Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00235-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2016 00235 01 (3516-2019)
Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Valor probatorio de actos
administrativos reconstruidos. Aplicación de sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Naturaleza del vínculo
docente.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la demandante
no acreditó el requisito de la vinculación como docente territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandada en contra de la
sentencia de primera instancia emitida el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la nulidad de las Resoluciones RDP 015588 del 22 de abril de 2015 y RDP
024781 del 18 de junio de 2015, por medio de las cuales la entidad demandada le negó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió el recurso de reposición,
respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada el reconocimiento de la prestación a partir del 25 de enero de 2012, en una
cuantía equivalente al 75% del salario y de los factores salariales devengados durante
el año anterior al cumplimiento del estatus pensional, siendo percibida desde el 30 de
marzo de 2013 debido a la configuración de la prescripción trienal.
3. Adicionalmente, requirió el reconocimiento y pago de los reajustes de las mesadas
conforme a lo establecido en la Ley 71 de 1988, así como las actualizaciones pertinentes
1
En adelante UGPP.
2
Folios 2 a 59.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
e intereses moratorios de acuerdo con los artículos 176, 177 y 178 del CCA. Se pidió
también el cumplimiento del fallo dentro del plazo estipulado en los artículos 189, 192,
194 y 195 del CPACA, además de la condena en costas a la entidad demandada.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que el 24 de diciembre de
2014 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la pensión gracia a partir del
25 de enero de 2012. Sin embargo, esta fue negada mediante los actos administrativos
acusados con fundamento en que el tiempo laborado como profesora de alfabetización
de niños en la Escuela Urbana Integral de Barruecos, ubicada en el municipio de
Arboleda (Nariño), no se considera dentro de los cargos que ejercen la profesión
docente.
5. En relación con los tiempos de servicio reconocidos mediante la Resolución 475
del 14 de agosto de 2014, a través de la cual se reconstruyó el acto de nombramiento,
se señala que este se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades establecidas en la
Ley 50 de 1986 o, en su defecto, en la Ley 1564 de 2012.
Contestación de la demanda3
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que el actor no cumple con los requisitos necesarios para acceder al
reconocimiento prestacional. En particular, destacó la falta vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980, dado que no se presentaron los actos administrativos de
nombramiento y posesión que la acrediten. Se indicó que los períodos de servicio
comprendidos entre el 1° de febrero y el 31 de agosto de 1980 deben ser desestimados,
ya que, además de no existir el acto administrativo correspondiente al nombramiento,
tampoco se encuentra el acta de posesión que lo respalde.
7. Asimismo, mencionó que, si se admitieran estos períodos, los servicios prestados
como alfabetizadora de niños en la Escuela Urbana Integral de Berruecos, del municipio
de Arboleda (Nariño), no se consideran como ejercicio docente y, por lo tanto, no pueden
ser contabilizados para efectos de la pensión gracia.
8. Insistió en que la Resolución 475 del 14 de agosto de 2014, mediante la cual se
reconstruyó el nombramiento como docente a partir del 1° de febrero de 1980, es un acto
administrativo que fue expedido sin cumplir con las formalidades establecidas en la Ley
50 de 1986 o, en su defecto, lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012.
9. Por otro lado, arguyó que los períodos de servicio prestados entre el 1° de agosto
y el 30 de septiembre de 1982 deben ser desestimados, dado que el actor ejerció como
oficial mayor y no como docente. Lo mismo aplica a las vinculaciones desde el 9 de
septiembre de 1984 hasta el 9 de abril de 1985, del 10 de abril de 1985 al 1 de enero de
1986, y del 1 de enero al 30 de junio de 1988, ya que no se relacionan los actos
administrativos correspondientes, proviniendo de contratos de prestación de servicios
que no están en el expediente y no generan prestaciones sociales. Aunado a que los
períodos financiados con recursos de la Nación (Sistema General de Participaciones) no
3
Folios 217 a 222 reverso.
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Radicación: 52001 23 33 000 2016 00235 01 (3516-2019)
Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
pueden ser computados, dado que se trata de transferencias realizadas por el sector
central.
10. Propuso las excepciones de «inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y la solicitud de
reconocimiento oficio de excepciones.
Sentencia apelada4
10. El Tribunal Administrativo de Nariño emitió sentencia el 20 de marzo de 2019, en
la cual accedió a las pretensiones de la demanda ordenando el reconocimiento de la
pensión gracia a la demandante a partir del 25 de enero de 2012. Por lo demás, se
dispuso el pago de la indexación sobre las sumas insolutas y se condenó en costas a la
entidad demandada.
11. Tras analizar el material probatorio obrante en el expediente se concluyó que, a
pesar de que la Resolución 475 de 2014 permitió la reconstrucción del acto de
nombramiento, este se encuentra cobijado por la presunción de legalidad y no fue
declarado falso. Por lo tanto, consideró que el ejercicio como docente alfabetizadora
entre el 1° de febrero y el 31 de agosto de 1980 debe ser considerado como válido para
acreditar el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
12. A su turno, excluyó el periodo presuntamente laborado desde el 10 de octubre de
1982 en la misma condición, por no encontrarse probado ni fue tenido en cuenta en el
acto de reconstrucción.
13. El Tribunal señaló que, aunque existió una breve interrupción del vínculo docente
entre el 1° de septiembre de 1980 y el 8 de septiembre de 1984, esto no implica la pérdida
de la expectativa respecto a la pensión gracia. En consecuencia, se demostró la
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 en el ámbito municipal, la ausencia de
antecedentes disciplinarios y los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado.
14. En este contexto, se accedió al reconocimiento de la prestación incluyendo la
totalidad de los factores salariales percibidos en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, es decir, desde el 25 de enero de 2011 hasta el 25 de enero de 2012
(asignación básica, auxilio de movilización, prima de navidad y prima de vacaciones). No
se aplicó el fenómeno de la prescripción, puesto que la solicitud de reconocimiento
pensional fue presentada ante la entidad el 24 de diciembre de 2014 y el estatus fue
adquirido el 25 de enero de 2012.
15. Finalmente, se condenó en costas a la parte vencida, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 188 del CGP.
4
Folios 438 a 448.
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Radicación: 52001 23 33 000 2016 00235 01 (3516-2019)
Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
Recurso de apelación5
16. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
fundamentado en que no se ha demostrado adecuadamente el tiempo de servicio
docente previo al 31 de diciembre de 1980, dado que no se presentaron los decretos de
nombramiento ni las actas de posesión que validen la relación legal y reglamentaria.
17. En caso de que se consideren los tiempos de servicio a partir del 1° de febrero de
1980 como alfabetizadora de niños en la Escuela Urbana Integral de Berruecos, ubicada
en el municipio de Arboleda, estos deben ser desestimados ya que no corresponden al
ejercicio de la profesión docente según lo estipulado en el Decreto 2277 de 1979.
18. Reiteró que el acto administrativo reconstruido no cumplió con las formalidades
requeridas por la Ley 50 de 1986 ni por la Ley 1564 de 2012, lo que lo hace improcedente
para ser considerado en la prestación solicitada, al no demostrar la vinculación previa al
31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizado, departamental, municipal o
distrital. Señaló que la certificación laboral aportada no es válida para acreditar la
vinculación y los tiempos de servicio, porque es necesario aportar el acto de
nombramiento y el acta de posesión, así como de comprobar con precisión los plazos de
los tiempos de servicio.
19. A su vez, indicó que los recursos destinados al pago de los salarios de la actora
provienen del Sistema General de Participaciones, que son fondos de carácter nacional
y, por ende, incompatibles con la pensión gracia, la cual está destinada a maestros
territoriales. Y solicitó la aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado para
determinar la naturaleza de la plaza de la demandante, dado que no se ha podido
establecer de manera clara el tipo de vinculación que tuvo en el servicio de la docencia.
20. Por último, cuestionó la condena en costas señalando que no se ha evidenciado
mala fe por parte de la entidad en el proceso.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. Mediante auto del 11 de marzo de 20216 se admitió el recurso de apelación y el
22 de julio de 20217 se corrió traslado a las partes, por el término de 10 días, para que
presentaran sus alegatos de conclusión. Asimismo, vencido dicho plazo, se ordenó poner
a disposición del Ministerio Público el expediente para que emitiera el correspondiente
concepto.
22. En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada 8 reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda. Por su parte, la demandante y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
5
Folio 4451 a 454.
6
Folio 530.
7
Folio 532.
8
Índice 29 de Samai.
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Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
24. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
determinará la validez del tiempo de servicios prestado antes del 31 de diciembre de
1980, en relación con las pruebas documentales obrantes en el expediente. En especial,
este análisis se llevará a cabo considerando el argumento de que el acto de
reconstrucción establecido en el Decreto 475 del 14 de agosto de 2014 no cumplió con
las formalidades requeridas por la ley para su validez.
25. Esto es fundamental para verificar si se satisface el requisito estipulado en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que exige demostrar los períodos de servicio como
docente, ya sea territorial o nacionalizada, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Análisis del problema jurídico
26. La demandante afirmó que, desde el 1° de febrero de 1980 hasta el 30 de agosto
de 1980, desempeñó funciones como docente alfabetizadora de niños en la Escuela
Urbana Integral Berruecos, ubicada en el municipio de Arboleda (Nariño).
27. Para probar ese hecho, presentó copia del Decreto 475 del 14 de agosto de 2014
mediante el cual se reconstruyó el Decreto del 1° de febrero de 1980, que formalizó su
nombramiento como profesora de alfabetización en la aludida Escuela Urbana.
Asimismo, se incluyó el acta de posesión correspondiente, que data de la misma fecha.
En este acto se consolidó el nombramiento y posesión a partir del 1° de febrero de 19809,
en concordancia con lo estipulado en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil.
28. De manera similar, se adjuntó una copia del acta de posesión fechada el 14 de
agosto de 201410, en la cual se evidencia la reconstrucción del acta de posesión de la
demandante en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 475 del 14 de agosto de
2014.
29. Asimismo, se aportó copia del Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral, con fecha del 12 de diciembre de 2014 11, en el que se registraron
los períodos de servicio desempeñados como profesora de alfabetización infantil en la
9
Folios 86 a 88.
10
Folio 88.
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Folios 78
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Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
Escuela Integral Berruecos, ubicada en el municipio de Arboleda (Nariño), desde el 1 de
febrero de 1980 hasta el «31-2-80» (sic).
30. El Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral registra
que la demandante ejerció sus funciones docentes en 1980, en virtud de lo dispuesto por
la Resolución 475 del 47 de agosto de 2014 (acto de reconstrucción) entre el «1-2-80»
al «31-2-80 (sic)».
31. Según la certificación suscrita por el secretario de gobierno del municipio de
Arboleda (Nariño)12, de fecha 20 de octubre de 2015, la demandante prestó servicios
docentes «[c]omo Profesora de Alfabetización de niños en la escuela Urbana de
Berruecos desde el 1 de febrero hasta el 31 de agosto de 1980 según Resolución No.
475 del 14 de agosto del 2014 donde se reconstruye un acto administrativo (Decreto y
acta de posesión de fecha 1 de Febrero de 1980)». (Resaltado fuera de texto).
32. En este contexto probatorio, resulta oportuno reiterar lo establecido en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, mediante la cual la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó criterios relevantes respecto a
la acreditación de la calidad docente, consolidando la siguiente regla jurisprudencial: […]
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la
Sala).
33. Por ende, en estos casos, corresponde al juez analizar el expediente con el
propósito de constatar la existencia de actos administrativos que permitan determinar la
naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Tal examen resulta
esencial dado que el contenido del acto de nombramiento brinda al fallador información
determinante sobre las condiciones jurídicas del cargo y las implicaciones legales a las
que queda sujeto el servidor público.
34. No obstante, en ausencia de dichos documentos, el juzgador puede acudir a otros
medios probatorios, los cuales deberán ser valorados integralmente bajo las reglas de la
sana crítica, como las certificaciones expedidas por las autoridades nominadoras,
siempre que su contenido resulte indiscutible en cuanto a veracidad.
35. En el presente asunto, al evaluar el acto administrativo de reconstrucción, la Sala
concluye que no se le puede otorgar el valor probatorio suficiente que permita considerar
como ciertas las afirmaciones contenidas en él. Aunque se observa una coincidencia
entre la información presentada en el acto y la certificada por el FOMAG, así como la
mención de la norma aplicable -artículo 133 del CPC- para llevar a cabo la reconstrucción
del acto administrativo, no se ha encontrado evidencia que respalde el procedimiento
que realmente se siguió en dicha reconstrucción.
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Folios 96 a 97.
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Radicación: 52001 23 33 000 2016 00235 01 (3516-2019)
Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
36. Adicionalmente, no se logra evidenciar de forma inequívoca la naturaleza del
vínculo docente establecido con el presunto nombramiento del año 1980. Esto se debe
a que dicho acto administrativo se limita a rehacer el decreto fechado el 1° de agosto de
1980, sin incluir las características necesarias que permitan a la Sala clasificar
adecuadamente esa designación.
37. Sumado a lo anterior, en el expediente se evidencia que el acto administrativo fue
reconstruido basándose únicamente en la declaración de la testigo María de los Ángeles
Gómez, quien se presentó ante el inspector de policía municipal de Arboleda limitándose
a indicar que tenía conocimiento de que la actora desempeñó funciones como profesora
en el programa de alfabetización de niños en la escuela urbana de Barruecos desde el
1° de febrero hasta el 31 de agosto de 1980.
38. Esta declaración de tercero carece de la solidez necesaria para reconstruir el
aludido acto administrativo ya que no se evidencia información adicional que detalle las
características del nombramiento. Asimismo, no se mencionan documentos ni otras
pruebas que faciliten a la Sala una comprensión más precisa sobre las particularidades
de un vínculo docente territorial o nacionalizado en esa época.
39. Así las cosas, la Subsección considera que no se han comprobado los extremos
temporales que la parte demandante ha alegado antes del 31 de diciembre de 1980. Esta
conclusión se fundamenta en la falta de certeza acerca de la existencia del acto
administrativo de nombramiento, así como en la ausencia de evidencia sobre la posesión
del cargo docente desde el 1° de febrero hasta el 31 de agosto de 1980. Por tanto, carece
de fundamento la información contenida en las certificaciones laborales mencionadas,
ya que no se ha demostrado fehacientemente el vínculo docente correspondiente.
40. Aunado a que la Sala ha detectado un error en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, donde se registra incorrectamente que la
vinculación de la demandante como alfabetizadora de niños se extendió hasta el 31 de
febrero de 1980, fecha que no existe en el calendario. Este error contrasta con la
certificación emitida por el secretario de gobierno del municipio de Arboleda (Nariño),
que indica que los servicios docentes se prestaron hasta el 31 de agosto de 1980.
41. Esta discrepancia no solo representa un error, sino que también genera una
imprecisión que afecta la veracidad y credibilidad del documento, lo que a su vez crea
una duda justificada sobre la veracidad de lo alegado en la demanda respecto al tipo de
vinculación legal y reglamentaria de la actora.
42. En resumen, el expediente no evidencia de manera concluyente que la
demandante haya estado vinculada como docente nacionalizada y/o territorial desde el
1° de febrero hasta el 31 de agosto de 1980. Por lo tanto, la Sala procederá a desestimar
este periodo, a fin de cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, que estipula que el docente debe demostrar de manera ineludible
haber tenido una vinculación en dicha calidad antes del 31 de diciembre de 1980.
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Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
43. Corolario a lo expuesto, habida cuenta que no se vislumbran otros períodos que
permitan analizar el cumplimiento de ese requisito, se hace inviable proseguir con el
análisis de los restantes tiempos de servicio necesarios para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, ya que esta no podría ser concedida. Por lo tanto, se revocará la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar, estas serán
desestimadas.
Condena en costas de segunda instancia
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias por cuanto prosperaron los argumentos del recurso de apelación contra la
sentencia de primer grado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 20 de marzo de 2019 emitida por
el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por la
señora Nelly del Socorro Córdoba Jurado contra la UGPP, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias. Para el
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Radicación: 52001 23 33 000 2016 00235 01 (3516-2019)
Demandante: Nelly del Socorro Córdoba Jurado
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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