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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2014-00430-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2014-00430-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2014-00430-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

10 de febrero de 2022

Radicación: 52001 23 33 000 2014 00430 01
Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Nariño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN POPULAR
Radicación: 52 001 23 33 000 2014 00430 01
Accionante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO- REGIONAL NARIÑO
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS

Tesis: Se vulneran los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público, a la seguridad
pública en conexidad con la vivienda digna cuando no
se hace un adecuado seguimiento y control de los
recursos presupuestales asignados para un proyecto
de vivienda de interés social y se produce una
ejecución indebida de los mismos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada
Departamento Nacional de Planeación en contra de la sentencia
proferida el 6 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que amparó los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público, a la seguridad pública en
conexidad con el derecho a la vivienda digna, los cuales consideró
conculcados por el Municipio de Sandoná - Nariño, la Corporación
Vivienda Digna, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Departamento Nacional de Planeación.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Nariño

I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La Defensoría del Pueblo de la Regional Nariño promovió acción popular
solicitando la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público, a la seguridad pública, “la vivienda
digna” y los derechos de los consumidores y usuarios, para lo cual
formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: CONCEDER la protección de los derechos e intereses
colectivos invocados en el capítulo III de la presente acción popular,
transgredidos y amenazados por los demandados: a la moralidad
administrativa, el patrimonio público, la seguridad pública, la vivienda
digna y los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en los
literales b), e), g) y n) de la Ley 472 de 1998 como se demostró
anteriormente.

SEGUNDA: Que dentro de un término prudencial de cuatro meses se
ejecute el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO RURAL PARA 100 FAMILIAS
DAMNIFICADAS DE LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE SANDONA”, a
favor de los beneficiarios damnificados de la ola invernal del Municipio
de Sandoná; caso contrario, se los incluya dentro de un nuevo proyecto
de vivienda de interés social.

TERCERA: Se compulse copias a los organismos de control
(Procuraduría, Contraloría y Fiscalía), para que investiguen la conducta
que por acción u omisión pudieron incurrir los funcionarios públicos y las
personas naturales por las irregularidades presentadas en la ejecución
del convenio y en el detrimento patrimonial por la suma de
$920.488.000 M/L.

CUARTA: Se ordene en costas y agencias en derecho a las entidades
accionadas en el evento de prosperar las pretensiones de la demanda,
en los términos del art. 38 de la Ley 472 de 1998. […]”

1.2. LOS HECHOS

La parte accionante informó que el 5 de agosto de 2009 el Municipio de
Sandoná suscribió un convenio interadministrativo con la Corporación
Vivienda Digna para la formulación y construcción del proyecto
denominado “construcción de viviendas de interés social en sitio rural

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Folios 2 a 13 cuaderno 1.
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para 100 familias damnificadas de la ola invernal del Municipio de
Sandoná”, el cual sería ejecutado en varias veredas.

Explicó que, ante el incumplimiento en la ejecución del convenio,
algunos beneficiarios presentaron diversas quejas debido a los defectos
de las obras; entre ellas, la ciudadana Paula Alejandra Insuasty en
representación de María Felicitas Meneses Insuasty, quien compareció a
la Defensoría del Pueblo, Regional Nariño, para recibir asesoría jurídica
en busca de obtener el subsidio de vivienda del cual era beneficiaria y
solución a la problemática surgida, ya que algunas viviendas colapsaron,
otras presentaron grietas, etc.

Indicó que la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones
de protección y defensa de los derechos fundamentales, presentó un
derecho de petición ante las entidades accionadas y en respuesta al
mismo, el alcalde del Municipio de Sandoná explicó que el proyecto no
se había ejecutado en su totalidad debido al incumplimiento del
contratista Corporación Vivienda Digna, que estaban adelantando
acciones jurídicas para requerirlo, proceder a la declaratoria de siniestro
y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

Agregó que, por su parte, el Ministerio de Vivienda, en la contestación,
se limitó a hacer un recorrido sobre la normatividad respecto de los
subsidios de viviendas de interés social y el trámite para la asignación
de los mismos; sin embargo, no emitió ninguna respuesta frente a lo
solicitado, informando que daría traslado de la petición al Banco Agrario
para lo de su competencia.

A su vez, el Departamento Nacional de Planeación, en la respuesta dada
el 9 de mayo de 2014, indicó que, a través de la interventoría
administrativa y financiera, hicieron seguimiento administrativo y
financiero a los recursos girados, evidenciando la constitución irregular
de garantías para la ejecución del proyecto de vivienda, deficiencias
técnicas e inadecuados procesos constructivos, lo que había dado lugar
a la suspensión preventiva de los giros del proyecto.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Nariño el
9 de septiembre de 20142 y correspondió por reparto al despacho del
magistrado Álvaro Montenegro Calvachy3.

2.2. Por auto del 23 de septiembre de 2014 el magistrado de
conocimiento la admitió4 y ordenó la notificación personal a la parte
demandada, Ministerio de Vivienda, Departamento Nacional de
Planeación, Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, Municipio de
Sandoná, Nariño, y Corporación Vivienda Digna.

2.3. Mediante providencia del 18 de enero de 2016 el magistrado de
conocimiento vinculó5 al proceso al Fondo Nacional de Regalías en
Liquidación.

2.4. Por auto proferido en la audiencia celebrada el 7 de junio de 2016,
el magistrado de conocimiento vinculó6 al proceso al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario de Colombia y al
departamento de Nariño.

2.5. Los accionados contestaron la demanda manifestando lo siguiente:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2014, esto es, en
oportunidad, contestó la demanda por conducto de apoderado judicial y
se opuso a las pretensiones, para lo cual expuso7 que el ministerio no
tiene injerencia alguna en estos hechos ya que están fuera de sus

2
Folio 1 c. 1.
3
Folio 48 c.1.
4
Folio 49 a 51 ibídem.
5
Folio 371 c.1.
6
Folios 505 a 509 c.1.
7
Folios 206 a 214 c. 1.
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funciones y competencias y son del resorte de Fonvivienda, del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Banco Agrario de
Colombia y del Municipio de Sandoná, motivo por el que se atenían a lo
que resultara probado en el proceso.

Sostuvo que dicho ente no es el encargado de coordinar, asignar,
rechazar y otorgar los subsidios de vivienda de interés social urbana y/o
rural, sino de dictar la política en materia habitacional, y aquellas están
a cargo de Fonvivienda (urbano), el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Banco Agrario (rural), así como del municipio.

Propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva y
que sea desvinculado de la presente acción popular o se denieguen las
pretensiones frente al ministerio.

El Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda

Por escrito radicado el 3 de diciembre de 2014, esto es, oportunamente,
contestó la demanda por conducto de apoderado, explicando lo
siguiente8:

Que se oponía a la prosperidad de las pretensiones frente a esta
entidad, toda vez que no ha vulnerado derecho colectivo alguno a la
parte actora ni es responsable por acción u omisión, y que las peticiones
elevadas por los actores carecen de fundamento fáctico y jurídico que
permitan demostrar la violación de tales derechos ya que no existe nexo
causal entre el hecho y el daño que se le imputa a la entidad que
representa.

Solicitó dar prosperidad a la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de su representado por no tratarse del llamado a
satisfacer lo pretendido en el caso, por considerar que es un asunto que
está fuera del marco de sus competencias “que para el presente son de
resorte del Municipio de Popayán –Consejo Municipal de Gestión de

8
Folios 219 a 226 c. 1.
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Riesgo y Desastre y/o Empresa Prestadora de Servicios Públicos
correspondiente”.

Manifestó que, al quedar evidenciado que la responsabilidad por los
hechos de la presente acción no corresponde a Fonvivienda, debían
desestimarse las pretensiones frente a ese fondo.

El Departamento Nacional de Planeación

Por escrito radicado el 3 de diciembre de 2014, es decir, en oportunidad,
contestó la demanda por conducto de apoderado y argumentó que se
oponía a todas las pretensiones de la demanda9 por cuanto dicha
entidad no ha amenazado ni vulnerado los derechos colectivos
endilgados, dado que cumplió con la normatividad que regula sus
funciones.

Explicó que el proyecto FNR 32669, “CONSTRUCCIÓN DE 100
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
LA OLA INVERNAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, está incurso en los presupuestos de
hecho contenidos en el inciso segundo del artículo 142 de la Ley 1530
de 2012 y que el Municipio de Sandoná disponía de los medios para
impulsar su ejecución y culminación, así como para adoptar las medidas
administrativas respecto de los contratistas.

Agregó que los recursos del Fondo Nacional de Regalías, en ese
momento en liquidación, aprobados en su oportunidad por el Consejo
Asesor de Regalías con base en lo señalado en la Ley 141 de 1994,
estaban destinados a financiar el proyecto de inversión presentado por
la entidad territorial ejecutora, esto es, por el Municipio de Sandoná, y,
por lo tanto, no se podían considerar subsidios de vivienda.

9
Folios 229 a 243 c. 1.
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Informó que el DNP, a través de la IAF, advirtió al Municipio de Sandoná
sobre el retraso y abandono de las obras a través de oficios del 9, 15 y
27 de mayo de 2014 y actas de visita de agosto de 2012 y mayo de
2013, sin perjuicio de las labores que debió realizar el interventor
técnico.

Propuso como excepciones: la de “falta de legitimación en la causa por
pasiva y falta de competencia del DNP frente a la ejecución del proyecto
FNR 32669”, “no vulneración o amenaza de los derechos colectivos por
parte del DNP” y “falta de integración del litisconsorcio necesario por
pasiva”.

El Municipio de Sandoná, Nariño

Por escrito radicado el 3 de diciembre de 2014 contestó la demanda en
oportunidad por conducto de apoderado, exponiendo en concreto10:

Afirmó que el Municipio de Sandoná no ha incurrido en ninguna conducta
irregular y por el contrario procuró el cumplimiento del convenio con las
entidades renuentes.

Agregó que las normas citadas como violadas no encuadran dentro del
marco legal de las acciones populares sino de la acción de grupo, en
atención a que esta última es eminentemente indemnizatoria, pues con
ella se busca reparar el daño causado a un grupo de personas.

Sostuvo que el municipio, mediante queja presentada el 5 de marzo de
2012, informó a la Contraloría General de una serie de irregularidades
encontradas y que, ante el flagrante incumplimiento de las obligaciones
que le correspondían a la Corporación Vivienda Digna, mediante la
Resolución nro. 138 del 25 de agosto de 2014 se declaró el
incumplimiento del convenio de asociación, la cual fue notificada a las
partes y solo la aseguradora Fianza interpuso recurso de reposición.

10
Folios 96 a 103 c. 1.
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Propuso las excepciones de “inepta demanda por indebida acción
propuesta” y de caducidad de la acción.

La Corporación Vivienda Digna

Por auto del 4 marzo de 2015 se ordenó notificarla de la existencia de
esta demanda, quedando constancia en el expediente que, dado que no
fue posible notificarla personalmente, se dispuso su emplazamiento, lo
que se cumplió en el periódico El Tiempo11.

La demanda fue contestada por medio de curador ad-litem quien
manifestó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso12.

El Fondo Nacional de Regalías en liquidación

Por auto del 18 de enero de 2016 se dispuso la vinculación del Fondo
Nacional de Regalías en liquidación13 y, mediante escrito radicado el 5 de
abril de 2016, su apoderado debidamente constituido contestó la
demanda en los siguientes términos14:

Manifestó que se oponía a las pretensiones reclamadas por el actor
popular por cuanto no han amenazado ni vulnerado los derechos
colectivos endilgados ni quebrantado el principio de legalidad y que
cumplieron con las normas que regulan sus funciones, puesto no les
corresponde ser ejecutor de los recursos ni responsable de la
contratación, sino que ello involucra únicamente al Municipio de
Sandoná.

Explicó que, dado que el plazo para la liquidación del Fondo Nacional de
Regalías culminó el 30 de diciembre de 2017, la entidad ejecutora y
contratante, esto es, el municipio, disponía de los medios para impulsar

11
Folio 325 c. 1.
12
Folios 362 y 363 c. 1.
13
Folio 371 cuaderno 1.
14
Folios 389 a 400 c. 1.
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la ejecución y culminación del proyecto, así como para adoptar las
medidas administrativas respecto de los contratistas.

Precisó que en el caso del proyecto FNR 32669 que motiva esta acción, el
Acuerdo 012 de 2005 del Consejo Asesor de Regalías estableció los
criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos básicos para la
presentación de los proyectos de inversión para el sector de vivienda de
interés social rural, para ser financiados con recursos del FNR en
liquidación.

Sostuvo que el Municipio de Sandoná gozaba de autonomía
administrativa para adelantar las obras, por lo que correspondía a ese
ente y a su contratista el cumplimiento de las mismas.

Expuso que el giro de los recursos del FNR por el DNP estaba supeditado
al avance en la ejecución de las obras y al cumplimiento de los requisitos
por la entidad territorial ejecutora en el marco de la Resolución 0038 de
2008.

Por lo señalado, solicitó fuera declarada la falta de legitimación en la
causa por pasiva de dicho ente o en su defecto denegar las pretensiones
en lo que correspondía a su representado, alegando que no vulneró ni
amenazó derechos colectivos.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Por escrito radicado el 21 de junio de 2016, contestó la demanda por
conducto de apoderado, en los siguientes términos15:

Afirmó que no tenían legitimación material en la causa por pasiva porque
los hechos demandados no aluden a acciones u omisiones de
competencia de dicho ministerio.

15
Folios 522 a 530 c. 1.
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Arguyó que en este evento la pretensión principal está ligada al actuar de
un tercero que, según el demandante, utilizó de manera indebida unos
recursos presupuestales para la ejecución del proyecto de vivienda de
interés social, por la suma desembolsada de $920.448.000 a favor de la
Corporación Vivienda Digna, por lo que, frente a este actuar, ninguna
responsabilidad le asistía.

Agregó que no existen situaciones particulares de las que se desprenda
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural haya menoscabado o
puesto en peligro los derechos colectivos.

El Departamento de Nariño

Por memorial radicado el 23 de junio de 2016, esto es, en oportunidad,
obrando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones, para lo cual expuso16:

Informó que la administración departamental no conoció del proyecto de
vivienda en cuestión ni está documentado que hayan solicitado u
obtenido del departamento apoyo financiero, técnico o de cualquier otra
naturaleza para contribuir a la gestión y/o ejecución del mismo; por lo
tanto, indicó que la gobernación de Nariño no ejerció sus competencias
institucionales en materia de vivienda, no actuó como entidad otorgante,
oferente o ejecutora ni respaldó la formulación y ejecución del proyecto
en ningún aspecto.

Sostuvo que las atribuciones del departamento frente al sector vivienda
son de intermediación, apoyo, promoción y coordinación en un contexto
de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia y se ejercen
siempre que haya un interés de parte por cuenta de personas o
entidades encargadas de gestionar soluciones de vivienda, y que en este
evento el Departamento de Nariño no tuvo ninguna relación fáctica ni
jurídica con el proyecto.

16
Folios 545 a 552 c. 1.
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Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por
pasiva; la ausencia de función estatal frente a la ejecución del precitado
proyecto; la ausencia de conductas imputables a la gobernación de
Nariño y que violen o amenacen perturbar los derechos colectivos, la
ausencia de nexo causal y la excepción innominada.

El Banco Agrario de Colombia

Mediante memorial radicado el 27 de junio de 2016, dicha entidad,
actuando por conducto de apoderado, argumentó en oportunidad lo
siguiente17:

Alegó que no existen obligaciones jurídicas exigibles expresadas en la ley
ni en contratos que tengan a su cargo y que el accionante debió
identificar el verdadero responsable de la amenaza y/o vulneración.

Aseveró que el Banco Agrario de Colombia S.A. no conculcó ningún
derecho constitucional y propuso la falta de legitimación en la causa por
pasiva ante la indebida designación del demandado.

2.4. La audiencia de pacto se celebró el 7 de junio de 2016 y se
suspendió con el propósito que el Municipio de Sandoná, en el término
de dos (2) meses, presentara una propuesta técnica y económica del
proyecto de vivienda; a los demás accionados para que examinaran, a
través de los comités de conciliación, las propuestas del citado municipio
y fijaran su posición, y se dispuso la vinculación del Ministerio de
Agricultura, del Banco Agrario y del Departamento de Nariño18; dicha
audiencia se reanudó el 24 de enero de 2017, fecha en la que se declaró
fallida ante la falta de fórmula de pacto19.

2.5. Por auto del 20 de febrero de 2017 se abrió a pruebas el proceso,
donde se tuvieron como tales las documentales anexadas por las partes;

17
Folios 559 a 562 c.1
18
Folios 505 a 509 c. 1
19
Folios 705 a 708 c.1
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se decretaron los testimonios solicitados por la accionante, se denegó la
prueba pericial pedida por la misma parte y se decretó la prueba de
librar oficios pretendida por el Municipio de Sandoná20.

2.6. Mediante auto del 7 de marzo de 2017 se practicó la audiencia de
pruebas y allí se recibieron las declaraciones ordenadas en el auto que
abrió a pruebas el proceso21, diligencia a la que se le dio continuación el
4 de abril del mismo año para recibir las declaraciones pendientes22.

2.7. Por auto del 13 de marzo de 2017 se denegó la medida cautelar
solicitada por la parte accionante23.

2.8. En proveído del 17 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión24.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral,
mediante sentencia del 6 de octubre de 2017, dispuso25:

“[…] PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” formuladas por el MINISTERIO DE
VIVIENDA, FONVIVIENDA, FNR-L, DEPARTAMENTO DE NARIÑO y
el BANCO AGRARIO”.

SEGUNDO.- DECLARAR no probada la excepción denominada “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, formulada por el MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y el DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN.

TERCERO.- DECLARAR no probadas las demás excepciones formuladas
por las entidades accionadas al no tener tal connotación.

CUARTO.- CONCEDER la protección de los derechos e intereses
colectivos de las cien (100) familias damnificadas de la ola invernal del
municipio de Sandoná (Nariño) a la moralidad administrativa, patrimonio
público, seguridad pública y conexidad con vivienda digna consagrados
en el artículo 4, literales b), e) y g) de la Ley 472 de 1998, conculcados

20
Folios 710 a 712 c.2
21
Folios 718 a 724 c.2
22
Folios 737 a 748 c.2.
23
Folios 60 a 66 cuaderno de medida cautelar.
24
Folio 831 c. 2.
25
Folios 869 a 887 cuaderno 3.
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por el MUNICIPIO DE SANDONÁ (NARIÑO), CORPORACIÓN
VIVIENDA DIGNA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN (DNP).

QUINTO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE SANDONÁ (NARIÑO),
CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA, MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL y al DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN (DNP), para que dentro del término de seis (6) meses
siguientes a la notificación del presente fallo, adelanten los trámites
administrativos y financieros pertinentes, tendientes a lograr la
actualización del censo de personas damnificadas con la no ejecución del
convenio “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN
SITIO PROPIO RURAL PARA 100 FAMILIAS DAMNIFICADAS DE
LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ”, y una vez
realizado, propicien las gestiones administrativas y financieras para
lograr la consolidación de un nuevo proyecto de vivienda para la
adecuación y construcción de viviendas de las familias damnificadas de
la ola invernal del municipio de Sandoná (Nariño).

SEXTO: ORDENAR al municipio de Sandoná (Nariño), continuar con el
proceso administrativo o judicial tendiente a lograr el cumplimiento de
las pólizas del convenio incumplido.

SÉPTIMO: ORDENAR que por Secretaría del Tribunal se compulsen
copias a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin que se
adelanten las investigaciones penales contra las autoridades municipales
de Sandoná (Nariño), representante legal de la CORPORACIÓN
VIVIENDA DIGNA y los interventores del convenio objeto de la
presente acción popular.

OCTAVO.- CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de la presente sentencia, el cual estará integrado por el
señor magistrado ponente de esta providencia o su delegado, Defensoría
del Pueblo – Regional Nariño, el alcalde del Municipio de Sandoná
(Nariño), un representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, agente del Ministerio Público y el señor (a) personera municipal
de Sandoná (Nariño). El comité estará coordinado por la Personería
Municipal quien cada tres (3) meses, deberá convocar a una sesión de
trabajo para los fines mencionados y rendir un informe al Tribunal
Administrativo de Nariño para el examen del cumplimiento de esta
sentencia.

NOVENO. – REMITIR copia de esta providencia con destino al Registro
Público de Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO PRIMERO.- (sic) CONDENAR en costas al Municipio de
Sandoná (Nariño), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al
Departamento Nacional de Planeación (DNP), las cuales se liquidarán por
la Secretaría del Tribunal en los términos de los artículos 365 y 366 del
C.G.P.

[…]” (negrillas en la providencia)

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Como razones para decidir en dicho sentido, expuso que, una vez
valoradas las pruebas obrantes en el proceso, se podía concluir que
entre el Municipio de Sandoná y la Corporación Vivienda Digna se firmó
un convenio para adelantar un proyecto de vivienda, el cual finalmente
no se ejecutó en su totalidad.

Comoquiera que cada uno de los accionados manifestó en las
contestaciones que no era responsable de los hechos endilgados, estimó
que era necesario precisar qué función cumplía cada uno, para
determinar si tenían o no responsabilidad en el asunto; lo que hizo de
manera sucinta y al efecto expuso:

En cuanto al Ministerio de Vivienda, indicó que no era ejecutor del
proyecto de vivienda, pues sus funciones recaen en el sector urbano, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 3571 de 2011, y por ello,
frente a éste, declaró probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Frente a Fonvivienda, analizó que, en virtud del Decreto 555 de 2003,
solo se limita a ejercer sus competencias y ejecutar la política en
vivienda urbana y por tal razón tampoco estaba llamado a responder por
este proyecto, de manera que, frente a este accionado, también dio
prosperidad a la precitada excepción.

Respecto del DNP recordó que el Decreto 1832 de 201226 estableció
cuáles eran sus funciones y, aunque no tenía directamente la de
ejecutar proyectos de vivienda de interés social, lo cierto es que en el
artículo segundo del citado decreto se hacía referencia a la obligación de
acompañamiento de procesos, como en este caso; destacó que, pese a
las acciones adelantadas mediante las interventorías realizadas y la
suspensión de un giro debido a la improcedencia de las garantías del
convenio de asociación, no cumplió a satisfacción las funciones a su
cargo.

26
“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación”. El
artículo 2 establece las funciones de dicho ente.
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Acerca del Fondo Nacional de Regalías en liquidación indicó que, acorde
con la Ley 141 de 1994, sus competencias se limitaban a la entrega de
recursos de inversión a las entidades ejecutoras, función que consideró
había cumplido haciendo actividades de seguimiento a las
interventorías, y por ello afirmó que no tenía responsabilidad en la
ejecución del proyecto de vivienda.

En lo atinente al Departamento de Nariño estimó que, acorde con sus
funciones constitucionales y legales, es un ejecutor de proyectos, pero,
como bien lo había advertido el mismo ente, los encargados de su
cumplimiento eran de manera directa los contratantes, agregando que
en este evento el departamento no figuraba como obligado, y por ello
concluyó que no tenía responsabilidad alguna en los hechos.

Respecto del Banco Agrario de Colombia afirmó que “se conoce que
tiene por objeto ejercer sus labores bancarias en el marco del sector
rural, sin embargo, al ser un establecimiento con funciones netamente
comerciales y financieras, no se encarga de proyectos de tal
naturaleza”.

En cuanto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esgrimió que,
acorde con la Ley 489 de 1998 y el Decreto 2478 de 1999, le asistía el
deber de adelantar labores frente al proyecto de vivienda de interés
social para las familias damnificadas por la ola invernal, por lo que,
siendo el llamado a cumplir competencias tendientes al desarrollo rural,
tuvo que atender el control de tutela y realizar las actividades
necesarias para el buen manejo de los recursos; indicó que, aunque no
era el encargado de la ejecución directa del proyecto, debía asumir la
formulación de una nueva política que incluyera los damnificados
beneficiarios del convenio.

Acerca de la Corporación Vivienda Digna afirmó que era evidente que
actuó de forma contraria a los fines y objetivos del convenio e incumplió
la totalidad de la ejecución de la obra, desconociéndose la situación

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actual del mismo, por lo que, indicó, debía darse debido seguimiento a
las investigaciones en curso que estaban adelantando los entes de
control.

Finalmente, en lo que hace relación con el Municipio de Sandoná, estimó
que, con fundamento en el artículo 311 Constitucional y la Ley 1551 de
2012, era el encargado de atender a cabalidad los planes, proyectos y
políticas dirigidos “a la estabilidad del ente territorial, incluido el de
vivienda de interés social, es claro que le corresponde la ejecución de
este proyecto” y dar solución a la problemática presentada, hacer uso
de las garantías, imponer sanciones y que, aunque se declaró el
incumplimiento y la terminación unilateral del contrato, debía continuar
adelantando la obra con la inclusión de un proyecto distinto o la
ejecución del respectivo convenio.

Sostuvo que “así las cosas se concluye al respecto de los sujetos que
están llamados a darle cumplimiento a las pretensiones del actor
popular, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe
encargarse de realizar un trabajo mancomunado con el Municipio de
Sandoná para la formulación de una nueva política de inclusión de las
cien familias damnificadas por la ola invernal en Sandoná, a la vez que
el ente territorial debe continuar con el proceso de ejecución de las
garantías”

Frente a los derechos colectivos infringidos explicó:

“[…] A partir de lo anterior se puede inferir que sí existió una
vulneración a los derechos colectivos, por lo tanto se pasará a
manifestar sucintamente el motivo de la vulneración:

MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Al probarse la existencia de afectación a
bienes jurídicos como el interés general, la negación a la corrupción, la
honestidad, mediante el actuar inoportuno, tardío, inconducente y no
óptimo de quienes tenían el deber de ejercer las funciones tendientes al
desarrollo del convenio. Además que se quebrantó el principio de
legalidad al no cumplir con las funciones asignadas por la ley y las
obligaciones del convenio de asociación.

PATRIMONIO PÚBLICO: Al presentarse un mal manejo de los recursos
públicos otorgados por el FNR-L, puesto que no se administraron de

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manera oportuna, ni tampoco se realizó su defensa a tiempo, mediante
la falta de declaratoria de caducidad del contrato, que hubiera acelerado
el trámite y la ejecución de la obra.

SEGURIDAD PÚBLICA: En tanto se puso en riesgo bienes jurídicos como
el patrimonio público, la moralidad administrativa, la seguridad jurídica
del conglomerado social, al no tener una vivienda digna mediante el
actuar inoportuno de las entidades públicas en cuya naturaleza recaían
las funciones de desarrollo del proyecto.

VIVIENDA DIGNA: La construcción de viviendas fue el objeto principal
del convenio suscrito, incumplido mediante su no otorgación a las
familias beneficiarias, y también a través de las fallas presentadas a las
viviendas que si fueron construidas. Es tal vez, el derecho colectivo con
mayor agravio ocasionado, tal como lo expresa la Personera Municipal
en el testimonio rendido […]”.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado del Departamento
Nacional de Planeación interpuso en oportunidad recurso de apelación y
como sustento del mismo arguyó27:

Afirmó que disiente de la conclusión a la que llegó el Tribunal al indicar
que “El DNP pese a las acciones que adelantó, no cumplió a satisfacción
sus funciones porque tiene el deber de diligencia de estar presente en
todas las actuaciones de la administración, por lo tanto, acierta el
Ministerio Público en su concepto, en el sentido que la entidad accionada
cumplió con sus funciones aunque tardíamente, toda vez que las
interventorías se realizaron en un lapso de tiempo poco oportuno”.

Para ello, aseguró que, dentro de la normatividad que regula sus
funciones, no está la de ejecutar recursos ni responder por la
contratación, que en este caso correspondía exclusivamente al Municipio
de Sandoná; hizo mención de las competencias del Departamento
Nacional de Planeación en materia de control y vigilancia frente a la
utilización de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, de lo que
afirmó, se podía colegir que la relación contractual es restrictiva a las
partes que lo conforman.

27
Folios 896 a 913 cuaderno 2.
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Aseveró que, por ende, el manejo contractual, contable y presupuestal
de los recursos asignados a las entidades ejecutoras de los proyectos
aprobados en su oportunidad por el Fondo Nacional de Regalías
correspondía de forma exclusiva a éstas en virtud de la autonomía
presupuestal y la capacidad de contratar que le atribuyen la Constitución
y la ley.

Señaló que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 143 de la
Ley 1530 de 2012, el correcto uso y ejecución de los recursos
provenientes de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías en
liquidación, incluidos los procesos de selección de contratistas, la
celebración y ejecución de los contratos, supervisión e interventoría
técnica, la autorización de anticipos y pagos así como su terminación y
liquidación eran responsabilidad exclusiva de las entidades beneficiarias
contratantes y ejecutoras de tales recursos.

En ese sentido, la labor y control que adelanta el DNP es distinta de la
interventoría contractual y de supervisión que debe ser contratada por
las entidades territoriales beneficiarias de los recursos del FNR,
conforme a lo señalado por la Ley 80 de 1993, los Decretos 450 de 1996
y 851 de 2009, compilados en el Decreto 1082 de 2015, y las Leyes
1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Respecto a la oportunidad de la medida de suspensión preventiva de
giros al proyecto FNR 32669 adoptada por la Dirección de Regalías del
DNP, afirmó que el Tribunal dio por cierta la tesis del Ministerio Público,
interpretando que el DNP deba estar presente en todas las actuaciones
de la administración Municipal de Sandoná, extralimitándose en la
decisión, sin ver las labores que ejerce dicha entidad.

Advirtió, en cuanto al giro de los recursos del hoy liquidado Fondo
Nacional de Regalías, que su desembolso se fundamentó en un
procedimiento reglado que establece unos supuestos normativos que

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debe acreditar la entidad ejecutora, previstos en el artículo 3 de la
Resolución 038 de 2008, explicando:

“[…]

En relación con el seguimiento al proyecto con el fin de garantizar su
ejecución en las condiciones en que fue aprobado por el Consejo Asesor
de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación con Oficio nro.
20101540001561 del 20 de enero de 2010, le informó al municipio de
Sandoná, departamento de Nariño, que esa labor, se adelantaría por
parte de la interventoría Administrativa y Financiera – IAF.

Tal y como se había mencionado, para el primer giro de los recursos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 038 de 2008, la
IAF solicitó al ejecutor la información necesaria con oficios Nos.
20101540001761 del 21 de enero de 2010 y 20101700005541 del 26 de
febrero de 2010 y del 15 al 19 de marzo de 2010, realizó visita de
verificación de los requisitos establecidos en la citada Resolución,
evidenciando que el proyecto no había sido ejecutado y concluyendo que
se puede iniciar la ejecución del proyecto.

Posteriormente, la IAF, con oficios Nos. 20101700013431 del 20 de
mayo de 2010 y 20101700023351 del 3 de agosto de 2010, reiteró al
municipio la necesidad de presentar la información solicitada para el
primer giro de recursos.

(…)

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Resolución 038 de
2008, la Directora de Regalías del DNP con memorando No.
20111510211883 del 11 de diciembre de 2011, dio viabilidad al segundo
giro del proyecto, correspondiente al 48,24% del valor del proyecto.

Para efectuar el tercer giro de los recursos la entidad territorial debe
acreditar el cumplimiento de los requisitos que establece el numeral 2
del artículo 2 y numeral 3 del artículo 3 de la citada Resolución 0038,
consistente en presentar un informe en el cual se evidencie un mínimo
del 90% de avance en la ejecución del proyecto, junto con la
información administrativa y financiera actualizada.

Además, del deber de cumplir los requisitos antes citados, se informa
que el proyecto fue objeto de medida de suspensión preventiva de giros
que impuso la Dirección de Regalías, hoy Dirección de Vigilancia de la
Regalías con oficio 201344440891681 del 17 de diciembre de 2013, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 26 del Decreto 416 de 2007, dado
que esa entidad territorial aprobó como garantías del Convenio de
Asociación s/n de 2009, suscrito con la Corporación Vivienda Digna,
fianza emitida por la sociedad Sufianza S.A.S. compañía de carácter
comercial, vigilada por la Superintendencia de Sociedades,
contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4828 de
2008, por tratarse de un mecanismo de cobertura de riesgo no
autorizado por la Ley, para el efecto, el Municipio de Sandoná, en su
condición de entidad ejecutora debe subsanar esta situación
presentando alguna de las garantías permitidas para la cobertura de
riesgos en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de

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2007, de acuerdo con la normativa vigente, con sus respectivas
constancias de aprobación, lo cual no ha sido acreditado a la fecha.

[…]” (subrayas originales).

También indicó que las actuaciones realizadas por la IAF - DNP
evidenciaban la gestión diligente en la labor y vigilancia, que reportaron
a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de
la Nación cinco presuntas irregularidades encontradas en el uso de los
recursos del proyecto, hicieron visitas de seguimiento, solicitaron
información administrativa y financiera hasta antes de imponer la
suspensión preventiva de giros, solicitaron ajustes del proyecto, fue
objeto de medida de suspensión preventiva de giros impuesta por la
Dirección de Regalías, hoy Dirección de Vigilancia de Regalías, y “la
Liquidadora del FNR-L procederá con el cierre del proyecto de inversión
con la información disponible y reconocerá el valor de las unidades
funcionales terminadas que se mantengan dentro del monto y
condiciones aprobadas en el proyecto, conforme lo establece el artículo
71 de la Ley 1815 de 2016 y, en consecuencia, la respectiva entidad
ejecutora deberá reintegrar los recursos a que haya lugar”.

Señaló que, conforme a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley 1530
de 2012, el Municipio de Sandoná está en la obligación de culminar el
proyecto FNR32669, por lo que solicitó se revoque parcialmente la
sentencia declarando la falta de legitimación en la causa por pasiva de
dicho ente, o denegar las pretensiones respecto de éste, y se le exonere
del pago de costas del proceso.

El recurso fue concedido por auto del 8 de noviembre de 201728.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 14 de diciembre de 201729 y admitido en proveído del 5 de
febrero de 201830.
28
Folio 921 y 922 cuaderno 2.
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5.2. Por auto del 20 de marzo de 2018 se corrió traslado para alegar de
conclusión31 y descorrieron el mismo los siguientes sujetos procesales:

El apoderado del Departamento Nacional de Planeación insistió en
los argumentos expuestos en el recurso de apelación, reiterando de
manera idéntica las razones de inconformidad frente a la decisión32.

El apoderado de Fonvivienda mencionó que el a quo declaró la falta de
legitimación en la causa respecto de dicho ente y por lo tanto la
apelación interpuesta por el DNP se circunscribe a que sea revisada la
actuación en lo concerniente a las órdenes dadas a éste ya que no se
discute ninguna actuación de Fonvivienda33.

La apoderada del Municipio de Sandoná manifestó que el mecanismo
utilizado para la protección de los derechos colectivos es erróneo,
aunado al hecho que la administración municipal no ha sido omisiva
acerca de la responsabilidad que le atañe en el seguimiento del
convenio, y que pusieron en conocimiento de las respectivas autoridades
las irregularidades encontradas en la construcción de viviendas de
interés social; solicitó se declaren probadas las excepciones de inepta
demanda por improcedencia de la acción y la de caducidad34.

La apoderada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
sus alegatos, afirmó que el ente que representa carece de legitimación
en la causa por pasiva; recordó cuáles son las funciones legales
atribuidas a dicho ministerio, estimando que la pretensión principal está
ligada al actuar de un tercero que utilizó de manera indebida los
recursos presupuestales para la ejecución del proyecto de vivienda de
interés social, por lo que al ministerio no puede endilgársele ninguna
responsabilidad por acción u omisión en estos hechos, ni tiene el deber

29
Folio 928 cuaderno 2.
30
Folio 930 cuaderno 2.
31
Folio 938 ibídem.
32
Folios 947 a 954 c. 2
33
Folio 960 c.2
34
Folios 972 a 975 c.2.
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jurídico de actuar en el caso, y solicitó se despachen de manera
desfavorable las pretensiones35.

El Ministerio Público en el concepto rendido destacó que, comoquiera
que sólo apeló la decisión el Departamento Nacional de Planeación, al
tratarse de un apelante único, el estudio de esta instancia debía
concentrarse a lo argumentado por dicho ente36.

Concretándose a los fundamentos del recurso y a lo decidido por el a
quo estimó que, pese a que el Fondo Nacional de Regalías fue el que
desembolsó e hizo entrega de los recursos de inversión al Municipio de
Sandoná para la ejecución de la obra y que se hicieron actividades de
seguimiento por parte del DNP, éste no ejerció oportunamente las
funciones de inspección y vigilancia, lo que en últimas constituye una
omisión a su cargo y conllevó a la transgresión de los derechos
colectivos.

Consideró que “Nada acredita dentro de la presente actuación que el
DNP o éste a través de la interventoría no contara con los medios
técnicos, administrativos, de personal e infraestructura necesarios para
establecer que el proyecto de vivienda se encontraba injustificadamente
quieto, cuando ya se había efectuado el desembolso de recursos
públicos, por tanto resulta inevitable señalar que advertida la
mencionada irregularidad el DNP debió tomar las medidas del caso (…)”.

Concluyó que en este evento se demostró la vulneración y amenaza de
los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del
patrimonio público, la seguridad pública y la vivienda digna, destacando
el incumplimiento de las disposiciones que regulan el control y vigilancia
de los recursos públicos; sin embargo, estimó que el numeral quinto de
la sentencia debía ser precisado en cuanto a, si bien existe la
vulneración de los derechos colectivos, no corresponde al DNP la

35
Folios 986 a 990 c.2.
36
Folios 992 a 1007 c.2.
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actualización del censo de personas damnificadas y en ese punto debía
modificarse la sentencia apelada.

5.3. Por auto del 23 de agosto de 2018 se ordenó la expedición de
copias auténticas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación- Grupo
de Administración Pública de Pasto37; mediante proveído del 21 de
noviembre del mismo año se corrió traslado de la solicitud de sucesión
procesal presentada por el apoderado del Departamento Nacional de
Planeación frente al liquidado Fondo Nacional de Regalías38 y por auto
del 3 de agosto de 2020 se tuvo como sucesor procesal del liquidado
Fondo Nacional de Regalías al Departamento Nacional de Planeación39.

5.4. Por auto del 3 de noviembre de 2020, el despacho conductor del
proceso, con fundamento en lo previsto por los artículos 170 del Código
General del Proceso y 213 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, dispuso se oficiara al Municipio de
Sandoná, Nariño, para que rindiera un informe en donde explicara: (i)
las resultas del proceso administrativo que debió adelantar para hacer
efectiva la garantía única de cumplimiento nro. 100 expedida por la
Compañía Sufianza S.A.S, (ii) en caso de haber sido satisfecha, si los
recursos se destinaron para el cumplimiento del objeto del convenio
celebrado el 5 de agosto de 2009 entre el Municipio de Sandoná y la
Corporación Vivienda Digna, o el desarrollo de un proyecto similar, y (iii)
el estado en que actualmente se encuentra dicho proyecto40.

5.5. En la fecha de 16 de diciembre de 2020 se recibió la respuesta
proveniente de la alcaldesa municipal de Sandoná, con la cual remitió
copia de algunos documentos que ya obraban en el expediente y otros
adicionales, así41:

37
Folio 1013 c.2
38
Folio 1027 c.2.
39
Folios 1026 a 1028 c.2.
40
Folios 1040 a 1042 c.2.
41
Vistos en los índices 64 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 52001233300020140043001.
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• Citaciones al interventor del contrato y al representante legal de la
Corporación Vivienda Digna del 4 de abril de 2014, así como a
SUFIANZA S.A.S. y CONDOR S.A. del 24 de abril de 2014, para asistir a
la audiencia pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del
convenio para la construcción de 100 viviendas de interés social para
familias damnificadas por la ola invernal de varias veredas del Municipio
de Sandoná, departamento de Nariño.

• Acta de la audiencia pública del 29 de abril de 2014, para debatir y
decidir sobre el incumplimiento del convenio para la construcción de 100
viviendas de interés social para familias damnificadas por la ola invernal
de varias veredas del Municipio de Sandoná, departamento de Nariño.

• Correo electrónico del 27 de octubre de 2014, por el cual el
representante legal de SUFIANZA S.A.S., solicita que se le notifique la
Resolución nro. 138 del 25 de agosto de 201442 por ese medio y
respuesta dada vía correo electrónico el 28 de octubre de 2014
remitiéndole la Resolución nro. 138 de 25 de agosto de 2014.

• Copia de acta de inspección a lugares – FPJ – 09, con nro. único de
noticia criminal 520016099032201803639.

• Resolución nro. 138 de 25 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se
declara el incumplimiento del Convenio suscrito entre el Municipio de
Sandoná (N) y la Corporación Vivienda Digna”.

• Resolución nro. 018 de 16 de enero de 2015, Por medio de la cual se
termina anticipadamente un contrato por incumplimiento del mismo,
expedida por el alcalde de Sandoná.

42
Por la cual se declaró el incumplimiento del convenio suscrito entre el municipio de
Sandoná y la Corporación Vivienda Digna.
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• Acta de liquidación unilateral del convenio de asociación para la
construcción de 100 viviendas de interés social, con fecha de 17 enero
de 2015.

• Resolución nro. 010 de 1 de agosto de 2015, por medio de la cual se
realiza una liquidación oficial de la garantía única de cumplimiento nro.
100, expedida por el Secretario de Hacienda de la alcaldía de Sandoná.

• Copia de acta de visita realizada por el Departamento Nacional de
Planeación el 26 de enero de 2016, al proyecto para la construcción de
100 viviendas de interés social para familias damnificadas por la ola
invernal de varias veredas del Municipio de Sandoná, departamento de
Nariño.

• Copia de petición elevada por la alcaldía de Sandoná ante la
subdirectora de proyectos (E) del Departamento Nacional de Planeación,
para el levantamiento de la medida de suspensión de giros para
estructurar un nuevo proyecto.

• Informe de técnico43 de las 40 viviendas construidas del proyecto
denominado “construcción de 100 viviendas de interés social para
familias damnificadas por ola invernal de varias veredas del Municipio de
Sandoná - departamento de Nariño”, elaborado por el secretario de
Planeación e Infraestructura del municipio.

• Certificado de unidades funcionales terminadas del proyecto FNR
32669, del 2 de mayo de 2017, suscrito por el alcalde municipal de
Sandoná.

• Certificado de entrega de 40 unidades funcionales terminadas dentro
del monto y condiciones aprobadas del proyecto44.

43
Sin fecha.
44
Documento incompleto.
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• Resolución nro. 497 del 15 de noviembre de 2017, “por la cual se
procede a declarar el cierre de un proyecto financiado o cofinanciado con
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, o en
depósito del mismo, se reconoce un valor ejecutado por unidades
funcionales terminadas, y se ordena el reintegro de unos recursos”,
expedida por la liquidadora del Fondo Nacional de Regalías.

• Resolución nro. 007 del 2 de febrero de 2018, “por la cual se rechaza
un recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Sandoná,
Nariño en contra de la Resolución No. 497 del 15 de noviembre de
2017”.

• Resolución nro. 7604 del 25 de septiembre de 2020, por medio de la
cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso administrativo de
cobro coactivo CISA-FNR-0038-2020 de Central de Inversiones S.A.
adelantado en contra del Municipio de Sandoná.

5.6. Por auto del 3 de febrero de 2022 la Sala aprobó el impedimento
del señor Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y, en consecuencia,
fue separado del conocimiento del asunto.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias de
acciones populares proferidas por los Tribunales Administrativos, acorde
con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, así como en
el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201945 expedido por la
Sala Plena de la Corporación; por lo tanto, es procedente descender al
estudio del recurso presentado de manera oportuna.

45
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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El Municipio de Sandoná en los alegatos presentados en esta instancia
solicita se declaren probadas las excepciones de inepta demanda por
improcedencia de la acción y la de caducidad. Así mismo, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al descorrer el traslado para alegar,
pidió dar prosperidad a la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, lo que sustentaron así:

Adujo el municipio que el actor pretende la reparación de un daño
causado lo cual es propio de la acción de grupo y no de la acción
popular, de manera que el término de caducidad establecido para ese
medio de control ya feneció.

A su turno, el Ministerio consideró que la pretensión principal está ligada
al actuar de un tercero que utilizó de manera indebida los recursos
presupuestales para la ejecución del proyecto de vivienda de interés
social, por lo que no es posible endilgársele ninguna responsabilidad por
acción u omisión en los hechos que suscitan la controversia.

Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:

El municipio de Sandoná, al contestar la demanda, propuso como
medios exceptivos los de “inepta demanda por indebida acción
propuesta” y la de caducidad.

A su vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al contestar la
demanda, propuso como excepción la de falta de legitimación en la
causa por pasiva.

El a quo se pronunció frente a tales excepciones en la sentencia, en
donde negó la prosperidad de las mismas bajo la consideración que
ambas entidades intervinieron en la afectación de los derechos
colectivos.

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Por consiguiente, dado que el Tribunal Administrativo de Nariño al
resolver en primera instancia declaró no probados los medios exceptivos
propuestos por las entidades referidas supra, decisión contra la cual no
interpusieron recursos de apelación pese a que fueron notificadas
debidamente de la sentencia, tales pedimentos serán desestimados,
pues en el presente asunto solo el Departamento Nacional de Planeación
promovió el recurso procedente y, en ese sentido, el análisis que la Sala
efectúe se circunscribirá a sus motivos de inconformidad.

6.1. Hechos probados

En el proceso está acreditado lo siguiente:

6.1.1. El 5 de agosto de 2009 se celebró entre el Municipio de Sandoná,
Nariño, y la Corporación Vivienda Digna, el convenio de asociación para
la formulación y construcción del proyecto denominado
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO
RURAL PARA 100 FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA OLA INVERNAL,
MUNICIPIO DE SANDONÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”; del documento
firmado entre las partes se destaca46:

“[…]

A) En el año 2008 se presentó una grave ola invernal en la zona rural
del Municipio de SANDONA dejando a varias familias sin techo y en una
situación de calamidad como se demuestra en el censo realizado por
las entidades competentes que muestran el número de familias
afectadas por la ola invernal. B) que para restablecer la situación de
desastre anterior, el municipio de SANDONA se ve en la obligación de
reubicar a las familias damnificadas, a través de la ejecución por parte
del municipio de un proyecto de vivienda de interés social para mitigar
de esa forma la grave situación habitacional que presentan esta
comunidad.(…) E) Que es deber del estado dentro de los fines
esenciales que consagra el artículo 51 de constitución de Colombia,
fijar condiciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna,
promover planes de vivienda de interés social, sistemas de adecuados
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
planes de vivienda. F) Que el artículo 96 de la ley 489 de 1998
establece la Constitución de asociaciones y fundaciones para el
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con
participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios

46
Folios 24 a 28 cuaderno 1.
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de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que
les asigna a aquéllas la ley. (…). En virtud de lo anterior las partes
suscriben el presente CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA
FORMULACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERĖS SOCIAL EN SITIO
PROPIO PARA 100 FAMILAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL
MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", el cual se
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA OBJETO: El presente
CONVENIO DE ASOCIACIÓN, tiene por objeto LA FORMULACION Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CƠNSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SITIO PROPIO PARA 100 FAMILIAS
DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL MUNICIPIO DE SANDONÁ,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, localizadas en las veredas: FELICIANA,
BELLAVISTA, BOHORQUEZ, BOLIVAR, ALTO INGENIO, INGENIO, LA
LOMA, PARAGUAY, SAN ANDRES, SAN ANDRÉS BAJO, SAN BERNARDO,
SAN JOSE, SANTA ROSA, VERGEL, SAN FERNANDO, TAMBILLO," los
cuales unidos se encargaran de la canalización de recursos financieros,
técnicos y humanos para presentar ante el FONDO NACIONAL DE
REGALIAS-FNR. SEGUNDA, RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:
Como quiera las unidades de vivienda están por ejecutarse éstas se
financiarán con los aportes correspondientes de cada una de las partes
que actúan en el presente Convenio de Asociación Temporal así 1. POR
PARTE DE EL MUNICIPIO EN BIENES Y SERVICIOS: a) presentar el
proyecto para su viabilidad ante el FNR b) aportar los recursos
representados en Bienes y Servicios por valor de TREINTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($
35.156.000.00) Los cuales se distribuirán según el Formulario 2
(Resumen de costo y fuente de financiación del proyecto) el cual se
adjunta y hace parte integral de este convenio de siguiente forma: a)
Títulos ($35.156.000.00) TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS b) APORTES DEL MUNICIPIO DE
SANDONA EN COSTOS DIRECTOS. Una vez incorporados los recursos
asignados por parte del FNR al municipio, este aporta para los costos
de ejecución de la obra la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($1.227.264.000.00). 2. POR PARTE DE LA CORPORACIÓN VIVIENDA
DIGNA. Aportar en bienes y servicios para la ejecución del proyecto la
suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/CTE ($47.940.000) los cuales se distribuirán según el
formulario 2 (Resumen costo y fuente de financiación del proyecto), el
cual se adjunta y hace parte integral de este convenio de la siguiente
forma: a) Estudios y Diseños ($15.980.000.00) QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (los cuales corresponden a
la recolección de la información y soportes estructurales y
presupuestales, diligenciamiento de los formatos exigidos por las
entidades correspondientes hasta la posterior elegibilidad y asignación
de los recursos por parte del FNR. b) Aspectos Ambientales y
comunitarios ($31.60.000.00) TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/CTE (este corresponde al trabajo social
realizado en el municipio para la recolección de la documentación
necesaria para la presentación del proyecto y además viene
acompañado de la realización de unos talleres para la comunidad
donde se le habla de reforestación, el mecanismo para mantener el
pozo séptico, se realiza una brigada de salud. TERCERA: VALOR DEL
CONVENIO DE ASOCIACIÒN: para efectos fiscales se fija la cuantía
del presente CONVENIO DE ASOCIACIÓN en la suma de MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
PESOS M/CTE. ($1.310.360.000.00) aportes distribuidos de la
siguiente forma según el Formulario 2(Resumen y costo de fuente de
financiación del proyecto), el cual se adjunta y hace parte integral de
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este convenio. 1.APORTES DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ EN BIENES Y
SERVICIOS. Aporta en bienes y servicios la suma de TREINTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
($35.156.000) 2. POR PARTE DE LA CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA. Aporta en bienes y servicios la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($47.940.000). 3. APORTES DEL
MUNICIPIO DE SANDONÁ EN COSTOS DIRECTOS. Aporta la suma de
MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($1.227.264.000.OO) 4. LA COMUNIDAD. Aporta
la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($159.800.000.00). CUARTO: MANEJO DE
RECURSOS: los recursos obtenidos para la ejecución del presente
convenio se manejarán en una cuenta corriente vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia denominada “CONVENIO DE
ASOCIACIÓN SANDONÁ NARIÑO, manejada por el representante legal
del Convenio de Asociación Temporal. QUINTA. GARANTÍAS. CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA se compromete a suscribir garantía
única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros
debidamente legalizada en el país que cubra los siguientes amparos: 1. Cumplimiento del convenio equivalente al veinte (20%) por ciento del
valor total del convenio cuya vigencia será igual a la duración del
convenio y cinco (5) meses más, contados a partir de la fecha de su
perfeccionamiento (D.4828/2008, art. 7. Num. 7.4). 2) Estabilidad de
la obra: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total final de la
obra, vigente por tres (3) años contados a partir de la fecha del acta de
entrega y recibo final de la obra. 3. Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones (…). 4. Buen manejo y correcta inversión
del anticipo cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del
valor que se reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la
ejecución del convenio y su vigencia se extenderá hasta la liquidación
del convenio (D. 4828/2008. Art. 7. Num. 7.2.) 5. Responsabilidad Civil
Extracontractual. El valor asegurado en las pólizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir al
Municipio con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del convenio, y en ningún caso inferior a doscientos
salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento
de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará
por todo el período de ejecución del contrato y se extenderá hasta el
plazo previsto para su liquidación (D. 4828/2008, modificado por el D. 2493/2009, art. 1). PARÁGRAFO PRIMERO.- Los amparos 2 y 3 se
efectuarán mediante modificación de la garantía, deberán constituirse
simultáneamente con el recibo de la obra y su aprobación será
condición necesaria para que el acta de recibo produzca efectos legales
y contractuales y se efectúe la liquidación correspondiente SEXTA
SUPERVISOR: EL FNR, designará una INTERVENTORIA,
Administrativa y Financiera con el fin de que realice el proceso
de verificación seguimiento a la ejecución del plan de vivienda y
la correcta ejecución de los recursos del subsidio. SEPTIMA: LA
INTERVENTORÍA ejercerá las funciones de control y
seguimiento del proyecto de vivienda, su principal objetivo es
garantizar que las soluciones de vivienda se construyan con el
nivel de calidad esperado para la obra según los planos y las
especificaciones técnicas del proyecto, en concordancia con las
normas y códigos vigentes de construcción y la Viabilidad del
proyecto. En particular se busca garantizar que la ejecución de
las obras se realice técnica, financiera y administrativamente de
acuerdo con la ley OCTAVA: INICIACION DE OBRAS. La iniciación
de las obras de la construcción de las viviendas está
determinada por el desembolso de recursos v/o subsidios del
programa por parte del FONDO NACIONAL DE REGALIAS, FNR y
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la aprobación de las garantías establecidas en la cláusula quinta
del presente documento […]”. (negrillas de la Sala)

6.1.2. En la fecha del 9 de mayo de 2014, mediante oficio con radicado
nro. 20144440489451, la subdirectora de Control y Vigilancia de la
Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, en
respuesta al requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo,
Regional Nariño, ante las irregularidades presentadas en la ejecución del
convenio, le informó lo siguiente47:

“[…] De conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley 1530
de 2012, continúan vigentes las competencias del Departamento
Nacional de Planeación, DNP, relacionadas con el control y vigilancia a
la correcta utilización de los recursos de regalías y compensaciones, las
cuales se encuentran reguladas en la Ley 141 de 1994, modificada por
las Leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009, y en los Decretos 195 de 2004,
416 y 4192 de 2007, 851 y 3517 de 2009 y 2810 de 2010.

El correcto uso y ejecución de las regalías, incluidos los mecanismos de
contratación, son responsabilidad exclusiva de la entidad territorial
beneficiaria y ejecutora de tales recursos, que debe cumplir con todas
las disposiciones legales que regulan la materia, contenidas en la Ley
141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002 y sus decretos
reglamentarios.

(…)

Así las cosas, previa formulación del proyecto de inversión por la
entidad territorial con el cumplimiento de los requisitos señalados en el
artículo 3 de la Ley 141 de 1994, y viabilización técnica, económica,
financiera, institucional y legal del mismo por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo Asesor de Regalías en su
oportunidad, con Acuerdo 063 del 30 de diciembre de 2009, aprobó la
asignación de recursos del Fondo Nacional de Regalías al proyecto: FNR
32669 “CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL EN VARIAS VEREDAS
DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO", vigencia
2009, por valor a girar de $1.227.264.000, con una cofinanciación de
$303.620.000, designando como ejecutor al municipio de Sandoná –
Nariño.

De otra parte, el citado Municipio solicitó ajuste al proyecto, previo
trámite establecido en el artículo 6 del Decreto 416 de 2007, con oficio
de radicado interno DNP No. 20106630362182 recibida el 15 de
septiembre de 2010 por la IAF del DNP, para realizar el cambio de 16
beneficiarios. Una vez viabilizado técnica, económica, financiera,
institucional y legalmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural con oficio No. 20106630470122 del 30 noviembre de 2010, el
Consejo Asesor de Regalías aprobó el ajuste y la Dirección de Regalías
comunicó a la entidad ejecutora, con oficio No. 20106630470122 del
30 de noviembre de 2010, la citada aprobación.

47
Folios 46 y 47 del cuaderno 1.
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El giro de recursos del FNR se realiza a través de un procedimiento
reglado que tiene como finalidad el control y seguimiento a la ejecución
de los recursos asignados al proyecto de inversión conforme a las
condiciones en que fue aprobado y según las competencias otorgadas
al Departamento Nacional de Planeación, que presupone una actividad
de exclusiva responsabilidad de la entidad territorial ejecutora, quien
debe suministrar la información que demuestre el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolución 038 de 2008 expedida por el
DNP que configuran los supuestos de hecho contenidos en la norma
para el desembolso de los recursos.

Conforme lo anterior, se ha efectuado desembolsos al proyecto por
$960.208.000, que corresponden al 78,24% de los recursos aprobados
a girar.

De acuerdo con la información reportada por el ejecutor a la IAF del
DNP para la ejecución del proyecto, el Municipio de Sandoná en
desarrollo de su autonomía contractual, suscribió los siguientes
contratos:

• Convenio de Asociación S/N de 2009, con la Corporación Vivienda
Digna, para la ejecución de la obra por valor de $1.454.180.000,
con acta de inicio del 20 de octubre de 2010, actas de suspensión
del 17 de febrero, 10 de marzo, 11 de abril y 3 de mayo de 2011,
actas de reinicio del 2 de marzo, 5 de abril, 29 de abril, 15 de junio
2011, a la cual el ejecutor ha efectuado pagos por $920.448.000,
que corresponden al 63% del mismo. A la fecha, las obras se
encuentran abandonadas según informe de interventoría técnica de
marzo de 2013.

• Contrato de Interventoría CM001-2010, para el desarrollo de la
Interventoría Técnica con Luis Alberto Espinoza Muñoz por
$76.700.000, con acta de inicio del 3 de febrero de 2011.

Según el último informe de interventoría técnica suscrito por Luis
Alberto Espinoza Muñoz, con corte a mayo de 2013, se acredita un
avance físico correspondiente al 60%, que incluye 23 viviendas sin
terminar, por lo cual el avance en términos de viviendas terminadas
sigue siendo del 40%.

Ahora bien, en desarrollo de la labor de control y vigilancia a cargo del
DNP, a través de la Interventoría Administrativa y Financiera -IAF, se
realiza el seguimiento administrativo y financiero a los recursos girados
al proyecto con base en la información entregada por el ejecutor a la
IAF, y conforme a lo estipulado en el artículo 221 del Decreto 416 de
2007, ésta verifica el uso de estos recursos a partir de los avances de
obra reportados por la Interventoría Técnica contratada por la entidad
territorial en sus informes, y en visitas de inspección al sitio de las
obras. Para este proyecto se han adelantado cuatro visitas de
inspección al proyecto (15 de marzo de 2010, 27 de julio y 19 de
octubre de 2011, 16 de agosto de 2012).

Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento que debe realizar el ejecutor a
los recursos girados al contratista de obra y de interventoría técnica, en
el marco de su relación contractual con el señor Luis Alberto Espinoza
Muñoz.

Así mismo, la IAF-DNP evidenció la constitución irregular de garantías
en el Convenio de Asociación S/N de 2009, suscrito para la ejecución
del proyecto, toda vez que la entidad aprobó en calidad de garantías la

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fianza No. 100 expedida por la Sociedad Sufianza S.A.S, mecanismo
que no está autorizado por la Ley para cubrir los riesgos de la
contratación. Por esta razón se reportó la presunta irregularidad No.
27023 y se impuso la medida de suspensión preventiva de giros al
proyecto FNR 32669, comunicada al ejecutor del proyecto con oficio
No. 20134440891681 del 17 de diciembre de 2013, hasta tanto la
entidad territorial subsane esta situación, de la cual la entidad
ejecutora no ha dado respuesta.

Igualmente, se identificó la presunta irregularidad No. 27729, por
deficiencias técnicas en la ejecución de obras referentes a inadecuados
procesos constructivos, acabados irregulares defectuosos de las obras,
evidenciando insuficiencia en el seguimiento realizado a la ejecución de
las obras por parte de la interventoría técnica. […]” (se destaca).

6.1.3. Por su parte, el alcalde del Municipio de Sandoná, a raíz del
requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo y en relación
también con la ejecución del convenio, explicó48:

“[…] El proyecto de la referencia aún no se ha ejecutado en su totalidad
debido al incumplimiento del señor: RAFAEL AVILES ALVAREZ
representante legal de la CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA, quien es el
contratista del proyecto, como se ha informado en reiteradas
ocasiones. Esta administración se permite informar que, se han
adelantado las acciones jurídicas necesarias para requerir al contratista
de acuerdo a lo establecido en la norma en una audiencia para debatir
y decidir sobre el cumplimiento del convenio para la construcción de
100 viviendas de interés social para familias damnificadas por la ola
invernal de varias veredas del municipio de Sandoná, departamento de
Nariño, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 510 de 2013, para hacer
la declaratoria de SINIESTRO y poder hacer efectivas las pólizas de
cumplimiento. En el mes de julio de 2013 el Departamento Nacional de
Planeación –DNP en la visita hecha a la obra por parte de la entidad
ejecutora y por la subdirección de control y vigilancia se presentan los
resultados obtenidos en la ejecución del contrato en la construcción de
100 viviendas de interés social para familias damnificadas por ola
invernal de varias veredas del municipio de Sandoná, departamento de
Nariño correspondiente a la ejecución del 40% del contrato, por lo cual
se debe seguir todo el procedimiento para hacer efectivas las pólizas de
cumplimiento. […]”.

6.1.4. Por medio de la Resolución nro. 138 del 25 de agosto de 2014 el
alcalde del Municipio de Sandoná, Nariño, declaró el incumplimiento del
convenio suscrito con la Corporación Vivienda Digna; allí se dispuso lo
siguiente49:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del Convenio
celebrado entre el Municipio de Sandoná (N) representado legalmente
por (…) en calidad de Alcalde Municipal y la Corporación Vivienda Digna

48
Folio 42 cuaderno 1 del expediente.
49
Folio 442 c. 1.
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(…) cuyo objeto consiste en realizar LA CONSTRUCCIÓN DE 100
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
OLA INVERNAL DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la ocurrencia de los siniestros que
fueron pactados en el Convenio en mención firmado el día cinco (5) de
agosto del año 2009 que se han expuesto y que se encuentran
amparados por la compañía SUFIANZA S.A.S. identificada con Nit (…) y
por la compañía CONDOR S.A. identificada con Nit (…).

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del incumplimiento
imputable a la CORPORACIÓN VIVIENDA DIGNA hacer efectivas las
pólizas adquiridas con SUFIANZA S.A.S. (…) y CONDOR S.A. (…).
Además hacer efectivas las cláusulas penales y demás a que haya
lugar.

(…)

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución se publicará en el
SECOP como lo ordena el Art. 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el Art. 218 del Decreto 019 de 2012, y se comunicará a la Procuraduría
General de la Nación.

ARTÍCULO SEXTO: Ordenase la liquidación del Convenio celebrado
entre el municipio de Sandoná (N) y la Corporación Vivienda Digna
firmado el día cinco (5) de agosto del año 2009 cuyo objeto consiste en
realizar LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR OLA INVERNAL DE VARIAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 y el
Decreto 1510 de 2013. […]”.

6.1.5. El alcalde municipal de Sandoná por medio de la Resolución nro.
018 del 16 de enero de 201550, declaró la terminación unilateral por
incumplimiento del convenio de asociación celebrado entre la entidad
territorial y la Corporación Vivienda Digna, la ocurrencia del siniestro e
hizo efectiva la garantía de cumplimiento expedida por Sufianza S.A.S.

6.2. Análisis de la Sala

6.2.1. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional- artículo 88 de la Carta
Política- y legal- artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998-, las acciones
populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses

50
Folios 825 y 826 del cuaderno 2.
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colectivos consagrados por la Constitución y la ley, o para restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de
acciones que proceden contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos
e intereses colectivos; por ende, a la luz de lo establecido por los
artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado como un medio
procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.

Su objeto, según lo ha afirmado esta Corporación, “no es otro que la
tutela de aquellos derechos que la Constitución y la Ley han reconocido
de manera indivisible y global a la comunidad en cuanto cuerpo social
titular de unos intereses merecedores de protección, en tanto que
presupuestos o condiciones determinantes para el buen funcionamiento
de la sociedad y la realización del orden jurídico, político, económico y
social justo que aspira implantar la Norma Fundamental”51.

Por lo tanto, al constituir un mecanismo procesal para garantizar la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, la
prosperidad de este medio de control depende de que se reúnan los
siguientes supuestos sustanciales:

a) Una acción u omisión de la parte demandada; b) un daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos, distinto de aquél que proviene de todo riesgo normal
generado por la actividad humana en las condiciones actuales de nuestra
sociedad, y c) una relación de causalidad entre la acción u omisión y la
señalada afectación de tales derechos e intereses.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 15 de mayo de 2014, Rad. No. 25000 23 24 000 2010 00609 01(AP).
C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Nariño

Estos requisitos deben estar debidamente acreditados en el proceso,
como presupuesto para que sea declarada la vulneración o amenaza del
derecho colectivo invocado.

6.2.2. El caso concreto

La Sala, para desatar el recurso interpuesto y las argumentaciones allí
expresadas, considera oportuno destacar lo siguiente:

El Tribunal de instancia declaró que el Municipio de Sandoná, la
Corporación Vivienda Digna, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Departamento Nacional de Planeación incurrieron en la
vulneración de los derechos colectivos “a la moralidad administrativa,
patrimonio público, seguridad pública y conexidad con vivienda digna” y
para su protección emitió las órdenes relacionadas con: (i) la
actualización del censo de personas damnificadas como consecuencia de
la no ejecución del convenio denominado “construcción de viviendas de
interés social en sitio propio rural para 100 familias damnificadas de la
ola invernal del municipio de Sandoná”, (ii) la consolidación de un nuevo
proyecto de vivienda para la adecuación y construcción de viviendas de
las familias damnificadas por la ola invernal del Municipio de Sandoná,
Nariño, y (iii) la continuación del proceso administrativo o judicial
tendiente a lograr el cumplimiento de las pólizas del convenio
incumplido por parte del municipio.

El recurrente discrepa de las mencionadas órdenes por considerar que
sus funciones no están relacionadas con la ejecución del convenio por no
ser parte contractual, sino que su función tiene que ver con la vigilancia
frente al manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías, la cual estima se desempeñó adecuadamente al suspender el
tercer desembolso de dinero, mientras que el correcto uso y ejecución
de los recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías era
responsabilidad de las entidades beneficiarias contratantes y ejecutoras
del convenio.

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En consecuencia, la Sala, para resolver los reparos formulados por la
entidad recurrente, considera necesario analizar lo siguiente: (i) el
marco normativo que reguló las competencias del Departamento
Nacional de Planeación respecto de los recursos asignados por el extinto
Fondo Nacional de Regalías vigentes desde la celebración del convenio -
año 2009- hasta su terminación unilateral -año 2015-, (ii) el ejercicio de
dichas prerrogativas por parte del DNP, y (iii) el alcance de las órdenes
impartidas por el Tribunal de instancia.

6.2.2.1. Marco normativo de las funciones de vigilancia y control
a cargo del Departamento Nacional de Planeación respecto de los
recursos asignados a las entidades territoriales a través del
Fondo Nacional de Regalías

La Sala precisa que el Fondo Nacional de Regalías fue creado mediante
la Ley 141 del 28 de junio de 1994, como un sistema de manejo
separado de cuentas, sin personería jurídica, conformado por los
ingresos provenientes de las regalías no asignadas a los departamentos
y a los municipios productores y a los municipios portuarios, recursos
que serían destinados, de conformidad con lo previsto por el artículo
361 de la Constitución Política, “a la promoción de la minería, la
preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de
desarrollo de las respectivas entidades territoriales” (artículo 1).
Dicha normativa reguló los ejecutores, los requisitos y las aprobaciones
necesarias, así como la redistribución de los excedentes de las regalías,
al igual que la inversión de sus excedentes de liquidez, y condicionó los
desembolsos, así:

“ARTÍCULO 6o. CONDICIONALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS. Los
desembolsos de recursos con cargo al Fondo estarán sometidos al
cumplimiento de las condiciones financieras y técnicas establecidas en
el acto aprobatorio del respectivo proyecto”. (se destaca)

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La disposición en cita sujetó la entrega de los recursos del Fondo
Nacional de Regalías al cumplimiento de las exigencias de carácter
técnico y financiero que para cada proyecto se aprobaran.

Para el control y vigilancia de los recursos administrados por el Fondo
Nacional de Regalías, la Ley 141 de 1994 creó la Comisión Nacional de
Regalías (artículo 7), y le facultó para adoptar medidas tenientes a
garantizar la correcta ejecución de los recursos (artículo 10), de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 7°. COMISIÓN NACIONAL DE REGALÍAS. Créase la
Comisión Nacional de Regalías, como una unidad administrativa
especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Minas y
Energía.

La Comisión tendrá por objeto, dentro de los términos y parámetros
establecidos en la presente Ley, controlar y vigilar la correcta
utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones
causadas por la explotación de recursos naturales no renovables de
propiedad del Estado y la administración de los recursos del Fondo
Nacional de Regalías”.

“ARTÍCULO 10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA CORRECTA
UTILIZACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES EN LAS REGALÍAS Y
COMPENSACIONES. En desarrollo de las facultades de inspección y
control sobre la correcta utilización de las regalías y compensaciones la
Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

1. <Numeral modificado por el artículo 5 de la Ley 756 de 2002. El
nuevo texto es el siguiente:> Practicar, directamente o a través de
delegados, visitas de inspección a las entidades territoriales
beneficiarias de las regalías y compensaciones y suspender el
desembolso de ellas cuando se haya comprobado que la entidad
territorial esté haciendo uso de las mismas en forma ineficiente o
inadecuada, hasta tanto quede superada la situación.

2. Disponer la contratación de interventorías financieras y
administrativas para vigilar la utilización de las participaciones y las
asignaciones provenientes del Fondo Nacional de Regalías.

3. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible>52 Ordenar que la
ejecución de los proyectos financiados con asignaciones del Fondo se
adelante por otras entidades públicas, cuando la entidad territorial
beneficiaria de dichas asignaciones, directa o por intermedio de
contratos con terceros, esté ejecutando los proyectos en forma

52
Corte Constitucional, Sentencia C- 781 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto.
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irresponsable o negligente sin darle cumplimiento a los términos y
condiciones establecidos en el acto de aprobación de las
asignaciones. La Comisión ordenará que a la entidad pública a quien se
le encargue la ejecución del proyecto le entreguen los recursos
financieros previstos para tal efecto.

4. Solicitar que la ejecución de los proyectos financiados
con participación de regalías y compensaciones se adelante por otras
entidades públicas, regiones administrativas y de planificación, de las
regiones como entidad territorial, de los departamentos y municipios,
según sea el caso, cuando la entidad territorial beneficiaria de dichas
participaciones o compensaciones, directamente o por intermedio de
contratos con terceros, esté administrando o ejecutando proyectos en
forma negligente o sin darle cumplimiento a los términos y condiciones
establecidos en los contratos respectivos. La Comisión, en dichos
casos, podrá abstenerse de aprobar nuevos proyectos de inversión a
las entidades territoriales responsables, hasta tanto no (sic) se tomen
los correctivos del caso y solicitar que a la entidad a quien se le
encargue la ejecución del proyecto se le entreguen los recursos
financieros previstos para tal efecto”.

La Comisión Nacional de Regalías fue suprimida por el Decreto 149 del
21 de enero de 2004 que ordenó su liquidación; allí se indicó: “Las
funciones asignadas a la Comisión Nacional de Regalías serán
trasladadas al Departamento Nacional de Planeación, quien propenderá
por fortalecer la función de control y vigilancia”.

A su turno, el Decreto 416 del 15 de febrero de 200753 reglamentó,
entre otros aspectos, las condiciones de acceso a los recursos para
financiar los proyectos del Fondo Nacional de Regalías (artículo 1), los
requisitos de dichos proyectos (artículo 2), su viabilidad (artículo 3), su
aprobación (artículo 4), sus ajustes (artículo 5) y los mecanismos de
control y vigilancia de los recursos de regalías; sobre estos últimos
ordenó:

“[…] Artículo 21. Control y vigilancia de los recursos de regalías.
Corresponde al Departamento Nacional de Planeación ejercer la
vigilancia y el control financiero y administrativo de la correcta
utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones
causadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, y
de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, con el objeto de
constatar que tales recursos se utilicen en las finalidades y porcentajes
previstos en la ley.

53
“Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y
la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”
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En cumplimiento del control y vigilancia a que se refiere el presente
artículo, el Departamento Nacional de Planeación, directamente o a
través de las interventorías Administrativas y Financieras que se
contraten para el efecto, podrá solicitar a las entidades territoriales o
beneficiarias, la información relacionada con el manejo, utilización y
ejecución de tales recursos, en materia presupuestal, de contratación
pública, de contabilidad pública, e información de carácter técnico, con
el propósito de verificar el cumplimiento de las normas que regulan la
administración y utilización de los recursos de regalías y
compensaciones, sin que ello signifique en ningún caso la asunción de
funciones propias de las entidades competentes en materia fiscal, penal
y disciplinaria.

El Departamento Nacional de Planeación dará traslado a las autoridades
competentes de las informaciones que reciba, o de los hechos que por
causa o con ocasión de su actividad de control y vigilancia llegare a
conocer.

Artículo 22. Atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la
correcta utilización de los recursos. Con el fin de ejercer las funciones
de vigilancia y control en materia financiera y administrativa, el
Departamento Nacional de Planeación contará con las siguientes
atribuciones:

a) Practicar, por sí mismo o a través de personas naturales o jurídicas,
visitas de inspección con el fin de verificar, dentro del ámbito de su
competencia, la ejecución de los recursos de regalías. Dichas visitas se
llevarán a cabo en los sitios donde se realicen las inversiones, así como
en las sedes, oficinas o lugares donde funcionan las entidades
beneficiarias o ejecutoras o donde operan los terceros contratados por
estas para ejecutar los recursos. En desarrollo de las visitas se podrá
solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y
financiero y en general, la necesaria para la verificación de la correcta
utilización de las regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías.

Las visitas pueden tener por objeto la revisión integral de la forma en
que se están manejando y ejecutando las regalías y compensaciones
por parte de las entidades beneficiarias o ejecutoras o de los terceros
contratados por estas para tal efecto, o el control y vigilancia de un
proyecto específico. Estas visitas serán anunciadas por el Director de
Regalías mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada,
indicando los integrantes de la comisión de visita, el objeto de la visita
y su duración.

La comisión de visita podrá solicitar la información que requiera para el
cumplimiento de su cometido. La comisión de visita rendirá un informe
al Director de Regalías, quien evaluará la procedencia de adoptar
medidas preventivas o de iniciar un procedimiento administrativo
correctivo en los términos previstos en el presente decreto;

b) Disponer la contratación, con personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, la realización de las interventorías administrativas
y financieras que considere necesarias, supervisar la labor de esas

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interventorías, evaluar la información suministrada por las mismas y
adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinentes;

c) Solicitar a las entidades beneficiarias o ejecutoras de los recursos de
regalías y compensaciones, de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización
Petrolera, FAEP, de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de
2002 y de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones -
Escalonamiento-, la remisión oportuna de la información prevista en el
presente decreto;

d) Realizar audiencias públicas de auditores visibles, en las cuales las
interventorías administrativas y financieras, los interventores técnicos y
las entidades beneficiarias de regalías, compensaciones y asignaciones
del Fondo Nacional de Regalías, rindan cuentas públicamente a la
comunidad sobre la administración y destino de los recursos;

e) Las demás previstas en las normas vigentes.

Artículo 23. Interventorías administrativas y financieras. El
Departamento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la utilización
de los recursos de regalías y compensaciones y de asignaciones del
Fondo Nacional de Regalías y para garantizar la vigilancia y el control
administrativos y financieros adecuados e integrales, podrá disponer la
contratación de interventorías administrativas y financieras de los
programas, proyectos, gastos y otras inversiones financiadas con estos
recursos, incorporados y ejecutados en los presupuestos de las
entidades beneficiarias y/o ejecutoras.

(…)

Artículo 26. Suspensión preventiva de giros y desembolsos. El
Director de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, en
desarrollo de la función de control y vigilancia que le corresponde y
previa la solicitud de explicaciones del caso, ordenará a la entidad
recaudadora y giradora, con carácter preventivo, la suspensión de giros
o desembolsos a aquellas entidades territoriales o beneficiarias que se
encuentren en los siguientes eventos:

a) No haber entregado, dentro de los plazos y condiciones establecidos
en los artículos anteriores, la información que se debe remitir al
Departamento Nacional de Planeación, para efectos del control y
seguimiento en el uso de los recursos de que trata el presente decreto;

b) No haber ajustado los presupuestos a los criterios establecidos en
los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, y en las demás normas
que reglamenten el uso de estos recursos, cuando, una vez analizada
la información por la Dirección de Regalías, se establezca que no se
cumplen las distribuciones de ley, se solicite su ajuste y no se realice
dentro de los dos meses siguientes a la comunicación;

c) Haber remitido o entregado de forma incompleta o errónea cualquier
información que deba ser enviada por las entidades beneficiarias de
regalías en desarrollo del control y vigilancia que ejerce el
Departamento Nacional de Planeación;

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d) No haber suministrado a los encargados de las visitas realizadas por
el Departamento Nacional de Planeación, directamente o por
intermedio de las interventorías administrativas y financieras, la
información o soportes requeridos por ellos, y en los términos
establecidos en el presente decreto;

e) Utilizar o haber utilizado una cuenta bancaria para el manejo de los
recursos de regalías y compensaciones, diferente a la autorizada por el
Departamento Nacional de Planeación;

f) En cualquier tiempo, cuando del análisis de la información obtenida,
debidamente documentada, se desprenda la existencia de inminente
peligro de desviación de los recursos, o que la entidad objeto del
proceso respectivo esté haciendo uso indebido, ineficiente o inadecuado
de los mismos, hasta tanto se conjuren los hechos indicativos del
peligro inminente; para sustentar la adopción de la medida, se podrá
solicitar previamente de las entidades e instancias competentes la
información y los conceptos necesarios.

Artículo 27. Levantamiento de la suspensión preventiva. La
suspensión preventiva de giros se mantendrá vigente hasta tanto la
entidad afectada entregue o allegue la información faltante, o subsane
la causal de suspensión preventiva […]” (se destaca).

El Decreto 416 de 2007 también se ocupó de establecer cuáles
constituían irregularidades en la administración y ejecución de las
regalías y compensaciones de las asignaciones del FNR (artículo 30), las
medidas correctivas (artículo 32) y los procedimientos administrativos
para adoptarlas (artículo 31); entre estas últimas se encuentran: (i) la
suspensión de giros, y (ii) el cambio de ejecutor.

A su vez, el Acto Legislativo número 5 del 18 de julio de 201154 modificó
el artículo 361 de la Constitución Política, estableciendo que los ingresos
del Sistema General de Regalías se destinarían, entre otros, al
financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y
ambiental de las entidades territoriales, previendo además que “los
departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los
municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se
transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos,

54
“Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos
360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen
de Regalías y Compensaciones”.
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tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como
a ejecutar directamente estos recursos”55, (20% para las asignaciones
directas, artículo 1); adicionalmente, en el parágrafo primero transitorio
del artículo segundo se ordenó la supresión del Fondo Nacional de
Regalías.

El Decreto 4972 del 30 de diciembre de 201156 dispuso que el plazo
para culminar la liquidación del Fondo Nacional de Regalías era de tres
(3) años, los cuales se prorrogaron por el Decreto 1912 de 2014 y por el
Decreto 2179 de 2017; éste último, en el artículo 4, dispuso: “Artículo
4. Obligaciones y derechos remanentes del Fondo Nacional de Regalías
en Liquidación. Concluido el proceso de liquidación, los bienes, derechos
y obligaciones remanentes, previamente determinados por el
Liquidador, serán transferidos a la Nación - Departamento Nacional de
Planeación. (…)”.

Adicionalmente, el artículo 3 del Decreto 4972 del 30 de diciembre de
201157 prohibió al Fondo Nacional de Regalías iniciar nuevas actividades,
pero dejó a salvo el ejercicio de las funciones de vigilancia y control
asignadas al DNP, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 3°. Prohibición de iniciar nuevas actividades. El Fondo
Nacional de Regalías, en liquidación, no podrá iniciar nuevas
actividades aprobación de financiamiento de proyectos en desarrollo de
su objeto, y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir
los actos jurídicos y adelantar las acciones necesarias para su
liquidación.

El Departamento Nacional de Planeación continuará realizando en
forma transitoria y mientras dure la liquidación del Fondo la función
correspondiente a adelantar los procedimientos de seguimiento, giro,
ajuste, vigilancia y control así como los procedimientos correctivos a
que hubiere lugar.

En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación a través de la
Dirección de Regalías, continuará desempeñando en forma transitoria y
mientras dure la liquidación del Fondo, la función correspondiente a
adelantar los procedimientos de seguimiento, ajuste, vigilancia y

55
Se destaca.
56
“Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación del Fondo Nacional
de Regalías y se dictan otras disposiciones”.
57
“Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación del Fondo Nacional
de Regalías y se dictan otras disposiciones”.
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control y procedimientos correctivos relacionados con los proyectos de
inversión a los que se le hayan asignado recursos del Fondo de Ahorro
y Estabilización Petrolera –FAEP–, del Fondo Nacional de Regalías y en
depósito en el mismo, con anterioridad a la fecha de su supresión, de
tal forma que no se vea afectada la ejecución de tales proyectos.

Los proyectos viabilizados por los ministerios respectivos y aprobados
en su oportunidad por el Consejo Asesor de Regalías, en ejecución por
las entidades de los distintos órdenes que conforman la Administración
Pública Nacional estarán a cargo de estas, en lo que se refiere a la
responsabilidad derivada y la gestión por su ejecución. Y en caso de
requerir ajustes, la viabilización del mismo corresponderá al ministerio
que lo viabilizó […]” (se destaca).

Por su parte, la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, “Por la cual se regula
la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”,
determinó la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de
la explotación de recursos naturales no renovables, precisando las
condiciones de participación de los beneficiarios, y estableciendo que el
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones constituía el Sistema General de Regalías; en el artículo
129 dispuso la supresión del Fondo Nacional de Regalías a partir del 1
de enero de 2012, en desarrollo del mandato previsto en el precitado
acto legislativo, y en el artículo 135 ejusdem previó:

“[…]ARTÍCULO 135. EJERCICIO DE FUNCIONES. Las actuales
funciones asignadas al Departamento Nacional de Planeación, en
materia de control y vigilancia a los recursos de regalías y
compensaciones, en las normas vigentes a 31 de diciembre de 2011 las
normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, respecto de las
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías y de las regalías y
compensaciones, se continuarán ejerciendo por dicho Departamento,
única y exclusivamente en relación con las asignaciones realizadas a 31
de diciembre de 2011, y con las regalías y compensaciones causadas
en favor de los beneficiarios a la misma fecha.

Para el desarrollo de la labor a que se refiere el presente artículo, el
Departamento Nacional de Planeación dispondrá de los recursos
causados y no comprometidos a 31 de diciembre de 2011 a que se
refieren el parágrafo 4o del artículo 25 de la Ley 756 de 2002 y el
artículo 23 del Decreto 416 de 2007, así como los que se requieran del
Portafolio del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación o del
Presupuesto General de la Nación.

(…)

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PARÁGRAFO 1o. Las decisiones que se tomen de manera preventiva
como consecuencia de las labores de control y vigilancia sólo se
remitirán a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación,
si fuere el caso, así como a las demás instancias a que hubiere lugar.

[…]” (se destaca).

De lo dicho se advierte que los recursos desembolsados con cargo al
FNR estaban sometidos al cumplimiento de las obligaciones financieras y
técnicas establecidas en el acto aprobatorio del respectivo proyecto
y, aunque los entes territoriales los ejecutaban directamente, el
Departamento Nacional de Planeación asumió las facultades de
vigilancia y control sobre la correcta utilización de las regalías que
anteriormente le correspondía al Comité Nacional de Regalías y para ello
podía practicar visitas de inspección, requerir información al ejecutor,
suspender el desembolso de los recursos de comprobarse su uso
ineficiente o inadecuado e, incluso, cambiar al ejecutor de los recursos
de regalías y compensaciones.

6.2.2.2. Ejercicio de las funciones de vigilancia y control a cargo
del Departamento Nacional de Planeación respecto de los
recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías al
Municipio de Sandoná

Mediante la Resolución 0038 de 2008, “por la cual se establecen unos
mecanismos de control para la correcta utilización de los recursos del
Fondo Nacional de Regalías”, expedida por el Departamento Nacional de
Planeación, se dispuso lo siguiente:

“[…] Que el artículo 52 del Decreto 195 de 2004, en concordancia con lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 149 de 2004, dispuso que todas
las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes a la
Comisión Nacional de Regalías, se entenderán referidas, en lo
pertinente, al Departamento Nacional de Planeación.

Que mediante el artículo 49 del Decreto 195 de 2004, la representación
legal del Fondo Nacional de Regalías fue asignada al Director del
Departamento Nacional de Planeación.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 4
del Decreto 195 de 2004, corresponde al Departamento Nacional de
Planeación, controlar y vigilar directamente o mediante la contratación

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de interventores, la correcta utilización de los recursos provenientes de
las regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad del Estado y tomar correctivos
necesarios en los casos que se determine una mala utilización de los
recursos.

Que se hace necesario modificar los mecanismos para lograr un
adecuado control a la ejecución de los proyectos financiados con
recursos del Fondo Nacional de Regalías, en especial los requisitos y
porcentajes de giro de los recursos.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Obligaciones generales de las entidades ejecutoras de
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías. Son obligaciones de las
entidades ejecutoras de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías:

1. Incorporar en su presupuesto los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Regalías mediante resolución, ordenanza, o acuerdo,
según sea el caso y abrir una cuenta bancaria en la cual se
identifique el nombre completo del proyecto tal y como se señala en
el acuerdo de aprobación del mismo. Dicha cuenta debe generar
rendimientos financieros.

2. Remitir a la Interventoría Administrativa y Financiera, y si esta no se
encontrase designada, directamente al Departamento Nacional de
Planeación – Dirección de Regalías, los siguientes documentos:

a) Copia del acto administrativo que faculta al representante legal de
la entidad ejecutora a incorporar los recursos en el presupuesto.

b) Copia del acto de incorporación en el presupuesto de conformidad
con lo señalado en el numeral 1 del presente artículo;

c) Formato debidamente diligenciado de “Información Básica para
giros Fondo Nacional de Regalías”;

d) Certificado de apertura de la cuenta bancaria donde se efectuará
el manejo de los recursos del proyecto;

e) Copia del acta de posesión del representante legal de la entidad
ejecutora del proyecto;

f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la
entidad ejecutora;

g) Fotocopia del Nit o Registro Único Tributario de la entidad
ejecutora;

h) Certificación expedida por el representante legal de la entidad
ejecutora de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías
sobre la inexistencia de doble financiación para el proyecto;

i) Certificación expedida por el representante legal de la entidad
beneficiaria de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías de
que el proyecto no ha sido ejecutado; para el caso de proyectos

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de sostenibilidad en ampliación de cobertura educativa,
certificación de que el proyecto se está ejecutando;

j) Solicitud de giro de recursos del Fondo Nacional de Regalías.

3. Suscribir los contratos necesarios para la ejecución del proyecto, así
como el de interventoría técnica. Para efectos de la contratación de la
interventoría técnica, la entidad ejecutora podrá disponer hasta de un
seis por ciento (6%) de los recursos efectivamente autorizados a
girar por el Fondo Nacional de Regalías para el proyecto, siempre y
cuando la misma esté contemplada en el proyecto aprobado por el
Consejo Asesor de Regalías y con recursos del Fondo Nacional de
Regalías. En la selección del interventor técnico se deben tener en
cuenta la experiencia e idoneidad del mismo para desarrollar esta
clase de actividad. Antes de la suscripción de los contratos para la
ejecución del proyecto debe haberse efectuado la visita a que se
refiere el literal b) del numeral 1 del artículo 3° de la presente
resolución.

(…)

Artículo 2°. Informes. Las entidades beneficiarias y ejecutoras de
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, sin perjuicio de la
obligación de suministrar toda la información relativa a la ejecución y
correcta utilización de los recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías que le sea exigida por las entidades competentes, deben rendir
ante la interventoría administrativa y financiera, y si esta no se
encontrare designada, al Departamento Nacional de Planeación -
Dirección de Regalías, los siguientes informes:

1. Un primer informe de avance en el cual se debe evidenciar un mínimo
del cuarenta por ciento (40%) de ejecución del proyecto, y que
comprenderá la entrega de los siguientes documentos:

a) Copia de las respectivas actas que deban ser suscritas en virtud de lo
exigido en cada uno de los contratos o en la ley y su reglamento, entre
otras, para la iniciación, avance, suspensión y reiniciación de los
contratos;

b) Informes de la interventoría técnica, sobre la ejecución del cuarenta
por ciento (40%), debidamente firmados por el interventor técnico
designado o contratado y que contengan como mínimo;

c) El avance de las obras o trabajos;

d) Cantidad de obra o de trabajos ejecutados, discriminados conforme a
las actividades relacionadas en el proyecto aprobado;

e) Calidad de obras o de trabajos ejecutados;

f) Información adicional relevante para la evaluación de la obra o los
trabajos;

g) Cronograma actualizado de obra o trabajos;

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h) Duración prevista de cada componente del proyecto;

i) Fecha prevista de culminación del proyecto y programación de pagos.

j) Registro fotográfico del avance del proyecto y de la valla señalada en
el numeral 8 del artículo 1°;

k) Certificaciones sobre el aporte y ejecución de los recursos de
cofinanciación, expedida por la entidad beneficiaria o ejecutora y los
respectivos soportes presupuestales;

l) Certificación de los rendimientos financieros generados, expedida por
la entidad ejecutora.

2. Un segundo informe de avance en el cual se debe evidenciar un
mínimo del noventa por ciento (90%) de ejecución del proyecto, que
contendrá la información actualizada del primer informe de avance.

(…)

ARTÍCULO 3º. REQUISITOS PARA EL GIRO DE RECURSOS DEL FONDO
NACIONAL DE REGALÍAS. Las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías, serán giradas a las entidades ejecutoras, en los siguientes
porcentajes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Para el primer giro de los recursos de las asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías, que será del treinta por ciento (30%) del valor de
cada proyecto, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) La entidad ejecutora debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo primero de la presente
resolución.

b) Concepto favorable expedido por la Interventoría Administrativa y
Financiera, y si esta no se encontrase designada, directamente por el
Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Regalías, en el que
conste, después de haberse realizado la respectiva visita, que el
proyecto aprobado no se encuentra ejecutado y que constataron los
términos y condiciones en que éste se ejecutará.

c) Concepto favorable expedido por la Interventoría Administrativa y
Financiera, y si esta no se encontrase designada, directamente por el
Departamento Nacional de Planeación –Dirección de Regalías en el que
conste que los estudios de conveniencias y oportunidad de los prepliegos
mediante los cuales se celebrarán los contratos financiados con las
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías son concordantes con el
objeto y alcance del proyecto aprobado. Dicho concepto no implica
revisión de la legalidad de los procesos de selección a cargo de la
entidad ejecutora.

2. Para el segundo giro de los recursos, que será del cincuenta por ciento
(50%) de los mismos, la entidad ejecutora de asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones
prevista en el numeral 3º del artículo primero y en el numeral 1º del
artículo segundo de la presente resolución.

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3. Para el tercer giro de los recursos, que será del veinte por ciento (20%)
de los mismos, la entidad ejecutora de asignaciones del Fondo Nacional
de Regalías debe acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en
el numeral 2º del artículo segundo de la presente resolución.
[…]”.

Sobre el primer giro de los recursos, está probado en el proceso:

• El 9 de febrero de 2010, el alcalde municipal de Sandoná remitió al
DNP los documentos necesarios para el primer desembolso de los
recursos para financiar el proyecto58, a saber: la solicitud del giro de
recursos, el formulario de información básica para giros, la información
personal y tributaria; el acuerdo por el cual se reglamentaron las
autorizaciones al alcalde municipal de Sandoná para celebrar contratos y
convenios; el acuerdo por el cual se creó un código y se adicionaron
recursos al presupuesto anual de rentas e ingresos de gastos e
inversiones del Municipio de Sandoná para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010; el
decreto por el cual se redujeron recursos del presupuesto de ingresos y
gastos de la vigencia fiscal 2010; el certificado de apertura de cuenta
corriente en el Banco de Occidente; el estudio de conveniencia, copia del
acta de posesión del alcalde municipal y de su cédula de ciudadanía,
copia del RUT del Municipio y las certificaciones de que no hay doble
financiación en el proyecto y que éste no había sido ejecutado.

• Dicho desembolso fue avalado por el Interventor Administrativo y
Financiero, a través de oficio del 1 de septiembre de 2010, cuyo pago se
surtió el 8 de octubre de 201059.

De acuerdo con lo anterior, el municipio entregó al DNP toda la
documental correspondiente a la etapa precontractual del proyecto, por
lo que en ese momento no se estudiaron las pólizas que amparaban los
riesgos del contrato; de hecho, el literal c) del 1 del artículo 3 de la
Resolución 038 de 2008 indica que el concepto de favorabilidad

58
Cd. Folio 914 cuaderno 2.
59
Cd. folio 914 cuaderno 2.
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expedido por la Interventoría Administrativa y Financiera en el que
conste que los estudios de conveniencias y oportunidad de los
prepliegos mediante los cuales se celebrarán los contratos financiados
con las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías son concordantes
con el objeto y alcance del proyecto aprobado no implica revisión de la
legalidad de los procesos de selección a cargo de la entidad ejecutora.

En cuanto al segundo giro de recursos, está demostrado:

• De conformidad con el acta de inicio de obras, la ejecución del
proyecto comenzó el 3 de febrero de 201160.

• Los días 26, 27 y 28 de julio del mismo año, se realizó visita al
proyecto en la que participaron el interventor técnico, un técnico de la
Secretaría de Planeación de Sandoná, el interventor administrativo y
financiero del Fondo Nacional de Regalías, una trabajadora social de la
Corporación Vivienda Digna y el alcalde municipal, con ocasión de lo
cual se levantó el acta respectiva en la que consta lo siguiente61:

“[…] La trabajadora social Ludis Garay manifiesta que en cuanto al
avance de obra, que a la fecha y desde el 03 de mayo de 2011 se
encuentra suspendida la obra por la situación climática, ya que no han
podido entregar los materiales que faltan para concluir la obras (sic), y
hasta la semana en curso llegaron los materiales faltantes.

El Secretario de Planeación manifiesta que frente al Convenio con
Vivienda Digna, el municipio presenta inconformidad frente a los
incumplimientos constantes por parte del Contratista y solicita a la
corporación dar cumplimiento a los compromisos que se plasmen en
esta acta.

Se revisaron las pólizas del convenio con vivienda digna, lo cual arrojó
las siguientes fechas:

1. Póliza de responsabilidad civil: expedida por CONDOR S.A. No.
300007830, de fecha el 05/09/10, con una vigencia desde el 05/09/10
hasta 05/10/11, no corresponde al compromiso del convenio que indica
que debe ser por el plazo del convenio y 2 años más, el plazo del
convenio se vence el 14/08/11, lo que indica el plazo pendiente es de 1
mes, como las pólizas.

60
Folio 812 del cuaderno 2.
61
Cd. folio 914 cuaderno 2.
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50

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2. Fianza de cumplimiento: expedida por SUFIANZA S.A. No 100. Así:

CUMPLIMIENTO: Vigencia desde 05/09/10 hasta 05/10/2011,
corresponde al compromiso del convenio, por el 20% del convenio por
el término del convenio y 3 meses más.

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Vigencia desde 05/10/10 hasta
05/10/2011, por 100% del valor del anticipo, por un término de lo que
dure el contrato y 4 meses más.

SALARIOS Y PRESTACIONES: Vigencia desde 05/09/10 hasta
05/09/14, por 5% del valor del convenio, por un término de lo que
dure el contrato y 3 años más.

ESTABILIDAD: Vigencia desde 05/09/10 hasta 05/09/15, por 20% del
valor del convenio, por un término, contados a partir del acta de recibo
final.

Frente a la situación de estas garantías cabe resaltar que el convenio
se vence el 05 de agosto de 2012, lo que demuestra que las pólizas se
adquirieron por menor tiempo del convenio, y el convenio lleva una
ejecución de obra aproximado del 33% […]” (se destaca).

• El 11 de agosto de 2011, mediante oficio No. IAF-B/IND-OF0750-11, el
líder de la interventoría Regalías Indirectas Grupo B solicitó al alcalde
municipal de Sandoná diversos documentos con fundamento en los
artículos 21 y 25 del Decreto 416 de 2007 y el artículo 1 de la
Resolución nro. 00038 de 2008, entre los cuales se encontraban las
pólizas que amparaban las contingencias del convenio de asociación62.

• La alcaldía de Sandoná remitió al DNP la documental previamente
referida, a través del oficio de 1 de diciembre de 2011 con radicado nro.
2011-663-043726-2, en la que se observa la Resolución nro. 177B del
18 de septiembre de 2010, por la cual se aprobó la Fianza nro. 100
expedida por Sufianza S.A., a nombre de la Corporación Vivienda
Digna63.

• El reporte de presuntas irregularidades elaborado por la Interventoría
Administrativa y Financiera señala que la irregularidad se identificó el 15

62
Cd. Folio 914 del cuaderno 2.
63
Cd. folio 914 del cuaderno 2.
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de noviembre de 2012 y tuvo ocurrencia entre el 18 de septiembre de
2010 y el 10 de septiembre de 201364.

• El 16 de julio de 2012 se remitió al Departamento Nacional de
Planeación el informe de interventoría técnica del mes de junio del
proyecto65, en el que se dijo:

“[…] la ejecución del proyecto se ha dividido en tres etapas, en la
primera de ellas, se logró la construcción en su totalidad de 40
viviendas. En el desarrollo de la segunda etapa, que corresponden a la
construcción de 50 viviendas, se inició con la construcción de 23
viviendas, cuya ejecución está en un 90% de avance, quedando
pendiente la instalación de puertas, instalaciones hidráulicas, sanitarias
y eléctricas y el suministro de los materiales relacionados en el anexo
1.

Ratificados lo dicho en el anterior informe respecto a que miramos con
preocupación que el contratista no ha seguido el ritmo normal de la
ejecución del proyecto, puesto que hasta la fecha, no se ha mirado la
entrega de materiales faltantes, ni recursos para el pago de la mano de
obra para completar tanto las 23 viviendas que están ejecutadas en un
90% y las restantes 27 que faltarían por iniciar la segunda etapa
quedando aún pendiente las 10 viviendas de la tercera etapa, para
completar el gran total de 100 viviendas.

En varias oportunidades la interventoría ha tratado de comunicarse con
los representantes de los contratistas (Corporación Vivienda Digna), sin
tener ningún tipo de respuesta.

Por otros medios se conoce que el contratista argumenta existir
inconvenientes para la continuación del proyecto por el
desconocimiento que el Municipio de Sandoná tiene respecto a la cesión
de la interventoría técnica; lo cual nos extraña porque hasta el mes de
mayo hemos radicado los informes de interventoría correspondientes al
avance de obra, sin que se haya hecho requerimiento alguno sobre
este asunto. Mas sin embargo y para desvirtuar este argumento,
adjunto copias d ellos soportes de cesión y póliza.

Es pertinente aclarar que el retraso en las obras obedece al
incumplimiento del contratista en el desarrollo de la obra, que para
nada tiene que verse influida por aspectos administrativos de
interventoría no se justificaría por tanto suscribir actas de suspensión y
reinicio de interventoría.

En cumplimiento de mis funciones como interventor y con fundamento
en las normas vigentes de contratación me veo en la obligación de
informar las irregularidades que se están presentando, ante los

64
Cd. folio 914 del cuaderno 2.
65
Folios 272 a 279 del cuaderno 1.
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organismos de control para que se tomen las medidas del caso” (se
destaca).

• La Contraloría Delegada Sector Minas y Energía adelantó visita a las
obras realizadas en el marco del convenio de cooperación para la
construcción de vivienda de interés social en sitio propio para 100
familias damnificadas por la ola invernal en el municipio de Sandoná,
Nariño, los días 16, 17 y 18 de agosto de 201266, oportunidad en la que
se concluyó:

“[…] En la visita efectuada a 62 viviendas situadas en las veredas: Alto
Ingenio, Bella Vista, Feliciana, la Loma, San Antonio, Santa Rosa,
Tambillo, San Fernando, Ingenio, San Bernardo, Paraguay y San
Andrés del municipio de Sandoná, correspondientes a la ejecución del
80% de los recursos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS
DE INTERÉS SOCIAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA
INVERNAL MUNICIPIO DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
conforme a lo estipulado en el Acuerdo 063 de 2009, del Fondo
Nacional de Regalías – FNR.

De la visita efectuada a las viviendas se pudo establecer que en la
actualidad hay 39 viviendas habitadas por los beneficiarios y una (1)
sin habitar, correspondientes a la prima fase (40 viviendas) y de
segunda fase a la fecha se encuentran en proceso de construcción
(abandonadas) 23 viviendas, de las cuales se visitaron 22 viviendas
evidenciando que techadas y sin terminar hay 20 viviendas y a medio
construir, 2 viviendas.

En la construcción de las viviendas se presentan algunas deficiencias
como hierros expuestos de las columnas, falta de vigas y columnetas
de amarre horizontales y verticales, ladrillos agrietados que podrían
afectar la estabilidad de la vivienda, es pertinente que se hagan las
correspondientes correcciones antes de hacer la entrega al beneficiario,
no obstante estas viviendas algunas se encuentran en uso por parte del
beneficiario.

En torno a las 20 viviendas techadas y sin terminar, correspondientes a
la segunda etapa presentan un grado de avance aproximado del 60%,
excepto 2 que se encuentran en un grado de avance del 25% (muros a
medio levantar), a las casas le faltan por instalar: puertas, baños,
cocina, instalaciones eléctricas, sanitarias y pozos sépticos y pisos, no
obstantes (sic) el estado de las casas techadas en la actualidad se
encuentran habitadas cuatro (4) de ellas, y algunos beneficiarios han
efectuado algunas modificaciones a las casas.

En torno a los ancianos que se encuentran habitando las viviendas no
terminadas de la segunda etapa del proyecto y condiciones
infrahumanas, es oportuno que la administración municipal y la

66
Folios 148 a 156 del cuaderno 1.
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interventoría, adopten algunas medidas para solucionar de alguna
manera las condiciones en que viven estas personas, sin puertas,
baños, cocina, energía, agua y el sistema séptico.

De otra parte, no sobra advertir que estas modificaciones no se deben
efectuar por porte (sic) del beneficiario hasta que se le haga la entrega
formal de la vivienda por parte del municipio, ya que estas
modificaciones generan traumatismos al momento de le entrega y
liquidación de las viviendas conforme a lo estipulado en el proyecto.

Las visitas técnicas tanto de las (sic) interventoría contratada por el
municipio, así como del FNR se ha debido advertir al contratista en su
momento las deficiencias presentadas por la construcción de las
viviendas y no esperar hasta el último momento para corregir las
deficiencias que se presentan en la construcción de la vivienda.

Es importante que el municipio proceda a valorar el costo de lo
construido por parte del contratista, por lo que se hace necesario que a
la mayor brevedad la administración municipal adelante las gestiones
pertinente (sic) ante la dirección del Fondo Nacional de Regalías con el
objeto de definir claramente los pasos a seguir con el fin de concluir el
proyecto de las 100 viviendas del municipio.

Es pertinente que se adelantes (sic) las actuaciones correspondientes
ante el contratista Vivienda Digna, a efectos de recuperar los dineros
no ejecutados por este en la construcción de las viviendas
correspondientes al 80% del valor del contrato. Y de no poder llegar a
un acuerdo adelantar las actuaciones jurídicas que ameriten, para
evitar un detrimento al patrimonio del estado […]”.

• El informe de interventoría técnica del proyecto correspondiente al
mes de marzo de 201367, da cuenta de lo siguiente:

“[…] La ejecución del proyecto se ha dividido en tres etapas, en la
primera de ellas, se logró la construcción en su totalidad de 40
viviendas. En el desarrollo de la segunda etapa, que corresponden a la
construcción de 50 viviendas, se inició con la construcción de 23
viviendas, cuya ejecución está en un 80% de avance, quedando
pendiente la instalación de puertas, instalaciones hidráulicas, sanitarias
y eléctricas y el suministro de los materiales relacionados en el anexo
1; con lo cual se obtiene un avance físico de la obra de 58.61% (ver
anexo 2). Además de esto, a los 27 beneficiarios restantes de la
segunda etapa se les ha entregado los materiales que se enumeran en
el anexo 3. Y en bodegas ubicadas en la zona urbana del municipio de
Sandoná se encuentran los siguientes materiales:

(…)

Cabe aclarar que los materiales que se relacionan en encuentran en
bodegas personas particulares, a las cuales se les adeuda varios meses
por concepto de arriendo.

67
Folios 282 a 292 del cuaderno 1.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

En el anexo 4. Resumen de Costos y Fuentes de Financiación del
Proyecto, se encuentran detallados los aportes que realizan las partes
involucradas en el convenio. En este podemos observar que al Fondo
Nacional de Regalías debe aportar un total de $1,278,400,000, de los
cuales por concepto de interventoría administrativa descuenta
automáticamente $ 51,136,000 por lo que al municipio le deben girar
un total de $1,227,264,000, de los cuales el día 08 de octubre del 2010
se realizó un giro por valor de $368,179,200, equivalente al 30% del
valor total. Y luego de ser entregadas las primeras cuarenta viviendas,
el 20 de diciembre de 2011 se realizó el segundo giro por valor de $
592,028,000 equivalente al 48.24% cabe aclarar que el segundo giro
debió ser por el 50% del total.

(…)

Ratifico lo dicho en los anteriores informes respecto a que miramos con
preocupación que el contratista no ha seguido con la ejecución del
proyecto, puesto que hasta la fecha, no se ha mirado la entrega de
materiales faltantes, ni recursos para el pago de la mano de obra para
completar tanto las 23 viviendas que están en ejecución y las restantes
27 que faltarían por iniciar de la segunda etapa, quedando aún
pendiente las 10 viviendas de la tercera etapa, para completar el gran
total de 100 viviendas.

En varias oportunidades la interventoría ha tratado de comunicarse con
los representantes de los contratistas (Corporación Vivienda Digna), sin
tener ningún tipo de respuesta. Es pertinente aclarar que el retraso en
las obras obedece a incumplimiento del contratista en el desarrollo de
la obra […]”.

• El Departamento Nacional de Planeación llevó a cabo visita al precitado
proyecto denominado Construcción de 100 viviendas para familias
damnificadas por la ola invernal en varias veredas del Municipio de
Sandoná – Nariño, los días 14 a 17 de mayo de 201368, fecha en la que
se elaboró el acta respectiva y describió el estado de las obras, así:
“[…] La visita se da inicio en el Municipio de Sandoná, realizando una
inspección visual da (sic) las viviendas en cada una de las veredas
objeto del presente proyecto; evidenciando 40 viviendas terminadas lo
que corresponde a un avance aproximado por unidad de vivienda
terminada del 40%, los espacios y materiales de dichas viviendas
corresponden a lo diseñado en el proyecto aprobado, sin embargo se
evidenciaron falencias en acabados de las estructuras en concreto,
dado que hay hormigueos en la mayoría de las viviendas, los puntos
eléctricos se encuentran en las vigas aéreas de amarre y se encontró
dos viviendas en donde el tanque de almacenamiento no se instaló
porque la altura del espacio para la instalación es muy pequeño,
adicionalmente en aproximadamente 10 de las viviendas terminadas

68
Folios 157 a 159 del cuaderno 1.
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los beneficiarios manifiestan haber tenido que comprar parte de los
materiales en general arena, acero y los perfiles para cubierta.

Igualmente se realizó el recorrido por 23 viviendas intervenidas, las
cuales fueron abandonadas sin terminar, quedando pendiente las
puertas y ventadas, el baño, tanque de almacenamiento, pozo séptico
y pisos. Se aclara que algunas de estas viviendas se encuentran
habitadas por los beneficiarios, quienes en algunos casos las han
terminado con recursos propios o simplemente se han pasado en el
estado en que están porque no cuentan con un lugar en donde vivir.
Adicionalmente se evidenció 1 vivienda parcialmente construida con
recursos y materiales entregados al beneficiario que no había sido
visitada por no contarse con evidencia de su levantamiento.
Finalmente, se efectuaron 64 visitas.

Es de anotar que la inspección no es técnica, dado que esta función
directa de la respectiva interventoría.

Dentro del recorrido se visitaron las viviendas en las veredas de: San
Antonio, La Loma, Santa Rosa, Ingenio, Alto Ingenio, San Fernando,
San Andrés, Feliciana, San Bernardo y Bellavista.

Se da a conocer a la alcaldía la Ley 1530 de 2012 y se recomienda
hacer efectivas las pólizas al contratista por incumplimiento y terminas
las viviendas objeto del proyecto […]”.

• En atención a las irregularidades advertidas, el secretario de
Planeación (e) del Municipio de Sandoná requirió al señor Luis Alberto
Espinoza Muñoz para que presentara el informe de interventoría del
proyecto “Construcción de 100 vivienda de interés social para familias
damnificadas por la ola invernal en varias veredas del Municipio de
Sandoná Departamento de Nariño” y otorgara las explicaciones sobre lo
sucedido, por oficio del 1 de septiembre de 201369.

• El alcalde del Municipio de Sandoná citó al representante legal de la
Corporación Vivienda Digna a la audiencia pública para debatir y decidir
sobre el incumplimiento para la Construcción de 100 vivienda de interés
social para familias damnificadas por la ola invernal de varias veredas
de ese municipio, mediante oficio del 15 de octubre de 201370.

• El 15 de noviembre de 2013, la subdirectora de Procedimientos
Correctivos de la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de

69
Folio 22 del cuaderno 1.
70
Folios 30 y 31 del cuaderno 1.
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Planeación puso en conocimiento del Contralor Auxiliar Número 1 del
Grupo Interno de Dirección y Coordinación para el Sistema General de
Regalías de la Contraloría General de la República, de la irregularidad
“en razón a que el ente ejecutor para garantizar la ejecución del
Convenio de asociación suscrito con la Corporación Vivienda Digna el día
05 de agosto de 2009, mediante Resolución 177 B del 18 de septiembre
de 2010 imparte aprobación de la fianza expedida por Sufianza S.A.S.
cuya modalidad no se encuentra autorizada por las normas que rigen la
contratación administrativa”71. Situación que también se informó a la
Procuraduría General de la Nación en la misma fecha72.

• La directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación
informó al alcalde municipal de Sandoná sobre la suspensión preventiva
de giros y desembolsos, por medio de comunicación del 17 de diciembre
de 201373, en la que consta:

“[…] El municipio de Sandoná aprobó como garantías del contrato de
obra suscrito para el proyecto FNR 32669, fianza No. 100 emitida por la
sociedad Sufianza S.A.S., compañía de carácter comercial, vigilada por
la Superintendencia de Sociedades, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley 1150 de 2007 y Decreto 4828 de 2008.

Esta situación constituye una condición de vulnerabilidad para los
recursos del FNR, toda vez que los mecanismos de cobertura del riesgo
del Convenio de Asociación SN, otorgados a favor de la entidad no
correspondían con los dispuestos por la normativa vigente y por lo
tanto, no garantizan la indemnización por la reparación del daño
sufrido, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el
asegurado o el beneficiario en el evento que ocurra el siniestro objeto
de dichos amparos […]”.

De lo anterior se concluye que el segundo giro de los recursos se llevó a
cabo el 20 de diciembre de 2011, fecha para la cual la Interventoría
Administrativa y Financiera -IAF ya tenía conocimiento de la garantía
expedida por Sufianza S.A.S., así como de los riesgos de incumplimiento
del convenio, pues en la visita adelantada previamente se entregó la
documental pertinente y se efectuaron observaciones relativas a los

71
Folio 294 del cuaderno 1.
72
Folio 297 del cuaderno 1.
73
Folios 298 y 299 del cuaderno 1.
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plazos establecidos en las garantías y en la ejecución de las obras, pero
nada se dijo acerca de la aprobación de la fianza, pese a que no estaba
incluida dentro del régimen de garantías previsto en la contratación
administrativa.

La medida de suspensión preventiva, adoptada por el DNP el 17 de
diciembre de 2013, se sustentó en el literal f) del artículo 26 del Decreto
416 de 2007 y en la información suministrada por la Interventoría
Administrativa y Financiera -IAF, relativa a la constitución irregular de
garantías, sin tener en cuenta lo reportado por la interventoría técnica
sobre el abandono de las obras.

Al respecto, la Sala observa que la irregularidad que dio lugar a la
suspensión de los giros debió ser advertida por el Departamento
Nacional de Planeación antes de efectuar el segundo desembolso, en
ejercicio de sus funciones de vigilancia y control; pero además de que
pasó por alto que no se contaba con una garantía jurídicamente válida,
el DNP ya conocía las deficiencias en las obras y su abandono por parte
del contratista, lo que hace inexplicable el segundo desembolso, cuando
la ley le facultaba para abstenerse de efectuarlo cuando estableciera el
uso indebido o negligente de los recursos.

Así las cosas, aunque está acreditado que en desarrollo de la labor de
control y vigilancia a cargo del DNP, a través de la Interventoría
Administrativa y Financiera -IAF, se hizo un seguimiento administrativo
y financiero a los recursos girados al proyecto y de igual forma se
efectuaron visitas de inspección al sitio de las obras, así como también
se reportó la constitución irregular de las garantías en el convenio de
asociación, la Sala comparte lo señalado por el a quo en el sentido que
la medida de suspensión preventiva de giros fue tardía, pues para ese
momento ya se habían desembolsado más de la mitad de los recursos
del proyecto, de donde deviene que el recurrente no puede pretender
exonerarse de las órdenes que se impartan en pos de la protección de
los derechos colectivos concernidos en el presente asunto.

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6.2.2.3. Las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de
Nariño

La Sala recuerda que el actor popular solicitó la protección de los
derechos “a la moralidad administrativa, el patrimonio público, la
seguridad pública, la vivienda digna y los derechos de los consumidores
y usuarios consagrados” y, en consecuencia, que se ordene a las
entidades demandadas que, “dentro de un término prudencial de cuatro
meses se ejecute el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO RURAL PARA 100
FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE
SANDONA”, a favor de los beneficiarios damnificados de la ola invernal
del Municipio de Sandoná; caso contrario, se los incluya dentro de un
nuevo proyecto de vivienda de interés social”.

El Tribunal de instancia protegió los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público y a la seguridad pública en
conexidad con la vivienda digna y ordenó al Municipio de Sandoná, a la
Corporación Vivienda Digna, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que, dentro del
término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia,
adelanten los trámites administrativos y financieros pertinentes,
tendientes a lograr la actualización del censo de personas damnificadas
con la no ejecución del convenio “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO RURAL PARA 100 FAMILIAS
DAMNIFICADAS DE LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ”, y
una vez realizado, propicien las gestiones administrativas y financieras
para lograr la consolidación de un nuevo proyecto de vivienda para la
adecuación y construcción de viviendas de las familias damnificadas de
la ola invernal del municipio.

De igual manera, ordenó a la entidad territorial que continúe con el
proceso administrativo o judicial tendiente a lograr el cumplimiento de
las pólizas del convenio incumplido.

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En cuanto a la responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación
el a quo concluyó que, si bien no es el ejecutor del proyecto, lo cierto es
que su función consistía en la adecuada vigilancia y control del manejo
de los recursos, labores que desempeñó de manera tardía, circunstancia
que tuvo como consecuencia la transgresión del interés colectivo a la
moralidad administrativa y un impacto negativo sobre el patrimonio
público, al quedar abandonado el proyecto que pretendía dotar de
vivienda a personas que fueron víctimas de la ola invernal en el
Municipio de Sandoná.

Acerca de la afectación del derecho colectivo a la moralidad
administrativa como consecuencia de la pérdida de recursos económicos
ante el abandono de obras públicas, esta Corporación ha dicho74:

“[…] H.- El derecho colectivo a la moralidad administrativa
violado como consecuencia de dejar una obra pública
inconclusa, perdiendo los recursos invertidos en ella e
incumpliendo el propósito perseguido al decidir su ejecución.

15.- Al definir las finalidades y principios a los cuales está sujeta la
actividad de la administración, la Constitución Política de 1991 en su
artículo 209 se refirió expresamente a la moralidad, la eficacia y la
economía, en los siguientes términos:

<<ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. >>

16.- La misma Constitución incluyó en el artículo 88, como derecho o
interés colectivo, el relativo a la moralidad administrativa y el artículo 4
de la ley 472 de 1998 al regular las acciones populares incluyó, como
derecho o interés colectivo, el de la moralidad administrativa y el
parágrafo de dicho artículo dispuso: <<Los derechos e intereses
enunciados en el presente artículo estarán definidos y regulados por las
normas actualmente vigentes o las que se expidan con posterioridad a
la vigencia de la presente ley>>

17.- Por último, la ley 1437 de 2011 mediante la cual se expidió el
actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al enumerar en su artículo 3° los principios a los cuales
está sujeta la actividad de la administración dispuso:

74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencia del 5 de octubre de 2020. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Expediente
radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00030 01.
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<<Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad,
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)

<<5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los
servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y
honestidad en las actuaciones administrativas (…)

<<7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus
agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o
extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y
los reglamentos (…)

<<10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades
concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el
cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos
a los particulares.

<<11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que
los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.

<<12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de
los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

<<13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que
los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos
legales y sin dilaciones injustificadas.>>

18.- Es evidente, que cuando los funcionarios responsables de ejecutar
una obra pública y velar por su terminación no realizan las acciones
necesarias (coordinación, búsqueda de recursos, celebración de
contratos y supervisión de su ejecución) y permiten que obra quede
inconclusa con la pérdida en la inversión y en la ejecución del proyecto
de interés público que perseguía realizarse, violan los principios
anteriormente mencionados y atentan contra el derecho colectivo a la
moralidad administrativa.

19.- El derecho colectivo a la moralidad administrativa consiste en
<<la expectativa de la comunidad, susceptible de ser alegada por
cualquiera de sus miembros, a que la función administrativa se
desarrolle conforme a ella entendida como principio >> y se desconoce
cuándo quienes intervinieron en la iniciación de una obra habida cuenta
de su importancia y necesidad para el interés público, abandonan tal
propósito, sin que puedan excusarse en fundamentos legales relativos

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a la competencia para invertir recursos y para velar por la debida
ejecución de los mismos. En un estado con recurso limitados, para
realizar obras de infraestructura (particularmente dedicadas a la
cultura) la ciudadanía percibe como un atentado contra la moralidad
administrativa que las obras en las que se han invertido recursos
públicos no se terminen, como consecuencia de la ausencia de
planificación, de control, y particularmente de la desidia de las
autoridades públicas.

Las autoridades no solo deben velar por el cumplimiento de las normas
legales relativas a la celebración y ejecución de los contratos (lo
celebramos conforme con la ley, lo liquidamos, devolvimos los recursos
del convenio...). Deben velar por terminar las obras y ponerlas en
servicio de los ciudadanos, pues ese es el objeto perseguido con ellos.

(…)

21.- El juez popular debe garantizar a la comunidad la protección del
derecho colectivo que encuentre vulnerado según la situación fáctica
precisada por el actor popular, sin que el derecho colectivo alegado
como vulnerado y las órdenes solicitadas por el actor popular lo limiten,
pues no es aplicable en estos casos una regla de congruencia que le
impida obrar de este modo. Al resolver la acción el <<juez popular no
cumple funciones jurisdiccionales como las que ejerce el juez
administrativo cuando decide un conflicto entre el Estado y un
particular>>. Lo anterior, porque el actor popular no es demandante
como quiera que no pretende un derecho para él, y quien es citado
como vulnerador del derecho no es demandado porque no se pide
imponerle una declaración a favor del actor popular sino imponerle las
obligaciones necesarias para garantizar la protección de un derecho
colectivo. […]” (se destaca).

De acuerdo con lo anterior, las conductas omisivas por parte de las
autoridades encargadas de velar por la correcta ejecución de las obras y
su posterior entrega constituye una manifestación de la vulneración del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, máxime cuando ello
conlleva la pérdida de los recursos públicos como en el presente asunto,
en el que el proyecto para la construcción de viviendas de interés social
para 100 familias damnificadas de la ola invernal del Municipio de
Sandoná quedó inconcluso.

Así las cosas, la Sala advierte que el Departamento Nacional de
Planeación fue negligente al ejercer las facultades asignadas legalmente
para el control y vigilancia de los recursos asignados a través del Fondo
Nacional de Regalías respecto del proyecto ejecutado por el Municipio de
Sandoná, por lo que, de contera, debe concurrir en el adelantamiento

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de los trámites administrativos y financieros tendientes a la
actualización del censo de las personas que resultaron damnificadas con
la no ejecución del convenio.

La Sala destaca que, por auto del 3 de noviembre de 2020, se requirió
al Municipio de Sandoná, Nariño, para que informara sobre: (i) las
resultas del proceso administrativo que debió adelantar para hacer
efectiva la garantía única de cumplimiento nro. 100 expedida por
SUFIANZA S.A.S., (ii) en caso de haber sido satisfecha, si los recursos
se destinaron para el cumplimiento del objeto del convenio o el
desarrollo de un proyecto similar, y (iii) el estado en que actualmente se
encuentra dicho proyecto.

En acatamiento de lo anterior, la alcaldesa del Municipio de Sandoná,
mediante comunicación enviada vía correo electrónico el 16 de
diciembre de 2020, rindió el informe correspondiente del cual se
desprende75:

• Por oficio del 16 de febrero de 2015, la Secretaría de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Sandoná solicitó a la subdirectora de
proyectos (e) de la Dirección de Vigilancia de Regalías del Departamento
Nacional de Planeación el levantamiento de la medida de suspensión de
giros, argumentando que ninguna aseguradora otorgaba una garantía
que avalara el proyecto en las condiciones en las que se encontraba
para esa fecha, por lo que era necesario iniciar un nuevo proyecto cuya
estructuración sería posible con los recursos retenidos por el DNP. En lo
pertinente se observa:

“[…] la decisión del FNR, de mantener suspendidos los giros al
municipio hasta tanto se actualice el amparo del proyecto, es
legalmente inviable por las razones de carácter jurídico que
sustentamos sobre el procedimiento y la motivación jurídica que
obligan a una entidad legalmente constituida de seguros de otorgar
una garantía al proyecto por las siguientes razones de carácter fáctico:

75
Vistos en los índices 64 y 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 52001233300020140043001.
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No hay contrato vigente

Al contrato se le declaró el incumpliendo (sic)
Esta notificado el mandamiento de pago a la empresa SUFIANZA
S.A.S., que como bien se puede observar es una Sociedad por Acción
Simplificada, no es una aseguradora.
Los recursos que financiaban el proyecto en gran parte están perdidos
y en procesos de investigación.
No hay garantía plena sobre la financiación del nuevo proyecto.

Con este horizonte ninguna aseguradora, nos otorga una garantía que
avale y asegure el proyecto en las condiciones en que está; por tal
razón, es necesario iniciar un nuevo proyecto que garantice los
recursos necesarios para su financiación y sobre todo se adelante un
proceso de contratación que posibilite solicitar las garantías.

Por lo anterior de manera muy objetiva le solicitamos al FNR, el
levantamiento de la medida de suspensión de giros a fin de avanzar en
la estructuración del proyecto que posibilite legalmente tomar las
medidas de minimizar el riesgo y poder ejecutar el proyecto sin
contratiempos […]”.

• Por oficio del 2 de marzo de 2015 el alcalde municipal de Sandoná
solicitó a SUFIANZA S.A.S. efectuar el pago de la garantía de
cumplimiento nro. 100 expedida por esa compañía debido a la
terminación unilateral del convenio por incumplimiento de la
Corporación Vivienda Digna, con la advertencia de que “en caso de
renuncia al pago adeudado se procederá con las acciones judiciales y de
control disciplinario”.

• Mediante la Resolución nro. 010 del 11 de agosto de 2015, expedida
por el secretario de hacienda municipal de Sandoná, se llevó a cabo la
liquidación oficial de la garantía única de cumplimiento nro. 100,
expedida por la Compañía SUFIANZA S.A.S.

• La liquidadora del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación expidió la
Resolución nro. 497 del 15 de noviembre de 2015, por la cual se declaró
el cierre del proyecto Construcción de 100 viviendas de interés social
para familias damnificadas por la ola invernal en varias veredas del
Municipio de Sandoná Departamento de Nariño y ordenó al ente
territorial el reintegro de $459.330.121,23 al Fondo de Regalías en
liquidación.

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Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición que fue
rechazado por medio de la Resolución nro. 007 del 2 de febrero de
2018, y a través de la Resolución nro. 7604 del 25 de septiembre de
2020, expedida por la funcionaria ejecutora designada por la Central de
Inversiones S.A. -CISA, se libró la orden de pago por la vía
administrativa coactiva a cargo del Municipio de Sandoná.

• La certificación expedida por la Secretaría de Gobierno del Municipio de
Sandoná, Nariño, el 20 de marzo de 2019, acredita que en el archivo de
esa entidad territorial “se evidencia que no existe información de haber
adelantado proceso de cobro coactivo en contra de la empresa
SUFIANZA SAS ya que no se reportó bienes a nombre de ellos”.

• Ahora bien, en el mismo informe remitido el 16 de diciembre de 2020
vía correo electrónico por la alcaldesa municipal de Sandoná, por el cual
se aportaron los documentos previamente analizados, la entidad
territorial también se manifestó acerca del estado actual del proyecto,
del cobro de la garantía expedida por SUFIANZA S.A.S. y de los recursos
asignados por el FNR que no fueron ejecutados, en los siguientes
términos:

“[…] Teniendo en cuenta que según la información que se aporta se
puede evidenciar que se adelantó por parte de la administración los
tramites a la terminación del convenio por el incumplimiento y
posterior liquidación unilateral del convenio, para el año 2015.

(ii) Que para en este numeral se manifiesta al despacho que no ha sido
satisfecha la obligación por parte de SUFIANZA S.A.S., y tampoco se
han realizado proyectos similares.

(iii) Que frente al estado actual del proyecto como se puede evidenciar
de los documentos aportados, se realizó la terminación anticipada por
incumplimiento (F. 80 a 81), y según la certificación emitida por parte
de la secretaria de gobierno en el año 2.019 (F. 83), la cual manifiesta
que no se encuentra información referente algún trámite tendiente a
realizar un cobro en contra de la empresa SUFIANZA SAS, ya que no se
reportó bienes a nombre de ellos, la cual se firmó a los 20 días de
marzo de 2019.

Que conforme con lo anteriormente expuesto se debe manifestar al
despacho que por parte del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), se adelantó un proceso en contra de la Municipalidad de
Sandoná, el cual una vez surtidos todos los tramites, determinó la
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imposición de una multa en contra del Municipio de Sandoná por un
valor que asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($459.315.742), en la cual se estaría
devolviendo lo que el municipio dejo de ejecutar, por tal motivo si se
llegase a condenarse al municipio a la construcción de las viviendas
faltantes se estaría asumiendo por parte del municipio una doble carga
sobre un mismo objeto, lo que representaría una afectación al erario
público, más aún cuando el municipio Sandoná no cuenta con los
recursos necesarios para poder cubrir en su totalidad con esta
obligación y la ejecución del proyecto.

Ante lo cual se pone como anexo la Resolución 497 del 15 de
noviembre del 2017 emitida por el Departamento Nacional de
Planeación, “por medio de la cual se procede a declarar el cierre de un
proyecto financiado o cofinanciado con asignaciones del fondo nacional
de regalías, en liquidación, o en depósito en el mismo, se reconoce un
valor ejecutado por unidades funcionales terminadas, y se ordena el
reintegro de unos recursos”, de igual forma se anexa la Resolución No.
007 del 2 de febrero del 2018 “por medio de la cual se rechaza un
recurso de reposición interpuesto por el municipio de Sandoná, Nariño
en contra de la Resolución No. 497 del 15 de noviembre del 2017” y
adicional a ello la Resolución 7604 del 25 de septiembre del 2020,
emitida por Central de inversiones S.A. “Por medio de la cual se libra
mandamiento de pago, dentro del proceso administrativo de cobro
coactivo CISA-FNR-0038-2020 de Central de Inversiones S.A.
adelantado en contra del municipio de Sandoná, identificado con NIT.
800099138” Inversiones en la cual se obliga al municipio de Sandoná a
cancelar la multa y también se encuentra el cobro jurídico” (se
destaca).

Así las cosas, la Sala estima que la asiste razón al a quo en las órdenes
impartidas, habida consideración que:

(i) El municipio, al atender el requerimiento efectuado por auto del 3 de
noviembre de 2020, informó que el proyecto actualmente se encuentra
ejecutado en un 40%76 y fue abandonado por el contratista, sin que
Sufianza S.A.S. haya satisfecho la obligación adquirida a través de la
póliza ni que en su contra curse proceso de cobro coactivo alguno,
circunstancia que denota el grave detrimento patrimonial y la ineficacia
de dichas entidades, pues desde el momento en que se debieron

76
Según las actas de recibo de obras, se entregaron 40 viviendas de interés social
correspondientes al proyecto de que trata el convenio de asociación celebrado entre el
Municipio de Sandoná, Nariño, y la Corporación Vivienda Digna, sin embargo, en tales
documentos no se señala fecha en qué fueron diligenciadas ni en la que se hizo
entrega de las viviendas a cada uno de los beneficiarios.
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advertir las irregularidades77 hasta la fecha del informe rendido por la
entidad territorial78 han transcurrido más de 11 años y no está
acreditado que dichas autoridades hayan conjurado la transgresión de
los intereses colectivos cuya protección se depreca.

(ii) El Municipio de Sandoná informó que el DNP solicitó a esa entidad la
devolución de los recursos que fueron girados y no ejecutados en el
proyecto y que no cuenta con la financiación para culminar con las
obras.

Al respecto, la Sala recuerda que la ausencia de presupuesto no es
excusa para desvirtuar la afectación de derechos colectivos o limitar las
medidas que deban ser adoptadas en el marco de la acción popular para
garantizarlos. Así, en sentencia del 14 de mayo de 2020, esta sección
indicó79:

“[…] En este punto es menester resaltar que esta Sección ha sostenido
de forma uniforme y reiterada que la falta de recursos económicos no es
un argumento que sirva para desvirtuar la afectación de los derechos
colectivos o para limitar las medidas que eventualmente puede adoptar el
juez popular para garantizar la protección de los derechos colectivos que
estime vulnerados. Sobre el particular, en providencia del 15 de
diciembre de 2016 se sostuvo lo siguiente:

“12.2. Los trámites presupuestales y la escasez de recursos
económicos no justifican la desprotección de los derechos
colectivos.

En reiterada y uniforme jurisprudencia, la Sala ha puesto de presente
que, el hecho de que la ejecución de obras públicas esté supeditada al
agotamiento de los pasos previos, de la formulación e inscripción de
proyectos en los Bancos de Proyectos de Inversión, así como de la
inclusión de los proyectos en los planes de desarrollo municipal,
departamental y nacional, no es razón para negar la protección de los
derechos colectivos cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió
de fundamento a la acción popular. En este caso, el juez debe ordenar
a las autoridades adelantar las gestiones técnicas de planeación, las
contractuales y presupuestales conducentes a que los respectivos
proyectos se incluyan en el plan de desarrollo y cuenten con

77
1 de diciembre de 2011, fecha en la que el municipio se entregó la información de la
fianza aprobada por la Resolución nro. 177B del 18 de septiembre de 2010 al DNP.
78
16 de diciembre de 2020.
79
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 14 de mayo de 2010. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
nro. 15001-23-31-000-2010-01363-01(AP).
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disponibilidad presupuestal, para que luego de cumplirse las exigencias
legales puedan ejecutarse.

Además, esta Sala ha manifestado que la falta de disponibilidad
presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los
derechos colectivos. Ante esa situación, lo procedente es ordenar a las
autoridades que efectúen las gestiones administrativas y financieras
necesarias para obtener los recursos económicos requeridos.

En efecto, en sentencia de 25 de octubre de 2001, a propósito de una
problemática relacionada con la práctica de necropsias a cadáveres en
estado de descomposición, sin que existiera una morgue en el
Municipio de San Pedro (Sucre), esta Sala consignó el criterio
jurisprudencial aludido, de la siguiente manera:

“La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos
no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo
probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la
indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al
ejercicio de la acción popular.

En tal virtud, le corresponde al Alcalde y a su equipo de gobierno
proseguir el adelantamiento de esta gestión y emprender las que sean
necesarias para conseguir mediante el mecanismo de cofinanciación los
recursos presupuestales que permitan financiar el proyecto de
alcantarillado con el porcentaje de los recursos ordinarios que la
Nación a esos efectos les transfiere en la denominada Participación de
Beneficio General y si estos resultaren insuficientes, con recursos de
cofinanciación que deben gestionar ante el Departamento o la Nación,
explorando la disponibilidad de recursos de inversión que para ese tipo
de proyectos se prevean en los programas y subprogramas de los
presupuestos de inversión del Departamento Nacional de Planeación,
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del
Ministerio de Desarrollo.

[…]” (Se resalta).

(iii) Está plenamente demostrado que el Departamento Nacional de
Planeación no ejerció de manera oportuna sus funciones de vigilancia y
control asignadas legalmente frente al proyecto ejecutado por el
Municipio de Sandoná con recursos del Fondo Nacional de Regalías
liquidado, y ello deriva en la obligación de participar en las medidas
tendientes al restablecimiento de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público y a la seguridad pública en
conexidad con la vivienda digna.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Nariño

Aunado a lo anterior, se tiene que, los numerales 4, 6, 17 y 21 del
artículo 3 del Decreto 2189 de 201780 señalan que serán funciones del
DNP:
“[…] 4. Brindar apoyo técnico a las entidades públicas del orden
nacional y territorial para el desarrollo de sus funciones en los temas de
competencia del Departamento Nacional de Planeación.

(…)

6. Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de
políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia
regional, ordenamiento territorial y articulación entre niveles de
gobierno y fuentes de recursos en los territorios.

[…]

17. Participar y apoyar a las entidades en las gestiones de
financiamiento externo o interno relacionadas con los planes,
programas y proyectos de desarrollo económico, social, institucional y
ambiental.

(…)

21. Apoyar a las entidades territoriales, cuando estas lo soliciten, en la
priorización y formulación de los proyectos financiables con recursos del
Sistema General de Regalías y su incorporación en el proyecto de Ley
Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías”.

En ese sentido, lo ordenado por el a quo está orientado a que las
autoridades transgresoras sumen esfuerzos administrativos y
financieros, en el marco de sus competencias, para establecer cuáles y
cuántas personas se vieron afectados por el abandono del proyecto
(censo) y ejecutar las tareas necesarias para brindarles la solución de
vivienda que inicialmente se pretendía con el mismo; para ello, el
Departamento Nacional de Planeación cuenta con las facultades legales
para adelantar a favor de la entidad territorial gestiones de
financiamiento, de apoyo técnico, acompañamiento, formulación y
priorización de proyectos de desarrollo social, de tal manera que se
superen las circunstancias fácticas puestas de presente en esta acción
popular.

80
“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 52001 23 33 000 2014 00430 01
Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Nariño

Por las razones anotadas, será confirmada la sentencia proferida el 6 de
octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Nariño, según lo explicado en la parte
motiva.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

(firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70

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