cuando el
Congreso de Cúcuta expidió la Ley de manumisión denominada "Ley de Partos" (…) esta ley
manifestaba que a partir de 1821 toda persona negra que naciera era libre, pero a partir de los 21
años, es decir, por 21 años se prolongaba la esclavitud, lo que llevó a la indignación y al surgimiento
de un movimiento antiesclavista, lo que, sumado a las condiciones políticas del país que llevaron al
poder a los liberales radicales permitió que estos decretaran la abolición de la esclavitud el 21 de
mayo de 1851. La Ley de Manumisión otorgaba una libertad solo nominal a los nacidos de esclavas,
pues realmente eran obligados a servir a los amos de sus madres hasta los 18 años (…) con el
pretexto que debían indemnizarlos por sus gastos de alimentación y vestido durante ese periodo”.
Ibidem, p. 150-151.
28
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 151.
29
“Durante ese periodo, en el que ya los "negros" eran libres, muchas familias de esclavizadores
(…) abandonaron sus propiedades y los esclavizados oficializaron su propiedad con la posesión de
hecho, que era la posesión espiritual que desde tiempo inmemorial tenían, pues tiempo atrás ya sus
espíritus y sus energías, junto a las de sus antepasados, habitaban esos colinos, rastrojos, montes
o templos, por lo que el factor psíquico había constituido el elemento de sujeción a esos lugares. Ser
libre (…) implicaba acceder a una propiedad física a la que espiritualmente se encontraba ligada la
persona, se consideraba parte de esta y esta parte de él”. Ibidem, p. 151. Citando a: Mosquera,
Sergio Antonio (2001), op. cit.
30
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 153.

18

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

En ese proceso de apropiación y poblamiento autónomo del territorio derivado del
reconocimiento de su libertad, el ejercicio de las prácticas de producción de las
comunidades se basó en el respeto por los ecosistemas31. Desde ese entonces, se
ejercían de manera individual la posesión y el usufructo familiar en las franjas de
terreno en las que realizaban sus actividades económicas de subsistencia, bajo un
marco de actuación conjunta de la comunidad, en virtud del cual únicamente se
adoptaban decisiones colectivas sobre el asentamiento en determinadas zonas,
mas no sobre la apropiación o aprovechamiento que cada familia hacía de su
porción de terreno32.

La posesión y usufructo se ejerció por las comunidades negras bajo un sistema de
parentesco, fundado en la presencia histórica de unos miembros del núcleo familiar
extendido que establecieron el asentamiento.

En torno a esos miembros fundadores se conformaron troncos familiares, a partir
de los cuales se ostentó el derecho al uso y apropiación de las tierras33. Y aunque
se vivía en comunidad por la decisión colectiva de establecer un determinado
asentamiento humano en una costa o ribera -como resultado de un complejo
proceso histórico de emancipación del yugo esclavista-, entre las comunidades
negras siempre se reconoció la apropiación individual -familiar- de las franjas de
terreno que cada familia ocupaba para el despliegue de sus actividades de
habitación y producción.

Al interior de esos asentamientos no se concibió la idea de que todo era de todos
como si se tratara de una propiedad comunitaria. Por el contrario, siempre se
reconoció la apropiación individual del territorio, al punto que se estableció un
sistema de transmisión de la tierra a los descendientes o familiares, “sin que
necesariamente medie documentación que certifique la legal propiedad, ya que
existe una validación por la ocupación que todos reconocen en los antecesores”34.

31
“Una vez asentados en tierras que para los nuevos libres eran de su propiedad, organizados por
familias (…), iniciaron un proceso de ascenso cultural mediante la aplicación de un modelo de
adaptación con expresiones diversas según el ecosistema donde se constituyera el asentamiento,
pero que básicamente se ordenaba en relación con el flujo de productos que proveía el bosque, la
ciénaga el río o el mar (…) las comunidades negras tenían formas de producción polimorfas
heredadas de sus antepasados africanos y de sus relaciones con indígenas y europeos, que les
servían para reclamar ante el estado el dominio de sus territorios ancestrales”. Ibidem, p. 151.
Citando a: Villa, W. (1996). Ecosistema, territorio y desarrollo. Revista Esteros, Edición Especial, p.
8.
32
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 155.
33
Ibidem, p. 155.
34
Ibidem, p. 154.

19

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

Es decir, aunque había un ámbito de relacionamiento colectivo con el espacio en el
que habitaban, los miembros de las comunidades negras reconocían y protegían
formas de apropiación individual -familiar- inherentes a la ancestralidad que marcó
su proceso de relacionamiento y apropiación del territorio.

Hasta ese momento, el territorio habitado por las comunidades negras se constituyó
en un espacio de vida, libertad y ejercicio de derechos conquistado desde los días
en que sus ancestros africanos fueron esclavizados, pasando por la época en que
se les reconoció su libertad y pudieron poblar las zonas ribereñas y costeras, que
labraron con sus manos con un alto sentido del respeto por los ecosistemas.

A pesar de que el espacio apropiado por las comunidades negras hacía parte de su
imaginario y ancestralidad, solo a partir de la expedición de la Constitución Política
de 1991 se reconoció institucionalmente esa relación de las comunidades negras
con el territorio, cuando surgió en el ordenamiento jurídico colombiano “la titulación
colectiva como el mecanismo para reconocer un nuevo actor en la nación
colombiana, además de crear un derecho para las comunidades sobre los territorios
que ancestralmente habían ocupado y que el Estado ha denominado baldíos”35.

El reconocimiento de las comunidades negras como integrantes de esa nación
multiétnica y pluricultural pregonada por la Constitución Política de 1991, fue el
resultado de un arduo proceso de reivindicación gestado ulteriormente desde la
segunda mitad del siglo XX36, con el que se propugnó por la protección de las formas
de apropiación ancestral del territorio que tuvieron lugar durante todo el devenir
histórico aludido párrafos atrás.

35
Ibidem, p. 156.
36
"El actual proceso organizativo de las comunidades negras se comenzó a gestar en la década de
los setenta, a partir de experiencias locales, agrupadas en torno a necesidades de carácter
económico y social y dinamizado en gran parte por la Iglesia Católica. Estas formas organizativas
enfatizaron el carácter campesino como elemento de identidad y no buscaban en forma explícita
reconocimientos de tipo étnico o cultural. Se articulaban a formas organizativas comunitarias como
las Juntas de Acción Comunal, a asociaciones de productores o en torno a la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (anuc), enmarcadas en los espacios de participación social definidos por
el Estado. En el medio Atrato (Chocó) hacia mediados de la década de los ochenta, se conformó la
Asociación Integral del Atrato (ACIA), organización que va a tener luego un papel protagónico en la
definición de nuevos referentes para la orientación de las reivindicaciones de las comunidades
negras. En 1987 se realizó un encuentro conocido como el foro de Buchadó, en el cual participaron
representantes del Departamento de Planeación Nacional, autoridades ambientales, la iglesia, la
orewa, movimientos cívicos, el movimiento Cimarrón y representantes de 35 comunidades del Medio
Atrato. Uno de los resultados más significativos de este foro, fue la firma del llamado Acuerdo de
Buchadó, el cual, en su artículo primero reconoció "el derecho que asiste a las comunidades
campesinas del medio Atrato sobre los territorios comunitarios que ancestralmente han ocupado".
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 159. Citando a: Ministerio del Medio Ambiente,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, et al. Paisajes vividos y observados. La percepción territorial
en la zona ecológica del pacífico colombiano, Bogotá D.C. Gente Nueva.
20

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

El derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras reconocido por el
Estado Colombiano desde 1991, tiene un fundamento histórico-axiológico diferente
al derecho a la propiedad privada como institución del derecho civil, en la medida
en que es el resultado de “un proceso de reivindicación del Estado colombiano a
favor de una comunidad invisibilizada en el país hasta 1991”37.

Esta idea es de la mayor relevancia para determinar si los accionantes se
encuentran legitimados en la causa por activa, toda vez que la aplicación de las
normas especiales que regulan tanto la propiedad colectiva como el denominado
derecho de usufructo de los miembros de cada Consejo Comunitario, deben
interpretarse y aplicarse sin perder de vista que son el resultado de un proceso
histórico de esas comunidades y no del devenir histórico-axiológico de las
instituciones y categorías del derecho occidental tradicional.

Desde el punto de vista jurídico, el principal fundamento del derecho a la propiedad
colectiva es el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, cuyo tenor
literal es el siguiente:

ARTÍCULO TRANSITORIO 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada
en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio
por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una
ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho
a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en
cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale
la ley.

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad
cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su
desarrollo económico y social.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras
zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo
procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial
aquí prevista.

PARÁGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el
Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno
procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con
fuerza de ley.

37
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 169.

21

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

En contraste con lo señalado en este precepto normativo, el artículo 63
constitucional estableció que los “bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables”.

A primera vista, existe una contradicción entre el carácter inalienable, imprescriptible
e inembargable de las tierras comunales de grupos étnicos establecida en el artículo
63 y la enajenabilidad, en los términos que establezca la ley, reconocida por el
artículo 55 transitorio para la propiedad colectiva de las comunidades negras.

Sin embargo, no hay tal contradicción si se comprende que el segundo precepto
debe aplicarse preferentemente en la regulación de la propiedad colectiva de las
comunidades negras, por tratarse de una disposición especial precedida de un
procedimiento democrático en el que la Asamblea Nacional Constituyente hizo un
reconocimiento del proceso histórico de relacionamiento y apropiación del territorio,
basado en la posesión y usufructo familiar propio de las comunidades negras,
previamente explicado.

De acuerdo con esta concepción del derecho a la propiedad colectiva38, existe un
ámbito de protección de intereses subjetivos e individuales determinados por el
espacio en el que ancestralmente las familias han desplegados sus prácticas
tradicionales de producción autosostenible bajo un sistema de parentesco -faceta
individual del derecho-, y un ámbito de protección de intereses colectivos,
entendidos como aquellos espacios en los que el sujeto colectivo comunidad negra
ejerce una vida en común, en lo que tradicionalmente se ha denominado como
bienes de uso público y en los ámbitos territoriales en los que se realizan prácticas
productivas por la comunidad -faceta colectiva del derecho-39.

38
“[E]l derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras es un conjunto de facultades
atribuidas formalmente a un sujeto colectivo, pero ejercidas materialmente por sujetos individuales
en relación con un espacio territorial apropiado ancestralmente, usado y aprovechado por el grupo
étnico: comunidad negra, respetando las relaciones que también a nivel individual construye cada
individuo con el entorno en el que se ejercen prácticas productivas autosostenibles. En ejercicio de
ese derecho los individuos tienen una doble pertenencia con el territorio: la colectiva, mediante la
cual todos se identifican como parte de ese espacio colectivo, y, la individual, donde cada uno
reconoce su ámbito espacial como ser individual o como ser perteneciente a un núcleo familiar de
carácter extenso”. Ibidem, p. 142.
39
“Los espacios que son de uso colectivo o zonas de uso común están asociados con 2 conceptos:
1. Lo que tradicionalmente se considera bienes de uso público como ríos, calles, cementerios, casas
de acción comunal, casas para el velorio de los muertos, escuelas, comedores escolares, y, 2.
Espacios para la realizar prácticas productivas como el bosque. / Más allá del concepto de propiedad
presente en la legislación civil, el bosque, o los espacios donde se realizan prácticas productivas, se
reconocen como zonas para uso de todos los integrantes de una comunidad, es decir, espacios para
aplicar prácticas productivas tradicionales que algunas veces pueden ser considerados por una o
varias familias como propios, pero que están disponibles para toda la comunidad. / A partir de la
promulgación de la Ley 70 de 1993, las áreas colectivas se consideran inalienables, imprescriptibles
22

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

En contraste con el derecho a que se viene haciendo alusión, la propiedad colectiva
de las comunidades indígenas40 tiene en sus fundamentos histórico-axiológicos y
jurídicos, puntos de concordancia y divergencia con las formas de relacionamiento
con el territorio reconocidos por el Estado colombiano a las comunidades negras.

Como aspectos en común se resalta que el título de propiedad es adjudicado al
sujeto colectivo sobre franjas de terreno respecto de las cuales las comunidades
reclaman la protección de una posesión histórica y ancestral de tierras consideradas
como baldías. Este reconocimiento es el resultado de un proceso histórico de
reivindicación concretado con la expedición de la Constitución de 1991, que
identifica en las comunidades una dinámica propia de pertenencia y organización
interna.

Además, a las comunidades se les reconoce el derecho a ser consultados frente a
los proyectos que se ejecuten en su territorio y cuentan con prelación en el
otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales
yacentes en su territorio, bajo el entendido que el ejercicio de la propiedad se
encuentra sujeto a la observancia de condicionamientos ambientales.

A pesar de estas similitudes, existen marcadas diferencias en el ámbito de
protección particular de la propiedad colectiva de cada comunidad, no solamente
por el proceso histórico de su reconocimiento41, sino porque el ordenamiento
jurídico les da un tratamiento distinto a estas formas de propiedad, como pasa a
explicarse.

e inembargables, sin que su titularidad se atribuya específicamente a una o varias familias (art. 6°
de la Ley 70 de 1993)”. Ibidem, p. 359.
40
“La existencia de marcadores de diferencia, como los lingüísticos y los culturales, expresados en
ciertas formas de vida comunitarias, tradicionales y territorializadas, constituyen el criterio que (…)
frecuentemente se esgrime para concebir una población determinada como grupo étnico. De modo
que a las comunidades indígenas y negras se les ha dado un tratamiento basado en la igualdad,
pero sin reconocer sus diferencias, lo que explicaría: por qué al hablar de la propiedad colectiva de
las comunidades negras inmediatamente se asimila a la propiedad de las comunidades indígenas”,
cuando tal asimilación es imprecisa desde las perspectivas de las normas legales y constitucionales
que regulan estos derechos y sus correspondientes fundamentos histórico-axiológicos. Hinestroza
Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 79. Citando a Restrepo, E (2011). Etnización y multiculturalismo.
Revista Colombiana de Antropología 47 (2).
41
En la exposición de motivos de la Ley 70 de 1993, se puede observar cómo es que el
reconocimiento de la etnicidad de las comunidades negras es algo que ocurrió muy posteriormente
a que el Estado colombiano hiciera lo propio con las comunidades indígenas. Específicamente, se
señaló: "No obstante, qué garantías podría ofrecer el Instituto de Antropología a las comunidades
negras, después de la experiencia que éstas sufrieron el 26 de febrero de 1993. En el Instituto de
Antropología, que actuaba como Secretaría Técnica de la Comisión Especial del artículo 55 un grupo
de sus investigadores expertos en etnicidad de indios, reunidos para discutir sobre el concepto de
identidad cultural de las poblaciones negras en Colombia, descalificaron la existencia de los negros
como etnia y su ejercicio de etnicidad. Acogiendo a sus trabajos sobre los indios, opinaron que la
etnicidad de los negros no estaba delimitada".
23

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 transitorio de la Constitución y su
posterior desarrollo mediante la Ley 70 de 1993 -arts. 5, 7 y 25- y el Decreto 1745
de 1995 -arts. 6, 11, 32 y 33-, en la propiedad colectiva de las comunidades negras
coexisten marcados aspectos individuales con otros colectivos.

Según se prevé en esas disposiciones normativas, los Consejos Comunitarios
pueden asignar en usufructo determinadas franjas de terreno para que los miembros
de la comunidad ejerzan allí sus prácticas tradicionales de producción. Los
asignatarios -usufructuarios- así reconocidos, pueden realizar actos jurídicos
relacionados con la disposición de ese usufructo, con la observancia de las
restricciones que esas mismas normas imponen. La consagración y protección de
esta faceta individual del derecho a la propiedad colectiva deviene del
reconocimiento institucional del proceso histórico de relacionamiento que las
comunidades negras han tenido con su espacio vital.

Como se precisó, este grupo étnico ha ejercido la posesión y usufructo del territorio
-antes y después de la supresión de la esclavitud- bajo un sistema de parentesco
fundado en la presencia histórica de unos miembros del núcleo familiar extendido
que establecieron asentamientos en costas y riberas.

En ese contexto, la apropiación del territorio se ha hecho de manera individual por
cada una de las familias, en la medida en que la actuación colectiva de la comunidad
únicamente hacía referencia a la decisión de poblar conjuntamente una
determinada zona, mas no sobre la apropiación o aprovechamiento individual que
cada familia hacía de su porción de terreno. Fue por esto precisamente que en el
artículo 55 transitorio de la Constitución se estableció que la propiedad colectiva de
las comunidades negras sería enajenable en los términos establecidos en la Ley.

En contraste, el artículo 63 constitucional, la Ley 160 de 1994 -Título - y en el
Decreto 2164 de 1995, establecen para las comunidades indígenas una lógica y
contenido distinto de la propiedad colectiva, puesto que se trata de un derecho
inalienable, inembargable e imprescriptible con predominancia del carácter
comunitario en su forma de relacionamiento con el territorio. Por esta razón, aunque
se reconozca derechos sobre el territorio a título colectivo para ambos grupos
étnicos, su tratamiento no puede ser el mismo, no solo porque tienen fundamentos
histórico-axiológicos diferentes, sino porque el ordenamiento jurídico vigente así lo
hace de manera explícita.

24

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Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
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Referencia: Acción de Reparación Directa

Mediante la Sentencia SU-111 de 202042, la Corte Constitucional trazó algunos
lineamientos en torno al reconocimiento de la propiedad colectiva de las
comunidades negras, así:

51. El artículo 55 transitorio de la Constitución le ordenó al Congreso expedir
“una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá
de demarcar la misma ley”. Además, le advirtió que tal ley debía establecer
“mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de
estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social”.
En cumplimiento de estos mandatos, el Legislador profirió la Ley 70 de 1993.

52. La idea que anima el artículo 55 transitorio Constitucional y su desarrollo
en la Ley 70 de 1993 es la de que las comunidades étnicas, en general, y las
negras, en particular, tienen una relación especial con el territorio, el cual
tiene para ellas un valor y un significado específicos en términos culturales
que no se predica del resto de la población, para quienes la relación con el
territorio que habitan, poseen, usan, usufructúan, etc., es, a lo sumo,
patrimonial y emocional43 (…).

54. Con el fin de que estas tierras baldías les sean adjudicadas44, cada
comunidad negra debe formar un consejo comunitario como manera de
administración interna, el cual tiene entre sus diversas funciones la de
materializar esta doble finalidad de la propiedad colectiva regulada en la Ley
70 de 1993. Esto es reconocido por el artículo 5° de la ley que prescribe que
los consejos comunitarios deben velar por “la preservación de la identidad
cultural” y por “el aprovechamiento y la conservación de los recursos
naturales”.

Una vez adjudicadas estas tierras baldías, nace el derecho a la propiedad
colectiva, es decir que el dominio sobre este territorio no recae sobre un
sujeto individual, sino sobre un sujeto colectivo, lo cual reviste a estas tierras
comunales de grupos étnicos de las características de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, al tenor del artículo 63 Superior. Esta
Corporación ha destacado que la propiedad colectiva de comunidades
negras goza de una protección jurídica especial

“en función de las características del derecho a la propiedad, en tanto
que: (i) tiene el carácter de colectivo, es decir en favor de las personas

42
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
43
De manera muy similar, en la Sentencia T-680 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), al conceder
una tutela interpuesta por un consejo comunitario a quien el INCODER no le había resuelto una
solicitud de titulación colectiva, la Corte puntualizó, a propósito de la conexión especial entre los
pueblos étnicos y el territorio, que “[s]e trata de la gran importancia que todos ellos atribuyen a los
territorios en los que se encuentran asentados y a su permanencia en los mismos, la cual supera
ampliamente el normal apego que la generalidad de los seres humanos siente en relación con los
lugares en los que ha crecido y pasado los más importantes momentos y experiencias de sus vidas,
o en aquellos en los cuales habitaron sus ancestros”.
44
Según el artículo 8° de la Ley 70 de 1993, “[p]ara los efectos de la adjudicación de que trata el
artículo 4o., cada comunidad presentará la respectiva solicitud al Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria -Incora-. Este podrá iniciar de oficio la adjudicación. // Una comisión integrada por el Incora,
el Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’ y el Inderena o la entidad que haga sus veces realizará,
previo informe del Consejo Comunitario, una evaluación técnica de las solicitudes y determinará los
límites del área que será otorgada mediante el título de propiedad colectiva”.
25

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que pertenecen a la comunidad afrodescendiente, quienes gozan de un
derecho oponible frente a terceros, y (ii) está afectado con una limitación
al traspaso que concreta, de manera permanente, la relación histórica y
tradicional entre el territorio y la comunidad”45.

Ahora, debe precisarse que el reconocimiento de la propiedad colectiva no
es óbice para que los consejos comunitarios delimiten y asignen áreas a
grupos familiares al interior de las tierras adjudicadas (artículo 5° de la Ley
70 de 1993), áreas que excepcionalmente son susceptibles de enajenación
por la disolución del grupo familiar, con la condición de que “el ejercicio del
derecho preferencial de ocupación o adquisición únicamente podrá recaer
en otros miembros de la comunidad y en su defecto en otro miembro del
grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de las tierras de las
comunidades negras y la identidad cultural de las mismas” (artículo 7° de la
Ley 70 de 1993) (…).

61. (…) Así pues, de lo anterior se infieren las siguientes reglas: (i) el Estado
puede válidamente adjudicar tierras baldías a comunidades negras; (ii) el
fundamento del derecho a la propiedad colectiva subyace en proteger el
medio ambiente y la diversidad étnica y cultural; (iii) los integrantes de los
consejos comunitarios son quienes ejercen la titularidad de la propiedad
colectiva y la misma se administra mediante su junta directiva y
representante legal, elegidos a través de mecanismos concertados entre la
misma comunidad; y (iv) la titularidad de propiedad colectiva no supone
libertad absoluta para disponer de los recursos naturales que allí haya. La
autonomía para decidir sobre diferentes maneras de producción y de
aprovechamiento de los recursos naturales encuentra límite en la protección
del medio ambiente y en la obligación de que el desarrollo sea sostenible.

Desde la expedición de la Constitución de 1991 y su desarrollo legal específico
efectuado mediante la Ley 70 de 1993, las comunidades negras organizadas a
través de Consejos Comunitarios se encuentran habilitadas para obtener títulos de
propiedad colectiva sobre terrenos baldíos en los que hubiesen desplegado sus
prácticas tradicionales de producción. Esto quiere decir que dicha forma de titulación
no puede otorgarse sobre bienes en los que previamente se hubiere reconocido el
derecho de propiedad -individualmente considerado-, pues dichos predios
escaparían del concepto de bienes baldíos contenido en el artículo 675 del Código
Civil46.

De acuerdo con la Ley 70 de 1993, esta forma de titulación puede otorgarse en
aquellos terrenos en los que esas comunidades tengan un “asentamiento histórico

45
Sentencia T-414 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta oportunidad, la Corte
anuló una sentencia dentro de un proceso agrario de lanzamiento por ocupación de hecho que recaía
sobre un predio que hacía parte del territorio adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curbaradó.
Dicha providencia ordenaba el lanzamiento de las personas de una comunidad perteneciente al
mencionado Consejo Comunitario.
46
“Artículo 675. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites
territoriales carecen de otro dueño”.
26

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y ancestral (…) para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales
desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción”4748.

Una vez se ha obtenido la titulación colectiva, “el territorio titulado como Tierras de
las Comunidades Negras será manejado y administrado por la Junta del Consejo
Comunitario con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General.
La Junta del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de administración
y manejo que garanticen la equidad y justicia en el reconocimiento y asignación de
áreas de trabajo para las familias (…). El reglamento deberá considerar una
distribución equitativa de las zonas agrícolas, forestales, mineras y de los recursos
hidrobiológicos, respetando las áreas que al momento de la visita sean
usufructuadas por cada familia, reservando sectores para adjudicaciones futuras, y
cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y el sistema de derecho propio
de las comunidades”49.

Esa función de manejo y administración del territorio colectivo del Consejo
Comunitario implica, entre otras tareas, que este organismo puede adjudicar en
usufructo determinadas franjas de terreno para que los miembros de la comunidad
desplieguen sus prácticas tradicionales de producción, en aplicación de lo previsto
en los artículos 5° de la Ley 70 de 1993 y 11 numeral 6 del Decreto 1745 de 1995,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 5. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada
comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración
interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno
Nacional.

Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos
Comunitarios: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras
adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la
propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al
representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica,
y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de
conciliación.

Artículo 11. Funciones de la Junta del Consejo Comunitario. Son funciones
de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes (…).

47
Ley 70 de 1993, artículo 2°, numeral 6.
48
A su vez, el artículo 18 del Decreto 1745 de 1995 establece: “Artículo 18. Áreas adjudicables. Son
adjudicables las áreas ocupadas por la comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º
de la Ley 70 de 1993, con especial consideración a la dinámica poblacional, sus prácticas
tradicionales y las características particulares de productividad de los ecosistemas.
Parágrafo. Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas tituladas individualmente con
anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los interesados así lo solicitaren”.
49
Decreto 1745 de 1995, artículo 32.

27

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

6. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento
individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente,
reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en
el reglamento que expida la Asamblea General del Consejo Comunitario

Debido a que la adjudicación a que se refieren las citadas normas se hace solo en
relación con el usufructo50 y al interior de un territorio que pertenece a un grupo
de personas étnicamente diferenciadas “que poseen una cultura propia, comparten
una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen
de otros grupos étnicos”51, es decir, se hace dentro de un territorio cuya propiedad
es colectiva, esto no implica el reconocimiento del derecho de propiedad individual
-en los términos del art. 669 del Código Civil-52, sino la consolidación de un derecho
subjetivo sui generis propio de esta relación jurídica y ancestral con el territorio.

En este punto, se destaca que la propiedad colectiva de las comunidades negras
no solamente es un derecho que se ha reconocido por el Estado colombiano con el
fin de conservar los territorios apropiados por este grupo étnico y los recursos
naturales existentes, sino que ha sido un vehículo para la protección de la identidad
cultural de esas comunidades, pues a través de su garantía se ha permitido el
acceso a otros derechos como el autogobierno, la participación, la consulta previa,
la prelación para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de recursos
naturales, entre otros.

En ese contexto, resulta conceptual y normativamente impreciso tratar como
copropietario o comunero a cada núcleo familiar o miembro de la comunidad al que
un Consejo Comunitario le haya asignado una franja de terreno, pues el ejercicio de
los derechos subjetivos e individuales que se derivan de esa adjudicación no
pueden encuadrarse en la categoría jurídica “comunidad de bienes”, dada la
naturaleza sui generis que el ordenamiento especial vigente le asigna a esta forma
de propiedad colectiva.

En efecto, en la copropiedad del Código Civil -arts. 2322 al 2340- (i) la titularidad del
dominio es plural (ii) bajo un esquema de división del derecho en cuotas ideales, (iii)

50
Según la denominación recibida por la normativa especial vigente.
51
Ley 70 de 1993, artículo 2°.
52
En la sentencia T-680 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), la Corte Constitucional precisó: “En
directa conexión con los derechos hasta ahora estudiados, especialmente aquellos relacionados con
la subsistencia y con la integridad de la identidad étnica y cultural, aparece lo atinente a la propiedad
colectiva de la tierra por parte de los pueblos indígenas y/o afrodescendientes y de las
organizaciones que agrupan a sus miembros, bajo formas jurídicas parcialmente distintas a los
modelos clásicos de dominio individual desarrollados muchos años atrás por el Código Civil y sus
normas complementarias”. En igual sentido, revisar, por ejemplo, el párrafo 52 de la Sentencia SU-
111 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) citando previamente en esta providencia.
28

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

en virtud de las cuales se deben asumir proporcionalmente los gastos para la
administración y sostenimiento del bien (iv) y se perciben los frutos de la cosa en la
misma proporción. Además, (v) la facultad de disposición se puede ejercer
libremente por todos los copropietarios sobre su cuota ideal, (vi) quienes, por no
encontrarse obligados a vivir en la indivisión, pueden pedir la disolución de esa
comunidad.

En oposición, en la propiedad de las comunidades negras prevista en el artículo 55
transitorio de la Constitución, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, se
encuentran como rasgos característicos el que (i) la titularidad del dominio recae en
un solo sujeto colectivo -Consejo Comunitario-, (ii) no hay división ideal del derecho,
sino “asignación de áreas según las reglas de la ocupación ancestral”53, (iii) no
existe una asignación de gastos de manutención, (iv) ni se perciben frutos
proporcionalmente en relación con los demás miembros de la comunidad, en la
medida en que la asignación de áreas de terreno, no representa un reparto de
cuotas ideales o porcentajes del territorio concedido en propiedad colectiva.

Además, (v) la facultad de disposición de los asignatarios de franjas de terreno no
es libre, sino que se encuentra limitada por el ordenamiento jurídico especial y el
reglamento interno de cada Consejo Comunitario, (vi) organismo que se encuentra
constituido para “recibir el derecho a la propiedad y para administrar los territorios
colectivos de las comunidades negras”54, cuya desintegración no puede ser
solicitada por sus miembros.

Así las cosas, advierte la Sala que, en los términos de los citados artículos 5° de la
Ley 70 de 1993 y 11 numeral 6 del Decreto 1745 de 1995, la adjudicación o
asignación de franjas de terreno que hacen los Consejos Comunitarios al interior de
los predios de propiedad colectiva, no implica la consolidación o reconocimiento del
derecho de dominio para los adjudicatarios, sino que únicamente comportan el
otorgamiento del usufructo de determinadas zonas, con el objetivo de que en ellas
se desplieguen las prácticas tradicionales de producción de cada núcleo familiar.

Ahora bien, debe precisarse que la adjudicación del usufructo de que trata la Ley 70
de 1993 -artículos 5, 7 y 25- y el Decreto 1745 de 1995 -arts. 6 num. 4, 11 num. 6,
32 y 33-, no implica el surgimiento del derecho real de usufructo consagrado en los
artículos 823 y ss. del Código Civil, como pasa a explicarse.

53
Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 271.
54
Ibidem, p. 272.

29

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El usufructo del Código Civil “supone necesariamente dos derechos coexistentes:
el del nudo propietario, y el del usufructuario” (art. 824 C. Civil). Esto quiere decir
que el usufructuario ostenta un derecho real que se constituye sobre un bien de
dominio ajeno, situación que no ocurre en el usufructo especial de las comunidades
negras, en el que todos los miembros de la respectiva comunidad -a quienes se
entrega el usufructo- tienen la propiedad colectiva sobre el mismo inmueble.

Aunque en ambos casos se conceden los derechos de uso y goce de un
determinado bien -mueble o inmueble en el Código Civil-, en el denominado
usufructo de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 esto se hace con el
objetivo de que cada núcleo familiar despliegue en cada predio -únicamente sobre
inmuebles en esta forma especial- sus prácticas tradicionales de producción,
mientras que el usufructo del Código Civil es un derecho real principal cuyo ejercicio
no está atado a finalidad alguna.

Como derecho real principal que es, el usufructo del Código Civil puede ser,
libremente, objeto de arrendamiento, cesión e hipoteca (arts. 852, 2443 y 2447),
mientras que el llamado usufructo de Ley 70 no puede ser negociado al arbitrio de
su beneficiario, si no es “con la aprobación de la junta del Consejo Comunitario por
las causas establecidas en la Ley 70 de 1993 y en el reglamento interno del Consejo
Comunitario” (Art. 33 Dto. 1745 de 1995).

Por otra parte, el derecho real de usufructo del Código Civil implica para el nudo
propietario y para el usufructuario un régimen de derechos, obligaciones y
responsabilidad que no se encuentra presente en la regulación específica del
usufructo consagrado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, pues el
usufructo es una forma de ejercer el derecho al territorio inherente a la propiedad
colectiva.

Tampoco son iguales o asimilables estas dos figuras en cuanto a las formalidades
para su constitución y su temporalidad, pues mientras el usufructo del Código Civil
debe ser constituido “por instrumento público inscrito”, para una duración limitada
que no puede exceder al tiempo de vida del usufructuario (arts. 826 y 829 C. Civil),
tales exigencias o limitaciones no se fijan para el usufructo que ejercen las
comunidades negras en su territorio.

Además, el usufructo civil no puede transmitirse por herencia, mientras que el
usufructo de las comunidades negras justamente deviene del proceso histórico de
apropiación del territorio bajo un esquema de parentesco en el que se transmite la

30

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Referencia: Acción de Reparación Directa

tenencia del terreno para que se sigan desplegando las prácticas tradicionales de
producción del núcleo familiar.

Aunque ambas figuras tienen como elemento común su denominación y que
mediante ellas se concede el derecho de uso y goce sobre un determinado predio,
en realidad se trata de dos instituciones jurídicas claramente diferenciables desde
su objeto, finalidad, negociabilidad, régimen de obligaciones y responsabilidad,
requisitos de constitución, temporalidad y transmisibilidad, y en esa medida, no
puede decirse que en virtud de la figura consagrada en la Ley 70 de 1993 y el
Decreto 1745 de 1995 pueda invocarse la protección del derecho real de usufructo
de la legislación civil.

En ese contexto, la Sala precisa que los títulos de adjudicación individual de
propiedad entregados por el Consejo Comunitario del Río Sanquianga a cada uno
de los demandantes tiene la aptitud de reconocer un derecho de usufructo sui
generis, como expresión de la propiedad colectiva reconocida a las comunidades
negras.

El fundamento y contenido de ese usufructo especial se encuentran prescritos por
el artículo 55 transitorio constitucional, la Ley 70 de 1993 -arts. 5, 7 y 25- y el Decreto
1745 de 1995 -arts. 6, 11, 32 y 33-, disposiciones que han sido expedidas por el
Estado colombiano para el reconocimiento y protección de las formas de
relacionamiento de las comunidades negras con su territorio y sus formas de
apropiación, luego de un proceso histórico de reivindicación de derechos que se
remonta a la época en que los miembros de este grupo étnico eran esclavizados.

Como se precisó, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras
tiene una faceta individual relativa a la protección de intereses subjetivos e
individuales determinados por el espacio en el que ancestralmente las familias han
desplegados sus prácticas tradicionales de producción autosostenible, que se
traduce en la existencia de un derecho al uso y goce de terrenos al interior del
territorio titulado colectivamente, de conformidad con el derecho vigente que regula
especialmente esta forma de propiedad55.

Ese reconocimiento de intereses individuales coexiste con la faceta colectiva del
derecho, relativa a la protección de un ámbito comunitario en virtud del cual quienes
habitan estos territorios cuentan con unos espacios en los que se lleva una vida en

55
Diferenciable de la que ejercen las comunidades indígenas sobre su territorio y la tradicionalmente
prevista en la legislación civil.
31

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Referencia: Acción de Reparación Directa

común, en lo que tradicionalmente se ha denominado bienes de uso público -calles,
cementerios, casas de acción comunal, casas para el velorio de los muertos,
escuelas, comedores escolares, etc.- y en los ámbitos territoriales en los que se
realizan prácticas productivas por la comunidad56.

3.3. La legitimación en el caso concreto

Hechas las anteriores consideraciones sobre el derecho a la propiedad colectiva de
las comunidades negras como un derecho sui generis en el ordenamiento jurídico
colombiano, dados sus fundamentos histórico-axiológicos y su regulación normativa
especial, corresponde a la Sala determinar, como se anunció párrafos atrás, si de
acuerdo con los medios de prueba obrantes en el plenario se puede establecer la
consolidación de algún derecho subjetivo e individual en virtud del cual pueda
reconocérsele a la señora Elizabeth Manyisela Ortiz -y sus hijos- legitimación en la
causa por activa.

Prima facie, la protección de la propiedad colectiva de las comunidades negras -en
sus dos facetas-, puede ser pretendida exitosamente por el respectivo Consejo
Comunitario en ejercicio de su función de administración de los territorios
entregados a título colectivo.

Sin embargo, debido a que esta forma de propiedad tiene una faceta individual y
una colectiva que coexisten, debe precisarse que en los eventos en que los
accionantes aleguen la afectación a los intereses subjetivos inherentes a esa faceta
individual del derecho, se entiende que están legitimados para pretender la
reparación de los daños que les hayan sido irrogados.

Lo anterior, por cuanto esa faceta individual del derecho protege intereses
subjetivos relacionados con la apropiación ancestral del territorio por parte de un
núcleo familiar; situación que, al ser reconocida por el respectivo Consejo

56
“De esa manera, cuando se trata de comunidades negras la individualidad y la colectividad en el
derecho en análisis es particular, porque ambos aspectos permanecen, interactúan y se encuentran
permanentemente en el derecho, pero a diferencia de otros grupos la individualidad es una nota
característica y hace diferente el derecho, incluso desde el proceso histórico de su surgimiento (…)
porque desde sus orígenes las comunidades distribuían los espacios y reconocían que "algo" es de
una familia, familias o individuo, con claras facultades de disposición, lo que hace parecer que la
individualidad prima sobre lo colectivo”. Ibidem, p. 262. A modo ilustrativo puede observarse lo
señalado por el Consejo Comunitario de COCOMACIA en su reglamento interno: “En los patios, al
lado de las viviendas, totalmente construidas en madera, se siembran frutales con la papaya y el
marañón. Además, se cultiva la papa china, un tubérculo que junto con el plátano, el arroz, el maíz,
el pescado y la carne de animales de monte, hace parte de los principales alimentos que consume
la población. Al lado de las casas también están las barbacoas y las azoteas donde las mujeres
siembran condimentos como la cebolla, el poleo, la albahaca y el cilantro [...] En este extenso
territorio selvático, la propiedad es colectiva. Sin embargo, cada comunidad tiene su propia zona de
influencia, y en cada comunidad, cada familia tiene sus propios huertos y colinos que todos
respetan”. Hinestroza Cuesta, Lisneider (2018) op. cit., p. 354.
32

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Comunitario mediante la asignación de terrenos en usufructo -de acuerdo con lo
previsto en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995-, consolida en cada uno
de estos asignatarios un interés legítimo para pedir ante el juez la protección de sus
derechos.

Por otra parte, las garantías procesales encaminadas a restablecer las afectaciones
a la faceta colectiva, relacionada con la protección de un ámbito de vida comunitaria
del grupo étnico, también pueden ser ejercidas exitosamente por cada uno de los
miembros de la comunidad, en la medida que en ese contexto se encontrarían
afectados los intereses de los que son igualmente titulares, aunque de manera
colectiva.

En una consolidada línea decisional, la Corte Constitucional ha establecido que en
los eventos en que un miembro de una comunidad negra acuda a un proceso judicial
mediante la formulación de una pretensión de contenido individual, pero que en
realidad propende por la protección de un interés jurídico de la comunidad, tal
persona se encuentra plenamente legitimada en la causa por activa, puesto que, en
su condición de miembro de la respectiva comunidad puede abogar por sus
intereses sin obstáculo procedimental alguno. Específicamente, en la sentencia T-
049 de 201357, la Corte precisó:

En este sentido, ha enfatizado este Tribunal que la protección del derecho a
la diversidad e identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas
presupone el reconocimiento de las comunidades étnicas como sujetos de
derechos autónomos e independientes con personería sustantiva,
diferenciables de los miembros individuales que la conforman, y que
adquiere una connotación cultural global y de conjunto, alternativa y
diferenciable de la cultura hegemónica occidental de las mayorías, cultura
de grupo que es transferida a los individuos que hacen parte de dichas
comunidades. Este reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y
autónomos se deriva de los principios constitucionales de democracia,
pluralismo, respeto y protección a la diversidad étnica y cultural, y es lo que
les confiere a estas comunidades el estatus jurídico para ser adjudicatarios,
así como para ejercer y reivindicar los derechos propios de la comunidad. 58

Así las cosas, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido no solo el
estatus de sujetos colectivos de derechos fundamentales a las comunidades
étnicas, sino que adicionalmente ha establecido que tanto los dirigentes
como los miembros individuales de estas comunidades se encuentran
legitimados para enervar la acción de tutela con el fin de perseguir la
protección de los derechos de la comunidad, así como también59, así como

57
Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
58
Ibidem. [Se alude a la sentencia T-379 de 2011].
59
Consultar las Sentencias T-652 de 1998, T-955 de 2003, T-880 de 2006, T-154 de 2009 y T-760
de 2009, entre otras.
33

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también (sic) “las organizaciones creadas para la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas60 y la Defensoría del Pueblo61”.62

En el caso bajo estudio, los accionantes pretenden la declaratoria de
responsabilidad por la ocupación de una franja de terreno, con la consecuente
reparación del daño emergente relativo a la destrucción de mejoras y enseres -que
no a la pérdida de la propiedad-63, del lucro cesante correspondiente a lo dejado de
percibir por el establecimiento de comercio que allí funcionaba y de los perjuicios
morales causados con tal ocupación.

Como se observa, lo que se busca es la protección de intereses netamente
individuales relacionados con la afectación al predio de la accionante y los efectos
que esto tuvo en relación con la ejecución de una actividad comercial. Estos
intereses guardan estrecha relación con el reconocimiento y respeto de una forma
individual de apropiación del territorio, comprendida en la faceta individual del
derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, razón por la cual debe
comprenderse que no se encuentran en debate los intereses jurídicos de la
comunidad protegidos en la faceta colectiva del derecho, pues no se está buscando
la protección de intereses relacionados con la afectación de aquellos espacios para
el despliegue de la vida en comunidad.

En efecto, aunque la accionante no sea titular del derecho real de dominio sobre la
franja de terreno ocupada, lo cierto es que en su condición de miembro de la
comunidad podía acudir al presente proceso judicial para que se le garantizara la
protección del derecho a la propiedad colectiva en su faceta individual, y se le
reconociera en consecuencia la reparación de los perjuicios individuales que
hubieren sufrido en relación con la afectación a los derechos de uso y goce -
usufructo- de la tierra conferidos en virtud de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 1745
de 1995.

Por otra parte, debe precisarse que, aunque en el recurso de apelación no se
cuestionó el hecho de que la señora Elizabeth Manyisela Ortiz fuera propietaria del
establecimiento de comercio “El Escoses”, la Sala precisa que dicha condición se
encuentra plenamente acreditada, pues con la demanda se aportaron los

60
Sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003, T-382 de 2006, T-880 de 2006, entre otras.
61
Sentencia T-652 de 1998.
62
Sentencia T-379 de 2011.
63
En efecto, en la pretensión segunda se solicitó el reconocimiento del daño emergente en los
siguientes términos: “Los demandados deberán pagar a Elizabeth Manyisela Ortiz, la suma de
cincuenta y un millones cuarenta y un mil pesos, ($51.041.000.00) más lo que resulte probado dentro
del proceso; correspondientes a la destrucción del inmueble, pérdida de bienes muebles, enseres y
mercancías que se encontraban al interior del inmueble ocupado” (fl. 3 c. ppal.).
34

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documentos que dan cuenta de la existencia y funcionamiento del establecimiento,
y que este era de propiedad de la señora Ortiz.

En efecto, obran en el plenario (i) el permiso de funcionamiento del establecimiento
(fl. 26 c. ppal.), (ii) el concepto o permiso técnico sanitario (fl. 27 c. ppal.), (iii) la
matrícula mercantil de la señora Ortiz en la que consta que es propietaria del
establecimiento (fl. 28 c. ppal.), (iv) el Registro Único Tributario asociado a ese
negocio (fl. 29 c. ppal.), información que es corroborada por el (v) oficio del 17 de
febrero de 2011 remitido por la DIAN con destino a este proceso, previo
requerimiento efectuado mediante auto de pruebas (fl. 168 c. ppal.).

En ese contexto, la Sala concluye que los accionantes sí se encuentran legitimados
en la causa por activa y, en tal sentido, se mantendrá incólume este aspecto de la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de julio de 2014,
pero por las razones expuestas en esta providencia.

En lo que respecta a la legitimación material en la causa por pasiva, la Sala
efectuará el correspondiente análisis páginas más adelante.

4.- El daño y su imputación

En el recurso de apelación se adujo que la ocupación alegada por los accionantes
quedó desvirtuada con la constancia que expidió la personería municipal de El
Charco, Nariño el 2 de marzo de 2011, así (fl. 339 c. ppal.):

La providencia recurrida, igualmente desconoce que la ocupación del predio de
la demandante por parte de miembros de la Armada Nacional, aparece
desvirtuada con las constancias emitidas por la Personería Municipal del
Charco, el 2 de marzo de 2011 (…) que dice: “Mediante visita realizada por la
Personería Municipal en el mes de agosto de 2009, se pudo establecer, que
las unidades de la Infantería de Marina que hacen presencia en el área de
Bocas de Pulbuza, no se encuentran ocupando de manera estacionaria el
predio de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, donde funcionaba el
establecimiento comercial Bar y Billares El Escoses. Igualmente se pudo
evidenciar que el techo del establecimiento la fecha de la visita estaba en
buenas condiciones, pero las estructuras de cerramiento (…) en madera se
encontraban desmanteladas; de este hecho no se pudo establecer quiénes
fueron los responsables de dicho deterioro.

El reparo así formulado no se abre paso, pues al apreciarse conjuntamente este
documento con los demás medios de prueba obrantes en el plenario, únicamente
puede concluirse que sí se encuentra probada la ocupación alegada en la demanda,
pero que esta no fue de carácter permanente, sino temporal, como pasa a
explicarse.

35

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Según lo señalado por el Consejo Comunitario mediante oficio del 9 de septiembre
de 2008, la señora Ortiz pertenece a esa comunidad y se encontraba en condición
de desplazada desde el 27 de marzo de 2007, día en que tropas de la Armada
Nacional se enfrentaron con alzados en armas y posteriormente ocuparon el
inmueble de su propiedad. Esto se señaló en los siguientes términos (fl. 36 c. ppal.):

Que la señora ELIZABETH MANYISELA ORTIZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 66.739.891 de Buenaventura (V), perteneciente al Consejo
Comunitario Afrodescendiente Integración Medio Tapaje, el 27 de Marzo de
2007, por motivos a enfrentamientos del batallón No. 10 de la Infantería de
marina con grupos al margen de la ley, en los alrededores de su vivienda en la
vereda Pulbuza la vega, al instante la despojaron de su vivienda y el resto de
sus bienes, únicamente logró salvar su vida y la de sus hijos se desplazó hacia
la ciudad "Zona Norte Costa Pacífica Nariñense" aguantando hambre, frío,
vergüenza, de mandos gubernamentales y no gubernamentales,
enfermedades entre otras. Siendo cabeza de hogar hasta la presente fecha no
ha podido retornar a su lugar de origen, porque las unidades uniformadas y
armadas del mencionado batallón de infantería de marina se adueñó de su
vivienda y sus bienes, beneficiándose de ellos a diestra y siniestra de lo de esta
humilde mujer vulnerándole sus derechos fundamentales y constitucionales por
esta razón se hace necesario que las autoridades competentes de velar,
proteger y defender los Derechos Humanos Internacionales, mediante
convenio de la O.I.T. 169 y la ley 21 de 1991, exige que se le reconozcan en
todos sus derechos y deberes a esta humilde mujer Cabeza de familia quien
ha quedado desprotegida y sin con que trabajar, para poder mantenerse con
su familia, por culpa de la guerra y el ejército que le han invadido el lugar de
trabajo y de vivienda.

Como se observa, la situación de despojo del inmueble que sufrieron los
accionantes ocurrió en un contexto de enfrentamientos militares. De esta situación
dan cuenta también los testimonios practicados en el proceso, en los que
unívocamente se señala que miembros de la Armada Nacional, ocuparon
temporalmente el predio de la señora Ortiz, para utilizarlo como lugar de
campamento y puesto de control, y que al abandonarlo, quedó totalmente destruido.

Específicamente, en el testimonio rendido por el señor Marcos Javier Alzamora
Quiñones, quien manifestó trabajar en la escuela del sector, se señaló (fl. 243 c.
ppal.):

(…). En el año 2007, yo trabajaba en el Centro Educativo Pulbuza-La Vega,
comprensión de este Municipio, [que] queda al frente donde estaba el negocio
de la señora ELIZABETH MANYISELA ORTIZ, en esa época empezaron haber
enfrentamiento (sic) entre la Fuerzas Armadas de Colombia o Infatería de la
Marina, con grupos Armados desconocidos y a todas las personas de esa vereda
les tocó desplazarse a otras veredas y aquí al casco urbano y debido a eso la
señora ELIZABETH NANYISELA ORTIZ le tocó venirse a esta población y dejó
el negocio de la discoteca y billares cerrado, hasta que se normalizara la
situación de orde público y en otras ocasiones había sucedio lo mismo y cuando
se normalizaba la comunidad de dicha vereda retornaba nuevamente a sus
hogares de origen, solo en esta ocasión se hizo más largo el conflicto armado y
cuando volvimos como a los tres(3) o Cuatro (4) meses y me tocó ver la casa
donde esta señora ORTIZ tenía el negocio lleno a Infantes de Marina o del
Ejército y se encontraba muy detoriorada la casa, ya que estos vivían allí,
cocinaba, dormian y esto tuvo conocimiento la señora Personera (…) y no se
36

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cuál fue el procedimiento que ella tomó al respeto (sic). (…) Para le época de los
hechos la ocupó el ejército nacional o las fuerzas armadas de Colombia, después
que ellos se salieron quedó inhabitable quedó en ruinas y ninguna autoridad del
Estado la ha ocupado (…), la Armada Nacional se encontraba en el predio de la
señora Elizabeth Manyisela Ortiz, haciendo las actividades como estación o
comando, ya que allí hacían retenes fluviales (…). Quedó en ruinas como lo he
dicho en otras declaraciones.

A su vez, el señor Guillermo Armando Yesquen Cuéllar, natural de esa localidad y
vecino del sector, precisó (fl. 245 c. ppal.):

Los hechos ocurrieron en el año 2007, no recuerdo el mes ni el día, pero fue
en ese año, que ocurrieron conflictos armados entre el Ejército Nacional y
guerrilleros de las FARC, esto ocurrió en la vereda de Pulbuza La Vega,
comprensión de este Mpio El Charcho (N), y debido a los conflictos armados
los moradores de dicha vereda de despalza (sic) a diferentes veredas del río
Tapaje y aquí al casco urbano, y cómo los conflictos se incrementaron por
varios meses (…) después se calmó la situación armada en dicha vereda y
muchos moradores de la vereda Pulbuza volvió (sic) a sus hogares, pero otras
no regresaron como fue la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, y los miembros
de la Armada Nacional permanecieron como cuatro meses más allí en la casa
de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz (…). Al punto sexto (…). El local
comercial lo ocupó únicamente la Armada Nacional (…). Ellos vivían allí en [el]
predio o casa de esta señora Ortiz, ejerciendo control y vigilancia contra la
guerrilla de las FARC (…). Quedó el establecimiento o predio de la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz destruido, inhabitable, en ruinas.

Por su parte, el señor Vicente Chirimía Garabato, vecino de la vereda en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a este proceso, adujo (fl. 246 c. ppal.):

Yo en esa época vivía en la vereda Pulbuza La Vega Río Tapaje, eso sucedió
en el año 2007, allí hubo una balacera entre miembros del Ejército Nacional con
la guerrilla de las FARC, y debido a esto algunos se desplazaron (…) después
de muchos meses los enfrentamientos del ejército a la guerrilla [se] calmaron y
muchos volvieron a sus casas en la vereda Pulbuza La Vega, otros no volvieron,
después de unos pocos meses se volvieron a enfrentar el ejército a la guerrilla y
nuevamente la gente se desplazó, para esa fecha fueron entre cuatro o cinco
desplazamientos en la misma vereda, después de muchos meses estos
miembros del ejército abandonaron esta zona y la gente volvió casi la mayoría a
la vereda Pulbuza, menos la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, ya que en la casa
de ella era que vivía el ejército (…). Los únicos que estuvieron en esa época en
la casa de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz fue (sic) el Ejército Nacional o
Infantería de la Marina (…). Pues ellos tenían un puesto de control (…). La casa
de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz quedó totalmente destruida.

Como se observa, tanto del oficio expedido por el Consejo Comunitario el 9 de
septiembre de 2008, como de los testimonios rendidos por los señores Marcos
Javier Alzamora Quiñones, Guillermo Armando Yesquen Cuéllar y Vicente Chirimía
Garabato se desprende la acreditación de la existencia de la ocupación del predio
de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz por miembros de la Armada Nacional en un
contexto de confrontación militar con grupos alzados en armas.

En contraste con esta conclusión, en el recurso de apelación se adujo que la
ocupación del inmueble “aparece desvirtuada con las constancias emitidas por la

37

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

Personería Municipal del Charco, el 2 de marzo de 2011” (fl. 339 c. ppal.). Así las
cosas, para verificar si este documento desvirtúa lo acreditado por los medios de
convicción aludidos en párrafos precedentes, debe verificarse su contenido, cuyo
tenor literal es el siguiente (fl. 173 c. ppal.):

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE EL CHARCO – NARIÑO EN
DEBIDA Y LEGAL FORMA SE PERMITE

CERTIFICAR:

Que en los predios de propiedad de la sefora ELIZABETH MANYISELA ORTIZ,
identificada con C.C.No 66.739.891 expedida en Buenaventura (V), ubicados
en la Vereda Bocas de Pulbuza - Rio Tapaje, jurisdicción del Municipio de El
Charco (Nariño), no hay presencia ni se encuentran ocupados en la actualidad
por Miembros de la Fuerza Pública, llámese Infantería de Marina de la Armada
Nacional o Ejercito Nacional.

Se expide la presente certificación a petición de la secretaria del Tribunal
Administrativo de Nariño y para los fines pertinentes.

Se firma la presente certificación en la Personería Municipal de Charco (N), a
los dos (2) días del mes de marzo de dos mil once (2011)64.

Como se observa, en este documento de 2011 se señala algo similar a lo que
previamente se había indicado por la misma Personería de El Charco, Nariño,
mediante oficio del 18 de septiembre de 200965, en el que se señala que las
“unidades de Infantería de Marina de la Armada Nacional acantonadas en la
cabecera municipal de El Charco (N), y en la microcuenca del Río Pulbuza (…) no
se encuentran haciendo uso para su beneficio de instalaciones y/o bienes muebles
e inmuebles pertenecientes a la población civil” (fl. 156 c. pbas.)66.

En este punto, la Sala insiste en que el efecto pretendido por la accionante sobre la
demostración de ausencia del daño antijurídico a partir del oficio del 2 de marzo de
2011, corresponde a una visión fragmentada de los medios de prueba que militan
en el plenario, pues con la sola expedición de ese oficio, así como con lo señalado
en los oficios de 2009 expedidos por la personería y lo reseñado por los testigos, no
puede desprenderse que no hubo ocupación, sino que, a partir de la acreditación
de la existencia de una ocupación sobre el predio de la señora Elizabeth Manyisela
Ortiz, los oficios expedidos por la personería dan cuenta de que, contrario a los
señalado en la demanda, dicha situación no fue de carácter permanente, sino
temporal.

64
Este documento se reitera con idéntico contenido en el folio siguiente (174 c. ppal.).
65
Al que se hizo alusión previamente en el acápite de oportunidad de la acción y que fue arrimado
al ya mencionado proceso de tutela con radicado 52-001-33-31-008-2009-00204-00.
66
Información que es corroborada por oficio posterior expedido por la Personería Municipal de El
Charco, Nariño, el 16 de octubre de 2009 (fl. 168 c. pbas.).
38

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

En tal sentido, no hay lugar a revocar la decisión mediante la cual se reconoce la
existencia del daño antijurídico, toda vez que el documento señalado en la apelación
no funge como medio de prueba idóneo que desvirtúe la ocupación temporal, pues
está claro que, de acuerdo con lo probado en el plenario, ésta ocurrió entre el 27 de
marzo de 2007 y el 18 de septiembre de 200967, a causa de la acción de unos
miembros de la Armada Nacional.

En lo atinente a la atribución del daño, la Sala dará aplicación a lo previsto en el
artículo 357 del CPC sobre los límites competenciales trazados por el apelante único
en los reparos que fundamentan el recurso de apelación -regla de la congruencia-,
y mantendrá incólume lo decidido sobre la atribución de responsabilidad en el
presente asunto, en la medida en que este no fue un aspecto materia de apelación.

5.- Liquidación de perjuicios

En el recurso de apelación se adujo que la decisión sobre perjuicios adoptada en la
primera instancia era equivocada, por cuanto en ella se condenó “por concepto de
perjuicios materiales in genere desconociendo que el incidente de liquidación de
perjuicios en este caso contraviene lo dispuesto en la norma legal, por cuanto esta
modalidad de condena solo es precedente, cuando la cuantía de los perjuicios no
hubiere sido establecida en el proceso, pero no cuando el daño no ha sido
demostrado, ya que el incidente de liquidación de perjuicios no constituye una nueva
instancia” (fl. 343 c. ppal.).

Como ya se indicó, el documento aducido en el recurso de apelación como
fundamento de la inexistencia del daño únicamente da cuenta de la temporalidad
de la ocupación que sobre el predio de la accionante ejerció la Armada Nacional,
pero no del carácter incierto del daño, pues este se encuentra plenamente
acreditado. Así las cosas, corresponde a la Sala verificar si la condena en abstracto
por concepto de perjuicios materiales fue impuesta acertada o erróneamente.

En la demanda se pretendió el reconocimiento del daño emergente
“correspondiente a la destrucción del inmueble, pérdida de bienes muebles, enseres
y mercancías que se encontraban al interior del inmueble ocupado” (fl. 3 c. ppal.) y
del lucro cesante “correspondiente a las sumas de dinero dejadas de percibir por la
imposibilidad de seguir explotando el predio en el que funcionaba el establecimiento
de comercio” (fl. 3 c. ppal.).

67
Según se precisó en el acápite de oportunidad de la acción, con base en la valoración conjunta de
los medios de prueba obrantes en el plenario.
39

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

• Daño emergente

En lo correspondiente a la destrucción del inmueble -edificaciones y mejoras-, la
Sala advierte que, pese a encontrarse plenamente acreditada la ocupación temporal
del predio respecto del cual la accionante ejerce el usufructo de la Ley 70 de 1993
y el Decreto 1745 de 1995, localizado al interior del territorio de propiedad colectiva
del Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje.

De acuerdo con los testimonios rendidos por los señores Marcos Javier Alzamora
Quiñones68, Guillermo Armando Yesquen Cuéllar69 y Vicente Chirimía Garabato70,
a raíz de la ocupación ejercida por los miembros de la Armada Nacional se destruyó
la edificación en la que vivía la accionante con su núcleo familiar y en la que
funcionaba el establecimiento de comercio de su propiedad. Debe destacarse que,
de acuerdo con el oficio expedido por el Consejo Comunitario el 23 de abril de 2009,
la edificación destruida corresponde a “una casa de construcción en madera, techo
de zinc, y piso en concreto” (fl. 24 c. ppal.).

Sin embargo, no obran en el plenario medios de convicción idóneos para liquidar el
monto específico de la indemnización que debe pagar la Armada Nacional, razón
por la cual dicha cifra deberá determinarse en un incidente de liquidación de
perjuicios que adelantará el tribunal de primera instancia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, en el que se
valdrá de un dictamen pericial que deberá tener en cuenta los siguientes
parámetros:

i) El dictamen pericial tiene por objeto la determinación del valor económico de las
edificaciones y mejoras realizadas por la señora Elizabeth Manyisela en el predio
del que es usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995- localizado en el
territorio de propiedad colectiva de la comunidad negra que conforma el Consejo
Comunitario Prodefensa del Río Tapaje.

68
Quien señaló: “Para le época de los hechos la ocupó el ejército nacional o las fuerzas armadas de
Colombia, después que ellos se salieron quedó inhabitable quedó en ruinas y ninguna autoridad del
Estado la ha ocupado (…), la Armada Nacional se encontraba en el predio de la señora Elizabeth
Manyisela Ortiz, haciendo las actividades como estación o comando, ya que allí hacían retenes
fluviales (…). Quedó en ruinas como lo he dicho en otras declaraciones” (fl. 243 c. ppal.).
69
Que adujo: “El local comercial lo ocupó únicamente la Armada Nacional (…). Ellos vivían allí en
[el] predio o casa de esta señora Ortiz, ejerciendo control y vigilancia contra la guerrilla de las FARC
(…). Quedó el establecimiento o predio de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz destruido, inhabitable,
en ruinas” (fl. 245 c. ppal.).
70
Quien en su deposición señaló: “Los únicos que estuvieron en esa época en la casa de la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz fue (sic) el Ejército Nacional o Infantería de la Marina (…). Pues ellos tenían
un puesto de control (…). La casa de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz quedó totalmente
destruida”.
40

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

ii) El avalúo del inmueble se hará con base en los criterios técnicos establecidos en
la Resolución 620 de 2008, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante el empleo del método de costo reposición allí establecido.

iii) En la determinación del monto del perjuicio, solamente se podrán reconocer las
obras realizadas con observancia de las limitaciones y parámetros establecidos por
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en el acto de aprobación de permiso
para construir, proferido en marzo de 2006.

iv) La tasación del precio del inmueble corresponderá al valor comercial que, para
la fecha en que se concretó el daño, tenía dicho bien -año 2009-. Esta cifra será
actualizada al día en que se profiera la providencia que dé por terminado el trámite
incidental y liquide los perjuicios.

Una vez se agote el incidente de liquidación de perjuicios y se cancelen por parte
de la Armada Nacional los montos a que fuere condenada, no habrá mutación del
dominio que ostenta el Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje, ni de la
titularidad del usufructo que ancestralmente ha venido ejerciendo la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz y su núcleo familiar, toda vez que la indemnización que
se reconoce por concepto de daño emergente no corresponde a la pérdida del
dominio, sino al reconocimiento de la destrucción de construcciones y mejoras
realizadas en dicho predio.

En lo tocante a enseres y bienes muebles ubicados en el predio ocupado, debe
precisarse que no hay lugar al reconocimiento de daño emergente por este
concepto, por cuanto no existe en el plenario medio de prueba alguno en virtud del
cual pueda establecerse el inventario de tales bienes o se pueda identificar su
existencia, cantidad y condiciones técnicas. En ausencia de esta información, no
puede el juez establecer parámetros claros para la liquidación del perjuicio por la
vía incidental -art. 172 CCA-, ni mucho menos puede dictar una condena en
equidad71 pues no existen criterios en virtud de los cuales pueda hacerse
reconocimiento alguno para los accionantes.

En relación con el daño emergente relativo a la pérdida de la mercancía del
establecimiento de comercio, no milita en el expediente medio de prueba alguno
que permita establecer detalladamente cuál era el inventario del negocio al

71
Tal como lo ha hecho la Corporación en eventos en los que se tiene conocimiento de cuáles son
los bienes afectados, aunque no se tenga una prueba técnica en virtud de la cual se establezca su
valor de mercado. En esos casos se han emitido decisión en equidad, en aplicación de lo previsto
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1996. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 56714.
41

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

momento de la ocupación y que pereció con ocasión de esa situación.

Sin embargo, obran en el plenario cuatro facturas de venta expedidas por el
establecimiento Distri-Junior El Charco con destino a la señora Elizabeth Manyisela
Ortiz, que dan cuenta del suministro de bienes destinados al expendio en el
establecimiento de su propiedad (aguas, gaseosas, jugos, refrescos) en fechas
cercanas a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al presente litigio.

En relación con estas facturas, no se considera plausible considerar que toda esa
mercancía adquirida por la accionante se perdió, pues entre las fechas de los
suministros y la de inicio de la ocupación debe comprenderse que razonablemente
fue vendida al público, de manera que no se tiene certeza o probabilidad en alto
grado frente al perecimiento de todos los bienes facturados los días 22 y 27 de
febrero y 7 de marzo de 2007.

Sin embargo, la Sala hará reconocerá el daño emergente correspondiente a los
bienes suministrados el 27 de marzo de 2007 -factura 2699-, puesto que estas
mercancías se adquirieron por la accionante el día mismo en que fue ocurrió la
ocupación temporal en virtud de la cual se generaron las mencionadas afectaciones
al establecimiento de comercio de su propiedad.

En tal sentido, se precisa que el artículo 617 del Decreto 624 de 1989 “por el cual
se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales”, establece:

Requisitos de la Factura de Venta. Para efectos tributarios, la expedición de
factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la
misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta;

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
de facturas de venta;

e) Fecha de su expedición;

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios
prestados.

g) Valor total de la operación;

h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura;

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
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Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b),
d) y h) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos,
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el
contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden
cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá
numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios
necesarios para su verificación y auditoría.

Al tenor del artículo antes transcrito, para la Sala, el documento que obra a folio 32
(c. ppal.), sí cumple con los requisitos para ser tenido como factura de venta, porque
i) el documento está denominado expresamente como “factura de venta”, ii)
contiene la razón social del vendedor -Distri-Junior El Charco-, iii) figura la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz -demandante- como compradora, iv) está numerada con
un sistema de numeración consecutiva de factura de venta -número 2699-, v) se
expidió el 27 de marzo de 2007, vi) están descritos los bienes vendidos, vii) el valor
total fue de $4´355.000, viii) se encuentra el nombre y el NIT del impresor de la
factura -Impres. Jorge Payán Nit. 16.486.767-4-, ix) por pertenecer al régimen
simplificado no indica su calidad de retenedor de IVA72 y, finalmente x) las
expresiones relacionadas a los requisitos de los literales a), b), d) y h) están
impresas por medio litográficos.

Por lo anterior, se condenará a la entidad demandada a pagar a favor de los
demandantes el valor correspondiente a la factura 2699 del 27 de marzo de 2007 -
$4´355.000-, valor que se actualizan desde su expedición, hasta la fecha de
expedición de la presente providencia:

• Factura 2699 del 27 de marzo de 2007

VP = VH * I. F. (I.P.C. marzo 2023)
I. I. (I.P.C. febrero 2007)

VP = $4´355.000 * 131,77
62,53

VP = $ 9.177.328

El valor total actualizado de la factura 2699 del 27 de marzo de 2007 es de
$9.177.328, suma que se reconocerá como daño emergente correspondiente a la
pérdida de las mercancías del establecimiento de comercio de propiedad de la
señora Elizabeth Manyisela Ortiz y que deberá ser sumado, previa actualización, al

72
El parágrafo del artículo 437 del Estatuto Tributario señala: «A las personas que pertenezcan al
régimen simplificado, que vendan bienes o presten servicios, les está prohibido adicionar al precio
suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberán cumplir
íntegramente con las obligaciones predicables de quienes pertenecen al régimen común».

43

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Referencia: Acción de Reparación Directa

valor reconocido por concepto de daño emergente en el auto que resuelva el
incidente de regulación de perjuicios que se promueva con posterioridad a esta
sentencia, de acuerdo con lo señalado en párrafos precedentes.

• Lucro cesante

En relación con el reconocimiento de perjuicios materiales, en la sentencia de
primera instancia se razonó de la siguiente manera:

La sala condenará in genere a la accionada, para efectos de reconocimiento
de daño emergente y lucro cesante, en la medida que aparezcan debidamente
acreditados en el incidente de liquidación de perjuicios que deberá iniciar la
parte actora dentro del término señalado en el artículo 172 del C.C.A.,
solicitando se practiquen las pruebas correspondientes para establecer el
monto de los perjuicios materiales, toda vez que no se pudieron demostrar en
el proceso.

Frente a ese aspecto de la decisión, en el recurso de alzada se adujo que no era
procedente la condena in genere, por cuanto esta solo procede en los eventos en
que se encuentra acreditado el perjuicio, pero no su cuantía, no como en el presente
asunto, que ni siquiera se acreditó la existencia.

El reparo así formulado no se abre paso, por cuanto los diversos medios de prueba
documental que obran en el expediente dan cuenta de la existencia y
funcionamiento del establecimiento de comercio “El Escoses”, de propiedad de la
señora Elizabeth Manyisela Ortiz73. Conclusión que se refuerza con el relato de los
hechos efectuado por los testigos Marcos Javier Alzamora Quiñones74, Guillermo
Yesquen Cuellar75 y Vicente Chirimía Garabato76, quienes señalaron que para el
momento en que ocurrió el enfrentamiento militar y la ocupación del inmueble de la
accionante, dicho establecimiento se encontraba en funcionamiento y quedó
totalmente destruido luego de que cesó la ocupación del inmueble, como se explicó

73
En efecto, obran en el plenario (i) el permiso de funcionamiento del establecimiento (fl. 26 c. ppal.),
(ii) el concepto o permiso técnico sanitario (fl. 27 c. ppal.), (iii) la matrícula mercantil de la señora
Ortiz en la que consta que es propietaria del establecimiento (fl. 28 c. ppal.), (iv) el Registro Único
Tributario asociado a ese negocio (fl. 29 c. ppal.), información que es corroborada por el (v) oficio del
17 de febrero de 2011 remitido por la DIAN con destino a este proceso, previo requerimiento
efectuado mediante auto de pruebas (fl. 168 c. ppal.).
74
Quien en su declaración señaló: “(…) me consta que sí tenía el local comercial El Escoses donde
esta vendía licores, tenía mesas de billares el establecimiento se encontraba al otro lado del río
Tapaje frente a la escuelita Pulbuza La Vega, el local comercial queda a mano izquierda subiendo el
río (…) cuando sucedieron los hechos se encontraba funcionando, después de esos hechos se
terminó el establecimiento”. (fl. 244 c. ppal.).
75
Que al momento de rendir testimonio adujo: “(…) sí me consta que vendía licores, tenía billares y
el local se llamaba el Escoses, el lugar donde se encontraba el local comercial era en la vereda
Bocas de Pulbuza La Vega, a mano izquierda subiendo el río Tapaje” (fl. 245 c. ppal.).
76
Quien precisó: “(…) Sí es cierto que tenía ella un local comercial denominado El Escoses donde
lo conocí en la vereda Pulbuza La Vega, donde ella vendía licores, billares entre otros, este estaba
al lado izquierdo del río Tapaje (…) no está funcionando dicho establecimiento ya que este quedó
destruido en su totalidad” (fl. 247 c. ppal.).
44

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Referencia: Acción de Reparación Directa

igualmente en párrafos precedentes.

Para efectos de establecer el monto de este perjuicio, junto con la demanda se
aportó un documento denominado “dictamen sobre información contable” (fls. 49 y
50 c. ppal.). Sin embargo, al momento de presentarse la demanda -28 de mayo de
2009 (fl. 1 c. ppal.)-, las normas procesales vigentes restringían la práctica del
dictamen pericial a aquella experticia realizada por conducto de un auxiliar de la
justicia nombrado en el transcurso del proceso, razón por la cual no puede tenerse
lo aportado como una prueba de esa naturaleza, máxime cuando ni siquiera se
surtió contradicción alguna en audiencia en la que concurriera el contador que
suscribió el documento aportado.

Ahora bien, con la demanda también se aportaron balances contables que dieron
cuenta de los resultados del ejercicio para la anualidad de 2006 y el primer trimestre
de 2007 -período en que funcionó el establecimiento de comercio de la accionante-
(fls. 43 a 47 c. ppal.).

Sin embargo, con la sola aportación de estos documentos no puede establecerse la
proyección de utilidades pretendidas por concepto de lucro cesante, toda vez que
no estuvo acompañada de los respectivos soportes contables (facturas, notas de
contabilidad, informe de gestión) e información financiera (indicadores de solvencia,
liquidez, eficiencia) necesarios para establecer con precisión la proyección del
establecimiento de comercio o para determinar en este fallo los parámetros con que
se pueda ordenar la liquidación de este perjuicio material por la vía incidental.

En este punto, la Sala no pierde de vista que mediante diversos medios de prueba
se demostró que la señora Elizabeth Manyisela Ortiz era propietaria del
establecimiento de comercio “El Escoses”, el cual se encontraba en funcionamiento
hasta que el lugar en el que operaba fue ocupado por miembros de la Armada
Nacional. En tal sentido, como del material probatorio obrante en el plenario no
puede establecerse una proyección de utilidades para el reconocimiento del lucro
cesante, se presumirá que la señora Ortiz percibía como ingresos mensuales 1
SMMLV.

En relación con este reconocimiento, la Sala advierte que cuando se aplica esta
presunción relativa a perjuicios por la pérdida o por el deterioro de cosas materiales,
la Corporación ha reconocido un período máximo de indemnización de seis (6)
meses desde el momento en que ocurrió el menoscabo del bien, término que la
jurisprudencia ha considerado razonable durante el cual a la víctima se le impone el

45

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
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deber de desarrollar una actividad tendiente a mitigar el perjuicio, lo que torna
inviable un reconocimiento por un término ilimitado.

En relación con este tema, la jurisprudencia de la Sección, apoyada en la doctrina,
ha señalado en diferentes pronunciamientos lo siguiente:

No obstante, el período por el cual se reconocerá la indemnización se reducirá
a 6 meses, en consideración a que el vehículo fue destruido en el hecho y en
aplicación del criterio sostenido por la Sala, con apoyo en la doctrina, de que la
indemnización en este tipo de eventos debe abarcar un término razonable,
durante el cual la víctima debe buscar soluciones económicas diferentes para
compensar la pérdida que sufrió.

Ahora, debe definirse el lapso que comprende la indemnización, en tanto, hay
que abarcar un término definido, puesto que ‘es imposible aceptar su
prolongación hasta el infinito’ y en relación con el daño sufrido por la pérdida o
deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar
una actividad tendiente a limitarlo en el tiempo.

Así las cosas, el valor base de liquidación del perjuicio, en la modalidad de lucro
cesante, será el salario mínimo de 2023: $1’160.00077, correspondientes a la suma
de la utilidad mensual por la explotación del establecimiento de comercio “El
Escoses” y aplicando la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado, se
tiene que:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

Donde: S = es la indemnización a obtener.
Ra = ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante por la
producción del de su propiedad: $1’160.000
i= interés puro o técnico: 0,004867
n= número de meses que comprende el período de la indemnización: 6 meses.

Reemplazando tenemos:

S = $1’160.000 (1 + 0.004867)6 - 1
0,004867

S = $7’045.237

Así las cosas, se reconoce a la señora Elizabeth Manyisela Ortiz por concepto de
lucro cesante la suma de $7’045.237.

En este punto, la Sala precisa que el reconocimiento de perjuicios materiales
efectuado en la presente sentencia, únicamente serán pagaderos a la señora

77
De conformidad con lo previsto en el Decreto 2613 del 28 de diciembre de 2022, “por el cual se fija el salario
mínimo mensual legal”.
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Referencia: Acción de Reparación Directa

Elizabeth Manyisela Ortiz, toda vez que ellos devienen de la condición de
usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995- del bien ocupado y de
propietaria del establecimiento de comercio “El Escoses”. De este modo, no se
ordenará reconocimiento de perjuicios materiales a favor de sus dos hijos quienes
también acudieron al proceso en condición de demandantes.

En relación con los perjuicios inmateriales, los accionantes pretendieron el
reconocimiento de 100 SMMLV por perjuicio moral para cada uno y la misma cifra
por concepto de perjuicios a la vida en relación. Sin embargo, como lo decidido en
la primera instancia sobre este aspecto no fue objeto de apelación, esa parte del
fallo impugnado se mantendrá incólume en la presente decisión.

6.- Condena en costas

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, la cual quedará así:

Primero: Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
es patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a la señora
Elizabeth Manyisela Ortiz, con ocasión de la ocupación temporal del
inmueble del que es usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995-
y que se encuentra localizado al interior del territorio de propiedad colectiva
de las comunidades negras que integran el Consejo Comunitario Prodefensa
del Río Tapaje, municipio de El Charco, Nariño.

Segundo: Condenar en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa –
Armada Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, por
concepto de daño emergente, la suma correspondiente al valor económico
de las edificaciones y mejoras realizadas por la señora Elizabeth Manyisela
en el predio del que es usufructuaria -Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de
1995- localizado en el territorio de propiedad colectiva de la comunidad negra
que conforma el Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje, conforme

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Radicación: 52001-23-31-000-2010-00597-01 (53396)
Actor: Yuri Silvana Ortiz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa

a lo que se establezca mediante el incidente de regulación de perjuicios que
promueva la parte interesada bajo los parámetros establecidos en la parte
motiva de esta providencia.

Tercero: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
a pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz la suma de nueve
millones ciento setenta y siete mil trescientos veintiocho pesos ($ 9.177.328),
por concepto de daño emergente relacionado con la pérdida de la mercancía
del establecimiento de comercio “El Escoses”.

Cuarto: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a
pagar a favor de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz la suma de siete
millones cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos ($7’045.237),
por concepto de lucro cesante por la afectación a la actividad económica
desarrollada en el establecimiento de comercio “El Escoses”.

Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Sin condena en costas.

Séptimo: Ejecutoriada esta decisión por la Secretaría se devolverá a la parte
demandante los dineros que depositó para atender gastos ordinarios del
proceso, si los hubiere. Se dejará constancia de dicha entrega. Previa
desanotación del L.R. respectivo se archivará el expediente.

SEGUNDO: Sin condena en costas en la presente instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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