Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2014-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia: marco normativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2014-00010-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
21 de junio de 2018
PENSION GRACIA – Marco normativo / PENSION GRACIA – Requisitos / VINCULACION – Docente municipal / DOCENTE MUNICIPAÑ – El tiempo laborado debe ser tenido en cuenta para reconocimiento del derecho pensional / PENSION GRACIA – Reconocimiento / VINCULACIÓN AL SECTOR DOCENTE – Nombramiento mediante contrato de prestación de servicios / PRESCRICPÓN - Entre la fecha de adquisición del estatus pensional y la petición inicial, no pasaron más de tres años por lo tanto se suspendió el término de prescripción / CONDENA EN COSTAS – Revoca
[E]n efecto se dio la prestación del servicio del actor como profesor con funciones de rector desde el 30 de septiembre al 14 de noviembre de 1980; y, posteriormente como docente nacionalizado desde el 15 de julio de 1982 al 31 de diciembre de 2004, tal como se refleja en los decretos, actas de posesión y el certificado laboral del inciso anterior. Debe señalarse, que si bien la manera idónea de probar la efectiva prestación de un servicio como empleado público, es el acto de nombramiento y la posesión, para efectos de la pensión gracia, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta sección, también puede hacerse con certificados expedidos por autoridades competentes que indistintamente de su denominación, ofrezcan certeza sobre el cargo ocupado, plantel educativo, su nivel, naturaleza de la vinculación, y duración; aspectos, que en juicio de la Sala están cumplidos con los documentos previamente analizados. En el anterior orden, cuestiona el apelante de manera puntual, que el demandante no acreditó los tiempos de servicio anteriores al 31 de diciembre de 1980, y que se desempeñó bajo la modalidad de prestación de servicios, por tanto el tiempo de servicio prestado entre el 30 de septiembre al 14 de noviembre de 1980, por un periodo de 45 días, lo que consideró que es un tiempo de servicio breve, y que no fue un nombramiento en propiedad. Frente a ello, la Sala reitera que existen diferentes modalidades de vinculación al sector docente, tales como nombramientos en provisionalidad, interinidad, contratos de prestación de servicios, las cuales son válidas siempre que se certifiquen en la forma debida como la definió la jurisprudencia citada, y en este orden, en el caso objeto de estudio existe un acto administrativo, esto es, el Decreto No. 1083 de 1980, el cual reconoció los servicios prestados en el ramo de la Educación como profesor con funciones de rector en el Colegio Pío XII en el Corregimiento Florencia del municipio de Samaná (Caldas), en el cual se visualizan los tiempos de servicio prestados por parte del actor como docente al servicio de una entidad territorial, desde el 30 de septiembre al 14 de noviembre de 1980.
FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LEY 37 DE 1933 / LEY 91 DE 1989 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00010-01(0582-15)
Actor: LAURO JAVIER RODRÍGUEZ MARCILLO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-084-2018
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide los recursos de apelación formulados por las partes demandante y demandada, contra la sentencia del 23 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Rodríguez Marcillo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, en la cual solicitó las siguientes:
Pretensiones
La nulidad de las Resoluciones UGM 0011705 del 03 de octubre de 201 y UGM 036850 del 6 de marzo de 2012, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia.
Como consecuencia de lo anterior, se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión mencionada y se condene a la demandada a reconocerla y pagarla con efectividad a partir del 15 de noviembre de 2006, fecha en la cual el demandante cumple los 20 años de servicio y los 50 años de edad; las mesadas, con la inclusión de los factores salariales por él devengados durante los doce meses anteriores al cumplimiento de estatus, con los reajustes automáticos y las indexaciones a que haya lugar. Y se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo a lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.
Finamente, peticiona que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se hagan las condenas ultra y extrapetita que correspondan y se condene en costas, expensas y agencias en derecho, siguiendo los lineamientos del artículo 188 del CPACA.
Fundamentos fácticos principales:
El señor Rodríguez Marcillo, cumplió 50 años el 15 de noviembre de 2006 y prestó sus servicios como docente municipal en diferentes instituciones educativas del Municipio de Mallama (Nariño), con vinculaciones municipales interrumpidas desde el 27 de octubre de 1978 y estaba activo para la fecha de presentación de la demanda.
Solicitó ante Cajanal el 8 de septiembre de 2008, el reconocimiento y pago de su pensión gracia la cual fue negada a través de los actos demandados.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial del caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso a folios 160 a 161 vto., sobre la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] DECISIÓN DE EXCEPCIONES. La entidad en su escrito de contestación de la demanda, formuló como excepciones las de (i) “incumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la UGPP – falta de pronunciamiento previo en la vía administrativa”, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción y (iv) la innominada. El Despacho constata que únicamente la primera constituye una excepción previa o de aquellas que puedan tramitarse como tal, de acuerdo al artículo 180 numeral 6 del CPACA. No obstante, la Sala Unitaria efectuará un análisis frente a todas.
[…]
AUTO No.3
PRIMERO.- Declárese no probada la excepción de “incumplimiento del requisitos (sic) de procedibilidad frente a la UGPP”, propuesta por la parte demandante.
SEGUNDO.- Las demás excepciones propuestas se resolverán en sentencia.
[…].”
Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos, tal como se observa en el minuto 19.00 de la audiencia que se allegó en el CD obrante a folio 158 del expediente.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folio 161 vto. a 162 vto., el a quo en el acápite pertinente hizo una presentación comparativa de los hechos de la demanda y la postura de la entidad, sobre los que las partes se encuentran de acuerdo, el magistrado ponente consideró que no había necesidad de tenerlos en cuenta para la fijación del litigio y respecto a los hechos en los que las partes se encuentran en desacuerdo se refirió a las diferencias que tienen los extremos frente a los tiempos y el tipo de vinculación del docente entre 1978 al 2011 toda vez que el demandante aduce que fueron de carácter municipal y la entidad afirma que eran nacionales y adicionalmente sobre la posición encontrada que tienen respecto de los lapsos en los que el demandante laboró por órdenes de prestación de servicios, toda vez que el primero afirma que deben tenerse en cuenta y la entidad se opone a su inclusión dentro del cómputo de tiempos laborados.
“[…] Seguidamente, el Magistrado para efectos de fijar el litigio, pone de presente los hechos en los que las partes están de acuerdo y aquellos en que presentan divergencias conforme a la demanda y su contestación.
[…]
EN CONCLUSION, el litigio que se fija se encamina a determinar:
¿La vinculación del actor para el periodo comprendido entre el 27/10/1978 al 04/04/2011 fue del orden municipal o nacional, en consecuencia tal periodo debe o no estimarse por la Sala?
Debe la Sala estimar el periodo durante el cual el actor se vinculó como docente mediante órdenes de prestación de servicios?
¿En consecuencia debe declararse la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resoluciones No. UGM 011705 del 3 de octubre de 2011 y UGM 036850 del 6 de marzo de 2012, por medio de las cuales CAJANAL EICE EN LIQUIDACION, negó y confirmó respectivamente el reconocimiento y pago de la pensión gracia al demandante?. […]»
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia el 23 de septiembre de 2014 de forma escrita, en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas entre el 15 de noviembre de 2006 y el 13 de enero de 2011 y condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Sostuvo el Tribunal que el demandante logró probar el tiempo de servicios requerido para acceder a la pensión gracia y frente a los problemas jurídicos planteados, por metodología se fraccionó el total del tiempo de servicios en tres periodos y se verificó su validez así:
«[…] (i) El periodo del 27/10/1978 al 30/08/1986, se debe sumar toda vez que además de ser aceptado en sede administrativa con vinculación del orden municipal, quedó demostrado en sede judicial mediante el certificado laboral, las actas de posesión y los decretos de nombramiento. (ii) El periodo 10/09/1993 al 30/09/1994, periodo en que el actor se vinculó mediante órdenes de prestación de servicio, también debe ser tenido en cuenta, por cuanto en reiteradas ocasiones el H. Consejo de Estado ha tenido como válidos los tiempos desempeñados por los docentes mediante relaciones contractuales y finalmente el (iii) periodo del 01/10/1994 al 04/04/2011, que de conformidad con el acto de nombramiento, el acta de posesión y el oficio suscrito por el señor alcalde de Mallama (Nariño) con ocasión de las pruebas decretadas, corresponde a una vinculación territorial. […]»
Se definió el derecho desde el 15 de noviembre de 2006, fecha en la que el libelista alcanzó el estatus pensional, por cumplir los 50 años de edad, pues para ese día completaba 21 años de servicios aproximadamente.
Por otra parte, al decidir sobre la prescripción, se dio aplicación al Decreto 1848 de 1969 y se encontró que entre la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento (8 de septiembre de 2008) y la de radicación de la demanda (14 de enero de 2014), transcurrieron más de tres años; por lo tanto, prosperó la excepción por las mesadas causadas entre el 15 de noviembre de 2006 (fecha de adquisición del estatus) hasta el 13 de enero de 2011.
Finalmente, según los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, al acoger las pretensiones de la demanda se condenó a la parte vencida en el proceso al pago de costas.
Un magistrado integrante de la sala de decisión aclaró su voto.
RECURSOS DE APELACIÓN
Parte demandada:
El apoderado de la UGPP, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de apelación, en el que expuso los argumentos que se reseñan:
Mencionó que no se encuentran debidamente acreditados los tiempos de servicios del docente antes del 31 de diciembre de 1980 y tampoco se anexa acto administrativo por medio del cual se reconstruyeron los decretos por los cuales se afirma que el solicitante prestó sus servicios en el municipio de Matallana y la certificación expedida por la Secretaría de Educación Municipal no reúne los requisitos necesarios para su formal expedición, pues el documento idóneo para demostrar la vinculación es el original o copia auténtica del Decreto de nombramiento.
Manifestó que el demandante ha tenido vinculación a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, los cuales no se deben tener en cuenta, pues dada su naturaleza, no generan relación directa ni crean el régimen prestacional del docente y tampoco existe soporte legal de su existencia al no haber sido aportados con la demanda.
Afirmó que revisados los certificados obrantes en el cuaderno administrativo se puede concluir que los tiempos de servicios prestados por el demandante se desestiman por ser de vinculación nacional, especialmente entre el 1.º de octubre de 1994 al 4 de abril de 2011 y de las mencionadas certificaciones no se define si los recursos son cofinanciados, en cuyo caso la vinculación sería igualmente nacional.
Puntualizó que comparte los argumentos de la aclaración de voto del magistrado del Tribunal de primera instancia.
Concluyó, que el demandante no acreditó de manera clara los requisitos legales exigidos en la Ley 114 de 1913, en especial en cuanto al aspecto de no percibir recursos o asignaciones de carácter nacional, pues no acreditó los 20 años de servicios y tampoco la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980.
Parte demandante:
Sostuvo que no es de recibo la aplicación de la sanción prescriptiva, pues si bien es cierto que la petición inicial fue del 8 de septiembre de 2008, también lo es que la Resolución UGM 011705 del 3 de octubre de 2011, en el párrafo segundo del considerando, indica que mediante escritos del 17 de noviembre de 2010 y 19 de mayo de 2011, se reiteró la solicitud, lo cual conlleva que las respuestas a las mismas se dieran a conocer el 2 de febrero de 2012, como consta en la notificación de ese acto administrativo. Esas últimas peticiones suspendieron el término prescriptivo hasta la fecha de ejecutoria de la Resolución 11705, permitiendo así el inicio de un nuevo término de tres años que se interrumpió con la presentación de la demanda.
Explicó que, contra la Resolución 011705 del 3 de octubre de 2011, se presentó recurso de reposición el 7 de febrero de 2012 que configura tácitamente una nueva petición que interrumpe la prescripción y mediante la Resolución 036850 del 6 de marzo de 2012 se resolvió, quedando suspendido el efecto prescriptivo hasta la ejecutoria de la misma. Por lo tanto hubo un error en la aplicación del fenómeno prescriptivo sobre las mesadas anteriores al 14 de enero de 2011. En este sentido peticionó se revoque parcialmente la decisión del a quo y se ordene el pago de la prestación a partir de la fecha del estatus jurídico, es decir, desde el 15 de noviembre de 2006.
Para terminar insistió que en segunda instancia se dé aplicación al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por causa de la mora en el pago de la mesada pensional.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, concretamente en lo relativo a que los tiempos del demandante como contratista y los laborados con posterioridad a 1994, no son válidos para ser computados para el reconocimiento.
La parte demandante y Ministerio Público: No se pronunciaron, según lo reporta el secretario de la sección en informe obrante a folio 336. Sin embargo, se deja constancia que estando el proceso al Despacho para fallo, el señor Rodríguez allegó memorial suscrito por él mismo, en el que presentó alegatos de cierre.
CONSIDERACIONES
Competencia:
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos:
Según lo planteado en los recursos de apelación, los aspectos puntuales a resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:
¿El demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial el relativo a los 20 años de servicios en vinculación como docente territorial o nacionalizado antes y después del 31 de diciembre de 1980?
¿Se configuró la excepción de prescripción en el presente asunto?
Primer problema jurídico.
¿El demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial el relativo a los 20 años de servicios en vinculación como docente territorial o nacionalizado antes y después del 31 de diciembre de 1980?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: El señor Rodríguez Marcillo demostró haber ostentado vinculación de carácter territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad a dicha fecha durante más de 20 años de servicio y por lo tanto satisface la totalidad de requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, por las razones que se explican a continuación:
La pensión de jubilación gracia.
Fue consagrada en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 a favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un lapso no menor a 20 años.
El artículo 4.º de la norma citada señalaba que para gozar de dicha prestación el interesado debía comprobar que los empleos se desempeñaron con honradez y consagración; que carecía de los medios de subsistencia en armonía con la posición social y las costumbres; que no había recibido ni recibe otra pensión o recompensa de carácter nacional; que había laborado con buena conducta; si es mujer, que estaba soltera o viuda, que tenía cumplidos 50 años o que estaba en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de Instrucción Pública y autorizó, según su artículo 6.º, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos, la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, la pensión gracia de jubilación se hizo extensiva a los maestros de escuela que completaran el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Finalmente, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, ordinal 2°, literal a) limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]» (Se subraya)
La norma trascrita fue objeto de pronunciamiento por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:
«[…] 4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “…con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “…otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]» (Subraya la Sala)
Aunado a lo anterior, la Sala Plena en la sentencia S-699 de 1997, explicó ampliamente las razones por las cuales la pensión gracia se mantenía a favor de los docentes involucrados en el proceso de la nacionalización, pero siempre que se demuestre el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ella y la vinculación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Adicionalmente, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-084 de 1999, concluyó:
«[…] 3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
[…]»”
De lo estudiado se puede determinar que con la expedición de la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria oficial en un plazo de cinco años, es decir que, hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales: los nacionales, vinculados de manera directa al Ministerio de Educación Nacional y los territoriales vinculados laboralmente con las entidades territoriales.
Por lo tanto y, según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que el docente laboró 20 años (7200 días) en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos de uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha categoría de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
En aplicación de la argumentación expuesta al caso concreto, se observa a folios 177 a 217 del expediente, en respuesta a prueba documental decretada por el Tribunal de primera instancia, el alcalde municipal del Mallama (Nariño) afirmó que:
«[…] El tiempo de labor del señor LAURO JAVIER RODRÍGUEZ MARCILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.295.541 de Mallama fue de acuerdo a los siguientes decretos o contratos de prestación de servicios así:
Decretos de nombramiento como profesor municipal y pagado con recursos presupuestales del Municipio:
11 del 27/10/1978
11 del 27/12/1978
04 del 01/02/1980
18 del 01/11/1981
10 del 01/09/1983
05 del 25/01/1984
15 del 27/08/1984
11 del 01/09/1985 laboró hasta el 3108/1986 fecha que presentó renuncia formal a su cargo.
Luego fue incorporado nuevamente como docente municipal a través de contratos de prestación de servicios y pagado con recursos presupuestales del Municipio:
10 del 10/09/1993
32 del 01/01/1994
El día 2 de diciembre de 1994 fue nombrado en Propiedad, con retroactividad des del (sic) 1 de octubre d e (sic) 1994, mediante Decreto No. 70 del 2 de diciembre de 1994, fecha desde la cual viene laborando vinculado a la planta de personal del Departamento y es pagado con Recursos del Departamento.
Durante el tiempo de Servicios tuvo la condición de docente Municipal y Docente estatal, tal como se discrimina en cada decreto o contrato.
El Municipio de Mallama NO es un Municipio certificado en materia de educación, la cual es administrada por el Departamento de Nariño.
Adjunto al presente envio copia auténtica de los siguientes contratos, decreto (sic) u actos de nombramiento […]»
Procede la Sala a efectuar la relación cronológica de las pruebas documentales obrantes en el plenario sobre el tiempo de servicios prestado por el demandante, en la cuales se evidencian los actos de nombramiento y posesión del docente:
FOLIOS
ACTO ADMINISTRATIVO
AUTORIDAD QUE PROFIRIÓ EL ACTO Y POSESIONÓ – INSTITUCIÓN EDUCATIVA
205, 207, 249
Decreto 011 del 27 de octubre de 1978 y acta de posesión
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta de Pususquer
209, 211, 250, 251
Decreto 011 del 27 de diciembre de 1978 y acta de posesión
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural de Betania
253
Acta de posesión frente al Decreto 04 del 1.º de febrero de 1980
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta de Pususquer
247
Acta de posesión frente al Decreto 018 del 1.º de noviembre de 1981
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta de Chambú
203, 248
Acta de posesión frente al Decreto 10 del 1.º de septiembre de 1983
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural de Pueblo Viejo
246
Acta de posesión frente al Decreto 015 del 27 de agosto de 1984
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta La Oscurana
245
Acta de posesión frente al Decreto 05 del 25 de enero de 1984
Alcalde de Piedrancha – Municipio
191, 193, 242, 243
Decreto 011 del 1 de septiembre de 1985 y acta de posesión
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta La Oscurana
187, 189, 240, 241
Orden de servicios del 10 de septiembre de 1993, a partir del 10 de septiembre de 1993 al 31 de diciembre de 1993
Contrato suscrito entre el Alcalde y el demandante para laborar como docente en la Escuela Rural Mixta de Curcuel
185 y 239
Contrato de prestación de servicios No. 32 del 1 de enero de 1994, por doce meses
Contrato suscrito entre el Alcalde y el demandante para laborar como docente en la Escuela Rural Mixta de Curcuel
34, 40, 173 a 175, 179 a 181, 183, 235 a 237, 238
Decreto 70 del 2 de diciembre de 1994 y acta de posesión
Alcalde de Piedrancha – Escuela Rural Mixta de Curcuel – Incorporación.
Se evidencia que las decisiones de nombramiento y posesión del demandante como docente, así como los dos contratos de prestación de servicios, fueron proferidos exclusivamente por el ente territorial, mediante los diferentes alcaldes (para la época) del Municipio de Piedrancha, Nariño.
Sumado a lo anterior, a folios 31 a 33 del expediente obra el formato único para la expedición del certificado de historia laboral elaborado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 12 de marzo de 2012, se ilustra para el efecto:
TIPO DE NOMBRAMIENTO
LAPSO
TIEMPO DE LABOR
DÍAS
Decreto 11 del 27 de octubre de 1978
Desde el 27 de octubre de 1978 al 26 de diciembre de 1978
1 mes y 29 días
59
Decreto 11 del 27 de diciembre de 1978
Desde el 27 de diciembre de 1978 al 30 de enero de 1980
1 año, 1 mes y 4 días
394
Decreto 4 del 1.º de febrero de 1980
Desde el 1.º de febrero de 1980 al 31 de octubre de 1981
1 año y 9 meses
630
Decreto 18 del 1 de noviembre de 1981
Desde 1.º de noviembre de 1981 al 30 de agosto de 1983
1 año y 10 meses
660
Decreto 10 del 1 de septiembre de 1983
Desde el 1.º de septiembre de 1983 al 31 de diciembre de 1983
4 meses
120
Decreto 5 del 25 de enero de 1984
Desde el 1 de enero de 1984 al 30 de agosto de 1984
8 meses
240
Decreto 15 del 27 de agosto de 1984
Desde el 1 de septiembre de 1984 al 31 de agosto de 1985
1 año
360
Decreto 11 del 1 de septiembre de 1985
Desde el 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986
1 año
360
Contrato 10 del 10 de septiembre de 1993
Desde el 10 de septiembre de 1993 al 31 de diciembre de 1993
3 meses y 20 días
110
Contrato 32 del 1 de enero de 1994
Desde el 1 de enero de 1994 al 30 de septiembre de 1994
9 meses
270
Decreto 70 del 2 de diciembre de 1994
Desde el 1 de octubre de 1994 al 12 de marzo de 2012 (A la fecha de expedición de la certificación se encontraba activo)
17 años 5 meses y 11 días
6281
Total tiempo de servicio
26 años, 4 meses y 4 días
9484
De conformidad con lo dilucidado, se encuentra probado que el señor Rodríguez Marcillo entre los años 1978 a 2012 sostuvo vinculaciones (con algunas interrupciones) como docente en el Municipio de Mallama (Nariño), tal y como lo certifica el alcalde municipal de dicho ente territorial a folios 31 a 33 y 177 a 178 del expediente, en donde se afirma que su tipo de vinculación era territorial municipal y que desde 1994 pasó al Departamento con ocasión de su incorporación en propiedad.
En criterio de la Sala, los medios de prueba enlistados son contundentes para generar el grado suficiente de certeza respecto a que la labor cumplida por el demandante fue de naturaleza territorial municipal; ello se respalda en el criterio de esta Corporación que sobre la forma de definir la categoría que ostenta un docente según su nombramiento, ha tenido la oportunidad de precisar que el carácter territorial o nacional de los nombramientos docentes, no lo determina la ubicación del establecimiento educativo en donde se presten los servicios y menos un registro documental aparentemente erróneo, sino el ente gubernativo que en realidad profiere el acto administrativo mediante el cual se genera el vínculo legal y la correspondiente naturalización de la actividad desarrollada, lo cual es objeto de valoración por las reglas de la sana crítica.
De ahí que, de manera alguna se pueda admitir el argumento de la entidad demandada en el sentido de que la vinculación del libelista a partir de su nombramiento en propiedad en 1994 fue de carácter nacional, pues, fehacientemente se ha demostrado que tanto el decreto de nombramiento como el acto de posesión, se surtieron con la intervención del alcalde municipal y bajo la financiación de los recursos propios de la entidad territorial y del Departamento de Nariño, es decir, sin que se presentara la aducida cofinanciación del servicio de parte de la Nación.
Es preciso señalar frente a la certificación obrante a folios 37 a 38 del expediente en la cual se registra que el régimen de pensiones es nacional, pero ello en no desvirtúa el hecho cierto de que la naturaleza de la vinculación del docente demandante es territorial.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Rodríguez durante los años 1993 y 1994 laboró a través de dos contratos de prestación de servicios (como se ilustró en los cuadros de tiempos de labor), reitera la Sala la postura que sobre esta circunstancia ha mantenido el Consejo de Estado, al explicar que:
«[…]
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que los docentes vinculados a través de contratos de prestación de servicios tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia, dado que los elementos de las relación laboral son inherentes a la labor de los maestros, como se señaló en la sentencia del 15 de julio de 2010, en los siguientes términos:
“Las entidades territoriales iniciaron la práctica de contratar los servicios de los denominados "docentes temporales", ante la imposibilidad de vincularlos oficialmente a las plantas de personal, ya que la legislación que estaba vigente prohibía crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria con cargo al presupuesto estatal.
Por ello, al estudiar la Corte Constitucional la demanda de inexequibilidad, entre otros, del artículo 6º de la Ley 60 de 1993, referente a la administración de las plantas de personal docente, estableció que cuando se trata del desempeño de funciones docentes, éstas no se pueden adelantar a través de contratos de prestación de servicios, porque siempre se predica del ejercicio de dichas actividades la subordinación o dependencia propias de la relación laboral. Corrobora lo anterior, el objetivo de la labor docente que consagra el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994) al prever que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos (…)”; situación que implica que la labor docente no es independiente, sino que es un servicio que se presta en forma personal y de manera subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación, que no es posible encubrir mediante contratos de prestación de servicios.
(…)
Consecuente con lo anterior, infiere la Sala la verdadera existencia de una relación laboral entre la señora Clemencia Emma Casas Plazas y el Distrito Especial de Bogotá, para el período comprendido entre el 21 de julio y 14 de octubre de 1980, al configurarse los elementos propios de la misma, esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración, que como tales son inherentes a la labor que desarrollan los maestros y circunstanciales al ejercicio docente y por ende, le otorgan los derechos propios de una relación laboral a quienes a través de estas órdenes ejercen la docencia.
Así las cosas, para el presente evento aunque la relación de la actora con el Distrito se haya verificado mediante órdenes de prestación de servicios, ello no impide, como ya se dijo, la existencia de la relación laboral, que permite adicionar para el reconocimiento de la pensión gracia, la experiencia que la actora tuvo en el ejercicio docente a nivel territorial antes del 31 de diciembre de 1980” .
Este tema también fue abordado en la sentencia del 19 de enero de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, donde se consideró que:
“(…) resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la certificación del 23 de julio de 2010 (f. 26), el accionante los haya laborado a través de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).” […]» (Subraya la Sala).
En virtud de la tesis jurisprudencial en cita, la Sala estima que para garantizar la prevalencia del principio de la realidad sobre las formalidades, es viable y jurídicamente posible que los 280 días de actividad docente del demandante a través los contratos de prestación de servicios, sean incluidos en el cómputo del reconocimiento de su pensión gracia, toda vez que durante el tiempo laborado mediante dicha modalidad se entienden configurados los elementos de la relación laboral que son inherentes a la labor de los maestros.
En definitiva, el demandante demostró a cabalidad el cumplimiento del requisito de la vinculación territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 pues incluso estaba en activo en su labor académica para dicha fecha. Además, acreditó su desempeño como docente municipal por más de 20 años o 7200 días.
En otro aspecto, está claro -y no es objeto de inconformidad- que el demandante acreditó el requisito de la edad el 15 de noviembre de 2006, pues nació el 15 de noviembre de 1956, y no existe el más mínimo reparo en la controversia frente a su buena conducta.
En conclusión: El señor Rodríguez Marcillo cumple con los requisitos fijados por la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión gracia y adquirió el estatus pensional con la edad, toda vez que el tiempo de servicio lo cumplió desde antes del 15 de noviembre de 2006.
Segundo problema jurídico.
¿Se configuró la excepción de prescripción de las mesadas en el presente asunto?
La subsección sustentará la siguiente tesis: No operó el fenómeno de la prescripción en el sub lite, por las razones que pasan a explicarse:
La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva.
La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la ley, es decir, que los derechos que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser solicitados so pena de perder dicha administración.
Puntualmente, la prescripción trienal de las mesadas pensionales, no reclamadas oportunamente, se encuentra regulada en el Decreto 3135 de 1968:
«[…] Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. […]»
A su vez, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, «por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público», en el artículo 102, señaló:
«[…] PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. […]»
De acuerdo con lo expuesto se observa que la norma prevé para el ejercicio de los derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su ejecución, y si transcurre dicho tiempo y no hay solicitud, se presume la pérdida de interés para ejercerlo.
Analizada la prescripción en los términos puestos en el sub lite, se encuentra el a quo de conformidad con lo regulado en el artículo 187 del CPACA, efectuó el estudio de la excepción de prescripción y la declaró probada para las mesadas causadas entre el 15 de noviembre de 2006 y el 13 de enero de 2011 (fls. 281 a 282).
Ahora, en cuanto a la prescriptibilidad de las mesadas pensionales, se ha pronunciado esta Corporación, al indicar:
«[…]
En atención a lo anterior, resulta claro que las acciones que emanan de los derechos laborales y prestacionales, prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles además el simple reclamo escrito del titular, interrumpe la prescripción por una sola vez y por un lapso igual.
En consecuencia, el término de prescripción empieza a correr a partir de la fecha en que el derecho se haya hecho exigible, y la interrupción se presenta en un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación administrativa, es decir, luego de presentada la petición de un derecho, la parte interesada cuenta con 3 años para solicitar el reconocimiento del derecho, en caso de que la entidad requerida sea renuente a dar respuesta a la misma, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo. […]»
Es decir que, una vez causado un derecho, se cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo inicialmente ante la administración y posteriormente en sede judicial; el solo hecho de reclamar ante la entidad, interrumpe el lapso por otro periodo igual, lo que significa que inician nuevamente a contarse los tres años.
Acorde con lo estudiado, en el presente caso, se encuentra probado:
El señor Rodríguez Marcillo, adquirió el estatus pensional el 15 de noviembre de 2006, toda vez que cumplió los 50 años ese día, como se ha explicado (fl. 25).
Elevó petición inicial de reconocimiento el 8 de septiembre de 2008, la cual fue reiterada en escritos del 17 de noviembre de 2010 y 19 de mayo de 2011.
Notificada al interesado el 2 de febrero de 2012 la Resolución No.11705 del 2011 que negó el derecho, interpuso recurso de reposición el 7 de febrero de 2012.
El recurso de reposición fue resuelto por Cajanal – en liquidación, mediante la Resolución No.036850 del 6 de marzo de 2012.
Finalmente, presentó la demanda el 14 de enero de 2014
Efectuado el recuento cronológico de las peticiones formuladas por el demandante tendiente al reconocimiento de su pensión, la Subsección considera que, no le asiste razón al a quo al declarar probada la excepción bajo el argumento de que «[…] entre la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento (8 de septiembre de 2008) y la fecha de presentación de la demanda (14 de enero de 2014), han transcurrido más de 3 años […]», toda vez que entre la fecha de adquisición del estatus pensional y la petición inicial, no pasaron más de tres años por lo tanto se suspendió el término de prescripción y; entre la fecha de la notificación de la decisión inicial de la administración (Resolución No. 11705 del 3 de octubre de 2011), la de la Resolución No. 36850 del 6 de marzo de 2012 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y la presentación de la demanda en enero de 2014, tampoco transcurrieron más de tres años.
En conclusión: No operó la excepción de prescripción para el caso concreto, pues se encuentra probado en el expediente que frente al derecho en controversia, desde que adquirió el estatus pensional y peticionó por primera vez ante la administración y resuelta la vía administrativa, tampoco venció el término de prescripción; de ahí que, prospere el recurso de alzada elevado por el demandante y en tal sentido la decisión del a quo ha de ser revocada. En su lugar, se declarará no probado dicho medio exceptivo.
Decisión de segunda instancia.
Por las razones que anteceden revocará el ordinal segundo y se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia; en lo referente a la declaratoria de la excepción de prescripción.
Se confirmará en lo demás la providencia apelada.
De la condena en costas.
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, toda vez que si bien resulta vencida en esta oportunidad, el demandante no intervino oportunamente ante la Corporación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Se revoca el ordinal segundo de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Lauro Javier Rodríguez Marcillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Segundo: Se declara no probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada.
Tercero: Se modifica el ordinal quinto de la referida sentencia, el cual queda de la siguiente forma:
QUINTO: CONDENAR a LA UNIDAD ADMIISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP a pagar a favor del demandante Lauro Javier Rodríguez Marcillo, las mesadas causadas a partir del 15 de noviembre de 2006, fecha de adquisición de su estatus pensional. Las sumas que resulten se indexarán de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, hasta la ejecutoria de la sentencia y devengarán intereses moratorios a partir de dicho momento y hasta la fecha en que se verifique el pago, dando aplicación a la fórmula utilizada por la Jurisprudencia Contencioso Administrativa, así:
Va= Vh. Índice final
Índice inicial
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula citada se aplicará separadamente, mes por mes.
Cuarto: Se confirma en lo demás la sentencia apelada.
Quinto No se condena en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoria JORM
Folios 2 a 4. Folios 4 a 5. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 273 a 282 vto. Folios 284 a 285. Folios 287 a 294. Folios 295 a 297. Folio 335. Folios 337 a 339. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia No.S-699 de 26 de agosto de 1997, Consejero Ponente Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia del 11 de febrero de 2015. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02850-01(3051-13) Demandante: Luz Miriam Marta Charry, Demandado: Cajanal EICE en liquidación –UGPP. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés, sentencia del 19 de abril de 2018. Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00142-01(3023-16) Demandante: Augusto León Ruiz López, Demandada: UGPP. Sentencia C- 614 de 2 de septiembre de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Frente a esto la Corte Constitucional en sentencia C-555 de 1994 sostuvo lo siguiente: “la entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia”. Posteriormente en sentencia C-614 de 2009 manifestó: “Los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicado 25000-23-25-000-2007-91356-01 y número interno 1465-09
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017, M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 y número interno 1706-15
Cédula de ciudadanía folio 25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicación número: 47001-23-31-000-2003-00376-01(1201-08). Cita de cita, Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A. Auto del 5 de abril de 2018. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicado: 05001-23-33-000-2014-0073501 (0611-2016). Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de febrero de 2017. Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado: 150012333000201300718 01 (1218-2015). Así lo afirma la administración en la Resolución No.011705 del 2011 que reposa a folios 26 a 28 vto. Así lo afirma la administración en la Resolución No.036850 del 2012 que reposa a folios 29 a 30. Folio 23 vto. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«[…] ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.