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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2014-00116-02

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2014-00116-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 88 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 89 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-4 (agencias en derecho). 90 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”. 91 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 3.2 establece que las agencias en derecho en segunda instancia causadas en acciones populares y de grupo serán “Hasta un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 21 Radicado: 52001-23-31-000-2014-00116-02 Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2014-00116-02

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 52001-23-31-000-2014-00116-02
Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TEMAS: CAUSA COMÚN – La uniformidad u homogeneidad exigida en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo no recae sobre todos los elementos de la
responsabilidad, sino sobre la existencia del origen común. Por ello, es perfectamente posible
que, aun proviniendo de la misma causa, entre los integrantes del grupo se presenten
situaciones particulares en las que las manifestaciones o consecuencias lesivas difieran entre
sí; de ahí que las reparaciones sean individualizables y divisibles, por cuanto “el daño es
subjetivo”. EL LEGITIMADO EN LA CAUSA POR PASIVA CUANDO SE RECLAMAN DAÑOS
OCASIONADOS POR ACTUACIONES DE NOTARIOS – Dependiendo de aquello que se
pretenda, podrá ejercerse el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Justicia y del Derecho y/o – directamente - contra el notario, así como contra la
Superintendencia de Notariado y Registro. En ningún evento podrá demandarse a la Notaria,
pues ella carece de personalidad jurídica y, por ende, de capacidad para hacerse parte en el
contradictorio. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Se trata de un daño autónomo, con identidad
propia e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta de
conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida. REQUISITOS PARA
COMPROBAR LA CAUSACIÓN DE UNA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – (i) la certeza de la
oportunidad que se pierde, (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación
del daño o de evitar el detrimento, y (iii) que la víctima se encuentra en una situación
potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que declaró probadas las excepciones de “inexistencia de la violación de
derechos e intereses colectivos y falta de responsabilidad de los demandados e
inexistencia de nexo causal” y negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Dolly Betssy Obonaga Tobar contrajo deudas con varias personas por un total de
$136.900.000. Posteriormente incumplió sus obligaciones y, según los
demandantes, canceló la afectación a vivienda familiar y vendió a favor de una de
sus hijas el inmueble registrado a su nombre, en copropiedad con su compañero
permanente, quien otorgó la escritura pública, actuando como apoderado de la
deudora. Los demandantes afirmaron que no se protocolizó el poder que acreditara
dicha representación y que, a pesar de ello, la Notaría Única de La Cruz (Nariño)
autorizó la escritura y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del mismo
circulo la registró sin verificar los soportes correspondientes. Posteriormente, la hija
vendió el inmueble a terceros mediante una segunda escritura, también registrada
de forma inmediata.

Radicado: 52001-23-31-000-2014-00116-02
Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

El grupo demandante aduce que la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Notaría Única de La Cruz y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La
Cruz son patrimonialmente responsables por la pérdida de oportunidad de
garantizar el pago de las deudas, al haber permitido la enajenación irregular del
único bien que podía respaldarlas.

El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se probó que el notario tuviera conocimiento de que el inmueble
estuviera siendo perseguido por acreedores, ni que hubiera sido constituido como
garantía real de las deudas. Esta decisión fue apelada por la parte demandante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 7 de marzo de 20141-2, Dilcia Ortiz Bolaños, Emilse Dorado Cerón, Sandra Yolima
Dorado Cerón, María Elena Urbano, Mónica Muñoz Erazo, Aida del Socorro Erazo
de Muñoz, María Doly Martínez Bolaños, Yaneth Rosario Gómez Silva, Magola
Edina Oviedo Silva, María Alejandra Bolaños Urbano, Edith López Ordoñez,
Segundo Camilo Solarte Noguera, Blanca Inés Ñañes Ortiz, Nancy Cerón Rosada,
Aura López Ordóñez, Claudia Milena Gómez Silva, Jairo Bolaños Beltrán, Carlos
Walter Cerón Paz, Marco Tulio Cerón Espinosa, Dilia Muñoz y Rosa María Ortega
Cerón, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, contra la
Superintendencia de Notariado y Registro, la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), para que fueran
declaradas patrimonialmente responsables por la pérdida de oportunidad de
garantizar el pago efectivo de las obligaciones que Dolly Betssy Obonaga Tobar
había contraído con ellos.

En su escrito, la parte demandante formuló expresamente las siguientes
pretensiones declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con
posibles errores):

“PRIMERA. Declárese a SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO;
NOTARÍA ÚNICA DE LA CRUZ NARIÑO y OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA CRUZ NARIÑO, como responsable de todos los
daños y perjuicios materiales ocasionados a mis poderdantes y a quienes puedan
llegar a integrar el grupo en el transcurso del proceso.

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, se servirá condenar a
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO; NOTARÍA ÚNICA DE LA
CRUZ NARIÑO y OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA
CRUZ NARIÑO, a pagar a todos los actores y a quienes puedan llegar a integrar el
grupo en el transcurso del proceso por intermedio de su apoderado la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($300.000.000), por perjuicios
materiales (créditos actualizados), que se les ocasionaron a todos ellos con las
acciones y omisiones cometidas por sus funcionarios.

1 Escrito de demanda. Fl. 2-13, cuaderno 1.
2 Mediante auto del 11 de abril de 2014 el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda. Fl.

115-117, c. 1.

2

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

TERCERA. Los valores reconocidos por éstos perjuicios se harán en forma
independiente para cada uno de las siguientes personas en la forma en que
pericialmente se liquide a favor de cada una de ellas. Igualmente, la sentencia
respectiva, deberá cubrir a quienes dentro de las oportunidades legales lleguen a
integrarse como parte del grupo demandante, conforme a lo solicitado en estas
pretensiones.

CUARTA. Se actualizarán dichos valores a la fecha de la sentencia respectiva, para
efectos de lograr una reparación integral a favor de mis prohijados.

QUINTA. Para la ejecución de la sentencia se aplicará lo señalado en los artículos
176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, sobre cumplimiento e intereses de
la misma.

SEXTA. Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.”

En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que Dolly Betssy Obonaga
Tobar era una persona con reconocida solvencia, que habitaba en el municipio de
San Pablo (Nariño) y convivía en unión marital con Segundo Víctor Muñoz Vásquez,
persona de igual prestigio y reconocimiento.

Indicó que la mencionada pareja tenía en su haber social el inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria No.246-12029, inscrito a nombre de los dos.

Refirió que, confiados de tal prestigio y solvencia, varias personas prestaron sumas
de dinero a Dolly Betsy Obonaga Tobar, por cantidades individuales que totalizaban,
entre sí, la suma de $136.900.000.

Señaló que, mediante escritura pública No. 33 del 7 de marzo de 2012, otorgada
ante la Notaría Única del Círculo de La Cruz (Nariño), Segundo Víctor Muñoz
Vásquez, actuando en nombre propio y como apoderado de Dolly Betssy Obonaga
Tobar, levantó la afectación a vivienda familiar que pesaba sobre su inmueble y, en
el mismo instrumento, transfirió la propiedad del bien - a título de compraventa - a
su hija, Dolly Betssy Muñoz Obonaga.

Manifestó que, al día siguiente, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
La Cruz (Nariño) registró la escritura de compraventa, sin percatarse que el acto
jurídico se había celebrado sin que Segundo Víctor Muñoz Vásquez hubiese
allegado el poder “otorgado” por Dolly Betssy Obonaga Tobar.

Anotó que el 15 de marzo de 2012, la misma notaría autorizó la escritura pública
No. 53, mediante la cual Dolly Betssy Muñoz Obonaga vendió el inmueble a Blanca
Judith Montilla y Bartolomé Montilla Ortiz.

Señaló que, ese mismo día, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La
Cruz (Nariño) inscribió la nueva escritura pública de compraventa.

Informó que en vista de que la deudora comenzó a incumplir sus obligaciones
crediticias el 10 de julio de 2012 los integrantes del grupo presentaron demanda

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

ejecutiva en su contra, pretendiendo el pago de las obligaciones que había adquirido
con ellos.

Los demandantes consideran que la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Notaría Única de La Cruz (Nariño) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de La Cruz (Nariño) son patrimonialmente responsables por la pérdida de
oportunidad de garantizar el pago efectivo de las obligaciones que Obonaga Tobar
había contraído con ellos, al haber permitido la enajenación irregular del bien que
constituía la única garantía destinada a respaldar sus deudas.

2. Contestaciones

2.1. La Notaría Única de La Cruz (Nariño)3 se opuso a las pretensiones de la
demanda. Adujo que el error frente a la alusión de quien figuraba como apoderado
en la escritura pública No. 33 del 7 de marzo de 2012 no impedía a los demandantes
ejercer las acciones correspondientes para recuperar sus créditos. Como
excepciones propuso: (i) inexistencia de la violación de derechos o intereses
colectivos y falta de responsabilidad de los demandados; (ii) falta de legitimación en
la causa por activa; (iii) caducidad de la acción; (iv) inexistencia de nexo causal; y
(v) la genérica.

Aunado a lo anterior, llamó en garantía a la Aseguradora AIG Seguros Colombia
S.A.4, con base en la póliza RCP-ABOGADOS No. 10001885, cuyo objeto era cubrir
la responsabilidad civil de los notarios.

2.2. AIG Seguros Colombia S. A6., llamada en garantía, solicitó negar las
pretensiones de la demanda señalando que no se había acreditado el daño y los
perjuicios alegados en el libelo introductorio. Como excepciones propuso: (i)
improcedencia de la acción de grupo; (ii) inexistencia de la violación de derechos e
intereses colectivos y falta de responsabilidad de los demandados; (iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; (iv) inexistencia de prueba del hecho generador
del daño; (v) inexistencia del nexo causal; (vi) inexistencia de prueba del perjuicio
causado; (vii) enriquecimiento sin causa y (viii) la genérica.

2.3. La Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño) guardaron silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La Notaría Única de La Cruz (Nariño)7 y AIG Seguros Colombia S.A.8 reiteraron
los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3 Escrito de contestación de demanda de la Notaría Única de La Cruz. Fl. 135-149, cuaderno 1.
4 Escrito de llamamiento en garantía. Fl. 127-130, cuaderno 1.

Mediante auto del 23 de septiembre del 2014, el llamamiento fue aceptado. Fl. 176-179, cuaderno 1.
5 Documento contentivo de la póliza. Fl. 131-134, cuaderno 1.
6 Escrito de contestación del llamamiento en garantía. Fl. 182-198, cuaderno 1.
7 Alegaciones de la Notaría Única de La Cruz. Fl. 488-505, cuaderno 2.
8 Alegaciones de la Aseguradora. Fl. 505-512, cuaderno 2.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

3.2. El Ministerio Público9 indicó que la Superintendencia de Notariado y Registro
era la única entidad que estaba llamada a responder, si se probaba que había
incurrido en falla en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia.

3.3. La parte actora, la Superintendencia de Notariado y Registro, y la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño) guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de octubre de 201610 el Tribunal Administrativo de Nariño
declaró probadas las excepciones denominadas “inexistencia de la violación de
derechos e intereses colectivos y falta de responsabilidad de los demandados e
inexistencia de nexo causal” y negó las pretensiones de la demanda, al constatar
que no se acreditó que el fedatario tuviera conocimiento que el inmueble estuviera
siendo perseguido por los acreedores, dado que no había sido ofrecido como
garantía real de sus deudas. Igualmente, advirtió que no se configuró una pérdida
de oportunidad, de manera que los demandantes no podían pretender la reparación
de un daño que no había ocasionado el Estado.

En la parte resolutiva el a quo se abstuvo de condenar en costas, en consideración
a que se trataba de un asunto constitucional y de interés público.

5. Apelación

5.1. El grupo de demandantes11 apeló la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño reiterando los argumentos expuestos en el libelo
introductorio. En este sentido, solicitó declarar patrimonialmente responsables a la
Superintendencia de Notariado y Registro, a la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño) por la pérdida
de oportunidad de garantizar el pago efectivo de las obligaciones que Obonaga
Tobar había contraído con ellos, al haber permitido la enajenación irregular del bien
que constituía la única garantía destinada a respaldar sus deudas.

Como hecho nuevo, anotó que el poder otorgado por Dolly Bettsy Obonaga Tobar
a su hija había inhabilitado a esta última para adquirir el inmueble y levantar la
afectación a vivienda familiar, conforme a la prohibición contenida en el artículo
217012 del Código Civil.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. La Superintendencia de Notariado y Registro13 y AIG Seguros Colombia S.A.14
reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

9 Concepto del Ministerio Público. Fl. 523-526, cuaderno 2.
10 Fl. 528-539, cuaderno principal.
11 Escrito de apelación. Fl. 546-548, cuaderno principal.
12 “Artículo 2170. Prohibiciones al mandatario respecto a la compraventa. No podrá el mandatario

por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni
vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación
expresa del mandante”.
13 Alegatos de la Superintendencia. Minuto 06:08 a 9:14 del CD obrante a Fl. 907, cuaderno principal.
14 Alegatos de la Aseguradora. Minuto 9:10 a 12:26 del CD obrante a Fl. 907, cuaderno principal.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

6.2. El Ministerio Público15 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
aduciendo que el error cometido por la Notaría - al acreditar al esposo de Dolly
Bettsy Obonaga Tobar como su representante – era subsanable y, por ende, no
había tenido el alcance de causar daño alguno a los accionantes.

6.3. La parte demandante, la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño) guardaron silencio.

III. ASUNTO PREVIO

El 25 de abril de 201916 el doctor Nicolás Yepes Corrales, magistrado integrante de
la Sala de Subsección, manifestó su impedimento para decidir el presente asunto,
toda vez que, en su otrora calidad de agente del Ministerio Público, rindió concepto
en el proceso.

Mediante auto del 29 de julio de 201917 se aceptó el impedimento, razón por la cual
la decisión se adoptará en Sala dual.

IV. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que modificará la sentencia del 14 de octubre de 2016 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño) y negará las pretensiones
de la demanda, al constatar que la parte actora no acreditó el daño que dijo haber
padecido.

Para el análisis a continuación se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) legitimados en la causa por pasiva cuando se
reclaman daños ocasionados por actuaciones de notarios, (3) problema jurídico, (4)
hechos probados, (5) caso concreto, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en el artículo 5018 de la Ley 472 de 1998 y, en el
artículo 152.1619 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación de la
demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se demanda la reparación de
perjuicios causados a un grupo, cuyo conocimiento corresponde a la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en razón al criterio de especialidad previsto en el

15 Concepto del Ministerio público. Minuto 12;29 a 16:09 del CD obrante a Fl. 907, cuaderno principal.
16 Manifestación de impedimento. Fl. 922, cuaderno principal
17 Aceptación de impedimento. Fl. 924-925, cuaderno principal.
18 “Artículo 50. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
19 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […]. 16. De los

relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un
grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

reglamento de la Corporación20.

1.2. El medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo constituye
el mecanismo procesal idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado por daños ocasionados a un conjunto de personas —igual o
superior a veinte (20)— que, frente a una misma causa generadora, acrediten
condiciones uniformes en relación con los perjuicios sufridos, en los términos del
artículo 14521 del CPACA.

Dentro de las notas características de este medio de control se destaca la exigencia
de una causa común en la producción de los daños. Ahora bien, la uniformidad u
homogeneidad exigida no recae sobre todos los elementos de la responsabilidad 22,
sino sobre la existencia de ese origen común. Por ello, es perfectamente posible
que, aun proviniendo de la misma causa, entre los integrantes del grupo se
presenten situaciones particulares en las que las manifestaciones o consecuencias
lesivas difieran entre sí; de ahí que las reparaciones sean individualizables y
divisibles, por cuanto “el daño es subjetivo”23.

En este caso, el medio de control resulta procedente, pues la causa común y la
condición uniforme que identifica al grupo para reclamar la indemnización de
perjuicios se relaciona con la pérdida de oportunidad de asegurar el pago efectivo
de las obligaciones contraídas por Dolly Bettsy Obonaga Tobar con los
demandantes, en la medida en que las accionadas habrían permitido la alegada
enajenación irregular del bien que constituía la única garantía destinada a asegurar
el cumplimiento de esas obligaciones. Adicionalmente, la conformación del grupo
supera el umbral requerido para la procedencia del medio de control24.

1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue presentada
dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 47 de la Ley 472 de 199825
y, en el numeral 2°, literal h) del artículo 16426 del CPACA para formular
pretensiones de reparación de perjuicios causados a un grupo. De hecho, se

20 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.
21 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente

a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula
la materia […]”.
22 Ver al respecto, Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, Fundamentos 80 y 84.
23 Íbid. Fundamento 53.
24 la jurisprudencia de la Corporación ha dicho que, desaparecido el criterio diferenciador de la

prexistencia del grupo, “para distinguir entre la procedencia de la acción de grupo y una acumulación
subjetiva de pretensiones en las demás acciones reparatorias, no queda sino el número de personas
afectadas con el daño proveniente de una misma causa”. Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 6 de octubre de 2005, Rad.: 41001-23-31-000-2001-00948-01(AG).
25 “Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización

de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
26 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño […]”.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

advierte: (i) que la escritura pública No. 33 se otorgó el 7 de marzo de 201227 ante
la Notaría Única del Círculo de la Cruz, Nariño, instrumento este que, a juicio de los
demandantes, desencadenó la causa común que originó el daño; y (ii) que el 7 de
marzo de 201428 el grupo accionante presentó la demanda, esto es, dentro del
término legalmente previsto29.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, los demandantes grupales, y de otro, la Superintendencia de Notariado
y Registro, la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), se advierte lo siguiente:

(i) Los actores grupales Dilcia Ortiz Bolaños, Emilse Dorado Cerón, Sandra Yolima
Dorado Cerón, María Elena Urbano, Mónica Muñoz Erazo, Aida del Socorro Erazo
de Muñoz, María Doly Martínez Bolaños, Yaneth Rosario Gómez Silva, Magola
Edina Oviedo Silva, María Alejandra Bolaños Urbano, Edith López Ordoñez,
Segundo Camilo Solarte Noguera, Blanca Inés Ñañes Ortiz, Nancy Cerón Rosada,
Aura López Ordóñez, Claudia Milena Gómez Silva, Jairo Bolaños Beltrán, Carlos
Walter Cerón Paz, Marco Tulio Cerón Espinosa, Dilia Muñoz y Rosa María Ortega
Cerón están legitimados en la causa por activa, pues acudieron al proceso
invocando su calidad de acreedores de Dolly Betssy Obonaga Tobar y, por ende,
de afectados con el otorgamiento y registro de las escrituras pública No. 33 del 7 de
marzo de 2012 y 53 del 15 de marzo de 2012, mediante las cuales se levantó la
afectación a vivienda familiar y se autorizó la venta del único bien que tenía a su
nombre la deudora y que constituía la prenda general de sus acreencias, así como
también, se permitió una segunda enajenación del bien a escasos días de la
primera.

Aun cuando este proceso no tiene por objeto ordenar el pago de acreencias —ni
esta es la jurisdicción llamada a definir controversias de cobro—, el interés para
obrar en esta acción se demuestra acreditando la calidad de acreedor. Ello, porque
el daño alegado se sustenta en la pérdida de oportunidad atribuida al otorgamiento
y registro de las escrituras públicas Nos. 33 del 7 de marzo de 2012 y 53 del 15 de
marzo de 2012, actos que habrían permitido la disposición del bien que —según la
demanda— constituía la prenda general de los créditos. En consecuencia, solo
quien ostente un crédito frente a la deudora puede afirmar estar afectado por la
supuesta irregularidad que facilitó la enajenación.

Bajo ese entendido, en el expediente únicamente se acreditó, por ahora, la
condición de acreedores de Segundo Camilo Solarte Noguera, Marco Tulio Cerón
Espinosa y Blanca Inés Ñañes Ortiz, a partir de las piezas trasladadas del proceso
ejecutivo No. 2012-00077-00, donde actuaron como ejecutantes30 (hecho probado
3.2.). Frente a los demás integrantes, la prueba aportada se limita a copias de
proyectos o escritos de demandas ejecutivas allegados con la presentación del
medio de control, sin soporte que permita establecer que fueron efectivamente
radicadas ni que quienes allí figuran ostentaran, en realidad, créditos exigibles; y,
27 Escritura pública No. 33. Fl. 323-328, cuaderno 2.
28 Escrito de demanda. Fl. 2 a 13, cuaderno 1.
29 Debe indicarse que, de la redacción del artículo 161 del CPACA, se deduce que el medio de control

de reparación de perjuicios causados a un grupo no requiere de conciliación previa como requisito
de procedibilidad.
30 Actuaciones del proceso ejecutivo No. 2012-00077-00. Fl. 379-422, cuaderno 2.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

en el caso de Magola Edina Oviedo Silva, no obra elemento probatorio distinto de
su inclusión en el listado de actores.

Con todo, esta insuficiencia probatoria no conduce, en esta etapa, a declarar la falta
de legitimación por activa de ninguno de ellos31-32. Dada la naturaleza del medio de
control de grupo, la acreditación concreta de la calidad de afectado puede diferirse
para la etapa en que se concrete la ejecución o pago, si a ello hubiere lugar,
conforme a los parámetros que fije la sentencia; de manera que una eventual
condena solo cobijará a quienes, llegado ese momento, demuestren efectivamente
su condición de afectados y, además, acrediten el daño y su cuantía.

(ii) La Superintendencia de Notariado y Registro está legitimada en la causa por
pasiva, de conformidad con Decreto 2163 de 201133, vigente a la fecha de
presentación de la demanda, pues es la entidad encargada de prestar el servicio
público registral a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 34 y
se alega en la demanda que, al no haber cumplido adecuadamente sus funciones
de control y vigilancia, permitió la venta del único bien de propiedad de Dolly Betssy
Obonaga Tobar, que constituía la prenda general de las acreencias de los
demandantes.

En cuanto a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño),
se advierte que es una dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro
y, en ese sentido, se encuentra representada por la mencionada Superintendencia
en los términos de los artículos 11 y 28 del Decreto 2163 de 201135.

(iii) La Notaría Única de La Cruz (Nariño) no se encuentra legitimada en la causa
por pasiva, por cuanto las Notarías son dependencias sin personalidad jurídica
propia y, en consecuencia, no tienen capacidad para ser parte en el proceso.

Por su especial relevancia para la decisión, en el acápite cuarto (4) de la sentencia
se precisará cuáles son las entidades con legitimación en la causa por pasiva
cuando se solicita la reparación de daños derivados del ejercicio de la función
fedante.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad.

23-001-23-33-000-2012-00060-14 (AG) y, de la misma Sección, Sentencia del 20 de octubre de
2014, Rad. 52001-23-31-000-2001-01371-02(AG).
32 Corte Constitucional, sentencias C-219 de 1999, C-732 de 2000 y C-241 de 2009.
33 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y se

determinan las funciones de sus dependencias”.
“Artículo 1º. Naturaleza. La Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad
descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial”.
34 “Artículo 3º. Objetivo. La Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá la orientación,

inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores
de Instrumentos Públicos; atenderá la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos, asesorará al Gobierno Nacional en la construcción de las
políticas y el establecimiento de los programas y planes referidos a los servicios públicos notarial y
registral”, en concordancia con los artículos 12 y 28 ejusdem.
35 “Artículo 11. Estructura. La Superintendencia de Notariado y Registro tendrá la siguiente

estructura: (…) 6. Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos”
“Artículo 28. Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro. [....]”.

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2. Legitimados en la causa por pasiva cuando se reclaman daños ocasionados
por actuaciones de notarios36

La función notarial es un servicio público37 en el que se advierte una de las
modalidades de descentralización por colaboración, esto es, del ejercicio de
funciones públicas por parte de particulares38. La descentralización por
colaboración significa que el Estado encomienda el ejercicio de funciones públicas
a particulares, sin desprenderse de la responsabilidad última, pues la función sigue
siendo pública y de titularidad de la Nación. El particular responde civilmente de los
daños y perjuicios que cause a los usuarios del servicio por culpa o dolo en la
prestación del servicio, pero no por ello puede afirmarse que tiene plena autonomía
sobre la función, en la medida en que la ejecuta bajo los precisos términos de la
Constitución y la ley39.

Por esta razón es posible afirmar que la responsabilidad patrimonial por daños
ocasionados por la actividad notarial está, no solo en cabeza de quien ejerce la
función fedante, sino también en la entidad que se encuentra a cargo del sector
administrativo respectivo, pues los usuarios acuden al notario confiando en que sus
actos son respaldados por el Estado.

Recuérdese que, según el artículo 9040 de la Constitución Política, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe resaltarse
que cuando ejerce la función notarial, el notario actúa como autoridad pública en
sentido material41, pues la actividad que despliega implica el ejercicio de potestades
estatales con la investidura de quien desarrolla una actuación de naturaleza
pública42.

36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de 2025,

Rad.: 67966
37 Constitución Política. “Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que

prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo
a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. El
nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al gobierno la
creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de
notarios y oficinas de registro.”
38 Constitución Política. “Artículo 210. (…) Los particulares pueden cumplir funciones administrativas

en las condiciones que señale la ley.”
39 Corte Constitucional. Sentencia C-1508 del 8 de noviembre de 2000.
40 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.”
41 Corte constitucional, Sentencia 1508 del 8 de noviembre de 2000. “En diferentes oportunidades la

Corte ha sometido a su análisis la institución del notariado, y como resultado de ello ha podido
elaborar un diseño doctrinario sobre dicho asunto donde se examinan temas relacionados con su
naturaleza jurídica, la condición misma del notario como colaborador del Estado, el sentido y finalidad
de la función fedante y el ámbito de competencias del legislador para configurar la regulación sobre
la materia. A partir de estos pronunciamientos, la Corporación ha deducido las notas distintivas de
la actividad notarial, que en resumen la caracterizan como (i) un servicio público, (ii) de carácter
testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los
particulares, en desarrollo del principio de descentralización por colaboración y (v) a los cuales les
otorga, la condición de autoridades.” (Se subraya).
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2002, Rad. 13248; Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Rad. 20222.

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Esta máxima pone de presente que el Estado debe responder patrimonialmente por
los daños antijurídicos que ocasionan los notarios en ejercicio de la actividad notarial
• quienes fungen como autoridades públicas en sentido material43. No obstante, por
expresa disposición legal, la persona que ejerce la función notarial también
responde directamente con su patrimonio por las afectaciones que ocasione en el
ejercicio de ella. En efecto, según el artículo 195 del Decreto 960 de 197044: “los
Notarios son responsables civilmente de los daños y perjuicios que causen a los
usuarios del servicio por culpa o dolo de la prestación del mismo”.

Lo anterior permite advertir que, en los casos en los que el notario ocasiona daños
en ejercicio de su función, la demanda puede dirigirse contra la entidad pública que
se encuentra a cargo del sector notarial y/o – directamente -contra el propio
notario45, estando presentes frente a un típico caso de litisconsorcio cuasi
necesario46, en el que, aunque la ley no obliga a demandar a todos los litisconsortes,
la decisión judicial afecta de manera uniforme a ambos, a pesar de que uno de ellos
no haya comparecido al proceso.

En este orden de ideas, es menester poner de presente que el Ministerio de Justicia
y del Derecho es la cabeza del sector administrativo de justicia47 y del sistema
notarial48, pues es el órgano rector encargado de la política pública y de la
regulación del notariado.

43 Lo anterior supone una diferencia frente a la responsabilidad patrimonial que puede atribuirse

cuando el notario ocasiona daños en ejercicio de la función de conciliador (Leyes 270 de 1996, 640
de 2001 y 2220 de 2022), pues en estos eventos no cumple funciones de autoridad y, por tanto, la
Nación no está llamada a responder directamente por las lesiones que éste ocasione en el ejercicio
de ella. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 mayo de 2025,
Rad.: 68779 “Vale aclarar, que en dicho procedimiento los conciliadores, no tienen atribuciones para
adoptar decisiones de autoridad” y “Extrapolados los anteriores criterios, al caso de los conciliadores,
se precisa que estos, pese a participar en la administración de justicia (art. 1 L.270 de 1996 43) no
ejercen función jurisdiccional ni adoptan actos de dicha naturaleza. Situación que ha sido objeto de
pronunciamiento reciente en esta corporación 43, y resulta de evidente del carácter voluntario y
autocompositivo de la conciliación43, mecanismo, en el cual los actos del notario no están revestidos
de autoridad…”.
44 Por el cual se expide el Estatuto del Notariado
45 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 26 de octubre de 1990, Rad. 1515. Sección Tercera,

Subsección B, sentencia del 1 de agosto de 2002, Rad. 13248; Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de agosto de 2007, Rad. 15092; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9
de mayo de 2012. Rad. 21692 “La responsabilidad personal del agente no tiene la virtualidad de
excluir la que corresponde por el mismo hecho a la entidad pública a la cual se encuentra aquel
vinculado o a cuyo nombre actúa. La conducta del agente que por acción o por omisión y estando
vinculado a la prestación de un servicio público administrativo, sea susceptible de generar daño o
perjuicio, vincula la responsabilidad del ente Estatal y es por esto que quien afirma haber sido
perjudicado con ella puede intentar la acción contenciosa pertinente contra aquél, o contra el agente,
o contra ambos, y en todos los casos es la jurisdicción administrativa quien conoce del respectivo
proceso, tal como lo establece el artículo 78 del C. C. A”.
46 Código General del Proceso. “Artículo 62. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de

una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación
sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban
legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.”
47 Artículo 1 del Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

del Sector Justicia y del Derecho
48 Artículo 2 del Decreto 2897 de 2011, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica,

las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia
y del Derecho

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En efecto, según el artículo 1° del Decreto 1069 de 201549, el Ministerio de Justicia
y del Derecho es la “cabeza del Sector Justicia y del Derecho”. Asimismo, a voces
del artículo 2 del Decreto 2897 de 201150, es función del Ministerio de Justicia y del
Derecho “participar en el diseño de las políticas relacionadas con la protección de
la fe pública en materia de notariado y registro”.

Aunque la Constitución Política y la ley no mencionan expresamente que el
Ministerio de Justicia y del Derecho sea titular de la función notarial, ello se
desprende de la normativa que acaba de exponerse, pues en el Estado no hay
función pública que no esté a cargo de un ente y/o sector administrativo
determinado51.

Una razón más para considerar lo anterior, es observar que, inclusive, la
Superintendencia de Notariado y Registro es una de las entidades adscritas a este
ministerio52 y es la encargada de la orientación, inspección, vigilancia y control de
los servicios públicos que prestan los notarios53.

De tal suerte, entonces, es posible afirmar que los legitimados en la causa por
pasiva cuando se reclaman daños ocasionados por actuaciones de notarios – en
ejercicio de la función notarial – son: la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho
y/o el particular que ejerce la función fedante. No obstante, si lo que se reclama es
un daño derivado de una actividad irregular en la orientación, inspección, vigilancia
y/o control de la actividad del notario, la llamada a responder será la
Superintendencia de Notariado y Registro, a quien corresponde dicha función54.

49 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Publicado

en el Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo del 2015.
50 Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
51 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23354. “Sea cual

fuere la entidad pública que asuma la defensa de los intereses de la misma dentro de la litis, será
siempre la Nación, como persona jurídica, la llamada a resistir las pretensiones del demandante—
y, de otro, que lo realmente relevante es que los intereses y la posición jurídica de la multicitada
Nación sean efectivamente defendidos por algún organismo (…), al cual se le haya concedido la
posibilidad de ejercer, en debida forma, los derechos de contradicción y de defensa dentro del
plenario.”
52 Artículo 3 del Decreto 2897 de 2011. “El Sector Administrativo de Justicia y del Derecho está

integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las siguientes entidades adscritas y vinculadas:
(…) 1.3.1. Superintendencia de Notariado y Registro”
53 Artículo 1.2.1.4 del Decreto 1069 de 2015. “La Superintendencia de Notariado y Registro tendrá

como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los
Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración,
sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de
garantizar la guarda de la fe pública , la seguridad jurídica y administración del servicio público
registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios
de eficiencia, eficacia y efectividad.”
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2002, Rad. 13248; Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Rad. 20222; Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, Rad. 21692; Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de julio de 2014, Rad. 26580; Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de
2017, Rad. 39849; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, Rad. 46456;
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2022, Rad. 47897; Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024, Rad. 63249; Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Rad. 69533.

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Esta tesis se acompasa con el criterio expuesto por la Corte Constitucional para
estos efectos, en virtud del cual ha determinado que: “la actuación de quien
desempeña la labor notarial se encuentra enmarcada en la prestación de un servicio
público por descentralización por colaboración. Las irregularidades que se
presenten pueden generar la responsabilidad del Estado ante la configuración del
título de imputación de falla del servicio, toda vez que su titularidad se encuentra en
la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y en la Superintendencia como
entidad principal en su orientación, inspección, vigilancia y control”55.

Así, se descarta la postura según la cual la legitimación, para estos efectos, podría
estar en cabeza la Nación – notario, pues a pesar de que la función que ejerce el
particular es de carácter público, se advierte que por ministerio de la ley el notario
responde de manera personal y directa por los daños que puede llegar a ocasionar
en el ejercicio de su función fedante.

También se recoge la tesis que consideró que la Superintendencia de Notariado y
Registro asume los riesgos derivados de la función notarial por tener la función de
velar para que la actividad se desarrolle de manera “eficaz”56, pues dicha postura:
(i) confunde la función de inspección, vigilancia y control con el ejercicio directo de
la actividad notarial, (ii) da un alcance equivocado al término “eficaz”, ya que este
se deriva de la competencia administrativa de supervisión, pero en modo alguno
comporta la transferencia de riesgos y (iii) impone al ente de vigilancia y control una
carga patrimonial que no se encuentra prevista en ninguna norma jurídica ni se
deriva de la atribución que éste haga de alguna de sus funciones al particular.

Según lo expuesto, nada impide que en los eventos en los que el notario ocasione
daños en el ejercicio de su función fedante pueda demandarse una indemnización
de perjuicios frente a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Superintendencia de Notariado y Registro o el particular que tuvo a cargo la referida
función. Tampoco puede negarse la posibilidad de que se demande únicamente a
la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado
y que ambas llamen en garantía o en repetición al particular que en ejercicio de la
función produjo la lesión, pues el artículo 12057 del Decreto 2148 de 198358
(compilado por el Decreto 1069 de 201559), que es norma especial, dispone que “en
los casos en que la Nación sea condenada por falla en la prestación del servicio
notarial, podrá ejercitar la acción de repetición correspondiente”.

55 Corte Constitucional. Auto 614/21 y Auto 1079/21.
56 Artículo 1 del Decreto 412 de 2007. En la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2020 se

examinó la aplicación del artículo 12 del Decreto 412 de 2007, norma que se encontraba vigente al
momento de los hechos objeto de la litis, ocurridos el 12 de julio de 2007.
57 “Artículo 120. En los casos en que la Nación sea condenada por falla en la prestación del servicio

notarial, podrá ejercitar la acción de repetición correspondiente.”
58 Por medio del cual se reglamentó el Decreto 960 de 1970, por el cual se expide el estatuto del

Notariado. Este decreto fue compilado por el Decreto 1069 de 2015, cuyo artículo 2.2.6.1.6.1.5.
corresponde al artículo 120 del decreto 2148 de 1983.
59 Decreto 1069 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Justicia y del Derecho) “Artículo 2.2.6.1.6.1.5. Acción de repetición. En los casos en que la Nación
sea condenada por falla en la prestación del servicio notarial, podrá ejercitar la acción de repetición
correspondiente.”

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Lo importante, en todos los casos, a efectos de determinar quién o quiénes son los
legitimados en la causa por pasiva, será establecer cuál es el origen del daño
reclamado: si la actuación individual del notario, o una falta en la actividad de
orientación, inspección, vigilancia y control o, inclusive si la lesión se deriva - en
conjunto - de las dos causas60.

Lo que sí resulta proscrito es que en estos eventos se demande a la Notaria 61,
puesto que dichas dependencias no tienen personalidad jurídica.

Si el Estado garantiza este servicio público en el territorio nacional 62, es el primer
llamado a responder por los daños que se produzcan con ocasión de aquel 63. La
misma suerte corre el notario que ocasiona el daño, pues por expreso mandato legal
compromete su patrimonio para reparar los daños y perjuicios que cause a los
usuarios del servicio por culpa o dolo en la prestación de su servicio.

En este sentido, se precisa que atendiendo al hecho de que el centro de imputación
de la responsabilidad por la actividad de los notarios gravita en la Nación
colombiana como persona jurídica y que en la estructura de la Administración el
organismo encargado de cumplir las funciones relacionadas con la función notarial
es el Ministerio de Justicia y del Derecho, éste sería el primer llamado a hacerse
parte en un proceso judicial en el cual se ventile la hipotética responsabilidad
patrimonial del Estado por las conductas realizadas por los notarios si llegaren a
causar daños antijurídicos. Lo anterior, sin perjuicio de que el particular que en el
ejercicio de la función fedante ocasionó la lesión también pueda integrar
directamente el contradictorio y responder con su patrimonio por los perjuicios que
ocasionó.

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2014, Rad. 26580.

“La jurisprudencia de la Corporación en torno a este punto se ha reconocido la procedencia de acudir
a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pretendiendo que se declare la responsabilidad del
Estado por la falla del servicio notarial, en la que se distinguen dos hipótesis en las cuales podría
proceder tal declaratoria: (i) la responsabilidad patrimonial que se puede derivar del incumplimiento
o el defectuoso ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de los notarios
del país (artículo 2 del Decreto Ley 2158 de 199260); y, (ii) la responsabilidad patrimonial que se
puede desprender directamente de la conducta, activa u omisiva, de los notarios.”
61 Se estima importante realizar la precisión, pues algunas providencias del Consejo de Estado, la

Corte Constitucional y de la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, confundían los conceptos de “notario” y “notaría”, como si se tratara de lo mismo. No
obstante, para efectos de examinar la capacidad jurídica que se tiene para hacerse parte en un
proceso, se advierte que el único con personalidad jurídica que puede hacer parte del contradictorio
es el notario. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto
de 2007. Rad. 15092. Corte Constitucional: Auto 614/21 y Auto 1079/21. Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Auto del 2 de octubre de 2019, Rad.:
110010102000201901891 00
62 Constitución Política. “Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del

Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.
En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.
63 Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 1997 “[L]as atribuciones de las que han sido investidos

los notarios implican su sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y aparejan el control
y la vigilancia que ejerce el Estado, encargado por el Estatuto Fundamental de asegurar la eficiente
prestación de los servicios públicos, de promover el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población y de garantizar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares.”

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3. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala verificar si se acreditaron los requisitos que la
jurisprudencia ha establecido para tener por probado un daño por pérdida de
oportunidad, en este caso, de garantizar el pago efectivo de las obligaciones que
Obonaga Tobar había contraído con los demandantes, al haber permitido la
enajenación irregular del bien que constituía la única garantía destinada a respaldar
dichas deudas.

4. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

4.1. Mediante escritura pública No. 15964 del 17 de junio de 1998, suscrita en la
Notaría de San Pablo (Nariño), Dolly Betssy Obonaga Tobar y Segundo Víctor
Muñoz Vásquez, solteros con unión marital de hecho entre sí, adquirieron en común
y proindiviso el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-
1202965, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz – Nariño.
En ese mismo acto escritural, por voluntad de los adquirentes, el inmueble se afectó
a vivienda familiar. Tanto la compraventa como la afectación a vivienda familiar
quedaron registradas en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, según
anotaciones Nos. 6 y 7.

4.2. En fechas distintas e indeterminadas, la señora Dolly Betssy Obonaga Tobar
contrajo sendas obligaciones crediticias con diferentes personas, las cuales
respaldó con letras de cambio. Cuando menos, este hecho se demostró en relación
con los señores Segundo Camilo Solarte Noguera, Marco Tulio Cerón Espinosa y
Blanca Inés Ñañes Ortiz, quienes presentaron en contra de Obonaga Tobar
demanda ejecutiva para el cobro de las acreencias que aquella les adeudaba66.

4.3. En febrero de 201267 ─sin precisar fecha─, Fátima Liliana Espinosa Grijalba
formuló demanda ejecutiva contra Dolly Betsy Obonaga Tobar, dentro de la cual
solicitó como medida cautelar el embargo y secuestro del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 246-12029.

Esta demanda se tramitó dentro del radicado No. 2011-0004-00 ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pablo (Nariño). Asimismo, se observa que mediante
auto del 2 de febrero de ese año68, el despacho de conocimiento resolvió no decretar
la medida cautelar solicitada por Espinosa Grijalba, porque para ese momento el
bien tenía limitación de dominio por afectación a vivienda familiar.

64 Escritura No. 159. Fl. 338-339, cuaderno 2.
65 Certificado de tradición y libertad. Fl. 340, cuaderno 2.
66 Tal como se comprueba con las piezas trasladadas del proceso ejecutivo No. 2012-00077-00 Fl.

379-422, cuaderno 2.
67 Escrito de demanda ejecutiva. Fl. 423-437, cuaderno 2.
68 Auto que deniega medida cautelar. Fl. 428-429, cuaderno 2.

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4.4. Posteriormente, en fecha indeterminada de febrero de 201269, Fátima Liliana
Espinosa Grijalba presentó demanda verbal sumaria para el levantamiento de la
referida afectación, proceso que se tramitó bajo el radicado No. 2012-0005-0070.

4.5. El 7 de marzo de 2012, mediante escritura pública No. 33 de la Notaría Única
de La Cruz (Nariño)71, Segundo Víctor Muñoz Vásquez y Dolly Betssy Obonaga
Tobar cancelaron la afectación a vivienda familiar constituida sobre el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 246-12029 y transfirieron a título de venta
el derecho real de dominio a Dolly Bettsy Muñoz Obonaga, hija de los vendedores,
por un valor de $37.200.000.

En la mencionada escritura pública se hizo constar que compareció el señor
Segundo Víctor Muñoz Vásquez, quien actuó “en su propio nombre y como
apoderado especial de la señora Dolly Betssy Obonaga Tobar […] quien lo ha
facultado para otorgar la correspondiente escritura pública de acuerdo al poder,
amplio y suficiente que le ha conferido, previamente reconocido su texto ante la
Notaría Segunda de Popayán Cauca, el cual se protocoliza con esta Escritura […] 72.

Entre los anexos de la referida escritura pública se protocolizaron dos poderes
especiales, ambos, otorgados por Dolly Bettsy Obonaga Tobar en favor de Dolly
Bettsy Muñoz Obonaga73. Uno74, con el objeto de concederle autorización y
facultades para que, en su nombre y representación, cancelara la afectación a
vivienda familiar que pesaba sobre el inmueble y suscribiera la escritura
correspondiente. Otro75, para autorizarla y facultarla para suscribir la escritura de
compraventa del referido inmueble en favor de las personas o persona que la
autorizada conviniera, así como para acordar el precio de la venta, la forma de pago
y demás actuaciones en procura de tal fin.

4.6. El 8 de marzo del 201276, se registró la mencionada escritura pública No. 33
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño).

4.7. El 15 de marzo de 2012, mediante escritura pública No. 5377 de la Notaría Única
de La Cruz (Nariño), Dolly Betssy Muñoz Obonaga vendió el inmueble referido a los
señores Bartolomé Montilla Ortiz y Blanca Judith Montilla, por un valor de
$38.000.000.

4.8. El 15 de marzo de 201278, se registró la mencionada escritura pública No. 53
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño).

69 Escrito de demanda verbal sumaria. Fl. 363-366, cuaderno 2.
70 Piezas procesales. Fl. 361-373, cuaderno 2.
71 Escritura Pública No. 33. Fl. 323-328, cuaderno 2.
72 Apartes de la escritura No. 33. Fl. 323, cuaderno 2.
73 Poderes. Fl. 336-337, cuaderno 2.
74 Autorización para cancelar afectación a vivienda familiar. Fl. 336, cuaderno 2.
75 Autorización para suscribir escritura de venta. Fl. 337, cuaderno 2.
76 Folio de matrícula inmobiliaria No. 246-12029. Fl. 342-343, cuaderno 2.
77 Escritura pública No. 53. Fl. 313-314, cuaderno 2.
78 Folio de matrícula inmobiliaria No. 246-12029. Fl. 342-343, cuaderno 2.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

4.9. El 15 de mayo de 201279, con el propósito de preconstituir prueba, se practicó
una diligencia de interrogatorio anticipado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Pablo (Nariño), en la que rindieron declaración Segundo Víctor Muñoz
Vásquez, Bartolomé Montilla Ortiz y Blanca Judith Montilla.

En esa diligencia, Segundo Víctor Muñoz Vásquez manifestó que la mitad del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 246-12029 tenía un valor de
$100.000.000. Explicó que transfirió esa cuota parte a su hija Dolly, por un precio
de $40.000.000, y que el saldo restante ($60.000.000) lo entregó a título de
donación. Añadió que, pese a ello, en la escritura pública No. 33 —mediante la cual
se formalizó la operación— se consignó un valor inferior ($37.200.000), “para no
pagar impuesto”. Por su parte, Bartolomé Montilla Ortiz y Blanca Judith Montilla
declararon que compraron el inmueble identificado con la matrícula No. 246-12029
a Dolly Betssy Muñoz Obonaga, por un valor de $200.000.000. Precisaron que, de
ese monto, $150.000.000 correspondían a la compensación de una deuda que la
señora Dolly Bettsy Obonaga Tobar tenía con ellos.

4.10. En julio de 201280 (sin que obre en el expediente la fecha exacta), Segundo
Camilo Solarte Noguera, Marco Tulio Cerón Espinosa, Claudia Realpe Solarte,
Blanca Inés Ñañes Ortiz y Edwin Vicente Realpe Solarte presentaron demanda
ejecutiva contra Dolly Betsy Obonaga Tobar. Por reparto, el asunto correspondió al
Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo (Nariño), bajo el radicado No. 2012-
00077-00. Mediante auto del 25 de julio de 2012, el despacho libró mandamiento
ejecutivo de pago y, por proveído del 7 de abril de 2015, ordenó seguir adelante con
la ejecución. Este último es el acto procesal más reciente que obra allegado en
relación con dicho proceso.

4.11. El 13 de septiembre de 201281, Fátima Liliana Espinosa Grijalba, por conducto
de apoderado, presentó ante el Juzgado Promiscuo de San Pablo Nariño
desistimiento de la demanda tramitada bajo el radicado No. 2012-0005-00 que tenía
por objeto el levantamiento de la afectación a vivienda familiar, en razón a que para
esa fecha ya se había levantado la afectación mediante la escritura pública No. 33
del 7 de marzo de 2012.

5. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 14 de octubre
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Nariño, el extremo activo solicitó declarar
patrimonialmente responsables a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la
Notaría Única de La Cruz (Nariño) y a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de La Cruz (Nariño) por la pérdida de oportunidad de garantizar el pago
efectivo de las obligaciones que Obonaga Tobar había contraído con ellos, al haber
permitido la enajenación irregular del bien que constituía la única garantía destinada
a respaldar sus deudas. Como hecho nuevo, anotó que el poder otorgado por Dolly
Bettsy Obonaga Tobar a su hija había inhabilitado a esta última para adquirir el
inmueble y levantar la afectación a vivienda familiar, conforme a la prohibición
contenida en el artículo 2170 del Código Civil.

79 Diligencia de interrogatorio. Fl. 104-110, cuaderno 1.
80 Escrito de demanda ejecutiva. Fl. 380-384, cuaderno 2.
81 Auto de terminación de proceso. Fl. 54, cuaderno 1 y 360, cuaderno 2.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

Así pues, teniendo en cuenta los reparos presentados por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso
(CGP), se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como
desfavorable en el recurso82. Por ello, a continuación, se examinará si la
Superintendencia de Notariado y Registro, por sí misma o a través de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), es patrimonialmente
responsable por la pérdida de oportunidad de garantizar el pago efectivo de las
obligaciones que Dolly Betssy Obonaga Tobar había contraído con los accionantes.

No se analizará la eventual responsabilidad que podría corresponder a la la Notaría
Única de La Cruz (Nariño), pues frente a ella se declarará la falta de legitimación
en la causa por pasiva, con base en los argumentos expuestos en el acápite 2 de
esta providencia.

5.1. Análisis del daño por la pérdida de oportunidad de garantizar el pago
efectivo de las obligaciones que Dolly Bettsy Obonaga Tobar había contraído
con los demandantes

5.1.1. Según la demanda, el daño alegado consiste en la pérdida de la oportunidad
de asegurar el pago de las obligaciones que Dolly Bettsy Obonaga Tobar habría
contraído con los accionantes. A juicio de la parte actora, esa oportunidad se frustró
porque las entidades demandadas habrían permitido la enajenación irregular del
bien que —afirman— era la única garantía para respaldar tales créditos. Esa
situación se atribuye a supuestas omisiones de la Superintendencia de Notariado y
Registro, por haber “otorgado y registrado” las escrituras públicas No. 33 del 7 de
marzo de 2012 y No. 53 del 15 de marzo del mismo año, sin verificar el cumplimiento
de los requisitos legales, lo que habría facilitado que la deudora dispusiera de su
patrimonio en perjuicio del grupo de acreedores.

Desde ahora se advierte que esa tesis no prosperará, porque la parte actora no
acreditó el daño en los términos en que lo planteó, esto es, la pérdida de la
oportunidad de asegurar el pago efectivo de los créditos.

Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que la
oportunidad real de obtener una ventaja o evitar un detrimento constituye un bien
jurídico tutelado83 y que, cuando dicha oportunidad se pierde de manera definitiva
por acción u omisión estatal, surge el derecho al resarcimiento. Asimismo, ha
precisado que la pérdida de oportunidad es un daño autónomo, consistente en la
frustración de una probabilidad real y concreta de obtener un beneficio o evitar una
pérdida. Para su acreditación —en cuanto daño cierto— se exige demostrar: (i) la
certeza de la oportunidad que se pierde, (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el
provecho o evitar el detrimento, y (iii) que la víctima se encontraba en una situación
potencialmente apta para alcanzar el resultado esperado84.

82 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
83 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 11 de agosto de 2010, Rad. 18.593 y del

3 de abril de 2020, Rad. 43.034
84 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 18593.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

5.1.2. En el caso concreto está probado: (i) que Dolly Bettsy Obonaga Tobar era
propietaria en proindiviso del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 246-12029
(hecho probado 3.1.); (ii) que el 7 de marzo de 2012 vendió su cuota parte mediante
la escritura pública No. 33, otorgada en la Notaría Única de La Cruz (Nariño) (hecho
probado 3.5.); (iii) que, en fechas indeterminadas, contrajo obligaciones con
Segundo Camilo Solarte Noguera, Marco Tulio Cerón Espinosa y Blanca Inés Ñañes
Ortiz (hecho probado 3.2.); y (iv) que en julio de 2012 Segundo Camilo Solarte
Noguera, Marco Tulio Cerón Espinosa, Claudia Realpe Solarte, Blanca Inés Ñañes
Ortiz y Edwin Vicente Realpe Solarte presentaron demanda ejecutiva contra
Obonaga Tobar, dentro de la cual el 7 de abril de 2015 se ordenó seguir adelante
con la ejecución (hecho probado 3.10.).

Con ese panorama, la Sala encuentra que no se probó la certeza del daño alegado,
pues no se acreditó el primero de los requisitos propios de la pérdida de oportunidad,
esto es, la certeza de la oportunidad que se perdió.

5.1.3. En efecto, no existe en el expediente prueba que permita concluir, con un
grado suficiente de certeza, que hubiese una probabilidad real de que —de no
haberse enajenado el inmueble— todos o algunos de los demandantes habrían
logrado hacer efectivos sus créditos, máxime que sobre el bien no se había
constituido una garantía real que lo gravara en favor de los créditos de los
demandantes. La evidencia que obra se limita, esencialmente, a las piezas del
proceso ejecutivo No. 2012-00077-00 promovido por algunos de los demandantes,
cuya última actuación aportada es el auto que ordenó seguir adelante con la
ejecución. Sin embargo, esa providencia no pone fin al cobro compulsivo ni acredita,
por sí sola, que el crédito se tornara incobrable o que la venta del bien hubiese
frustrado de manera definitiva su satisfacción.

Además, la enajenación del inmueble no impedía que los acreedores persiguieran
judicialmente el pago, pues la prenda general del acreedor no se reduce a un solo
bien, ya que comprende también otros bienes presentes y futuros del deudor.
Tampoco se acreditó que el inmueble en cuestión fuera suficiente para cubrir todas
las obligaciones ni que, una vez enajenado, la deudora careciera por completo de
otros activos con los cuales responder a sus acreedores.

5.1.4. A lo anterior se suma que no se probó cómo culminaron los procesos
ejecutivos, si se adelantaron o no las actuaciones posteriores propias del trámite de
ejecución, ni si la providencia que ordenó seguir adelante fue recurrida. Del mismo
modo, no existe prueba —distinta de la afirmación de la parte actora— de que no
hubiera otros bienes embargables o de que la insolvencia fuese un hecho cierto.

Y si esa incertidumbre existe incluso respecto de quienes aportaron piezas de un
proceso ejecutivo, es todavía mayor frente a aquellos demandantes de quienes no
obra prueba siquiera de haber intentado el cobro judicial. En esos casos, ni siquiera
se cuenta con elementos que permitan establecer la exigibilidad de las obligaciones
o descartar fenómenos como la prescripción.

En definitiva, no está demostrado que, por efecto del otorgamiento y registro de las
escrituras y la venta del inmueble, los demandantes hayan perdido una oportunidad

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real y concreta de garantizar el pago de sus créditos, máxime cuando los procesos
ejecutivos acreditados se promovieron después de la enajenación del bien.

Así, al no superarse el primer requisito de la pérdida de oportunidad, resulta
innecesario abordar los restantes. En consecuencia, la Sala concluye que la parte
demandante no acreditó el daño alegado. Y como el daño constituye el primer
presupuesto de la responsabilidad, su ausencia releva al fallador de profundizar en
la imputación, pues donde no hay daño tampoco hay responsabilidad.

6. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 14 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, la Sala concluyó que la parte actora no demostró el daño
alegado, comoquiera que a partir de las pruebas allegadas al proceso no se probó
que se hubiese perdido la oportunidad de obtener el pago de sus acreencias.

7. Costas

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo preceptúa que, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso, codificación que, a la vez, resulta aplicable en materia de
costas, por virtud de la remisión expresa de que trata el artículo 68 de la Ley 472 de
199885.

Nótese cómo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, contrario a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo86,
adoptó un criterio objetivo para la imposición de costas, es decir, no tiene en
consideración el comportamiento de las partes. La única excepción a esa regla
general es que se trate de un proceso en el que se “ventile un interés público”,
supuesto que, pese a lo considerado por la primera instancia no aplica en este
asunto.

Desde luego, tal como lo ha referido esta Subsección87, las acciones públicas se
caracterizan porque en ellas no se discuten intereses subjetivos. Además, poseen
una legitimación universal o abierta a cualquier ciudadano, en función de la cual
permiten la intervención de terceros y la coadyuvancia, caracteres estos que no se
advierten en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
que, por su naturaleza, es una acción civil indemnizatoria que protege intereses
subjetivos y que, solamente puede interponerse por las personas que demuestren
legítimamente una afectación. En consecuencia, el presente medio de control no

85 “Artículo 68.- Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
86 “Artículo 171. Condena en costas. Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En todos

los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
87 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de octubre

de 2023, Rad. 63215.

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Demandante: Dilcia Ortiz Bolaños y otros

está exento de la imposición de costas como lo supuso la primera instancia, decisión
que, en todo caso se mantendrá por cuanto no fue controvertida, lo que no obsta
para que se estudien las costas de segunda instancia.

En este orden de ideas, según lo previsto en el artículo 188 del CPACA88, que remite
a las disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas, gastos
procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios
objetivos y verificables en el expediente”89. En cuanto a las reglas para la imposición
de la condena, la norma procesal general dispone que procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y
“solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”90.

Así pues, atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.

Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fija por
concepto de agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de la sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas
en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 91,
en favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, comoquiera que aquella
formuló alegaciones en esta etapa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de octubre de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de: DECLARAR la falta de
legitimación en la causa por pasiva la Notaría Única de La Cruz (Nariño) y NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

88 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
89 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la

justicia) y 366-4 (agencias en derecho).
90 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en
sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”.
91 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 3.2 establece que las agencias en derecho en segunda instancia

causadas en acciones populares y de grupo serán “Hasta un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

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de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y
365.8 del Código General del Proceso.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

AG.1

22

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