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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00630-01

Incapacidad permanente: marco normativo

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00630-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1.º Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Aureliano Martínez Luna contra el municipio de Arboleda Berruecos (Nariño), conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta al accionante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00630-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

22 de julio de 2021

INCAPACIDAD PERMANENTE – Marco normativo / PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL CON OCASIÓN A LA PRESTACION DEL SERVICIO – No demostrada / PAGO DE INDEMNIZACIÓN – No le asiste derecho

[U]n trabajador tiene derecho al pago, entre otros, (i) del subsidio por incapacidad temporal, desde la ocurrencia del siniestro hasta su recuperación y reintegro, cuando la patología o lesión sufridas le impidan desempeñar su labor por un tiempo determinado; y (ii) la indemnización por incapacidad permanente parcial, al establecerse que las condiciones para desarrollar su actividad disminuyeron en porcentajes del 5% al 50%. Desde luego, en uno y otro caso resulta necesario demostrar que la afección de salud que se reporta (lesión o enfermedad) fue ocasionada por cuenta de la función encomendada por el empleador. correspondía al demandante traer los medios de convicción necesarios no solo para demostrar la existencia de las lesiones que en la hora actual padece, que, como lo dijo en su recurso, son evidentes y descritas por organismos y especialistas de la salud, sino que estas se originaron o fueron consecuencia de la prestación del servicio, de manera que no es dable alegar que por no darle el valor que considera merecen los que adosó, implique vulneración del principio de buena fe suya y de terceros. Agrégase a lo anotado, que por haber trascurrido medio siglo entre el evento y la reclamación, seguramente se pudieron agravar o incrementar sus afecciones, lo que sumado a su edad, pudo aumentar el índice de disminución de la capacidad laboral, de manera que no puede pregonarse que sus actuales condiciones sean las mismas que presentaba para el 3 de junio de 1961. Además, no deja de causar extrañeza las razones por la cuales esperó un tiempo tan prolongado para exigir un derecho que estima le asiste. Por otra parte, en lo atañedero a la pretensión orientada a condenar al demandado al pago de la indemnización de que da cuenta el artículo 65 del CST, comoquiera que el actor no probó que la Administración se hubiera sustraído de sufragar alguna de sus obligaciones económicas derivadas del servicio prestado, máxime cuando asumió el pago de su pensión de jubilación, no hay lugar a efectuar ningún análisis adicional en tal sentido.

FUENTE FORMAL: CST – ARTÍCULO 65

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00630-01(4177-17)

Actor: AURELIANO MARTÍNEZ LUNA
Demandado: MUNICIPIO DE ARBOLEDA BERRUECOS - NARIÑO

Referencia: RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 11 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 2 a 12 y 52 a 63). El señor Aureliano Martínez Luna, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Arboleda Berruecos (Nariño), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del acto ficto suscitado por la falta de respuesta a la petición de 17 de diciembre de 2013, a través de la cual se le negó al accionante el reconocimiento de la incapacidad permanente parcial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada conceder y pagar «[…] la incapacidad permanente parcial contenida en el dictamen No. 145-2012 por medio del cual se estableció la pérdida de capacidad laboral en un 48.15%, en dos salarios mínimos, según la ley 776/2002 […] desde el 3 de junio de 1961 hasta el día 17 de Diciembre de 2013 […]» (sic), debidamente indexada, y sufragar la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que prestó sus servicios para el municipio de Arboleda Berruecos del «1º de agosto de 1954» al «31 de diciembre de 1975», en el que tenía a cargo la administración de la máquina termoeléctrica local.

Que el 3 de junio de 1961 sufrió un accidente de trabajo, pues cuando operaba dicha planta, «[…] al accionar la manivela […] para encenderla, esta se regresó con fuerza […] intempestivamente, partiéndole el maxilar superior derecho y dañando el oído izquierdo y el ojo derecho, debiéndole realiza la Enucleación ojo derecho» (sic).

Dice que a pesar de la disminución de su capacidad laboral, que fue fijada en el 48.15% por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, con fecha de estructuración de 3 de junio de 1961, «[…] fue pensionado por tiempo y edad por el demandado el día 11 de marzo del 2004 mediante la resolución No. 005 […]».

Que el 17 de diciembre de 2013 pidió del ente territorial accionado el pago de «[…] la incapacidad permanente parcial en dos salarios mínimos cada mes desde el 3 de junio de 1961 hasta el día 17 de [d]iciembre de 2013 […]», reclamación que no fue atendida.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo censurado los artículos 53 de la Constitución Política y 65 del CST, la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1295 de 1994.

Aduce que aunque el incidente en su lugar de trabajo ocurrió antes de expedirse la Ley 776 de 2002, «[…] se acoge al art. 53 de la [C]onstitución Nacional, en el que [se] establece el principio de favorabilidad […]», dado que la calificación médico-laboral le fue notificada el 16 de enero de 2013.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 107 a 113). El municipio de Arboleda Berruecos, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no le constan y los demás no constituyen situaciones fácticas. De igual modo, propuso la excepción denominada prescripción del reconocimiento pecuniario por incapacidad permanente parcial reclamada.
Que «[…] el art[í]culo 3 de la Ley 772 de 2002, no aplica para el caso de marras, por cuanto el demandante no es empleado, ni trabajador que deba estar vinculado al sistema general de seguridad social en salud, sino que es pensionado, y de conformidad con el artículo 1 de la [L]ey 1250 de 2008, […] el pensionado paga un aporte equival[e]nte al doce por ciento (12%) de su pensión […]» por tal concepto.

Aduce que si el actor hubiese tenido un accidente laboral, del que en todo caso no hay prueba de su ocurrencia, «[…] debió comunicarlo dentro de un tiempo racional, apra determinar si podía seguir laborando o no, y si era necesario, en un caso hipotético, reconocer pensión por invalidez, pero como […] continuó […] de manera permanente en la administración municipal desde mayo de 1974 a mayo de 1975, se le reconoció pensió[n] vitalicia de jubilación, mas no, […] por invalidez, y después de once (11) años de habérsele reconocido […], solicita reconocimiento de incapacidad física permanente, lo cual no […] se adecua a las normas de la seguridad social, por cuanto al entidad territorial protegió sus derechos pensionándolo […]» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 177 a 185). El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 11 de agosto de 2017, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] no existe certeza respecto del origen laboral de las lesiones que presenta el [accionante], ni mucho menos de la fecha de su estructuración; pues la simple manifestación […] no puede constituir prueba válida que permita acceder a sus pretensiones y resultaría a todas luces desproporcionado condenar a la parte demandada, cuando no obra prueba […] que indique con claridad que […] fueron provocadas por un accidente de trabajo durante los años que estuvo vinculado […]».

Que el demandante interpretó de manera errada la Ley 776 de 2002, «[…] toda vez que se tomó como una única figura lo regulado por los artículos 3 y 7 ibídem, cuando en realidad corresponden a figuras diversas como lo son el subsidio por incapacidad temporal, que tiene cabida cuando, estando vinculado laboralmente, el afiliado sufre un accidente de trabajo o enfermedad laboral y se ve impedido de acudir normalmente al desarrollo de sus funciones, ocasionando que en virtud del origen de su desmejora el Sistema General de Riesgos Profesionales, reconozca el citado subsidio; y la Incapacidad permanente parcial, que es consecuencia de la imposibilidad de que el trabajador se rehabilite y le ocasione secuelas que si bien no le causan invalidez (calificación PCL [pérdida de capacidad laboral] igual o superior a 50%), sí le impiden obtener sustento ejerciendo actividad laboral, en el porcentaje que se determine al momento de su calificación».

Concluye que como el actor «[…] continuó laborando con normalidad tras la fecha del alegado accidente, sin que se interrumpiera el tiempo de servicio que le valió reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, […] no es dable solicitar dicha continuidad en el pago de un subsidio por incapacidad temporal que nunca existió».

1.7 El recurso de apelación (ff. 187 a 191). Inconforme con el anterior fallo, el accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo desconoció el debido proceso y la presunción de buena fe a su favor, habida cuenta de que coligió que el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño «[…] es sesgado, mal intencionado, que carece de toda validez […], porque así se lo dijo la parte demanda[da], aunque no se lo haya demostrado, sin prueba y fundamento jurídico», cuanto más si este quedó en firme por no haberse interpuesto los recursos procedentes, además de que no fue controvertido dentro del proceso y requiere de conocimientos científicos.

Agrega que el Tribunal de primera instancia se rehusó a decretar pruebas de oficio, tales como el interrogatorio de parte o los testimonios de quienes expresaron conocer los hechos materia de controversia.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 20 de septiembre de 2017 (f. 193) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de octubre de 2019 (ff. 305 a 308), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 11 de marzo de 2020 (f. 315), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el demandante.

2.1.1 Actor. Pide revocar el fallo impugnado, por cuanto (i) el a quo «[…] desestimo las pruebas y dijo que “sería injusto condenar al Municipio de Arboleda”, expresando con ello que […] se despojaba de la investidura de Juez como representante del estado social de derecho y de la Republica de Colombia y decidir con pasión […]» (sic), y (ii) las «[…] pretensiones, fueron probad[a]s con: dictamen pericial, informe del perito, prueba de extrajucio [sic], el indicio como la confesión de la misma contestación de la demanda […]».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a determinar si al accionante le asiste derecho al reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente parcial, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 776 de 2002; o si, por el contrario, no se demostró que la ocurrencia del accidente que ocasionó la disminución de su capacidad laboral sea imputable al servicio que prestó para el municipio demandado, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

A partir de la expedición de la Ley 57 de 15 noviembre de 1915, en Colombia se empezó a regular lo atañedero a las contingencias por accidentes laborales, que se definieron como «[…] un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero» (artículo 1º), cuyo deber de reparación recaía, «En las obras municipales, departamentales o nacionales[, en el] Municipio, […] Departamento o […] la Nación, respectivamente […]» (artículo 4º).

Frente a las clases de incapacidad y las respectivas indemnizaciones, preceptuó:

Artículo 5.° Divídense en cuatro clases las consecuencias de un accidente del trabajo:

a) Incapacidad temporal, cuando la lesión o perturbación es pasajera y se termina por la curación completa.

b) Incapacidad permanente parcial, cuando la víctima queda con una disminución definitiva de la capacidad obrera que no tenía al tiempo del accidente. Se clasifica en este grupo, por ejemplo, la perdida anatómica de un miembro o de un segmento de miembro; la perdida funcional (por lesión orgánica) o la disminución de validez (funcional) de un miembro o de un segmento de miembro; la pérdida de un ojo; la perdida de la audición, bien sea completa o incompleta; una enfermedad traumática que no condene a la inacción total, etc. etc.

c) Incapacidad permanente total, cuando la invalidez deja al obrero definitivamente impotente para todo trabajo industrial útil. Se consideran de esta clase, como ejemplos, las perturbaciones mentales incurables la perdida de dos miembros por parálisis o amputaciones; la perdida de ambos ojos, de ambas manos o de ambos pies; las enfermedades traumáticas graves de las vísceras abdominales o torácicas.

d) Muerte del Trabajador.

Artículo 6.° Las indemnizaciones respectivas en los casos anteriores, serán:

a) Se pagará al lesionado durante el tiempo de la incapacidad para trabajar la asistencia médica necesaria y las dos terceras partes del jornal que ganaba al tiempo del accidente.

b) Se pagará al lesionado la asistencia médica necesaria y el jornal entero correspondiente hasta un mínimo de noventa días y un máximo de ciento cuarenta días, según el grado de incapacidad parcial definitiva.

c) Se pagará al lesionado la asistencia médica necesaria y una suma igual al valor del salario correspondiente a un año, teniendo en cuenta el salario semanal que ganaba al tiempo del accidente.

d) Se pagará una indemnización igual al jornal entero en un año, únicamente a los herederos que se determinan adelante.

[…].

Luego, con la Ley 90 de 26 de diciembre de 1946, «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales», sobre el mismo asunto se previó:

ARTÍCULO 51. El asegurado que sufra un accidente de trabajo o adquiera una enfermedad profesional, tendrá derecho:

a. En todos los casos, a la necesaria asistencia médica y quirúrgica, así como también al suministro de los medicamentos, aparatos de prótesis y ortopedia y otros medios terapéuticos que requiera su estado; y

b. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, a un subsidio diario equivalente a los dos tercios del salario, hasta por ciento ochenta (180) días.

[…]

ARTICULO 52. Si a la expiración del período determinado conforme al artículo anterior, el asegurado permanece con una incapacidad inferior al límite que los reglamentos del Instituto señalen, límite que no podrá ser menor de cinco por ciento (5%), tendrá derecho a una indemnización variable según el grado de su incapacidad y fijada de acuerdo con el salario de base y la tabla de valuaciones respectiva. Si antes de la expiración de ese periodo se comprueba que la incapacidad es de carácter permanente, la indemnización diaria dejará de pagarse, y el asegurado que permanezca con una incapacidad superior al referido límite, tendrá derecho a la indemnización prevista en esta Sección.

ARTICULO 53. Si la incapacidad permanente es total, el asegurado tendrá derecho a una renta vitalicia, mensual, en proporción a su salario de base y que no será inferior, en ningún caso, a la correspondiente renta del seguro de invalidez.

Es inválido que no pueda moverse, conducirse o efectuar los actos principales de la existencia sin la ayuda constante de otra persona, tendrá derecho a una indemnización adicional.

En caso de incapacidad parcial que exceda del porcentaje fijado por los reglamentos, la renta será equivalente a las dos terceras partes de la cantidad en que haya quedado reducido el salario de base, a causa de la incapacidad de ganancia provocada por el riesgo sufrido.

Si la incapacidad parcial está comprendida entre el mínimo de incapacidad que los reglamentos señalen y el porcentaje a que se refiere el inciso anterior, la indemnización consistirá en el pago de un capital equivalente a tres veces la anualidad de la renta eventual.

De acuerdo con lo anterior, los trabajadores que sufran lesiones o adquieran enfermedades por el servicio prestado a su empleador, tienen derecho, según la consecuencia (incapacidades temporal, permanente parcial o permanente total) y porcentaje de disminución de capacidad laboral calculados, a recibir las indemnizaciones correspondientes o la pensión de invalidez.

A través del Decreto 1295 de 22 de junio de 1994, el legislador extraordinario «[…] determin[ó] la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales», entendido este como «[…] el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan».

En tal virtud, estableció las prestaciones económicas dirigidas a compensar las afecciones de quienes sufran accidentes o enfermedad profesional, así:

ARTICULO 7o. PRESTACIONES ECONOMICAS. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:

a. Subsidio por incapacidad temporal;

b. Indemnización por incapacidad permanente parcial;

c. Pensión de Invalidez;

d. Pensión de sobrevivientes; y,

e. Auxilio funerario [se subraya].

En lo atañedero a las incapacidades mencionadas en las letras a y b del artículo 7 del Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 17 de diciembre de 2002, por la cual se dictaron «[…] normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales», dispuso:

ARTÍCULO 2o. INCAPACIDAD TEMPORAL. Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.
ARTÍCULO 3o. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente su salario.

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional.

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por ciento ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación.

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal.

[…]

ARTÍCULO 5o. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior.

ARTÍCULO 6o. DECLARACIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.

La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.

ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.

En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago […] (subraya la Sala).

De conformidad con lo anotado, un trabajador tiene derecho al pago, entre otros, (i) del subsidio por incapacidad temporal, desde la ocurrencia del siniestro hasta su recuperación y reintegro, cuando la patología o lesión sufridas le impidan desempeñar su labor por un tiempo determinado; y (ii) la indemnización por incapacidad permanente parcial, al establecerse que las condiciones para desarrollar su actividad disminuyeron en porcentajes del 5% al 50%. Desde luego, en uno y otro caso resulta necesario demostrar que la afección de salud que se reporta (lesión o enfermedad) fue ocasionada por cuenta de la función encomendada por el empleador.

Ahora bien, según los artículos 36 de la Ley 90 de 1946 y 18 de la Ley 776 de 2002, las prestaciones diferentes a las pensionales fijadas en esas normas, prescriben «[…] en el término de un (1) año», contado a partir del «[…] momento en que se le define el derecho al trabajador».

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

Acta de posesión, según la cual el 2 de mayo de 1960 el actor se posesionó en el empleo «[…] de Maquinista Operador de la Planta Termoelectrica [del municipio de Arboleda Berruecos], para que ha sido nombrado […] por medio del Decreto No. 1º de la misma fecha […]» (sic) [f. 65].
Resolución 5 de 11 de marzo de 2004, mediante la cual el ente territorial demandado reconoció al accionante, quien prestó sus servicios para aquel por 21 años (del 2 de mayo de 1954 al 2 de mayo de 1975), pensión de jubilación, a partir del 1º de los mismos mes y año, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 (ff. 13 y 14).

Escrito de 12 de octubre de 2012, por el que el demandante solicitó de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño «[…] iniciar la calificación de invalidez de la pérdida de capacidad laboral Integral», para lo cual aportó exámenes y diagnósticos de optometría y audiología (ff. 15 a 25).

Calificación de pérdida de capacidad laboral e invalidez 145-2012 de 17 de diciembre de 2012, por cuyo conducto la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño fijó, con fundamento en diagnósticos de cofosis izquierda, hipoacusia neurosensorial derecha y enucleación de ojo derecho del actor, disminución permanente parcial del 48.15%, estructurada el 3 de junio de 1961, como consecuencia de «ACCIDENTE DE TRABAJO» (ff. 31 a 34).

Memorial de 17 de diciembre de 2013, a través del cual el accionante pidió del demandado «[…] RECONOZCA Y PAGUE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL EN DOS SALARIO MINIMOS CADA MES DESDES EL 3 DE JUNIO DE 1961 HASTA EL DIA HOY, ESTO ES 51 AÑOS 6 MESE, COMO LO ORDENA LA LEY 776 DEL 2002» (sic), artículos 3º y 7º (ff. 35 y 36).

Declaraciones extrajuicio suscritas por los señores Constantino Ruiz Eraso y Segundo Pazmiño el 21 de marzo de 2013, en las que expresan que conocen al demandante hace aproximadamente 50 años y les consta que él «[…] trabajaba en la termoel[é]ctrica […] desde el año de 1954 [y] fue golpeado por esta máquina en el maxilar superior en el año de 1961 y en consecuencia perdió el ojo derecho y el o[í]do izquierdo […]» (ff. 67 y 70).

Dentro del proceso se recibió el testimonio del señor Segundo Arturo Morán Montezuma, quien integró la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, que valoró la disminución de la capacidad psicofísica del actor, en el que expuso:
[…] la fecha de estructuración la tomamos de acuerdo a las notas y a las declaraciones extrajuicio que adjuntó el paciente, el accidente fue en junio 3 de 1961 […] el paciente tiene un daño, una atrofia de los músculos del movimiento, […] eso es lo que podemos decir y nosotros para la fecha de estructuración nos basamos en la nota que hizo el médico en el centro de salud de Berruecos y también en las declaraciones extrajuicio. [Pregunta:] ¿Es decir que la fecha es una referencia? [Respuesta:] Sí. [Pregunta:] ¿Referencia de la referencia que había tomado el centro de salud de San Miguel que consigna «el paciente manifiesta que el 3 de junio de 1961»? [Respuesta:] Sí, porque no existe otra. [Pregunta:] En el dictamen […] se concluye que se trató de un accidente de trabajo, ¿cómo se puede determinar ello si no existe reporte […] o documento que lo afirme?, ¿es también una referencia. [Respuesta:] Sí, es referencia […], si el señor manifiesta que estuvo en la calle no se considera de trabajo […] [Pregunta:] La edad es un factor determinante al momento de calificar la invalidez [Respuesta:] Sí puede variar un poco, es un criterio anotado en el ítem de minusvalía […] [Pregunta:] ¿Qué grado de certeza se tiene respecto de que la desmejora de su salud física y psicológica obedezca al accidente de trabajo que según la demanda sufrió el señor? [Respuesta:] Nosotros no somos investigadores, simplemente valoramos la historia y con base en ella emitimos concepto […].

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el accionante prestó sus servicios para el municipio de Arboleda Berruecos como maquinista operador de planta termoeléctrica, del 2 de mayo de 1954 al 2 de mayo de 1975, esto es, por 21 años; (ii) mediante Resolución 5 de 11 de marzo de 2004, el demandado le reconoció pensión de jubilación, a partir del 1º de los mismos mes y año; (iii) el 17 de diciembre de 2012 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño valoró la disminución de la capacidad laboral del demandante por «accidente de trabajo» en el 48.15%, con fecha de estructuración el 3 de junio de 1961, al estimar que la cofosis izquierda, hipoacusia neurosensorial derecha y enucleación de ojo derecho diagnosticados, menguaron su agudeza visual y auditiva; y (iv) el 17 de diciembre de 2013 el interesado requirió del ente territorial el pago de la indemnización por concepto de incapacidad permanente parcial, reclamación frente a la cual este guardó silencio.

Ahora bien, se advierte que en el escrito de alzada presentado por el actor existe controversia frente a la decisión de primera instancia, puesto que considera que allí se descartaron injustificadamente las pruebas que aportó, se inclinó en favor de la parte accionada y avaló el dicho de esta en cuanto a que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño «es espurio», sin prestar mientes en que estaba soportado en evidencia científica y la historia clínica que él adosó a ese organismo, además de omitir la práctica oficiosa de otras pruebas antes de desconocer la presunción de buena fe en relación con la ocurrencia del accidente que le ocasionó su merma física.

En tal sentido, cabe precisar que, como lo concluyó el a quo, en controversias como la que aquí nos ocupa resulta necesario, en primer lugar, determinar si el accidente, que causó las lesiones que constituyen fundamento para reclamar la indemnización por incapacidad permanente parcial, fue de trabajo.

Sin embargo, en el expediente se echa de menos alguna evidencia de que, en efecto, el 3 de junio de 1961 tuvo un percance al manipular la máquina termoeléctrica a su cargo que proveía de energía al municipio de Arboleda Berruecos, que haya reportado el presunto incidente a su empleador o la historia clínica en la que el galeno tratante evaluó las condiciones visual y auditiva del accionante una vez sufrió el incidente y el tratamiento para conjurar las consecuencias de este, que necesariamente debe existir, dada la magnitud y complejidad de las afecciones que se diagnosticaron en la precitada calificación de la capacidad laboral.

Las únicas referencias de ese suceso están consignadas en el documento de epicrisis que presentó el demandante ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño para que fijara el porcentaje de invalidez, en la que el médico adscrito al centro de salud San Miguel de Berruecos, el 22 de septiembre de 2012, refiere que su paciente «[…] manifiesta accidente laboral ocurrido el 3 de junio de 1961 cuando se desempeñaba como maquinista de máquina termoeléctrica […], con posterior fractura maxilar y lesión de globo ocular derecho […]» (f. 25); así como en las declaraciones extraprocesales rendidas por los señores Constantino Ruiz Eraso y Segundo Pazmiño.

Respecto de la epicrisis, se observa que la descripción sucinta del origen de las patologías deviene de la aseveración del actor al momento de acudir a la consulta, que por demás ocurrió luego de 51 años, sin que el profesional emitiera ningún juicio de valor o estableciera su autenticidad, pues ello no le correspondía. Frente a los testimonios extrajuicio, aunque aluden conocimiento del accidente del demandante, no logran, en armonía con las demás pruebas, esclarecer de manera contundente e inequívoca los hechos objeto de la controversia, ello en aras de encontrar la verdad, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo.
Conforme a lo expuesto, el que el Tribunal de primera instancia no le haya otorgado el valor que exige el accionante a las anteriores pruebas, no significa que se haya parcializado ni mucho menos que desconozca la presunción de buena fe que consagra el artículo 83 de la Carta Política, sino que, en realidad, no generan la convicción suficiente para concluir que la ocurrencia del hecho dañoso que dio lugar a la afectación de su ojo derecho y oído izquierdo fueron consecuencia de un accidente de trabajo.

Sobre el particular, recuérdese que el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP) prevé la obligación del juez de valorar las pruebas puestas a su consideración «[…] en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica […]», y con la exposición razonada sobre el mérito que le asigne a cada una de ellas; sin embargo, su aducción al proceso exige de los interesados asumir la carga procesal correspondiente, no solo porque así lo impone la normativa procesal («Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»), sino por cuanto la base del ejercicio de cualquier derecho implica responsabilidades que no pueden ser subsanadas, corregidas o asumidas por el funcionario judicial o los demás intervinientes.

Acerca de este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia C-790 de 2006 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), precisó:

La estructura del proceso determina entonces que cada parte tendrá la posibilidad de defender su interés en el proceso y contará con la garantía de contradicción y defensa frente a los actos de su opositor. Para ello, además de la fuerza argumental, las partes tendrán en su haber la facultad de utilizar los diversos medios de prueba previstos en las normas de procedimiento, en el entendido que, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política y 174 del Código de Procedimiento Civil, la decisión judicial deberá estar basada en pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso.

Por tanto, dados los extremos en que se encuentran demandante y demandado respecto del objeto de la litis, la carga de la prueba opera como regla de distribución procesal en la demostración de los hechos que le interesan a cada parte y que, como ya señaló la Corte, en nada afecta la presunción de buena fe y el derecho de igualdad:
“Pero en esa relación indirecta entre el demandante y el demandado no puede dársele una particular eficacia al artículo 83, porque, sencillamente, el uno y el otro están en un plano de igualdad en lo relativo a la buena fe: ésta se presume en ambos.

Pero, aun aceptando que el artículo 83 fuera aplicable a los procesos, habría que concluir que la presunción de buena fe de los particulares nada nuevo le agregaría, no sólo porque tal presunción siempre ha existido, sino porque ella se predica tanto del actor como del demandado, y no libera de la carga de la prueba al primero en relación con sus pretensiones ni al segundo en lo que atañe a las excepciones que proponga.

En relación con el tema de las obligaciones y de su prueba en el proceso, no es aceptable afirmar que las normas correspondientes contrarían el artículo 83 de la Constitución, basándose en que la presunción general de la buena fe resultaría incompatible con la exigencia de las pruebas. Nada más contrario a la realidad: en todos los sistemas jurídicos, que sin excepción reconocen el principio de la buena fe, han existido las pruebas como una forma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas. Librada sólo a la buena fe la demostración de las obligaciones, pretendería el acreedor, basado en su buena fe, que se aceptara la existencia de ellas, exclusivamente por su dicho; y de análoga manera, podría el deudor aspirar a que se admitiera su propia versión, también basándose en su buena fe, para demostrar que nunca existieron las obligaciones o que se extinguieron.”

Así, sin perjuicio del papel que se ha otorgado al juez en la búsqueda de la verdad dentro del procesalismo contemporáneo, las normas de procedimiento civil se han basado en tres reglas generales sobre la carga de la prueba, que explica con claridad Rocha Alvira de la siguiente manera:

“a) Onus probandi, incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;
[…]

c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si este no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.”

[…] Por tanto, en la medida que ambas partes llegan al proceso en igualdad de condiciones, como personas libres unas de otras, la carga de la prueba impone compromisos distintos a cada una de ellas en la protección o defensa de sus intereses. Al demandante el deber de acreditar que su contraparte se ha obligado por la ley o por su voluntad a un determinado comportamiento que debe declararse o cumplirse (hecho constitutivo); al demandado la demostración del hecho modificatorio, extintivo o impeditivo del nacimiento de la obligación reclamada.

Así, desde la perspectiva del Artículo 29 de la Constitución Política y para la defensa de su interés particular dentro del proceso, cada parte tiene la facultad de acercarse a los medios de prueba desde dos perspectivas distintas: (i) para solicitar y aportar aquéllas pruebas que apoyan su causa -donde asume la inacción o desaciertos en ese cometido- y (ii) para conocer y contradecir las que pretenden oponerse en su contra. Una vez practicadas, las pruebas pasarán a ser parte del proceso (principio de comunidad de la prueba) y deberán ser analizadas por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica o persuasión racional acogidas por nuestro ordenamiento procesal:

[…] (destaca la subsección).

Por tanto, correspondía al demandante traer los medios de convicción necesarios no solo para demostrar la existencia de las lesiones que en la hora actual padece, que, como lo dijo en su recurso, son evidentes y descritas por organismos y especialistas de la salud, sino que estas se originaron o fueron consecuencia de la prestación del servicio, de manera que no es dable alegar que por no darle el valor que considera merecen los que adosó, implique vulneración del principio de buena fe suya y de terceros.

Agrégase a lo anotado, que por haber trascurrido medio siglo entre el evento y la reclamación, seguramente se pudieron agravar o incrementar sus afecciones, lo que sumado a su edad, pudo aumentar el índice de disminución de la capacidad laboral, de manera que no puede pregonarse que sus actuales condiciones sean las mismas que presentaba para el 3 de junio de 1961. Además, no deja de causar extrañeza las razones por la cuales esperó un tiempo tan prolongado para exigir un derecho que estima le asiste.

Por otra parte, en lo atañedero a la pretensión orientada a condenar al demandado al pago de la indemnización de que da cuenta el artículo 65 del CST, comoquiera que el actor no probó que la Administración se hubiera sustraído de sufragar alguna de sus obligaciones económicas derivadas del servicio prestado, máxime cuando asumió el pago de su pensión de jubilación, no hay lugar a efectuar ningún análisis adicional en tal sentido.

Por último, dado que el accionante en el recurso de apelación solicita se revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, se revocará la condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda; y revocará la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta al demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1.º Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Aureliano Martínez Luna contra el municipio de Arboleda Berruecos (Nariño), conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta al accionante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Escrito de subsanación.
«Se trata de un procedimiento quirúrgico que tiene como finalidad la extirpación completa del globo ocular, es decir, de todos los contenidos internos del ojo, de la esclera (capa externa que envuelve el ojo) y de una porción del nervio óptico. Las indicaciones de una enucleación son pocas y muy concretas […]» ( HYPERLINK "https://www.barraquer.com/" https://www.barraquer.com/ tratamiento/enucleacion#:~:text=%C2%BFEn%20qu%C3%A9%20consiste%20la%20enucleaci%C3%B3n,una%20porci%C3%B3n%20del%20nervio%20%C3%B3ptico.). Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
«Sobre reparaciones por accidentes del trabajo». En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr002.html" \l "139" 139 de la Ley 100 de 1993. Solo se aportó copia de las páginas 2 y 3. Definido en la Ley 324 de 1996, «por [la] cual se crean algunas normas a favor de la población sorda», así: «Hipoacúsico. Disminución de la audición que en sentido estricto no llega a ser total, lo que se denomina con el término de COFOSIS» (artículo 1º).
«Disminución de la agudeza auditiva» (https://dle.rae.es/hipoacusia). Artículo 2° de la Carta Política: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […] asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo». Articulo 228 ibidem: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. […]».
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». Artículo 167 del CGP, aplicable por remisión normativa del 211 del CPACA. Sentencia C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía. En la sentencia C-102 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte señaló: “4.4 El procedimiento civil tal como está actualmente concebido y conforme a lo que indica la Carta, dejó atrás el concepto de que se trataba de un proceso que sólo involucraba a las partes, y que, por consiguiente, la actividad del juez se limitaba a examinar las pruebas que las partes ponían a su consideración con el fin de solucionar el conflicto entre ellas. Es decir, desde esta perspectiva, el juez no tenía ninguna actividad distinta a servir de árbitro, sin que pudiera tener iniciativa probatoria, ni amplias facultades en la apreciación de la prueba. (…) Hoy en día, el proceso civil es de interés público, busca la verdad real y la realización de la justicia. Es decir, que no obstante que existan asuntos que corresponden al ámbito particular de las partes, tales como la decisión de acudir a la jurisdicción con el fin de iniciar una demanda civil, o manifestaciones de voluntad como cuando el demandado decide allanarse a las pretensiones de la demanda, o las partes de renunciar a términos, que son manifestaciones del principio dispositivo del proceso civil, pero que, a su vez, al estar previstas en la ley, realizan el concepto de que “las normas procesales son de orden público (…)” (art. 6 del C. de P.C). ROCHA Alvira, Antonio. De La Prueba en Derecho.

Ediciones Lerner, Bogotá, 1967. p. 72. Sobre estas reglas puede verse en extenso la Sentencia C-070 de 1993. En la Sentencia C-202 de 2005, la Corte también señaló al respecto: “En este campo, por regla general cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori”, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa. (M.P. Jaime Araújo Rentería)
Rocha Alvira, op. cit,.página 65
Para la fecha en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño emitió la calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez, tenía 80 años, 6 meses y 18 días de edad.
«INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO.
<Texto original del inciso 1o. del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para los trabajadores que devenguen un (1) salario mínimo mensual vigente o menos:>
1. Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.
<Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:>
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Para los trabajadores que devenguen menos de un (1) salario mínimo mensual vigente, continúa vigente el texto que puede leerse en los párrafos anteriores, para los demás casos el nuevo texto es el siguiente:> Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique». Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

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