Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00588-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00588-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00588-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
Temas: Incorporación al servicio público
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 15 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor José Antonio Rodríguez Sánchez,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se anule el Oficio
2640 del 8 de enero de 2015, proferido por la coordinadora de Talento Humano
del INCODER, que negó la incorporación del actor a la planta de personal de esa
1 Folios 91 a 113.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
entidad.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
demandante solicitó condenar al INCODER a lo siguiente: i) disponer la
incorporación al empleo de conductor mecánico, código 4103, grado 19, que venía
desempeñando antes de ser suprimido o a otro equivalente; ii) efectuar la
inscripción en el escalafón de carrera administrativa; iii) pagar los emolumentos
dejados de percibir desde el 30 de diciembre de 2007, aportes al sistema de
seguridad social y las diferencias causadas respecto de los tiempos en que estuvo
vinculado por órdenes de prestación de servicios, todo ello hasta el momento en
que sea reincorporado en las condiciones que ostentaba antes de la mencionada
fecha; iv) declarar que no hubo solución de continuidad en la relación laboral para
todos los efectos legales; v) cumplir la providencia del 18 de septiembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, que anuló la Resolución 3707 del 27 de
diciembre de 2007; vi) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 178
del CCA [sic]; vii) dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso en los
términos artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:2
i) El 16 de julio de 1984, el actor se posesionó como chofer mecánico 06 del
INCORA,3 cargo para el cual fue nombrado por Resolución 03012 de 1984.
Posteriormente, en el año 1988, fue inscrito en el escalafón de carrera
administrativa.
ii) Por Resolución 2639 del 3 de febrero de 1992, se actualizó la mencionada
inscripción en el cargo de conductor mecánico, código 6010, grado 08.
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación y por tal motivo serán resumidos en dicho acápite.
3 Instituto Nacional para la Reforma Agraria.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
iii) Mediante la Resolución 10085 del 11 de agosto de 1994, el accionante fue
incorporado al INCORA como conductor mecánico, código 5310, grado 11 y luego
fue ascendido al grado 13 hasta la fecha en que se liquidó dicha entidad, conforme
al Decreto 2160 del 28 de julio de 2003.
iv) Por Resolución 0284 del 11 de agosto de 2003, el señor José Antonio
Rodríguez Sánchez fue incorporado al INCODER, como conductor mecánico, código
5310, grado 13, el cual luego se denominó con código 4103, grado 13.
v) Mediante la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007, el gerente del
INCODER incorporó a varios empleados provisionales a la nueva planta de personal
de la entidad, incluyendo conductores mecánicos, 4103, grado 19.
vi) A través del Oficio SAF-7000 del 27 de diciembre de 2007, se le comunicó al
actor que su empleo había sido suprimido por el Decreto 4903 de 2007 y que
podía optar por la incorporación.
vii) El 2 de enero de 2008, el demandante solicitó su incorporación a la nueva
planta, pero esta solicitud le fue negada, mediante Oficio del 9 de febrero de 2008,
en razón a que no existía un empleo equivalente en el que pudiera ser nombrado.
En consecuencia, se le reconoció la indemnización.
viii) El accionante cumplía con los requisitos de estudio y experiencia para ser
designado como conductor mecánico, 4103, grado 19. De este modo, resulta
incomprensible que se le hubiera negado la incorporación solicitada, es más, de
forma contradictoria, fue nombrado en provisionalidad en dicho cargo, mediante la
Resolución 475 del 4 de abril de 2008, y esta designación se mantuvo hasta el 30
de abril de 2012.
ix) A partir del 1 de julio de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el actor
estuvo vinculado por contratos de prestación de servicios, con algunas
interrupciones.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 44 de la Ley 909 de 2004; 2 del Decreto 760
de 2005; y 87 del Decreto 1227 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) El INCODER desconoció los derechos de carrera del señor José Antonio
Rodríguez Sánchez, pues de manera injustificada le negó la incorporación a un
cargo equivalente al que fue suprimido, pese a que fueron creados otros en la
nueva planta de personal, con identidad de funciones y el accionante cumplía con
los requisitos exigidos para ocuparlos.
ii) El Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2014,4 anuló
la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007, por cuanto quebrantó el derecho
preferencial de los servidores de carrera a la incorporación y, en su lugar, se
nombró personal en provisionalidad.
iii) Dicha providencia no implicó un restablecimiento automático del derecho para
quienes se vieron afectados por la Resolución 3707 de 2007, pero sí aclaró que
podían acudir a la jurisdicción con demandas individuales tendientes a lograr su
retorno al empleo, es decir, que la decisión era constitutiva del derecho y, por lo
tanto, no operaría la caducidad.
1.2. Contestación de la demanda
El INCODER contestó la demanda de manera extemporánea, según lo informó la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño5 y fue ratificado por esa
corporación judicial en el auto del 9 de agosto de 2016.6
4 Radicado 11001032400020080176-00 (2492-2008).
5 Folio 347.
6 Folios 348 a 349.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 15 de septiembre de
2017, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:7
i) La fuente del daño causado al actor proviene del Oficio del 9 de febrero de 2008,
que le negó la incorporación a la nueva planta de personal del INCODER, luego de
la supresión del empleo que venía desempeñando.
ii) La Resolución 3707 de 2007 fue anulada en el marco de una acción de simple
nulidad y, por lo tanto, no podía afectar situaciones consolidadas durante la
vigencia de dicho acto.
iii) El referido Oficio del 9 de febrero de 2008 debió demandarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y la sentencia proferida por el Consejo de Estado
no revivió dichos términos, por ende, esa decisión no habilitó al accionante para
radicar la presente demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:8
i) El a quo no analizó las pretensiones, sino que se limitó a indicar cuál era el acto
demandable. Además, en este caso no se pretenden revivir términos, sino que la
sentencia del Consejo de Estado generó una nueva expectativa de derechos y
habilitó al interesado para reclamarlos ante la jurisdicción, en tanto se hizo
evidente que la administración quebrantó las prerrogativas que amparaban a
quienes estaban adscritos al sistema de carrera administrativa.
7 Folios 542 a 553.
8 Folios 569 a 580.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
ii) El señor José Antonio Rodríguez Sánchez acreditaba los requisitos estudio y
experiencia para ser incorporado en el cargo de conductor mecánico, grado 19 y
no en provisionalidad como ocurrió después.
iii) El INCODER vulneró el derecho de preferencia que le asistía al demandante y, en
su lugar, optó por vincular personal en provisionalidad.
iv) El Consejo de Estado anuló la Resolución 3707 de 2007, por cuanto
desconoció el anotado derecho de preferencia y se expidió sin hacer un análisis
riguroso de las hojas de vida, perfiles, funciones y cargas de trabajo en contravía
de los derechos de carrera que estaban en juego.
v) En la citada sentencia expresamente se anotó que la mencionada resolución
«es un acto particular y concreto cuyo juicio de legalidad a través de esta acción
no conlleva automáticamente un restablecimiento del derecho para aquellos que
puedan resultar afectados por la no incorporación, pues para que le sea
reconocido el derecho conculcado deben iniciar una acción ordinaria que declare
la nulidad del acto y como consecuencia de ello el restablecimiento».
De este aparte se infiere que el medio de control no se encuentra caducado; por el
contrario, la declaratoria de nulidad habilitó a los afectados para interponer sus
demandas ante la jurisdicción, es decir, que el pronunciamiento es el que «genera
la oportunidad» de accionar.
vi) Debe revocarse la condena en costas impuesta en primera instancia, ya que la
entidad omitió aportar las pruebas decretadas en el proceso, no contestó la
demanda oportunamente, ni ha actuado con diligencia, tampoco asistió a la
audiencia inicial y, por encontrarse en proceso de liquidación, fue representada
por otra entidad, esto es la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario –
FIDUAGRARIA S.A.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
El demandante reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso.9 FIDUAGRARIA S.A., actuando como vocera del PAR10 INCODER en
liquidación, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, por las
siguientes razones: i) el Oficio del 9 de febrero de 2008 definió la situación del
actor frente a su no incorporación; sin embargo, el interesado no demandó en
tiempo dicha decisión, ni interpuso los recursos procedentes; y ii) la sentencia
proferida por el Consejo de Estado en el año 2014 no afectó la referida situación
jurídica consolidada.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.11
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se circunscribe a establecer si la sentencia del 18 de
septiembre de 2014, proferida por el Consejo de Estado,12 habilitó al señor José
Antonio Rodríguez Sánchez para solicitar nuevamente su incorporación al INCODER
en el cargo de conductor mecánico, código 4103, grado 19. En caso afirmativo,
determinar si al actor le asistía un mejor derecho para ser designado en el
mencionado empleo.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Simple nulidad y nulidad con restablecimiento del derecho
9 Folios 637 a 642.
10 Patrimonio Autónomo de Remanentes.
11 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 644.
12 Radicado 11001032400020080176-00 (2492-2008).
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
En relación con la finalidad que persiguen las acciones de simple nulidad y de
nulidad con restablecimiento del derecho, la doctrina ha precisado lo siguiente:13
Conocida en la práctica como la acción de nulidad, es la manifestación de voluntad
de un sujeto procesal, legitimado para ello, que se hace ante la autoridad
jurisdiccional contencioso administrativa, para que se suprima del ordenamiento
jurídico la totalidad o una parte de un acto administrativo de carácter general o
particular – en este caso, siempre y cuando la parte demandante no tenga una
pretensión adicional al simple respeto del orden jurídico –, en la medida en que éste
contraría directa o indirectamente disposiciones legales o constitucionales
superiores.
[…]
Mediante la pretensión de nulidad, como lo recuerda GONZÁLEZ PÉREZ14, no se le
solicita al juez que se reconozcan situaciones individuales, sino la anulación del acto
administrativo impugnado, en tanto éste contraviene el orden jurídico. Esta especie
de manifestación de voluntad implica la solicitud al juez para que efectúe una
confrontación entre el acto administrativo y el ordenamiento legal superior, con de
comprobar si existe contradicción y, en tal caso, ordenar que cese su existencia y su
carácter vinculante. También se le conoce, por esa razón, como contencioso
objetivo – mediante el proceso, la autoridad jurisdiccional examinará la disposición
acusada frente al ordenamiento jurídico, sin referencia específica a derechos
subjetivos concretos – o de simple nulidad, en contraposición a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, como se le denomina en Colombia – o de plena
jurisdicción como se le conoce en Francia, en la que sí se examinan situaciones o
relaciones jurídicas particulares, adicionalmente a la anulación de la norma jurídica
–. En los contenciosos subjetivos, a diferencia del de simple nulidad, la labor del
juez va más allá de la simple confrontación, pues debe determinar si es necesario
restablecer un derecho subjetivo o llevar a cabo una determinada reparación,
derivada de la vulneración del orden jurídico por el acto acusado. […].
Teniendo en cuenta razonamientos análogos a los antes indicados, esta
corporación ha explicado que la acción de simple nulidad se encamina a restaurar
el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir
actos violatorios de normas superiores, mientras que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta a
restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración.15
13 Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, Juan Carlos Galindo Vácha, Editorial TEMIS S.A., Bogotá D.C., 2013, páginas
174 a 175.
14 GONZÁLEZ PÉREZ, ob. Cit., t. II, vol. I, pág. 411.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Dr. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 11 de febrero de 2014, radicado: 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830), actor: Ingeniería
Orinoco y CIA LTDA - INOR LTDA.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
Igualmente, se ha precisado que los actos administrativos que son pasibles de
control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar
la actuación».16
A su vez, el control judicial de las decisiones administrativas se torna obligatorio
dentro de un Estado social de derecho en aras de garantizar su validez, así como
los valores constitucionales, el imperio de la legalidad y los derechos de los
asociados.
2.2.2. Supresión de empleos y carrera administrativa
De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.
La Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública, así como ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso
al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y el ascenso.
La Ley 909 de 2004, en el artículo 41, previó entre las causales de retiro del
servicio, la supresión del empleo, así:
Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
l) Por supresión del empleo; […]».
Conforme a los artículos 44 de la Ley 909 de 2004 y 28 del Decreto Ley 760 de
2005, los servidores de carrera a quienes se les suprima el empleo pueden optar
por i) ser incorporado en cargos iguales o equivalentes en la nueva planta de
16 Artículo 43 del CPACA.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
personal del organismo donde estaba laborando; ii) reincorporarse en «la entidad
en la cual venía prestando el servicio»17 o en otras instituciones también en cargos
iguales o equivalentes a los que ejercía; o iii) recibir una indemnización.
Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que la reestructuración de las
entidades públicas no pugna con el derecho a la carrera administrativa, pues ello
obedece a una medida legítima inspirada en la protección del interés general. En
tal sentido, ha explicado lo siguiente:18
La Corte ha sostenido que “el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la
estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto,
en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la
correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin
de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los
objetivos demarcados constitucionalmente.”19
Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera,
concretamente como consecuencia de reestructuraciones administrativas que
impliquen reformar las plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos de
los empleados, especialmente los de carrera, que en principio gozan de cierta
estabilidad laboral. Con fundamento en ello, el legislador, en procura de la
protección de estos derechos, exige que la supresión de tales cargos no pueda ser
caprichosa, arbitraria o subjetiva. Al respecto, la Corte ha sostenido:
“La supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir por múltiples
circunstancias, vr.gr. por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por
reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por
reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado con el fin
de hacer más eficaz la prestación del servicio público, controlar el gasto público,
abolir la burocracia administrativa, etc. Objetivos que deben dirigirse exclusivamente
a lograr la optimización en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio
público, basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
interés general, sin dejar de lado la protección de los derechos de los
trabajadores.”20
De acuerdo con el anterior lineamiento, se concluye que la carrera administrativa
no confiere un derecho de inamovilidad absoluta, pues la estabilidad de los
empleados que acceden a dicho sistema debe armonizarse con las necesidades
17 Artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005, «por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones».
18 Sentencia C-954 de 2001.
19 Sentencia C-209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.
20 Sentencia C-370/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
técnicas, económicas y de modernización de la administración en aras de lograr
su mayor eficiencia y la consecución de los fines del Estado.
Además, los procesos de reestructuración tampoco conducen a un
desconocimiento de los derechos laborales de los empleados de carrera, ya que
se han previsto medidas tendientes a lograr su incorporación en otro empleo y, en
caso de que ello no sea viable, reconocer una indemnización encaminada a
resarcir el daño que ocasiona la culminación de su vínculo laboral. A su vez,
dichos procesos deben obedecer a razones ciertas y verificables con el objetivo de
que no se incurra en un ejercicio ilegítimo o arbitrario de la potestad en comento.
2.3. Hechos probados
2.3.1. Vinculación del actor con derechos de carrera administrativa
• De acuerdo con los actos administrativos allegados al plenario, se encuentra
acreditado que el señor José Antonio Rodríguez Sánchez prestó sus servicios en
el INCORA y en el INCODER entre el 16 de julio de 1988 y el 30 de diciembre de
2007, adscrito al sistema de carrera administrativa. A continuación, se resumen los
actos de nombramiento, inscripción o actualización en el escalafón de carrera,
incorporación y distribución de cargos que tuvieron lugar en ese período:
Nombramientos/ inscripciones o actualizaciones en
Acto carrera administrativa/ supresiones/ incorporaciones/
contratos de prestación de servicios
Resolución 03012 de Nombramiento como chofer mecánico 06 en el INCORA.
198421
Resolución 7129 del 27 Inscripción en el escalafón de carrera administrativa como
de diciembre de 198822 chofer mecánico, código 6010, grado 06, adscrito al INCORA.
Resolución 2639 del 3 Actualización de la inscripción en el escalafón de carrera
de febrero de 199223 administrativa como chofer mecánico, código 6010, grado 08,
adscrito al INCORA.
Resolución 10085 del Actualización de la inscripción en el escalafón de carrera
11 de agosto de 199424 administrativa como conductor mecánico, código 5310, grado
21 Información extraída del acta de posesión 022 que obra en los folios 19 y 295.
22 Proferida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil (folios 20 y 296).
23 Proferida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil (folios 21 y 297).
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
11, adscrito al INCORA.
Orden 103921 del 20 Actualización de la inscripción en el escalafón de carrera
de febrero de 199825 administrativa como conductor mecánico, código 5310, grado
13, adscrito al INCORA.
Resolución 0284 del 11 Incorporación al cargo de conductor mecánico, código 5310,
de agosto de 200326 grado 13, adscrito al INCODER.
Resolución 1834 de Distribución de cargos y nueva nomenclatura del empleo que
2006 y Decreto 2489 en adelante se denominaría conductor mecánico, código
de 200627 4103, grado 13, adscrito al INCODER.
2.3.2. Proceso de reestructuración en el INCODER
• El 21 de diciembre de 2007, por Decreto 4903, el presidente de la República
reestructuró el INCODER, lo cual implicó la supresión de empleos y la creación de
una nueva planta de personal.28
• El 27 de diciembre de 2007, mediane la Resolución 3707, el gerente general del
INCODER incorporó a la nueva planta de personal a varios servidores provisionales,
entre ellos 5 conductores mecánicos, código 4103, grado 19.29
• El 27 de diciembre de 2007, por Oficio SAF-7000, el gerente general del INCODER
le informó al actor que el Decreto 4903 de 2007 suprimió el cargo que ocupaba
como conductor mecánico, código 4103, grado 13. Además, se le indicó que le
asistía «el derecho a ser reincorporado dentro de los seis (6) meses siguientes a
la fecha en que el jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del
Servicio Civil que el ex empleado optó por la reincorporación, en empleo de
carrera igual o equivalente al suprimido o a recibir una indemnización».
Finalmente, se expresó que contra dicha decisión procedían los recursos de
reposición y apelación, conforme al artículo 31 del Decreto 760 de 2005.30
24 Proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (folios 22 y 298).
25 Información extraída de la certificación expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (folios 23 y 299).
26 Proferida por el INCODER (folios 25 a 26, 190 a 191 y 301 a 302).
27 Información extraída del Memorando 7010 del 10 de noviembre de 2006, suscrito por el INCODER (folios 28, 163 y 304).
28 Folios 29 a 32 y 133 a 137.
29 Información extraída de la sentencia del 18 de septiembre de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, radicado 11001032400020080176-00 (2492-2008), que fue aportada al expediente (folios 50 a
62) y también puede consultarse en la página web de esta corporación.
30 Folios 33 y 170.
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
• El 2 de enero de 2008, el señor José Antonio Rodríguez Sánchez, en ejercicio
del derecho de preferencia, solicitó la incorporación a la nueva planta de personal
del INCODER en un cargo igual o equivalente al que venía desempeñando.31
• El 9 de febrero de 2008, por Oficio 2600, el gerente general del INCODER negó la
anterior solicitud, conforme a la decisión adoptada por la Comisión de Personal de
la entidad y según la cual en la nueva planta no existía un empleo igual o similar al
que fue suprimido, ya que el cargo creado es el de conductor mecánico 4103
grado 19 y no grado 13 que antes ocupaba el actor. Asimismo, se expresó que
contra dicho acto procedía el recurso de apelación ante la CNSC y que en caso de
«no interponer recurso Ud. deberá manifestar si opta por la REINCORPORACIÓN o la
INDEMNIZACIÓN prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004».32
• El 18 de febrero de 2008, el demandante optó por la indemnización.33
• El 18 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, profirió sentencia de única instancia, dentro del proceso de simple
nulidad con radicado 11001-03-24-000-2008-00176-00 (2492-2008), mediante la
cual anuló la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007.34
2.3.3. Vinculación posterior al proceso de supresión
• Luego del proceso de supresión antes descrito, el señor José Antonio Rodríguez
Sánchez prestó sus servicios al INCODER entre el 7 de abril de 2008 y el 10 de julio
de 2013, con algunas interrupciones, en virtud de nombramientos en
provisionalidad y contratos de prestación de servicios, conforme se resume, a
continuación:
Acto / Contrato de
31 Folio 34.
32 Folios 35 a 36.
33 Folio 37.
34 Copia de la sentencia fue aportada al expediente (folios 50 a 62) y también puede consultarse en la página web de
esta corporación.
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
Prestación de Cargo u objeto contractual y lapso de vinculación
Servicios
Resolución 475 del 4 Nombramiento en provisionalidad como conductor mecánico,
de abril de 200835 código 4103, grado 19.36 Esta vinculación inició el 7 de abril de
2008 y culminó el 30 de abril de 2012.
Contrato 171300-52- Digitador en el Programa de Titulación de Baldíos. Del 1 de
030-00-1237 junio al 30 de diciembre de 2012.
Contrato TR-BAL-220- Digitador en el Programa de Titulación de Baldíos. Del 4 de
2013 NAR38 marzo al 10 de julio de 2013.
2.3.4. Actuación administrativa demandada
• El 16 de diciembre de 2014, el accionante le solicitó al INCODER su incorporación
al cargo conductor mecánico, código 4103, grado 19, en razón a que el Consejo
de Estado, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2014, anuló la Resolución
3707 de 2007.39
• El 8 de enero de 2015, por Oficio 2640, la coordinadora de Talento Humano del
INCODER negó la anterior petición, por cuanto la sentencia invocada fue clara en
expresar que la nulidad de la Resolución 3707 de 2007 no implicaba un
restablecimiento automático de derechos y que los interesados debieron acudir
ante la jurisdicción, mediante acciones individuales, dentro de los 4 meses
siguientes a la expedición del acto administrativo de supresión de cargos. 40
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Incorporación al servicio público
El demandante interpuso la presente demanda bajo el entendido de que la
sentencia del 18 de septiembre de 2014, proferida por el Consejo de Estado, que
anuló la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007, generó nuevas
35 Proferida por el gerente general del INCODER (folios 44 a 45 y 175 a 176).
36 Según constancia expedida por la coordinadora de Gestión de Talento Humano del INCODER, este nombramiento
provisional tuvo lugar entre el 7 de abril de 2008 y el 30 de abril de 2012 (folio 47).
37 Información extraída de la certificación expedida por la profesional de Talento Humano del INCODER (folio 49).
38 Información extraída de la certificación expedida por la profesional de Talento Humano del INCODER (folio 49).
39 Folios 63 a 71 y 285 a 293.
40 Folios 72 a 73.
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
expectativas de derecho y lo habilitó para acudir ante la jurisdicción con miras a
logar el reingreso al servicio público; sin embargo, la Sala se aparta de este
entendimiento por las razones que se desarrollarán, a continuación:
i) De acuerdo con los hechos probados, puede concluirse que el acto que definió
el retiro del servicio del actor fue la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007,
pues se trató de un acto bifronte que resultó favorable para quienes fueron
incorporados a la nueva planta de personal del INCODER y desfavorable para
aquellos que no fueron enlistados allí; sin embargo, en el plenario no existe prueba
de que dicha decisión le hubiera sido notificada al interesado e inclusive la entidad
emitió otro acto (Oficio 2600 del 9 de febrero de 2008) en el que negó
expresamente la incorporación y le manifestó que podía solicitar su
reincorporación e interponer el recurso de apelación ante la CNSC.
Al respecto, es preciso anotar que la incorporación se predicaba de un cargo en la
misma entidad en la que se surtió el proceso de reestructuración, mientras que la
reincorporación quedaría a cargo de la CNSC, con el fin de verificar si existían
plazas iguales o equivalentes en otras entidades a las que el actor hubiera podido
ser vinculado.
En el plenario no existe prueba de que el señor José Antonio Rodríguez Sánchez
hubiera optado por la reincorporación o interpuesto el recurso de apelación contra
el Oficio 2600 de 2008 ante la CNSC; por el contrario, el demandante ha
manifestado que solicitó la indemnización por supresión del empleo.
Bajo este contexto, se observa que el accionante debió agotar en tiempo los
recursos procedentes en caso de querer reincorporarse en otra entidad o acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los 4 meses
siguientes a la notificación del Oficio 2600 del 9 de febrero de 2008, para deprecar
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
que tenía un mejor derecho para ser incorporado en el cargo de conductor
mecánico, código 4103, grado 19.41
Como el demandante no acudió a ninguno de los mecanismos de defensa antes
anotados, se concluye que la actuación administrativa quedó en firme y se
consolidó la situación del retiro del servicio por supresión de empleo.
ii) La sentencia del 18 de septiembre de 2018 no pretendió habilitar nuevos
términos para acudir ante la jurisdicción para aquellas personas que no fueron
beneficiarias de la incorporación dispuesta en la Resolución 3707 del 27 de
diciembre de 2007. Para abordar esta premisa resulta relevante citar los siguientes
apartes del aludido pronunciamiento:
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DEMANDADO.
[…]
La Resolución No. 3707 de 2007 que aquí se controvierte es precisamente el de
incorporación de unos provisionales que contiene, como corresponde, el funcionario
individualizado con nombre y apellido, particularidad que lo identifica como un acto
subjetivo, toda vez que no es una simple relación de cargos impersonal.
En ese orden de ideas, es claro que en el sub lite se está demandando un acto
subjetivo de carácter particular y concreto a través de una acción de simple nulidad.
[…]
TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES.
Esta teoría, adoptada en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 10 de agosto de 1961 -en vigencia de la Ley 167 de 194142, fue
aterrizada en los siguientes términos:
“[…]
No es la generalidad del ordenamiento impugnado el elemento que determina la
viabilidad del contencioso popular de anulación. El criterio a seguir para apreciar su
procedencia es el que imponen esos mismos preceptos. Son los motivos
determinantes de la acción y las finalidades que a ella ha señalado la ley, los
elementos que sirven para identificarla jurídicamente y para calificar su
procedencia...
41 En este sentido pueden consultarse los siguientes autos del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del
12 de abril de 2018, radicado 08001-23-33-000-2015-00066-01 (4964-15); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado 68001-
23-33-000-2015-00771-01 (0944-16); y iii) del 8 de septiembre de 2016, radicado 68001-23-33-000-2013-00997-01
(1446-14).
42 Artículos 62-65.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
De los preceptos en cita se colige que los únicos motivos determinantes del
contencioso popular de anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad
abstracta contenida esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de
someter a la administración pública al imperio del derecho objetivo. Pero como la
causa y objetivo de la acción son incompatibles con la protección de derechos
particulares, al utilizarla con ese último propósito se desnaturaliza la esencia del
sistema. Habría una simulación de motivos, de intereses y de fines que los textos
rechazan implícitamente. La aceptación de ese sistema traería como consecuencia
el desconocimiento de los mandatos legales sobre caducidad de la acción privada.
Cuando se utiliza el contencioso de anulación contra actos particulares, la doctrina
de los motivos y finalidades opera en dos formas: si la declaratoria de nulidad
solicitada no conlleva el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, el
contencioso popular puede ejercitarse inclusive por el titular de ese derecho; pero si
la sentencia favorable a las pretensiones del actor determina el restablecimiento
automático de la situación jurídica individual afectada por la decisión enjuiciada, el
recurso objetivo no será admisible, salvo que la acción se intente dentro de los
cuatro meses de que habla la ley”.
[…]
Por su parte, la Sección Primera […] en sentencia de 26 de octubre de 1995, amplió
la teoría de los móviles y finalidades entendiendo que la acción de simple nulidad
procedería, adicionalmente, frente a actos creadores de situaciones jurídicas
individuales y concretas cuando tales situaciones implican “un interés para la
comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple
interés de legalidad en abstracto, por afectar de manera grave y evidente el orden
público social y económico”, y ello aún cuando la posibilidad de atacar dichos actos
mediante la acción mencionada no hubiera sido expresamente prevista por el
legislador.
Esta posición fue adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
de 29 de octubre de 199643, en la que se precisó que, además de los casos
previstos en la ley, habría lugar al ejercicio de la acción de nulidad simple en
aquéllos eventos en que se tratara de actos creadores de situaciones particulares y
concretas que comportaran “un interés de la comunidad de tal naturaleza e
importancia que fuera aparejado con el afán de legalidad”, en especial cuando se
encontrara “de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido
nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable e
incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran
número de colombianos”. Se añadió que este criterio habría de servir para justificar
el control jurisdiccional frente a aquellos actos que, no obstante afectar intereses
particulares, implicaran, por su contenido y trascendencia, “el resquebrajamiento del
orden jurídico y el desmejoramiento del patrimonio económico, social y cultural de la
Nación”.
Volvió a reiterar la Sala Plena la teoría en la Sentencia IJ-030 de 2003, cuando
analizó y controvirtió la decisión de la Corte Constitucional44 que declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 84 del C.C.A.
43 M.P Dr. Daniel Suarez Hernandez
44 C-426 de 29 de mayo de 2002.
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
[…]
Conforme a lo dicho, la Resolución No. 3707 de 2007 es un acto particular y
concreto cuyo juicio de legalidad a través de esta acción no conlleva
automáticamente un restablecimiento del derecho para aquellos que puedan resultar
afectados por la no incorporación, pues para que se le sea reconocido el derecho
conculcado deben iniciar una acción ordinaria que declare la nulidad del acto y
como consecuencia de ello el restablecimiento.
En conclusión, como lo pretendido en el sub lite es el análisis de la legalidad en
abstracto, la Resolución No. 3707 de 2007, que incorpora unos funcionarios del
INCODER, es susceptible de control por la acción de simple nulidad45.
[...]
De acuerdo con los anteriores apartes, se observa que el Consejo de Estado
estudió la naturaleza de la Resolución 3707 de 2007 y diferenció las acciones que
podían interponerse dependiendo de si el propósito era salvaguardar simplemente
el ordenamiento legal o si también se perseguía un restablecimiento de derechos
subjetivos, todo ello al amparo de la teoría de los móviles y finalidades
ampliamente expuesta.
Entonces, contrario a lo afirmado por el accionante, la sentencia del 18 de
septiembre de 2014 no generó expectativas de derechos pasibles de acciones
jurisdiccionales que no se interpusieron oportunamente, ni se encaminó a habilitar
nuevos términos de caducidad respecto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; por el contrario, el pronunciamiento buscó
contextualizar la problemática en aras de explicar las razones por las cuales podía
estudiar la demanda de simple nulidad interpuesta contra un acto particular y tuvo
especial cuidado de aclarar que ese análisis no conduciría aun restablecimiento
automático de derechos.
iii) El anterior entendimiento es consonante con la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado, mediante la cual ha sostenido que el medio de control de
simple nulidad se dirige contra actos administrativos de carácter general y,
excepcionalmente, bajo la teoría de los móviles y finalidades que se desarrolló en
vigencia del CCA y que fue acogida por el CPACA, pueden acusarse actos de
45 Hoy llamado medio de control de simple nulidad.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
contenido particular y concreto siempre y cuando «con la demanda no se persiga
o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero»,46
pues de ser así, debe acudirse a la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro de la oportunidad procesal prevista para ello.
iv) En cuanto a los efectos de las sentencias dictadas por esta jurisdicción, el
artículo 189 del CPACA dispone lo siguiente:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las
cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente sus decretos reglamentarios.
[…]
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
[…]
El artículo 175 del CCA tenía un contenido similar al antes transcrito.
En relación con los efectos en el tiempo de la sentencia, el legislador no aclaró
que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo tenga efectos ex nunc
[hacia el futuro] o ex tunc [retroactivos].
Por su parte, en algunas ocasiones esta corporación ha indicado que cuando se
declara la nulidad de un acto dentro de un proceso de nulidad simple, la sentencia
tiene efectos hacia el pasado o ex tunc, pero deben respetarse las situaciones
46 Artículo 137, numeral 1, del CPACA.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
jurídicas consolidadas, es decir, que frente a estas los efectos de la providencia
son hacia el futuro o ex nunc.47
A partir del anterior razonamiento, en casos en que se han anulado actos
proferidos dentro de procesos de supresión en el marco de demandas de simple
nulidad, esta corporación ha explicado que tales decisiones no reviven los
términos que tenían los interesados para accionar oportunamente ante esta
jurisdicción. Al respecto, se ha explicado lo siguiente:48
En ese orden de ideas y como quiera que el administrado realmente está interesado
en controvertir la legalidad de los actos que declararon su desvinculación del ente
territorial demandado, se considera que éste ha debido instaurar la acción
correspondiente contra el o los actos de retiro dentro de la oportunidad procesal
pertinente […].
En este sentido, es pertinente reiterar que los efectos de la sentencia proferida en la
acción de nulidad simple a través de la cual se anuló el Acuerdo No. 076 del 17 de
diciembre de 1996, no puede constituir para el demandante el fundamento para
revivir términos o plazos que a la luz de nuestro ordenamiento jurídico ya se
encuentran precluidos por tanto, pretender debatir una situación jurídica que se
consolidó hace 19 años, está en contravía del principio universal de la seguridad
jurídica.
[…]
Así las cosas, es claro que el acto administrativo particular por medio del cual el
demandante fue desvinculado del servicio es el derivado de los decretos expedidos
en razón del Acuerdo 076 de 1996, sin que por el hecho de que este Acuerdo fuera
declarado nulo esto conlleve a la nulidad de los actos que de él se derivaron o a
retrotraer los efectos ya causados de los mismos, es decir, continúan en firme y se
presume su legalidad ya que éstos generaron una situación consolidada que debió
ser atacada y discutida dentro de los plazos legalmente señalados para ello.
[…] conforme la teoría de los móviles y finalidades ya enunciada, no puede utilizarse
este tipo de recursos legales para revivir términos en relación las decisiones de
retiro ya ejecutadas y en firme […].
Es decir, que sólo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión
anulatoria ya sea porque aún no se hubieran ejecutado o porque se encontraban en
discusión en sede administrativa o fueran objeto de demanda en sede judicial al
momento de la misma.
47 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2021, radicado 66001-33-33-001-
2012-00141-01 (AG) REV.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de febrero de 2016, radicado 15001-23-33-000-2013-
00408-01 (2838-2013).
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
De acuerdo con el anterior lineamiento, únicamente las situaciones no definidas
son pasibles de verse afectadas por la decisión anulatoria, es decir, porque se
encontraban en discusión ante la administración o la jurisdicción, «entre el
momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria».49
En este orden de ideas, cuando se anula cualquiera de los actos expedidos en un
proceso de supresión de empleos, dentro del medio de control de simple nulidad,
tal decisión anulatoria no puede afectar la situación de retiro que se consolidó y
cobró firmeza respecto de los servidores afectados, pues aquella debió ser
cuestionada en sede administrativa o judicial en un término oportuno.
v) El legislador ha instituido los mecanismos para que los asociados soliciten la
nulidad de los actos particulares y/o generales que en su sentir les causan un
perjuicio, así como el resarcimiento integral de tal daño. Dichas herramientas
deben utilizarse dentro de los plazos y condiciones establecidos legalmente, por
ende, las partes deben acogerse a las reglas de procedimiento para lograr el
acceso a la administración de justicia, pues éstas hacen efectivas las garantías
fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa de los intervinientes.
Además, son expresión de los principios de seguridad jurídica y del interés en el
ejercicio del derecho de acción.
vi) En lo que atañe a la seguridad jurídica, la Corte Constitucional ha explicado
que el hecho de que se establezcan tiempos específicos para acudir ante la
jurisdicción constituye una media legítima y se encamina a «evitar la incertidumbre
que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o
el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular
afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido
plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de marzo de 2014, radicado 68001-23-33-000-2013-
00789-01 (4385-13).
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00588-01 (0224-2018)
Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés
general».50
Así las cosas, se impone confirmar la sentencia del a quo, que negó las
pretensiones del señor José Antonio Rodríguez Sánchez, toda vez que la
sentencia que anuló la Resolución 3707 del 27 de diciembre de 2007 no lo facultó
para acudir ante la jurisdicción con miras a obtener la incorporación a un empleo
del cual fue retirado 7 años antes de la radicación de la presente demanda.51
2.4.2. Costas de primera instancia
El apelante solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera instancia,
pues considera que no hay prueba de su causación, por cuanto el INCODER no fue
diligente en el ejercicio de su defensa.
Para desatar el anterior motivo de inconformidad, es pertinente anotar que la
sentencia recurrida fue proferida antes expedirse la Ley 2080 de 2021, por lo que
es razonable atender al criterio que para ese momento tenía definido esta
Subsección en el sentido de interpretar que por mandato del artículo 188 del
CPACA, la imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello
deba evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde
efectuar una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron
conforme con los parámetros fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera
un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
Teniendo en cuenta lo anterior, no están llamados a prosperar los argumentos de
la apelación en este aspecto, ya que el artículo 188 del CPACA, antes de la
modificación efectuada por la Ley 2080 de 2021, confería al tribunal la facultad de
imponer la condena en costas a favor de la parte vencedora, teniendo en cuenta
que i) la demanda no prosperó y, por ende, el actor resultó vencido en juicio, de
50 Sentencia C-832 de 8 de 2001.
51 La presente demanda fue radicada el 16 de julio de 2015 (folio 81).
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 365 del CGP; y ii) que la
entidad demandada actuó en el proceso, en tanto constituyó apoderado con miras
a ejercer su defensa, con independencia de que el escrito de contestación de la
demanda se hubiera presentado extemporáneamente, pues lo relevante es que el
INCODER designó a un profesional del derecho para que se notificara de la
demanda y lo representara en adelante, lo cual también agilizaba la tramitación del
proceso, especialmente ante la liquidación por la que atravesaba dicho instituto; y
iii) el mandatario judicial aportó el expediente administrativo y presentó recursos
contra algunas actuaciones de trámite. De manera que sí se causaron las costas,
las cuales comprenden las expensas y gastos sufragados durante el trámite
judicial, así como las agencias en derecho.52
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,53
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
52 Artículo 361 del CGP.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular del actor, razón por la que deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por el señor José Antonio Rodríguez Sánchez contra la Nación
– Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
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Demandante: José Antonio Rodríguez Sánchez
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Mónica María Urresta Tascón como
apoderada del PAR INCODER en liquidación y para los efectos del poder que obra en
los folios 651 a 652 del expediente.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
25
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