Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2012-00092-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2012-00092-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2012-00092-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Demandante : Alba Rocío Navarro Jaimes
Demandada : Departamento del Putumayo
Tema : Indemnización por supresión de cargo
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 21 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño (sala segunda de decisión), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control1 (ff. 1 a 232 y 53 a 743). La señora Alba Rocío Navarro
Jaimes, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del
Putumayo, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] oficio […] OJD -1512 de 21
de diciembre de 2011» (sic), por el cual el jefe de la oficina jurídica del
departamento del Putumayo le negó a la actora el reconocimiento de una
indemnización por haberse suprimido el cargo de gerente del Hospital San
Francisco de Asís Empresa Social del Estado (ESE), dada su liquidación.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) pagar la indemnización que comprende «[…]
todos los salarios, primas y demás valores dejados de percibir desde el
momento de su retiro hasta el cumplimiento del periodo para el cual fue
nombrada» (sic), correspondientes a los años 2009 a 2012, en la suma de «[…]
1
Archivos «ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOS NroActua2» y
«ED_ACTUACIONE_04CORRECCIONDEMANDA NroActua2» del Samai (p. 2 a 25 y 1 a 22 de los archivos
digitales).
2
Folios del expediente en físico que posteriormente fue digitalizado.
3
Subsanación de la demanda.
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 255.412.546)
MDA/CTE» (sic), los cuales deberán ser debidamente indexados; y (ii) sufragar
los «[…] perjuicios materiales [causados] a título de daño emergente […] con
ocasión a los gastos en que [se] incurr[an] por la negativa de la administración
en reconocer[le] el derecho que le asiste [consistente en un] 30% de las resultas
del proceso por concepto de honorarios profesionales […]» (sic). Se condene
en costas procesales y a dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo
192 del CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que es odontóloga de
profesión, con títulos de especialización en mercadeo y finanzas en salud y
gerencia y auditoría de la calidad en salud; y que «[…] se presentó [y superó el]
concurso público que adelantó la GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO y LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASÍS HOY LIQUIDADA, por intermedio de la
CORPORACIÓN UNIVERITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO- AUNAR [que
conformó] terna [para designar] en propiedad [en el] cargo de GERENTE […]»
(sic), razón por la cual, al haber sido seleccionada y remitida la lista de elegibles
por la aludida junta al gobernador del departamento, este la nombró como
gerente de dicha institución hospitalaria, mediante Decreto 109 de 1º de abril de
2008, empleo del cual tomó posesión a partir de la misma fecha.
Dice que fue posesionada, en calidad de gerente del Hospital San Francisco de
Asís ESE, para un lapso de cuatro (4) años, con efectos desde el «[…] 1 de
abril de 2008, [por tanto,] su período en condiciones normales [hubiese
terminado] el […] 31 de marzo de 2012 […]» (sic). Luego, por motivos de
interés general, con Decreto 309 de 12 de noviembre de 2009, la gobernación
del Putumayo dispuso la supresión y liquidación de aquella entidad y, por
consiguiente, de su cargo a través de Decreto 311 de esa fecha, por lo que se le
debió reconocer una indemnización y no soslayar la estabilidad laboral de la
que gozaba.
Afirma que solicitó el pago de la mencionada indemnización el 11 de noviembre
de 2011, negada a través de oficio OJD-1512 de 21 de diciembre siguiente, que
no fue debidamente notificado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas los artículos 1º, 4º, 13, 25, 48, 58, 90 y 125 de la Constitución Política;
1, 6, 9, 46, 47, 48, 50, 135, 136 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo; 26 de la Ley 10 de 1990; 192 y 195 de la Ley 100 de 1993; 1,
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
15 y 17 del Decreto 1876 de 1994; 2 del Decreto 139 de 1996 y 28 de la Ley
1122 de 2007; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás
normas internacionales relacionadas con la libertad y acceso al trabajo.
Arguye que, en virtud de la normativa en cita, se puede llegar a establecer que
la demandante se desempeñó como gerente de la liquidada ESE del sector salud
departamental, es decir, como empleada pública, en un cargo que si bien es de
libre nombramiento y remoción, tiene un período fijo; por ende, solo podía ser
removida por «[…] La comisión de faltas graves conforme al régimen
disciplinario del sector oficial Ley 200 de 1995, ley 734 de 2002, faltas a la
ética o la ineficiencia administrativa, que tenga su soporte probatorio
respectivo frente a la autoridad competente que está a cargo de nominación del
cargo, que para el asunto en referencia sería el Departamento del Putumayo
en cabeza del señor Gobernador» (sic). Luego, como la causal de supresión no
corresponde a las descritas, sino que se fundamentó en motivos propios de la
Administración, que, al parecer, fueron de interés general, el cual debe primar
sobre el particular, se ha de entender que, frente a esta desventaja, la entidad
territorial en este caso debió asumir el costo, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Indica «[…] que la supresión del cargo [constituye] una causal de retiro para
todo funcionario independientemente de su forma de vinculación bien sea en
carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción o de periodo fijo,
siempre será una causal que encuentra justificación en la prevalencia del
interés general sobre el particular» (sic).
Que «[…] el empleado de período fijo es como una especie dentro de ese
género, algo especial, pues si bien no se encuentra en carrera administrativa
[y] por lo tanto no goza de tales derechos de inamovilidad […] goza de una
estabilidad relativa […] producto del concurso que ganó, del acto
administrativo de [su] nombramiento y del acta de posesión del cargo para el
cual fue nombrado, […] [que] las causales para desvincularlo del cargo se
encuentran taxativamente señaladas en la ley y como ya se analizó no nos
encontramos en ninguna de ellas, siendo esta una razón más para decir que se
tiene cierta estabilidad hasta tanto no se incurra en ninguna de esas causales»
(sic).
Pide tener en cuenta que «[…] se generó desde el momento en que se realiz[ó]
el nombramiento en el cargo de Gerente de la ESE Hospital San Francisco de
Asís, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2008 y el 31 de marzo
de 2012 y en el que ella tom[ó] posesión del mismo […]» (sic), una confianza
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
de estabilidad en el cargo por lo menos durante el lapso para el que concursó y
ganó, situación que se llegó a concretar con el respectivo nombramiento4.
1.5 Contestación de la demanda5 (ff. 142 a 1526). El departamento del
Putumayo, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
súplicas del libelo introductorio y respecto de los hechos afirma que unos son
ciertos, algunos parcialmente, otros no y los demás no le constan. Formuló las
excepciones que denominó inepta demanda, caducidad de la acción, culpa
exclusiva de la víctima y falta de legitimación en la causa por pasiva.
Asevera que «[…] si bien el Gobernador [procedió a] suprimi[r] el cargo de
Gerente de la E.S.E. conforme al artículo 1 del Decreto No. 0311 de 2009 […]»
(sic), debe observarse que, tal como lo dispone el parágrafo del mencionado
artículo, es solo a los empleados públicos «[…] inscritos en […] carrera
administrativa o que demuestren gozar de los derechos de carrera
administrativa, a quienes se les suprime el empleo, como consecuencia de lo
dispuesto en [este] Decreto, [y se les permite] optar por recibir [la]
indemnización de que trata el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004
o […] ser reincorporados a empleos de carrera, igual o equivalente al
suprimido conforme a las reglas establecidas en el artículo 28 del Decreto 760
de 2005, o de acudir a la Comisión de Personal, para los fines previstos en los
literales d y e del artículo 16 de la Ley 909 de 2004» (sic); en consecuencia,
como en este caso, la demandante «[…] no ostentaba un cargo de carrera
administrativa, sino [uno] de libre nombramiento y remoción, no existe
fundamento jurídico para reconocer[le] [la citada] indemnización por
terminación de [su] vínculo legal» (sic).
Que «[…] no es cierto que por la supresión de la E.S.E Hospital San Francisco
de Asís, se deba indemnizar a la actora [que] ostentaba [un] cargo de libre
nombramiento y remoción, y si así lo creyera debió iniciar las acciones
administrativas a [que hubiere] lugar, en contra del acto administrativo que le
negó el recurso presentado frente al acto de calificación y graduación de
acreencias que emitió el agente liquidador cuando le negó la indemnización,
tal como se observa en el informe que el liquidador presentó dentro de los folios
No. 507 y 511 del Convenio 42 del expediente administrativo que se anexa,
relacionado con el informe final de gestión presentado por la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S. A. […]» (sic).
4
Solicita sea aplicada al asunto la providencia proferida por la subsección A del Consejo de Estado, expediente
25000 2325 000 2001 07885 01 (1653-2008).
5
Archivo «ED_ACTUACIONE_12CONTESTACIONDEMAN NroActua2» del Samai (p. 1 a 11).
6
Folios del expediente en físico que posteriormente fue digitalizado.
4
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
1.6 La providencia apelada7. El Tribunal Administrativo de Nariño (sala
segunda de decisión), en sentencia de 21 de abril de 2021, negó las súplicas de
la demanda (con condena en costas), al considerar que se encuentra demostrado
que la «[…] demandante se desempeñó en un cargo que, aunque [era] de
periodo fijo correspondía, por su naturaleza, a un cargo de libre nombramiento
y remoción […] no a uno de carrera administrativa […]»; y en aplicación del
artículo 44 de la Ley 909 de 2004, «[…] se tiene que el derecho a la
indemnización por supresión del cargo fue establecido por el legislador
exclusivamente para los empleados que desempeñaran cargos de carrera
administrativa […]», por lo que no tiene derecho a esta, al ocupar un cargo de
libre nombramiento y remoción.
Arguye que el cargo ejercido por la demandante se trataba «[…] de un empleo
de periodo fijo cuya provisión se somete a un concurso de méritos, [sin que
implique que] la naturaleza del cargo de Gerente de una ESE mute al de
carrera administrativa y deje de ser de libre nombramiento y remoción, tal y
como lo ha considerado la Corte Constitucional, por lo que la indemnización
reclamada por la parte demandante se torna improcedente, porque a esta
prerrogativa solo tienen derecho los empleados de carrera administrativa».
Que «[…] la causal de supresión del empleo [es] causal de retiro del servicio
para el caso de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, […] pues la
norma que establece ese evento como causal de retiro del servicio es general y
aplica a toda clase de empleos, incluso, [a] los de carrera administrativa».
Argumenta que no le asiste razón a la demandante cuando sostiene que se
presenta una violación del principio de confianza legítima y el desconocimiento
de un derecho adquirido, y «[…] la facultad de supresión de los empleos es una
competencia que legitima la desvinculación del empleo público en cualquier
momento; entonces, si todos los empleos públicos, incluidos los de carrera
administrativa, los que originan en quienes los desempeñan un mayor derecho
a no ser desvinculados, pueden verse afectados por la decisión de la
administración de suprimirlos, pues con mayor razón los de libre
nombramiento y remoción».
Que «[…] quienes desempeñan cargos de período fijo no tienen el derecho
absoluto a permanecer en ellos por todo el periodo institucional, [toda vez que]
en cualquier momento la administración puede [llegar a] suprimirlos, en los
7
Archivo «ED_ACTUACIONE_29SENTENCIA1INSTANC NroActua2» del Samai (p. 1 a 40).
5
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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términos de ley»; y lo que existe es una «[…] expectativa de permanecer en él
hasta su culminación, pero no […] un derecho adquirido, porque, como se ha
advertido, la facultad de supresión del cargo puede ser desplegada por la
administración en cualquier momento, antes de que culmine el respectivo
periodo».
Que, si bien la demandante hizo mención a un pronunciamiento del Consejo de
Estado, en el que se concluye la procedencia de la indemnización por la
supresión de un empleo de período fijo, debe aclararse que esa decisión no ata
a este juzgador por no constituir precedente de obligatorio cumplimiento.
Que no puede extenderse a los empleos de libre nombramiento y remoción el
beneficio de la mencionada indemnización, que fue concedido únicamente a los
cargos de carrera administrativa, so pena de incurrirse en «prevaricato», pues
mal haría el juez en habilitar dicha extensión so pretexto de garantizar la
seguridad jurídica del empleado nombrado en un puesto de período fijo; y
tampoco resulta pertinente considerar la aplicación del principio de
favorabilidad, porque no están en contradicción dos normas jurídicas que
regulen de manera distinta la misma situación, por el contrario, existe solo una
norma, la contenida en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, que dispone la
procedencia de tal indemnización por supresión del cargo, solo para los de
carrera.
En consecuencia, colige «[…] que al ser el cargo de Gerente de una Empresa
Social del Estado un cargo de libre nombramiento y remoción, la demandante
no tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización consagrada en
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, pues la misma fue establecida por el
legislador exclusivamente para los eventos de supresión de cargos de carrera
administrativa, en razón de lo cual se denegarán las pretensiones de la
demanda, lo que a su vez deshabilita un pronunciamiento acerca de la
responsabilidad de la llamada en garantía fiduciaria La Previsora S. A.» (sic).
1.7 El recurso de apelación8. Inconforme con la anterior sentencia, la parte
demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que, aunque el
fundamento de tal decisión fue lo considerado por el Consejo de Estado en
providencia de «[…] SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: ALFONSO
VARGAS RINCÓN [de] veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015).
Radicación número: 54001-23-31-000-2009-00046-01(0077-14). Actor:
VIDAL ANTONIO RANGEL RINCÓN […] que se traduce en que después de
8
Archivo «ED_ACTUACIONE_32APELACIONSENTENCI NroActua2» del Samai (p. 2 a 6).
6
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Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
un análisis tan solo de legalidad (sin más), no es procedente el reconocimiento
de indemnización alguna por la supresión del cargo de gerente de una empresa
social del Estado, puesto que la naturaleza del cargo es de libre nombramiento
y remoción y no es de carrera administrativa […]» (sic), no comparte que se
haya aplicado al asunto, si se observa que se encuentran diferentes
interpretaciones y posturas al respecto, sobre todo en lo referente a temas de la
seguridad jurídica y, además, resulta ser posterior a los hechos que se hallan en
discusión y a la fecha de presentación del medio de control.
Insiste en que la tesis que desde la demanda solicitó aplicar es «[…] la contenida
en la decisión del CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Expediente
25000 2325 000 2001 07885 01 (1653-2008). Consejero Ponente: Dr. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Edwin Helman Garrido Corredor […]»
(sic), en la que se sostuvo «[…] que [sí] es procedente la indemnización del
gerente de una empresa social del Estado cuando su cargo ha sido suprimido,
puesto que si bien es cierto, la naturaleza del cargo es de libre nombramiento
y remoción, también lo es, que es un funcionario sui generis, puesto que su
nombramiento es como resultado de un concurso y con relativa
discrecionalidad del nominador y su remoción tan solo se da por causas
específicamente señaladas en la ley […]» (sic).
Que para su caso, tal como lo hizo la sentencia en cita, lo que se debe estudiar
es si «[…] la supresión del cargo como causal de terminación de una
vinculación se puede dar para todos los empleados públicos, sin detenerse en
la naturaleza jurídica del empleo ni […] como [este] ha provisto […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido con auto de 23 de junio de 20219 y
admitido por esta Corporación a través de proveído de 20 de mayo de 202210,
en cumplimiento del artículo 247 del CPACA11; y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
9
Archivo «ED_ACTUACIONE_33AUTOCONCEDEAPELAC NroActua2» del Samai.
10
Archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEREC(.pdf) NroActua4» del Samai.
11
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
7
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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5.2 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si a la demandante le
asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por la
supresión del empleo de período fijo, que desempeñaba en una empresa social
de Estado del orden departamental, que entró en liquidación.
5.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Decreto 109 de 1º de abril de 2008, por el cual se nombra a la demandante
como gerente de la ESE Hospital San Francisco de Asís del Putumayo, y acta
582 de la misma fecha, con la que toma posesión de dicho empleo (ff. 40 a 42).
b) Decreto 309 de 12 de noviembre de 2009 del gobernador del Putumayo,
mediante el cual se suprime la ESE Hospital San Francisco de Asís y se ordena
su liquidación (ff. 168 a 179).
c) Decreto 311 de 12 de noviembre de 2009, por medio del cual se suprimió la
planta de cargos existente en el aludido Hospital San Francisco de Asís, entre
otros, el ocupado por la actora (ff. 180 a 182).
d) Escrito dirigido al gobernador del Putumayo, presentado con número 4458
el 11 de noviembre de 2011, en el que solicita el reconocimiento y pago de una
indemnización por la supresión de su cargo (ff. 28 a 37).
e) Oficio OJD -1512 de 21 de diciembre de 2011, signado por el jefe de la
oficina jurídica del departamento del Putumayo, por el cual se le negó a la
accionante la indemnización por supresión del cargo, que comporta el acto el
acto administrativo acusado (ff. 38 y 39).
De las pruebas que obran en el expediente, se deduce que la demandante,
después de haber ocupado el primer lugar en un concurso de méritos para
escoger gerente de la ESE Hospital San Francisco de Asís del Putumayo, fue
incluida en terna y nombrada en propiedad en dicho empleo, para un período de
cuatro años, por el gobernador de ese ente territorial, mediante Decreto 109 de
1º de abril de 2008, del cual tomó posesión el mismo día, según consta en acta
582.
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
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Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
Esta designación fue en propiedad y «por un período institucional de cuatro
años» (ff. 40 y 41), pero, a través de Decreto 309 de 12 de noviembre de 2009,
el gobernador del Putumayo ordenó la supresión de la ESE Hospital San
Francisco de Asís, con fundamento en la Ordenanza 580 de 29 de agosto del
mismo año, expedida por la Asamblea de esa entidad territorial, que dispuso la
liquidación de la mencionada empresa social del Estado; y, luego, por Decreto
311 de la misma fecha, suprimió el cargo de gerente.
Sea lo primero precisar que la Ley 1122 de 9 de enero de 2007, por la cual se
hacen algunas modificaciones al sistema general de seguridad social en salud,
en su artículo 28 estatuye que «Los Gerentes de las Empresas Sociales del
Estado serán nombrados por períodos institucionales de cuatro (4) años,
mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses,
contados desde el inicio del período del Presidente de la República o del Jefe
de la Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el
nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente […]».
Cabe aclarar que el concurso de méritos es el procedimiento a través del cual la
Administración pública, con unas reglas establecidas de manera previa,
selecciona entre varios participantes a una o más personas, que, en razón a sus
cualidades y calidades, adquieren el derecho a ser designados en un empleo que
se encuentra vacante en forma definitiva. Sobre este tema, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-133 de 1998, con ponencia del magistrado José
Gregorio Hernández Galindo, expresó:
El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro
de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades,
la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos
aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda
desempeñarlo, apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de
preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de
otra índole. La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante
existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes
que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el
mérito del aspirante para ser elegido o nombrado. Así concebida la carrera,
preserva los derechos al trabajo, a la igualdad y al desempeño de funciones y
cargos públicos, realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las
personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses
de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían
entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático.
De tal suerte que este mecanismo, como modalidad de selección para la
provisión de empleos vacantes, se utiliza no solo para los que pertenecen a la
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
carrera administrativa12, sino también para algunos de período fijo, verbigracia,
los de los gerentes de las empresas sociales del Estado, pero en este último caso
la forma de su selección no confiere a sus titulares los mismos derechos de que
gozan los servidores públicos que hacen parte del sistema de carrera
administrativa.
Ahora bien, en fallo de 10 de febrero de 2011, la subsección A13 de esta sección,
que invoca la demandante, dijo:
La confianza produce entonces expectativas legítimas que el Estado debe
proteger, lo que a su vez genera seguridad jurídica en los administrados y
evita que haya una ruptura abrupta y sorpresiva del vínculo laboral.
Lo anterior implica, que a diferencia de los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción, los de periodo tienen una estabilidad relativa que
les brinda el derecho al cargo por el periodo para el cual fueron nombrados y
los ubica en una posición intermedia entre estos y los funcionarios de carrera,
que merece una específica protección al enfrentar el perjuicio legítimo que
se le causa por una decisión de interés general y el nombramiento de periodo
que en principio le fue garantizado.
Ese desequilibrio de cargas, solo puede ser subsanado por la administración
mediante el pago de una indemnización que cubra lo dejado de percibir
durante el tiempo faltante del periodo. Si bien, no hay norma expresa que así
lo autorice como lo dijo la demandada, el vacío debe resolverse a favor del
trabajador en virtud de los principios de favorabilidad, e in dubio pro
operario, respaldados además, en la protección que le confiere la Carta
Política al trabajador y específicamente por la aplicación analógica con las
normas de carrera administrativa, que para el caso específico está
contemplado en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, el cual fue modificado
por el 58 de la Ley 909 de 2004.
En relación con este antecedente jurisprudencial, el Tribunal de instancia afirmó
que «esa decisión no ata a este juzgador por no constituir precedente de
obligatorio cumplimiento y, por el contrario, esta Corporación participa de los
argumentos expuestos en la decisión posterior […] y que enmarca
normativamente esta decisión sobre la aplicación analógica de normas de
carrera a los empleados de período fijo». El fallo a que alude también
corresponde a la misma subsección A, de 27 de abril de 201514, atañedero a una
cuestión semejante, en el que modificó el criterio jurídico adoptado, al estimar:
12
Ley 909 de 2004, artículo 27. Carrera Administrativa. «[…] Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la
permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna».
13
Expediente: 25000-23-25-000-2001-07885-01 (1653-08), consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 27 de abril de
2015, expediente: 54001-23-31-000-2009-00046-01 (0077-14), consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón,
demandada: ESE Francisco de Paula Santander.
10
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
De lo anterior se colige que el cargo que desempeñaba el señor […] como
Gerente de la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander de
conformidad con la Ley 1122 de 2007, a pesar que no se probó que su
nombramiento fue producto del concurso de méritos realizado por la
Universidad de Antioquia como lo manifiesta la parte actora, es de libre
nombramiento y remoción, de período institucional de 4 años, el cual según
el parágrafo del artículo 28 ibídem vencía el 6 de noviembre de 2010.
Igualmente, y pese a que en principio el periodo implica que los gerentes
designados no pueden ser removidos antes de la finalización del periodo,
salvo situación extraordinaria, en el presente asunto está justificado su retiro
del servicio por la supresión de su cargo ordenada por el parágrafo del
artículo 4 del Decreto 810 de 2008 expedido por el Presidente de la
República, el cual se hizo efectivo el 14 de marzo de 2008, fecha en la que
se suscribió el contrato con el CONSORCIO E.S.E. FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER, de conformidad con el numeral 4 del artículo 52 de
la Ley 489 de 1998, norma que dispuso:
Artículo 52. De la supresión, disolución y liquidación de entidades u
organismos administrativos nacionales. El Presidente de la República
podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de
entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en
el artículo 38 de la presente ley cuando: […].
En las anteriores condiciones no es posible reconocer los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el 6 de noviembre de 2010, pues el
servicio no se prestó y el retiro se produjo por la supresión de su cargo
realizado en forma legal por el Presidente de la República. Tampoco se puede
ordenar el reconocimiento de la indemnización por la supresión de su cargo,
pues como se dijo anteriormente la naturaleza del cargo de Gerente de las
Empresas Sociales del Estado es de libre nombramiento y remoción y no de
carrera administrativa.
Por consiguiente, no podría predicarse, como lo hace la actora en su recurso de
apelación, que existe precedente jurisprudencial de esta Corporación uniforme,
habida cuenta de que no se cumplen los presupuestos para seguir una línea
decisional vinculante15, pues su ratio no conduce a una regla determinante para
resolver el presente asunto; es más, la misma subsección A ha sostenido que no
hay lugar al pago de indemnización para los gerentes de las empresas sociales
del Estado a los que se les suprima el cargo16.
En efecto, la Ley 909 de 2004, en su artículo 41, letra l), instituye como causal
de retiro del servicio de los empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa la supresión del empleo, puesto que la Administración
pública tiene competencia para acomodar su cometido a las exigencias del
15
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 6 de abril de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Cfr. sentencia de 19 de julio de 2018, radicación 17001-23-33-000-2013-00598-01 (4815-14).
11
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
servicio: crear, modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su planta de
personal, cuando las necesidades públicas o las restricciones económicas lo
ameriten y existan motivos de interés general, encauzados a permitir una mayor
eficacia y eficiencia de sus actividades, sin lesionar el derecho a la estabilidad
laboral de los servidores inscritos en carrera administrativa, pues ellos cuentan
con unos derechos subjetivos que materializan el principio de estabilidad en el
empleo17.
En consecuencia, la legislación solo ampara a los servidores inscritos en carrera
administrativa, mas no a los de libre nombramiento y remoción y de período
fijo, tal como la Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 27 de mayo de
1999, al declarar la exequibilidad del artículo 41 de la Ley 443 de 1998 (sobre
reforma de plantas de personal), lo sostuvo, así:
Dado que la supresión de cargos así sea con los fines anotados implica
necesariamente un daño, surge con claridad meridiana el deber de
reparación por parte del Estado, porque «si bien es cierto que el daño
puede catalogarse como legítimo porque el Estado puede en función de
la protección del interés general determinar la cantidad de sus
funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 C.P.), esto no implica que el
trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga
específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda
la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas
públicas (C.P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del
patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-
1 C.P.). Además, las autoridades de la República están obligadas a
protegerlos (art. 2 C.P.). Esto armoniza con una de las finalidades del
Estado social de derecho: la vigencia de un orden social justo
(Preámbulo de la Carta). Por ello se trata de una indemnización
reparatoria fundamentada en el reconocimiento que se hace a los
derechos adquiridos en materia laboral».18
El deber de indemnizar encuentra fundamento constitucional, en el
hecho de que el empleado público de carrera administrativa «es
titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección
constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada, según el
artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no son inmunes al
interés público pues el trabajador, como el resto del tríptico económico
17
Ley 909 de 2004. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. «Los
empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración,
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o
por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno
Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización […]».
18
Sentencia C-613 de 1994 M. P. Alejandro Martínez Caballero.
12
Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
–del cual forma parte también la propiedad y la empresa- está afectado
por una función social, lo cual no implica que la privación de tales
derechos pueda llevarse a efecto sin resarcir el perjuicio que sufre su
titular en aras del interés público. De allí que, si fuese necesario que el
Estado, por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el
trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la aplicación
del artículo 20 transitorio de la Carta, sería también indispensable
indemnizarlo para no romper el principio de igualdad en relación con
las cargas públicas (art. 13 C.N.), en cuanto aquél no tendría obligación
de soportar el perjuicio, tal como sucede también con el dueño del bien
expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno de los casos la
licitud de la acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño
causado».19
Al no estar consagrado en disposición alguna del ordenamiento jurídico que los
servidores de libre nombramiento y remoción y los de período fijo tienen
derecho a recibir indemnización, como consecuencia de la supresión de una
entidad en la que también se eliminen los cargos de los cuales son titulares, no
puede invocarse el principio de confianza legítima (creer en la legalidad de la
actuación administrativa), toda vez que la Administración en este caso no
defraudó las expectativas que hubiera podido tener la persona20. El retiro del
servicio se produce por la supresión del empleo, que es una de las causales
estatuidas en la ley, motivado por factores de interés general que prevalecen
sobre el particular, y que el servidor público, desde el momento de su posesión,
no tenía por qué desconocer. Tampoco podría aplicarse el principio de in dubio
pro operario, pues no existe conflicto originado entre dos o más disposiciones
de carácter laboral; simplemente, por voluntad del legislador, no hay norma —
se itera— que ordene la indemnización para los servidores de período fijo, por
tanto, ha de concluirse que el acto acusado preserva su presunción de legalidad.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, estima la Sala que ha de confirmarse la sentencia de primera
instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
19
Sentencia C-479/92 M. P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, reiterada en C-
104/94, C-527/94, C-96/95, C-522/95, entre otras.
20
Sentencia T-566 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: «[…] la aplicación del principio de
confianza legítima presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe
corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la convicción de
estabilidad en el estadio anterior. Sin embargo, de ello no se puede concluir la intangibilidad e inmutabilidad
de las relaciones jurídicas que originan expectativas para los administrados. Por el contrario, la interpretación
del principio estudiado debe efectuarse teniendo en cuenta que no se aplica a derechos adquiridos, sino
respecto de situaciones jurídicas modificables, sin perder de vista que su alteración no puede suceder de forma
abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la administración, la adopción de medidas para que el cambio
ocurra de la manera menos traumática para el afectado […]».
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
Por otra parte, frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin
aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre
de 201621, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 52001-23-33-000-2012-00092-02 (3366-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Alba Rocío Navarro Jaimes contra el departamento del Putumayo
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por tanto, al no
observarse tal proceder de la parte accionante, se revocará tal condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 21 de abril de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño (sala segunda de decisión), que negó las
súplicas de la demanda incoada por la señora Alba Rocío Navarro Jaimes contra
el departamento del Putumayo, de acuerdo con la parte motiva.
2º. Revócase el numeral 2 de la parte decisoria del fallo de primera instancia,
en cuanto condenó en costas a la actora.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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