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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2012-00019-01

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2012-00019-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Nariño, así: <<TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCÓTICOS a pagar a título de compensación económica a favor de la sociedad Salamanca Oleaginosas S.A., los siguientes conceptos: - Valor de instalación de 72 hectáreas de cultivos de palma: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($364.834.944). - Valor de la cosecha del tercer año de producción de las 72 hectáreas afectadas: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($88.766.421)>>. SEGUNDO: CONFÍRMASE el fallo apelado en todo lo demás. TERCERO: SIN CONDENA en costas. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2012-00019-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

16 de agosto de 2022

Radicado: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A.
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Tema: Se confirma la decisión de anular los actos demandados que
negaron la compensación económica según el procedimiento
previsto en la Resolución 008 de 2007 del Consejo Nacional de
Estupefacientes, y se condena al pago de la compensación prevista
en la citada resolución.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Nariño que dispuso textualmente:

<<PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el AUTO
DE DECISIÓN DE QUEJA Nro. 14057 No. 006006/ARECI- GRUAQ del 19 de julio
de 2011 proferido por el jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el
reconocimiento de compensación económica a la queja formulada por
SALAMANCA OLEAGINOSAS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el AUTO
No. S-2011-019432 ARECI-GRUAQ 44 del 8 de noviembre de 2011 por el cual se
resolvió el recurso de reposición (…)

TERCERO: Consecuencialmente, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE
ANTINARCOTICOS a que pague a título de compensación económica a favor de
la parte demandante, los siguientes conceptos:

• Valor de instalación de 72 hectáreas de cultivos de palma: DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS ($240.280.834,03)
• Valor de la cosecha del año 3 de producción de las 72 hectáreas afectadas, o
432 toneladas de aceite, esto es a CINCUENTA Y OCHO MILLONES

Radicado: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS ($58.461.696)

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL –
DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCOTICOS dará cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA y demás normas concordantes.

SEXTO: CONDENAR en costas a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCOTICOS, a favor
de la parte actora, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en concordancia
con el artículo 392 del CPC. Liquídense por Secretaría.>>

Esta sentencia se emite con cambio de ponente porque la presentada por el
magistrado Alberto Montaña Plata fue derrotada en Sala del 10 de junio de 2022.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La empresa Salamanca Oleaginosas S.A. demandó, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, a la Nación - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional – Dirección Nacional de Antinarcóticos. Solicitó la nulidad del
auto de decisión de queja No. 14057 del 19 de julio de 2011 (y su confirmatorio
S-2011-019432 del 8 de noviembre de 2011); como consecuencia pidió la
indemnización de los perjuicios causados por la aspersión de glifosato efectuada
el 8 de enero de 2011.

2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 8 de enero de 2011 la fuerza pública realizó una aspersión aérea con
glifosato en predios ubicados en San Andrés de Tumaco (Nariño), los cuales eran
destinados por la demandante al cultivo de palma de aceite. Como consecuencia
de esta aspersión, se dañaron ocho mil doscientas ochenta (8.280) palmas
sembradas en setenta y dos (72) hectáreas, así como la cobertura de planta de
<<kudzu>>.

2.2.- La sociedad demandante inició la actuación administrativa para obtener la
indemnización correspondiente en los términos de la Resolución 008 de 2007 del
Consejo Nacional de Estupefacientes.

2.3.- La actuación culminó mediante auto de decisión de queja No. 14057 del 19
de julio de 2011 (confirmado por el auto S-2011-019432 del 8 de noviembre de
2011), en el que Dirección Nacional de Antinarcóticos negó la compensación de
los daños porque en los predios existían cultivos ilícitos de coca mezclados con
matas de plátano, según la visita de verificación y el concepto emitido por el grupo
interdisciplinario.

2

Radicado: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

2.4.- Como cargos de nulidad la demandante plantea que: (i) existió violación al
debido proceso porque no se le informó ni se le permitió participar o controvertir
la visita de verificación que fundamentó la decisión; (ii) los actos estaban
falsamente motivados, pues (a) los predios estaban cultivados con palma de
aceite, (b) no existían cultivos ilícitos y (c) no se indicó qué funcionario de la
empresa demandante atendió la visita de verificación.

B. Posición de la parte demandada

3.- La Policía Nacional indicó que los actos administrativos no estaban falsamente
motivados, pues la fumigación aérea con glifosato se fundamenta en la
individualización y verificación de los predios con cultivos ilícitos. Concluyó que
los daños eran atribuibles a la <<culpa de la víctima>> porque en los predios de
la sociedad demandante existían cultivos ilícitos.

C. Sentencia recurrida

4.- En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Nariño:

4.1.- Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

4.1.1.- Indicó que se vulneró el derecho de defensa en tanto <<la empresa no
tuvo oportunidad de presenciar la visita, de conocer el concepto, ni de
controvertirlo>>. Estimó que, aunque la Resolución 008 de 2007 no estableció un
período de contradicción de la prueba, ello no era impedimento para permitir su
contradicción según las normas del CCA.

4.1.2.- Señaló que la visita realizada por funcionarios del UMATA y el dictamen
pericial practicado en el proceso acreditaban la inexistencia de cultivos ilícitos en
el predio.

4.2.- Precisó que el restablecimiento del derecho debía limitarse a la
compensación en los términos de la Resolución 008 de 2007 que incluía los
conceptos de inversión de instalación y valor de la cosecha perjudicada. En
consecuencia, reconoció:

(i) DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS
($240.280.834,03) correspondientes a los costos de instalación. Liquidó esta
suma con base en datos públicos de Fedepalma y el área de los cultivos
afectados (72 hectáreas). No tuvo en cuenta el dictamen pericial aportado al
proceso para esta liquidación porque este usó un mismo valor para conceptos
diferentes (instalación y recuperación).

(ii) CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($58.461.696) por la cosecha de
palma de aceite afectada al momento de la fumigación que se encontraba en el
tercer año de producción. Para la liquidación, tomó el valor de ganancia por
tonelada de aceite (según datos del dictamen pericial y de Fedepalma) y lo
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Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

multiplicó por 432, número de toneladas producidas en el tercer año de
producción según el dictamen.

D. Recursos de apelación

5.- La Policía Nacional señala que no existió vulneración al debido proceso de
la sociedad demandante. Durante la actuación administrativa obró de acuerdo
con las etapas y previstas en la Resolución 008 de 2007; y el auto de apertura
de prueba sí fue notificado a la demandante <<para que hiciera parte activa de
la visita>>. Finalmente, controvirtió las pruebas con las que se concluyó la falsa
motivación por inexistencia de cultivos ilícitos en el predio.

6.- La sociedad demandante manifiesta que: (i) deben reconocerse todos los
perjuicios probados y no solamente los correspondientes a la compensación
administrativa en los términos de la Resolución 008 de 2007; (ii) los valores del
dictamen pericial debían tenerse en cuenta, por cuanto este no fue objetado. En
todo caso, los valores de Fedepalma no <<confrontan la realidad económica>>
del <<costo de implementación>>.

II. CONSIDERACIONES

E. Presupuestos procesales

7.- La Sala se pronunciará sobre el fondo de este asunto porque la demanda se
presentó en término. La última decisión de la Dirección de Antinarcóticos fue el
auto N. S-2011-019432 del 8 de noviembre de 2011, notificado el 10 de febrero
de 20121. Por su parte, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 14
de mayo de 2012 y el 25 de junio de 20122. En consecuencia, la acción
presentada el 11 de julio de 2012 se ejerció en tiempo, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 136 del CCA.

F. Decisión y plan de exposición

8.- La Sala confirmará la decisión del tribunal porque los actos administrativos
demandados son ilegales, puesto que inaplicaron las normas de procedimiento
del C.C.A. a las que debían ajustarse. También se confirmará la decisión relativa
a los perjuicios decretados toda vez que, conforme con la Resolución 008 de
2007 del CNE, los perjuicios se encuentran limitados a los conceptos y montos
objeto de la condena en primera instancia. En la primera parte se hará referencia
a la ilegalidad de los actos y, en la segunda, a los perjuicios.

G. La ilegalidad de los actos demandados

9.- La entidad demandada vulneró el debido proceso de la sociedad demandante
porque no siguió el procedimiento administrativo previsto en el Código
Contencioso Administrativo para la expedición de los actos acusados. Esta

1 Fl. 51 c.1
2
Fls. 33-34 c.1.
4

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Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

norma resultaba aplicable por remisión del artículo vigésimo primero de la
Resolución 008 de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes, según el cual
<<en los aspectos no regulados se seguirán las previsiones del Código
Contencioso Administrativo>>.

10.- De acuerdo con lo dispuesto en dicho código: (i) las actuaciones de las
autoridades se regirán por el principio de publicidad, lo que implica dar a conocer
a los interesados sus actos y decisiones (art. 33); (ii) los interesados tienen el
derecho de solicitar pruebas que deben decretarse sin formalidades (art. 344) e
igualmente tienen la posibilidad de controvertir las decisiones adoptadas (arts. 3
y 355); (iii) la decisión adoptada por la Administración se fundamentará en todas
las <<pruebas e informes disponibles>> (art. 35).

11.- La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso administrativo se
concreta <<en la obligación de las autoridades de informar al interesado acerca
de cualquier audiencia, diligencia o medida que lo pueda afectar>>6 e igualmente
en las garantías de <<defensa, contradicción y controversia probatoria>>, que se
extienden <<durante toda la actuación administrativa y posteriormente en el
momento de su comunicación e impugnación>>7.

12.- En este caso está demostrado que la parte demandante no fue convocada a
participar ni participó en la visita de verificación que sirvió de base para la
expedición de los actos administrativos demandados; que el resultado de ésta no
fue puesto en su conocimiento; y que no tuvo oportunidad de contradecir las
conclusiones allí plasmadas. Si la demandante hubiera tenido la posibilidad de
controvertir el <<concepto técnico>>, habría contado con la posibilidad de
acreditar la inexistencia de cultivos ilícitos en su predio. Adicionalmente, la
decisión no se fundamentó en la totalidad de las pruebas obrantes en la
actuación, pues no se valoró la visita ocular de la UMATA que concluía la
inexistencia de cultivos ilícitos en el predio.

12.1.- Salamanca Oleaginosas S.A. presentó queja por <<aspersión con glifosato
en cultivos lícitos>> ante la Alcaldía de San Andrés de Tumaco el 27 de enero de
2011 <<para los efectos de la Resolución 008 de 2007>>8. Señaló que el 8 de
enero del 2011 su plantación de palma de aceite había sido afectada por
fumigación aérea con glifosato y solicitó la verificación de los daños causados.

12.2.- La oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente <<UMATA>> de la Alcaldía
de Tumaco efectuó visita el 26 de enero de 2011, en la cual señaló que en el

3 << ARTÍCULO 3. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones

mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley>>.
4 <<ARTÍCULO 34. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar

informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado>>.
5 << ARTÍCULO 3. En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer

y de controvertir esas decisiones por los medios legales (…)>> <<ARTÍCULO 35. Habiéndose dado
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.
…)>>.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-706 de 2012.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-329 de 2009.
8
Fls. 53 a 56 C.1.
5

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Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

área productiva de 72 hectáreas cultivadas con palma de aceite había
necrosamiento posiblemente por la fumigación con glifosato y que no se
encontraron rastros de cultivos ilícitos9.

12.3.- La Dirección Antinarcóticos de la Policía admitió la solicitud en auto del 28
de marzo de 201110. En auto del 27 de mayo de 2011 decretó un periodo
probatorio para <<obtener un concepto técnico acerca de los hechos
presuntamente constitutivos de la compensación>> y ordenó la práctica de una
visita de verificación según el artículo 13 de la Resolución 008 de 200711.

12.4.- En el Acta Nro. 50 del 6 de julio de 2011 del Grupo Técnico
Interinstitucional Especial de Verificación de Quejas consta que la visita de
verificación se efectuó del 15 al 17 de junio de 201112 y que a ella solo asistieron
miembros de la policía, del Ministerio de Ambiente y de la Embajada de Estados
Unidos13. El acta indicó que <<para la fecha de la visita técnica especial de
verificación de quejas se observó presencia de cultivos de coca soqueada y
mezclada con algunas matas de plátano en la coordenada suministrada por el
quejoso. Se evidenció palma de aceite en gran extensión sin evidencia de daño
o afectación visible por causa de la aspersión. En consecuencia, se aconseja que
no procede la compensación económica>>.

12.5.- La Dirección Antinarcóticos profirió el auto de decisión de queja Nro. 14057
No. 006006/ARECI-GRUAQ del 19 de julio de 2011 y declaró la improcedencia
de la compensación económica. Ello, porque según el acta Nro. 50 del Grupo
Técnico Interinstitucional de Verificación de Quejas, en la visita de verificación
del 15 al 17 de junio de 2011 al predio se encontraron cultivos ilícitos de coca
soqueada y mezclada con algunas matas de plátano14.

12.6.- La anterior decisión fue confirmada en sede de reposición por la Dirección
Antinarcóticos en auto S-2011-019432 del 8 de noviembre de 201115. En esta
señaló que <<todos los documentos aportados a la actuación fueron objeto de
estudio>> junto con el concepto técnico interinstitucional basado en la <<visita
aérea>> que observó la presencia de cultivos ilícitos en el predio. Adicionalmente,
decidió que no existió vulneración al debido proceso.

13.- La Sala advierte que a la sociedad demandante sí se le notificó el auto de
apertura a pruebas. Sin embargo no consta en el proceso que se le haya
informado la fecha de la visita de verificación ni que se le hubiese corrido traslado
del concepto técnico emitido por el grupo interdisciplinario u otra actuación previa
a la decisión de fondo del 19 de julio de 2011.

14.- La correcta aplicación del procedimiento hubiese permitido la contradicción
del concepto técnico. Tal y como se indicó, el alcance del debido proceso

9 Fl 57 c.1.
10 Fls. 61- 62 c.1.
11 Fls. 64-66 c.1.
12 Fls. 175 a 184 c.1
13 Folio 184 c.1.
14 Fls. 39- 42 c.1.
15
Fls. 44-50 c.1.
6

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Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

administrativo implica efectuar la comunicación de las actuaciones que puedan
afectar al interesado y la contradicción probatoria dentro de la actuación.
Adicionalmente, en las consideraciones de la Resolución 008 de 2007 se hizo
alusión a la garantía de contradicción (que efectivamente no se cumplió) en los
siguientes términos:

<<Que de acuerdo con el ordenamiento constitucional, las actuaciones
administrativas, éstas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga
parte del mismo, tenga la oportunidad y garantía en el ejercicio del derecho de
defensa y contradicción, y así expresar sus opiniones, presentar y solicitar las
pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las
disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y
etapas procesales descritas.>>

15.- Por otra parte, aunque en el auto confirmatorio S-2011-019432 del 8 de
noviembre de 2011 la Dirección Antinarcóticos se señaló que se habían
considerado <<todos los documentos aportados>>, lo cierto es que no se tuvo en
cuenta la visita ocular del 26 de enero de 2011 efectuada por la oficina de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente <<UMATA>> de Tumaco, en la que se señaló
que <<se recorrió la finca desde diferentes puntos no encontrándose rastros de cultivos
ilícitos dentro de estos predios>>16

16.- Lo manifestado en dicha visita fue respaldado en este proceso con los
testimonios de los ingenieros agroforestales que suscribieron el acta de visita
ocular. Los testigos señalaron que17: (i) el ingeniero Johan Andrade García
manifestó que <<en la visita que hicimos a la empresa Salamanca no
encontramos registro de cultivos de plátano o cacao, porque solo se dedica a
cultivar palma y menos encontramos cultivos ilícitos>>; (ii) la ingeniera Claudia
Salazar Calzada, ante la pregunta <<pudieron advertir si había vestigios de
cultivos ilícitos>>, contestó << en ningún momento observé en la visita presencia
de cultivos ilícitos>>.

17.- El alcance del debido proceso administrativo no es idéntico al debido proceso
judicial (Corte Constitucional C -034 de 2014); sin embargo, tal y como señala el
artículo 3 del CCA, la celeridad que puede imprimirse durante la actuación
administrativa <<no releva a las autoridades de la obligación de considerar todos
los argumentos y pruebas de los interesados>>. Este precepto fue vulnerado por
la entidad demandada quien no valoró la prueba referenciada con la cual hubiese
arribado a una decisión diferente, principalmente si se tiene en cuenta que el
concepto técnico interinstitucional se fundamentó en una visita aérea del predio
mientras que la visita ocular de la UMATA fue directamente en el predio.

H. Los perjuicios

18.- La Sala comparte la decisión del tribunal en materia de perjuicios, porque su
monto en este caso está limitado a la compensación prevista en la Resolución

16 Fl. 57 c.1.
17
Fls. 389-395 c.1.
7

Radicado: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

008 de 2007, que le fue negada a la sociedad demandante en la actuación
administrativa que culminó con los actos demandados.

19.- Según el artículo décimo quinto de la mencionada resolución, para la
compensación de cultivos permanentes afectados por aspersión con glifosato se
tendrían en cuenta los conceptos de <<inversión en la instalación>> y <<el valor
de la cosecha perjudicada>>. Estos conceptos fueron reconocidos en primera
instancia por lo que, contrario a lo solicitado por la sociedad demandante, no hay
lugar a reconocer ningún concepto adicional.

20.- La sociedad demandante solicita que los costos de instalación se liquiden de
acuerdo con los valores del dictamen pericial practicado en el proceso porque, a
su juicio, los datos de Fedepalma usados por el tribunal no se ajustaban a la
realidad. La Sala rechazará la solicitud de la empresa demandante y confirmará
los montos reconocidos por el tribunal, pues aunque el perito manifestó que la
experticia se fundamentaba en la información pública de Fedepalma, lo cierto es
que el dictamen se apartó sin justificación de las cifras suministradas por dicha
organización. En efecto, el costo de siembra de palma de aceite por hectárea
hasta el cuarto año de cultivo (según datos de Fedepalma precisados por el
tribunal) oscilaban entre US1950 y US2550, es decir un máximo de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4.590.000) según la TRM
vigente al momento de la presentación de la experticia18. Por su parte, el
dictamen tasó dicho costo en DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($16.126.528).

21.- En consecuencia, se actualizará lo reconocido en la sentencia de primera
instancia con base en la siguiente fórmula:

Ipc (f)
Ra = Rh
Ipc (i)
Donde:

Ra: Valor presente de la renta:
Rh: Capital histórico, o suma que se actualiza
Ipc (f): Índice final certificado por el DANE para julio de 202219
Ipc (i): Índice inicial certificado por el DANE. Correspondiente a mayo de 2013,
fecha de expedición de la sentencia de primera instancia.

Costo de instalación Valor cosecha del tercer
año

Ra = $240.280.834,03 120,27 Ra =$58.461.696 120,27
79,21 79,21

18 $1.800,45 TRM del 11 de marzo de 2013.
19
Último disponible a la fecha de expedición de esta sentencia.
8

Radicado: 52001-23-33-000-2012-00019-01 (47790)
Demandante: Salamanca Oleaginosas S.A

total: $364.834.944 total: $88.766.421

I. Costas

22.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral
5° del artículo 365 CGP, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda
instancia porque los recursos de apelación fueron resueltos desfavorablemente
respecto de ambas partes.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia proferida el 3 de
mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Nariño, así:

<<TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCÓTICOS a pagar
a título de compensación económica a favor de la sociedad Salamanca
Oleaginosas S.A., los siguientes conceptos:

• Valor de instalación de 72 hectáreas de cultivos de palma: TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($364.834.944).
• Valor de la cosecha del tercer año de producción de las 72 hectáreas afectadas:
OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($88.766.421)>>.

SEGUNDO: CONFÍRMASE el fallo apelado en todo lo demás.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

9

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