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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00477-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00477-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVO CAR parcialment e la sent encia de 17 de Noviembre de 2017, prof erida por el T ribunal Administrat ivo de Nariño, que accedió parcialmente a las pret ensiones de la demanda en el proceso promovido por T eóf ilo Merino Diaz contra el Municipio de I piales . S EG UNDO. MO DIFI CAR el inciso t ercero del numeral segundo de la sent encia de 17 de Noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administ rativo de Nariño en el sent ido de indicar que es procedent e los descuent os ef ect uados a la condena derivada del f allo que resuelve el litigio inmiscuido dentro de la acción de nulidad y rest ablecimient o del derecho a razó n de las sumas de dinero recibidas por la part e demandant e de las relaciones de t rabajo en el sect or público de conformidad con lo expuest o en la part e mot iva. T ERCERO. NO CO NDENAR en cost as en est a inst ancia . CUART O. Ef ect uar las anotaciones correspondientes en el Sistema de G est ión Judicial – “SAMAI”, y ejecut oriada est a providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2014-00477-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CO NSEJERO PO NENT E: G ABRI EL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00477-01 (3911-2018)
Demandante: TEOFILO JAVIER MERINO DIAZ
Demandad o: MUNICIPIO DE IPIALES

Tema: Procedencia de descuentos cuando se ordena el
reintegro de un servidor nombra do provisionalmente. Ley 1437
de 2011.

SENT ENCI A DE SEG UNDA I NST ANCI A

I. ASUNT O

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
int erpuesto por EL MI NI ST ERIO P ÚBLI CO cont ra la sent encia de l
17 de Noviembre de 2017, proferida por el T ribunal Administ rat ivo
de Nariño, que accedió parcialment e a las pret ensiones de la
demanda.

II . ANT ECEDENT ES.

2. 1. Preten sion es

2. 1. 1. El Señor TEÓ FI LO JAVIER MERI NO DÍ AZ por int ermedio de
apoderado judicial demandó la nulidad de las siguient es
Resoluciones: (i) 1056 de l 26 de diciembre de 2011 prof erida por la
Secret arí a de Educación Municipal de I piales por la cual se da por
t erminado el nombramient o en provisionalidad del demandant e (ii)
0232 de l 18 de febrero de 2013 , prof erida por la Secret arí a de
Educación Municipal de I piales por medio de la cual se res uelve el
recurso de reposición y (iii) 090 de l 30 de mayo de 2014 emit ida por
el Alcalde municipal de I piales, por medio de la cual se desata el
recurso de apelación .
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2. 1. 2. Como consecuencia de la ant erior declaración, solicita
condenar al Municipio de I p iales para que restablezca al actor al
cargo que vení a desempeñando como docent e provisional de la
planta de personal del Municipio de I piales en la I nst it ución
Educat iva Nazaret del Corregimient o la Vict oria.

2. 1. 3 Condenar a la ent idad demandada a que reconozca y pague
a f avor del señor MERI NO D Í AZ los salarios y prest aciones dejados
de percibir desde la f echa de terminación del nombramient o como
docent e hast a la f echa que ef ect ivament e se rest ablezca al cargo,
sumas act ualizadas e indexadas.

2. 1. 4 Se ordene el cumplimient o de la sent encia en los términos
señalados por los artículos 189,192, 194 y 195 del CPACA.

2. 2. Hecho s

En la demanda 1 se narraron los hechos relevant es que a
cont inuación se resumen:

2. 2. 1. El Señor TEÓ FI LO JAVIER MERI NO D Í AZ f ue nombrado en
provisionalidad como docent e de la I nst it ución Educat iva Nazaret
del Corregimient o la Victoria del Municipio de I piales mediant e
Resolución No. 0138 del 8 de f ebrero de 2011 prof erida por la
Secret arí a de Educación Municipal de Ipiales. El nombramiento se
ef ectuó en la vacant e dejada por el señor ART URO RO SERO
T AIMBUD para ejercer la carga académica en el área de
matemát icas y física.

2. 2. 2. Por medio de la Resolución 680 de 2011 se t ermina el
nombramient o provisional del señor MERINO DÍ AZ y mediante la
Resolución 681 de 2011 se nombra al señor CARLO S F ERNANDO
LOZ ANO RIASCOS t eniendo como f undament o que “en vist a del

1
F o l io s 1 a l 1 5 y co r r e c c ió n d e la d e m a n d a f o li o s d e l 8 0 a l 9 4 d e l e x p e d ie n t e .

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bajo rendimient o de los alumnos de la inst it ución Educat iva
Nazaret” en el área de matemát icas se hace necesario que ésta
sea at endida por un docent e con la especialidad requerida.

2. 2. 3. El demandant e present ó recurso de reposición cont ra el act o
administ rat ivo de t erminación, el cual fue resuelt o por Resolución
No. 706 de 2011 revocando la Resolución 680 del 5 de agost o de
2011 y reint egrando al act or al cargo de docent e el 1 de sept iembre
de 2011. El nombramient o del Señor Lozano quedó vigent e.

2. 2. 4. Una vez ef ect uado el reint egro del demandant e al cargo de
docent e, la Rectora del est ablecimient o educat ivo se mostró
renuent e a asignarle carga académica hasta t ant o se resolviera una
solicitud de t raslado por amenazas que hubiere recibido . El señor
Lozano Riasco s asumió la carga académica mient ras t anto y
después de su desvinculación la t omó la señora ADRIANA
CARDENAS quien cont inua laborando , pese a que no reúne los
requisit os legales para desempeñar el cargo en el área de fí sica.

2. 2. 5 Mediant e Resolución 1056 de diciembre 26 de 2011 se dio
por t erminado nuevament e el nombramient o provisional del actor
f undament ado en que el señor MERI NO D ÍAZ no t enía carga
académica para el siguient e período y los docent es act uales la
cubrí an satisf actoriament e. Lo que se produjo f ue el reemplazo en
el cargo por el señor LOZ ANO y después por la señora RIASCO S,
docent es que no habí an concursado ni est aban en list a de elegibles
y tampoc o reuní an los requisit os legales para asumir la carga
académica de fí sica.

2. 2. 6 El demandant e present ó los recursos de reposición y en
subsidio apelación cont ra la Resolución 1056 de 2011. La
Secret arí a de Educación a través de Resolución 0232 de 2013
resolvió el recurso de reposición negando el rest ablecimiento al
cargo de docent e.

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2. 2. 7 El señor MERI NO DÍ AZ interpuso acción de t ut ela para que se
resolviera el recurso de apelación y el Juez Segundo Municipal de
I piales en sent encia del 26 de mayo de 2014 ordenó al ent e
demandado que en 48 horas se decidiera el recurso.

2. 2. 8 Mediant e Resolución 090 de 2014 se resuelve el recurso de
apelación conf irmando la Resolución 1056 de 2011.

2. 2. 9 La administración en el acto administ rat ivo que resuelve el
recurso de apelación incurre en conduct as disciplinables y hasta
punibles cuando ac laró que al revisar la Resolución 1056 se
observa que exist e una t ranscripción errónea cuando hace alusión
a la vigencia de 2012, por cuant o no se podía ref erir a
“acciones que no han ocurrido” por “ simple lógica.”

2. 2. 10. La Resolució n 090 de 2014 sost iene f alsament e que nunca
se nombró reemplazo del señor MERI NO RIASCOS cuando al señor
LOZ ANO se le dio la carga académica de matemát icas y fí sica, una
vez se t ermin ó el nombramient o del demandant e. T ambién se
sost uvo que la int ención de la alcaldí a era no exceder el l ímite de
la plant a de docentes, mient ras que se present aron 19 vacant es de
docent es por t raslado.

2. 2. 11. Mediant e Resolución 0821 del 24 de oct ubre de 2011 se
realizó la convocatoria de varias plazas ent re las que se encuent ra
la del área de fí sica, lo que demuestra que se t erminó el
nombramient o del señor MERI NO por capricho de la ent idad.

2. 3. Co ncep to d e la viol ación .

E l apoderad o del demandante consideró como normas vulnerada s :

• Artí culos 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53 y 83 de la Const it ución
Polí tica.
• Artí culo 13 lit eral b del Decret o ley 1278 de 2002.
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• Artí culos 93, 96 y 97 de la Ley 1437 de 2011.

Como concept o de violación esgrime los siguient e s argument os: (i)
marco legal general de los nombramient os provisionales, (ii)
revocat oria direct a de los act os part iculares y (iii) f alsa mot ivación .

En relación con el marco legal g en eral d e lo s n ombrami en to s
p ro vi sio nales sost uvo que la Resolución 1056 de 2011 violó el
artículo 13 lit eral b del Decret o ley 1278 de 2002, t oda vez que la
t erminación del nombramient o est aba supedit ada a la f echa de
posesión en el per í odo de prueba del elegible que se escoja de la
list a depart ament al , t al como lo establecí a el act o de nombramient o
y en el present e caso, el cargo de MERI NO D ÍAZ lo asumió el señor
CARLO S LOZ ANO, quien además no cumplí a los requisit os.

En consecuencia, la t erminación se produjo por causas dif erent es
a las establecidas en el artí culo 13 lit eral b del Decret o 1278 de
2002.

F rente a la revo cato ri a di recta d e los actos p arti cul ares aduj o
que el nombramient o provisional del demandant e solo podí a
haberse t erminado porque se posesionara el elegible en el cargo,
si era ot ra la causa t ení a que cont ar con el consent imient o expreso
del t it ular del mismo para que procediera la revocat oria prevista en
el art ículo 93 de la Ley 1427 de 2011.

Por últ imo, indicó que la Resolución 1056 de 2011 est a viciada de
nulidad por fal sa mo ti vación, t oda vez que en el acto
administ rat ivo se sost iene que los docent es que se encuent ran en
la inst it ución educat iva cubren la carga académica, “ según la
matrí cula report ada para el 2012 y la organización y planeación
inst it ucional. ” Cuando esa planeación inst it ucional para el año 2012
f ue product o de la Resolución 0812 de 2011 y se dio a part ir del 16
de enero de 2012 y el act o de terminación se expidió en diciembr e
de 2011.
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Agregó además que, la Resolución 090 de 2014 se ref iere a que la
carga académica serí a a signada a un docent e idóneo licenciado en
matemát icas cont radiciendo la Resolución 0821 de 2011 expedida
por la Secret arí a de Educación en la que est ablecen las condiciones
de t raslado de docentes a las áreas af ines, det erminando que para
el área de fí sica, el docent e debe ostent ar el tít ulo de licenciado en
fí sica, geologí a, ingenierí a civil, mecánica eléctrica, electrónica, de
materiales, mecatrónica, de petróleos y de aut omat ización
elect rónica.

2. 4 Con testación d e l a d emand a .

El Mun icipio de Ipi al es, por medio de apoderad o judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda 2 y propuso las siguient es
excepciones:

(i) F al ta d e integ ración d el Liti s Con so rcio Necesario . Señaló
que debe convocarse a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, por cuant o es quien det ermina el mont o de los recursos
del Sist ema General de Part icipaciones que se transfieren a las
ent idades t errit oriales.

(ii) F al ta d e requi sitos l eg al es para el ej erci cio d e l a do cen ci a.
Sost uvo que el docent e no t iene acredit ado los requisit os que lo
habilit en para el ejercicio de la docencia de conf ormidad con el
artículo 3 del Decreto 1278 de 2002. Por t rat arse de una plaza en
provisionalidad de acuerdo con el artículo 13 del decreto cit ado, el
nombramient o debe ef ect uarse con una persona que reúna los
requisit os.

(iii) Inn omin ad a.

Carlo s F ern an ado Lozano Ri asco y Ad ri an a Cárd en as no

2
F o li o s 1 6 3 a l 1 7 1 d e l e xp e d i e n t e .

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present aron cont est ación de la demanda. 3

2. 5. Deci sion es rel evantes en l a aud iencia ini ci al 4

E l Tribunal Administ rat ivo de Nariño procedió a resolver las
excepciones propuest as por la ent idad demandada det erminando
que la f alt a de requisit os legales para el ejercicio de la docencia y
la innominada, por t rat arse de excepciones de f ondo se resolverán
al momento de dict ar sent encia.

F rente a la excepción de la f alta de int egración del lit is consorcio
necesario considera que no son claros los argument os que mot ivan
la solicit ud, sin embargo adviert e que no existe f undament o legal
o contract ual que permit a establecer una relación jurídica
sust ancial para efect uar la vinculación , máxime cuando la entidad
no t uvo ninguna incidencia en la expedición de los actos
demandados.

L a d eci sió n d e excepcion es no fu e obj eto d e recu rso s.

El lit igio f ue f ijado en los siguient es t érminos:

“ En e l sub jud ice e l deba te p roba to r io se con t rae a es tab lece r l a
l ega li dad d e los act os ad mi nis t rat ivos con ten idos en las
Reso luc iones No . 1056 de l 26 de d icie mb re de 2011 y No 0232
de l 18 de feb re ro de 2013 , emanadas po r la Sec ret ar ía de
Educac ión del Mun ic ipi o de Ip ia les -N y la Reso luc ión N o. 090
de l 30 de mayo de 2014 , eman ada po r e l A lca lde Mu nic ipa l de
I p iales - N, a t ravés de l as cua les s e d io po r te rm inad o e l
nom bra m ient o en p rov is iona lida d de l hoy demand ante , c omo
docen te de la Ins ti tuc ión Educa t iva Naza ret de l Co r reg im ien to la
V ic to ria de l Mun ic ip io de I pia les (N ) . S e exam ina rá s i se
con f igu ran los ca rgos de nu l idad invocados en la deman da. ”

2. 6. L a sen ten ci a ap el ad a 5

El T ribunal Administrat ivo d e Nariño por medio de la sent encia de

3
V is ib le f o li o 3 5 1 d e l e xp e d i e n t e .
4
F o l io s 3 5 0 a l 3 5 4 d e l e xp e d ie n t e .
5
F o l io s 3 9 5 a l 4 0 8 d e l e xp e d ie n t e .

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17 de noviembre de 2017 , declaró :

(i) La nulidad de las Resoluciones: (a) “ 1956 (sic) del 26 de
diciembre de 2016 expedida por la Secret aría de Educación
del Municipio de I piales ”, (b) 0232 de 2013 emit ida por la
Secret arí a de Educación del Municipio de I piales y (c) 090 de
2014 prof erida por el Alcalde Municipal de I piales ;

(ii) A tít ulo de rest ablecimient o del derecho orden ó el r eint egr o
al servicio de la I nst it ución Educat iva Nazaret del señor
MERI NO DÍ AZ en condición de provisionalidad al cargo de
docent e que dese mpeñaba al moment o de la expedición del
acto administrat ivo anulado , con el pago de t odos los
salarios, prest aciones y demás emolumentos dejados de
percibir desde la f echa de desvinculación hast a el reint egro
ef ectivo.

La orden de reint egro se hará ef ectiva, siempre y cuando el
cargo que ocupaba el demandant e no haya s ido provist o por
concurso de mérit os, caso en el cual la condena pecuniaria
solo se prolongará hasta el día ant erior a la posesión del
f uncionario que lo ocupe en carrera administ rat iva.

El reconocimient o y pago de los salarios y prest aciones
dejados de percibir por el demandant e, se hará desde el dí a
siguient e a la f echa de desvinculación hast a el moment o del
reint egro, sin que la suma a pagar por indemnización sea
inf erior a seis meses ni superior a veint icuat ro meses
debidamente indexada, debiéndose de scont ar lo que el
demandant e percibió del t esoro público y del sect or privado,
ya sea como trabajador dependient e o independient e , si ant es
de esos perí odos el cargo no est á provist o por el sist ema de
mérit os.

Consider ó que, si la carga académica del dema ndant e al ser
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declarado insubsist ent e, la primera vez, fue reasignada al señor
LOZ ANO RIASCOS, una vez se revocó el act o administ rat ivo debió
ser entregada nuevament e al act or. No result a razonable que haya
sido declarado nuevament e insubsist ent e por “ la falt a de carga
académica.” Además, sost uvo que la docent e Adriana Cárdenas
sólo se posesionó hast a el 23 de mayo de 2012 , es decir, con
post erioridad a la expedición del act o demandado y al ret iro del
señor MERI NO DÍAZ.

En ese sent ido, mencionó que la motivación del act o result a
cont raria a la verdad, si al expedirse el mismo se f undament a en la
f alt a de la carga académica para el demandant e y después se
nombra a una persona para asignársela.

Por otra part e, sost uvo qu e el act o administrat ivo de nombramient o
del demandant e, Resolución 0138 de 2011, señala que la
t erminación del mismo est á supeditada a la f echa de posesión en
perí odo de prueba del elegible de la list a depart ament al , y
solicitada la cert if icación a la pa rt e demandada sobre la
designación de f uncionario de carrera, no exist e const ancia de
posesión en per í odo de prueba del elegible, por lo que el act o est á
viciado de ilegalidad por la causal de f alsa mot ivación .

2. 7. Recu rso d e ap el ación

El Ministerio Público 6 apeló la ant erior decisión, con base en los
argument os que a cont inuación se resumen:

Señal ó que el inciso 3º del numeral 2º de la part e resolut iva de la
sent encia apelada orden ó deducir del mont o de la condena lo que
el demandant e percibió del t esoro público y del sect or privado ya
sea como t rabajador dependient e o independient e.

Consideró que est e apart ado contraviene lo dispuesto en la

6
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Sent encia del Consejo de Estado del 29 de enero de 2008 7 frent e
al caráct er indemnizat orio que ost ent a el pago ordenado como
consecuencia de la declarat oria de nulidad del acto de ret iro.

Expresó que la Corporac ión ha sostenido en est os casos , que el
rest ablecimient o del derecho equivalent e a los salarios dejados de
percibir, en virt ud del caráct er indemnizat orio que revist en, result a
compat ible con los demás ingresos laborales o de seguridad social
devengados en el int erregno por el servidor reint egrado , razón por
la cual no procede el descuent o.

2. 8. Al eg ato s d e con clu si ón

L a en tid ad d emand ad a 8 se opone al recurso int erpuest o por el
Minist erio Público y solicit a se desest ime con base en el siguient e
argument o :

Señal ó que exist e jurisprudencia de la Corte Const it ucional que
indica que la indemnización no puede pagarse por un per íodo
inf erior a 6 meses ni superior a 24 y que procede el descuent o sobre
lo percibido por el demandant e a cualquie r tít ulo como ingresos, ya
sea en el sect or público o privado y en su condición de trabajador
dependient e o independient e. Des conocer est a posición at ent arí a
cont ra el patrimonio público que paradój icament e debe proteger el
Minist erio Público.

L a p arte d emand ante y la Agen ci a Nacion al d e Defen sa Ju rídi ca
d el Estado guardaron silencio. 9

7
Co n se jo d e Es t a d o , Sa la d e l o Co n t e n c io so A d m i n i st r a t ivo , S a l a P le n a d e lo
C o n t e n ci o so A d m i n i st r a t iv o , Se n t e n ci a 2 9 d e e n e r o d e 2 0 1 8 , Ra d . 7 6 0 0 0 1 - 2 3 -
31-000-2000-02046-02
8
F o l io s 4 3 2 a 4 4 2 d e l e xp e d i e n t e .
9
F o l io 4 5 1 d e l e x p e d ie n t e .

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C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . - C o l o m b ia

N u l i d a d y re s t a b l e c i m i e n t o d e l d e re c h o
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00477-01(3911-2018)
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II I. CO NSIDERACIO NES

3. 1. Co mp etenci a.

De conf ormidad con el artí culo 150 del Código de Procedimient o
Administ rativo y de lo Cont encioso Administrat ivo , 10 el Consejo de
Est ado es compet ent e para resolver el recurso de apelación
int erpuesto.

3. 2. Marco de análi si s d e l a segund a i nstan ci a.

En virt ud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código G eneral del
Proceso 11, la compet encia del juez de segunda inst ancia est á
circunscrita a los argument os expuest os por el apelant e.

3. 3. Probl ema ju rídi co

En el caso sub examine corresponde a la Sala determinar si la
Sent encia de l 17 de Noviembre de 2017, prof erida por el T ribunal
Administ rativo de Nariño en la que se declaró la nulidad del act o
administ rat ivo de ret iro de un servidor nombrado de manera
provisional, se ajust a a la posición jurisprudencial vigent e de esta
Corporació n al ordenar el descuent o de la suma pagada como
indemnización al demandant e, lo que percibió del t esoro público y
del sect or privado , ya sea como t rabajador dependient e o
independient e.

Para el ef ect o se revisará la posición jurisprudencial de esta
Corporación y la de la Cort e Constitucional.

10
E l C o n se j o d e Est a d o , e n Sa la d e lo Co n t e n c io so Ad m in is t r a t i vo co n o ce r á
e n se g u n d a i n st a n ci a d e l a s a p e la c io n e s d e la s s e n t e n c ia s d ict a d a s e n p r im e r a
i n s t a n c ia p o r lo s t r ib u n a le s a d m in is t r a t i vo s y d e l a s a p e la ci o n e s d e a u t o s
s u s ce p t i b l e s d e e st e m e d io d e im p u g n a c ió n , a sí co m o d e lo s r e cu r so s d e q u e j a
c u a n d o n o s e co n ce d a e l d e a p e la c ió n p o r p a r t e d e lo s t r ib u n a le s , o se co n c e d a
e n u n e f e ct o d is t in t o d e l q u e c o r r e sp o n d a , o n o se co n ce d a n lo s
e xt r a o r d in a r i o s d e r e vi si ó n o d e u n i f ic a c ió n d e ju r isp r u d e n c ia .
11 « Co m p e t e n c ia d e l s u p e r io r . E l j u e z d e se g u n d a i n st a n cia d e b e r á
p r o n u n c ia r se so la m e n t e so b r e lo s a r g u m e n t o s e xp u e st o s p o r e l a p e la n t e , s in
p e r j u i ci o d e la s d e c is io n e s q u e d e b a a d o p t a r d e o f i ci o , e n lo s ca so s p r e v is t o s
p o r la le y [ … ] » .
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3. 4. Marco Ju ri sp rud en ci al.

3. 4. 1 Restabl eci mi en to d el derecho co mo con secuen ci a de l a
nul id ad d el acto d e reti ro .

3. 4. 1. 1. Ju ri sp ru dencia d el Con sejo de Estad o.

La Sección Segunda del Consejo de Est ado en sent encia del 16 de
mayo de 2002 12 rectific ando la ant erior posición jurisprudencial se
pronunció sobre la (i) nat uraleza del rest ablecimient o del derecho
como consecuencia de la nulidad de un act o de retiro , en el que se
ordena se paguen al servidor, los salarios y prest aciones dejados
de devengar y (ii) la incompat ibilidad de est as sumas con las
per cibidas por el desempeño de un empleo público.

Así las cosas, consideró que las sumas que se pagan a t ít ulo de
rest ablecimient o del derecho no pueden t ener caráct er
indemnizat orio, por cuant o se desnat uralizarí a la f igura, dado que
la acción de nulidad l o que pretende es volver las cosas al estado
ant erior “al hacer cesar los ef ect os del act o nocivo”. Situación
dif erent e a la que se present a cuando lo que se pret ende con la
acción es la reparación, mecanismo que busca el resarcimient o de
los perjuicios oc asionados.

Llegó a la ant erior conclusión , previo el siguient e razonamiento:

“ Ha de en tende rse que la esenc ia de la f igu ra ju rí dica de l
r es tab leci mi ento de l de recho es tá dad a po r la fi nal idad que
pe rs igue la acc ión , en es te caso , r e t rot rae r las cosas a su
es tado an te r io r al hace r cesa r los e fec tos de l ac to noc ivo ;
de mane ra que cu a ndo e l fa llo jud ic ial or dena a t í tulo de
r es tab leci mi ento de l de recho e l re in teg ro a l ca rgo de qu ien
f ue ra dec la rado ins ubsis ten te en f o rma i lega l , e l pago de
sa la ri os y p res tac iones de jados de pe rc ibi r du ran te e l t ie mpo
t r anscu rr ido en t re e l ret i ro de l se r v icio y e l rei nte gro , es tá
devo lv iendo e n e l tie mpo los e fec tos d el acto que an uló y en
esa med ida c rea la f icc ión ju r íd ica de q ue e l se rvido r nunca

12
Co n s e jo d e E st a d o , Sa la Co n t e n c io so Ad m in i st r a t iv o , S e c ci ó n S e g u n d a ,
S e n t e n c ia 1 6 d e m a yo d e 2 0 0 2 , Ra d . 1 9 0 0 1 - 2 3 - 3 1 - 0 0 0 - 1 9 9 8 - 0 0 3 9 7 - 0 1 ( 1 6 5 9 -
01)
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f ue re t ira do de l se rvic io , con to do l o que e l lo imp l ica ; ese es
e l m ot ivo por e l cua l se decl ara que no ha exis t ido so luc ión
de con ti nuida d en la p res tac ión del se rv ic io .” ( Se subraya)

Conf orme a lo ant erior, concluye que se debe descontar lo percibido
por concept o del desempeño en cargos of iciales durante el período
en el que se ordena el pago de salarios a tít ulo de rest ablecimient o
del derecho, t oda vez que , no solo se constituirí a en un
enriquecimient o sin causa sino que est arí a inmerso en la
prohibición const it ucional previst a en el artí culo 128 de percibir
doble asignación del t esoro público.

Post eriorment e, la Sala Plena de l Consejo de Est ado en sent encia
del 29 de enero de 2008 13 rect if ica el crit erio jurisprudencial de la
Sección Segunda de la Corporación, y det ermina que no hay lugar
a descont ar lo percibido por el servidor por concept o de salarios
recibidos en otras entidades públicas, por cuant o el pago ordenado
como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de ret iro
de un empleo de carrera tiene un caráct er indemnizat orio .

Lo ant erior, debido a que el rest ablecimient o del dere cho “se
t raduce en la indemnización de los perjuicios irrogados por el acto
ilegal. ” Cuando se hace ref erencia a los salarios dejados de
percibir, es una medida de t asación como la del gramo de oro o del
salario mí nimo.

De manera que, si durant e el lapso en el que se ordena el pago de
salarios a tít ulo de rest ablecimient o, el servidor desempeñó ot ro
cargo público, no debe descontársele lo percibido en él, porque su
causa es la efect iva prest ación de un servicio dist int o a la condena
que tiene origen en el daño causado por el ret iro ilegal, por lo que ,
no est á incurso en la prohibición del art iculo 128 de la Carta
Polí tica.

13
Co n se jo d e Es t a d o , Sa la P le n a d e lo Co n t e n c io so Ad m in is t r a t i vo , S e n t e n ci a
d e l 2 9 d e e n e r o d e 2 0 0 8 , Ra d . 7 6 0 0 1 - 2 3 - 3 1 - 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 2 0 4 6 - 0 2

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La Corporación sost uvo:

“ E l a r t ículo 128 de la C onst i tuc ión t iende a imped i r la
v incu laci ón s im ul tánea en dos emp l eos púb l icos , supues to
f ác tico q ue no se t ip i fica en es te caso po rque en s i tuac iones
como la desc r ita e l a fect ado s ólo ha desem peñado en ve rdad
un em pleo , aque l que ob tuvo después de la desv incu laci ón
i l egal , y lo que o rdena el ju ez es q ue, como f icc ión le ga l ,
vue lvan las cosas al es tado ant er io r , con e l ob je to de repa ra r
e l daño causad o, cons ide rando que no es tuvo sep ara do del
ca rgo de l cu al fue r et i rado , pa ra e fec tos sa la r ial es y
p res tac iona les .”

Ahora bien, expresó que no puede acept arse la t esis de que exist e
enriquecimient o sin causa por el pago de salarios como
consecuencia del reint egro, “ habida cuent a de que el empleo cuyo
pago se ordena ef ect ivament e no se desempeñó ”.

La posición de la Sala Plena del Consejo de Est ado del 29 de enero
de 2008, f ue replant eada el 9 de agosto de 2022 14, f echa en la que
unif icó la jurisprudencia .

Expuso que el rest ablecimiento del derecho es consecuencial al
decret o de nulidad de un act o administ rat ivo y por ello, se ordena
retrot raer la condición desconoci da por el mismo cuando se declara
su nulidad.

Sost uvo que la orden est imat oria que prof iere el juez administ rat ivo
dentro de un juicio de nulidad y rest ablecimient o del derecho t iene
ef ectos ex – t unc, es decir, que ret rotrae la sit uación al estado
inicia l que en derecho debió corresponder, est o es, que el efecto
de nulidad es desde siempre.

Explicó que t oda persona que se crea lesionada en un derecho
subjet ivo amparado en una norma, de conf ormidad con el artículo
138 del CPACA, podrá pedir (i) la nulidad de acto administ rat ivo,

14
Co n se jo d e Es t a d o , Sa la P le n a d e lo Co n t e n c io so Ad m in is t r a t i vo , S e n t e n ci a
9 d e a g o st o d e 2 0 2 2 , Ra d ic a d o N o . 1 1 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 1 7 - 0 0 1 5 1 - 0 0 ( 0 8 9 2 -
2017)
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(ii) que se le rest ablezca el derecho, y (iii) que se le repare el daño,
es decir, que le resarza el perjuicio causado , sit uación que no
puede equipararse con la de rest ablecimient o.

Por lo expuesto con ant erioridad, concluyó que cuando el juez
ordena como consecuencia de la nulidad del act o de ret iro de un
servidor sea reint egrado al cargo y se le paguen los salarios y
prest aciones dejados de devengar, hace efect iva la consecuencia
de volver las cosas a su estado ant erior, como si nunca se hubiera
retirado, es decir , rest ablece el derecho , sit uación dif erent e a la
que surge por la reparación del daño cuando se ordena el pago de
la indemnización porque no es posible volver las cosas a su est ado
ant erior.

Ahora bien, f rent e a la procedencia de ordenar descuent os a la
condena de nulidad del act o de retiro del servicio de un funcionario
nombrado en provisionalidad consideró que por trat arse de un
rest ablecimient o del derecho los salarios y prest aciones sociale s,
causados c omo consecuencia del f allo , durante el período de cese
de la relación laboral no pueden coi ncidir con ot ra remuneración,
retribución o asignación proveniente del sector público, dada la
prohibición previst a en el art ículo 128 constitucional.

Argument ó que separarse del caráct er restitutorio del f allo de
nulidad y rest ablecimient o del derecho “ serí a negar la ficción que
retrot rae su sit uación al est ado ant erior, est o es, al t iempo que f ue
expedido el acto anulado, lo cual es de la esencia y de la nat uraleza
del medio de cont rol y, de paso, cont ravenir diversas disposiciones
normat ivas que just a ment e prevén prohibiciones para el servidor
público…”

Por las consideraciones anteriores, la Corporación unif icó su
jurisprudencia, est ableciendo que so n p ro ced en tes los descuent os
a la condena derivada del f allo que resuelve un lit igio dentro del
medio d e cont rol de nulidad y restablecimiento del derecho de
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caráct er laboral, donde se discut e la nulidad del act o de ret iro del
servicio de un f uncionario nombrado en provisionalidad , respecto
de las sumas de dinero recibidas por el demandant e a tít ulo de
salarios, prest aciones sociales percibidos de relaciones de t rabajo
en el sect or público, por incurrirse en la prohibición constitucional
de doble erogación a cargo del erario. La reglada f ijada es
vinculant e para los casos pendientes de decisión judicial y f ue
def inida en los siguient es t érminos:

“ …son p rocede ntes los descuen tos e fectu ados a la condena
de r ivada de l fa ll o que resue lve el l i tig io inm iscui do de nt ro
de l med io de c ont ro l de nu lidad y res tab lec im ien to de l
de recho de ca rác te r labo ral , donde se o b tenga la nu li dad de l
ac to que r et i ró de l se rv ic io a un emp leado púb lico nomb rado
en prov is iona l idad , a razón de las sumas de d ine ro rec ib idas
po r la pa r te de mandan te a t ítu lo de sal ar ios , pres tac iones
soc ia les perc ib idos de rel acion es de t rab ajo en e l se c tor
púb l ico .”

3. 4. 1. 2. Ju ri sp ru dencia d e l a Co rte Con stitu cion al.

En Sent encia SU 556 de 2014, la Cort e Const it ucional unif icó su
jurisprudencia en relación con las m edidas de rest ablecimient o ant e
la vulneración de derechos por ausencia de motivación de los act os
administ rat ivos de desvinculación de personas designadas en
provisionalidad en cargos de carrera , def iniendo la regla
indemnizat oria.

A est e respect o sost uvo que una de las órdenes que se deben
adopt ar en los casos de ret iro de los servidores vinculados en
provisionalidad en cargo de carrera es el de pagar a tít ulo
indemnizat orio el equivalent e a los salarios y prest aciones dejados
de percibir descont ando las sumas que por cualquier concept o
laboral, p úblico o privado, dependient e o independient e, haya
recibido la persona.

En est e orden de ideas, señaló que el f undament o para pagar los
salarios y prestaciones dejados de percibir no es una consecuencia

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aut omát ica de la nulidad del act o de retiro, pues si bien las cosas
deben retrot raerse al est ado ant erior a que el act o haya sido
invalidado, t al ef ect o no es posible en relación con la prest ación del
servicio, por cuant o éste ya no puede realizar se de manera
retroact iva. Ent onces conclu ye que, si el salario est á ligado a la
prest ación del servicio y ést e no se efect uó, el pago de los salarios
dejados de percibir son una modalidad de ind emnización de
perjuicios.

Así que, como lo que se debe indemnizar es el daño “ ef ect ivament e
sufrido” y el daño es igual a lo dejado de percibir, concluye que de
la suma indemnizat oria se debe descont ar lo que la persona haya
percibido como retribución de su t rabajo, independientemente si
proviene de f uent e pública o privada o en calidad de t rabajador
dependient e o independient e.

Lo ant erior, part iendo del supuest o de que la indemnización no
puede result ar en un pago excesivo y desproporcionado con el daño
sufrido por el act o de retiro y se debe reconocer la responsabilidad
individual por la auto -provisión de recursos, carga que no puede ser
t rasladad a en su t ot alidad al Est ado.

3. 5. An áli si s d el caso con creto .

De acuerdo con el marco jurisprudencial expuest o se observa que
las posiciones f ijadas por el Consejo de Est ado en sent encia del 29
de enero de 2008, señalada por el Minist erio Público como
desconocida, y la Cort e Const it ucional part en de supuest os de
hecho dif erent es ; en la sent encia de la Sala Plena del Consejo de
Est ado cit ada se analizó en un caso de empleado de carrera
administ rat iva el descuent o de la asignación percibida por el
f uncionario por ejercer un cargo público del valor de la suma de los
salarios que se ordena a t ít ulo indemnizat orio como consecuencia
de la declarat oria de nulidad del act o de ret iro, a la luz del artículo
128 de la Const it ución Polít ica .
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Caso dist int o, en la sent encia de unif icación prof erida por la Corte
Const it ucional se examina el descuent o del ingreso percibido por el
servidor que proviene de empleo público o de su labor en el sect or
privado, de la indemnización ordenada a t ít ulo de rest ablecimient o
del derecho cuando se declara la nulidad de un act o de ret iro de un
servidor nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera , como
una medida de ponderación de la prot ecció n de quien fue ret irado
desconociéndole el derecho a la est abilidad int ermedia y de
proporcionalidad del reconocimient o a tít ulo de indemnización junt o
con la conexidad por la af ect ación de los derechos f undamentales
involucrados.

Ahora bien, como se expuso en el marco normat ivo y jurisprudencial
la posición vigent e de la Corporación unif icada en sent encia d el 9
de agost o de 2022 se refiere expresament e a un servidor nombrado
en provisionalidad y se analizó la procedencia del descuent o de lo
devengado en un cargo p úblico del valor de la suma de los salarios
que se ordena a tít ulo de rest ablecimient o del derecho como
consecuencia de la declarat oria de nulidad del acto de ret iro, a la
luz del artículo 128 de la Const it ución Polít ica .

Pues bien, est a dist inción es relevant e en la medida que en el caso
sub examine el a quo ordenó el descuento de lo que el demandant e
percibió no solo del t esoro público sino del sect or privado , por lo
que no puede circunscribirse el análisis solo frent e al ar t iculo 128
de la Const it ución Polít ica que prohí be recibir “ más de una
asignación del t esoro público”.

Bajo est e ent endido, le corresponde examinar a la Sala si la
decisión del Tribunal Administrat ivo de Nariño desconoce la
posición jurisprudencial vigent e de esta Corporación .

De conf ormidad con lo expuesto con ant erioridad, es claro que la
decisión del a quo se ajust a a la posición jurisprudencial vigent e
por la Corporación al ordenar el descuent o de la suma pagada al
demandant e lo que percibió del t esoro público .

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Ahora bien, en relación con la procedencia del descuent o de lo
devengado en el sect or privado se debe considerar en primer lugar,
que la posición unif icada de l Consejo de Est ado solo circunscribió
s u análisis a la pert inencia de la deducción a la luz de la prohibición
establecida en el artículo 128 const it ucional.

En ese sent ido lo percibido por el demandant e cuya f uent e proviene
del sect or privado no desconoce la rest ricción de “ … recibir más
de una asignación que provenga del t esoro público, o de empresas
o de inst it uciones en las que t enga part e mayorit aria el est ado …”
De ot ro lado, la posición jurisprudencial de l Consejo de Estado
cont inúa vigent e en relación con la no procedencia de los
descuentos cuya f uente sea dif erent e t esoro público, por ello, le
asist e la razón el Ministerio Público al af irmar que el Tribunal de
Nariño desconoció el precedent e especí ficament e f rent e a este
punt o.

En est e orden de ideas, considera la Sala que solo deben
descont arse los ingresos que se obt ienen del sect or público de la
suma pagada a t ít ulo de restablecimient o del derecho.

Así las cosas, en el caso sub examine aunque el T ribunal
desconoció el precedent e de la Corporación cit ado por el Ministerio
Público en relación con los descuent os cuya f uente se origina en
el sect or privado, observó los lineamient os est ablecidos por la
Cort e Constit ucional .

E s procedent e advert ir que para la Sala con base en la f igura del
apart amient o judicial, es dable separarse de la regla def inida por
la Cort e Const it ucional sobre la deducción de lo percibido por
concept o de t rabajo privado, siempre y cuando cumpla los
requisit os señalados para el efecto, esto es, el reconocimient o del
precedent e, la suf iciencia de la carga argument at iva y, por ot ra
part e, que evidencie adecuadament e que el alcance e

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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00477-01(3911-2018)
D e ma n d a n t e : T e ó f i lo Ja v ie r M e r in o D í a z

int erpretación que se ofrece, desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores const it ucionales

En primer lugar, debe resalt arse que los derechos que aquí se
discut en son de naturaleza laboral, los cuales t ienen especial
prot ección const it ucional y convencional.

Es importante enf at izar que la misma jurisprudencia const it ucional 15
ha considerado que la naturaleza jurí dica del t rabajo t iene una triple
dimensión, pues es: i) valor fundant e del Est ado Social de Derecho;
ii) principio rect or del ordenamient o jurí dico y iii) un derecho y un
deber social.

T eniendo en cue nt a est a especialísima connotación del t rabajo, la
Cort e Const it ucional ha sost enido que «el marco de la prot ección
estatal al trabajo no se agot a con la prot ección al empleo
dependient e sino t ambién en la ef ect ividad de su ejercic io
independient e» 16, prec isándose incluso que «la f uerza laboral se
considera como un inst rument o para obt ener los recursos
necesarios para lograr una vida digna y como un mecanismo de
realización personal y prof esional »17, por lo que es «objet o de
garantí a superior t ant o el emple o como t odas las modalidades de
t rabajo lí cit o» 18.

Ahora bien, debe resalt arse que los artí culos 48 19 y 53 20 de la Carta
Polí tica cont ienen un mecanismo especial de amparo al empleo

15
E n t r e o t r a s s e n t e n c ia s: C - 1 7 7 d e 2 0 0 5 , C - 1 0 0 d e 2 0 0 5 , C - 0 1 9 d e 2 0 0 4 , C -
038 de 2004, C-425 de 2005 y C-580 de 1996.
16
S e n t e n c ia C - 5 9 3 d e 2 0 1 4 .
17
S e n t e n c ia C - 6 1 4 d e 2 0 0 9 .
18
I b id e m .
19
CP , a r t . 4 8 : « L a Se g u r i d a d So c ia l e s u n se r vi ci o p ú b l ic o d e ca r á c t e r
o b l ig a t o r io q u e se p r e st a r á b a jo la d i r e cc ió n , c o o r d in a ci ó n y c o n t r o l d e l Es t a d o,
e n su je ció n a lo s p r in c ip io s d e e f i cie n c i a , u n i ve r sa li d a d y so lid a r id a d , e n lo s
t é r m in o s q u e e s t a b le zca l a L e y .
S e g a r a n t i za a t o d o s lo s h a b it a n t e s e l d e r e c h o ir r e n u n cia b l e a l a Se g u r i d a d
S o ci a l [ … ] » .
20
C P , a r t . 5 3 : « E l Co n g r e so e x p e d ir á e l e s t a t u t o d e l t r a b a jo . L a le y
c o r r e sp o n d ie n t e t e n d r á e n c u e n t a p o r lo m e n o s lo s si g u ie n t e s p r in c ip io s
m í n i m o s f u n d a m e n t a le s :
I g u a ld a d d e o p o r t u n id a d e s p a r a l o s t r a b a ja d o r e s; r e m u n e r a c ió n m í n im a vit a l y
m ó v il , p r o p o r ci o n a l a la ca n t id a d y ca li d a d d e t r a b a j o ; e st a b i l id a d e n e l e m p l e o ;
i r r e n u n ci a b i l id a d a lo s b e n e f i ci o s m í n im o s e st a b l e c id o s e n n o r m a s la b o r a le s;
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cuando se t rat e, ent re ot ros principios, de la irrenunciabilidad de
los benef icios laborales mí nimos, incluyendo los asociados a la
seguridad social. El amparo ref orzado que le asist e a t ales
derechos es merecido en virt ud de la í nt ima conexidad que t iene el
t rabajo con la dignidad humana y, a su vez, la estrecha relación de
esta últ ima con la realización de los valores y principios en que se
f unda el Est ado Social y Democrático de Derecho, cuest ión que es
advert ida desde la propia Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

De est a f orma, aquellos benef icios de nat uraleza laboral que
const it uyen exigencias mí nimas a satisf acer en cualquier caso, lo
son por cuant o a través de ellos se garant iza la subsist encia de los
miembros de la especie humana en condiciones que son inherent es
a ef ect os de poder v ivir como tal, pero t ambién porque el empleo,
además de proveer el sust ent o para la supervivencia, da lugar a la
generación de recursos económicos y humanos para el disfrut e de
ot ras act ividades que permit en la realización personal, ent endida
esta como uno de los f ines esenciales del hombre, por el cual debe
propender el Est ado en virt ud de lo previst o en el preámbulo y los
artículos 1. º y 2.º de la Const it ución Polít ica.

Así, la caract erización que se le ha dado a los derechos en coment o
impact a de manera direct a la f orma como deben ser prot egidos,
máxime cuando del trabajo depende t ambién el mí nimo vital y, por

f a c u l t a d e s p a r a t r a n si g ir y c o n c i li a r s o b r e d e r e ch o s in ci e r t o s y d i sc u t ib le s;
s i t u a ci ó n m á s f a v o r a b le a l t r a b a ja d o r e n ca so d e d u d a e n la a p li ca c ió n e
i n t e r p r e t a ci ó n d e la s f u e n t e s f o r m a le s d e d e r e ch o ; p r im a c í a d e la r e a l id a d
s o b r e f o r m a l id a d e s e st a b le c id a s p o r l o s s u je t o s d e la s r e la cio n e s la b o r a le s;
g a r a n t í a a la se g u r id a d so ci a l , la c a p a ci t a ci ó n , e l a d ie s t r a m ie n t o y e l d e sca n so
n e ce sa r io ; p r o t e c ci ó n e s p e c ia l a la m u je r , a l a m a t e r n i d a d y a l t r a b a ja d o r
menor de edad.
E l e s t a d o g a r a n t i za e l d e r e ch o a l p a g o o p o r t u n o y a l r e a ju s t e p e r ió d ic o d e la s
p e n s io n e s l e g a le s.
L o s co n ve n io s i n t e r n a ci o n a le s d e l t r a b a jo d e b id a m e n t e r a t if ica d o s , h a c e n
p a r t e d e l a le g i sla c ió n in t e r n a .
L a le y, lo s co n t r a t o s , l o s a cu e r d o s y co n v e n i o s d e t r a b a jo , n o p u e d e n
m e n o sca b a r l a l ib e r t a d , l a d i g n id a d h u m a n a n i l o s d e r e c h o s d e l o s
t r a b a ja d o r e s» .

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ende, la sat isf acción de las necesidades básicas del trabajador y
su f amilia.

En mat eria laboral t iene especialí sima relevancia el principio
prot ect or o prot ect orio y el principio pro homine o pro persona, pues
en ellos se recogen las caract erí st icas propias del derecho al
t rabajo y, de cont era, el reconocimient o de la dignidad huma na
como principio f undant e del Estado Social de Derecho (artí culo 1.°
de la Const it ución Polít ica). En virt ud de este principio se protege
a la part e más vulnerable de la relación laboral, que es el trabajador
y, por ende, hay desigualdad o discriminación posit iva en su f avor
con el fin de equipararlo con la ot ra. Su trascendencia «radica en
que diferencia el derecho laboral del derecho civil, en el cual se
predica igualdad de las part es y no discriminación »21. Su
f undament o est á ligado con la propia razón de ser del derecho del
t rabajo, en virt ud de la cual «el legislador no pudo mant ener más la
f icción de una igualdad exist ent e ent re las part es del contrat o de
t rabajo y t endió a compensar esa desigualdad económica
desf avorable al trabajador con una prot ecc ión jurí dica f avorable al
t rabajador» 22. Dentro de las manif estaciones de est e principio se
encuent ran el principio de f avorabilidad, el «in dubio pro operario»,
«el de la condición más benef iciosa», «el de la irrenunciabilidad de
los derechos» y el de «la primací a de la realidad sobre las f ormas».

No debe pasarse por alto que los salarios y prest aciones son un
component e del derecho laboral vulnerado con el act o de ret iro que
se busca rest ablecer. De ello se deriva que incluso quien f ue
desvinculado de un empleo que ocupó en provisionalidad, en aras
de su aut o sost enibilidad, pueda y deba conseguir un t rabajo para
generar sus ingresos en el sector privado ya sea de manera
dependient e o independient e, sin que ello deba tener incidencia en
el valor a recibir con ocasión del rest ablecimient o del derecho que
le f ue ocasionado con el act o administrat ivo declarado ilegal.

21
A m é r ico Pl á Ro d r í g u e z, L o s p r i n c ip io s d e l De r e ch o d e l T r a b a jo , 2 . ª e d . ,
B u e n o s Ai r e s , e d i c io n e s De l a Pa lm a , 1 9 9 0 , p . 2 3 .
22
I b id e m , p . 2 5 .
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En suma, la t esis que sost iene esta Sección consist e en que de la
condena de rest ablecimient o del derecho a f avor del emplead o
desvinculado del servicio por act o administ rat ivo declarado ilegal
proceden los descuentos de que t rat a el artículo 128 de la Carta
Polí tica y no de aquellas sumas de dinero que est e haya devengado
por su t rabajo dependient e o independient e en el sect or privado .

4. Co stas.

El concept o de las cost as del proceso est á relacionado con todos
los gast os necesarios o út iles dent ro de una act uación de esa
nat uraleza y comprende los denominados gast os del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 23, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gast os ordinarios del proceso 24 y
ot ros como son los necesarios para traslado de test igos y para la
práct ica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la
just icia como perit os y secue stres, transport e de expediente al
superior en caso de apelación.

En cuant o al recurso de apelación surt ido ant e est a Corporación,
no se condenará en cost as, t oda vez que no se cumplen los
presupuest os del artículo 365 del Código G eneral del Proceso , 25
puest o que en est a inst ancia no se present a part e vencida, por
cuant o el recurso f ue interpuesto solament e por el Ministerio
Público.

En mérit o de lo expuest o, el Consejo de Est ado, Sala de lo
Cont encioso Administ rativo, Sección Segunda, Subsección A,
administ rando just icia en nombre de la República de Colombia y
por aut oridad de la Ley,

23
Ar t í cu lo 3 6 1 d e l Có d ig o G e n e r a l d e l P r o ce so .
24
Ar t í cu lo 1 7 1 N o . 4 e n co n c. Ar t . 1 7 8 ib .
25
“ 1 . Se co n d e n a r á e n c o s t a s a l a p a r t e ve n c id a e n e l p r o c e so , o a q u ie n se le
r e su e l va d e s f a vo r a b l e m e n t e e l r e cu r s o d e a p e la c ió n , ca sa c ió n , q u e ja , s ú p l ica ,
a n u la c ió n o r e v is ió n q u e h a ya p r o p u e s t o . A d e m á s, e n lo s ca so s e sp e cia le s
p r e v is t o s e n e st e C ó d ig o . ( …) . ”
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FALLA

PRIMERO. REVO CAR parcialment e la sent encia de 17 de
Noviembre de 2017, prof erida por el T ribunal Administrat ivo de
Nariño, que accedió parcialmente a las pret ensiones de la demanda
en el proceso promovido por T eóf ilo Merino Diaz contra el Municipio
de I piales .

S EG UNDO. MO DIFI CAR el inciso t ercero del numeral segundo de
la sent encia de 17 de Noviembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administ rativo de Nariño en el sent ido de indicar que es procedent e
los descuent os ef ect uados a la condena derivada del f allo que
resuelve el litigio inmiscuido dentro de la acción de nulidad y
rest ablecimient o del derecho a razó n de las sumas de dinero
recibidas por la part e demandant e de las relaciones de t rabajo en
el sect or público de conformidad con lo expuest o en la part e mot iva.

T ERCERO. NO CO NDENAR en cost as en est a inst ancia .

CUART O. Ef ect uar las anotaciones correspondientes en el Sistema
de G est ión Judicial – “SAMAI”, y ejecut oriada est a providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOT IFÍQ UESE Y CÚMPL ASE

La ant erior providencia f ue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de tres ( 3) de noviembre de dos mil veint idós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Est ado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Est ado Consejero de Est ado

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