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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2012-90042-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2012-90042-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 6 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar DECLARAR probada la excepción de acto no sujeto a control judicial, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. ACEPTAR la renuncia al poder presentado por el abogado Juan Carlos Hurtado Narváez, identificado con T.P. No. 145.780, como apoderado de la parte demandada en el presente proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del expediente, con las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 52001-23-31-000-2012-90042-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho (CCA)
Tema: Procede declarar la excepción de acto no sujeto a control judicial, cuando se
demanda una respuesta a un derecho de petición que no crea, modifica o extingue una
situación jurídica
Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar se declara probada la excepción de acto no sujeto a control
judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El 2 de febrero de 2012, mediante apoderado judicial la sociedad Constructora GMV de
Pasto Ltda. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra CEDENAR S.A. E.S.P. (en adelante CEDENAR), ante los jueces
administrativos de Pasto-Nariño1, la cual fue remitida por competencia al Tribunal
Administrativo de Nariño. En el libelo se solicitaron las siguientes pretensiones:

PRIMERA. - Se declare la nulidad integral del acto administrativo respuesta de Cedenar
S.A. ES.P. dada el 2 de junio de 2011 al derecho de petición formulado por mi representada
a través de éste su apoderado, el día 18 de marzo del año en curso, misma que fue recibida
el día 13 de junio de 2011, por el suscrito mandatario.

SEGUNDA. - Ordenar a la demandada a título de restablecimiento del derecho, se realice
el corrimiento sin más costos que el señalado en el proyecto aprobado por lal (sic) propia
demandada Cedenar, para adelantar el proyecto urbanístico y constructivo de mi
representada, de la línea de tensión media de 34.500 voltios, de tal manera que viabilice el
proyecto como se encuentra aprobado.

1 Mediante el Auto del 23 de enero de 2012 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto-Nariño

declaró su falta de competencia para conocer del proceso en primera instancia y resolvió remitir el asunto
al Tribunal Administrativo de Nariño.

Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

TERCERA. - Que igualmente a título de restablecimiento del derecho se condene a la
demandada, al pago adicional a título de indemnización de todo el daño emergente y lucro
cesante generados por la suspensión del proyecto y hasta que se permita su continuidad.

CUARTA. - En orden al restablecimiento integral del derecho, se condene igualmente a la
demandada, al pago del valor de las servidumbres impuestas o permitidas de hecho y
arbitrariamente por Cedenar, tanto para las redes de 115 y 34.5 mil voltios, para cuyo efecto
se solicitará a Camacol la correspondiente valorización.

QUINTA. -Condenar a la demandada al pago de las costas procesales resultantes.

SEXTA. - Que se establezca la obligación de CORPOÑARINO2, de dar cumplimiento a la
sentencia dentro del término estipulado en el artículo 176 del CCA y que estará sujeta al
reconocimiento de los intereses de que trata el inciso final del artículo 177 del mismo código,
desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago de la obligación. [Subraya la Sala]

I.1.1. Normas violadas y concepto de violación

Como normas vulneradas planteó la demandante los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 58 inciso
1°, 90, 91, 121, 122 de la Constitución Política y de naturaleza legal, los artículos 9, 17,
22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 de la Ley 56 de 1981; artículos 41 del Decreto 2024 de 1982;
Decreto 1324 de 1995; artículos 756, 7569, 760, 1857 y 2534 del Código Civil; artículo 9°
de la Ley 95 de 1980.

Los conceptos de violación se categorizaron en aquellos de raigambre constitucional,
vulneración de los principios generales del derecho, vulneración de normas de rango
legal y vicios externos e internos del acto administrativo.

En cuanto a las normas constitucionales, indicó que, con la conducta de la entidad
demandada se vulneró el preámbulo constitucional, así como el derecho de propiedad
privada, la libertad de empresa, el debido proceso y el derecho de petición.

Precisó que se afectó el derecho real de propiedad al limitar el uso del inmueble de su
pertenencia, sin realizar una actuación administrativa en la cual se hubiese garantizado
su debido proceso.

En cuanto a los principios generales del derecho, identificó que se vulneraron los de
enriquecimiento sin justa causa, abuso del derecho y fraude a la ley, con ocasión de los
hechos que llevaron a apropiarse parte del inmueble de su propiedad.

En cuanto a las normas de rango legal, manifestó que se omitió cumplir con las etapas
previstas en la Ley 56 de 1981, la cual establece que, para la ejecución de una obra
pública, debe realizarse un censo de los predios afectados con el fin de adelantar el
correspondiente proceso de adquisición, actuación que no se llevó a cabo. En particular,
se señaló el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17, 22 y 27 a 32 de la norma
en cita. Lo anterior, por cuanto no se adelantó proceso de expropiación ni de imposición
de servidumbre respecto de los predios afectados con la instalación de las torres de
energía.

2 Se pone de presente que en la reforma de la demanda se reformuló esta pretensión y se solicitó que la

obligación recayera sobre CEDENAR y no sobre Corponariño, esta última entidad no hizo parte del
presente proceso.

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2

Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

En concordancia, con las normas anteriores, señaló que se incumplieron además las
normas del Código Civil que reglamentan las figuras de la servidumbre y tradición de
inmuebles.

Como vicios externos del acto administrativo invocó la falta de competencia de la entidad
demandada, pues quien emitió el acto declaró prescrita una servidumbre, así como se
apropió de un inmueble de su propiedad, vulnerando de paso, el debido proceso.

Como vicios internos, preciso que la sociedad demandada pretende adquirir un bien
inmueble por prescripción sin que la ley lo permita, lo que implica que existió un objeto
ilícito, falsa motivación y desvío de poder.

I.1.2. Hechos de la demanda

Como hechos que sustentan las pretensiones y los cargos, la parte demandante señaló
que el señor Édgar Gustavo Vela y la señora María Eugenia Vela Enríquez iniciaron los
trámites para desarrollar un proyecto urbanístico de viviendas en el municipio de Pasto.
Para tal fin constituyeron la sociedad Constructora GMV de Pasto Ltda. e iniciaron las
gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los servicios públicos, entre ellos,
el de energía eléctrica.

Para la habilitación del servicio de energía se acudió a la empresa CEDENAR, debido a
que era necesaria la reubicación de unas torres y redes eléctricas que atravesaban el
predio destinado al proyecto inmobiliario. En ese momento, el lote estaba cruzado por
dos líneas de energía: una de 34.5 kV y otra de 150 kV.

El 18 de enero de 2007, concomitante al trámite ante CEDENAR, se inició el proceso de
obtención de la licencia de urbanismo y construcción, concedida mediante la Resolución
núm. UC-52001-1-07-0014 del 21 de mayo de 2007, con vigencia de 36 meses.

Durante el año 2008, empezó la construcción con las obras de acueducto, alcantarillado
e instalación de transformadores y conexiones internas de energía. En el 2009, por
distintas dificultades, se suspendió el proyecto urbanístico.

En mayo de 2010 se solicitó prórroga de la licencia ante la curaduría urbana, concedida
mediante la Resolución núm. P-LC-52001-1-10-0438 del 9 de julio de 2010.

En julio de 2010 se informó a la sociedad demandante que el personal de la empresa
demandada había acudido al predio con la intención de correr la línea de 34.500 voltios,
alegando que realizaban dicha actividad en virtud de una presunta servidumbre que,
según CEDENAR, les permitía hacerlo.

El 27 de julio de 2010, con ocasión de los hechos descritos, la parte demandante presentó
un derecho de petición ante CEDENAR. En dicho escrito solicitó que se remitieran copias
de los documentos que pudieran sustentar la eventual constitución de una servidumbre
sobre las dos líneas eléctricas existentes en el predio, a favor de esa empresa.

El 11 de octubre de 2010, ante el retraso en la respuesta al derecho de petición
presentado el 27 de julio de 2010, la accionante interpuso acción de tutela contra
CEDENAR. Sin embargo, dicha acción no prosperó, pues durante su trámite la empresa

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Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

respondió el requerimiento, motivo por el cual la presunta vulneración de los derechos
fundamentales fue considerada un hecho superado.

El 12 de octubre de 2010, la empresa remitió la respuesta a la petición presentada por la
accionante, comunicación que aparece fechada el 11 de octubre de 2010. En dicha
respuesta la entidad señaló lo siguiente:

En el Archivo de CEDENAR S.A. E.S.P. no se encuentra documento alguno que conste
acerca de servidumbre de extensión de redes eléctricas hoy de propiedad de CEDENAR
S.A. E.S.P. sobre el lote donde se ubica la urbanización ALTOS DE LAS MERCEDES,
esto en razón que la infraestructura eléctrica fue construida en año 1974, por el Instituto
Colombiano de ingeniería Eléctrica. […].

Con base en el certificado de tradición y libertad, se puede verificar que su poderdante
adquirió el inmueble solo para el 30 de marzo de 2007 o sea después de más de 20 años
de haberse impuesto la servidumbre de extensión en redes eléctricas, periodo en que el
derecho de servidumbre prescribió a favor de CEDENAR S.A. E.S.P. Constituyéndose en
un derecho real y con las connotaciones establecidas en el artículo 30 de la Ley 56 de
19813.

La demandante señaló que, con ocasión de esta comunicación de la sociedad
demandada, se detuvo el proceso de desarrollo del proyecto urbanístico, por lo que, el
18 de marzo de 2011 presentó un nuevo derecho de petición, en donde, según la
demandante, se elevaron:

[P]eticiones principales como secundarias, estando dentro las primeras, la solicitud de que
se constituya legalmente la servidumbre de la línea 115 Kv, previa la respectiva
negociación, y se corra la línea de 34.5 Kv.; y dentro de las segundas, en seis preguntas,
se solicitó que se aclare si la prescripción que pretendían hacer valer a su favor
correspondía solo de la línea de 115 Kv o también incluía la línea de 34.5. Kv. y en general
se solicitaba la explicación y soportes de cómo se dio el proceso de llegar a la supuesta
prescripción de las dos (2) líneas, pero en especial, se solicitó se allegara copia autentica
de los documentos o actos y el registro oficial de las supuestas prescripciones. 4

La respuesta a esta última petición constituye el acto acusado por la parte actora, quien
manifestó haberla recibido el 13 de junio de 20115 y en la que, según la demandante, se
indicó lo siguiente:

1. Que no es procedente la corrección del error procediendo a constituir la servidumbre,
por cuanto supuestamente ya la ostentan desde hace más de 35 años, sin prueba alguna.
Que tampoco es posible realizar reconocimiento económico alguno por la misma razón
anterior y, finalmente, señaló —en una reafirmación de posición desafiante— que, si no
estaban de acuerdo, acudieran a las autoridades judiciales6.

I.2. Admisión de la demanda

3 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 187.
4 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 11.
5 El documento fue suscrito por CEDENAR S.A. E.S.P el 2 de junio de 2011. Al respecto: Índice 25 del

Expediente Digital. Documento «CUADERNOIII». Folio 6.
6 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 11 a 12.

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Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

Mediante el Auto del 23 de enero de 20127 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pasto-Nariño declaró su falta de competencia para conocer del proceso en primera
instancia y resolvió remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Nariño.

Mediante Auto del 16 de marzo de 20128 el Tribunal admitió la demanda, ordenó notificar
a la sociedad CEDENAR y negó la suspensión provisional. La demandante presentó
recurso de reposición y mediante el Auto del 24 de marzo de 2015, el a quo decidió «No
reponer la decisión de (Sic) contenida en el auto de 16 de marzo de 2012» 9 y, en
consecuencia, ordenó continuar con el trámite.

I.3. La contestación

La sociedad demandada mediante apoderado judicial contestó la demanda, oponiéndose
a todas las pretensiones10.

Como excepciones a las pretensiones de la demanda planteó las siguientes: «legalidad
de la decisión demandada»; «falta de integración de todas las decisiones de CEDENAR
que resuelven la situación jurídica, caducidad, decisión de CEDENAR que no tiene
control judicial»; «la decisión de CEDENAR S.A E.S.P. no es acto administrativo y, en
consecuencia, no es controlable por la jurisdicción de lo contencioso administrativo»; y,
finalmente, una excepción denominada «innominada o genérica».

En su escrito sostuvo que el derecho de petición presentado el 18 de marzo de 2011, que
dio lugar a la respuesta acusada pretendió revivir una decisión administrativa que había
sido adoptada el 11 de octubre de 2010, la cual no fue demandada y debió serlo, pues
en esta fue en la que se resolvió de fondo la solicitud de la sociedad demandante. Es
decir, se tratan de decisiones inescindibles.

Independientemente de lo anterior, manifestó que los actos acusados no constituyen
actos administrativos sujetos a control judicial, pues los únicos actos emitidos por las
empresas de servicios públicos que se consideran verdaderamente actos administrativos,
en materia de servicios públicos, son aquellos proferidos en virtud de los artículos 154 y
siguientes de la Ley 142 de 1994. Agregó que las respuestas a los derechos de petición
no se enmarcan en dichos supuestos, por cuanto solo de manera excepcional ciertas
actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la naturaleza de
actos o contratos expedidos o celebrados en ejercicio de funciones administrativas. En
ese sentido, concluyó:

De lo anterior, y analizada la respuesta dada al peticionario y que hoy se solicita su nulidad,
la misma no es un acto administrativo por no encontrarse dentro de las materias a que se
refiere el Art. 154 y siguientes de la ley 142 de 199411.

I.4. Reforma de la demanda

En memorial presentado ante el Tribunal, la sociedad demandante solicitó la reforma de
la demanda12, alegando la existencia de hechos posteriores a su presentación.
7 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 11 a 12.
8 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 194 a 197.
9 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICUADERNO1». Folio 231.
10 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOII». Folio 241.
11 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIII». Folio 4.
12 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «FOLIO 445 CD CUADERNO III». Folio 1 a 39.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

Puntualmente señaló que, para el momento de la interposición del libelo, en el predio
existían dos líneas eléctricas una de 34.5 Kv y otra de 150 Kv. Sin embargo, luego de
negociaciones entre el representante legal del demandante y el personal de
administrativo de CEDENAR se logró realizar, de mutuo acuerdo, el desplazamiento de
la línea de 34.5 Kv. Al respecto sostuvo:

Sin embargo, posteriormente, empezando el mes de febrero de ese año 2012, sucedió un
hecho sorpresivo, consistente en que el señor Gustavo Vela, representante legal de mi
poderdante, se encontró con un funcionario de Cedenar, que le hizo prometer la reserva
de su nombre y le expresó que independientemente de los aspectos jurídicos que hayan
sucedido, para evitarle más perjuicios a la empresa, querían ayudarle en la reubicación de
la línea de 34 Kv., para lo cual le dio las instrucciones de como se tenía que avanzar en
las dependencias respectivas.

[…]

El primero de Noviembre de 2013, la empresa contratada por Cedenar S.A. E.S.P. para
adelantar los trabajos de reubicación de la línea 34.5.kv en los predios de la Urbanización
Altos de las Mercedes, le informa a la comunidad de la Urbanización Altos de las
Mercedes, que dicha empresa: “…certifica que el día 04 de octubre de 2013 se culminaron
los trabajaos de reubicación de la línea 34.5 Kv. la cual atravesaba los predios en
desarrollo de la construcción..”.

[…]

El tema de la servidumbre de la Línea de 115 kv. no ha variado y por ello debe ser resuelto
con la constitución formal de la misma y el pago de su valor a mi representada como
legitima propietaria13.

Dados los hechos posteriores a la demanda, la sociedad demandante reformuló sus
pretensiones de la siguiente manera:

PRIMERA. - Se declare la Nulidad integral del acto administrativo contenido en la respuesta
de Cedenar S.A. E.S.P. dada el 2 de junio de 2011 al derecho de petición formulado por mi
representada a través de éste su apoderado, el día 18 de marzo del año en curso, misma
que fue recibida el día 13 de junio de 2011, por el suscrito mandatario.

SEGUNDA. - Se declare que como consecuencia de la decisión inicial de Cedenar S.A
E.S.P. de no trasladar la línea de 34.5. se suspendió definitivamente el proceso constructivo
de las viviendas en el proyecto habitacional Altos de las Mercedes de propiedad de mi
representada.

TERCERA. - Que si bien la demandada logró de HECHO con la rectificación de su decisión,
minimizar los daños causados a mi representada, se Condene a la demandada, a título de
restablecimiento del derecho a la indemnización de todo el daño emergente y lucro cesante
generados por la suspensión del proyecto, de la forma como se ha determinado en el
capítulo de perjuicios de la demanda.

CUARTA. - En orden al restablecimiento integral del derecho, se condene igualmente a la
demandada, al pago del valor de las servidumbres impuestas o permitidas de hecho y
arbitrariamente por Cedenar, tanto para las redes de 115 y 34.5 mil voltios, para cuyo efecto

13 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «FOLIO 445 CD CUADERNO III». Folio 11 y 12.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

se solicitará a Camacol la correspondiente valorización, para lo cual deberá realizar el
trámite legal de la constitución de las servidumbres para las dos líneas que quedan en un
solo lugar.

QUINTA. - Condenar a la demandada al pago de las costas procesales resultantes.

SEXTA. - Que se establezca la obligación de Cedenar dar cumplimiento a la sentencia
dentro del término estipulado en el artículo 176 del C.C.A. y que estará sujeta al
reconocimiento de los intereses de que trata el inciso final del artículo 177 del mismo código,
desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago de la obligación.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2015 se admitió la reforma de la demanda y se
ordenó notificar a la sociedad demandada y, adicionalmente, se negó una nueva solicitud
de suspensión provisional.

El apoderado de la sociedad demandante contestó la reforma a la demanda, reiterando
los argumentos expuestos en la primera contestación.

I.3. La sentencia de primera instancia

En sentencia del 6 de noviembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Nariño14, resolvió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, formuladas por la Empresa CONSTRUCTORA GMV DE PASTO LTDA, en contra
de la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE Nariño, CEDENAR S.A. E.S.P., por las
razones expresadas en los motivos de esta providencia.

SEGUNDO: SIN LUGAR A COSTAS, por no haberse acreditado.

Como problema jurídico a resolver, el a quo planteó el siguiente:

Si se debió demandar los dos actos administrativos, que surgen de sendos derechos de
petición, o si es suficiente el impugnado sobre el cual reposan las causales de nulidad, las
que deben definirse.

Acorde con lo anterior se deberá dar respuesta a la mala escogencia de la acción, en el
entendido que los perjuicios se reclaman en acción de reparación directa dada la
respuesta del derecho de petición que se impugna.15

Para resolver la primera parte del problema jurídico, esto es, la excepción según la cual
debió demandarse la respuesta dada al primer derecho de petición presentado por el
accionante, el a quo señaló que dicha solicitud guardaba una estrecha relación con la
segunda (acto acusado), pues en ella se pidió aclarar y corregir los errores en los que,
según la actora, incurrió la sociedad demandada al declarar la servidumbre. Además,
precisó que ninguna de las dos respuestas generó, modificó o extinguió derecho alguno
en favor del administrado. En ese sentido, indicó:

Ello indica, que la segunda petición tiene absoluta y directa relación con la respuesta a la
primera petición, empezando porque se solicita se aclare y corrija los supuestos errores

14 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 82 a 93.
15 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 82.

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que sobre la servidumbre declara la Empresa; todo ello como se puede verificar en el
recuento de los derechos de petición y las respectivas respuestas.

Además de lo anterior, es menester señalar que ni en la respuesta al primer derecho de
petición (octubre de 2010), ni en la segunda (junio de 2011), la Administración crea,
extingue o modifica derecho alguno en favor del administrado […]16.

En consecuencia, determinó que no le correspondía a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo resolver la controversia planteada, dado que esta se originó en una
servidumbre constituida hace aproximadamente cuarenta años. Asimismo, sostuvo que
ambas solicitudes eran simples requerimientos de información y de entrega de
documentos, los cuales, por sí mismos, no establecieron la servidumbre ni generaron
derechos particulares y concretos. No obstante, lo anterior, el Tribunal precisó que la
actora debió controvertir ambas respuestas mediante la correspondiente demanda. En
atención a ello, concluyó:

De este modo, es perfectamente diáfano que la demanda debió incluir la impugnación de
las dos respuestas que se incluyen en los oficios de fechas 11 de octubre de 2010 y 2 de
junio de 2011, lo que significa que estamos frente a una inepta demanda17. [Resalta la
Sala]

Pese a que el a quo encontró probada la excepción de ineptitud de la demanda, continuó
con el estudio de fondo de la providencia y examinó las causales de nulidad alegadas.
Estableció que estas no fueron acreditadas, pues la actora conocía la situación de la
servidumbre al momento de solicitar la licencia de urbanismo y construcción. En
consecuencia, consideró que no se vulneraron los derechos de propiedad y debido
proceso.

Finalizó con el estudio de los vicios externos e internos alegados en la demanda y
concluyó lo siguiente:

Por último, y acorde con las conclusiones finales del Ministerio Público, se nota,
incuestionablemente, que el demandante pretende llevar la controversia judicial, a la
irregularidad en la constitución de la servidumbre de extensión de líneas eléctricas en el
lote de su propiedad, lejos de la información en los derechos de petición solicitada sobre el
tópico, para derivar la imposibilidad de construcción de una urbanización de vivienda de
interés social.

Si el perjuicio lo deriva de la ilegalidad de la constitución de dicha servidumbre, más no de
las respuestas dadas según los derechos de petición impetrados, la acción ideal judicial
sería la de reparación directa, en donde debe demostrar, la existencia del daño, la actividad
u omisión de la administración y la relación de causalidad entre el daño y la conducta oficial.

Estas reflexiones son suficientes para negar las pretensiones de la demanda, como en
efecto, se hará en seguida, recordando, en primer lugar, que no se demandó el primer
derecho de petición, por cuanto el segundo es la solicitud de aclaración y expedición de
documentos, del primero. En segundo lugar, no se desvirtuó la presunción de legalidad del
acto demandado. En tercer lugar, porque el acto administrativo impugnado no crea,

16 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 89.
17 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 90.

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extingue o modifica derecho subjetivo alguno reconocido al actor, y, en cuarto lugar, por la
mala escogencia de la acción judicial presentada18.

II. RECURSO DE APELACIÓN

Mediante apoderado judicial, el 10 de diciembre de 2019, la sociedad demandante
interpuso recurso de apelación19.

En su escrito, comenzó por cuestionar que la entidad demandada no hubiera propuesto
la excepción de ineptitud de la demanda, lo cual, a su juicio, evidenció un sesgo por parte
del Tribunal. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

Cabe señalar de entrada, que la demandada nunca presentó la excepción en estos
términos ni tampoco como excepción de inepta demanda, situación que permite advertir
en el juzgador un sesgo desde el inicio del análisis, que se puede verificar con la sola
lectura del texto presentado en la contestación de la demanda y su conclusión sobre la
misma […]

Nótese, que la demanda, jamás habló de inepta demanda, y en su criterio lo que para ella
había era la posibilidad de un fallo inhibitorio, o la ocurrencia de la caducidad20.

A continuación, enfocó sus reparos respecto a las consideraciones que realizó el a quo.
Sobre el particular, señaló que no era cierta la afirmación de que la servidumbre ya
existía, pues cuando uno de los socios adquirió el terreno, dicha servidumbre no se
encontraba constituida. Para explicarlo, describió el proceso de adquisición adelantado
entre 2006 y 2007, año en el cual se perfeccionó la compra. Señaló que, desde el inicio
de la negociación, acudió a la alcaldía a indagar sobre la viabilidad del proyecto
urbanístico, entidad que le informó que la línea de 34.5 kV podía ser reubicada y que no
generaba servidumbre. Con base en esta certeza, inició los trámites de licenciamiento.

Además, enfatizó que la línea de 34.5 kV, legalmente no estaba obligada a constituir
servidumbre y que, en consecuencia, resultaba imposible que existiera dicho derecho
antes de la adquisición del predio por la parte demandante. También atacó lo referente a
la existencia de una torre que sostiene ambas líneas dentro del terreno, pues consideró
que el a quo erróneamente sostuvo que en el predio existe esa infraestructura, lo que, a
ojos del recurrente, es una omisión al acervo probatorio.

Luego, cuestionó lo considerado por el Tribunal respecto del segundo derecho de
petición, en particular el siguiente apartado de la sentencia: «toda la información que
solicita, que por la primera considera el demandante es poca e insuficiente, no constituye,
por sí, la creación de un derecho particular y concreto que pueda demandarse». Sobre
este punto, la demandante sostiene que, para el momento en que elevó el primer derecho
de petición ante CEDENAR, no tenía conocimiento de la existencia de una servidumbre
a favor de la empresa de energía; en consecuencia, dicha solicitud tenía únicamente un
propósito informativo, orientado a establecer si efectivamente existía un gravamen sobre
su predio. En ese sentido, señaló:

18 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 92.
19 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 97.
20 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 97.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

Pero de ninguna manera se hizo en esa primera oportunidad un debate sobre ese tema
de las servidumbres y su alcance, sino que sólo se pidió documentación a titulo
meramente informativo, sin ninguna otra pretensión21.

Posteriormente, indicó que, una vez obtuvo la primera respuesta, presentó la segunda
solicitud con el fin de que CEDENAR explicara cómo había adquirido la servidumbre.

Agregó que el Tribunal partió de un supuesto equivocado respecto de la existencia de
dicha servidumbre, pues solo hasta el año 2010 se vio en la necesidad de indagar a
CEDENAR al respecto. Por ello, afirmó que el primer derecho de petición fue formulado
únicamente con fines informativos.

En un tercer punto, atacó el siguiente análisis realizado por el Tribunal:

Así las cosas, la demanda que concierna (sic) sobre la nulidad y el restablecimiento del
derecho de la respuesta (oficio) a un derecho de petición sobre información y solicitud de
documentos, tendrá que ver sobre la misma naturaleza, por insuficiencia de la respuesta,
pero en ningún momento sobre el debate de un derecho particular y concreto, un derecho
subjetivo, no reconocido y que el acto administrativo lo vulnere.

En este orden de ideas, con el derecho de petición de información y documentos, no se
constituye la servidumbre por la cual finca el demandante todas sus pretensiones, para
derivar perjuicios al no poder construir la urbanización en el terreno de su propiedad, toda
vez que la misma, de hecho, existe y de esa manera lo admite en sus respuestas, la
demanda CEDENAR S.A. E.S.P. quedando en vilo la obligación de correr las líneas que
es otro tema diferente a las sendas respuesta al derecho de petición.

De manera que, la Sala no encuentra cual es el derecho subjetivo que desconoce la
Administración para realizar el pronunciamiento de fondo

Fundamentó su cargo en que el Tribunal no analizó el hecho de que, el segundo derecho
de petición estuvo motivado por la respuesta del primer derecho de petición, pero que no
fue una solicitud de ampliación del primero, porque con la respuesta al primer derecho
de petición «se satisfizo la información de forma solicitada de forma plena». Señaló que
en el segundo derecho de petición la empresa manifestó que la servidumbre afectaba
todo el terreno, lo que implicaba de suyo la afectación total del derecho de propiedad
desconociendo de manera abierta y directa un derecho subjetivo.

Finalmente, sostuvo que tampoco se tuvo en cuenta que con posterioridad a la
presentación de la demanda y tal como se expuso en la reforma a la misma, CEDENAR
acudió a la actora para realizar el movimiento de la línea de 34.5 kV.

Mediante auto del 17 de enero de 2020 se concedió el recurso de apelación22.

II.1. Trámite en segunda instancia

Mediante el auto del 27 de julio de 202123 se admitió el recurso de apelación. En
providencia del 11 de febrero de 2022 se corrió traslado para alegatos de conclusión.

21 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 100.
22 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 108.
23 Índice 9 del Expediente digital.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la decisión de primera
instancia24.

Señaló que el accionante debió demandar las dos respuestas a los derechos de petición,
esto es, la del 11 de octubre de 2010 y el 2 de junio de 2011, y no únicamente la emitida
frente a este último. Así mismo, compartió la posición del Tribunal al considerar que la
respuesta al segundo derecho de petición no desvirtuó la presunción de legalidad del
acto acusado, por cuanto en ella no se crea, modifica ni extingue un derecho subjetivo.
Finalmente, indicó que la acción procedente para reclamar los perjuicios invocados en la
demanda era la de reparación directa. En ese sentido señaló:

Por este motivo, el Despacho comparte las alegaciones de la parte demandada y las
consideraciones consignadas en el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 6 de noviembre de 2019, en cuanto la parte actora no demandó
la respuesta a la primera solicitud que presentó en ejercicio del derecho de petición, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado por cuanto en aquel no se crea,
extingue o modifica un derecho subjetivo, y por la no debida escogencia de la acción
judicial desplegada.

Así las cosas, al advertir que el acto acusado no es violatorio de la normativa invocada por
la parte actora, esta Delegada, solicita se confirme la decisión de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201925, expedido
por la Sala Plena de la Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto.

III.2. Identificación de los problemas a resolver

En el presente caso, se discute la procedencia o no de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la Sociedad GMV de Pasto Ltda. en contra
de la respuesta emitida por CEDENAR S.A. E.S.P. el 2 de junio de 2011 con radicado
núm. 180527 a un derecho de petición elevado por la demandante el 18 de marzo de
2011. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño encontró probada la
ineptitud de la demanda y, luego de un análisis de las causales de nulidad presentadas
por la accionante, resolvió negar las pretensiones.

El recurrente sostiene que el Tribunal se extralimitó al estudiar y declarar probada la
excepción de inepta demanda. Lo anterior, por cuanto, según el apelante, dicha
excepción no fue alegada por la parte demandada. Asimismo, presentó reparos frente a
la naturaleza y el alcance de la respuesta emitida por CEDENAR al derecho de petición
elevado el 28 de marzo de 2011, acto cuya legalidad se controvierte en el presente
proceso.

24 Índice 20 del Expediente digital.
25 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.

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Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

También manifestó su inconformidad respecto a la forma en que el Tribunal abordó el
acervo probatorio y señaló que no se tuvo en cuenta la reforma a la demanda al momento
de adoptar la decisión de primera instancia.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia recurrida.

En consecuencia, en primer término, la Sala deberá establecer si era procedente que el
Tribunal estudiará y declarará de oficio la excepción de inepta demanda, o cualquier otra
que se considerará configurada. En caso de que lo anterior fuere procedente, se analizará
la naturaleza jurídica del acto demandado, para determinar si prosperan o no las
excepciones que encontró probadas el Tribunal. Finalmente, en caso de que el resultado
de dicho examen sea negativo, corresponderá a la Sala analizar los reparos relacionados
con los presuntos errores en la valoración del acervo probatorio y la supuesta falta de
consideración de la reforma a la demanda.

III.3. Análisis de la Sala

A continuación, se transcribe el oficio acusado, esto es, la respuesta del 2 de junio de
2011 con radicado núm. 180527:

DOCTOR
FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR
San Juan de Pasto

REF. CONTESTACIÓN DERECHO DE PETICIÓN

En atención al derecho de petición presentando ante esta Empresa en su calidad de
mandatario de la Empresa CONSTRUCTORA GMV DE PASTO LTDA., a Ud.
respetuosamente me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Mediante escrito calendado a 11 de octubre de 2010, en mi condición de Jefe de la Oficina
Jurídica de CEDENAR S.A. E.S.P., se dio respuesta a un derecho de petición similar al
impetrado en el escrito sub examine; en tal virtud, reiteramos la posición expuesta en ese
escrito por cuanto no se ha presentado, hasta la fecha, variación alguna de los supuestos
fácticos y de derecho analizados.

Por otra parte, no se entrará en ninguna controversia de carácter jurídico sobre los puntos
de vista expuestos por el Profesional del Derecho respecto de la imposición de
servidumbres, el tipo y característica de la servidumbre existente y la adquisición o no de la
servidumbre por prescripción, toda vez que CEDENAR S.A. E.S.P. ha actuado dentro del
marco jurídico que regula esta materia, a saber: Ley 56 de 1981, Por la cual se dictan
normas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y
otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales
obras y Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

La Ley 56 de 1981 señala: "ARTICULO 25: La servidumbre pública de conducción de
energía eléctrica establecida por el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, supone para las
entidades públicas que tienen a su cargo la de centrales generadores, líneas de
interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía
eléctrica, la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o
superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas

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objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras, ejercer la vigilancia,
conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio.

ARTICULO 26. En el trazado de la servidumbre a que se refiere la presente Ley, se
atenderá a las exigencias técnicas de la obra.

En similar sentido de las disposiciones anteriores, el artículo 56 de la Ley 142 de 1994
establece que se declarará de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para
prestar los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la
protección de las instalaciones respectivas, para lo cual se podrán expropiar bienes
inmuebles; a su vez, el artículo 57 Ibidem faculta a las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios para "pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o
superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que
requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se
encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio".

En tal virtud, el peticionario tiene a su disposición los instrumentos procesales de defensa
judicial que considere apropiados para la reparación de los perjuicios que crea le fueron
ocasionados por CEDENAR S.A. E.S.P., con motivo de la imposición de la servidumbre de
conducción de energía eléctrica sobre el predio ubicado en el sector Mijitayo, sobre las
carreras 24 A y 24 B del municipio de Pasto.

No obstante, para garantizar de manera efectiva el derecho de petición impetrado, a
continuación, se da respuesta a cada una de las peticiones efectuadas, así:

A LAS SOLICITUDES PRINCIPALES:

1 . No es procedente efectuar ninguna declaración o corregir error alguno respecto de la
servidumbre de conducción de energía eléctrica que pesa sobre el predio mencionado, toda
vez que esta servidumbre grava el inmueble desde hace más de treinta y cinco (35) años,
ejercida de manera permanente, positiva, aparente y respecto de la cual el propietario del
inmueble jamás formuló objeción alguna.

No puede perderse de vista que el actual propietario del inmueble, sólo adquirió la
propiedad a partir del 30 de marzo de 2007 incluyendo las servidumbres existentes, tal
como reza en la cláusula CUARTA de la Escritura Pública No. 745 de marzo 30 de 2007.

2. No es posible realizar trámite alguno sobre el valor de la constitución de la servidumbre,
pues se reitera que esta servidumbre de uso público de conducción de energía grava el
predio desde hace más de treinta y cinco (35) años y fue constituida por el Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, a través de la firma constructora ELECTRICAS DE
MEDELLIN.

3. Si los peticionarios consideran que fue irregular la imposición de la servidumbre de uso
público de conducción de energía, que data desde el año de 1974, aproximadamente,
tienen expeditas (sic) las acciones judiciales para realizar el reclamo de los derechos que
crean conculcados, toda vez que CEDENAR S.A. E.S.P. no ha obstaculizado ningún
proyecto porque, como se reitera, la aludida servidumbre fue impuesta hace más de 35
años y los peticionarios que adquirieron la propiedad en el año 2007, aceptaron tal
gravamen en la Escritura Pública No. 745 de 2007.

A LAS SOLICITUDES SUBSIDIARIAS.

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Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

1. Las consideraciones efectuadas en este escrito, así como en el que se dio respuesta
similar [al] derecho de petición (octubre 11 de 2010), están referidos a la existencia de una
servidumbre de uso público de conducción de energía eléctrica por todo elemento que se
haya construido para este propósito en el inmueble referido.

2. La construcción de las líneas de distribución de energía eléctrica corresponden a claros
parámetros técnicos y no al arbitrio de funcionario alguno; de esta manera, las
características de las mismas, distancias de seguridad y servidumbre están regulados por
los reglamentos de Instalaciones eléctricas, como RETIE y normas de diseño y construcción
de CEDENAR.

3. Respecto a la Línea 34.5 Kv, esta en su oportunidad red fue construida por CEDENAR
hace más de 40 años.

4. Se dio respuesta en el numeral 1°.

5. Se da respuesta en los términos del numeral 3°.

6. Se dio respuesta en el numeral 1°.

7. En materia de construcción de las líneas de distribución de energía eléctrica, CEDENAR
S.A. E.S.P. se rige estrictamente por la normas legales y técnicas que rigen esta materia,
entre ellas la imposición de las servidumbres de uso público necesarias para la prestación
de este servicio público, en consecuencia, la prescripción adquisitiva de una servidumbre
de este tipo es un fenómeno que se presenta de manera eventual, generalmente cuando la
parte que teniendo la posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que le
suministra el ordenamiento, deja transcurrir los términos para hacerlo, y no los ejercita; por
ello, no existe un registro de prescripciones, pues no es esta la regla general sino la
excepción26

III.3.1. Respecto del reparo por haber sido estudiada de oficio la excepción de
inepta demanda

De manera preliminar, la Sala advierte que no le asiste razón al recurrente cuando afirma
que el juez de primera instancia se extralimitó al estudiar y declarar probada la excepción
de inepta demanda. Lo anterior, por cuanto los artículos 16427 y 17028 del Decreto 01 de
1984 habilitan expresamente a los jueces y magistrados de la jurisdicción
contenciosoadministrativa-administrativa para estudiar y declarar probadas, incluso de
oficio, las excepciones no alegadas por las partes29.

26 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «EXPEDIENTEDIGICCUADERNOII». Folio 6.
27 Norma vigente para el momento en que se presentó la demanda y que rige el presente tramite. Articulo

164. Excepciones de fondo Artículo. […]En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
28 Norma vigente para el momento en que se presentó la demanda y que rige el presente tramite.

Artículo 170. Contenido de la sentencia. Modificado por el art. 38, Decreto Nacional 2304 de 1989 La
sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas,
las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver
todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo
podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.
29 Se pone de presente que en distintos procesos la Sección Primera del Consejo de Estado ha resuelto

declarar de oficio la excepción de inepta demanda, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Proceso radicado número: 11001-
03-24-000-2007-00285-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés y Consejo de Estado.

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Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

Vale la pena anotar que el Tribunal, para arribar a la conclusión de que era procedente
declarar la ineptitud de la demanda, entendió que dicha excepción prosperaba en tanto
encontró probadas las excepciones de acto no susceptible de control judicial y de
proposición jurídica incompleta. Estas dos últimas sí fueron alegadas por el demandado
en su escrito de contestación y, si bien el juez de primera instancia tenía la competencia
para declarar de oficio la excepción de inepta demanda, dicha decisión además se
sostuvo en excepciones que fueron propuestas por la demandante en los momentos
procesales adecuados.

III.3.2. De la naturaleza jurídica del acto acusado y la posibilidad de someterlo a
control judicial

Ahora bien, como ya se mencionó, en la decisión de primera instancia se estudió y se
declaró probada la excepción de inepta demanda, en tanto el acto no era susceptible de
control judicial, así como la de proposición jurídica incompleta. En cuanto a la primera
indicó que con la respuesta acusada la entidad demandada no creó, modificó, o extinguió
una situación jurídica particular respecto de la demandante. Por su parte, respecto a la
segunda excepción, precisó que se debió demandar también la primera respuesta. Al
respecto:

[L]a respuesta a dos derechos de petición de información y documentos que no establecen
por si mismos la servidumbre, ni crean derechos particulares y concretos.

De este modo, es perfectamente diáfano que la demanda debió incluir la impugnación de
las dos respuestas que se incluyen en los oficios de fechas 11 de octubre de 2010 y 2 de
junio de 2011, lo que significa que estamos frente a una inepta demanda30. [Resalta la
Sala]

Como se puede apreciar, estos argumentos de entrada son contradictorios, dado que si
el acto no es sujeto de control judicial resulta inocuo pronunciarse si debía o no
demandarse las dos respuestas, pues al encontrar probada la primera, procedía dictar
un fallo inhibitorio.

En consecuencia, en primera medida la Sala deberá establecer si procede declarar
probada la excepción de acto no sujeto a control judicial y, en consecuencia, abstenerse
de tomar una decisión de fondo.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Contencioso
Administrativo, los actos administrativos son aquellos que surgen de una actuación
administrativa que puede iniciarse en los siguientes eventos:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.
2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de octubre de 2020. Proceso
radicado número: 11001-03-24-000-2013-00067-00. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Respecto a declarar de oficio la excepción de inepta demanda porque el acto no es susceptible de censura
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de junio de 2010. Proceso radicado número: 25000-23-
24-000-2005-00651-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
30 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNOIVP2». Folio 90.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.
4. Por las autoridades, oficiosamente. [resalta la Sala]

En ese sentido, la respuesta emitida por CEDENAR S.A. E.S.P., (una sociedad de capital
mixto con mayoría de participación estatal31, prestadora de servicios públicos32 y que,
conforme al numeral 8 del literal b) del artículo 3 del Decreto 381 de 2012, es una persona
jurídica vinculada al Sector Administrativo de Minas y Energía) al derecho de petición
elevado por la demandante el 18 de marzo de 2011, tendría la potencialidad de constituir
un acto administrativo. Lo anterior, en tanto la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que las «entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios actúan como
verdaderas autoridades ante los usuarios de dichos servicios, lo cual los pone en una
posición privilegiada frente a éstos, por cuanto pueden proferir decisiones que por su
naturaleza particular no podrían hacer.»33.

En el presente caso, se puede presumir que la apelante actuó como un usuario del
servicio público, pues esta corporación ha señalado que «tratándose de servicios
públicos domiciliarios con el término usuario se alude al propietario del inmueble o a quien
se beneficia del servicio público domiciliario»34. Pese a lo anterior, es cierto que la
peticionaria actúo en nombre del propietario del bien afectado por el paso de la red
eléctrica, pero la controversia no es en sí por la prestación del servicio de energía
eléctrica al domicilio, sino por la existencia o no de una servidumbre a favor de CEDENAR
y las consecuencias económicas que esta situación acarrean para el propietario del bien.

En efecto, por tratarse de la aparente promoción o constitución de una servidumbre,
tampoco se presume la posición dominante de la empresa de servicio público, pues
contrario a lo que sucede en el caso de los actos de facturación, suspensión y corte del
servicio donde las empresas de servicios públicos tienen prerrogativas propias de la
administración y expiden actos administrativos que definen situaciones jurídicas para sus
usuarios, esas mismas empresas de servicios públicos no pueden imponer mediante acto
administrativo una servidumbre, pues estas están facultadas a penas para promover su
imposición35. Lo anterior, en consonancia con los artículos 117 y 118 de la Ley 142 de
1994:

ARTÍCULO 117. LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE. La empresa de servicios
públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto,

31 Índice 25 del Expediente Digital. Documento «CUADERNO III». Folio 12-18. También, respecto la
naturaleza de CEDENAR S.A. E.S.P.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala
Décima Especial de Decisión. Sentencia del 4 de octubre de 2021. Proceso radicado número: 52001-33-
31-008-2008-00304-01(AP)REV. consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32 Respecto las normas que rigen los derechos de petición elevados a las empresas de servicios públicos

el artículo 33 del CPACA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, señala que, Sin perjuicio de
lo dispuesto en leyes especiales, les aplica lo establecido en lo regulado en los capítulos de «Derecho de
Petición ante Autoridades. Reglas Generales» y el capítulo «Derecho De Petición Ante Autoridades. Reglas
Especiales.»
33 Corte Constitucional, Sentencia T-224 del 23 de marzo de 2006, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo

de 2015. Proceso radicado número: 25000-23-41-000-2015-00369-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes
Barreiro.
35 Al respecto, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Concepto núm.181 del 8 de abril de

2021. Téngase en cuenta que el articulo 118 de la Ley 142 de 1992 establece las entidades que tienen la
facultad de imponer servidumbres mediante actos administrativos, dentro de esas entidades no están las
empresas de servicios públicos.

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover
el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981.

ARTÍCULO 118. ENTIDAD CON FACULTADES PARA IMPONER LA
SERVIDUMBRE. Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo
las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar el servicio
público respectivo, y las comisiones de regulación. [Resalta la Sala]

En ese sentido, en principio no se estaría ante una típica situación donde la empresa
actúa como una autoridad administrativa, pues carece de competencia de decidir la
situación mediante un acto expedido por ella misma. Ahora, teniendo en cuenta que la
sociedad que expidió el oficio demandado es una empresa de servicios públicos, se hace
necesario resaltar lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 142 de 1994:

ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS
EMPRESAS. salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente
lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así
como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las
personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado.

Esta Corporación, a partir del análisis de este artículo, ha establecido, mediante sentencia
de unificación de 3 de septiembre de 2020, que, salvo las excepciones expresamente
establecidas en la ley, los actos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no
son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial36.

En ese sentido, por lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley 142 de 1994, la
respuesta del 2 de junio de 2011, con radicado núm. 180527, prima facie, no corresponde
a aquellos casos en los cuales se considera que las empresas de servicios públicos han
actuado como la Administración y, por lo tanto, el acto no está sujeto a control judicial por
parte esta jurisdicción.

Ahora bien, pese a lo anterior, apelando a un criterio material, resulta necesario
determinar si la contestación demandada reúne las características propias de los actos
administrativos y, en consecuencia, puede ser entendida como tal. Esta Sala ha
sostenido de manera clara y reiterada la naturaleza y las características de los actos
administrativos:

Que para que un acto jurídico constituya acto administrativo debe consistir en una i)
declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo
puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso
por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial
de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de
función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa y iii), que
ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la
situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante37.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de unificación

del 3 de septiembre de 2020. Proceso radicado número:25000-23-26-000-2009-00131-01(42003).
Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. sentencia del 31 de marzo

de 2005, radicación núm. 11001 0324 000 1999 02477 01, consejero ponente Rafael E Ostau de Lafont
Pianeta

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Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

En el mismo sentido:

El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación de
voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas,
capaz de producir efectos jurídicos. En consonancia con esta definición, se han
identificado las siguientes características del acto administrativo:

i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.
ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad
estatal o de particulares.
iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre
el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».
iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u
obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».

Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles de
control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que decidan
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación»38.

Vistas las características esenciales de los actos administrativos, la Sala advierte que, en
el presente caso, no se cumple el criterio según el cual el acto debe estar encaminado a
producir efectos jurídicos «por sí mismo, de manera directa sobre el asunto o la situación
jurídica de que se trate y, por ende, ser vinculante». Lo anterior, por las razones que se
exponen a continuación.

En primer lugar, a modo de aclaración o advertencia preliminar y antes de responder las
inquietudes principales y subsidiarias del derecho de petición del 18 de marzo de 2011,
en los primeros párrafos de la respuesta emitida el 2 de junio de 2011, CEDENAR señala
de manera expresa al peticionario que «reitera la posición expuesta en ese escrito [en
referencia a la respuesta del 11 de octubre de 2010], por cuanto no se ha presentado,
hasta la fecha, variación alguna». Asimismo, indicó en dicha respuesta que «no se entrará
en ninguna controversia de carácter jurídico sobre los puntos de vista expuestos».

Es claro, entonces, que el oficio demandado no produjo una alteración en la situación
jurídica del peticionario que pudiera constituir una afectación a derechos subjetivos,
distinta de la que, en su caso, habría podido derivarse de la respuesta emitida el 11 de
octubre de 2010, acto que no fue objeto de demanda. Por lo tanto, la respuesta analizada
en esta oportunidad no genera efectos jurídicos por sí misma, pues se encuentra
íntimamente vinculada con la contestación del primer derecho de petición.

Ahora bien, la respuesta con radicado núm. 180527, pese a la advertencia previa, abordó
cada una de las solicitudes principales del peticionario. Las peticiones principales del
derecho de petición del 18 de marzo de 2011 fueron las siguientes:

1.- Que declare y corrija la existencia del error señalando, expresando que no se ha
constituido servidumbre alguna sobre el terreno de propiedad de mi representada y se

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 14 de mayo

de 2020. Proceso radicado número: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18). Consejero Ponente:
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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busque con mi representada la negociación para que de manera legal se proceda a la
constitución del título para la línea 115 Kv. y se corra a costa de Cedenar la red 34.5 Kv. o
bien por fuera del inmueble citado o al menos, por debajo de la red de 115 Kv.

2.- Que para lograr la determinación del valor de la constitución de la servidumbre de 115
Kv. se busque la intermediación de la lonja o de Camacol, para que de manera técnica
establezca el valor del terreno que cede mi representada para la servidumbre de
conducción de energía eléctrica, a favor de Cedenar.

3.- Que se realice una concertación para que o bien directamente, o en cualquier
conciliación ante la Procuraduría Judicial establezca reconocimiento indemnizatorio por la
obstaculización que ha sufrido el proyecto por la posición de Cedenar.

Respecto a esas peticiones la entidad contestó afirmando que no correspondía realizar
declaraciones ni corregir errores sobre la servidumbre de conducción de energía eléctrica
existente en el predio, ya que, en criterio de CEDENAR, la servidumbre grava el inmueble
desde hace más de 35 años, ha sido ejercida de manera permanente, positiva y aparente,
y nunca fue objetada por los propietarios anteriores.

Asimismo, se indicó que no podía adelantarse trámite alguno sobre el valor de
constitución de la servidumbre, dado que esta fue impuesta aproximadamente en el año
1974. También manifestó que, si los solicitantes consideraron irregular la imposición de
la servidumbre, podían ejercer las acciones judiciales correspondientes, pues para
CEDENAR está no había impedido ningún proyecto inmobiliario y la servidumbre ya
existía cuando los peticionarios adquirieron el predio en el año 2007.

La demandada luego de responder las peticiones principales respondió las peticiones
subsidiarias:

1.- Se aclare si la prescripción, que ilegalmente pretenden hacer valer a "motu proprio",
hace referencia solo a la red 115Kv. y en ese caso, cual es el fundamento legal y técnico,
ante la falta de documentación, según confesión realizada, para que se extienda esa
prescripción a todo el terreno de propiedad de mi representada, más si se tiene e n cuenta
que en e l terreno existe otra red, la 34.5 Kv.

2.- Se informe como se tomó la decisión de que la pretendida prescripción copa todo el
inmueble de propiedad de mi representada, estableciendo los funcionarios que
intervinieron, las razones para el efecto, y se expida copia de los trámites y actos donde
conste esa decisión

3.- Se aclare si dentro de la prescripción también se incluye a la red 34.5 Kv allegando copia
del proyecto constructivo y quien lo ejecutó, quien era el encargado de adelantar los trámites
de servidumbres, con su respectivo plano en la parte correspondiente al terreno de
propiedad de mi representada con las especificaciones de cómo se pretendía establecer la
servidumbre, anexando los documentos que muestren el trámite para lograrlo y su actual
estado, si es que se hizo, caso contrario, de que no se haya realizado el trámite de la
servidumbre, como se desprende de la confesión general, solicito, sin perjuicio de allegar
los documentos solicitados respecto del proyecto, certifique que no se ha realizado el citado
trámite.

4.-Como consecuencia del anterior numeral, se aclare que si hay diferencia en la
prescripción de las dos redes o si están integradas y en cualquiera de los dos casos como

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se establecen legal y físicamente esas diferencias o uniones, quien las estableció y en qué
documentos reposan, adjuntando la copia respectiva.

5.-En caso de que la red 34.5 Kv. no está incluida dentro de la pretendida prescripción, cual
es la razón de ello, quien lo hizo y en qué documento se consignó adjuntando la copia
respectiva, sin perjuicio de allegar la documentación del numeral tercero.

6.-Se expida copia autentica a nuestra costa del registro de todas las prescripciones que
hayan tramitado concretamente y de las que considere la entidad que por prescripción
unilateral como en el caso de mi representada han realizado en todo el Departamento de
Nariño, y si las mismas se encuentran inventariadas y contabilizadas, y presupuestadas,
incluyendo la supuesta servidumbre unilateral que ha realizado del terreno de propiedad de
mi representada.

En las respuestas a estas peticiones subsidiarias señaló que las consideraciones
expuestas, tanto en esa respuesta al segundo derecho de petición como en la respuesta
de octubre de 2010, se referían a la existencia de una servidumbre de uso público para
la conducción de energía eléctrica, establecida sobre todas las estructuras construidas
con ese fin en el inmueble mencionado.

Indicó, además, que la construcción de líneas de distribución eléctrica respondía a
parámetros técnicos estrictos y no a decisiones discrecionales de sus funcionarios.
Sostuvo que tales características, incluyendo distancias de seguridad y servidumbres,
estaban reguladas por el RETIE39 y por los parámetros de diseño y construcción internos
de CEDENAR.

Posteriormente sostuvo que CEDENAR actúo conforme a las normas legales y técnicas
aplicables, incluyendo la imposición de servidumbres de uso público necesarias para la
prestación del servicio.

Finalmente, explicó que la prescripción adquisitiva de servidumbres, modo mediante el
cual la empresa afirmó haberse hecho titular de la servidumbre eléctrica que atraviesa el
inmueble de propiedad de los socios de la demandante, constituye un fenómeno
excepcional, que ocurre cuando el titular del predio no ejerce oportunamente los
mecanismos de defensa que la ley le otorga. Por esta razón, indicó que no existía un
registro de prescripciones, ya que estas no constituyen la regla general, sino la excepción.

De todo lo anterior se tiene que CEDENAR indicó, primero, que la servidumbre existía
porque la había adquirido mediante prescripción adquisitiva y, segundo, que dicha
situación ya se le había informado la demandante en la respuesta dada en octubre de
2010. Respecto de estos dos puntos, se deben hacer las siguientes precisiones: la
primera reitera lo concluido en relación con la aclaración preliminar realizada por la
empresa en la respuesta del 2 de junio de 2011, esto es, que a partir del acto demandado
no hubo una alteración de la situación jurídica del peticionario que consiguiera constituir
una afectación a derechos subjetivos distinta de la que pudiera haberse producido con la
respuesta del 11 de octubre de 2010.

39 Son las siglas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Para el momento de la respuesta al

derecho de petición correspondía a la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, modificada por la
Resoluciones 180498 del 27 de abril de 2005, la Resolución 181419 del 1 de noviembre de 2005, la
Resolución 180466 del 2 de abril de 2007, la Resolución 180632 de abril 29 de 2008, la Resolución 181294
de agosto 6 de 2008 y la Resolución 180195 del 12 de febrero de 2009.

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Ahora bien, en cuanto a la eventual titularidad de CEDENAR sobre un derecho de
servidumbre respecto del predio de propiedad de los socios de la Constructora GMV de
Pasto LTDA., dicha afirmación no tiene la virtualidad de crear, modificar o extinguir una
situación jurídica, ya sea general o particular, por cuanto no constituye un título ni un
modo válido para la adquisición de un derecho real como el de servidumbre, según se
explicará más adelante. En otras palabras, la simple manifestación de CEDENAR en el
sentido de considerarse titular de una servidumbre no le confiere tal prerrogativa en
detrimento del titular del predio sirviente. Este mismo razonamiento resulta aplicable a lo
expresado en la respuesta al primer derecho de petición.

Sobre este punto, es importante destacar que, conforme al artículo 665 del Código Civil,
la servidumbre es un derecho real y, en consecuencia, para su constitución se requiere
la concurrencia de un título y un modo válidos.

En el caso de la prescripción adquisitiva, también denominada usucapión, el modo está
representado por la propia prescripción, entendida como la posesión pública, pacífica e
ininterrumpida de un bien ajeno40, con actos de señor y dueño, durante el término legal
correspondiente. Por su parte, al tratarse la prescripción de un modo originario de adquirir
derechos reales, el título viene dado por la ley misma, que habilita la adquisición por esta
vía y establece los requisitos exigidos, los cuales varían según se trate de prescripción
ordinaria o extraordinaria.

En principio, para que una servidumbre pueda ser oponible, como todo derecho real
requiere de su inscripción en el registro de instrumentos públicos. Al respecto esta
Corporación ha señalado:

El registro de instrumentos públicos es la institución a través de la cual se realiza la
tradición de los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles, mediante la
inscripción del título documental en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria
(artículo 756 CC). Está concebido también para darle publicidad a los actos jurídicos
que se produzcan respecto de los bienes inmuebles y para que los mismos sean
oponibles frente a terceros (arts. 2 y 44 decreto ley 1250 de 1970). Para informar
respecto de la situación jurídica de un bien inmueble, la autoridad encargada del registro
de instrumentos públicos tiene también la función de expedir los correspondientes
certificados que deben reflejar el estado real del inmueble de que se trata (artículo 54
decreto ley 1250 de 1970). [Resalta la Sala]41

40 Al respecto: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de marzo 2021, MP:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de
noviembre de 2017, MP: Luis Armando Tolosa Villabona.
41 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Tercera, Sentencia del 11 de septiembre

de 2003, Expediente. 14438, C.P. Ricardo Hoyos Duque. La cita tiene como fundamento, además del
vigente artículo 756 del Código Civil, distintos artículos del Decreto Ley de 1250 de 1970, dicha norma fue
derogada por la Ley 1579 de 2012, norma por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos
públicos y se dictan otras disposiciones. Sin embargo, el análisis hecho en la Sentencia tiene pleno Vigor
pues el artículo 2 de la Ley 1579 de 2012 reitera que «El registro de la propiedad inmueble tiene como
objetivos básicos […] b)Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden,
graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces],
asimismo, el artículo 67 de la nueva normativa reitera la función de las oficinas de expedir los
correspondientes certificados que reflejen el estado real del inmueble de que se trata, mediante la
reproducción fiel y total de las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria.

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De lo expuesto, se concluye que la simple afirmación de CEDENAR respecto de su
presunta titularidad sobre una servidumbre de conducción de energía eléctrica no es
suficiente para conferirle tal derecho real, pues este no depende de una manifestación
unilateral, sino de la acreditación de los requisitos legales, análisis que escapa a la
competencia de esta jurisdicción y que no puede surtirse mediante una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho. Del mismo modo, dicha afirmación tampoco tiene la
potencialidad de oponerse válidamente al titular del predio por donde atraviesa la
supuesta servidumbre, ya que, para ello, era necesario, en principio, el soporte derivado
de la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

En este punto vale la pena resaltar lo señalado por el Tribunal en primera instancia:

[L]a Sala no encuentra cual es el derecho subjetivo que desconoce la Administración para
realizar pronunciamiento de fondo al contestar los dos derechos de petición y si la
controversia gira en torno a la legalidad o no, de la servidumbre, para obtener beneficios,
esta jurisdicción no es la llamada a dirimir el asunto, sino la justicia ordinaria, mas que todo
cuando la administración admite que la servidumbre fue constituida hace mas de 40 años
y alega que por prescripción la obtuvo.

Ahora bien, es cierto que podría interpretarse que la respuesta del 2 de junio de 2011
contiene, en sus numerales primero y segundo, una negativa a las pretensiones
formuladas en el derecho de petición. En el primer numeral, la entidad rechaza la solicitud
de corregir lo informado por CEDENAR en la respuesta al primer derecho de petición y
reitera que la empresa cree ser titular de una servidumbre sobre el terreno de propiedad
de los socios de la Constructora GMV de Pasto LTDA., servidumbre que, según sostiene,
fue adquirida mediante prescripción adquisitiva. En el segundo numeral, en concordancia
con lo anterior, la entidad se niega a adelantar cualquier trámite tendiente a determinar
el valor de constitución de la servidumbre, bajo el entendido de su convicción respecto
de que el derecho ya le pertenece por haber sido adquirido por prescripción adquisitiva.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta corporación se ha referido a las respuestas
negativas a las pretensiones de los derechos de petición y su constitución como actos
administrativos de la siguiente manera:

Cuando se ejerce el derecho de petición los ciudadanos pretenden la resolución oportuna
y pronta de su asunto, que haya un pronunciamiento de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. En esa medida se garantiza que si el particular tiene alguna
objeción contra la decisión de la Administración, puede controvertirla mediante los
recursos en vía gubernativa o ante la jurisdicción.

Pero para ello se requiere que la respuesta contenga una decisión que produzca efectos
jurídicos. En general la respuesta negativa a las peticiones implica la extinción de la
situación jurídica, la negación del derecho pretendido y en ese orden de ideas
constituye un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional.

Sin embargo, puede suceder que a pesar de la negativa, la decisión resulte
intrascendente porque existen unos procedimientos establecidos para la obtención
de los objetivos del particular que no son atendidos por éste. En ese sentido como
no se obtuvo aquella decisión que de acuerdo al ordenamiento jurídico tiene la

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virtualidad de modificar la situación jurídica del interesado, no se estará en
presencia de un acto susceptible de control jurisdiccional42. [Resalta la Sala]

Conforme a la jurisprudencia transcrita, en términos generales, una respuesta negativa a
una petición implica la extinción de una situación jurídica. En esa medida, cuando dicha
situación jurídica se extingue, efectivamente se configura un acto administrativo, en tanto
se impacta al ámbito subjetivo del administrado. Sin embargo, ello solo ocurre cuando no
existen otros medios o procedimientos a los cuales el peticionario pueda acudir para
obtener la satisfacción de su solicitud. Por lo tanto, resulta necesario examinar si las
negativas contenidas en las respuestas primera y segunda del Oficio del 2 de junio de
2011 podían ser atendidas a través de otros mecanismos jurídicos.

De la lectura conjunta de los numerales primero y segundo de la petición presentada el
18 de marzo, se advierte que ambos se encaminan a solicitar el levantamiento de la
servidumbre que CEDENAR considera adquirida por prescripción adquisitiva o, en su
defecto, a que esta sea constituida legalmente, y que como consecuencia se indemnice
a los propietarios del inmueble por dicho gravamen. La legislación colombiana prevé
diversas vías jurídicas para la obtención de tales propósitos, dentro de las cuales se
encuentran acciones policivas y civiles. Entre estas últimas destaca la acción negatoria
de servidumbre, la cual ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes
términos:

[O]bsérvese, primeramente, a partir del texto del artículo 879 del Código Civil, que la
servidumbre es una carga que se impone a un predio en beneficio de otro inmueble; es
una limitación que debe soportar una heredad a favor de otra de distinto dueño. De suyo
surge, entonces, que el establecimiento de un gravamen de esas características, según
las previsiones legales, comporta tres opciones: a) por efecto de la naturaleza, b) por
disposición legal o, c) por voluntad de los interesados (Art. 888 ídem).

Una u otra hipótesis bien podría activar cualquiera de las acciones previstas alrededor de
tal gravamen, esto es, su establecimiento o imposición (confesoria), cuyo propósito no es
otro que gravar el predio sirviente; aquella que tiende a modificar la servidumbre ya
existente (modificativa); la que procura poner punto final a la carga constituida (extintiva),
y ahondando aún más en la normatividad que gobierna la materia, puede igualmente
advertirse la existencia de la pretensión negatoria que, como su nombre lo indica,
es la resistencia total que presenta el dueño del bien raíz afectado por un gravamen
de hecho frente a quien, a su vez, podría aspirar a que se declare la imposición del
servicio.

En orden a precisar el concepto y los alcances de la acción negatoria es oportuno
comenzar por acotar que sus raíces se advierten ya en el Derecho romano clásico y que
luego sufrió una bifurcación (actio negativa y actio negatoria), de modo que ésta última,
según lo concluyen los autores, estaba enderezada a negar la existencia de la servidumbre
(o el usufructo), al paso que la primera, como la confessoria, estaba orientada a su
defensa. Al parecer, la negatoria reunió una serie de acciones opuestas a esta última, que
posibilitaban al propietario civil negar la existencia de derechos que limitasen su propiedad,
incumbiéndole probar su derecho y las perturbaciones que lo afectaban y, al demandado,
el derecho que alegaba sobre la cosa. La sentencia condenatoria del juez tenía como
efectos: a) declarar la cosa libre de los pretendidos derechos; b) la reposición de la
situación anterior a la perturbación realizada por el vencido, y c) obtener una caución o
fianza que lo garantizara frente a futuras perturbaciones (cautio de non amplius turbando).

42 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de junio de 2008,

Expediente. 08001-23-31-000-2004-02721-01(16288), C.P. Ligia López Diaz.

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En la actualidad, si bien no hay texto explícito en el Código Civil que aluda
inequívocamente a ella, razones lógicas, históricas y de defensa del derecho de propiedad
conducen a colegir que mediante la acción negatoria el dueño de un predio defiende la
integridad de su dominio frente a quienes aleguen ser titulares activos de servidumbres
que lo graven, y se proyecta, no sólo, a que se declare la inexistencia de esa imposición,
sino a la reintegración de la libertad del bien, vale decir a finiquitar la influencia del
demandado sobre tal cosa. Sobra destacar que incumbe al propietario demandante probar
su derecho sobre la cosa y que corresponde al demandado demostrar la existencia del
gravamen que alega, pues, por regla general, la propiedad se supone libre de cargas a
falta de prueba en contrario.

Empero, al margen del origen de su establecimiento, el texto de las pertinentes normas
que regulan el asunto vinculado al debate, conducen, sin disquisiciones de ninguna
especie, a la claridad demandada; en efecto, el artículo 408 del Código de
Procedimiento Civil establece: “Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los
siguientes asuntos,…1o. Los relacionados con servidumbre de cualquier origen o
naturaleza…”. Y el artículo 415 idem expresamente dice: “En los procesos sobre
servidumbres…”, disposición incorporada en el capítulo II, del título XXII, relativamente a
las disposiciones especiales cuyo trámite atañen al proceso abreviado.[Resalta la Sala]43

Se tiene, entonces, que el peticionario sí contaba con otros mecanismos jurídicos idóneos
para solicitar el levantamiento de la servidumbre que de forma aparente impuso,
promovió o constituyó CEDENAR o, en su defecto, para que esta fuese constituida
legalmente y, como consecuencia, se reconociera la correspondiente indemnización a
los propietarios del inmueble por dicho gravamen.

En ese sentido, las negativas contenidas en los numerales primero y segundo de la
respuesta del 2 de junio de 2011 resultaron intrascendentes, en tanto dicha decisión no
tuvo la virtualidad de modificar la situación jurídica del interesado. Esto, porque además
de que mediante ellas no se constituyó una servidumbre y esencialmente se limitó a
informarle la demandante que la empresa consideraba ser titular de un derecho de
servidumbre desde muchos años antes de que él adquiriera el predio, el ahora recurrente
contaba con distintos procedimientos legales, previamente establecidos por el
ordenamiento jurídico, para la obtención de los fines perseguidos respecto de la
imposición, promoción o aparente constitución de la servidumbre y la correspondiente
indemnización. Por lo tanto, el Oficio demandado no le perjudicaba por sí mismo, pues
las afectaciones jurídicas que alega corresponden a situaciones que se escapan al
alcance de la respuesta al derecho de petición del 18 de marzo de 2011.

En este punto, la Sala pone de presente que la demandante no vio vulnerado su derecho
de propiedad, ni ninguno de los demás alegados, por la respuesta dada el 2 de junio de
2011. Lo anterior, porque como se aprecia en los escritos de demanda y apelación, su
inconformidad se centra en la existencia de una aparente imposición, promoción o
constitución de una servidumbre y en las afectaciones que esta le pudo causar; sin
embargo, lo cierto es que lo que habría podido llegar a afectar sus derechos no es la
respuesta emitida por la empresa de servicios públicos, sino la supuesta posesión
continua por parte de CEDENAR de dicha servidumbre, lo cual constituye una actuación
de hecho que escapa al control por vía de nulidad y restablecimiento del derecho.

43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2008, Exp. No.

11001 02 03 000 2006 01534 00, MP: Pedro Octavio Munar Cadena.

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Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

Más allá de lo correcto o incorrecto de la actuación de CEDENAR, de su titularidad o no
sobre la servidumbre y de los mecanismos que tenía el recurrente para presentar reparos
respecto del actuar de la demandada, lo cierto es que la vía procesal de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho no era la adecuada, toda vez que la respuesta del
2 de junio de 2011 no cumple con un elemento esencial para ser considerada un acto
administrativo, esto es, que se encamine a producir efectos jurídicos por sí misma, de
manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, sea
vinculante, pues por ella no se constituyó una servidumbre, como erróneamente lo hace
ver el recurrente.

Se concluye, entonces, que el acto demandado no creó, modificó o extinguió derecho
subjetivo alguno. De nuevo, al respecto, vale la pena resaltar lo señalado por el Tribunal
Administrativo de Nariño sobre la inexistente afectación a un derecho subjetivo en el
presente caso:

En otras palabras, toda la información que solicita, los errores en la respuesta que
pretende se aclaren, la extensión de la información que por primera respuesta considera
el demandante es poca e insuficiente, no constituye, por si, la creación de un derecho
particular y concreto que pueda demandarse, o la modificación de un derecho adquirido
por los medios legales, o, en ultimas, la modificación de un derecho.

[…]

[L]a Sala no encuentra cual es el derecho subjetivo que desconoce la Administración para
realizar pronunciamiento de fondo al contestar los dos derechos de petición.

En consecuencia, la Sala procederá a declarar probada la excepción de acto no sujeto a
control judicial, en tanto se considera que la respuesta del 2 de junio de 2011 no
constituye un acto administrativo susceptible de control judicial. Probada esta excepción,
y contrario a lo resuelto por el Tribunal, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la
excepción de proposición jurídica incompleta o sobre los reparos de fondo del recurrente,
y revocará la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, respecto la condena en costas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a
condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea
temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse «un fundamento razonable, o hay
de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o
acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio»44.

En el caso concreto, la parte demandante, en cumplimiento de su deber legal, acudió al
proceso, presentó la demanda, participó en la práctica de las pruebas, descorrió traslado
para alegaciones finales, presentó recurso y también alegatos de segunda instancia, sin
abusar de su derecho a acceder a la Administración de Justicia. Por lo tanto, no hay lugar
a acceder a su reconocimiento.

Asimismo, se pone de presente que se allegó al proceso memorial de renuncia45 por parte
del abogado Juan Carlos Hurtado Narváez, quien actuaba como apoderado de
CEDENAR S.A. E.S.P. en calidad de Demandada, visto que la renuncia cumple con los
44 Corte Constitucional, Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
45 Índice 23 del Expediente Digital.

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25

Radicado: 52001-23-31-000-2012-90042-01
Demandante: Constructora GMV de Pasto LTDA.
Demandado: CEDENAR S.A. E.S.P.

requisitos legales de artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se procederá aceptar
la renuncia en la parte resolutiva de este fallo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 6 de noviembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar DECLARAR probada la
excepción de acto no sujeto a control judicial, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. ACEPTAR la renuncia al poder presentado por el abogado Juan Carlos
Hurtado Narváez, identificado con T.P. No. 145.780, como apoderado de la
parte demandada en el presente proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

CUARTO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para
la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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