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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00262-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00262-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda, salvo el ordinal segundo que se revoca, y en su lugar, se dispone no condenar en costas a la parte vencida. SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2016-00262-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 7 de julio de 2022.

Radicación: 52001-23-33-000-2016-00262-01
No. Interno: 2187-2021
Demandante: Nicolás Adalberto Villareal Palacios
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Asunto: Docente solicita liquidación de las cesantías bajo el
sistema retroactivo.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

I. ASUNTO

La Sala decide1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Nariño que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES
La demanda.

2. El señor Nicolás Adalberto Villareal Palacios en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presenta demanda contra el Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2
para que se acceda a la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución No.1732
del 10 de diciembre de 2015 mediante el cual la secretaría de educación de Nariño-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció cesantías
parciales liquidadas con el régimen anualizado.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la parte
demandada al reconocimiento y pago de las cesantías parciales de manera

1
Según informe de la secretaría de la sección segunda de 7 de junio de 2022.
2 En adelante FOMAG.

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

retroactiva conforme a lo previsto por la Ley 6 de 19453; el valor de las diferencias
que resultaren de la reliquidación de la prestación social; la indexación de las
sumas adeudadas; los intereses moratorios; y el cumplimiento del fallo.

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes fundamentos fácticos:

4. El demandante indica que fue nombrado desde el 29 de noviembre de 1983
como docente prestando sus servicios de manera ininterrumpida en el municipio de
Consacá. Que en fecha 23 de julio de 2015 presentó solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías parciales.

5. La secretaría de educación de Nariño- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio le reconoció cesantías parciales mediante la Resolución No.1732 del
10 de diciembre de 2015. Sin embargo, sostiene el accionante que la entidad
demandada desconoció la totalidad del tiempo de servicio al liquidar la prestación,
toda vez que fue nombrado por temporalidad desde el 29 de noviembre de 1983 en
el municipio de Consacá, pero solo se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio
prestado desde la fecha de ingreso en propiedad al magisterio oficial, esto es,
desde el 2 de octubre de 1991, lo que llevó a que le aplicaran el régimen
anualizado de cesantías siendo que tiene derecho a que la prestación social fuera
liquidada con el régimen de retroactividad.

Concepto de violación.

6. El demandante expone que la resolución cuya invalidez se pretende fue
expedida con infracción de la ley y la constitución 4, puesto que desconoció la
totalidad del tiempo prestado, esto es, desde el 29 de noviembre de 1983, de
manera que, al tener en cuenta dicha fecha de vinculación le resulta aplicable para
la liquidación de cesantías el régimen de retroactividad.

Contestación de la demanda.

7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG no contestó la
demanda ni formuló excepción alguna.

3
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo.»
4 Folios 24.

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

Sentencia apelada.

8. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante fallo proferido el 5 de febrero de
2020 negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Como sustento de la decisión, indicó que el demandante fue vinculado como
profesor en el municipio de Consacá mediante la Resolución No19042 del 29 de
noviembre de 1983, cargo en el cual se mantuvo hasta el 28 de mayo de 1991,
fecha en la cual, mediante Decreto 1019 del 28 de mayo de 1991 fue «destituido»5
al encontrarse que éste no estaba inscrito en el escalafón nacional docente, por lo
que, se generó una ruptura en la relación laboral que sostenía el docente con la
administración departamental de la época. Posteriormente, el educador fue
nombrado mediante Decreto 1676 del 2 de octubre de 1991 retomando sus labores
como docente del orden departamental de Nariño, pero sin desconocer que existió
solución de continuidad entre uno y otra vinculación al haberse generado una
ruptura de 4 meses y 6 días.

9. La cesación en la prestación del servicio por el lapso antes mencionado,
ocasionó que el demandante perdiera el derecho a que sus cesantías fueran
liquidadas en forma retroactivo, puesto que, la nueva vinculación ocurrida en el año
1991 se hizo bajo los lineamientos de la Ley 91 de 1989 que estableció que solo
para aquellos docentes vinculados con anterioridad a la prenotada ley conservaban
el régimen de retroactividad.

Recurso de apelación.

10. El apoderado judicial de la parte demandante no invoca un cargo concreto
contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda,
sino que de manera genérica plantea que el acto acusado que negó el
reconocimiento de las cesantías con aplicación de régimen de retroactividad se
sustentó en la Ley 91 de 1989 que estableció que los docentes vinculados después
del 31 de diciembre de 1990 en materia de cesantías, se les aplicaría el sistema
anualizado sin retroactividad, desconociendo dicha decisión que el docente fue
nombrado desde el 29 de noviembre de 1983 en el municipio de Consacá y en su
lugar, para la liquidación tomo la fecha de ingreso al magisterio el 2 de octubre de

5
En el referido Decreto 1019 del 28 de mayo de 1991 se indicó el vocablo destituye, aunque el mismo no se
produjo como consecuencia de una decisión sancionatoria sino como un retiro administrativo del servicio.

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Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

1991 cuando se vinculó en propiedad. Finalmente, solicita se revoque la condena
en costas.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

11. La parte demandante no hizo uso de esta oportunidad procesal. Por su parte, el
Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio descorrió el traslado e indico que «[…] Es importante que el honorable
Consejo de Estado, tenga en cuenta que existió solución de continuidad y que la
fecha efectiva de vinculación del docente NICOLÁS ADALBERTO VILLAREAL
PALACIOS fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 89 de 1991, quien trajo
toda la estructura legal y regulatoria para su aplicación a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde el régimen aplicable de
cesantías es el anualizado mas no un régimen de retroactivo. Por lo tanto, nos
permitimos solicitar se CONFIRME la Sentencia de primera instancia proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, pues las pretensiones NO están
llamadas a prosperar».

El Ministerio Público no emitió concepto en el presente asunto.

III. CONSIDERACIONES

12. Al agotarse el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin
que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control
de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema jurídico.

13. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer si el señor Nicolás Adalberto Villareal Palacios
quien alega haberse vinculado a la docencia oficial desde el 29 de noviembre de
1983 y posteriormente, en propiedad a partir del 2 de octubre de 1991, para
efectos del reconocimiento de las cesantías parciales le es aplicable el régimen
retroactivo previsto en la Ley 6 de 1945 o si por el contrario, es destinatario de la

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Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

Ley 91 de 1989 y por consiguiente, se encuentra bajo el sistema de liquidación
anualizada.

14. Para resolver el presente asunto la Sala analizará el sistema de liquidación de
cesantías de los docentes conforme la Ley 91 de 1989, para luego, entrar a
resolver el caso en concreto.

Sistema de liquidación de cesantías de los docentes.

15. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la Nación con el fin de atender «las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella»,
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2.°
[…]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de
entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]

Artículo 15.° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes. Subrayado nuestro

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional».

16. Conforme las normas trascritas, se establece una distinción entre los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo
de cesantías. Por su parte, los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de
1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías
que se causen desde el 1º de enero 1990, el Fondo pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, valga decir, las cesantías se reconocerán con el
régimen anualizado.

17. Así mismo, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación 6, al
decidir casos similares ha establecido que los docentes que ingresaron al sector
oficial con posterioridad al 1º de enero de 1990, independientemente de ser
designados por el alcalde o gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad
de financiados con recursos propios, se rigen por las disposiciones vigentes para
los empleados públicos del orden nacional, que en materia de cesantías, prevén la
liquidación bajo el sistema anualizado. Al efecto, en sentencia de 31 de enero de
20197, sostuvo lo siguiente:

6
Véase también:
Subsección A: Sentencia de 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; Sentencia de 26 de julio de 2018, Rad. 2015-02674-01; Sentencia de
29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01, C.P.: William Hernández Gómez.
Subsección B: Sentencia de 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; Sentencia de 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; Sentencia de 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; Sentencia de 7 febrero de 2019, Rad. 2016-00298-
01; Sentencia de 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01; C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7
Sentencia 31 de enero de 2019, Rad. 2015-00025-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

«[…] la Ley 91 de 1989 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio», en lo relativo a las cesantías del personal docente, previó
la siguiente disposición:

«3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional.»
[…]

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la citada Ley 91 de 1989, dispuso que
aquellos docentes vinculados con anterioridad a 31 de diciembre de 1989,
conservarían el régimen prestacional que gozaban en la entidad territorial a la cual
se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás normas concordantes
y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción
entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por las
normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación
del sistema financiero durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de si los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20168, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de
los docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas
prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, quienes mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden
territorial, a diferencia de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin
hacer distinción entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las
normas de los empleados públicos del orden nacional.

8
Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad. 2013-00134-01. C.P.:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

[…]
Así las cosas, la Ley 91 de 1989, además de crear el FOMAG para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se vincularan con anterioridad al 31
de diciembre de 1989.»

18. Por todo lo anterior, se definió que los docentes que ingresaron con
posterioridad al 1 de enero de 1990, por el solo hecho de ser designados por el
alcalde o gobernador no adquieren el carácter de territorial regidos por normas
prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad,
puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b),
los maestros «[…] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional», y concretamente frente a
las cesantías, dispuso que el FOMAG reconocerá y pagará un interés anual sobre
el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad.

Solución al caso concreto.

19. En el asunto bajo estudio, para efecto de resolver el problema jurídico
planteado, procede la Sala a relacionar y valorar las pruebas documentales
debidamente decretadas en el proceso. Es así como en el plenario se encontraron
las siguientes:

i) Copia de la Resolución No 1732 del 10 de diciembre de 2015 9 a través de la
cual, le es reconocida cesantías parciales al señor Nicolás Adalberto
Villareal Palacios en la suma de $32.368.775 de la cual, le fue descontado
el valor de $14.049.920.oo, quedando un saldo neto a reconocer de
$18.318.855.oo.

ii) Copia de la Resolución No 2529 del 14 de septiembre de 199410 por el cual,
se ordena el reconocimiento de cesantías definitivas en atención a la
solicitud radicada por el señor Nicolás Adalberto Villareal Palacio en fecha
29 de octubre de 1993 y para lo cual, aportó copia del Decreto 1019 del 28
de mayo de 1991 por medio del cual fue desvinculado del servicio a partir

9
Folios 33 al 36 del expediente digital.
10
Folios 43 al 45 del expediente digital

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

del 28 de mayo de 1991 emanado de la secretaría de educación
departamental de Pasto, acto administrativo que le fue notificado en fecha
16 de septiembre de 1994.

iii) Formato de solicitud de cesantías parciales diligenciado y copia de la cedula
de ciudadanía11.

iv) Formato único de expedición de certificado de salarios 12.

v) Extracto de intereses a las cesantías expedido el 17 de junio de 2015 en el
cual aparece el reporte de las consignaciones de las cesantías
correspondientes a las anualidades 1990 a 2014 13.

vi) Copia acta de posesión del señor Nicolás Adalberto Villareal Palacios como
profesor industrial de la concentración de desarrollo rural de Consacá, en la
cual consta que tomó posesión del cargo en fecha 29 de noviembre de
1983, de acuerdo al acto de nombramiento Resolución No 19042 del 21 de
octubre de esa misma anualidad14.

vii) Copia del Decreto No 1019 del 28 de mayo de 1991 15 «por el cual se hace
una destitución, un nombramiento y un traslado en el ramo de la
educación». En los considerandos de dicho acto y en su parte resolutiva se
expuso lo siguiente:

«[…] Que el jefe de la oficina de escalafón docente de Nariño, hace constar en
fecha 15 de mayo de 1991 que el señor NICOLÁS ADALBERTO VILLAREAL
PALACIO, no se encuentra ni asimilado ni inscrito en el escalafón nacional
docente.

Que el artículo 7 del decreto 2277 de 1979, estatuto docente establece que todo
nombramiento que no cumpla con las estipulaciones fijadas en los artículos 5 y 6
es ilegal y la autoridad nominadora deberá declarar la insubsistencia tan prono
tenga conocimiento so pena de incurrir en casual de mala conducta.

DECRETA

Artículo 1. Nombrase a HERNAN GRABIEL MELENDEZ ESPAÑA como profesor
de tiempo completo de la concentración de desarrollo rural de la Unión, municipio
de la Unión, comisióneselo como director de la escuela rural mixta del suspiro,
municipio del Rosario, en reemplazo de RAFAEL ADALBERTO PEÑA QUIEN
pasa a otro cargo y con plaza de NICOLAS ADALBERTO VILLAREAL PALACIOS,

11
Folios 54 al 57 del expediente digitalizado.
12
Folios 60 y 61 del expediente digitalizado.
13
Folios 63 y 63 del expediente digitalizado.
14
Folios 81 del expediente digitalizado.
15
Folio 83 del expediente digitalizado.

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Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

a quien se destituye del cago por no estar inscrito en el escalafón nacional
docente.

Articulo 2. Trasladase a LUIS CARLOS GUERRERO, director de la escuela rural
mixta del Sapotal, municipio de Tumaco como maestro en comisión en la
concentración de desarrollo rural de Consacá, municipio de Consacá, en
reemplazo de NICOLAS ADALBERTO VILLAREAL PALACIOS, a quien se
destituye del cargo por ser sin (sic) escalafón…»

viii) Acta de posesión del señor Nicolás Adalberto Villareal Palacios como
maestro del departamento y seccional de la escuela rural mixta de
Rumipamba, municipio de Consacá, en la cual se hace constar que el 5 de
octubre de 1991 tomó posesión del cargo de acuerdo al nombramiento
efectuado en fecha 2 de octubre de 1991 16.

20. De acuerdo con las pruebas documentales obrantes en el proceso, se obtiene
que si bien obran pruebas que evidencian un nombramiento oficial del demandante
como docente al servicio de la concentración de desarrollo rural de Consacá para
el año 1983, este obedece a una vinculación temporal durante el período
comprendido entre el 29 de noviembre de 1983 y 28 de mayo de 1991, como
quiera que a través del Decreto 1019 de 1991 fue desvinculado del servicio
docente tal como se evidencia en la trascripción realizada del aludido acto
administrativo en líneas precedentes. Lo anterior implica que dicha relación legal y
reglamentaria solo tuvo vigencia hasta la referida fecha límite de ejecución,
situación que implica el consecuente reconocimiento de las cesantías definitivas a
que hubiera lugar por tal lapso, sin que sea posible considerar que el docente ha
permanecido al servicio del magisterio prestando sus servicios de manera continuo
e ininterrumpida, dado que solo hasta el 5 de octubre de 1991 logró nuevamente
vincularse en la plata docente en propiedad.

21. Entonces, respecto de la viabilidad de tener en cuenta la vinculación del 29 de
noviembre de 1983 como la fecha de inicio de su actividad docente sin
interrupciones, debe tenerse en cuenta que a sabiendas de que con posterioridad a
la finalización de ese período, el señor Niculas Villareal Palacios tuvo una nueva
vinculación, deja ver en realidad que en el ejercicio de la actividad educativa con el
Estado existió solución de continuidad que implica la existencia no de una sola
relación legal y reglamentaria, sino de dos en diferentes momentos, ello al punto de
que la normativa aplicable en cada oportunidad debe ser la vigente en cada caso.

16
Folio 79 del expediente digitalizado

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Demandante: Nicolás Villareal Palacio
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22. En un caso con similitudes fácticas y jurídicas al particular, el Consejo de
Estado17 en sentencia del 31 de julio de 2020 precisó lo siguiente:

«[…] [P]ara que puedan acumularse los tiempos de servicios oficiales con el
propósito de reconocer las cesantías […], es relevante que estos se hayan prestado
con continuidad, sin que haya operado la ruptura del vínculo laboral; condición que
no se cumple en el presente asunto, pues entre las relaciones laborales del
accionante operó la solución de continuidad. En consecuencia, es improcedente el
argumento del apelante referente a que tiene derecho al reconocimiento de las
cesantías retroactivas, con ocasión de su vinculación desde el año 1979, toda vez
que esta se terminó el 23 de agosto de 1985. Aclarado lo anterior, se indica que
conforme se acreditó en el expediente, el último vínculo del señor Jorge Arturo
Pereira Escarria en calidad de docente fue a partir del 2 de febrero de 1996, como
bien lo determinó el A quo. Por consiguiente, es esta la fecha que se tiene en
cuenta para efectos del reconocimiento de las cesantías definitivas reclamadas. En
este orden de ideas, dado que tal vinculación ocurrió con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, después del 31 de diciembre de 1989, se
considera que las cesantías del actor se liquidan de forma anual. […]».

23. En virtud de esta línea jurisprudencial, es dable concluir que debido a la
interrupción en el vínculo como docente oficial sostenido por el demandante, la cual
data de nombramiento anterior al 1.° de enero de 1990 resulta irrelevante a fin de
acceder a una reliquidación prestacional con base en el sistema de retroactividad,
incluso bajo al argumento respecto a su calidad de educador territorial, ello habida
cuenta de que la normativa aplicable a su caso debido a la posterior relación
causada desde el 5 de octubre de 1991, es la Ley 91 de 1989 en punto al régimen
anualizado de las cesantías, pues es dicho aspecto temporal el que define el marco
jurídico que rige la situación en litigio, no la naturaleza o nivel del cargo ocupado.

24. Con fundamento en lo expuesto, tampoco le asiste razón al demandante
cuando alega que le era aplicable la Ley 344 de 1996 al haber sido nombrado
como docente oficial territorial con anterioridad a la expedición de esta, y que por
consiguiente tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente.

25. Ello por cuanto dicha norma mantuvo las previsiones contempladas en la Ley
91 de 1989 para todos los educadores que se incorporaran sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas territoriales a partir del 1.º de
enero de 1990 como es su caso, debido a que el nombramiento ocurrido el 29 de
noviembre de 1983 finalizó el 28 de mayo de 1991 y solo a partir del 5 de octubre
de esa misma anualidad, se produjo su vinculación en propiedad, es decir, cuando
había trascurrido 4 meses y 5 días entre la terminación de la relación y la nueva

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
31 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2017-00647-01(2557-18).

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

vinculación, lo que conlleva sin lugar a duda la existencia de la ruptura en la
relación, por lo que, es claro que la norma aplicable para efecto de la liquidación
de sus cesantías es aquella vigente al momento de la última posesión, valga decir,
la Ley 91 de 1989.

26. Encontrando que solo a partir de la vinculación en propiedad como docente
municipal de Consacá es que ha desarrollado su relación de manera continua e
ininterrumpida, se establece que no tiene derecho al reconocimiento y pago de las
cesantías con base en el sistema retroactivo, pues para ello es requisito necesario
haber sido vinculado como docente con anterioridad al 1 de enero de 1990, es
decir , hasta el 31 de diciembre de 1989 conforme lo dispone la Ley 91 de 1989,
situación fáctica que no acredita el demandante, dada la fecha en que tomó
posesión como docente en el año 1991.

27. Los educadores nombrados con posterioridad al 1 de enero de 1990, como es
el caso del actor, se encuentran cobijados por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
que estableció que dichos docentes se regirían por las disposiciones previstas
para los empleados públicos del orden nacional y además, contempló en su literal
b) del numeral 3 ibídem la liquidación de la mencionada prestación social en forma
anualizada y no retroactiva, sistema que comporta el pago de un interés
equivalente a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero
durante cada período (anual) certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, sobre el ahorro o el acumulado de cesantías a 31 de diciembre de cada
anualidad, valores que por disposición legal son notificado año a año a los
titulares.

28. Finalmente, se observa que en el ordinal segundo de la parte resolutiva del
fallo controvertido, condenó en costas a la parte vencida. Al respecto, la Sala echa
de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifique su imposición
al demandante, razón por la cual, se revocará.

29. Por lo todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 5 de febrero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la
demanda, excepto la condena en costas que será revocada.

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Expediente: 2187-2021
Demandante: Nicolás Villareal Palacio
Demandados: FOMAG

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda, salvo
el ordinal segundo que se revoca, y en su lugar, se dispone no condenar en costas
a la parte vencida.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firma Electrónica

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el
linkhttp:/relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.

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