Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2012-00162-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2012-00162-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2012-00162-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-2019)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
Demandado: Unidad Nacional de Protección, UNP
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad, escolta del
extinto DAS
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 12 de junio de
2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), el señor Armando Calvache Muñoz, mediante
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
en orden a que se declare la nulidad de los siguientes Oficios: i) DIR.DAS.SNAR No.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
2012-96930-7, expedido por el director del Departamento Administrativo de
Seguridad, en adelante DAS, Seccional Nariño; y ii) 1 2012 988392, suscrito por el
jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados,
así como la existencia de una relación laboral entre el demandante y el extinto DAS.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
reconocer y pagar la liquidación salarial y prestacional derivada de la vinculación
desde el 10 de julio de 2003 hasta el 12 de junio de 2011, así como los perjuicios
morales y patrimoniales de carácter material correspondientes al lucro cesante y
daño emergente.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Armando Calvache Muñoz se vinculó con el DAS en forma continua e
ininterrumpida entre el 7 de julio de 2003 hasta el 12 de julio de 2011, en el cargo
de escolta.
ii) Prestó sus servicios en forma personal y bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores al interior del DAS, en el horario y fechas señaladas
por estos de acuerdo con las funciones asignadas de protección y con el armamento
y los vehículos de la institución.
iii) Ejerció un cargo de carácter permanente y de manera subordinada equiparando
su labor a la de un empleado escolta inscrito en carrera a quien sí se le reconocían
todas sus garantías laborales. Además, por tener conocimientos específicos en
seguridad, era requerido por sus superiores para adelantar actividades de guardia
y expedición de las tarjetas de antecedentes judiciales, entre otras actividades que
no habían sido pactadas en los contratos de prestación de servicios.
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
iv) En el año 2012 solicitó ante el DAS el reconocimiento de los derechos laborales
deprecados; sin embargo, la entidad mediante los Oficios DIR.DAS.SNAR No. 2012-
96930-7 y 1 2012 988392 dio respuesta negativa a su petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53 y 88 de la Constitución
Política; y 138, 162, 163, 164, 166, 171, 179 del CPACA. Asimismo, invocó como
violadas los Decretos 1042 y 1045 de 1978; 1932, 1933, 2146 y 2164 de 1989; 2759
de 2000; y 377 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El señor Armando Calvache Muñoz se encontró total y absolutamente
vinculado con las órdenes, asignaciones, traslados, requerimientos, e
investigaciones que el DAS efectuó sobre las labores de protección que le fueron
encomendadas.
ii) El DAS, con un criterio economicista viene utilizando la figura del contrato
estatal en desmedro de las condiciones dignas de trabajo de los contratistas quienes
ante la falta de oportunidades tienen que aceptar esas precarias formas de trabajo.
iii) Los servicios que el demandante prestó de manera personal, dependiente y
subordinada, cumpliendo un horario de trabajo, desvirtúan la existencia del contrato
de prestación de servicios, por lo que la situación del actor amerita la especial
protección del Estado.
1.2. Contestación de la demanda
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
Unidad Nacional de Protección, UNP
Mediante providencia del 23 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Nariño
tuvo para todos los efectos legales como parte demandada a la UNidad Nacional de
Protección, en adelante UNP, teniendo en cuenta que para ese momento el DAS había
sido suprimido.
Así pues, el apoderado de la UNP se opuso a las pretensiones de la demanda1 y
expuso las siguientes razones de defensa:
i) El DAS acordó una obligación contractual con el contratista debido a su
experiencia y formación en los temas de protección por lo cual se pactaron
obligaciones contractuales de tipo netamente técnico, luego, previas las etapas
precontractuales de rigor se celebraron los contratos.
ii) En cada uno de los contratos estatales de prestación de servicios celebrados
con el demandante se estipuló una duración específica en atención al cumplimiento
del objeto contractual y el pago de unos honorarios, siendo estas las características
esenciales de los referidos contratos.
iii) El hecho de que el DAS facilitara el desarrollo de la labor del escolta
correspondía a la órbita de la coordinación de actividades contractuales, no al
sometimiento subordinado del contratista a la entidad demandada. En suma, no
existió subordinación por cuanto la relación que se presentó fue eminentemente
contractual.
Propuso las excepciones de falta de legitimación material en la causa por pasiva, e
imposibilidad de imputar el hecho dañoso a la UNP (inexistencia del nexo causal).
1 Folios 401 al 409.
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia escrita proferida el 12 de
junio de 2019,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) De acuerdo con las órdenes de trabajo suscritas por el personal a cargo y de
las declaraciones del testigo se logra determinar que el actor, en su condición de
escolta contratista, cumplía un horario de trabajo de 8 horas diarias por la labor
implícita de protección, lo cual a todas luces no puede ser asumido como un aspecto
que obedecía a su voluntad, pues la función encomendada era incierta teniendo en
cuenta que la misión de protección reclamaba que el escolta siempre se encontrara
presente y disponible a cuidar la vida e integridad del protegido aun cuando se
hubiera terminado el horario especificado en el objeto contractual.
ii) Asimismo, de la declaración del testigo se extrae que el director seccional de
la institución era quien ordenaba que todos los agentes de la entidad, aparte del
servicio de escolta que prestaban a determinado personaje, tenían que presentarse
en las instalaciones del DAS como personal con disponibilidad para ejercer funciones
que no tenían nada que ver con las asignadas en el objeto del contrato tales como
reforzar la guardia, colaborar en identificación, así como labores locativas de la
entidad en un horario de oficina de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.
iii) Desde esa perspectiva se colige que el demandante recibía órdenes de
superiores y de forma constante para el desarrollo de sus actividades, que debía
cumplir una jornada ordinaria laboral, que no podía ejercer sus servicios de escolta
de forma autónoma e independiente, y que no se le permitía ejecutar actividades de
escoltas para otras entidades.
iv) Bajo esos supuestos queda demostrada la existencia de los elementos de la
2 Folios 523 al 532. Con ponencia del magistrado Álvaro Montenegro Calvachy.
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
relación laboral, esto es, prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación, razón por la cual le asiste derecho al actor al pago de las
prestaciones reclamadas.
v) Ahora, frente al tema de la prescripción esta se debe examinar desde dos
tipos de perspectiva. La primera, hace referencia al transcurso del tiempo desde la
suscripción del último contrato hasta la fecha de la reclamación administrativa,
término que no puede superar los 3 años y que para el caso de marras no se
estructura, puesto que el último contrato data del 1° de julio de 2011 hasta el «31
de agosto de 2011», es decir, que no se perdió la oportunidad para reclamar los
emolumentos laborales en sede judicial, ya que la reclamación administrativa se
surtió en el año 2012.
vi) La segunda, tiene que ver con la continuidad de los contratos, luego debe
tenerse en cuenta las interrupciones superiores a 15 días entre uno y otro contrato.
«Acorde con lo expuesto […] se declararán prescritas las sumas de dinero que
emanen con anterioridad al 30 de abril de 2009, teniendo en cuenta la fecha de
radicación de la petición respectiva».
vii) Finalmente, frente al reconocimiento de valores por concepto de daño
emergente, moral y material que se solicitaron en la demanda no se accederá a
tales peticiones debido a que no existe prueba en el plenario que permita determinar
que los mismos se hubieran causado efectivamente.
viii) En suma, declaró probada la prescripción de los montos que hubieren
emanado con anterioridad al «30 de abril de 2009» y la nulidad de los actos
administrativos demandados; condenó a la UNP a reconocer y pagar la liquidación
salarial derivada de la relación laboral surgida desde el 30 de abril de 2009, salvo
las interrupciones presentadas; cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de pensión, incluido el lapso sobre el cual se declaró la
prescripción, esto es, desde el 7 de julio de 2003 hasta el «31 de agosto de 2011»,
pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador; y negó las demás
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UNP interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones
de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:3
i) Respecto del elemento de la subordinación continuada, el hecho de que el
DAS facilitara el desarrollo de la labor del escolta contratista correspondía a la órbita
de la coordinación de actividades contractuales, no al sometimiento de este porque:
a) la labor del contratista era respecto de su protegido a quien por sustracción de
materia debía acompañar en su entorno geográfico, profesional e incluso personal;
b) las instrucciones, órdenes o misiones eran simples pautas de coordinación; c) el
factor horario no es un sinónimo de subordinación; y d) es el escolta, bajo sus
propios criterios, quien decide la correcta aplicación de las medidas de seguridad.
ii) No por el hecho de que el actor fuera utilizado para desarrollar labores
propias de un empleado de planta su contrato de prestación de servicios se
desnaturalizó, ni puede darse por ello automáticamente paso a una relación laboral,
puesto que la entidad se hallaba amparada en la Ley 80 de 1993. Tampoco es cierto
que el accionante no tuviera independencia o autonomía, ni que recibiera órdenes
directas.
iii) Finalmente, se apartó de la decisión de condenar en costas a la UNP pues
dicha entidad no actuó de manera temeraria o de mala fe en el presente proceso.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
3 Folios 535 al 537.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
El señor Armando Calvache Muñoz, por intermedio de su apoderado, descorrió el
término para alegar y reiteró los argumentos esbozados en la demanda.4
1.5.2. La demandada
La UNP en su escrito de alegatos hizo énfasis en que las pretensiones de la demanda
no debieron prosperar en cuanto no existió entre el señor Calvache Muñoz y la
entidad una relación laboral, por tanto, solicitó revocar la sentencia apelada.5
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público rindió concepto en el que solicitó que se confirme la
sentencia apelada.6
Concretamente señaló que al demostrarse la existencia de una relación laboral, hay
lugar a reconocimiento de los derechos derivados de esta, pues se cumplió con la
elemental carga de probar los supuestos fácticos de las pretensiones; además de
los contenidos de los contratos claramente se extraen los elementos de juicio
utilizados por la entidad contratante para simular contratos de prestación de
servicios cuando en la realidad se trataba de relaciones laborales continuas.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
La Sala debe establecer si entre el señor Armando Calvache Muñoz y el extinto DAS,
existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
4 Memorial allegado en medio magnético, índices 18, 19 y 22 de la plataforma SAMAI.
5 Memorial allegado en medio magnético, índices 17 y 23 de la plataforma SAMAI.
6
Memorial allegado en medio magnético, índice 24 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculado contractualmente.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».11
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.12
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.13
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
15
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;15 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.16
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
15 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».17
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.18
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
17
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.
18
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.19
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
19 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
19
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
El señor Armando Calvache Muñoz tuvo las siguientes vinculaciones con el extinto
DAS para prestar labores como escolta:
Órdenes prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 014 de 07/07/2003 30/11/2003 5
2003 meses
(Fl. 32)
2 002 de 01/05/2004 31/12/2004 8
2004 meses
(Fl. 38)
3 007 de 01/03/2005 30/06/2005 4
2005 meses El contratista se compromete para
(Fl. 43) con el DAS a prestar sus servicios
4 023 de 05/07/2005 30/08/2005 1 mes personales de protección con sede
2005 y 26 principal en la ciudad de Bogotá DC,
(cd. 504) días dentro del componente seguridad a
5 041 de 31/08/2005 28/02/2006 6 personas programa de protección a
2005 meses dirigentes sindicales,
(Fl. 49) y 1 día organizaciones sociales y
6 006 de 01/03/2006 30/11/2006 9 defensores de Derechos Humanos,
2006 meses conforme a las medidas de
(Fl. 57) seguridad aprobadas por el Comité
Adición de Reglamentación y Evaluación de
(cd. 504) Riesgos del Ministerio del interior.
7 026 de 01/12/2006 30/06/2007 7
2006 meses
(cd. 504) Parágrafo: resultados esperados.
el objeto de este contrato está
8 007 de 30/06/2007 30/12/2007 6
orientado a brindar protección a las
2007 meses
personas que se encuentran
(Fl. 71)
amenazadas por la situación de
9 026 de 01/01/2008 31/12/2008 1 año
violencia que vive el país, buscando
2007
así desmenuzar los índices de
(Fl. 64)
criminalidad en los sectores más
Adición
vulnerados.
(cd. 504)
10 016 de 26/12/2008 28/09/2009 9
2008 meses
(Fl. 85)
Adición
(Fl. 91)
Adición
(cd. 504)
20
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
11 008 de 01/10/2009 17/12/2009 2
2009 meses
(cd. 504) y 17
Adición días
(cd. 504)
12 018 de 17/12/2009 31/03/2010 3
2009 meses
(Fl. 93) y 15
días
13 005 de 01/04/2010 31/07/2010 4
2010 meses
(Fl. 100)
Adición
(Fl. 91)
14 020 de 01/08/2010 31/12/2010 5
2010 meses
(Fl. 109)
15 031 de 28/12/2010 30/04/2011 4
2010 meses
(Fl. 116)
Adición
(Fl. 123)
16 009 de 01/05/2011 31/05/2011 1 mes
2011
(Fl. 126)
17 020 de 01/06/2011 30/06/2011 1 mes
2011
(Fl. 133)
18 029 de 01/07/2011 12/07/2011 12
2011 días*
(Fl. 140)
• El plazo de ejecución inicial del referido contrato fenecía el 30/08/2011, no
obstante, el contrato fue liquidado el 12/07/2011.
i) El 10 de mayo de 2006, el señor Eduardo Rodrigo Burbano Burgos, en su
calidad de jefe de protección del grupo de protección del DAS remitió memorando a
los escoltas contratistas, para poner en su conocimiento lo siguiente:20
Asunto: normas de carácter permanente.
De manera atenta y comedida y en atención a las apreciaciones de la Dirección
Seccional y la coordinación de talento humano, me permito dar a conocer algunas
normas de carácter permanente y estricto cumplimiento.
20 Folio 147.
21
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• Pago oportuno de salud y pensiones, dentro de los 5 primeros días de cada mes.
• Cumplir estrictamente con el horario establecido mientras no se encuentre
desarrollando labores protectivas, 07:30 horas a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas.
• Reporte semanal de actividades desarrolladas.
• Mantener una excelente presentación personal en la prestación del servicio.
• Al término de la jornada laboral deberán entregar el armamento asignado.
• Mantener actualizado el abonado telefónico y dirección de residencia.
• Actualización en conducción protectiva de vehículos.
• Toda ausencia injustificada será deducida del salario devengado.
• Reportar oportunamente el estado mecánico y de funcionamiento de los vehículos
asignados.
• Reportar por escrito cualquier novedad o inconveniente que se presente en el
servicio.
• Reportarse diariamente vía telefónica o avantel con el jefe de protección para dar
a conocer las novedades presentadas de igual manera con la Guardia de la seccional
el inicio y finalización del servicio.
Es de anotar que el no cumplimiento de las anteriores normas es causal de
cancelación del contrato.
ii) De igual modo se observan los certificados de cumplimiento emitidos por el
coordinador de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas del DAS, quien, en condición
de supervisor del contrato, hizo constar que el contratista cumplió a satisfacción
con el objeto del contrato, entre octubre de 2009 y junio de 2011.21
iii) En el expediente reposan copias de 127 órdenes y/o misiones de trabajo en
las cuales se le impartían instrucciones como escolta al demandante tales como: el
lugar donde debía hacer la respectiva presentación, el deber de reportar cualquier
novedad, realizar los reportes diarios y devolver la orden de servicio o misión con
el informe de cumplimiento entre otras.22 El contenido de estos actos, a manera de
ejemplo, es el siguiente:
21 Cd obrante en el folio 504.
22 Folios 148 al 277.
22
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
Orden de trabajo 040 del 14 de marzo de 2008: Orden de trabajo 010 del 19 de enero de 2009:
Orden de trabajo 063 del 2 de abril de 2010: Orden de trabajo 008 del 13 de enero de 2011:
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 27 de abril de 2012, mediante Oficio 98839, el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del DAS despachó de manera desfavorable las pretensiones invocadas por
carecer de fundamento legal, bajo los siguientes argumentos:23
En atención al asunto y relacionado con el derecho de petición incoado ante la
Dirección Nacional del DAS en proceso de supresión en nombre del señor Armando
Calvache Muñoz, bajo el radicado No. 98839 del 26 de abril de 2012, me permito dar
respuesta a su petición, en los siguientes términos:
Analizados todos y cada uno de los aspectos de cada una de sus peticiones, hay que
decir que la entidad no tiene competencia legal para cambiar la tipología de una
relación contractual ya ejecutada. recuérdese que el ingreso al servicio público está
23 Folios 28 y 29.
23
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
suficientemente regulado en la Constitución Política y la ley, pero, los contratos de
prestación de servicios no tienen la idoneidad para crear una relación laboral reglada,
contratos estos que se rigen por la ley 80 de 1993 y sus respectivos decretos
reglamentarios.
Para respaldar lo anterior traemos a colación la sentencia del 13 de mayo del 2010
proferida por la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, radicado 092409,
en el cual se pronunció sobre la competencia de la jurisdicción de lo Contencioso
administrativo para establecer « la existencia de una relación laboral de carácter
público» en los siguientes términos: « es así como la jurisdicción de lo Contencioso
administrativo es la competente para definir si, hay en verdad una relación laboral de
carácter público, en la que se esté de por medio la efectividad del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades».
ii) Mediante el Oficio sin fecha DIR.DAS.SNAR 2012-96930-7, el director del DAS,
seccional Nariño emitió nuevamente respuesta al derecho de petición en los mismos
términos.24
2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso
El 2 de noviembre de 2016, rindió testimonio el señor Juan Carlos Meneses Tello,
quien en concreto señaló lo siguiente:25
Preguntado: Bueno, se le pone de presente al testigo que aquí en el Tribunal Administrativo
de Nariño el señor Armando Calvache Muñoz por conducto de la doctora Andrea Margarita
Laso Urrestia han presentado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el entonces DAS, hoy Unidad Nacional de Protección, solicitando que se declare la nulidad de
las decisiones emanadas por el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS contenido
en un oficio, mediante el cual se expresó la negativa a la solicitud de reconocimiento de la
vinculación existente entre el señor Armando Calvache Muñoz y el DAS así como también la
negativa al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales aportes al sistema de Seguridad Social derivadas de la vinculación
existente desde el 10 de julio del 2003 hasta el 12 de julio del 2011. La señora abogada lo cita
usted como testigo este proceso de la parte demandante para que declare sobre los hechos
que a usted le consta en relación con la demanda que ha presentado el citado el señor. El
Tribunal le pregunta a usted qué sabe o que le consta respecto a lo que se le pone de presente,
tiene la palabra Contestó: Bueno, el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS tuve
la oportunidad de ser nombrado como jefe del área de protección, en esa área teníamos la
responsabilidad de estar pendientes y controlar el servicio que ellos prestaban mediante orden
de prestación de servicios. Se tenía conocimiento de que estas personas pues por las
cuestiones de la contratación tenían que ser de pronto tratadas de una forma muy diferente a
los funcionarios, pero nosotros cumplíamos órdenes; había un director de la seccional Nariño
• Putumayo que era la persona que tomaba de decisiones y a nosotros como jefes de área
nos tocaba acatarlas a pesar de lo que se le informaba y se le decía. Entonces respecto a
Armando Calvache tuve la oportunidad de estar al frente también de él, y, irregularidades que
24 Folios 290 y 291.
25 Folios 447 al 451.
24
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
se miraron en esa época, pues eran que el director ordenaba que ellos también aparte del
servicio que era exclusivo de ellos prestar servicios de escolta a determinado personaje,
cuando había ausencia de esta persona tenían que presentarse al DAS, como en
disponibilidad en el DAS. A ellos, o a él, exclusivamente, observé que lo utilizaban en ciertas
actividades que no tienen nada que ver con su con su trabajo, con su función, que no solo a
él sino pues a la mayoría de los escoltas que estaban de disponibles, como es el caso de
reforzar la guardia, otras veces colaborar en identificación, toma de huellas, certificados
judiciales y en alguna oportunidad lo miré a él que lo habían asignado con el señor que hace
servicios generales o arreglos locativos a la seccional y el ayudando a pintar y situaciones que
en conclusión pues eran obvias de que no tenía que cumplir, no, pero esas eran órdenes
exclusivas del director de la seccional Nariño - Putumayo de la época, mientras yo estuve
como jefe de área, porque en el lapso de que hablan del 2003 al 2011 no sé, no escuché bien,
hubieron bastantes compañeros que ejercieron ese cargo de jefe de área. Para el caso mío
yo estuve creo que desde el 2007 al 2009 que me retiré, 2010 más o menos algo así no
recuerdo bien el tiempo, eso es todo Preguntado: Usted ha mencionado que el señor
Calvache se vinculó mediante contrato de prestación de servicios, usted recuerda o sabe quién
hizo esa vinculación, qué entidad, qué funcionario y si conoce usted los términos de esa
contratación Contestó: Lo que alcanzó a recordar, esa vinculación venía directamente del
Misterio de Justicia, recuerdo bien, de una área de Derechos Humanos algo así porque eran
escoltas de determinada clase de personajes, no, que tienen determinado cargo o nivel de
riesgo. Al DAS le encargaron la función de coordinar, o sea de estar pendiente del contrato de
ellos o sea, era una comisión que dio el Ministerio al DAS para que realice esas contrataciones
y esté pendiente de que se cumpla el contrato, esa era la función del DAS, esos contratos aquí
en la seccional los firmaba el director de la seccional y el contratista. El director de la seccional
para estas personas él recibía hojas de vida y de ahí salía la contratación Preguntado: En la
demanda se dice que el demandante tuvo una vinculación desde el 10 de julio del 2003 hasta
el 12 de julio del 2011, usted sabe o recuerda si esa vinculación fue continua o hubieron
algunas interrupciones en algún lapso de este tiempo Contestó: Lo que me consta es que las
contrataciones de ellos era anual. La orden de prestación de servicios, el contrato de servicios
lo renovaban cada año. Del tiempo pues, sí recuerdo que él estuvo bastante tiempo en el DAS,
porque hubo unos años que yo no estoy aquí en Nariño entonces, pero sí recuerdo de que sí
estuvo por lo menos sus 10 años más aproximadamente dentro de esa contratación en el DAS
Preguntado: Usted sabe o recuerda qué exigencias le imponía la institución al demandante
para realizar sus pagos mensuales. Contestó: De las exigencias era que ellos tenían que
cancelar su seguridad social, ellos debían pagar salud y pensión y presentarlo a pagaduría
para que pagaduría pueda cancelar sus sueldos, su salario; además tenían que presentar un
informe sobre las labores que ellos tenían de pronto alguna situación que se haya presentado
pero de la escolta, y adicional, pues se observaba que los funcionarios de inteligencia les
solicitaban también hasta informes de inteligencia o informaciones respecto a cuestiones de
lo que se pueda presentar, como el DAS tenía la función de la inteligencia de Estado entonces
se aprovechaba todas las personas pues para qué nos brinden cualquier información que
podamos tomar para presentarla a nivel central Preguntado: Usted sabe o recuerda si al
demandante se le impusieron horarios de trabajo o cómo era la labor de él dentro de la
institución y con el personaje que a él se le asignaba custodiar Contestó:
Como dije
anteriormente no, por órdenes del director seccional a ellos en el contrato de prestación de
servicios se les determinada claramente las funciones que ellos querían cumplir con su
personaje, por eso se hacía una orden servicios, entonces ellos prestaban su trabajo
exclusivamente a ese personaje, pero por orden del director cuando un personaje se
ausentaba de la ciudad o un escolta quedaba sin personaje, por cualquier motivo o
circunstancia, esa persona o ese contratista tenía que presentarse a las oficinas a las 8:00 de
la mañana, estar hasta las 12 y de 2 a 6. Disponibilidad de acuerdo a lo que el director
ordenaba Preguntado: Usted habla de ese horario, quién le imponía ese horario por alguna
circular, o estaba en el contrato, o verbalmente le decían al contratista Contestó: No o sea,
eso no está estipulado en el contrato, sino que el director tomaba la decisión en forma, sin
ningún documento si no decía a las personas que estén disponibles de los contratistas que
vengan acá están ahí pendientes cualquier cosa de pronto algún servicio pero que estén ahí
pendientes, y esa era la orden Preguntado: Clarifíquele al Tribunal, específicamente, si sabe
25
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
usted o recuerda de quién recibía o era jefe el señor Armando Calvache, de quién recibía
órdenes o cuál era el superior jerárquico de él Contestó: Cómo le informó, nosotros de pronto
directamente el jefe de área, pero el jefe de área simple y llanamente cumplía todo lo que diga
el director, porque uno como jefe de área iba y le decía, doctor tal cosa, los escoltas que se
fueron, tocaba informar todo. Todos los días toca informar las novedades que ocurrían en, no
solo con ellos sino con todos los funcionarios que se manejaban en esa área, uno les
informaba de los contratistas y el director ordenaba qué situación o qué tenían que hacer ellos. O sea, pongamos un ejemplo, sí había en los tiempos que hubo certificados judiciales, que el
trámite era cuantioso, bastante gente entonces el director decía, llamaba a protección decía
vea jefe dígales a tales personas que vayan para que colaboren y ayuden a organizar el
público, por ejemplo. Pero eran, todo eran cuestiones del director que ordenaba, inclusive, con
la jurídica del DAS, en. más de una ocasión se le explicó de qué esa situación que se estaba
presentando no era función de ellos, pero como acá pues uno cumplía órdenes, entonces uno
no puede, pues el directo responsable de todas las situaciones que se presentaron con los
contratistas que uno como jefe de área se dio cuenta, es directamente del director que era el
que tomaba las decisiones en todo sentido Preguntado: Usted sabe o recuerda si el
demandante solicitó permisos, o licencias, o retiros temporales de la institución y quién le
autorizaba eso Contestó: Bueno, respecto a él directamente que mientras yo estuve no tengo
conocimiento, pero de los permisos, por ejemplo, si él estaba disponible o sea no estaba el
personaje, el que, o sea obviamente ellos informaban, pero pues el que decidía en todo sentido
al director, le informaban a él, vea no puedo asistir por tal cosa entonces él ya tenía
conocimiento pero así, pero así por escrito no Preguntado: Usted recuerda si al demandante
le hicieron llamados de atención por su trabajo y quién le hacía si es que se presentó ese
llamado de atención Contestó: No, no nunca hubo llamado la atención que recuerde
Preguntado: Usted sabe o recuerda qué instrumentos, o implementos, o distintivos la
institución le entregaba al demandante para desarrollar su labor Contestó: Primero que todo
pues un carnet de identificación que era directamente, decía que era del Ministerio de Justicia,
del área de protección del Ministerio de Justicia. Aparte de eso el Ministerio enviaba un chaleco
antibalas y un armamento que era exclusivo para cada escolta también, que eran no eran
armas del DAS, pero eran armas del Ministerio que se manejaban en el DAS. A ellos por
servicio prestado, o sea me explico, si el personaje los citaba 3 horas ellos se iban al DAS,
sacaban su armamento, sus implementos, vehículo, prestaban en su servicio en la noche
tenían que ir nuevamente a dejar su armamento, su vehículo y todo y así sucesivamente
mientras estaban prestando su función que era para cual fue contratada. En otras
oportunidades, pues como le manifesté anteriormente cuando están disponibles, sí en más de
una vez, a ellos les hicieron colocar chalecos del DAS, pues como dije, para de pronto
colaborar en la seguridad de las instalaciones o en el apoyo a certificados judiciales. Eso más
que todo Preguntado: Usted recuerda, sí para la época en que el demandante estuvo
vinculado con la institución había personal de planta que ejercía las mismas funciones que el
demandante Contestó: Sí claro, no solo o sea, cómo el DAS tuvo una reinserción del M-19, y
el EPL llegaron aproximadamente como unas 15 personas que eran reinsertadas y había,
ellos tenían una función que se llamaba agente escolta, ellos prestaban de servicio también
de escolta, entonces nosotros como detectives también prestábamos cuando nos, por
necesidad del servicio nos tocaba también prestar el servicio de escolta.
Un ejemplo, venía el
presidente, venía al ministro o alguien, altos dignatarios que por la esencia del DAS nos tocaba
a nosotros prestar por ser directamente de presidencia, nos toca. Pero si, la función del DAS
toda la vida desde que yo hice el curso, una de las clases o cátedras que se nos dieron y nos
enseñaron, e inclusive diplomas es de protección. Preguntado: Finalmente, usted recuerda
cuáles fueron las razones para que la institución le negara al demandante el pago de lo que
ahora está solicitando aquí en el Tribunal Contestó: Pues, la situación es la siguiente, en vista
de que hay un contrato de prestación de servicios y ellos no son vinculados cómo los demás
funcionarios que hemos sido vinculados. En un curso de detectives, los agentes escoltas ya
con un proceso de reinserción entonces por esa razón y porque pues, el contrato era una
supervisión que hacía el DAS al Ministerio de Justicia, entonces se entendía que los directos
responsables de ese programa era el Ministerio (…) Preguntado: Cuáles erán las actividades
que el señor Armando Calvache debía cumplir en esos períodos que usted nos ha mencionado
que eran como disponibilidades que eran ordenadas por el director de la seccional Nariño del
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Departamento Administrativo de Seguridad que ya pues se ha liquidado Contestó: Como dije
no, y aparte cuando el escolta quedaba sin personaje, porque la función es primordial y el
contrato era prestar servicio de escolta a determinado personaje con determinada condición
especial, porque no era todo, a todos los personajes sino a unos de unas determinadas
condiciones especiales, la orden del director era la disponibilidad. Ellos debían presentarse a
las 8:00 de la mañana en el DAS y nosotros los funcionarios del DAS hacíamos una formación
a las 7:30, cuando uno bajaba de la reunión de la general de todos los días entonces ya los
encontraba los que estaban disponibles en la oficina. Mientras no haya una orden del director
ellos permanecían ahí, pendientes esperando a ver qué sucede, cuando había órdenes del
director, vamos un ejemplo, recuerdo que anualmente se realizaba un estudio de seguridad
de instalaciones, no, qué consiste, es un censo que se hace a nivel perimetral del DAS y de
otras entidades del Estado, entonces por falta de personal del DAS, detectives, o del área,
entonces cómo era una cuestión de llenar formatos nada más pues el director ordenaba que
se utilice a estas personas para que de pronto colaboren, ese es un ejemplo de las actividades
que se fueron realizando. Otra situación, de pronto los colocaban a reforzar guardia, qué es
reforzar guardia, pues hay un grupo de funcionarios de DAS que están nombrados diariamente
para prestar un servicio de seguridad de instalaciones, cómo le digo guardia y por la esencia
del DAS, pues obviamente nos tocaba tener mucho cuidado por el orden público y todo,
entonces el director ordenaba que estas personas se ubican en ciertos puntos estratégicos
como decir unas esquinas con un chaleco para que los reconozcan y colaborar de pronto
cualquier situación que se pueda presentar. Otra situación que vi, pues también fue el apoyo
al trámite de certificados judiciales, dónde también el apoyo a organizar las filas o a tomar
huellas, que más a ver, otra situación Armando pues específicamente lo vi en alguna
oportunidad con el funcionario que hacía mantenimiento al DAS, él era, cómo se dice de todo,
él sabía electricidad, diría de todo, entonces él era el que arreglaba todo lo que tenía que ver
pintaba y todo entonces alguna vez como que lo vi o con o con traje para pintar y arreglar
oficinas, entonces eso es más o menos fueron actividades que fuera de su contrato el director
ordenó Preguntado: Sírvase por favor don Juan Carlos comentarnos cuando esta guardia, o
esta seguridad de instalaciones a la que usted ha hecho referencia en el caso del señor
Armando Calvache y de los contratistas de los escoltas contratistas, se realizaba en ese
mismo horario que usted nos ha mencionado de 8 a 12 de 2 a 6 de la tarde o cómo era esta
prestación de este servicio o el cumplimiento de esta orden que usted ya nos ha informado
emanaba de la dirección de la seccional Contestó: Ósea, no era todo el día sino de pronto,
había veces que de pronto alguien del o estaba períodos más delicados o más inclusive hay
unos que los pusieron a trasnochar fuera del horario normal, pero pues para que digan que
vamos que eso quedó por orden del día pues no, si no era orden del director verbal, pues nada
quedó por escrito porque ellos no tenían esa función Preguntado: Don Juan Carlos infórmele
al despacho si en el caso de don Armando Calvache, era posible que él se negara a cumplir
esas órdenes, a las que hemos hecho referencia Contestó: Claro que sí, porque es que el
contrato era claro el de ellos era muy específico no y al director pues en varias oportunidades
yo como soy abogado, se le informó se le dijo y cuando yo llegué a esa oficina yo le informé,
doctor estas personas no se las puede utilizar, pero pues como allá era órdenes, se cumplen. Entonces hasta inclusive la jurídica sabía, que a ellos no sé los podía utilizar en ninguna
situación diferente a lo que, si se terminaba su servicio podían descansar Preguntado:
Don
Juan Carlos, pero mi pregunta es si el señor Armando Calvache podría decir no, no lo voy a
hacer, esa es la pregunta Contestó: Apenas le respondí, claro que sí, ellos podían es decir
que no, porque nosotros no éramos jefes, nosotros simplemente éramos supervisores de
pronto de que se cumpla labor de ellos Preguntado: Sí, mi pregunta es porque usted dice que
como eran órdenes había que cumplirlas, entonces lo que yo quiero saber es si él tenía la
libertad, la tranquilidad de poder decir eso y como que no pasó nada Contestó: Repito, esos
si podía, pero nunca lo hicieron, ellos podían. Sino que pues, como es una institución donde
se manejaba como que una, pues no es militar, pero, si eran órdenes y se cumplen, entonces
me imagino que de pronto por perder el trabajo, por situaciones diferentes adversas a ellos. Pero ellos podían decir que no, pero como la costumbre se convirtió en eso, entonces todos
eran, cumplían la orden del director Preguntado: Me surge una pregunta de la respuesta que
usted acaba de dar, es decir, el señor Armando Calvache podía decir no, pero había riesgo
de algún tipo de represalia si él se negaba a cumplir estas órdenes Contestó: No le estoy
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
diciendo por que de pronto represalia, sino que de pronto el temor de ellos a perder su trabajo,
de pronto a que no les renueven el contrato sí, o sea yo no estoy diciendo que no, si no es el
temor simplemente. No es porque el director haya dicho, si ustedes no cumplen lo saco, no
porque todo eso es un temor de instinto de pronto del trabajo, cuando uno trabaja. pero si
podían negarse sí ellos se negaban, uno simplemente informaba al director, pero entonces
ahí era el temor de ellos de pronto a que el director les diga algo porque, él fue el que los
vinculó, el que le hizo la entrevista. Entonces es la situación. Preguntado: Señor Juan Carlos,
informe al despacho si esas actividades que le fueron contratadas al señor Armando Calvache
él podía ejecutar, o desarrollar este contrato que él había suscrito con otra persona, o sola o
tenía que ser él directamente cómo era esta situación Contestó: Lo que pasa es que no, un
servicio especiales como el que eran estos, como eran de sindicalistas de Derechos Humanos,
de personas que trabajan por los derechos humanos de izquierda, son grupos especiales de
personas que ellos no, por bajo ningún punto deseaban de que funcionarios del DAS les
presten ese servicio, tampoco funcionarios de la policía, porque en la policía también había
una oficina de protección, entonces por esa situación de esas personas especiales el
Ministerio de Justicia, derechos humanos creó este grupo de personas. Y muchas personas
eran afín de esos personajes, por ejemplo, había personas que entraron porque eran de
confianza de ellos, inclusive una irregulares en los ingresos, porque había personas que no
sabían nada de protección, pero pues era afín. Entonces qué pasa, había otras personas que
entraban a determinados servicios de esta clase de personas pero no era porque eran afín,
sino porque era el servicio, si este personaje, el Ministerio ordenaba que se levante, se le quite
el servicio, pues ellos quedaban y ellos obviamente si hay otros servicios de las mismas
situación de esas personas se las llevan a otra orden y seguían prestando el servicio, pero no
era solo una sola persona de ese grupo. Por ejemplo, aquí los de semana, de la gobernación
y de izquierda, todo eso. Preguntado: Sírvase informar al despacho, sí dentro de las funciones
actividades y misiones del extinto DAS se encontraba la actividad de protección de personas,
es decir, si el extinto DAS cumplía entre su misión el servicio de escoltas Contestó: Sí, el DAS
era, dentro de las tantas funciones que tuvo el DAS estaba la de seguridad de dignatarios,
pero entonces la seguridad del DAS más que todo de protección era dirigida a la presidencia,
todo lo que se desprenda de la Presidencia éramos nosotros competentes para prestar de
protección. Preguntado: Sírvase señor Juan Carlos aclararnos una situación que usted ha
mencionado, cuando manifestaba que las actividades adicionales prestadas por los
contratistas entre ellos el señor Armando Calvache incluían el refuerzo de la guardia o la toma
de huellas para la elaboración de los certificados de antecedentes judiciales, incluso organizar
filas de los usuarios de los servicios, usted manifestó pues, que para esas actividades se les
entregaban unos chalecos también y no sé si algún elemento adicional, ese material quien se
lo entregaba, se llevaba algún registro cómo era esa situación, en qué consistía no también
esa material Contestó: Bueno, como digo todo es órdenes del director, entonces había una
oficina dentro del DAS, una oficina, un alojamiento y todo, que era de una persona que
prestaba el servicio de inspector diario, el inspector diario qué función tenía, era el que
manejaba armamento, vehículos, estaba pendiente diariamente de todos los servicios que el
director ordene.
Un ejemplo, el director ordenaba de que a este a estas personas contratistas
se los utilicen como refuerzo de guardia el que tenía que dotar de chalecos, unos chalecos de
plástico impermeables que eran del DAS y gorras era el inspector porque ahí habían chalecos,
si les tenían que dar armamento, les daban armamento ya sea de los que ellos portaban o de
pronto una subametralladora y era el, inspector el que tomaba esa decisión, como le digo en
este momento, en esa clase de órdenes, para un servicio, el director llamaba directamente al
inspector del diario que era que estaba pendiente todo lo que sucedía en el día, entonces
inspector venga para acá, decía, necesitan personas para tal parte, coja a tal y atal y haga lo
siguiente, qué tal persona necesitan apoyo en tal parte sale de ahí, sí es que no había más
personal no. Esa era la situación (…) Preguntado: Buenos días señor Juan Carlos, bueno
teniendo en cuenta cómo manifestó al despacho usted era el jefe del área de protección mi
pregunta va encaminada a saber si aquellas personas, que como usted también lo manifestó,
ejercían la función de protección, los agentes escoltas, los reinsertados y demás teniendo en
cuenta esa planta que existía del DAS, se hubiera podido desarrollar el programa del Ministerio
de Justicia acá en la ciudad de pasto Contestó: No porque los reinsertados más que todo
eran directamente y exclusivamente escoltas de reinsertados de, le pongo un ejemplo Navarro,
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
de otras personas que son, fueron de esa corriente y que tienen cargos públicos aquí o
amenazas ellos serán los escoltas de ellos, entonces uno siempre optaba para que ellos
manejen esa situación y además eran pocos y como lo dije anteriormente, por qué no podían
ellos, porque resulta de que ellos ya llevaban en el DAS desde el 94 al 2002, 2001que empezó
este programa aparte, ya ellos estaban, ya eran casi, ya eran funcionarios del DAS porque ya
tienen un cargo y crearon una nómina para ellos dentro del DAS, entonces para esta clase de
servicios no deseaban los personajes que sean personas totalmente ajenas al DAS por la
situación de la inteligencia, entonces por eso es que se creó inclusive, pero como le explico
viene del Ministerio de Justicia Preguntado: Según eso, la planta de personal que podría
desarrollar funciones de protección no tenía a cargo ningún esquema de protección para la
época Contestó: Lo que pasa es que el DAS como le expliqué anteriormente, los agentes
escoltas ellos prestaban su servicio como lo explique, pero nosotros los detectives éramos de
forma esporádica, simple y llanamente cuando se presentaba que venía el presidente,
ministros todo lo que sea de presidencia y cuando se presentaba esta situación se acaba,
tocaba sacar personal de donde no hay. Por ejemplo, salían de Policía Judicial, tantos
funcionarios de identificación venga para acá, de extranjería venga para acá y se armaba un
grupo de escoltas porque todos fuimos formados como escoltas, y se armaba el grupo pues
para empezar el servicio a presidencia, pero no era no era que el DAS tenga escoltas fijas acá
si no todas era más que todo las que están manejan, porque además todo lo demás lo
manejaba la policía Preguntado: Frente a lo manifestado, tiene conocimiento o le consta si
existe alguna diferencia entre el salario que percibían los agentes escoltas y los honorarios
que recibían los contratistas del programa de protección del Ministerio de Justicia Contestó: Sí claro, supuestamente pues en el de los contratistas se llamaba que un salario, como era la
palabra que va todo incluido, integral, y un salario integral que creo que duró el mismo salario
integral, hasta que yo me retire seguían con el mismo salario integral, pero no subía. Mientras
que los escoltas, agentes escoltas ellos tenían un salario básico con todas las prestaciones
pero era muy inferior a ellos, al que ganaban los escoltas contratistas Preguntado: Según eso
era mayor el ingreso mensual que percibía un contratista escolta que uno de planta Contestó: Al principio sí no, ellos quedaron estancados en su salario y al momento de los aumentos de
cada año con prestaciones y todo pues ya creo que al final cómo quedaron a nivel
Preguntado: Frente al ejercicio la labor de escolta ya como tal en el caso concreto, manifieste
el despacho si el señor Álvaro Calvache tenía algún tipo autonomía frente a la labor que
desempeñaba diariamente como escolta o diariamente recibía órdenes, hago precisión de la
pregunta frente a la labor de escolta como tal o sea su experticia Contestó: No cuando el
personaje estaba acá, ellos de acuerdo a la disposición o a la petición del personaje, a qué
hora lo citaba, a qué hora salía, a qué hora entraba ya lo manejaban ellos con su personaje. Simplemente ellos, al finalizar dejaban su armamento, pues obviamente el inspector tiene que
apuntar que se terminó el servicio de ellos o se inició el servicio y se tiene que informar que
se inicia el servicio y se termina el servicio.
Había de pronto otra situación que se presentaba,
si de pronto algún percance o alguna situación que de inmediato llame para de pronto un
apoyo o lo que sea, pero ellos prestaban su servicio hasta las horas que el personaje se los
ordenaba, pero nosotros ahí si no tenemos nada que ver en cuestión del servicio de escolta,
lo único que uno hacía de pronto, es visitas al personaje esporádicas para ver cómo se ha
portado el servicio, cómo está el servicio, si está bien, si ha habido al alguna novedad para
informar al Ministerio Preguntado: Según eso, el DAS ejerció una supervisión pero ya la
relación laboral era estrictamente entre el escolta y el protegido Contestó: Pues llamarse
relación laboral no, era un servicio que se prestaba al personaje, el personaje es el, el objeto
de este contrato era prestarle el servicio de escolta a él y él obviamente el escolta que hace,
simplemente cumple los horarios que él haga, cuando lo necesite, ósea de pronto para dar
relación laboral ahí no, porque me dice el personaje mañana a tales horas, es un servicio, es
el objeto del servicio que se contrata y acompañado todo el momento y hasta que vaya a
descansar mañana hablamos y listo, eso es todo.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Contra la sentencia del 12 de junio de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo
de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se formuló
el recurso de apelación objeto de análisis para controvertir la decisión de declarar
una relación laboral encubierta o subyacente entre el demandante y el extinto DAS.
Así las cosas, para resolver la alzada se deben solucionar los siguientes
interrogantes.
2.4.1. ¿Existió entre el señor Armando Calvache Muñoz y el DAS una relación
laboral encubierta o subyacente que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculado contractualmente?
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, el
demandante estuvo vinculado por aproximadamente 8 años con el extinto DAS,
desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter permanente de
sus funciones) y que la relación que los unió reúne los elementos propios del
contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación:
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
En primer lugar, el demandante acredita la prestación personal del servicio, a través
de los 18 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se detallaron
en el acápite de hechos probados de esta providencia.
En segundo lugar, las funciones detalladas en las obligaciones del contratista
plasmadas en los contratos de prestación de servicios dejan ver la vocación
personalísima de las actividades que el demandante debía desplegar, a saber:
i) cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS
a través del supervisor, o por su protegido; ii) realizar las actividades de índole
protectivo previa autorización para cumplir con la actividad encomendada, o
destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Seguridad; iii) presentar para su revisión en la dependencia de Control de
Armamento, Radio y Vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos
logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes; iv) cuando
por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el
cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia
diariamente; v) observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad,
con sus compañeros y con la persona protegida; vi) no ingerir bebidas embriagantes,
sustancias alucinógenas o psicotrópicas; vii) respetar las normas de tránsito y de
convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía;
viii) informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las
novedades que se presenten en el servicio; ix) mantener en buen estado los
elementos logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado, los
cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente
contrato; x) observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo
relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen
con las actividades propias del objeto del presente contrato; xi) informar al supervisor
del contrato las novedades del servicio relacionadas con permisos, incapacidades u
otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en
el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo
que no se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el
tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del
supervisor; xii) observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de las
armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos;
xiii) presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del
contrato, la cual se requerirá para expedir la certificación de cumplimiento para pago
por la prestación de servicios prestados y gastos de viaje estipulados en la cláusula
tercera del presente contrato; xiv) efectuar el pago de los aportes a los sistemas de
seguridad social, en salud y pensión; obligación que deberá cumplir y acreditar
mensualmente ante el supervisor del contrato.
En tercer lugar, de acuerdo con las reglas de la experiencia, el servicio de escolta
debe ser prestado por sujetos cualificados, es decir, por personal que hubiese
acreditado las condiciones profesionales requeridas para la labor. En tal sentido, y
dados los requisitos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, se
observa que se trata de actividades que no podían ser delegadas o encomendadas
a un tercero por parte de quien las ejecutaba.
2.4.1.2. Subordinación continuada
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
i) El lugar de trabajo. En el presente asunto el demandante tuvo que prestar
sus servicios personales en el lugar que fuera asignado por el DAS a través del
supervisor, o por su protegido. Dicha información se extrae del contenido de los
contratos de prestación de servicios y de las órdenes de trabajo y/o misión a través
de las cuales se le impartían las instrucciones para realizar las tareas de protección
que le fueran encomendadas.
Adicionalmente, el señor Juan Carlos Meneses Tello, quien rindió declaración en
este proceso y conoció de la relación contractual de las partes ya que estuvo
vinculado por medio de una relación legal y reglamentaria con el extinto DAS,
ejerciendo el cargo de jefe del área de protección en la Seccional Nariño (por lo que
fue compañero de trabajo del señor Calvache Muñoz), fue enfático al señalar que el
director de la entidad ordenaba que los contratistas, aparte de prestar el servicio
exclusivo de escolta, los días en los que su protegido no requiriera el
acompañamiento tenían que presentarse en las instalaciones del DAS, por
encontrarse en «disponibilidad».
Así las cosas, le consta que el señor Calvache Muñoz en múltiples ocasiones estaba
realizando actividades de tipo administrativo en el DAS, como reforzar la guardia de
seguridad, o colaborar en el trámite de identificación, toma de huellas, expedición
de certificados judiciales, entre otros, porque lo veía asumiendo dichas actividades.
ii) El horario de labores. En punto al cumplimiento de horario, de la lectura de
las órdenes de trabajo o misiones se infiere, en efecto, que el demandante se
encontraba sometido a observar las directrices que al respecto señalara la entidad
a través de sus autoridades, pues, debía estar a disposición de las funciones de
acompañamiento y protección o los requerimientos que le asignara el director o el
subdirector de la Seccional Nariño y Putumayo.
Nótese que en dichos documentos se imponían misiones de acompañamiento a los
protegidos para movilizarse a diferentes lugares del país, por diferentes lapsos, a
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
través de medios terrestres o aéreos atendiendo los compromisos y necesidades
de aquellos. Así las cosas, infiere la Sala que también debía acatar instrucciones
horarias por parte del protegido teniendo en cuenta que el acompañamiento podía
extenderse en el tiempo.
De igual modo, en el plenario reposa el memorando expedido por el jefe de
protección de la seccional, por medio del cual puso en conocimiento de los
contratistas el deber de «cumplir estrictamente con el horario establecido mientras
no se encuentre desarrollando labores protectivas, 07:30 horas a 12:00 y 14:00 a
18:00 horas» y «al término de la jornada laboral deberán entregar el armamento
asignado»; además de advertir que toda ausencia injustificada sería deducida del
«salario devengado» y que «el no cumplimiento de las anteriores normas es causal
de cancelación del contrato».
De dicho documento se extrae con claridad que el extinto DAS, de forma unilateral,
impuso el cumplimiento de una jornada de trabajo de obligatorio cumplimiento,
adicional a aquella que pudiera necesitar el sujeto protegido al que debía escoltar
el demandante.
Asimismo, el señor Juan Carlos Meneses Tello, quien se itera ejerció el cargo de
jefe del área de protección en el DAS, Seccional Nariño, luego «tenía la
responsabilidad de estar pendiente y controlar el servicio» que prestaran los
contratistas en cumplimiento de las órdenes de prestación de servicios, indicó en su
testimonio que le consta que el director de la seccional ordenaba que si por cualquier
motivo o circunstancia el protegido no necesitaba el acompañamiento el contratista
tenía que presentarse a las oficinas de la institución a las 8:00 am, estar ahí hasta
las 12:00 m y luego de 2:00 a 6:00 pm en disponibilidad para que le asignaran
cualquier tipo de actividad. Dicho horario, afirmó, no estaba estipulado en el
contrato, sino que el director lo imponía.
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
En el mismo sentido el testigo precisó que los escoltas cuando estaban prestando
servicios en los esquemas de protección lo hacían hasta «las horas que el personaje
se los ordenaba».
En ese orden, la observancia de condiciones en el tiempo de labor, impuestas por
terceros que son imposibles de eludir o modificar por el contratista, so pena de
incumplir las condiciones contractuales, resultan indicio del cumplimiento de un
horario de trabajo.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las labores
ejecutadas en atención a los contratos de prestación de servicios suscritos en
cumplimiento de las obligaciones contractuales eran direccionadas y dirigidas tanto
por el coordinador operativo, o el director, o el subdirector del DAS, Seccional Nariño
y Putumayo, en cuanto a las condiciones técnicas y logísticas en las que debía
prestarse el servicio, como por los sujetos beneficiarios de los servicios protectivos,
dependiendo de su agenda y actividad diaria.
Se insiste en este punto que en el plenario reposan las órdenes de trabajo y/o
misiones en las que se informaba al señor Calvache Muñoz sobre el esquema de
seguridad en el que había sido asignado, relacionando para ello la persona objeto
del programa, el plazo de ejecución de dicho esquema, los elementos para el
desempeño de la labor bajo la denominación de «medios logísticos» (en donde se
mencionan armamento de dotación oficial, salvoconductos, chalecos antibalas,
vehículos para movilización y medios de comunicación, entre otras), las
instrucciones específicas de la directriz, y la presentación ante el director de la
seccional DAS a donde se dirigían.
Además, se imponía la obligación de realizar los trámites administrativos dispuestos
por la entidad a efectos de gestionar el reconocimiento y pago de gastos generados
por concepto de «viáticos», con ocasión del servicio prestado en otras
municipalidades diferentes a la ciudad de Pasto.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Dichos documentos eran suscritos por el coordinador operativo, el director, o el
subdirector del DAS, Seccional Nariño y Putumayo, respectivamente y de su
contenido se extrae que los lineamientos que en ellos se plasmaban eran impuestos
por los referidos funcionarios, sin que el contratista, en uso de las características de
autonomía e independencia que rigen los contratos de prestación de servicios,
pudiera modificar o sugerir cambios en estos.
Así las cosas, los referidos medios probatorios resultan suficientes para inferir que
si bien, en principio, las funciones desempeñadas por el señor Calvache Muñoz se
encontraban enmarcadas dentro del alcance de los objetos de los contratos de
prestación de servicios que suscribió con el DAS, debió cumplir y acatar instrucciones
y directrices emitidas por sus superiores.
Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que el señor Juan Carlos Meneses
Tello fue enfático en su declaración al señalar que cuando el escolta quedaba sin
personaje, por orden del director, debía permanecer en las instalaciones de la
entidad, pendiente esperando sus instrucciones. A manera de ejemplo relató las
siguientes actividades: i) anualmente se realizaba un estudio de seguridad de
instalaciones, entonces ante la falta de personal en el DAS el director ordenaba que
se utilizara a los contratistas para que colaboraran llenando una serie de
formularios; ii) o los ponían a reforzar guardia de seguridad, el director ordenaba
que los contratistas se ubicaran en ciertos puntos estratégicos con un chaleco para
que los reconocieran y colaboraran con cualquier situación que se pueda presentar;
iii) también brindaban apoyo en el trámite de certificados judiciales, como organizar
las filas o tomar huellas digitales; iv) finalmente, recordó que el señor Calvache
Muñoz fue designado para ayudarle al funcionario que hacía mantenimiento a las
instalaciones del DAS, y lo vio con traje para pintar y arreglar algunas oficinas.
Ante la ocurrencia de esas irregularidades respecto al trato y funciones que se le
asignaban al contratista, la Sala encuentra como indicio del ejercicio del ius variandi
que el director de la seccional efectuara dicha práctica.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
El testigo además señaló que en principio los contratistas podían negarse a asumir
ese tipo de funciones; no obstante, nunca lo hicieron, pues al ser una institución
donde se manejaba un esquema de disciplina militar, las órdenes se deben cumplir.
Dicha afirmación encuentra respaldo en el memorando al que se hizo referencia en
párrafos anteriores en el que se advirtió que el incumplimiento de las indicaciones
impartidas era causal de cancelación del contrato.
Otro hecho que observa la Sala respecto de este elemento es que las actividades
de protección a personas con características de asegurabilidad, por sus condiciones
especiales, implican la disponibilidad del servicio prácticamente de forma
ininterrumpida, por lo que se requiere la presencia del contratista a cualquier hora
del día y el tiempo que fuere necesario.
Adicionalmente, queda en evidencia que el demandante no era autónomo para
ausentarse de las instalaciones o lugar de ejecución del objeto contractual, pues
dentro de sus obligaciones contractuales se pactó el deber de informar las
novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendieran o interrumpieran el ejercicio de las actividades,
luego debía contar con la aprobación del DAS para ausentarse, so pena de estar
incumpliendo sus obligaciones contractuales.
Por último, el hecho de que el DAS hubiera suministrado los elementos logísticos de
dotación, específicamente armamento, vehículos y medios de comunicación, que
debían ser rigurosamente salvaguardados por el escolta y con observancia de los
protocolos definidos resulta indicativo de que la actividad desempeñada no se dio
de forma libre y autónoma.
En reciente pronunciamiento esta Subsección sostuvo lo siguiente respecto de las
características que definen la actividad desarrollada por los escoltas:26
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022, exp.
05001-23-33-000-2014-00137-01 (4355-2017); M. P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
La alusión que se hace en el componente funcional en cita, a que el cumplimiento de
las actividades contractuales debía ser en el lugar definido por el DAS o por la persona
respecto de la cual efectúan las labores de protección, reviste necesariamente la
adecuación del servicio del contratista a las determinaciones de terceros que,
destinatarios del mismo, disponían a voluntad condiciones para su ejecución, como
lo son los horarios o la extensión en la jornada del esquema protectivo, sin que en
ello interviniera el escolta designado.
Importante es resaltar el requerimiento de autorización para el desempeño de las
actividades encomendadas, en tanto ello refiere la falta de liberalidad en la ejecución
contractual, que resulta propia de los contratos de prestación de servicio. No se
desconoce que este tipo de contratos deban ceñirse a parámetros de cumplimiento
en la ejecución de actividades, sin embargo, que el servicio y su prestación efectiva
deban obtener autorización previa, implica una restricción a la puesta en marcha del
objeto contratado que debía solventarse cada vez que se asumía una labor de
protección diferente.
Teniendo en cuenta ello, para la Sala, en efecto, las actividades específicas
descritas en las obligaciones contractuales, así como las que fueron detalladas en
los oficios a través de los que se le asignaban misiones, y las declaraciones del
testigo, dejan ver que el manejo de la labor de escolta lleva inmersa la imposición
de órdenes y directrices por parte de quienes, en efecto, podían ejercer la línea de
autoridad al interior del extinto DAS.
En este punto es del caso acotar que el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito».27
Lo anterior es diferente a la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y por ello este último cuenta con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación de obedecerle. En
27
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores,
sin que le asista a este ningún tipo de independencia.
En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, toda vez que
el desempeño de las funciones por parte del actor estaba sujeto a la imposición de
medidas y/o directrices de las autoridades y coordinadores de esquemas de
seguridad al interior del DAS, el sometimiento a los horarios y agendas de los sujetos
a quienes brindaba protección y la imposibilidad de la prestación del servicio por
otras personas, lo que denota sin lugar a hesitaciones que el DAS, en su condición
de empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del señor Calvache
Muñoz.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
Sobre el tema del servicio de escoltas, esta Subsección ha sostenido que la labor
de brindar seguridad a beneficiarios de programas de protección impone a quien
ejecuta la actividad «el deber de atender las directrices impartidas por el DAS en las
distintas misiones a él encomendadas. Así, se ha concluido que las tareas que debe
ejecutar un escolta comportan el elemento de la subordinación, pues estas se
desarrollan en cumplimiento de órdenes directas de su superior, lo cual, desvanece
la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia
con la que se presta el servicio, más aún cuando para su ejercicio, el demandante
debía emplear los elementos de dotación suministrados por el DAS como armamento
y vehículo, toda vez que desatender el esquema de seguridad propuesto podría
afectar el éxito de la labor».28
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. exp. 760001-23-33-000-2012-00260-01
(0621-2016).
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Luego, aun cuando en el expediente no reposan evidencias de que existieran cargos
de planta en el extinto DAS que ejercieran la actividad de escolta, no se puede
desconocer que las actividades encomendadas a través de los contratos de
prestación de servicios que se analizan traen implícito el elemento de subordinación.
Así pues, en el presente caso se puede concluir que, en desarrollo de las labores
de escolta, el demandante estaba inserto en el círculo rector y organizativo del
contratante a quien le correspondía determinar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en los que debía prestarse el servicio.
2.4.1.3. Los estudios previos
En el expediente reposa copia de los estudios previos realizados para los contratos
de prestación de servicios. Dichos documentos son coincidentes al describir la
necesidad de la contratación, el objeto a contratar, justificación de la modalidad de
contratación y selección y los plazos de ejecución de cada encargo.
Así pues, la necesidad de la entidad surgió a partir del año 2003, por ello los
contratos de prestación de servicios celebrados, de manera continuada o sucesiva,
guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, por lo
que se puede concluir, en los términos de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 que aquellos encargos forman parte de una misma cadena o tracto
negocial de carácter continuado y permanente, y desbordaron el «término
estrictamente indispensable» al que hace referencia el artículo 32 de la Ley 80 de
1993.
Dicho de otra forma, el referido indicio evidencia que la relación contractual no tuvo
carácter temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en
que se desarrolló por aproximadamente 8 años, período en el cual el demandante
suplió la necesidad permanente de la entidad referente a prestar servicios de
protección a sujetos vulnerables.
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
2.4.1.4 Remuneración
Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado con
el pago de un salario periódico. En el sub lite, queda acreditada la remuneración
efectuada mensualmente por el DAS al demandante con los contratos de prestación
de servicios. De dichos documentos se extrae con claridad el valor de los contratos,
y la forma de pago en la cual se estipulaban los honorarios mensuales que recibiría
el actor por sus servicios.
En suma, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales de
una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y el DAS;
en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
se encuentra ajustada a derecho.
2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre el contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de continuidad.
2.4.2.1. Inexistencia de una relación laboral continuada
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Conforme al material probatorio allegado con el expediente, se tiene que el señor
Armando Calvache Muñoz estuvo vinculado con el DAS, en los siguientes períodos:29
Contratos Lapso de ejecución
1 014 de 2003
7 de julio al 30 de noviembre de 2011
Interrupción de 5 meses*
2 002 de 2004
1º de mayo al 31 de diciembre de 2004
Interrupción de 2 meses*
3 007 de 2005, 023 de 2005, 041 de 2005,
006 de 2006, 026 de 2006, 007 de 2007,
026 de 2007, 016 de 2008, 008 de 2009,
018 de 2009, 005 de 2010, 020 de 2010, 1° de marzo de 2005 al 12 de julio de
031 de 2010, 009 de 2011, 020 de 2011, y 2011
029 de 2011.
• Las fechas subrayadas corresponden a los períodos donde se presentó un mayor
número de días de interrupción que superó los 30 días hábiles.
De acuerdo con el anterior cuadro sumario, y siguiendo el criterio acogido en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se concluye que entre el 7 de julio
de 2003 y el 12 de julio de 2011, se presentó ruptura del vínculo contractual, como
se pasa a explicar.
El primer período contractual se puede delimitar entre el 7 de julio y el 30 de
noviembre de 2003; pues entre el contrato 014 de 2003 y el 002 de 2004 hubo una
interrupción de 5 meses por lo que se superó el término unificado por la Corporación
para la configuración de la solución de continuidad (30 días hábiles).
El segundo período contractual se desarrolló entre el 1º de mayo y el 31 de
diciembre de 2004, toda vez que entre los contratos obrantes 002 de 2004 y 007
de 2005 se presentó de nuevo una interrupción de 2 meses.
29 Conforme a los respectivos contratos de prestación de servicios visibles en los folios 32 al 146 y
cd folio 504.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
Así pues, al haberse presentado interrupciones considerables que suspendieron la
continuidad del vínculo debía haberse reclamado en sede administrativa dentro de
los tres años siguientes a la terminación de cada período contractual; no obstante,
la primera petición de reconocimiento y pago de las acreencias laborales ante la
entidad fue presentada el 26 de abril de 2012, por lo que, fue superado
ampliamente el término de prescripción en cada período.
Por consiguiente, habría tenido que declararse probada parcialmente la excepción
de prescripción propuesta por la entidad demandada respecto de los derechos
laborales reclamados frente a los contratos de prestación de servicios suscritos y
ejecutados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004.
El tercer período contractual se delimita entre el 1° de marzo de 2005 al 12 de julio
de 2011. Sobre dicho lapso se advierte que el demandante prestó sus servicios en
una continuada relación laboral, por cuanto los lapsos de interrupción entre cada
encargo no superaron el término de los 30 días hábiles. Por lo tanto, correspondería
realizar el cómputo del término prescriptivo a partir de la terminación del último
contrato, esto es, desde el 12 de julio de 2011.
Comoquiera que, se itera, el 26 de abril de 2012 el señor Calvache Muñoz presentó
la reclamación administrativa, su solicitud se encontraba dentro del término
legalmente establecido para ello y no habría lugar a declarar la prescripción de los
emolumentos prestacionales derivados de ese período (1° de marzo de 2005 al 12
de julio de 2011).
Sin embargo, debe precisar la Sala que en la sentencia de primera instancia se
estableció que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de
los montos que hubieran emanado con anterioridad al 30 de abril de 2009, decisión
que va en contravía de las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 que se aplicaron en este análisis, empero, dicha determinación no fue
objeto de apelación por parte del demandante. Así las cosas, en garantía del
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
principio de la no refomatio in pejus, la Sala deberá mantener incólume dicha
determinación.
Ahora, en la sentencia de primera instancia de igual modo se afirmó que los
extremos temporales de la relación laboral encubierta o subyacente que se declaró
se dieron entre el 7 de julio de 2003 y el «31 de agosto de 2011»; no obstante, en
el plenario se encuentra el acta de liquidación del contrato 029 de 2011, en la cual
se indicó que dicho encargo fue liquidado de común acuerdo el 12 de julio de 2011,
luego hasta esa fecha prestó servicios el demandante.
Así las cosas, el período respecto del cual podrá declararse la existencia de la
relación laboral entre las partes, debe corresponder precisamente al lapso que se
encuentra debidamente probado en el proceso el vínculo contractual, en este caso,
entre el 7 de julio de 2003 y el 12 de julio de 2011 y en ese sentido habrá de
aclararse el numeral quinto de la parte resolutiva de la providencia objeto de
apelación. Esta decisión es favorable a la apelante única y puede tomarse de oficio
conforme lo preceptúa el artículo 187 del CPACA.
2.4.3. Ahora, respecto de la inconformidad plasmada en el recurso de apelación
sobre la decisión del Tribunal de condenar en costas de primera instancia a la UNP,
se tiene que por mandato del artículo 188 del CPACA la imposición de las costas
obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba evaluarse la conducta de las
partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una valoración objetiva-
valorativa para comprobar que estas se causaron conforme con los criterios fijados
en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de una
actuación temeraria o de mala fe de las partes.
En ese orden de ideas la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso corresponde a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una disposición
o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o absteniéndose
de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en costas a la parte
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Radicado: 52001-23-33-000-2012-00162-02 (6229-19)
Demandante: Armando Calvache Muñoz
vencida en el proceso.
Así las cosas, en virtud del criterio valorativo anotado era necesario que el juez
revisara si las costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de
acuerdo con la actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de
la defensa de los intereses de las partes, como en efecto ocurrió.
Bajo los anteriores argumentos se concluye que la decisión de condenar en costas
tomada por el Tribunal Administrativo de Nariño no desatendió los postulados del
artículo 188 del CPACA, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,30 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Armando Calvache Muñoz
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandada teniendo en cuenta que con esta decisión se
modificará la sentencia apelada.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que al señor Armando Calvache Muñoz, como parte
trabajadora de una relación laboral (encubierta o subyacente), le asiste el derecho
al reconocimiento de la relación laboral que depreca. Así las cosas, se confirmará
el sentido de la decisión de instancia. Sin condena en costas de la segunda
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Modificar el numeral quinto de la sentencia del 12 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso instaurado por
el señor Armando Calvache Muñoz en contra de la Unidad Nacional de Protección,
en el sentido de precisar que los extremos temporales en los que se desarrolló la
relación laboral encubierta o subyacente que se declaró en este proceso se
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delimitaron entre el 7 de julio de 2003 y el 12 de julio de 2011, de conformidad con
las pruebas allegadas al proceso.
Segundo.- Confirmar en lo demás la decisión de instancia.
Tercero.- Sin condenar en constas de segunda instancia.
Cuarto.- Reconocer personería a la abogada Luz Mery Dimate Aranzazu como
apoderado de la Unidad Nacional de Protección, en los términos y para los efectos
del poder obrante en el índice 26 de la plataforma SAMAI.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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