Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2012-00059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Modalidades de la celebración de contrato administrativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2012-00059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2012-00059-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de abril de 2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Niega
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – Para realizar cobro persuasivo y coactivo de multas por violación a normas de tránsito / JURISDICCIÓN COACTIVA - Ejercicio de funciones administrativas por particulares / MODALIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA – Regulación normativa / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / COBRO PERSUASIVO – Definición / JURISDICCIÓN COACTIVA – Definición / JURISDICCIÓN COACTIVA – Facultad extraordinaria y excepcional de la administración, ligada a los conceptos de imperium y soberanía, pues implica el uso racional de la fuerza coercitiva del Estado / MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO – Cobro coactivo / COBRO COACTIVO - En relación con los actos del cobro coactivo propiamente dichos, tales como expedición del mandamiento de pago, decreto de embargo o secuestro, notificación, decisión de excepciones, celebración de acuerdos de pago, investigación de bienes de los deudores, etc., la Sala considera que constituyen una función exclusiva de la administración en ejercicio de sus poderes soberanos de cobro coactivo, y como tal no puede ser atribuida a particulares / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – A los particulares se les puede atribuir la proyección de documentos, pero estos no pueden tener un poder decisorio frente a las actuaciones surtidas para lograr el cobro coactivo / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Por delegar funciones exclusivas de la administración a particulares mediante contrato de prestación de servicios profesionales / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Configurada / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
SÍNTESIS DEL CASO: Un departamento celebró un contrato de prestación de servicios profesionales a fin de que un particular efectuara el cobro persuasivo y coactivo de las multas impuestas a los ciudadanos por la trasgresión de las normas de tránsito, y se encargara del cobro persuasivo y coactivo de las sanciones disciplinarias –consistentes en multas impuestas a los funcionarios y exfuncionarios de la entidad como resultado de procesos disciplinarios–. El contratista demandó a la entidad y solicitó la resolución del contrato. El departamento formuló la excepción de nulidad absoluta del contrato.
MODALIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA – Regulación normativa / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / COBRO PERSUASIVO – Definición / JURISDICCIÓN COACTIVA – Definición / JURISDICCIÓN COACTIVA – Facultad extraordinaria y excepcional de la administración, ligada a los conceptos de imperium y soberanía, pues implica el uso racional de la fuerza coercitiva del Estado / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – Para realizar cobro persuasivo y coactivo de multas por violación a normas de tránsito / MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO – Cobro coactivo / COBRO COACTIVO - En relación con los actos del cobro coactivo propiamente dichos, tales como expedición del mandamiento de pago, decreto de embargo o secuestro, notificación, decisión de excepciones, celebración de acuerdos de pago, investigación de bienes de los deudores, etc., la Sala considera que constituyen una función exclusiva de la administración en ejercicio de sus poderes soberanos de cobro coactivo, y como tal no puede ser atribuida a particulares / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – A los particulares se les puede atribuir la proyección de documentos, pero estos no pueden tener un poder decisorio frente a las actuaciones surtidas para lograr el cobro coactivo
El contrato objeto del litigio fue celebrado mediante contratación directa de conformidad con el artículo 24, numeral 1, literal d de la Ley 80 de 1993. Sus consideraciones indicaron que este se celebró en virtud del parágrafo 2 del artículo 135 y del parágrafo 1 del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. […] Inicialmente, el término de duración del contrato era de un año, sin embargo, el 27 de marzo de 2008, las partes lo modificaron y definieron un término indefinido. En lo que respecta al objeto del contrato, correspondiente al ejercicio del cobro persuasivo y coactivo por parte del contratista, cabe aclarar los referidos conceptos. El cobro persuasivo es una instancia previa a la jurisdicción coactiva en la que se intenta un acercamiento preliminar entre la administración y el contribuyente para que este pague voluntariamente sus obligaciones. La jurisdicción coactiva, en cambio, corresponde a la facultad de la administración de lograr directamente la ejecución de ciertas obligaciones a su favor. La jurisprudencia constitucional y la de esta Corporación han reconocido que la jurisdicción coactiva es una facultad extraordinaria y excepcional de la administración, ligada a los conceptos de “imperium” y soberanía, pues implica el uso racional de la fuerza coercitiva del Estado. La jurisdicción coactiva es una actividad que desarrolla específicamente la rama ejecutiva y corresponde al ejercicio de una función típicamente administrativa. Respecto del caso concreto, si bien el ordenamiento jurídico –mediante el parágrafo 2 del artículo 135 y el parágrafo 1 del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito– permite a las autoridades de tránsito celebrar contratos o convenios para el cobro de las multas que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito “con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas”, esta facultad, de ninguna manera, permite que la función de cobro coactivo pueda ser totalmente conferida a un particular, pues al hacerlo se vacía el contenido de la competencia constitucional originariamente atribuida a la administración. Esta idea ha sido sostenida por reiterada jurisprudencia de esta Corporación y, particularmente, de esta Subsección. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 140, confiere a los organismos de tránsito la facultad de “hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva”. Dicha facultad es una concreción de la función que, a nivel local, corresponde a los alcaldes como suprema autoridad administrativa del municipio. En relación con la viabilidad de atribuir la función administrativa del cobro coactivo a los particulares, esta Corporación ha sostenido (se trascribe): “En relación con las actuaciones de instrumentación o de proyección de documentos, la Sala considera que serán susceptibles de atribución. Por el contrario, en relación con los actos del cobro coactivo propiamente dichos, tales como expedición del mandamiento de pago, decreto de embargo o secuestro, notificación, decisión de excepciones, celebración de acuerdos de pago, investigación de bienes de los deudores, etc., la Sala considera que constituyen una función exclusiva de la administración en ejercicio de sus poderes soberanos de cobro coactivo, y como tal no puede ser atribuida a particulares”. Así, la jurisprudencia ha considerado que a los particulares puede atribuírsele la proyección de documentos, pero estos no pueden tener un poder decisorio frente a las actuaciones surtidas para lograr el cobro coactivo. En esa medida, “no es jurídicamente viable la atribución total de funciones administrativas de cobro coactivo”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP) y Corte Constitucional, sentencia 224 de 2013.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL D / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO – ARTÍCULO 159 / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO – ARTÍCULO 135 / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - ARTÍCULO 140
JURISDICCIÓN COACTIVA / COBRO COACTIVO / DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Por delegar funciones exclusivas de la administración a particulares mediante contrato de prestación de servicios profesionales / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Configurada / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
La Sala señala que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la función encomendada contractualmente a Francisco Agreda, correspondiente a la investigación de los bienes de los deudores, constituye una función exclusiva de la administración. Además, según la cláusula citada, el contratista tenía la obligación de custodiar los expedientes contentivos de los procesos de cobro coactivo que este adelantaba. En esa medida, durante toda la ejecución del contrato, la contratante no contó con la información necesaria para constatar que los documentos proyectados por Francisco Agreda concordaban con la realidad de cada proceso. Lo anterior está acreditado por varios oficios enviados por Lucía Basante –responsable de la ejecución del contrato en virtud de la delegación de la función específica por parte del gobernador – entre el 27 de septiembre de 2012 y el 11 de enero de 2013, en los cuales le hizo varios requerimientos al contratista para que le entregara los expedientes a fin de que la entidad pudiera cumplir sus deberes. […]Otra actividad que debía ser exclusiva de la entidad estatal y fue ejecutada por Francisco Agreda se relacionó con el decreto de las medidas cautelares. En su reforma de la demanda, el actor hizo una lista de cada una de las etapas de la operación del cobro coactivo que manejaba con el sistema de información que tenía a su cargo. En dicha lista incluyó 14 actividades relacionadas con las medidas cautelares, entre ellas, la “designación del secuestre”; la “determinación de recursos para el secuestro y la “diligencia de secuestro”. [...] El hecho de que el contratista hubiera denominado a su despacho como “Secretaría de jurisdicción coactiva del IDATT Nariño”, hubiera creado una página web para brindar información sobre la jurisdicción coactiva “del IDATT” y hubiera puesto a disposición su línea telefónica para que los deudores se comunicaran con él dan cuenta de que Francisco Agreda no estaba realizando una labor meramente operativa respecto del cobro coactivo de las deudas a favor de la entidad, sino que estaba ejerciendo directamente las funciones que le correspondían a esta. Por último, los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre Francisco Agreda y el personal encargado de ejecutar el contrato celebrado con el liquidado IDATT también acreditan que estos últimos no se limitaron a cumplir con “actuaciones de instrumentación o de proyección de documentos”. Con base en el análisis de las obligaciones de Francisco Agreda, además de las labores que este ejecutó durante el término del contrato –en cumplimiento de su clausulado–, la Sala concluye que el contratista adelantó funciones propias de la jurisdicción coactiva, las cuales no podían ser atribuidas a un particular. Si bien el actor realizó actividades de apoyo o colaboración, este también contó con poder de decisión en los procesos de cobro coactivo. El Tribunal llegó a la misma conclusión, sin embargo, consideró que el contrato era nulo de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, que prohíbe atribuir a particulares la administración de tributos. La Sala no comparte la aplicación de esta norma, pues el objeto del contrato no implicó la administración de tributos, ya que las multas son ingresos no tributarios. La Sala declarará la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, en los términos de los artículos 1519 –que dispone que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”–, 1741 del Código Civil ¬¬–que dispone que “la nulidad producida por un objeto o causa ilícita [...] son nulidades absolutas”– y 899, numeral 2, del Código de Comercio –que dispone que “será nulo absolutamente el negocio jurídico [...] cuando tenga causa u objeto ilícitos”–. Estas normas son pertinentes en virtud de la remisión expresa al derecho común que hace el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 .
El contrato 15 de 27 de marzo de 2007 adolece de nulidad por objeto ilícito, pues este contravino el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito, que confiere a los organismos de tránsito –y no a los particulares– la facultad de “hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva”. Tal como ya se estudió, si bien el ordenamiento permite a la administración celebrar contratos para el cobro de las multas que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito, esta facultad, de manera alguna, permite que la función de cobro coactivo pueda ser totalmente conferida a un particular. En la medida en que el liquidado IDATT atribuyó a Francisco Agreda la totalidad de la función del cobro coactivo de multas, la cual es irrenunciable porque implica el ejercicio de la soberanía del Estado, el contrato será declarado nulo. En virtud de lo anterior, se colige que, mediante los cargos presentados en su recurso, la apelante no acreditó que fuera errada la decisión del Tribunal de declarar la nulidad del contrato, pues este se limitó a afirmar que su labor se había restringido a la sustanciación de documentos. Adicionalmente, el contratista afirmó en su recurso que el Tribunal había omitido analizar la modificación integral del contrato, los incumplimientos de la entidad y los perjuicios sufridos por la accionante. No hay lugar a pronunciarse sobre tales cargos, pues la Sala declarará la nulidad absoluta del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP) y sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP).
CONDENA EN ABSTRACTO / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS – Aplicación
Según la Sala, no existen prestaciones ejecutadas por el contratista pendientes de ser retribuidas por parte de la entidad contratante. Ello, pues, según la cláusula cuarta del contrato, a la administración le correspondía, únicamente, pagar $2.000.000 al contratista y esta obligación fue cumplida a satisfacción. La misma cláusula establecía que “el contratista en la medida que empe[zara] la ejecución de su trabajo podr[ía] obtener los honorarios establecidos en su propuesta cobrados directamente a los interventores u obligados a favor del IDATT”. Ahora, en el dictamen pericial solicitado por el actor se cuantificaron el daño emergente (correspondiente a los costos de operación) y el lucro cesante (“lo que el contratista esperaba recibir por su gestión”). Los deudores de tales rubros eran los particulares y no la administración. No obstante, en virtud del principio de “no reformatio in pejus”, que prohíbe al juez hacer más gravosa la situación del apelante único, la Sala confirmará la decisión del Tribunal respecto de la condena en abstracto.
CONDENA EN COSTAS – Improcedencia porque la demandada no actuó en la instancia
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP , la Sala no condenará en costas de segunda instancia, pues la demanda no actuó en esta etapa.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 NUMERAL 1 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 52001-23-33-000-2012-00059-01(53486)
Actor: FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR
Demandado: DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: controversias contractuales – jurisdicción coactiva – ejercicio de funciones administrativas por particulares – nulidad absoluta del contrato.
Síntesis: un departamento celebró un contrato de prestación de servicios profesionales a fin de que un particular efectuara el cobro persuasivo y coactivo de las multas impuestas a los ciudadanos por la trasgresión de las normas de tránsito, y se encargara del cobro persuasivo y coactivo de las sanciones disciplinarias –consistentes en multas impuestas a los funcionarios y exfuncionarios de la entidad como resultado de procesos disciplinarios–. El contratista demandó a la entidad y solicitó la resolución del contrato. El departamento formuló la excepción de nulidad absoluta del contrato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 11 de julio de 2014, que declaró la nulidad absoluta del contrato.
Contenido: 1. Antecedentes. – 2. Consideraciones. – 3. Decisión
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Demanda de reconvención y trámite – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recurso de apelación
Posición de la parte demandante
El 15 de agosto de 2012, Francisco Javier Agreda Salazar presentó demanda en contra del departamento de Nariño – Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Luego, el 12 de marzo de 2013, el actor presentó reforma de la demanda, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“Dada la imposibilidad física de poder continuar con la ejecución del contrato, no solo por cuanto durante el tiempo que falta, para terminar el cronograma establecido, no es posible pagar la deuda alcanzada (y que sigue creciendo) con cargo a la propia cartera, además de la ocurrencia de la prescripción de los procesos por decreto de la propia entidad y vencimiento de términos, sino porque tampoco es posible continuar la ejecución por falta de generación de recursos y la posición del Departamento de a través de la Doctora Lucía Basante de negarme firmar los proyectos de sustanciación procesal que realiza mi representado en cumplimiento de su obligación contractual se solicita declarar la resolución del contrato No. 015, celebrado el 27 de marzo de 2007 entre el entonces Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Departamento, ahora el Departamental de Nariño ocupando su lugar por subrogación en le mismo contrato y el Operador del Cobro de la Cartera, doctor Francisco Javier Agreda Salazar.
Consecuentemente se condene al Departamento de Nariño a indemnizar de manera integral al Operador Francisco Javier Agreda Salazar, todo el prejuicio causado en razón de sus incumplimientos contractuales con las acciones y omisiones demostradas, en el monto establecido en el capítulo de perjuicios y los que se sigan generando hasta el momento del pago.
Igualmente a título de condena, se ordenará al Departamento de Nariño a pagar a favor del Dr. Agreda, los intereses que se generen desde la liquidación, conforme lo ordena la sentencia hasta el pago efectivo de las sumas liquidadas en ella ordenadas.
Condenar a la demandada a favor del Dr. Agreda, al pago de las costas procesales.
Finalmente, se ordenará tener en cuenta las disposiciones del CCA, para hacer efectivas las decisiones condenatorias de la sentencia”.
La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
1) El 27 de marzo de 2007, Francisco Agreda y el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes del Departamento–IDATT celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales a fin de que el particular efectuara el cobro persuasivo y coactivo de las multas impuestas a los ciudadanos por la trasgresión de las normas de tránsito, y se encargara del cobro persuasivo y coactivo de las sanciones disciplinarias –consistentes en multas impuestas a los funcionarios y exfuncionarios de la entidad como resultado de procesos disciplinarios–.
2) 20 días después del inicio del contrato, el actor hizo una proyección de la cantidad mensual de procesos objeto del contrato y, en virtud de que estos superaban 4 veces aquellos inicialmente previstos, presentó una nueva propuesta formal a la contratante, quien la aceptó verbalmente. Desde abril de 2007, el contratista empezó a ejecutar el contrato de conformidad con su modificación.
3) En septiembre de 2007, la Asamblea Departamental ordenó la supresión y liquidación del IDATT.
4) El 27 de marzo de 2008, las partes modificaron la duración del contrato inicial y establecieron un término indefinido para el cumplimiento del cobro de la cartera.
5) El 30 de julio de 2009, el departamento de Nariño y el IDATT incumplieron el contrato, pues decidieron no entregar al contratista más procesos –a excepción de los que ya estaban en curso– ni los honorarios correspondientes. Lo anterior puso al contratista en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones respecto de los procesos no entregados y le impidió obtener la fuente directa de financiación del contrato.
6) El 30 de diciembre de 2009, la Junta Liquidadora del IDATT expresó su voluntad de terminar el contrato sin razón alguna.
7) En reiteradas ocasiones, el contratista intentó infructuosamente comunicarse con el Gobernador y la Junta Liquidadora para solucionar el conflicto. Adicionalmente, en varios oficios hizo referencia a los incumplimientos de la contratante y al rompimiento del equilibrio económico del contrato.
8) Mediante el contrato 225 de 2 de marzo de 2012, celebrado entre el departamento de Nariño y la Liquidadora del IDATT, el departamento se subrogó en todos sus derechos, obligaciones, activos y pasivos derivados del contrato de prestación de servicios profesionales.
9) El 2 de abril del mismo año, el Gobernador delegó la función específica relativa a la responsabilidad del contrato en Lucía Basante, quien le exigió al contratista la entrega de “todo el material que le permitía [...] cumplir con su labor contractual” y, además, se negó a firmar las proyecciones realizadas por el demandante.
10) Ante la imposibilidad de continuar con su labor, el 15 de enero de 2013, el demandante anunció la entrega física de todos los asuntos, para que la citada funcionaria continuara con la actividad objeto del contrato.
El actor adujo que se había producido un desequilibrio económico del contrato y que la contratante lo había incumplido, en virtud de lo cual la demandante había tenido que asumir una deuda de $1.486.272.524 y había sufrido perjuicios por $2.214.768.366.
Posición de la parte demandada
El 30 de enero de 2013, el departamento de Nariño contestó la demanda inicial. Formuló las excepciones de: “nulidad absoluta del contrato base de las pretensiones”; “excepción de contrato no cumplido” y “culpa propia del demandante. Mala fe”.
Demanda de reconvención y trámite
El 30 de enero de 2013, el departamento de Nariño presentó demanda de reconvención en contra del contratista, en la cual solicitó que se declarara la nulidad del contrato, pues este se había suscrito en contra de expresa prohibición constitucional o legal, según el artículo 44, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, ya que al contratista se le había encomendado, en forma general, la facultad de adelantar los procesos para obtener el pago de multas.
El 17 de abril de 2013, el contratista presentó contestación de la demanda de reconvención y el 12 de junio de 2014, presentó alegatos de conclusión, los dos escritos de forma extemporánea, por lo que el Tribunal no los consideró.
Sentencia de primera instancia
El 11 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió Sentencia de primera instancia, en la cual resolvió (se trascribe):
“DECLARAR probada la excepción de fondo formulada por el DEPARTAMENTO DE NARIÑO denominada ‘nulidad absoluta del contrato base de las pretensiones’
DECLARAR no probadas las excepciones de fondo formuladas por el DEPARTAMENTO DE NARIÑO denominadas: i) excepción de contrato no cumplido, y ii) culpa propia del demandante. Mala fe.
DENEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales instauró el señor FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR contra el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
DECLARAR la nulidad del contrato No. 015 de 27 de marzo de 2007, suscrito entre el señor FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR y el liquidado INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE–IDATT, subrogado al DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.
CONDENAR en abstracto al DEPARTAMENTO DE NARIÑO al pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo No. 015 de 27 de marzo de 2007 a favor del señor FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR, desde el momento de la suscripción del contrato hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia según incidente de liquidación que adelante en los términos descritos en la parte motiva de esta providencia y las cláusulas del contrato y sus modificaciones, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA.
ORDENAR al señor FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR, realizar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la entrega inmediata del archivo contentivo de los procesos de cobro persuasivo y coactivo del DEPARTAMENTO DE NARIÑO-Secretaría de Tránsito y Transporte, para el efecto deberá entregar toda la información y documentación suministrada y recaudada o generada en la ejecución del contrato, incluyendo aquella información que conste en medio magnético que se halle bajo su custodia y que tenga relación con el objeto del contrato.
CONDENAR en costas al señor FRANCISCO JAVIER AGREDA SALAZAR, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
El Tribunal decidió negar las pretensiones de la demanda interpuesta por el contratista y declaró que el contrato 15 de 27 de marzo de 2007 era nulo “al observarse que el objeto del contrato correspond[ía] a una potestad indelegable, propia de las autoridades de tránsito, según lo señala el artículo 159 de la Ley 769 de 2002 […] y el artículo 1º de la Ley 1386 de 21 de mayo de 2010, encontrándose así dentro de las causales de nulidad del artículo 44 numeral 2º de la Ley 80 de 1993, cuando ‘se celebre contra expresa prohibición constitucional o legal’”.
Según el Tribunal, la entidad delegó en el contratista una potestad tributaria y disciplinaria que no podía delegar, ya que “el cobro de tributos y multas deviene del poder punitivo del Estado, –el cual es indelegable a particulares–”. De conformidad con el análisis del contrato y las pruebas allegadas al proceso, el Tribunal concluyó que “el demandante inicial adelantó toda la actuación propia del proceso coactivo, incluyendo la sustanciación de los actos y demás documentos que se generaron a lo largo del proceso coactivo, como lo son: la resolución de mandamiento de pago, el auto de archivo, incluso acuerdos de pago que por ministerio de ley, sólo le es dado al funcionario ejecutor, que para el caso correspondía al agente liquidador”.
Según el juez de primera instancia, estaba demostrado que, aunque el señor Agreda no firmaba los mandamientos de pago, este los suscribía digitalmente con la firma del liquidador. Además, ejercía custodia sobre los procesos que tenía a su cargo, lo que dio lugar al requerimiento oficial, por parte de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a la entrega de los expedientes a fin de cumplir los deberes de la entidad. En conclusión, según el Tribunal, las tareas del contratista no se materializaron en una facultad eminentemente operativa, sino en “la función pública de cobro, propia y exclusiva de la administración pública”.
El Tribunal señaló que, en caso de estudiarse un posible incumplimiento contractual, este también debería negar las pretensiones de la demanda al respecto. Ello, ya que el contrato era confuso, y a partir de este no era posible establecer las obligaciones de las partes, lo cual constituía la base para definir un eventual incumplimiento y posterior resolución del contrato.
Respecto de los efectos de la nulidad del contrato, el Tribunal indicó que su valor se fijó en $2’000.000, que se debían pagar durante los dos primeros meses del contrato y que, posteriormente, se pactó que de forma “concomitante, el contratista en la medida que emp[ezara] la ejecución de su trabajo, podría obtener los honorarios establecidos en su propuesta cobrados directamente a los contraventores u obligados a favor del IDATT”.
A juicio del juez de primera instancia, los honorarios pactados por $2.000.000 fueron pagados oportunamente. Sin embargo, “en el expediente se echa[ba] de menos una prueba que indi[cara] cuáles fueron los montos reales sobre los cuales se benefició la entidad demandada”. Si bien en el proceso se decretó una prueba pericial, el mencionado informe no fue claro respecto del dinero efectivamente cobrado a favor del IDATT. En virtud de lo anterior y con base en el artículo 193 del CPACA, el Tribunal condenó en abstracto al departamento al pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo.
Recurso de apelación
Francisco Agreda presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Adujo que el objeto del contrato fue lícito, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 159 del Código de Tránsito, y que él “jamás […] tomó una función del Estado”. Alegó que su labor se había limitado a realizar citaciones a deudores y a “sustanciar”, por lo que nunca tuvo una función decisoria y jamás firmó documento alguno.
Respecto de la firma digital de los mandamientos de pago, Francisco Agreda señaló que Javier Guzmán –funcionario ejecutor– había solicitado que se digitalizara su firma “con cuyo sistema pudo él firmar 17.343 mandamientos de pago”.
Además, a su juicio, el Tribunal omitió analizar la modificación integral del contrato, los incumplimientos de la entidad y los perjuicios sufridos por la accionante. Señaló también que los perjuicios padecidos por este estaban claramente cuantificados en el dictamen pericial solicitado por el actor.
Por último, el apelante indicó que el Tribunal no se había referido a las excepciones de fondo presentadas por él y que el 11 de junio de 2014 –día en el que se vencía el término para el efecto– había presentado los alegatos de conclusión oportunamente en la Notaría Primera del Circuito de Pasto, en virtud de que el Tribunal Administrativo estaba cerrado por una remodelación física.
CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas
Análisis sustantivo
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, pues: (A) comparte la decisión de declarar la nulidad del contrato, (B) confirmará la decisión del Tribunal relativa a la condena en abstracto y (C) considera que el Tribunal no tuvo en cuenta las excepciones de fondo ni los alegatos de conclusión presentados por el actor porque este los presentó extemporáneamente.
(A) En primer lugar, la Sala estudiará la nulidad del contrato y los cargos de nulidad presentados por Francisco Agreda al respecto. El contrato objeto del litigio fue celebrado mediante contratación directa de conformidad con el artículo 24, numeral 1, literal d de la Ley 80 de 1993. Sus consideraciones indicaron que este se celebró en virtud del parágrafo 2 del artículo 135 y del parágrafo 1 del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Así se pactó su objeto (se trascribe):
“CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA efectuará el cobro persuasivo y coactivo de las multas, impuestas a los ciudadanos contraventores como resultado de los procesos contravencionales adelantados por la Inspección de Tránsito Departamental y la Policía de carreteras, por la trasgresión de las normas de tránsito contenidas en la Ley 769 de 2002 y de más normas reglamentarias. Además se encargará del cobro persuasivo y coactivo de las sanciones disciplinarias consistentes en multas, impuestas a los diferentes funcionarios y exfuncionarios de esta entidad como resultado de procesos disciplinarios. El cobro de estos procesos debe efectuarse por la obligación principal y por los intereses que se hayan causado, los cuales deberán cobrarse de conformidad a lo estipulado en la Ley 1066 de 1992, Decreto 4473 de 2006, demás normas concordantes y complementarias”.
También se estipularon el valor del contrato y la forma de pago (se trascribe):
“CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato está determinado de la siguiente manera: $2.000.000 que se pagarán por mensualidades vencidas de $1.000.000 durante los dos primeros meses y que se destinarán por parte del contratista al pago del profesional dedicado a la labor en las instalaciones del Instituto, a la depuración, organización y estructuración de la base de datos para adelantar el cobro persuasivo y coactivo. b) concomitantemente, el contratista en la medida que empiece la ejecución de su trabajo podrá obtener los honorarios establecidos en su propuesta cobrados directamente a los interventores u obligados a favor del IDATT”.
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. [...] los honorarios [...] serán cancelados directamente al contratista por parte del contratante en una suma mensual de $1.000.000, durante los dos primeros meses, posteriormente y una vez inicie el cobro coactivo, los honorarios serán cancelados directamente por los deudores al contratista [...]”.
Mediante el contrato adicional de 13 de enero de 2009, las partes incluyeron la siguiente cláusula (se trascribe):
“CLÁUSULA PRIMERA.- Que en lo sucesivo, los costos de operación del cobro, impulsados por el Operador, de conformidad con el Estatuto Tributario serán de cargo del deudor y que convencionalmente se les denominará costas procesales […]”.
Inicialmente, el término de duración del contrato era de un año, sin embargo, el 27 de marzo de 2008, las partes lo modificaron y definieron un término indefinido.
En lo que respecta al objeto del contrato, correspondiente al ejercicio del cobro persuasivo y coactivo por parte del contratista, cabe aclarar los referidos conceptos. El cobro persuasivo es una instancia previa a la jurisdicción coactiva en la que se intenta un acercamiento preliminar entre la administración y el contribuyente para que este pague voluntariamente sus obligaciones. La jurisdicción coactiva, en cambio, corresponde a la facultad de la administración de lograr directamente la ejecución de ciertas obligaciones a su favor. La jurisprudencia constitucional y la de esta Corporación han reconocido que la jurisdicción coactiva es una facultad extraordinaria y excepcional de la administración, ligada a los conceptos de “imperium” y soberanía, pues implica el uso racional de la fuerza coercitiva del Estado.
La jurisdicción coactiva es una actividad que desarrolla específicamente la rama ejecutiva y corresponde al ejercicio de una función típicamente administrativa. Respecto del caso concreto, si bien el ordenamiento jurídico –mediante el parágrafo 2 del artículo 135 y el parágrafo 1 del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito– permite a las autoridades de tránsito celebrar contratos o convenios para el cobro de las multas que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito “con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas”, esta facultad, de ninguna manera, permite que la función de cobro coactivo pueda ser totalmente conferida a un particular, pues al hacerlo se vacía el contenido de la competencia constitucional originariamente atribuida a la administración. Esta idea ha sido sostenida por reiterada jurisprudencia de esta Corporación y, particularmente, de esta Subsección.
El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 140, confiere a los organismos de tránsito la facultad de “hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva”. Dicha facultad es una concreción de la función que, a nivel local, corresponde a los alcaldes como suprema autoridad administrativa del municipio. En relación con la viabilidad de atribuir la función administrativa del cobro coactivo a los particulares, esta Corporación ha sostenido (se trascribe):
“En relación con las actuaciones de instrumentación o de proyección de documentos, la Sala considera que serán susceptibles de atribución. Por el contrario, en relación con los actos del cobro coactivo propiamente dichos, tales como expedición del mandamiento de pago, decreto de embargo o secuestro, notificación, decisión de excepciones, celebración de acuerdos de pago, investigación de bienes de los deudores, etc., la Sala considera que constituyen una función exclusiva de la administración en ejercicio de sus poderes soberanos de cobro coactivo, y como tal no puede ser atribuida a particulares”.
Así, la jurisprudencia ha considerado que a los particulares puede atribuírsele la proyección de documentos, pero estos no pueden tener un poder decisorio frente a las actuaciones surtidas para lograr el cobro coactivo. En esa medida, “no es jurídicamente viable la atribución total de funciones administrativas de cobro coactivo” .
A fin de determinar si la administración atribuyó totalmente a Francisco Agreda la función de cobro coactivo, la Sala analizará las obligaciones del abogado y las labores que este ejecutó durante el término del contrato, en cumplimiento de su clausulado.
De entrada, solo con la lectura de las obligaciones del abogado (cláusula segunda del contrato), se desprende que este debía ejecutar funciones propias de la jurisdicción coactiva. Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes (se trascribe):
“1) Depurar la información o documentación que suministre el contratante, para efectuar el cobro persuasivo y coactivo de multas por infracciones de tránsito que hasta la fecha no se hayan cancelado por parte de los infractores y que se han constituido en mora [...]”; “2) Mantener en reserva y bajo su custodia la información y documentación que le suministre el contratante en desarrollo del contrato y utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto contratado [...]”; “7) determinar, identificar y ubicar los bienes que posee el deudor [...]”; “9) impulsar y realizar las gestiones para el cobro persuasivo de las obligaciones económicas a favor del IDATT a los deudores” y “10) fomentar e impulsar el cumplimiento de los acuerdos de pago aprobados a los deudores [...]”.
La Sala señala que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la función encomendada contractualmente a Francisco Agreda, correspondiente a la investigación de los bienes de los deudores, constituye una función exclusiva de la administración.
Además, según la cláusula citada, el contratista tenía la obligación de custodiar los expedientes contentivos de los procesos de cobro coactivo que este adelantaba. En esa medida, durante toda la ejecución del contrato, la contratante no contó con la información necesaria para constatar que los documentos proyectados por Francisco Agreda concordaban con la realidad de cada proceso. Lo anterior está acreditado por varios oficios enviados por Lucía Basante –responsable de la ejecución del contrato en virtud de la delegación de la función específica por parte del gobernador– entre el 27 de septiembre de 2012 y el 11 de enero de 2013, en los cuales le hizo varios requerimientos al contratista para que le entregara los expedientes a fin de que la entidad pudiera cumplir sus deberes.
Ante la negativa del particular de entregar los expedientes, Lucía Basante indicó a Agreda, mediante un oficio de 9 de enero de 2013, que “en aras de mantener la paz institucional en el caso, firm[aba] muchos actos por [él] proyectados, pero exist[ían] algunas peticiones que amerita[ba]n tener los procesos a mano, hecho que e[ra] imposible por cuanto [él] se ha[bía] apoderado de documentos públicos” . Luego, en la comunicación de 11 de enero de 2013, la funcionaria señaló que la petición de los expedientes se justificaba en que “la ley no [la] obliga[ba] a firmar como hechos ciertos los que no h[abía] visto ni h[abía]podido comprobar”.
Las citadas comunicaciones dan cuenta de que, desde el 27 de marzo de 2007, fecha de suscripción del contrato, hasta el 9 de enero de 2013, la contratante no tuvo acceso a los expedientes de los procesos en los cuales el contratista proyectaba documentos y actos administrativos. En esa medida, no es cierto que, como afirmó Agreda en la apelación, este solo tenía la función instrumental de proyectar documentos, ya que la labor de la entidad de firmarlos correspondía a una simple formalidad, pues esta no tenía cómo comprobar que los memoriales se adecuaban a los hechos de cada caso.
Al respecto también cabe referirse a que, según la propia apelación del demandante, este firmó 17.343 mandamientos de pago, utilizando la firma digital del funcionario ejecutor del contrato. Esto confirma el poder decisorio del contratista, pues, pese a que no firmaba los mandamientos de pago con su nombre, se limitaba a incluir en ellos la firma digital de un funcionario.
Otra actividad que debía ser exclusiva de la entidad estatal y fue ejecutada por Francisco Agreda se relacionó con el decreto de las medidas cautelares. En su reforma de la demanda, el actor hizo una lista de cada una de las etapas de la operación del cobro coactivo que manejaba con el sistema de información que tenía a su cargo. En dicha lista incluyó 14 actividades relacionadas con las medidas cautelares, entre ellas, la “designación del secuestre”; la “determinación de recursos para el secuestro y la “diligencia de secuestro”.
Además, en los acuerdos de pago elaborados por el contratista, Agreda hacía referencia a la “Secretaría de jurisdicción coactiva del IDATT Nariño” e indicaba que esta se ubicaba en la Carrera 29A No. 18-22 piso 4. Dicha dirección, de conformidad con la información incluida en todos los oficios enviados por el abogado, corresponde a la ubicación de su despacho. Pese a que, mediante el oficio de 21 de enero de 2010, Luis Eduardo Obando –gerente liquidador– cuestionó al contratista al respecto, en el oficio de 23 de enero de 2010, Agreda afirmó (se trascribe):
“como mi oficina estaba al servicio del objeto contractual, para atender al público y a los deudores, a fin de darles las diferentes instrucciones como reza el contrato, quedó establecido como tal, al punto de que se fijó aviso así en el propio IDATT, no como una oficina particular sino como un sitio de operación para la propia institución, en donde los deudores debían ir a resolver las situaciones procesales relacionadas con el cobro de sus obligaciones.
De tal manera, que los datos consignados en los documentos responden legalmente a la realidad jurídica y contractual antes descrita”.
En el mismo sentido, en el oficio de 6 de diciembre de 2010, el contratista afirmó que había creado la página web “http://cobrocoactivoidatt.es.tl”, en la cual proveía información a los deudores respecto del procedimiento de cobro coactivo. Además, indicó que tenía una línea de teléfono “utilizad[a] para recibir y hacer llamadas a infractores”, la cual también coincidía con la línea telefónica incluida en todos los oficios enviados por el abogado.
El hecho de que el contratista hubiera denominado a su despacho como “Secretaría de jurisdicción coactiva del IDATT Nariño”, hubiera creado una página web para brindar información sobre la jurisdicción coactiva “del IDATT” y hubiera puesto a disposición su línea telefónica para que los deudores se comunicaran con él dan cuenta de que Francisco Agreda no estaba realizando una labor meramente operativa respecto del cobro coactivo de las deudas a favor de la entidad, sino que estaba ejerciendo directamente las funciones que le correspondían a esta.
Por último, los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre Francisco Agreda y el personal encargado de ejecutar el contrato celebrado con el liquidado IDATT también acreditan que estos últimos no se limitaron a cumplir con “actuaciones de instrumentación o de proyección de documentos”.
Con base en el análisis de las obligaciones de Francisco Agreda, además de las labores que este ejecutó durante el término del contrato –en cumplimiento de su clausulado–, la Sala concluye que el contratista adelantó funciones propias de la jurisdicción coactiva, las cuales no podían ser atribuidas a un particular. Si bien el actor realizó actividades de apoyo o colaboración, este también contó con poder de decisión en los procesos de cobro coactivo.
El Tribunal llegó a la misma conclusión, sin embargo, consideró que el contrato era nulo de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, que prohíbe atribuir a particulares la administración de tributos. La Sala no comparte la aplicación de esta norma, pues el objeto del contrato no implicó la administración de tributos, ya que las multas son ingresos no tributarios.
La Sala declarará la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, en los términos de los artículos 1519 –que dispone que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”–, 1741 del Código Civil –que dispone que “la nulidad producida por un objeto o causa ilícita [...] son nulidades absolutas”– y 899, numeral 2, del Código de Comercio –que dispone que “será nulo absolutamente el negocio jurídico [...] cuando tenga causa u objeto ilícitos”–. Estas normas son pertinentes en virtud de la remisión expresa al derecho común que hace el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. El contrato 15 de 27 de marzo de 2007 adolece de nulidad por objeto ilícito, pues este contravino el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito, que confiere a los organismos de tránsito –y no a los particulares– la facultad de “hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva”. Tal como ya se estudió, si bien el ordenamiento permite a la administración celebrar contratos para el cobro de las multas que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito, esta facultad, de manera alguna, permite que la función de cobro coactivo pueda ser totalmente conferida a un particular. En la medida en que el liquidado IDATT atribuyó a Francisco Agreda la totalidad de la función del cobro coactivo de multas, la cual es irrenunciable porque implica el ejercicio de la soberanía del Estado, el contrato será declarado nulo.
En virtud de lo anterior, se colige que, mediante los cargos presentados en su recurso, la apelante no acreditó que fuera errada la decisión del Tribunal de declarar la nulidad del contrato, pues este se limitó a afirmar que su labor se había restringido a la sustanciación de documentos. Adicionalmente, el contratista afirmó en su recurso que el Tribunal había omitido analizar la modificación integral del contrato, los incumplimientos de la entidad y los perjuicios sufridos por la accionante. No hay lugar a pronunciarse sobre tales cargos, pues la Sala declarará la nulidad absoluta del contrato.
(B) Corresponde ahora a la Sala referirse a la condena en abstracto impuesta por el Tribunal. Según la Sala, no existen prestaciones ejecutadas por el contratista pendientes de ser retribuidas por parte de la entidad contratante. Ello, pues, según la cláusula cuarta del contrato, a la administración le correspondía, únicamente, pagar $2.000.000 al contratista y esta obligación fue cumplida a satisfacción. La misma cláusula establecía que “el contratista en la medida que empe[zara] la ejecución de su trabajo podr[ía] obtener los honorarios establecidos en su propuesta cobrados directamente a los interventores u obligados a favor del IDATT”.
Ahora, en el dictamen pericial solicitado por el actor se cuantificaron el daño emergente (correspondiente a los costos de operación) y el lucro cesante (“lo que el contratista esperaba recibir por su gestión”). Los deudores de tales rubros eran los particulares y no la administración.
No obstante, en virtud del principio de “no reformatio in pejus”, que prohíbe al juez hacer más gravosa la situación del apelante único, la Sala confirmará la decisión del Tribunal respecto de la condena en abstracto.
(C) Por último, la Sala se referirá a los memoriales que, según el actor, no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal. La apelante indicó que el Tribunal no se había referido a las excepciones de fondo presentadas por él ni a los alegatos de conclusión presentados oportunamente en una Notaría, ya que el Tribunal Administrativo estaba cerrado. Por una parte, se reitera que la contestación de la demanda de reconvención fue presentada extemporáneamente, por lo que el Tribunal no consideró este escrito. Por otra, la Sala destaca que no hay prueba que acredite el cierre del Tribunal el 11 de junio de 2014.
2.3. Sobre la condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en costas de segunda instancia, pues la demanda no actuó en esta etapa.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
CONFIRMAR la Sentencia de 11 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAMIRO PAZOS GUERRERO MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Agreda Salazar, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). F. 1-48 del “Cuaderno Demanda inicial I”. F. 1-55 del “Cuaderno Reforma de la demanda”. F. 1210-1606 del “Cuaderno III Contestación de la Demanda”. F 1-12 del “Cuaderno 3 Demanda de Reconvención”.
con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“PRINCIPALES
Que se declare la nulidad absoluta del contrato No. 015 de 2007, suscrito entre el liquidado Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño y el Abogado Francisco Agreda Salazar, por carecer de objeto lícito. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del referido contrato, se ordene la terminación de la resolución contractual y el pago de perjuicios que se ocasionaron a la administración Departamental a cargo del contratista Francisco Javier Agreda Salazar. SUBSIDIARIAS
Que se declare la responsabilidad de Francisco Javier Agreda Salazar, por el incumplimiento del contrato celebrado con el departamento de Nariño, del contrato de prestación de servicios profesionales de Abogado No. 015 de 27 de marzo de 2007, para el cobro coactivo de las multas por infractores de tránsito. Que como consecuencia de esa declaración, se condene a Francisco Javier Agreda Salazar a pagar al Departamento de Nariño, todos los perjuicios que resulten probados, incluidos el daño emergente, lucro cesante y la indexación monetaria. Adicionalmente se le condene al pago de las costas del proceso”. F. 1743-1809 del “Cuaderno 5, Tomo 4 Reforma de la Demanda”. F. 21-67 del “Cuaderno 3 Demanda de Reconvención”. F.1440-1441 del “Cuaderno 5, Tomo 3 Reforma de la Demanda”; F. 1812-1828 del cuaderno del Consejo de Estado. F. 1812-1828 del cuaderno del Consejo de Estado.
“Artículo 1o. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados. Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado. Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales”. F. 1831-1911 del cuaderno del Consejo de Estado.
“Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por Ia comisión de infracciones de tránsito”. F. 50-53 del “Cuaderno Demanda inicial I”.
“Artículo 24. Del Principio De Transparencia. En virtud de este principio: 1o.
La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:
[...]
d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. [...]”. Norma vigente al momento de la celebración del contrato.
“Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
[...]
PARÁGRAFO 2o. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas”.
“Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de Ia jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario.
[...]
PARÁGRAFO 1. Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por Ia comisión de infracciones de tránsito”. F. 151-152 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. F. 134 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 41759. Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2000; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 41759; Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 41001-23-31-000-2004-00540-01 (AP) y Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 41001-23-31-000-2004-00540-01 (AP). Entiéndase por función administrativa el conjunto de actividades distintas de las funciones judicial y legislativa y que desarrollan las finalidades del Estado. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 41759. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 41759; Sección Tercera, Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP); Corte Constitucional, Sentencia C-866 de 1999. Según el artículo 91 (numeral d, literal 6) de la Ley 146 de 1994, que define las funciones de los alcaldes, a estos les corresponde “ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP).
“La intervención de los abogados externos en el procedimiento de cobro coactivo, en caso de existir, debe circunscribirse a la fase de instrumentación y proyección de documentos, más no a la fase decisoria propiamente dicha, en la que se materializa la ejecución, porque esta debe quedar radicada en las instituciones públicas. Esta interpretación es compatible, tanto con la habilitación general para que los particulares participen en la gestión pública, y como con la prohibición constitucional de vaciamiento de competencias. En este escenario, los sujetos de derecho privado podrían ofrecer apoyo logístico, técnico y administrativo a las entidades estatales, pero éstas conservarían la facultad decisoria que concreta el cobro, y en ella se radicaría la responsabilidad por las actuaciones realizadas en el marco de este procedimiento”. Corte Constitucional, Sentencia 224 de 2013.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP). Bajo esa lógica, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 66 de la Ley 1480 de 2001 que facultaba a la administración para contratar a apoderados para que realizaran el cobro coactivo. Según la Corte, la norma demandada desconoció “las limitaciones constitucionales para el ejercicio de funciones públicas por los particulares. Esto se explica porque, por un lado, se vacían de contenido las competencias de las autoridades públicas, y porque por otro lado, la transferencia versa sobre una función que sólo puede ser ejercida por las propias agencias gubernamentales, en cuanto les ha sido atribuida en su condición del tales”. Corte Constitucional, Sentencia 224 de 2013. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 41001-23-31-000-2004-00540-01 (AP) y Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP). F. 1289 del “Cuaderno 5. Tomo 3. Reforma de la Demanda”. F. 654; 661; 667; 669; 683; 699 y 701-702 del “Cuaderno 5. Tomo 2. Reforma de la Demanda”. F. 701-702 del “Cuaderno 5. Tomo 2. Reforma de la Demanda”. F. 699 del “Cuaderno 5. Reforma de la Demanda”. F. 1-55 del “Cuaderno Reforma de la demanda”. F. 213 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. F. 214-223 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. F. 419-462 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. Por ejemplo, el contrato celebrado entre Agreda y Aylen Araceli Pabón indicó en su cláusula primera (“objeto”) que la contratista se encargaría de la “realización e impulso de la operación procesal de cobro.- El objetivo de esta actividad es la realización específica del trámite procesal de los asuntos que le corresponda”. Dentro de las obligaciones de Aylen Araceli Pabón se pactaron las siguientes: “1) realizar e impulsar la operación física del trámite procesal de los asuntos que le corresponda [...]”; “8) liquidar la obligación del deudor infractor a la fecha, teniendo especial cuidado al cobrar los valores de correspondencia y aplicando los respectivos descuentos para pago de contado [...]”; “9) generar el documento de acuerdo de pago o la liquidación de pagos de forma impresa [...]”; “19) realizar cada mes los requerimientos a los infractores que no han comparecido [...]” y “realizar los oficios de investigación de bienes de los procesos que se le haya asignado [...]”. F. 1172-1176 del “cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Sentencia de 5 de agosto de 2004, exp. 1589.
“Artículo 44. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común (...)”. El numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil contempla a la declaración de nulidad de un contrato como un modo de extinción de las obligaciones. Es decir, que la nulidad provoca la desaparición del contrato del mundo jurídico. El actor no hizo referencia a la falta de pago de este monto. Además, en el testimonio de Ligia Caicedo (testigo del demandante), esta afirmó que “la administración [...] le pagó [...] 2 millones de pesos [al contratista] que era para el estudio inicial con la contratación de dos personas”. F. 18 del “cuaderno 5. Tomo 4. Reforma de la demanda”. En el mismo sentido, la cláusula quinta indicaba que luego del pago de los $2.000.000 “y una vez inici[ara] el cobro coactivo, los honorarios ser[ían] cancelados directamente por los deudores al contratista”. Por último, la cláusula primera del contrato adicional de 13 de enero de 2009 dispuso que “los costos de operación del cobro, impulsados por el Operador [...] ser[ían] de cargo del deudor”. F. 151-152 del “Cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”.
Incluso, en la reforma de la demanda del contratista, este afirmó: “se tuvo en cuenta desde el inicio, que conforme al Estatuto Tributario, la gestión de cobro que realiza el Estado por la negligencia del deudor en su pago, es un costo que le corresponde asumir al mismo deudor”. F. 1-55 del “Cuaderno Reforma de la demanda”. F. 1623-1634 del “cuaderno 5. Tomo 1. Reforma de la demanda”. F. 1743-1809 del “Cuaderno 5, Tomo 4 Reforma de la Demanda”.
“Artículo 188: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
“Se condenará en costas (...) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (...) que haya propuesto”.
Radicación: 05001-23-31-000-2006-03138-01 (48522) Actor: Construcciones El Cóndor S.A.
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: confirma la sentencia apelada
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