Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2015-00114-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2015-00114-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 52001-23-33-000-2015-00114-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de junio de 2023
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)
Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)
Demandante SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.
Demandado MUNICIPIO DE IPIALES
Tema Impuesto a los juegos de suerte y azar. Sanción por no
declarar. Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Segunda de Decisión, que dispuso1:
“PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N° 241 (sic), 242, 243, 244, 245 y
246 de 4 de agosto de 2014 y la Resolución N° 353 de 35 (sic) de octubre de 2014,
expedidas por la Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales, por medio de las cuales se tuvo
por no presentada la declaración de impuestos de juegos permitidos y se sancionó por no
declarar a Superservicios de Nariño S.A. por los años gravables 2009 a 2013 y se resolvió
el recurso de reconsideración presentado por la entidad demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, DECLARAR que Superservicios de Nariño S.A. no adeuda
suma alguna por concepto del impuesto de juegos permitidos al Municipio de Ipiales, ni la
sanción por no declarar señalada en los actos declarados nulos.
TERCERO.- Condenar en costas al Municipio de Ipiales - parte accionada en este asunto-,
al haber prosperado las pretensiones de la demanda, en favor de Superservicios de Nariño
S.A., cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en Código General del
Proceso, de conformidad con lo ordenado en esta providencia.
CUARTO.- Disponer que este fallo se cumpla dentro de los términos y formas establecidos en
el artículo 192 del C.P.A.C.A. Una vez ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento
Secretaría remitirá los oficios correspondientes de conformidad con el art. 192 del CPACA.
QUINTO.- Una vez en firme esta sentencia, por intermedio de Secretaría se expedirá copia
auténtica y se devolverá al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar para los
gastos ordinarios del proceso, si lo hubiere, dejándose constancia de dicha entrega.
Posteriormente, se archivará el expediente.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 23 de mayo de 2014, la Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales profirió el
Emplazamiento Previo Por No Declarar Nro. 001 2 , mediante el cual instó a la
sociedad Superservicios de Nariño S.A. a presentar la declaración de impuestos
“por concepto de boletas o tiquetes de apuestas en toda clase de juegos permitidos,
o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos correspondientes”, por los años
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
El 26 de junio de 2014, la sociedad dio respuesta al emplazamiento y solicitó la
revocatoria y archivo del proceso, peticiones que fueron denegadas mediante
Resolución Nro. 199 de 7 de julio de 2014.
1 Samai. Índice 2. PDF” ED_SENTENCIA_009SENTENCIA NroActua 2”. Página 31.
2 Se precisa que se expidió un documento por cada año gravable, aunque todos se identificaron como el Nro.
001.
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Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
El 4 de agosto de 2014, la entidad demandada tuvo por no presentadas las
declaraciones del impuesto a las apuestas y juegos permitidos por los años 2009 a
2013 e impuso sanción por no declarar, aunque no determinó su valor, mediante las
Resoluciones Nros. 242, 243, 244, 245 y 246.
El 14 de octubre de 2014, la actora interpuso recurso de reconsideración contra las
resoluciones sanción, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 353 de 24 de
octubre del mismo año, que confirmó las sanciones.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones3:
“1. Que se declaren nulas las Resoluciones Nos. 242, 243, 244, 245 y 246 de fecha Agosto
4 de 2014, expedidas por el Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Ipiales –
Nariño, en representación de la Administración Municipal de Ipiales (Nariño).
2. Que se declare nula la Resolución No. 353 de fecha octubre 24 de 2014 expedida por el
Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Ipiales - Nariño, proveniente del Recurso
de Reconsideración interpuesto contra las Resoluciones Nos. 242, 243, 244, 245 y 246
de fecha Agosto 4 de 2014, interpuesto el día 14 de octubre de 2.014.
3. Que el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño declare que la sociedad
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no está obligada a presentar declaración ni a
cancelar ningún impuesto municipal sobre los juegos permitidos e impuestos sobre
billetes, tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, previstos en el
arts. 12 de la Ley 69 de 1946; 3o literal c) (parcial) de la Ley 33 de 1968, 227 y 228 inciso
1o del Decreto 1333 de 1986 a favor de la Alcaldía Municipal de Ipiales – Nariño, teniendo
en cuenta que la entidad demandante incurrió en causales de nulidad consignadas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas
que se aplican a este caso en particular.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se manifieste por parte del
Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, que a la sociedad SUPERSERVICIOS DE
NARIÑO S.A. no se le puede imponer sanción alguna a través de las Resoluciones Nos.
242, 243, 244, 245 y 246 de fecha agosto 4 de 2014 expedidas por el Suscrito Secretario
de Hacienda Municipal de Ipiales – Nariño, en representación de la Administración
Municipal de Ipiales (Nariño).
5. Que en el evento en que el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño decida que se
encuentran vigentes los impuestos sobre los juegos permitidos e impuesto sobre billetes,
tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, previstos en los arts. 12
de la Ley 69 de 1946; 3o literal c) (parcial) de la Ley 33 de 1968, 227 y 228 inciso 1o del
Decreto 1333 de 1986, ordene a la Alcaldía Municipal de Ipiales que solamente pueden
ser los mismos objeto de cobro, mediante un Acuerdo del Concejo Municipal de Ipiales
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 643 de 2001, que desarrolle y
establezca el cobro de este impuesto de conformidad con los elementos estructurales
que le son aplicables.
6. Que se le dé cumplimiento de la sentencia en los términos y condiciones que señalan los
artículos 188, 189 y 196 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
7. Que se condene en costas a la parte demandada.”
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 95, 336, 338 y 363 de la
Constitución Política; 643 del Estatuto Tributario; 3 y 7 de la Ley 12 de 1932; 3 de
la Ley 33 de 1968; 6 de la Ley 1 de 1982; 66, 94, 95, 104, 227, 228 y 379 del Decreto
1333 de 1986 y 5, 9, 49 y 61 de la Ley 643 de 2001.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
3 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_001DEMANDAYANEXOS NroActua 2”. Páginas 2 a 3.
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Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
1. Violación de los artículos 95, 336 y 338 de la Constitución
Se refirió al artículo 95 de la Constitución y advirtió que las Resoluciones Sanción
242, 243, 244, 245 y 246 de 2014 no respetan el mandato legal de la Ley 643 de
2001, que prohíbe gravar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar.
Señaló que si el municipio de Ipiales pretende cobrar un impuesto en su favor debe
adoptar un acuerdo municipal haciendo uso de las normas nacionales.
Explicó el concepto del monopolio rentístico sobre la explotación de juegos de
suerte y azar en cabeza del Estado. Definió los conceptos de juegos de suerte y
azar, derechos de explotación y gastos de administración a partir la Ley 643 de 2001
para resaltar que los ingresos percibidos en la explotación de monopolios de juegos
de suerte y azar deben destinarse a proteger y apoyar el sector de la salud y que el
demandado pretende obtener recursos gravando el juego de chance para fines
distintos.
Transcribió el artículo 338 constitucional y apartes de la sentencia C-488 de 2000
de la Corte Constitucional, para insistir en que para imponer contribuciones fiscales
los municipios deben fijar los elementos del tributo a través de acuerdos y que en el
municipio de Ipiales no existe alguno vigente antes de la expedición de la Ley 643
de 2001.
2. Violación del objetivo de los recursos extraordinarios de la Ley 12 de
1932.
Adujo que la Ley 12 de 1932 autorizó al Gobierno Nacional para obtener recursos
extraordinarios hasta la cantidad de diez millones de pesos, bien como préstamo o
en forma de anticipo de rentas, y que el artículo 7 permitió la creación de
gravámenes a apuestas y juegos para atender el servicio de los bonos del
empréstito patriótico, los cuales debían desaparecer cuando se hubiere amortizado
el empréstito.
Comentó que, si se tiene en cuenta la finalidad de la Ley 12 de 1932 que buscaba
proteger las fronteras nacionales, han transcurrido ochenta años desde su sanción
y las circunstancias que ameritaron su expedición cambiaron, por lo que no se ha
instituido algún impuesto para defender las fronteras.
De allí que es ilegal cobrar tributos a las apuestas y juegos con fundamento en el
artículo 7 de la Ley 12 de 1932 pues dicho cobro debió sustentarse en un acuerdo
municipal vigente antes de la Ley 643 de 2001.
3. Violación e incumplimiento de la organización del recaudo de impuestos
de la Ley 33 de 1968.
Relató que la Ley 33 de 1968 se expidió para fortalecer los fiscos municipales y que,
desde enero de 1969, se entregó propiedad exclusiva a estos de los impuestos
causados en sus jurisdicciones, como el de billetes, tiquetes y boletas de rifas y
apuestas. Indicó que, en este caso se extrañan las bases normativas adecuadas
por cuanto el Municipio de Ipiales no había adoptado el cobro del tributo mediante
acuerdo municipal, por lo cual no podía ser sujeto activo del impuesto a juegos de
suerte y azar.
4. Violación de la Ley 1 de 1982
Precisó que el artículo 6 de la Ley 1 de 1982 prohibió establecer impuestos directos
o indirectos sobre juegos de apuestas permanentes, sobre lo cual citó la sentencia
C-521 de 1997 de la Corte Constitucional, por lo que concluyó que el municipio
demandado desbordó sus competencias en violación a dicha disposición.
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Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
5. Violación al Decreto 1333 de 1986
Hizo alusión a las atribuciones de los concejos municipales, dentro de las cuales
figura la reglamentación del recaudo tributario y el trámite para la aprobación de los
acuerdos municipales. Sostuvo que el artículo 228 del Decreto 1333 de 1986
declara la propiedad exclusiva en cabeza de los municipios de los impuestos sobre
billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, con las tarifas y sobre las bases
normativas en vigencia, por lo que no se puede omitir el procedimiento para cobrar
un tributo no consignado en un acuerdo municipal ni autorizado por la ley y que, de
haberlo estado, fue modificado o suprimido por una nueva ley.
6. Violación a la Ley 643 de 2001
Manifestó que la vigilancia de la explotación de monopolios rentísticos de los juegos
de suerte y azar está en cabeza de la Superintendencia de Salud y no en los
municipios, pues los recursos se destinan única y exclusivamente al área de la
salud.
Resaltó que la Ley 643 de 2001 establece un pago de los concesionarios del juego
de apuestas permanentes o chance a la entidad concedente a título de derechos de
explotación del 12% de los ingresos brutos, sobre lo cual transcribió apartes de la
cartilla sobre explotación del juego de apuestas permanentes o chance de 2014
publicada por la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República.
Destacó que el artículo 49 de la Ley 643 de 2001 prohíbe gravar el monopolio de
juegos de suerte y azar por parte de los municipios pues en ellos no se delega la
función de inspección, vigilancia y control, y que el artículo 61 ibidem derogó los
artículos 7 y 12 de las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, respectivamente.
En apoyo de sus argumentos, se refirió a las Sentencias C-537 y C-253 de 1995
sobre el principio de legalidad tributaria en los tributos territoriales y, en particular,
en el impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y su
temporalidad, para concluir que dicho tributo debía destinarse a la salud o a los
gastos de las entidades de salud y que a los concejos les correspondía su
regulación.
Comentó las Sentencias C-584 y C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional que
indicaron que las Leyes 33 de 1968 y 69 de 1946 y el Decreto 1333 de 1986 estaban
derogadas y que los entes territoriales gozan de facultad tributaria derivada,
supeditada a la Constitución y la ley. Agregó que la amplia facultad de regulación
de los entes territoriales ha dado lugar a un doble gravamen de las apuestas
permanentes de chance, rebasando su facultad de imposición y violando los
principios de equidad y justicia tributaria.
Invocó el boletín de la Dirección General de Apoyo Fiscal de septiembre de 2009
para insistir en que los impuestos del Decreto Ley 1333 de 1986 debían adoptarse
por la entidad territorial antes de que se expidiera la Ley 643 de 2001. Mencionó
que el pago de un impuesto no adoptado a través de acuerdo carecería de
motivación y enriquecería sin causa al Estado. Se refirió al Oficio Nro. 2-2013-
021671 del 2013 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en sentido semejante.
7. Violación al principio fundamental de igualdad y legalidad
Explicó que se violó el principio de igualdad por cuanto la sociedad recibió un trato
discriminatorio y se encuentra en una situación de inferioridad frente al municipio.
Agregó que el tributo es ilegal por cuanto hay una doble tributación al gravar el juego
de apuestas permanentes con un impuesto al 10% y los derechos de explotación
del monopolio.
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8. Sanción indeterminada
Estimó que no se dieron los elementos para imponer las sanciones propuestas en
los actos y que el municipio lo hace de manera abierta, amplia e indeterminable,
violando el artículo 643 del Estatuto Tributario.
Oposición de la demanda
El Municipio de Ipiales controvirtió las pretensiones de la actora argumentando lo
siguiente4:
Preliminarmente, señaló que el Consejo de Estado5 ha expresado que la Ley 643
de 2001 no derogó el impuesto a los juegos de suerte y azar y ha diferenciado entre
los derechos de explotación del monopolio dirigidos al sector salud y el impuesto.
Citó las sentencias C-587 de 1995, C-332 de 2010 y C-169 de 2004 de la Corte
Constitucional para advertir que la Ley 643 de 2001 es ordinaria y no posee la fuerza
derogatoria atribuida por la demandante. Anotó que la actora omitió importantes
fuentes jurisprudenciales y que los conceptos de la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no son vinculantes.
Sobre la violación del artículo 95 de la Constitución, explicó que el Municipio de
Ipiales no gravó los juegos de suerte y azar a que se refiere la Ley 643 de 2001,
sino que lo hizo el Congreso de la República, por lo cual el demandado solo ha
cumplido con el mandato legal de cobrar un impuesto creado por el legislador que
proviene desde 1932. Al respecto citó las sentencias C-521 de 1997 y C-1191 de
2001 de la Corte Constitucional.
Precisó que el artículo 49 de la Ley 643 de 2001 no derogó ni expresa ni tácitamente
el régimen tributario vigente al momento de su expedición6 y que, según la Corte
Constitucional, dicha ley es ordinaria sin superioridad respecto de las demás leyes.
Frente a la ausencia de acuerdo municipal mediante el cual se adopta el impuesto,
indicó que este solo es necesario cuando la ley no ha regulado el tributo, sobre lo
que se refirió a la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional. Por esto, si
la ley reguló los elementos del tributo, no se hace necesario la expedición del
Acuerdo. Advirtió que el Consejo de Estado7 señaló que los acuerdos municipales
no pueden modificar lo consagrado por el legislador nacional, de lo cual concluyó
que hay una identidad de criterios entre las Cortes.
Resaltó que la existencia del Acuerdo Municipal contentivo de los elementos del
tributo es residual o supletoria y no imperativa, pues estos se encuentran en leyes
de los años 1932, 1946 y 1968.
Sobre la violación del artículo 336 de la Constitución Política, estimó que la
demandante confundió los derechos de explotación destinados al sector salud que
se causan por la concesión y operación de juegos de suerte y azar que se entregó
a la sociedad para explotar la venta de chance y el impuesto a las apuestas y juegos,
que son obligaciones independientes que coexisten como deberes para el sujeto
pasivo.
Dijo que, para efectos del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
derechos de explotación y gastos de administración, el Estado autorizó a los entes
4 Samai. Índice 2. PDF “ED_CONTESTACI_003CONTESTACIONYA NroActua 2”.
5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo
Giraldo y del 26 de septiembre de 2002, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio.
6 Sobre el tema, además de las providencias antes referidas, citó la sentencia del Consejo de Estado del 14
de octubre de 2004, exp. 13830, C.P. Juan Ángel Palacio.
7 Citó en apoyo las sentencias del 31 de mayo de 2012, exp. 18350, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
y del 16 de agosto de 2022, exp. 12230, C.P. Germán Ayala Mantilla.
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Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
territoriales para contratar concesiones, en el caso concreto con la demandante.
Manifestó que, a partir de las sentencias C-587 de 1995 y C-332 de 2010 de la Corte
Constitucional, los valores destinados al sector salud en el marco del contrato de
concesión son independientes del tributo pagadero con ocasión de las ventas brutas
de chance.
En cuanto a la violación del artículo 338 constitucional, se remitió a los
argumentos frente al cargo de nulidad relacionado con la necesidad del acuerdo
municipal para regular el impuesto, agregando que no existe norma que lo exija y
que los elementos del tributo existen antes de la Ley 643 de 2001.
Respecto al objetivo del legislador en la creación del impuesto, comentó que el
artículo 7 de la Ley 12 de 1932 contempló un listado de impuestos para atender los
gastos de la guerra librada en dicha época contra el Perú, los cuales tenían carácter
transitorio y destinación específica. No obstante, en el artículo 12 de la Ley 69 de
1946, el legislador restableció el impuesto a los juegos de suerte y azar, sin
destinación específica, con carácter permanente y cuyo sujeto activo era la Nación,
el cual fue posteriormente cedido a los municipios mediante la Ley 33 de 1968.
Sostuvo que los objetivos inicialmente previstos en la creación del impuesto
desaparecieron con el restablecimiento de este en 1946, sin destinación específica.
En lo que refiere a la inexistencia de Acuerdo Municipal antes de la Ley 643 de
2001, se remitió al argumento de la naturaleza supletoria de los acuerdos. Sobre la
violación a la organización del recaudo de los impuestos de la Ley 33 de 1968,
también reiteró los argumentos expuestos en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración.
Con respecto a la violación de la Ley 1 de 1982, replicó los argumentos de la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de que dicha ley
sí consagra una prohibición para crear impuestos a las apuestas permanentes en el
orden territorial, que no en el nacional. Precisó que el impuesto cobrado no fue
creado por la administración municipal actual, ni las anteriores, sino por el Congreso
de la República, por lo cual su origen es nacional con beneficio municipal. Mencionó
que la Corte Constitucional aclaró que la Ley 1 de 1982 no desnaturalizaba ni
derogaba la normatividad vigente en favor de los municipios en la Sentencia C-177
de 1996. Frente a la violación del Decreto 1333 de 1986, insistió en la exposición
sobre el rol supletorio de los acuerdos municipales.
Respecto a la violación de la Ley 643 de 2001, adujo que el impuesto a los juegos
de suerte y azar inicialmente no tuvo destinación exclusiva a los servicios de salud,
lo cual solo ocurrió hasta la Ley 69 de 1946. Aclaró que los valores destinados al
sector salud corresponden a los derechos de explotación en el marco del contrato
de concesión, concepto diferente al del impuesto, según jurisprudencia transcrita
previamente. Concluyó que no existe doble tributación para el contribuyente cuando
se reclama el pago del impuesto, pues una cosa son los derechos de explotación y
otra los impuestos y que, frente a la ausencia de acuerdo, mantenía los argumentos
expuestos previamente.
Puntualizó, con relación a la sentencia C-584 de 2001, que posteriormente la
Corte emitió pronunciamientos, como la sentencia C-1191 de 2001, en donde reiteró
que existen gravámenes a las actividades de juegos de suerte y azar por normas
de vieja data vigentes que fueron declaradas exequibles y que lo que pretende la
Ley 643 de 2001 es que no se creen impuestos nuevos a los existentes antes de su
promulgación. Insistió en que el impuesto sobre apuestas y juegos permitidos no
fue derogado.
Anotó que no existe una doble tributación, pues insistió en que una cosa son los
derechos de explotación de la concesión y otra el impuesto a los juegos de suerte y
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Demandante: Superservicios de Nariño S.A.
azar. Con relación a los conceptos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
advirtió que no son vinculantes y que las posiciones de las Cortes son contrarias a
estos.
Acerca de la prohibición de gravar el juego de apuestas permanentes con
impuestos territoriales, comentó que en la Ley 12 de 1932, el legislador hizo una
descripción abstracta y general de juegos y apuestas que existieran o pudiesen
existir hacia el futuro y que el chance es una apuesta permanente y un juego de
azar gravado. Añadió que la prohibición para gravar juegos de apuestas es territorial
y no nacional, de allí que el impuesto cobrado es del orden nacional, aun cuando
beneficie al municipio, por lo cual el demandado no violó la ley.
En lo concerniente a los principios de igualdad y legalidad, afirmó que no fueron
violados por el municipio por cuanto dio cumplimiento al artículo 315 constitucional,
las Leyes 136 de 1994, 69 de 1946, 33 de 1968, el Decreto 1333 de 1986 y demás
normas concordantes, los precedentes jurisprudenciales, y que la demandante no
se encuentra en situación de inferioridad y desigualdad. Recalcó que no existe una
doble tributación pues, además, las rentas de monopolios son no tributarias.
Sobre la indeterminación de la sanción, manifestó que el municipio ha respetado
las normas del debido proceso y que la cuantificación de la sanción puede llevarse
a cabo en el momento procesal posterior a la resolución sanción, en el marco de la
determinación oficial del tributo, de suerte que la demandante confunde dicho
procedimiento con el sancionatorio 8 . Relató que el municipio formuló
emplazamientos previos por no declarar, que fueron respondidos por la actora y,
posteriormente, impuso sanción por no declarar, sin que las normas exijan una
liquidación previa o en firme para cuantificar la deuda del contribuyente, lo cual se
predica del procedimiento de determinación.9
Diferenció entre el impuesto y la obligación tributaria, acepción última que incluye
sanciones, intereses y agravantes o atenuantes y afirmó que, si para cuando se
produce la resolución sanción, no se conocen las ventas brutas del contribuyente,
la administración debe anunciar la multa sobre la base de la renuencia de este a
declarar y pagar el impuesto, con valores determinables con la liquidación oficial de
aforo, pues en la determinación oficial se materializan las cifras de la obligación.
Explicó que como el municipio no conocía el valor de las ventas, anunció la sanción
con base en lo preceptuado en la Ley.
Hizo una relación de las actuaciones adelantadas por la Administración y se refirió
a la sentencia C-485 de 2003 de la Corte Constitucional para sostener que la
sanción por no declarar se puede imponer en la liquidación oficial de aforo y no es
imperativo hacerlo en la resolución sanción debido a la redacción de la norma.
Comentó que no pudo establecerse el valor de las ventas brutas debido a que la
demandante no remitió la información solicitada por la incapacidad de su contadora,
y, finalmente, aportó cifras de ventas de orden departamental que no interesan a la
administración.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, declaró la nulidad
de los actos acusados10, con fundamento en los siguientes planteamientos:
Explicó el contenido, alcance y características del principio de legalidad en materia
tributaria, con base en las Sentencias C-891 de 2012 y C-822 de 2011 de la Corte
8 Trajo a colación la sentencia del 15 de noviembre de 2007, exp. 15015, C.P. Héctor Romero Díaz del
Consejo de Estado.
9 Citó en apoyo la sentencia del 28 de enero de 2010, exp. 17209, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
del Consejo de Estado.
10 Samai. Índice 2. PDF “ED_SENTENCIA_009SENTENCIA NroActua 2”.
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Constitucional para indicar que, en los tributos del orden territorial, el Congreso
puede crearlos o autorizarlos, señalando sus elementos, fijando algunos para que
los demás sean complementados por las asambleas y concejos, o permitiendo la
fijación de los elementos del tributo creado por el legislador.
Frente al impuesto de juegos permitidos, trajo a colación la sentencia del 30 de
agosto de 2016 (exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia) del Consejo
de Estado que relató la evolución normativa del tributo en las Leyes 12 de 1932, 69
de 1946, 33 de 1968 y el Decreto Ley 1333 de 1986 y avaló la concurrencia entre
los derechos de monopolio como arbitrio rentístico y el impuesto de juegos
permitidos. Citó los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001 y transcribió las
consideraciones de la sentencia sobre estos.
Reseñó las actuaciones del procedimiento administrativo y los argumentos
plasmados por las partes en ellas y manifestó que las normas en las que se sustentó
el cobro del impuesto de juegos, esto es las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el
Decreto 1333 de 1986, fueron derogadas con la entrada en vigencia de la Ley 643
de 2001, como interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia C-584 de 2001,
por lo cual el cobro carecía de fundamento. Comentó que el municipio interpretó
erradamente la sentencia C-1191 de 2001 que se refirió a la posibilidad de los entes
territoriales de gravar los juegos de suerte y azar y sus exenciones.
Agregó que la sentencia C-537 de 1995 anotó la compatibilidad entre el concepto
de monopolio de juegos de suerte y azar y la facultad impositiva de los municipios
respecto de estos, con base en el marco normativo de las Leyes 69 de 1946, 33 de
1968 y el Decreto 1333 de 1986, sin que por ello se entienda que dichas normas
hayan recobrado vigencia.
Precisó que hacer efectivo el cobro del impuesto violaría el principio de legalidad en
materia tributaria ante la carencia de normas vigentes o acuerdos municipales
consagrando el tributo. Añadió que la sentencia del 11 de agosto de 2011 (Exp.
17785, C.P. William Giraldo Giraldo) del Consejo de Estado analizó un caso
diferente sobre las rifas promocionales en Bogotá, que están excluidas de la
definición de juegos de suerte y azar en virtud de la Ley 643 de 2001, por lo cual se
vio viable su gravamen, lo cual no implica que las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946
estén vigentes, caso distinto al presente, relacionado con el juego de apuestas
permanentes que sí se incluye en la definición de juegos de suerte y azar.
Comentó que la Corte Constitucional se inhibió de decidir sobre la constitucionalidad
del artículo 7 de la Ley 12 de 1932 pues esta dejó de producir efectos. Concluyó
que la demandante no adeudaba impuesto ni sanción alguna.
Se refirió a los conceptos de costas y agencias en derecho y afirmó que basta con
que una parte resulte vencida para condenarla y que la tasación de agencias en
derecho corresponde al juez de primera instancia mediante auto. A partir de lo
anterior, condenó en costas a la demandada.
Recurso de apelación
El demandado recurrió la sentencia de primera instancia 11 , con base en los
siguientes argumentos:
Indicó que, a partir del Concepto Nro. 495 del 30 de marzo de 1993 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el impuesto de juegos de suerte y
azar cedido a los municipios se encuentra vigente, postura reiterada por la
Sentencia C-521 de 1997 de la Corte Constitucional y también por la sentencia del
11 de agosto de 2011 (Exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo).
11 Samai. Índice 2. PDF “ED_RECURSOAP_011APELACIONSENTEN NroActua 2”.
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A partir de los artículos 4 y 6 de la Ley 1 de 1982, sostuvo que los entes territoriales
se quedaron sin instrumentos para reglamentar el impuesto sobre apuestas y juegos
de azar, considerando la prohibición de gravarlos, hecho que repercute en que el
mismo legislador lo regulara en las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946. Advirtió que el
artículo 49 de la Ley 643 de 2001 no otorga la posibilidad de evadir la declaración y
pago del impuesto.
Acotó que las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946 y 1 de 1982 no fueron declaradas
inexequibles, se encuentran vigentes y que la condición de la inexistencia del
acuerdo municipal se encuentra suplido por disposición directa de la ley12. Recalcó
que no existe doble tributación pues una cosa son los derechos de explotación del
monopolio y otra el impuesto a los juegos de suerte y azar y que el contribuyente
está obligado a liquidar el tributo con fundamento en las facturas expedidas por el
mismo al realizar el juego.
Cuestionó que el a quo concluyera que las disposiciones anteriores a la Ley 643 de
2001 estaban derogadas tácitamente con fundamento en la Sentencia C-584 de
2001 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la Sentencia C-1191 del
mismo año, pronunciamiento posterior, indicó que la actividad de juegos de suerte
y azar estaba gravada con normas de vieja data y que lo que pretendía la Ley 643
era que no se crearan nuevos impuestos, lo cual descarta esa derogatoria tácita de
leyes anteriores.
Oposición al recurso
La demandante guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto 13 y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al estimar que las normas que
soportaron el cobro del impuesto, esto es, las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968, y el
Decreto 1333 de 1986, se derogaron con la entrada en vigor de la Ley 643 de 2001,
sin que exista acuerdo municipal que consagre el tributo. Consideró que se vulneró
el principio de certeza tributaria por cuanto no estaban definidos los elementos del
tributo, en contravía de la seguridad jurídica.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala juzgar la legalidad de las resoluciones expedidas por el
Municipio de Ipiales, mediante las cuales se impuso a la sociedad Superservicios
de Nariño S.A. la sanción por no declarar el impuesto a las apuestas y juegos
permitidos por los años 2009 a 2013 y su confirmatoria.
En los términos del recurso de apelación, corresponde determinar si las normas que
regulan el impuesto a las apuestas y juegos permitidos están derogadas,
concretamente las relacionadas con los artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de la
Ley 69 de 1946, 3 (literal c) de la Ley 33 de 1968 y, 227 y 228 del Decreto 1333 de
1986.
Para resolver, la Sala se remite al criterio expuesto en la sentencia del 19 de mayo
de 2022 (exp. 25763, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
En dicha providencia se puso de presente que el artículo 7 de la Ley 12 de 1932
creó el impuesto de juegos permitidos, en los siguientes términos:
12 Citó las sentencias del 26 de septiembre e 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 12 de abril del
2007, C.P. María Inés Barbosa Ortiz del Consejo de Estado.
13 Samai. Índice 23. PDF “MemorialWebJDV_35CONCEPTO_2015 0011401(.pdf) NroActua 23”.
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“Artículo 7°. Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que
emita el Gobierno establécese los siguientes gravámenes:
(…)
2. Un impuesto del cinco por ciento (5 por 100) sobre el valor de los billetes de rifas y del
diez por ciento (10 por 100) del valor de los billetes de lotería que componen cada sorteo.
(…)”
Si bien, este impuesto fue consagrado con carácter temporal, cuya finalidad era
arbitrar recursos para la guerra con el Perú, el mismo fue restablecido por la Ley 69
de 1946, en su artículo 12, así:
“ARTICULO 12 Restablécese el impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1°
del articulo 7° de la Ley 12 de 1932.”
Tras lo anterior, este impuesto fue entregado a los municipios y al Distrito Especial
de Bogotá́ , mediante el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, en la forma como sigue:
“Artículo 3. A partir del 1º. de enero de 1969 serán propiedad exclusiva de los Municipios y
del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas
jurisdicciones:
(…)
c) El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas,
a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y demás disposiciones
complementarias.”
Luego, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), estableció en
su artículo 227 que el impuesto se encontraba vigente de conformidad con la Ley
69 de 1946 y el artículo 228 señaló que el impuesto era de propiedad exclusiva de
los municipios y del Distrito Especial de Bogotá́ .
Sin embargo, conforme con pronunciamientos de la Corte Constitucional todas
estas disposiciones perdieron vigencia, lo que resulta muy relevante en el caso
concreto. La primera de ellas, artículo 7 de la Ley 12 de 1932, por haberse
establecido con carácter transitorio (C-521 de 1997), y los otros preceptos en virtud
de la expedición de la Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar” (C-584 de 2001).
Esto último fue concluido dentro del juicio de constitucionalidad que se adelantaba
contra tales disposiciones, en el que la Corte se declaró inhibida justamente por
considerar que las mismas habían quedado derogadas por la Ley 643 de 2001,
veamos los apartes pertinentes de la sentencia C-584 de 2001:
“3. Derogatoria del gravamen al que refieren las normas enjuiciadas
Antes de entrar en el análisis de fondo sobre las normas acusadas corresponde a la
Corte examinar si procede o no el juicio de constitucionalidad, toda vez que se
habría producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000.
En efecto, estando en curso el trámite del presente proceso y después de haberse
proferido el auto admisorio de la demanda se expidió la Ley 643 de 2000 (sic) “por la cual
se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
3.1. Sobre el particular advierte la Corporación que la referida ley, en el capítulo X denominado
“Régimen Tributario”, artículo 49, señala:
“Prohibición de Gravar el Monopolio. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la
presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con
impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la
presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de
que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA.”
(Subraya y destaca la Corte)
(…)
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Así mismo, el artículo 61 de la ley en comento en cuanto a la vigencia de ésta y derogatorias
dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (Subraya la Corte)”
Así las cosas, no cabe duda sobre la derogatoria de las disposiciones acusadas, toda
vez que el régimen tributario y los aspectos relacionados con la explotación,
organización y administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar,
entre los cuales se cuentan las apuestas hechas en máquinas electrónicas tragamonedas -
MET- y bingos, son materias reguladas íntegramente en la Ley 643 de 2001, por lo que de
conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, carecería de objeto realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las normas demandadas, en tanto éstas han desaparecido
del ordenamiento jurídico.” (énfasis y subrayado de la Sala).
A más de lo señalado por la Corte, debe tenerse en cuenta que la citada Ley 643,
estableció en su artículo 1º, el monopolio rentístico, que se concreta en la facultad
exclusiva del Estado para explotar, administrar, operar, controlar y fiscalizar, todas
las modalidades de juegos de suerte y azar, cuyo alcance en los términos de la Ley
es el siguiente:
“ARTICULO 5o. DEFINICIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de la
presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador,
realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad
de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si
acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar
determinado por la suerte, el azar o la casualidad.”.
Estos juegos de suerte y azar pueden revestir las siguientes modalidades:
ARTÍCULO 11. LOTERIA TRADICIONAL. Es una modalidad de juego de suerte y azar
realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación numérica
y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente
en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones
preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo público
efectuado por la entidad gestora.
(…)
ARTICULO 21. APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera
que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio
mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo
con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
(…)
ARTÍCULO 27. RIFAS. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en
una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.
(…)
ARTÍCULO 31. JUEGOS PROMOCIONALES. Son las modalidades de juegos de suerte y
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que
para acceder al juego se pague directamente.
(…)
ARTÍCULO 32. JUEGOS LOCALIZADOS. Son modalidades de juegos de suerte y azar que
operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales
asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.
Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de
distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos
establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras
actividades comerciales o de servicios”.
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La ley determinó como titulares de esas rentas a los departamentos, el Distrito
Capital y los municipios, salvo por los recursos destinados a la investigación en
áreas de la salud que pertenecen a la Nación (artículo 2º.). En esa medida, las
señaladas entidades territoriales perciben rentas por la explotación de todas las
modalidades de juegos de suerte y azar.
Tal como lo destacó la Corte, en el artículo 49, la ley expresamente prohibió que los
juegos de suerte y azar fueran gravados por las entidades territoriales con tributos
“distintos” a los establecidos en la Ley 643 de 2001, la cual solo autorizó en su artículo
48 un impuesto sobre las loterías foráneas, así:
ARTÍCULO 48. IMPUESTOS DE LOTERIAS FORANEAS Y SOBRE PREMIOS DE LOTERIA.
La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito Capital, genera
a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores autorizados un impuesto
del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se venda en
cada una de las respectivas jurisdicciones.
Visto esto en contexto, resulta claro que a excepción de este impuesto sobre las
loterías foráneas (autorizado por la propia ley para los departamentos y el Distrito
Capital), los departamentos, municipios y distritos, tienen prohibido gravar los
juegos de suerte y azar.
Establecido lo anterior, se hace menester retomar el tema de la derogatoria de tales
disposiciones para destacar que esta Corporación se pronunció en tal sentido
mediante sentencia del 30 de agosto de 201614, oportunidad en la cual se dijo:
“Así pues, de lo anterior se deriva que con la expedición de la Ley 643 de 2001 se entienden
derogadas las normas que establecían el impuesto de juegos permitidos que recaía sobre el
valor de las boletas o tiquetes de apuesta de toda clase de juegos permitidos y que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 ibidem, la potestad tributaria de los municipios frente a la
explotación de juegos de suerte y azar se restringe a los impuestos previstos en la misma ley,
sin que de su articulado pueda establecerse que el legislador haya autorizado la imposición
de gravámenes como el de industria y comercio, sin perjuicio de que el legislador autorice la
imposición de tributos a actividades relacionadas con el monopolio, como de hecho ocurrió
con el artículo 62 de la Ley 863 de 2003.”
Si bien, en tal oportunidad se analizó el impuesto de industria y comercio establecido
sobre los juegos de suerte y azar, resulta aplicable el análisis allí desarrollado
respecto a la derogatoria de las normas que establecían el impuesto en cuestión.
Súmese a lo anterior la expresa ratificación de la derogatoria de las disposiciones
que establecían el “impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de
las mismas”, que fue efectuada por la Ley 1819 de 2016, a la cual alude el Tribunal.
Si bien se trata de un precepto posterior a la época de los hechos, presenta especial
relevancia, habida cuenta de que la derogatoria no fue dispuesta como un hecho
nuevo, sino que “ratificó” la derogatoria, lo que significa el reconocimiento de que, a
la fecha de expedición de la ley, esto ya había ocurrido. A continuación, el texto del
artículo 376 de la Ley 1819 de 2016:
“ARTÍCULO 376. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación,
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:
(…)
11. Se ratifica de manera expresa la derogatoria del impuesto contenido en las
siguientes disposiciones: el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo 12
de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, y los artículos 227 y
228 del Decreto-ley 1333 de 1986. (énfasis de la Sala)”
A partir de lo anterior, y frente a los argumentos de la apelante sobre la aplicación
del Concepto Nro. 495 de 1993 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp.21834, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
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de Estado y la Sentencia C-521 de 1997 de la Corte Constitucional que consideran
que el impuesto se encuentra aún vigente, se advierte que dichos pronunciamientos
son anteriores a la expedición de la Ley 643 de 2001, por lo cual no pueden servir
de fundamento para justificar la vigencia del impuesto.
Ahora bien, frente a la aplicación de la Sentencia C-1191 de 2001 de la Corte
Constitucional, se evidencia que en dicho pronunciamiento el Alto Tribunal examinó
la constitucionalidad de diversos apartes de la Ley 643 de 2001, frente a la
autonomía política y financiera de las entidades territoriales en los monopolios de
juegos de suerte y azar, sin que se hubiese efectuado un análisis pormenorizado de
la vigencia de las normas del impuesto a los juegos de suerte y azar, como en la
Sentencia C-584 de 2001, por lo cual esta última es plenamente pertinente para el
análisis.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que la entidad demandada, sustentó en
los siguientes preceptos, los actos demandados que fueron expedidos en el año
2014:
“Que el impuesto a las apuestas y juegos permitidos, es procedente y susceptible de cobro,
según lo previsto en el artículo 12 de la ley 69 de 1.946, el literal C del artículo 3 de la ley 33
de 1968, artículo 60 de la ley 643 de 2001, decreto 1333 de 1986 en sus artículos 227 y 228
y demás normas concordantes (…)”15.
Con lo anterior, se pone de presente que, al igual que como ocurrió en la sentencia
del 19 de mayo de 2022, las disposiciones que constituyen el fundamento de los
actos impugnados, salvo por el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, son las mismas
que la Corte y esta Corporación señalaron como derogadas por la citada Ley 643,
derogatoria que por demás fue ratificada por la Ley 1819 de 2016, lo que resulta
suficiente para no dar prosperidad a la apelación, en tanto al haber sido derogadas
las disposiciones resultaban inaplicables a partir de la vigencia de la ley expedida el
16 de enero de 2001. En ese sentido, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente
a los demás cargos de apelación, relacionados con la necesidad de la expedición
previa de un acuerdo que regule el tributo.
Por lo expuesto, no prospera la apelación.
Se destaca que la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre la condena en
costas en primera instancia porque no fue objeto de apelación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso. Además, no se
condenará en costas en esta instancia por cuanto, conforme a lo previsto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o
justifiquen.
Finalmente, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño, en la
sentencia apelada, declaró la nulidad de la Resolución Nro. 241 del 4 de agosto de
2014. No obstante, dicho acto administrativo no obra en el expediente ni fue
pretendida su nulidad. Así mismo, se observa que en la parte resolutiva de la
providencia impugnada se indicó que se declaraba la nulidad de la Resolución Nro.
353 del «35 (sic) de octubre de 2014», a pesar de que dicho acto fue realmente proferido
el 24 de octubre de 2014.
Debido a lo anterior, en virtud del principio de justicia rogada y con el fin de que la
decisión judicial sea coherente, elemento esencial para la legitimidad de la
administración de justicia, la Sala modificará el ordinal primero de la sentencia del
15 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_001DEMANDAYANEXOS NroActua 2”. Páginas 116, 119, 122, 125
y 128.
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19 de febrero de 2020 para precisar que los actos anulados son las Resoluciones
Nro. 242, 243, 244, 245 y 246 del 4 de agosto de 2014, así como la Resolución Nro.
353 del 24 de octubre del mismo año.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal primero de la sentencia del 19 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión,
el cual quedará así:
“PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N° 242, 243, 244, 245 y 246 de
4 de agosto de 2014 y la Resolución N° 353 de 24 de octubre de 2014, expedidas por la
Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales, por medio de las cuales se tuvo por no
presentada la declaración de impuestos de juegos permitidos y se sancionó por no declarar a
Superservicios de Nariño S.A. por los años gravables 2009 a 2013 y se resolvió el recurso
de reconsideración presentado por la entidad demandante, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia”.
2. Confirmar en lo demás la providencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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