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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00558-03

Control judicial de actos administrativos expedidos en cumplimiento de fallo de tutela: procedencia

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00558-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra Luis Eduardo Ortiz Riascos, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por intermedio de la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen y déjense las constancias respectivas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2014-00558-03

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

5 de agosto de 2021

CONTROL JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA - Procedencia

La acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad. Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL - Reliquidación / BONIFICACIÓN POR SERVICIOS EN LA RAMA JUDICIAL - Es factor de liquidación pensional en una doceava parte

Es pacifica la jurisprudencia en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.(…) encuentra la Sala que de manera injustificada se ordenó la inclusión total de la bonificación por servicios prestados que había devengado el accionado, dentro de la asignación más alta percibida durante el último año de servicio, comprendiéndose así en parte de la base liquidatoria de la pensión que le fuere reconocida en virtud del régimen contenido en el Decreto 546 de 1971, cuando por la naturaleza y causación de tal factor, debió fraccionarse en una doceava parte.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1042 DE 1978 - ARTÍCULO 45 / DECRETO 247 DE 1997 / DECRETO 717 DE 1978

DEVOLUCIÓN DE PRESTACIONES PERIÓDICAS / MALA FE – Prueba

En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 164 / CÓDIGO CONTENIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA -ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00558-03(1982-20)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Demandado: LUIS EDUARDO ORTIZ RIASCOS.

Asunto: Acción de lesividad – Reliquidación pensión Decreto 546 de 1971 – actos acusables - 100% bonificación por servicios.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, ni nulidades procesales; decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y demandante contra la sentencia proferida el 1° de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda, encaminadas a la nulidad de los actos que ordenaron la reliquidación de la pensión y, consecuenciales.

ANTECEDENTES

Pretensiones.

1. La UGPP, a través de apoderado especial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad, presentó demanda con la finalidad de obtener la nulidad de las Resoluciones No. 17360 del 23 de abril de 2008, que reliquidó la pensión de vejez; y No. 40747 del 20 de agosto de 2008, que dejó sin efectos la decisión anterior y ordenó la reliquidación de la pensión.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la devolución de las sumas percibidas por concepto de la reliquidación pensional y en forma retroactiva e indexadas.

Hechos.

3. Para una mejor comprensión del asunto, la Sala resume de la siguiente manera la situación fáctica expuesta por la demandante, así:

3.1. Indica que, que el accionado nació el 20 de septiembre de 1942, y prestó sus servicios en la rama judicial desde el 6 de febrero de 1969, siendo su último cargo Magistrado del Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto - Nariño.

3.2. Señala que, CAJANAL le reconoció la pensión a través de la Resolución No. 55067 del 23 de octubre de 2006, con fundamento en el Decreto 546 de 1971 aplicando un 75% del promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años de servicio, entre el 1 de febrero de 1996 y el 30 de enero de 2006 y los factores de salario de asignación básica, prima especial, gastos de representación, bonificación por servicios prestados, prima de nivelación bonificación por compensación y bonificación por gestión judicial, en cuantía de $6.994.066,07. Adquiriendo el estatus el 20 de septiembre de 1997 y efectiva a partir del 1 de febrero de 2006. Decisión confirmada en vía gubernativa por medio del acto administrativo No. 53990 del 13 de noviembre de 2007.

3.3. Manifiesta que, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto del 6 de junio de 2007, CAJANAL le reliquidó la pensión mediante Resolución No. 17360 de 23 de abril de 2008, con el 75% de la asignación mensual elevada devengada en el último año, más los factores de salario de 2005 correspondientes a la asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima especial servicios y bonificación por gestión judicial, en cuantía de $8.160.000 y efectiva a partir del 1 de febrero de 2006. (Acto acusado)

3.4. Informa que, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto del 6 de junio de 2007, CAJANAL dejó sin efectos la Resolución No. 17360 de 23 de abril de 2008 y le reliquidó la pensión a través de Resolución No. 40747 de 20 de agosto de 2008, sobre el 75% de la asignación mensual más elevada, junto con los factores de salario 2006-2007 equivalentes a la asignación básica, de prima navidad, bonificación de servicios prestados, prima de vacaciones, prima especial de servicios y bonificación judicial, en cuantía de $11.802.322,57 y efectiva a partir del 1 de mayo de 2007. (Acto acusado)

3.5. Sostiene que CAJANAL mediante la Resolución No. 14261 del 2 de abril de 2009, se modificó la Resolución No. 40747 de 20 de agosto de 2008 dando aplicación a los topes establecidos en los Decretos 314 de 1994 y 104 de 1994 reliquidando la pensión en cuantía de $8.674.000.

3.6. Reseña que CAJANAL mediante la Resolución No. 17479 del 5 de mayo de 2009, dejó sin efectos la Resolución No. 14261 del 2 de abril de 2009, al considerar que en la decisión de tutela no se estableció tope pensional.

3.7. Alega que la UGPP a través de la Resolución No. RDP 6453 del 27 de julio de 2012, le negó la solicitud de reliquidación de la pensión presentada el 9 de mayo de 2012. Decisión confirmada en vía gubernativa mediante la Resolución No. RDP 17005 del 26 de noviembre de 2012.

Normas vulneradas y concepto de violación.

4. La parte demandante cimienta su demanda en los artículos 13, 29 y 48 de la Constitución Nacional; Decreto 546 de 1971; Decreto 1042 de 1978; Decreto 10 de 1989; Ley 100 de 1993; y Decreto 247 de 1997.

5. Indica que dentro de los factores salariales a tener en cuenta al momento de liquidar la mesada pensional, está la bonificación por servicios presados, la cual fue creada por el Decreto 1042 de 1978, prestación que se hace extensiva a los funcionarios de la rama judicial, a través del artículo 1 del Decreto 247 de 1997, ahora bien, siguiendo el precedente del Consejo de Estado para efectos de liquidación pensión, la bonificación por servicios prestados se tiene en cuenta solo en una doceava parte, y no en el cien por ciento (100%) de la misma, como erradamente se realizó en los actos administrativos acusados.

Contestación de la demanda.

6. Señala que se opone a las pretensiones de la demanda y argumenta que el acto acusado fue expedido en derecho y en cumplimiento de una acción de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada, también indica que se opone a la devolución de los dineros percibidos por cuanto el reconocimiento y la posterior reliquidación de la pensión se realizó conforme a las normas que regulan la materia. Por último, propone las excepciones de cosa juzgada constitucional, inexistencia de las causales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho invocadas por la UGPP, carencia total del derecho para demandar por parte de la UGPP, sujeción de la administración del acto reglado, ineptitud sustantiva de la demanda porque el acto administrativo cuestionado es de ejecución por ser proferido en cumplimiento de un fallo de tutela, pago de lo no debido porque las pretensiones de la demanda desconocen el principio de la buena fe y la no devolución de prestaciones pagadas a particulares y las de oficio.

La sentencia apelada.

7. El Tribunal Administrativo de Nariño, i) decretó la nulidad de los actos administrativos demandados; ii) ordenó a la UGPP realizar una nueva liquidación de la pensión de vejez de la accionada, en la que se incluya la bonificación por servicios en una doceava parte; iii) negó las demás pretensiones de la demanda; y iv) se abstuvo de condenar en costas.

8. Para decidir así, fijó que su pronunciamiento se circunscribiría a la legalidad de los actos administrativos mediante el cual se reliquidó la pensión de vejez, con la inclusión del factor salarial bonificación por servicios prestados en un 100%, y en consecuencia si es procedente la devolución de los dineros cancelados en virtud de la reliquidación, en caso de establecerse que esta se reliquidó de manera incorrecta. Al efecto señaló que, conforme al Decreto 1042 de 1978, se creó la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades Administrativas especiales del orden nacional. Emolumento éste, que se hizo extensivo a los funcionarios y empleados de la rama judicial y la justicia penal militar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 247 de 1997, en los mismos términos del artículo 45 de la norma anterior y exigible a partir del 1 de enero de 1997.

9. De este modo, señaló que la bonificación por servicios se debe incluir en una doceava parte para efectos pensionales, toda vez, que esta se reconoce y paga al cumplimiento de un año continuo de labor, por lo tanto, el cómputo de este para efectos de determinar la cuantía no puede realizarse sobre un 100%, tal como lo ha determinado la jurisprudencia de esta Corporación, razón por la sala estableció la nulidad de los acusados.

10. Ahora bien, la Sala estimó que no se demostró la mala fe del demandado, así como tampoco, se evidenció un actuar deshonesto o desleal frente a la autoridad pensional, por lo que no es viable la devolución de los dineros conforme el artículo 164 numeral 1 literal c) de la Ley 1437 de 2011.

11. En cuanto a las costas, tuvo en cuenta el precedente del Consejo de Estado y el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, para desestimar que estaban causadas.

Recurso de apelación.

12. La parte demandada interpuso apelación con el propósito de que se revoque la sentencia parcialmente estimatoria de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda, insiste en la legalidad de la decisión que reliquidó la pensión del accionado, al ser resultado del análisis del juez de tutela que definió que la bonificación por servicios prestados debe incluirse en la base liquidataria en su totalidad de acuerdo con el precedente judicial vigente para el efecto y respecto de la cual operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional.

13. Señala que en caso de definirse la nulidad de los actos que reliquidó la pensión le estarían desconociendo el derecho internacional de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales y así vulnerando sus derechos fundamentales que ya fueron protegidos por el juez constitucional, y que desde entonces, sostiene que los emolumentos los viene percibiendo de buena fe, razón por la cual considera improcedente la orden de reintegro de los mismos.

14. Reitera que el reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados, le generó al actor un derecho adquirido el cual es innegable y no puede ser desconocido por el juez.

15. La parte demandante apela en adhesiva la sentencia de primera instancia, con el propósito de que se acceda a la restitución de las sumas de dinero pagadas al demandado con ocasión de la reliquidación pensional. Señala que, a pesar de que al accionado se le había negado la reliquidación de su pensión con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios, acudió a la acción de tutela para lograr tal beneficio, contrariando el principio constitucional de buena fe.

Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

16. La parte demandada, mediante escrito alegó de conclusión, reiterando los argumentos del recurso de apelación que interpuso. La parte demandante también presentó alegatos de cierre, reafirmando los argumentos expuestos en la alzada. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR.

Problema Jurídico.

17. De acuerdo con los cargos formulados por las partes contra la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si la bonificación por servicios prestados se debió integrar en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la demandada en una doceava parte, o en un 100%; y si la reliquidación eventual solicitada en la demanda, conlleva al reembolso de los dineros pagados en exceso.

18. No obstante, se observa que el acto acusado fue proferido en cumplimiento de una sentencia de tutela, y ello, debe esclarecerse previamente la posibilidad de ser estudiada su legalidad por parte de esta jurisdicción.

Actos susceptibles de control.

19. El acto administrativo, constituye la expresión de voluntad unilateral de la Administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, y que dependiendo el ámbito en que éstos se extienden, pueden ser de contenido general o particular.

20. Los actos particulares, se distinguen claramente porque los efectos proseguidos a partir de su expedición son verificables en una situación concreta que se crea, se modifica o se extingue, de suerte que los mandatos contenidos en él solo afectan al interesado.

21. De lo anterior, se colige que solo aquellos actos que produzcan efectos tienen trascendencia material para verificarse su contenido en sede gubernativa y judicial en uso de los mecanismos previstos por el legislador, de ahí que, normativamente reciban el calificativo de actos definitivos al decidir la actuación de manera directa o indirecta, y como tal, son los únicos pasibles de ser acusables.

22. En el opuesto, encontramos actos administrativos que la doctrina ha denominado como de cumplimiento o ejecución, en los cuales, no se contiene una expresión de voluntad proveniente de la administración, sino la orden concreta de un juez que para cobrar ejecución requiere de su puesta en práctica por la autoridad que está obligada a cumplirla. Es entonces, el instrumento jurídico a través del cual la administración materialmente cumple la orden dada por un funcionario judicial dentro de una providencia.

23. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el acto de ejecución carece de control por vía de acción, lo cual se adecúa a la definición ya expuesta, y así mismo a su tratamiento procesal dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyas reglas adjetivas impiden que sea susceptible de discusión gubernativa.

24. Bajo este entendido, el acto de ejecución no es pasible de control jurisdiccional a menos que al materializar la orden dada por el juez, la autoridad desborde los estrictos lineamientos de la sentencia, en cuyo caso, el perjudicado quedará habilitado para discutir en juicio la situación nueva generada por parte de la administración.

25. En este orden, los actos administrativos que no crean, ni modifican la situación jurídica de una persona son considerados como actos de ejecución, los cuales están destinados a dar cumplimiento a un fallo proferido por un juez constitucional. En este sentido la Corporación ha dicho:

“Los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones”.

26. No obstante lo anterior, en pronunciamiento del 14 de febrero del 2013 esta Sala explicó que a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución al ser expedido para dar cumplimiento a una sentencia, es eventualmente acusable, porque el mecanismo de tutela que es su origen, es de naturaleza diferente a los medios de control de la jurisdicción contenciosa, y por lo tanto, si es posible presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este aspecto precisó:

“Aunque resulta probado que la resolución objeto de la controversia tiene la connotación de acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los actos administrativos. (…).

En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en sentencia del 25 de octubre de 2011:

(…) “Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.” (…)

27. De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad.

28. Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia.

Análisis de la Sala frente al problema jurídico.

29. Para resolver el asunto principal derivado de los cargos formulados en los recursos de apelación, la Sala acudirá a la normatividad que regula el derecho que está discutiendo en esta instancia, esto es, la inclusión de la bonificación por servicios dentro del IBL de la pensión reconocida a la demandada en su condición de ex funcionaria de la Rama Judicial, y así mismo, la posición de la jurisprudencia sobre el particular.

30. El Decreto No. 546 de 1971, en su artículo 6º estableció el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares, el cual expresó:

“Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

31. Ahora bien, mediante sentencia de 8 de junio de 2006, la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Tarsicio Cáceres Toro definió la forma como debe calcularse el ingreso base de liquidación, en el sentido de establecer que las prestaciones anuales se liquidarán por doceavas partes más no por el 100% del valor devengado, reiterando lo sostenido en el fallo de 28 de octubre de 1993, Magistrada Ponente Dolly Pedraza de Arenas, en el expediente 5244, sosteniéndose que:

“Conforme a la jurisprudencia y normatividad ya citadas, el funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que cumpla los requisitos del Art. 6º del Dcto. Ley 546/71 debe ser objeto del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta el salario más alto devengado en el último año, dentro del cual no sólo cabe el cómputo del salario básico sino los demás factores que haya percibido y tengan tal trascendencia, salvo los excluidos por mandato legal expreso.

Se precisa que se deben tener en cuenta los factores mensuales y también las no mensuales devengadas en el mes escogido que sean relevantes, sin que sea dable, por ejemplo, escoger el salario básico de un mes y otros factores de otro mes diferente. Además, cabe anotar que como quiera que ciertos conceptos se reconocen y pagan anualmente, para efectos de determinar la base de liquidación lo procedente es tomar las doceavas partes de éstos.” (Resaltado fuera de texto).

32. Así mismo, esta Sala en sentencia del 14 de agosto del 2009, en cuanto a la bonificación por servicios prestados, estableció:

“Respecto del factor de bonificación por servicios esta Sección ha indicado que la misma se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual”.

33. Finalmente, la Sala en sentencia del 23 de febrero de 2012, Radicado No. 1072-2011, con ponencia de la Doctora Bertha Lucia Ramirez de Páez, concluyó sobre la bonificación por servicios lo siguiente:

“(…)
La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales.
Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial.
El monto de la pensión de jubilación reconocida con el régimen especial de la Rama Judicial equivale al 75% de la asignación más alta devengada en el último año más todas las sumas que constituyan factor salarial como lo es la bonificación por servicios.
El régimen especial permite la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año pero ello no quiere decir que su inclusión sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en “mesadas”.
Una vez se determinan los factores salariales devengados en el último año se calcula el valor mensual de cada uno para así calcular el valor de la “mesada pensional”.
(…)”

34. Además, dicha sentencia reiteró que la inclusión de la bonificación por servicios en el IBL debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido, así:

“En esas condiciones, la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se hace de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de “todos los factores salariales devengados en el último año”.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que el cálculo realizado por Cajanal incluyendo una doceava parte de la bonificación por servicios se ajusta a lo dispuesto en el régimen especial de pensiones de la Rama Judicial y por tal razón la sentencia apelada que accedió a las súplicas debe ser revocada”. (Resaltado fuera del texto).

35. A idénticas conclusiones arribó la Corte Constitucional mediante la T-831 de 2012, la cual instó lo mencionado anteriormente así:

“En cuanto al valor de la bonificación -como factor salarial- a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de los servidores de la Rama Judicial o del Ministerio Público, a fin de calcular el valor de sus pensiones de jubilación, en reiteradas sentencias, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, han interpretado que debe ser la doceava parte de su valor, dado que, según la normativa aplicable, la bonificación se paga una vez al año y a condición de que el servidor complete un año trabajado”. (Resaltado fuera del texto).

36. También resulta útil estudiar lo consagrado en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, disponiendo que además de la asignación básica mensual fijada por ley para cada empleo existen otros factores de salario los cuales se mencionan a continuación:

“Artículo 12. De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

Los gastos de representación
La prima de antigüedad
El auxilio de transporte
La prima de capacitación
La prima ascensional
La prima semestral
Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

37. De acuerdo con lo anterior, es pacifica la jurisprudencia en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.

Caso concreto.

38. Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se acreditó que el accionado:

Nació el 20 de septiembre de 1942.

Por medio de la Resolución No. 55067 del 23 de octubre de 2006 CAJANAL, le reconoció la pensión con fundamento en el Decreto 546 de 1971 aplicando un 75% del promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años de servicio, entre el 1 de febrero de 1996 y el 30 de enero de 2006 y los factores de salario de asignación básica, prima especial, gastos de representación, bonificación por servicios prestados, prima de nivelación bonificación por compensación y bonificación por gestión judicial, en cuantía de $6.994.066,07. Adquiriendo el estatus el 20 de septiembre de 1997 y efectiva a partir del 1 de febrero de 2006. Decisión confirmada en vía gubernativa por medio del acto administrativo No. 53990 del 13 de noviembre de 2007.

Fue beneficiario del fallo proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto del 6 de junio de 2007 que le tuteló sus derechos fundamentales y ordeno a CAJANAL reconocer y pagar el 100% de la bonificación por servicios prestados en la reliquidación de su pensión.

Que se le reliquidó su pensión en cuantía de en cuantía de $8.160.000, en cumplimiento de la sentencia de tutela antes mencionada, a través la Resolución No. 17360 de 23 de abril de 2008, y nuevamente reliquidada en cuantía de $11.802.322,57 mediante la Resolución No. 40747 de 20 de agosto de 2008.

39. Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que de manera injustificada se ordenó la inclusión total de la bonificación por servicios prestados que había devengado el accionado, dentro de la asignación más alta percibida durante el último año de servicio, comprendiéndose así en parte de la base liquidatoria de la pensión que le fuere reconocida en virtud del régimen contenido en el Decreto 546 de 1971, cuando por la naturaleza y causación de tal factor, debió fraccionarse en una doceava parte.

40. Ello impone concluir, que se desconocieron los fundamentos normativos que rigen la determinación del IBL de la pensión reconocida al accionado, y los lineamientos jurisprudenciales dictados por esta Corporación en cuanto al cómputo de factores que se causan de manera anual.

41. Pues bien, conforme al análisis que hasta aquí ha hecho la Sala, se concluye al igual que el a quo, que es ilegal la decisión que reliquidó la pensión del accionado en cumplimiento de una orden de tutela, incluyendo en la base liquidatoria el 100% de la bonificación por servicios prestados efectivamente devengada durante el último año de servicio, debiendo dilucidarse si en consecuencia de la nulidad ya decretada por tal razón, procede el restablecimiento del derecho.

42. La consecuencia de la nulidad del acto particular, por regla general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca existió.

43. Sin embargo, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible.

44. Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, dispone que:
“La demanda deberá ser presentada:
En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
(…).” (negrillas y subrayas fuera de texto original).

45. Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.

46. Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio de la acción de tutela en defensa de un derecho fundamental, aun cuando para lo controversia estén previstos los mecanismos ordinarios, pues en todo caso, será el juez constitucional quien determine su procedencia, su idoneidad y la protección definitiva o transitoria de los derechos vulnerados.

47. Esta Corporación, ha sido de tal criterio, y lo ha explicado así:

“Es necesario precisar que en situaciones como las que ocupa la atención de la Sala, es carga de la administración cuando impugna su propio acto, y en tanto invoca como tema de la controversia un error que le es imputable, no solo demostrar el fenómeno de la ilegalidad dentro del que se contextualiza el error que hace anulable el acto, sino además la ausencia de la buena fe en el sujeto del derecho que a la sazón se beneficia del error; no cabe duda que le presunción constitucional del artículo 83 citada es de aquellas que la doctrina denomina iuris tantum, cuestión que evidencia la imposibilidad de su infirmación, claro siempre que milite la prueba o el argumento que de manera suficientemente explícita permita la convicción en torno a la ausencia de la buena fe de quien en su condición de titular del derecho establecido en el acto demandado concurre al plenario como parte pasiva de la acción.

En consecuencia para la prosperidad de la demanda, las cargas que sume la administración demandante no se agotan solo con la prueba de la ilegalidad del acto sino además en y en conjunto aquella que toca con los elementos que logren infirmar la presunción a que se refiere el artículo 83 Constitucional.”

48. Por lo anterior, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero perseguidas en esta demanda, la administración debe centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la ilegalidad de la reliquidación pensional ordenada por el juez de tutela, sino también, en acreditar que la obtención de tal derecho por parte de la accionada se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como hemos precisado son presumibles.

49. En otros términos, tratándose del ejercicio de la acción de lesividad contra actos que versan sobre prestaciones periódicas, no opera el consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la consecución del derecho inicialmente obtenido.

50. Esta carga, no fue debidamente asumida por la parte demandante, pues en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del accionado, por lo que es improcedente la recuperación de las sumas pagadas por virtud de acto acusado, así hubiere sido decretada su nulidad por desconocer los preceptos normativos a que debió sujetarse.

51. También es preciso señalar, que el ejercicio de la acción de tutela cuando el derecho pudo ejercitar la vía ordinaria, por sí solo no se constituye como una actuación malintencionada, temeraria o desprovista de licitud, ya que en tales casos, será el juez constitucional quien deba evaluar la procedencia de la tutela como mecanismo definitivo o transitorio, considerando su naturaleza residual; por lo que la Sala, no acoge el criterio de la demandante en el recurso de apelación para acceder a la pretensión de restablecimiento.

52. En consecuencia, la Sala encuentra que no se logró desvirtuar la presunción de buena fe que amparaba al señor Luis Eduardo Ortiz Riascos –demandado-, por ello, no hay lugar a ordenar la devolución de los dineros recibidos con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez mencionada, y en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “B” Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra Luis Eduardo Ortiz Riascos, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Por intermedio de la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen y déjense las constancias respectivas.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Según informe secretarial, ingreso al Despacho el 22 de julio de 2021, folio 284.
Ver folios 226 al 233.
Firmada por el gerente general de Cajanal.
Suscrita por el gerente general de Cajanal.
Ver folios 40 al 43.
Ver folios 44 al 47.
Ver folios 35 al 48 cuaderno 2.
Ver folios 48 al 50.
Ver folios 51 al 53.
Ver folios 54 al 55.
Ver folios 56 al 57.
Ver folios 58 al 60.
Ver folios 61 al 62.
Consejo de Estado, Sección Segunda Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación N° 050001-23-33-000-2012-00301.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez. Radicación N° 76001-23-33-000-2012-00543-01 (1410-17)
Artículo 43, Ley 1437 de 2011.
Artículo 75 CPACA.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, exp. 7875, C.P. Consuelo Sarriá Olcos, del 9 de agosto de 1991, exp. 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, exp. 6314 C.P. Juan Alberto Polo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Fecha 14 de febrero de 2013, Radicación 250002325000-2011-00245-01 (2634-11)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A” Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011) radicación número: 11001-03-15-000-2011-01385-00 actor: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - Eice en Liquidación Acción De Tutela.
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad. 25000-23-25-000-2005-03346-01(1508-08) de 14 de agosto de 2009.
Acogiendo la tesis, señalada en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 8 de febrero de 2007 Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-06486-01(1306-06), Ver también la sentencia de 6 de agosto de 2008, proferida por la Subsección B de esta Sección, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-12846-01(0640-08).
Porción de dinero u otra cosa que se da o paga todos los meses (Real Academia Española).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. Bertha Lucia Ramirez de Páez. Rad. 52001-23-31-000-2009-00288-01(1072-11) de 23 de febrero del 2012.
Corte Constitucional. T-831 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 22 de noviembre de 2012.
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones”.
En este sentido, recientemente la Sala en las sentencias del 2 de marzo de 2017, exp. 1170-2016 y 2407-2016, del 16 de marzo de 2017, exp. 0620-2016; y del 18 de mayo de 2017, exp. 4274-2016, todas con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.
Ver folios 40 al 43.
Ver folios 44 al 47.
Ver folios 35 al 48 cuaderno 2.
Ver folios 48 al 50.
Ver folios 51 al 53.
CPACA.
CCA
Sentencia del 20 de mayo de 2010, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente: 0807-2008

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