Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2014-00465-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., 3 de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 52001-23-33-000-2014-00465-01
Nº Interno : 2383-2020
Demandante : Medardo Alvis Lugo
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de invalidez
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de 14 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Medardo Alvis Lugo por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo ficto presunto producto de la no contestación de la petición de 8 de octubre de 2012, presentada ante el Ministerio de Defensa Nacional - Comando del Ejército Nacional.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le pague la pensión por invalidez en cuantía superior al 75% sobre el salario que devengaba al momento de su retiro. Además, que se le reconozca dicha prestación sin solución de continuidad desde el momento que resultó discapacitado de forma absoluta y permanente, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Decreto 094 de 1989.
Exigió, la aplicación del literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 en virtud de principio de favorabilidad en caso de que la merma laboral sea igual o superior al 50%, pero inferior al 75%.
Finalmente, pretende que se reajuste la indemnización de acuerdo con los parámetros previstos en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000. A su vez, instó para que se le reconozcan 100 SMMLV por concepto de perjuicios, asimismo, la indexación de todos los dineros que se deben pagar junto con los intereses moratorios.
Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:
El señor Medardo Alvis Lugo prestó sus servicios en el Ejército Nacional, fue retirado por incapacidad médico laboral de acuerdo con el acta No. 3023 de 17 de junio de 1997 emitida por la Junta Médico Laboral Militar. Indicó, que las lesiones que dieron origen a la evaluación médica fueron adquiridas en el Ejército Nacional y son sustancialmente graves, al punto, que éste se mantiene al margen de cualquier actividad laboral en el sector privado.
Explicó, que desde su retiro no se ha recuperado y depende de sus familiares para comprar las fórmulas médicas y pagar el tratamiento, generándoles una carga económica. Precisó, que al no estar apto para desempeñarse como soldado, es claro que tampoco puede acceder a una actividad laboral normal en el sector privado, por eso, se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el reajuste de la indemnización, el tratamiento y el suministro de drogas que su estado de salud demanda.
Por último, señaló que la demanda debe prosperar porque sus derechos fundamentales, laborales y prestacionales fueron abiertamente vulnerados.
Normas violadas y concepto de violación.
El abogado del actor señaló como normas violadas las siguientes:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 25, 29, 53 y 228.
Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 9.
De la Ley 1437 de 2011, los artículos 2 y 3.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 40.
Del Decreto 1796 de 2000, los artículos 15, 37, 39, 44 y 45.
Del Decreto 94 de 1989, el artículo 2, 3, 27, 47, 76, 79, 86 y 90.
2. La contestación de la demanda.
La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, contestó la demanda con escrito de 22 de junio 2015, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, en los siguientes términos:
Advirtió, que con la demanda no se pretenden derechos ciertos e indiscutibles como lo afirma el actor, pues realmente lo que busca es modificar el porcentaje del índice de lesión para poder acceder a la pensión de invalidez conforme a la Ley 100 de 1993 o al régimen especial de las Fuerzas Militares; señaló, que la solicitud de reajuste de la indemnización es incongruente con la petición de la pensión de invalidez, y sobre esta, no se agotó el requisito de procedibilidad.
Manifestó, que la Junta Médico Laboral del Ministerio de Defensa Nacional solo evalúa la aptitud psicofísica para el desempeño de la actividad militar, y no para el desempeño laboral en la vida civil. Explicó, que la actividad militar exige unos requisitos especiales que no son indispensables para el desarrollo de la vida civil, ya que en esta no se hace uso continuado de armas, ni se desarrollan operaciones donde el entrenamiento y capacidades son diferentes, es decir, más rígidas.
Afirma, que el argumento del demandante en relación con la desproporcionalidad y ajustes normativos del dictamen proferido por Medicina Laboral del Ejército Nacional, carece de veracidad, toda vez que, de presentarse inconformidad con la valoración de patologías y la incapacidad laboral fijada, éste pudo haber solicitado la convocatoria del Tribunal Médico Laboral.
Aclaró, que al no hacer uso del recurso dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000, se infiere que se encontraba de acuerdo con el referido dictamen. Por ello, no es procedente el reconocimiento de pensión de invalidez respecto a la valoración médica.
Por último, expuso que no se pueden comparar los porcentajes del régimen general y especial para acceder a la pensión de invalidez, ya que la estructura de los sistemas difiere sustancialmente en la medida que su acceso y método de calificación están regulados por patrones distintos; en otras palabras, al estar diseñados para regular situaciones diversas, no se pueden someter a las mismas reglas y en efecto no coinciden en el sistema de calculo, liquidación y monto de las prestaciones.
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Nariño con sentencia de 14 de agosto de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
Esa Corporación expuso, que el demandante fue sometido a una evaluación por la disminución de capacidad laboral a instancias de la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional, la cual determinó un porcentaje del 19%, lo cual a juicio del interesado es claramente desproporcionado, ya que no se ajusta a la gravedad de las lesiones originadas durante su permanencia en la institución. Sostuvo, que el 4 de diciembre de 2014 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, valoró nuevamente al actor, determinando un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 57.53%. Advirtió, que dicha prueba fue decretada e incorporada en el presente proceso teniendo plena validez.
Argumentó, que con base en el nuevo porcentaje el actor pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral, frente a lo cual la entidad demandada guardó silencio al no pronunciarse sobre la petición formulada el 8 de octubre de 2012.
Recordó, que el legislador definió unas condiciones prestacionales mínimas para la Fuerza Pública, dentro de las cuales incluyó la pensión de invalidez, cuyo monto sería el 50% sobre las partidas computables sin requerirse menos del 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Esto es así, porque con la entrada en vigencia del Decreto 1157 de 2004 norma que desarrolló el Decreto Ley 923 de 2004, dispuso: “Artículo 2 (…) 2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%)”.
Finalmente, precisó que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez por la merma de su estado de salud imputable a los servicios prestados al Ejército Nacional, en las condiciones establecidas en la ley.
4. El recurso de apelación
Con escrito de 7 de octubre de 2019, la apoderada de la demandada presentó recurso de apelación contra sentencia de 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en los siguientes términos:
La abogada manifestó que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, en la medida que estos fueron expedidos conforme a derecho y en armonía al ordenamiento jurídico, razón por la que, la parte actora estaba obligada a desvirtuar la presunción del acto administrativo demandado y no lo hizo.
Insistió, en que las partes que integran la litis deben participar activamente en el recaudo del material probatorio, para impedir que el fallador ante la escasez de los medios de convicción dirima el conflicto aún en contra de lo pretendido por ella; en efecto, le correspondía a la parte actora demostrar el vicio de nulidad del acto administrativo demandado.
Manifestó, que el Decreto 1157 de 2014 reglamentó aquellos casos, en los que estando en servicio activo y la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50%, se podrá tener derecho a la pensión de invalidez. No obstante, se tiene que el señor Medardo Alvis Lugo no cuenta con el mencionado derecho, toda vez que la Junta Médica Laboral Militar le dictaminó una incapacidad inferior al 50%.
Precisó que el dictamen pericial emitido por la Junta de Calificación de Invalidez del Huila no reúne los parámetros fijados por la Corte Constitucional. La prueba cuestionada no aplicó los siguientes parámetros: (i) Las entidades competentes deben haber completado el tratamiento y rehabilitación, (ii) la valoración del estado de salud del calificado debe ser completa e integral, y (iii) las decisiones deben ser explicadas y soportadas por diagnósticos médicos. Por lo anterior, el a quo no debió otorgarle valor probatorio.
Finalmente, solicitó que se revoque la condena en costas ordenada en la sentencia impugnada, en el entendido que los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso establece que estas se causaran cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto de 15 de julio de 2021, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto, conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, de acuerdo con el informe secretarial de 30 de noviembre de 2021, se dijo que la parte demandante y demandada presentaron alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio.
5.1. De la parte demandante
Con escrito de 17 de agosto de 2021, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión. Señaló, que de acuerdo con la evaluación médica pericial emitida por la Junta de Calificación Regional de Invalidez del Huila, el señor Medardo Alvis Lugo obtuvo una pérdida de la capacidad laboral del 57,53%. Afirmó, que el actor superó el 50% exigido por el numeral 3.5, artículo 3º de la Ley 923 de 2004, razón por la cual, tiene derecho de la pensión de sanidad.
Alegó, que la jurisprudencia ha especificado que cuando concurra un dictamen administrativo y uno pericial dentro de un mismo proceso; este último desplaza al primero, debido a su especial prevalencia y dada la entidad de la prueba. Esto quiere decir, que el dictamen pericial está revestido de los principios de publicidad y contradicción.
Por último, adujo que el reajuste de la indemnización pedido en las presentaciones de la demanda es compatible con la pensión de sanidad, al tenor de lo previsto en el numeral 3.12 artículo 3º de la Ley 923 de 2004, teniendo en cuenta que dicha pretensión se ajusta a derecho.
5.1. De la parte demandada.
Con escrito de 14 de febrero del 2020, la apoderada del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - presentó alegatos de conclusión reiterando en todas sus partes lo expuesto en el recurso de apelación.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; según el cual, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Problema jurídico.
La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, si procede revocar el fallo de primera instancia, en la medida que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo deprecado a pesar de tener la carga probatoria para hacerlo, no es procedente aplicar el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, dado que es la Junta Médico Laboral del Ejército la que debe emitir el concepto, y porque el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila no cumple con los requisitos fijados por la Corte Constitucional.
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará el caso concreto.
2.1. Caso concreto
La abogada manifestó que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, en la medida que estos fueron expedidos conforme a derecho y en armonía al ordenamiento jurídico, razón por la que, la parte actora estaba obligada a desvirtuar la presunción del acto administrativo demandado y no lo hizo. Insistió, en que las partes que integran la litis deben participar activamente en el recaudo del material probatorio, para impedir que el fallador ante la escasez de los medios de convicción dirima el conflicto aún en contra de lo pretendido por ella; en efecto, le correspondía a la parte actora demostrar el vicio de nulidad del acto administrativo demandado.
Para resolver la inconformidad manifestada por la apoderada de la parte demandada, es necesario referirnos a la presunción de legalidad de los actos expedidos por la administración.
En ese orden, el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia del 28 de marzo de 2019, estableció:
“(…)
Esta determinación del legislador es razonable en el sentido de brindar certeza y estabilidad en el tráfico de relaciones jurídicas que emprende la administración con los administrados. Por un lado, la autoridad que los emite comprende que los actos a través de los cuales se manifiesta, una vez hayan cobrado ejecutoria, tienen efectos jurídicos, luego, deben ser acatados hasta tanto no sea declarada una situación contraria. Por el otro, el conglomerado social puede estar seguro de que las relaciones que se hayan consolidado serán respetadas, y por tanto, cumplirán sus efectos sin que de manera arbitraria e intempestiva dejen de ser reconocidos sin ningún tipo de aviso previo o de contar al menos con la posibilidad de oponerse a dicha situación.
29. Lo anterior no significa que una vez en firme los actos de la administración no puedan posteriormente ser revocados o anulados, pues el ordenamiento jurídico consagra un trámite específico para tal propósito. En este sentido, dependiendo de las pretensiones y de quién sea el solicitante, se podrá hablar por un lado de la revocatoria directa y por otro del ejercicio de los medios de control.
(…)”
De acuerdo con lo anterior, debe indicarse que el principio de legalidad de los actos administrativos básicamente nace con la expedición de los mismos y finiquita cuando estos han sido anulados por el juez contencioso administrativo. Es preciso anotar, que dicha presunción se rompe cuando dentro de las instancias procesales se logra probar que el acto fue expedido en contra vía de las normas constitucionales y legales o por las causales previstas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, para determinar si el actor cumplió con la carga procesal con el fin de desvirtuar el principio de legalidad del acto administrativo ficto o presunto demandado, se hará el siguiente recuento probatorio.
Certificación de ingreso y retiro, expedida por la Oficina de Atención al Cliente del Ejército Nacional, en la que consta que actor fue soldado regular en Ejército Nacional desde 01/08/95 y fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente con novedad fiscal a partir de 17 de junio de 1997.
Certificado de vinculación al Ejército Nacional – Batallón de Infantería de Selva No. 49 SL. JUAN BAUTISTA SOLARTE como soldado regular.
Expediente prestacional del señor Medardo Alvis Lugo No. 14307.
Acta de Junta Médica Laboral registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de 17 de junio de 1997, No. 3023. En la cual se estableció una disminución de la capacidad laboral del actor en un 19%.
Certificación de desequilibrio psicológico por actividades ocurridas en servicio activo, expedida por el comandante del Batallón de Selva No. 49 SL. JUAN BAUTISTA SOLARTE.
Historia Clínica del señor Medardo Alvis Lugo.
Oficio de remisión de copia del expediente médico del actor al Tribunal Administrativo de Nariño.
Acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, mediante cual se calificó la pérdida de la capacidad laboral del señor Medardo Alvis Lugo en un 57.53%.
Derecho petición de 8 de octubre de 2012, a través del cual el apoderado del actor solicitó, la práctica de nuevos exámenes médicos y conceptos sobre su verdadera incapacidad, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización.
Sobre el anterior acervo probatorio el Tribunal Administrativo de Nariño, sostuvo:
“(…)
Ahora bien, verificado el acervo probatorio que reposa en el expediente prestacional, se evidenció que el demandante fue sometido a una evaluación de disminución de capacidad laboral a instancias de la Junta Médica laboral del Ejercito Nacional, donde con fecha 17 de junio de 1997, se determinó un porcentaje del 19% (teniendo en cuenta lesiones por acción directa del enemigo y por enfermedad profesional), lo cual a juicio del interesado es claramente desproporcionado, pues no se ajusta a la gravedad de las lesiones originadas durante su permanencia en dicha institución.
Posterior a ello, el 04 de diciembre de 2014, fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, donde una vez sometido a una nueva evaluación, se determinó un porcentaje del 57.53%. Dicha prueba fue decretada e incorporada en el presente proceso, y tiene plena validez tal como se expuso en acápites anteriores, donde se referenció la jurisprudencia de la máxima autoridad en lo contencioso administrativo, en torno al tema en cuestión.
Con base en este nuevo porcentaje, el actor pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral, frente a lo cual, entidad demandada guardó silencio al no pronunciarse sobre la petición formulada el 08 de octubre de 2012, por lo que actualmente se demanda el acto ficto negativo producto del silencio administrativo.
Sobre este punto y teniendo en cuenta lo probado en el proceso, así como las normas y jurisprudencia citadas, cabe recordar que el legislador, dentro de su libertad de configuración, definió unas condiciones prestacionales mínimas para la fuerza pública, dentro de las cuales, instituyó una pensión de invalidez cuyo monto mínimo sería del 50% de las partidas computables para el efecto que defina la normatividad pertinente, y que para el efecto, no podría requerirse menos del 50% de la pérdida de la capacidad laboral
(…)
Precisado lo anterior, la Sala puede concluir que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez, por la merma de su estado de salud imputable a los servicios prestados al Ejército Nacional, en las condiciones establecidas en la presente providencia, razón por la cual deberá accederse a dicha petición.
(…)”
Visto lo anterior, la Sala estima que no le asiste razón a la demandada al decir que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo deprecado, cuando lo cierto es, que está plenamente demostrado en el expediente que el señor Medardo Alvis Lugo hizo parte del Ejército Nacional como soldado regular y que durante el servicio adquirió enfermedades originadas de su actividad. Consecuentemente con lo anterior, a pesar de haber solicitado una nueva valoración médico laboral, la accionada hizo caso omiso a dicha petición. Por ello, fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, la cual determinó que el actor tenía una pérdida de la capacidad laboral de un 57.53%.
Ciertamente, el artículo 2º del Decreto 1157 de 2014 expuso que cuando medie un acta de Junta Médico Laboral que pruebe una disminución de la capacidad laboral, igual o superior al 50% ocurrida en servicio activo, a partir de la fecha de retiro o del vencimiento de los tres meses (3) de alta mientras subsista la incapacidad, se tendrá derecho a que Tesoro Público pague una pensión mensual.
En efecto, como el demandante demostró en el proceso que tiene una pérdida de capacidad laboral del 57.53%, es decir, superior al porcentaje mínimo señalado por el Decreto 1157 de 2014, éste desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado; razón por la cual, es beneficiario de la pensión de invalidez.
Por otra parte, la apoderada de la demandada manifestó que no es procedente aplicar el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, dado que es la Junta Médico Laboral del Ejército la que debe emitir el concepto.
Respecto de las diferencias entre los dictámenes médicos que sirven para determinar la disminución de la capacidad laboral del actor, es necesario traer a colación lo esgrimido por esta Colegiatura en sentencia de 6 de febrero de 2020, que expuso:
“(…)
A la altura de lo enunciado, debe tenerse en cuenta, tal como lo ha dicho esta Corporación, que cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el proceso), debe darse prelación al dictamen que emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez.
(…)
Es por ello que no cabe duda que los dictámenes o valoraciones que efectúan las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez además de que se pueden tener en cuenta, tienen los mismos efectos a las expedidas por las autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, siempre y cuando los ordene la autoridad judicial competente y sean sometidos a la correspondiente contradicción de que trata el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, se insiste, como ocurrió en el sub-lite.
(…)”
Visto lo anterior, esta Subsección estima que en el sub judice es pertinente tener en cuenta el dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, en la medida que este fue allegado en debida forma al proceso, esto es así, ya que el a quo en las consideraciones de la sentencia deprecada señaló que “…el 04 de diciembre de 2014, fie valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, donde una vez sometido a una nueva evaluación, se determinó un porcentaje del 57.53%. Dicha prueba fue decretada e incorporada en el presente proceso, y tiene plena validez tal como se expuso en acápites anteriores…”. Asimismo, se tiene que la parte demandada pudo objetar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila dentro de las oportunidades procesales señaladas en el artículo 228 del Código General del Proceso, y no lo hizo.
Seguidamente, la demandada insiste en que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila no cumple con los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que sería del caso estudiar de fondo los requisitos del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, tal y como lo solicita la apoderada de la parte demandada, sino fuera porque esta no es la instancia procesal para objetar el dictamen por error grave, pues es claro que la abogada tuvo las oportunidades procesales para controvertirlo; lo anterior, teniendo en cuenta que la prueba estuvo a su disposición para lo de su competencia.
Finalmente, solicitó que se revoque la condena en costas ordenada en la sentencia impugnada, en el entendido que los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso establece que estas se causaran cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Al respecto, se accederá a revocar la condena en costas, teniendo en cuenta que esta Subsección en reiteradas ocasiones ha dicho que estas no proceden de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”; en resumen, como no se observa un actuar temerario por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la Sala no condenará en costas a la parte vencida.
DECISIÓN
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 14 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió las pretensiones de la demanda, excepto el literal séptimo de la providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda, excepto el literal séptimo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E)
AUSENTE CON EXCUSA
Folios 492 a 500.
Folios 16 a 18.
Folios 23 a 25.
Folios 56 a 80.
Folios 492 a 500.
Junta de 17 de junio de 1997.
Folios 503 a 526.
Folios 492 a 500.
Folios 566.
Folio 567.
Folios 535 a 558.
“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.
Folio 217 C2
Folio 33
Folios 215 a 257 C2
Folios 23 a 25
Folios 221 C2
Folios 315 a 343
Folio 344
Folios 49 a 53
Folios 16 a 18
Folios 497 a 499
Sentencia del 6 febrero de 2020, Rad. 050012331000200004200-01; dte: Aldemar de Jesús Vanegas Muñoz. C.P. Dra. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 6 de julio de 2011, Expediente No. 68001-23-15-000-1998-01035-01(0839-08), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
Actualmente el artículo 228 del Código General del Proceso.
Folio 497.
Folios 492 a 500
Folios 492 a 500
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Número interno: 2383-2020
Demandante: Medardo Alvis Lugo
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
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