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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00292-02

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00292-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que desestimó las pretensiones de la demanda. SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2016-00292-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

1 de diciembre de 2025

Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Controversias contractuales
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010
Demandado: Departamento de Nariño

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia, de acuerdo con el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de apelación
presentado contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. A su vez, el
tribunal conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda,
con base en el numeral 3 del artículo 152 del CPACA1.

SÍNTESIS2

En la demanda se solicita la declaratoria de incumplimiento del contrato porque la
entidad contratante le entregó al contratista estudios y diseños deficientes. La
sentencia de primera instancia negó las pretensiones porque si bien se acreditó que
los estudios y diseños eran defectuosos, los sobrecostos asociados a este
incumplimiento fueron pagados mediante las adiciones al contrato. La Sala confirma
la sentencia de primera instancia porque el dictamen aportado por el demandante no
acreditó los mayores costos causados el incumplimiento de la entidad.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2016, la Unión Temporal IP 2010
promovió una demanda, en ejercicio del medio de control judicial de controversias

1 Antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021, la norma establecía lo siguiente: “Artículo 152. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De los de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la
cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”. En el presente caso, el
demandante pretendió que se le pagara la suma de “CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 73 CTVS M/L
($5.268.299.411,73)” (índice 19 SAMAI archivo denominado CIBEMEMORIAL_Recibecorreo70815.pdf).
2 Tema: incumplimiento - mayor permanencia en obra – dictamen pericial – verificación de la información.

1

Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

contractuales, en contra del Departamento de Nariño de acuerdo con las siguientes
pretensiones:

1.1. Se declare el incumplimiento por parte del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, del
contrato N° 008-10 de 2010, sus adicionales y modificatorios, celebrado el tres (3) de
noviembre de 2010, con la U.T. IP 2010 (…).
1.2. Se declare que en relación con el contrato N° 008-10 de 2010, sus adicionales y
modificatorios (…) se presentaron hechos o circunstancias imprevistas no imputables
al contratista, que dieron lugar al rompimiento del equilibrio del contrato N° 008-10 de
2010, en contra de la U.T. IP 2010 contratista.
1.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al
DEPARTAMENTO DE NARIÑO a pagar a la Unión Temporal IP 2010, la suma de
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 73 CTVS M/L
($5.268.299.411,73) (…) por concepto de los valores adeudados por los sobrecostos
por la mayor permanencia en obra dentro del contrato N° 008-10 de 2010, sus
adicionales y modificatorios, así como los intereses de actas de obra no pagadas
oportunamente por la entidad demandada.
1.4. Que se condene al DEPARTAMENTO DE NARIÑO a pagar, respecto de cualquier
suma de dinero debidamente actualizada que resulte a favor de la U.T. IP 2010, los
intereses comerciales moratorios a la tasa más alta autorizada por el Estatuto de
Contratación Pública, ley 80 de 1993.
1.5. Que se proceda a la liquidación judicial del contrato de Obra Pública N° 008-10
de 2010, sus adiciones y modificaciones, toda vez que a la fecha de presentación de
la demanda esta liquidación no se ha llevado a cabo, de conformidad con la cláusula
vigésima tercera del contrato, y de la ley.
1.6. Que se ordene al DEPARTAMENTO DE NARIÑO, a dar cumplimiento a la
sentencia que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.7. Que se de aplicación a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
1.8. Que se condene al DEPARTAMENTO DE NARIÑO, a pagar las costas y agencias
en derecho de este proceso3.

2. Las pretensiones de la demanda se sustentan, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El 3 de noviembre de 2010, la Unión Temporal IP 2010 y el Departamento de Nariño
suscribieron el contrato de obra y consultoría No. 008-10 el cual tenía por objeto
realizar los estudios, diseños y la construcción del intercambiador vial glorieta Las
Banderas en el Municipio de Pasto (Nariño).

2.2. El Departamento se obligó a entregar los estudios y diseños para la obra, dentro
de los cuales se incluía el levantamiento topográfico del sector que debía ser
intervenido, los estudios de tránsito, geotécnica, suelos, diseño geométrico, diseño
estructural, diseño de acueducto y alcantarillado, estudio de urbanismo y paisajístico,
señalización y especificaciones técnicas.

2.3. La contratista se obligó a (i) analizar, revisar e integrar los estudios y diseños
entregados por el Departamento con el fin de realizar otros estudios y diseños
menores4; (ii) lograr la aprobación de los estudios y diseños a su cargo ante la

3 índice 19 SAMAI Archivo denominado CIBEMEMORIAL_Recibecorreo70815.pdf
4 Tales como los estudios y diseños ambientales, el plan de manejo de tránsito, el diseño de pavimentos y de obras

menores en concreto
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Demandante: Unión Temporal IP 2010

interventoría y demás entidades municipales competentes; (iii) construir el
intercambiador vial de conformidad con los estudios y diseños entregados por el
Departamento y los que elaborara en cumplimiento de sus obligaciones de consultoría;
y (iv) mantener el personal, equipo y los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual.

2.4. El plazo del Contrato era de 18 meses contados a partir del acta de inicio que se
suscribió el 12 de enero de 2011. El valor fue pactado a precios unitarios con fórmula
de reajuste, en un estimado de catorce mil quinientos treinta y tres millones
cuatrocientos noventa y un mil seiscientos setenta y dos pesos ($14.533.491.672).

2.5. Iniciada la ejecución del contrato, la unión temporal efectuó la revisión de los
estudios y diseños entregados por el Departamento y advirtió que eran deficientes,
razón por la cual, las partes acordaron la realización de actividades de
complementación de la mayoría de estos estudios y diseños, adicionando para el
efecto el valor del contrato, en varias ocasiones, para reconocer estas actividades.

2.6. Como consecuencia de la complementación de los estudios y diseños, se hizo
necesario realizar el traslado de redes de acueducto y alcantarillado que se
encontraban en el sector que iba a ser intervenido, actividad que no había sido prevista
dentro del objeto contractual. En virtud de ello, se acordó bilateralmente la realización
de estos trabajos para lo cual se firmaron contratos adicionales en los que se
incluyeron las referidas actividades y se reconoció el valor por su ejecución.

2.7. La ejecución del contrato bajo las anteriores circunstancias impidió que la obra
fuera construida en el plazo inicialmente previsto de suerte que el plazo inicial de
dieciocho (18) meses tuvo que ser prorrogado en veintidós (22) meses adicionales,
por lo que terminó el 21 de marzo de 2014.

2.8. Las obras fueron recibidas a satisfacción por el Departamento mediante acta de
recibo final suscrita el 21 de julio de 2014, según afirma el demandante para la fecha
en que se presentó la demanda el contrato no había sido liquidado.

2.9. El Departamento incumplió el Contrato porque no entregó estudios y diseños
adecuados y no advirtió de manera oportuna que para construir la obra se debía
efectuar el traslado de las redes del sector; los referidos incumplimientos ocasionaron
sobrecostos durante el plazo inicial del Contrato, representados en el stand by del
equipo, materiales y personal necesario para la ejecución del objeto contractual, al
igual que una mayor permanencia en la obra durante la cual la contratista también tuvo
que asumir sobrecostos.

B. Posición de la parte demandada

3. En forma oportuna el departamento de Nariño contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las súplicas para lo cual indicó que cumplió el contrato tal como fue
acordado5. Así, adujo lo siguiente:

5 Índice 19 Samai Archivo denominado 64RECIBEMEMORIAL_Recibecorreo70815.pdf.

3

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Demandante: Unión Temporal IP 2010

3.1. La unión temporal contratista conocía de antemano que los estudios y diseños de
la obra no estaban completos por lo que asumió expresamente la obligación de realizar
estudios y diseños menores, conforme a lo cual se hallaba probado que conocía que
el plazo inicialmente pactado no se iba a cumplir y, además, que iba a asumir
sobrecostos relacionados con esa mayor permanencia.

3.2. Los estudios y diseños que fueron entregados por el departamento formaban parte
del pliego de condiciones, por lo que la contratista los conoció en la etapa
precontractual y debía advertir sus falencias; prueba de lo anterior es que a escasos
días de haberse suscrito el acta de inicio, presentó inconformidades resaltando su
deficiencia, por lo que no era dable pretender el reconocimiento de sobrecostos por
situaciones que conoció antes de la firma del Contrato, y que sabía que iban a afectar
su ejecución.

3.3. Los costos que se reclaman en la demanda fueron reconocidos en su integridad
mediante las ocho (8) adiciones suscritas en el contrato, si la contratista consideraba
que existían sobrecostos no cubiertos con dichas adiciones debía probar que eran
superiores al valor reconocido por concepto de imprevistos del contrato.

3.4. La demandante no dejó salvedades en las diferentes modificaciones introducidas
al contrato, por lo que cualquier reclamación posterior era improcedente por ir en
contra sus propios actos.

3.5.El Contrato fue liquidado unilateralmente por el departamento mediante la
Resolución No. 015 del 27 de abril de 2016 “por medio de la cual se liquida
unilateralmente el contrato de obra y consultoría No. 008- 10 suscrito con la Unión
Temporal IP2010”6, en la que se resolvió: “liquidar unilateralmente el contrato de obra
y consultoría No. 008- 10 suscrito con la Unión Temporal IP2010, sin saldo alguno a
favor del contratista”.

3.6. Contra la anterior decisión el contratista presentó recurso de reposición el cual fue
resuelto mediante a Resolución No. 034 del 21 de junio de 20167 “por medio de la cual
se resuelve un recurso de reposición presentado contra la Resolución 015-2016 del 27
de abril de 2016 por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra y
consultoría No. 008- 10 suscrito con la Unión Temporal IP 2010”, en el sentido de
confirmarla en todas sus partes.

C. La sentencia apelada

4. El 14 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Nariño denegó todas las
súplicas de la demanda8, con apoyo el siguiente razonamiento:

6 Índice Samai 002 Archivo denominado ED_EXPTRIBUN_008CDFOLIO122AZ.zip.
7 Índice Samai 002 Archivo denominado ED_EXPTRIBUN_008CDFOLIO122AZ.zip.
8 Índice Samai 002 Archivo denominado ED_EXPTRIBUN_042FALLOPI.pdf.

4

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Demandante: Unión Temporal IP 2010

4.1. El Departamento entregó estudios y diseños deficientes lo que hizo necesaria la
adopción de medidas para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, las cuales
consistieron en la complementación de estos estudios y diseños, así como la
realización de obras complementarias, actividades que fueron ejecutadas por la
contratista durante el plazo inicial pactado por las partes.

4.2. En virtud del incumplimiento del departamento la contratista asumió sobrecostos,
los cuales fueron cubiertos en su integridad con las adiciones introducidas al Contrato.

4.3. Si bien la parte demandante allegó al proceso un dictamen pericial que señalaba la
existencia de sobrecostos por tres mil novecientos treinta y un millones cuatrocientos
setenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos con quince centavos
($3.931.474.304,15), dicho dictamen se refirió exclusivamente a sobrecostos de
administración, pero no a los sobrecostos específicos asumidos por cuenta de los
inconvenientes derivados de los estudios y diseños entregados por la entidad
demandada y el traslado de redes.

4.4. Por último, en lo que respecta a la pretensión de liquidación judicial, el tribunal
advirtió que el Contrato ya había sido liquidado unilateralmente por medio de la
Resolución 015 de 2016 proferida por el Departamento.

D. El recurso de apelación

5. En el término legal, la parte demandante apeló el fallo de primera instancia 9 con el
fin de que se revocara lo resuelto por el tribunal y se accediera a las súplicas, con
sustento en lo siguiente:

5.1. El incumplimiento del Contrato por parte del departamento está demostrado porque
este no entregó los estudios y diseños que permitieran la ejecución del objeto
contractual, de manera que las consecuencias de dicho incumplimiento no podían
trasladarse al contratista, ni obligarlo a asumir los sobrecostos derivados.

5.2. El tribunal reconoce que el incumplimiento en el que incurrió el departamento hizo
necesario ampliar el plazo inicialmente pactado, lo que representó una mayor
permanencia en la obra que implicó sobrecostos que alteraron el equilibrio económico
del contrato, no obstante, no los reconoció.

5.3. La prórroga del plazo del contrato no compensó las afectaciones económicas de la
contratista; el tribunal concluyó que los sobrecostos fueron cubiertos con las adiciones
introducidas al contrato, pese a que ello no quedó demostrado en el proceso. En ese
sentido, la suscripción de los contratos adicionales no constituyó una renuncia a la
reclamación por desequilibrio económico del contrato, en especial porque estos no
fueron celebrados para restablecer la ecuación contractual sino para evitar un mayor
impacto económico y lograr la ejecución del objeto contractual.

9 Índice 19 Samai Archivo denominado 64RECIBEMEMORIAL_Recibecorreo70815.pdf.

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Demandante: Unión Temporal IP 2010

5.4. Los sobrecostos asumidos por cuenta de la deficiencia de los estudios y diseños
entregados por el departamento y el traslado de redes sí están acreditados con el
dictamen pericial presentado con la demanda.

E. Actuación surtida en segunda instancia

6. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 1 de marzo de 202410, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA las partes y el Ministerio
Público tenían hasta la ejecutoria de este último auto para pronunciarse 11, término que
se cumplió sin pronunciamiento alguno

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

7. La Sala se pronunciará sobre la demanda porque fue presentada oportunamente. El
numeral v) de la letra j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA indica que el término
de dos (2) años para demandar debe contarse desde el vencimiento del término para
liquidar el contrato12.

7.1. De acuerdo con la cláusula vigésima tercera del contrato, los términos para liquidar
contaban a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra 13. Teniendo en
cuenta que el acta de recibo final fue suscrita el 21 de julio de 2014, es claro que la
demanda fue presentada oportunamente porque fue radicada el 28 de abril de 2016.

7.2. Esta conclusión se refuerza porque las partes podían efectuar la liquidación
bilateral a más tardar el 22 de noviembre de 2014 y la entidad podía expedir la
liquidación unilateral hasta el 23 de enero de 201514. Así, el término máximo para

10 Índice 6 SAMAI.
11 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. <Artículo modificado por el artículo 67 de la

Ley 2080 de 2021> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de
acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la
ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
12 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar
será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho
que les sirvan de fundamento (…) v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no
se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir
del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la
disponga;”.
13 La cláusula vigésima tercera del contrato señaló que “El presente contrato se liquidará dentro de los CUATRO

(4) meses siguientes a la suscripción del acta de recibo final de la obra, de conformidad a lo estipulado en el artículo
60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
SI el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún
acuerdo, el DEPARTAMENTO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento de los términos señalados en el párrafo anterior.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, conforme con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA” (Índice 19 Samai).
14 La Sala destaca que el Departamento liquidó unilateralmente el contrato por medio de las Resoluciones 015 del

27 de abril de 2016 que fue confirmada por Resolución No. 034 del 21 de junio de 2016 (Índice SAMAI 2 Archivo
denominado ED_EXPTRIBUN_008CDFOLIO122AZ(.zip)). No se computa el término para demandar desde la
expedición de dicho acto, porque la Resolución 034 fue proferida con posterioridad a la presentación de la demanda.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
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demandar se extendió hasta el 23 de enero de 2017, razón por la cual la demanda fue
presentada oportunamente el 28 de abril de 2016.

7.3. Asimismo, la Sala advierte que el demandante agotó el requisito de procedibilidad,
motivo por el cual adicionalmente el término de caducidad estuvo suspendido desde
el 14 de septiembre de 2015, cuando se radicó solicitud de conciliación, hasta el 3 de
diciembre de 2015, fecha en que se declaró fallida la audiencia de conciliación porque
las partes no pudieron llegar a un acuerdo15.

8. La Sala advierte que no se pronunciará sobre la pretensión de liquidación del
contrato, porque ella fue negada por el Tribunal y, frente a esta decisión, no se formuló
reparo alguno en el recurso de apelación.

G. El contratista no demostró los costos en que incurrió por la mayor duración
de la ejecución del contrato

9. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque,
contrario a lo indicado por el recurrente, el dictamen pericial no acredita los costos
asumidos por el contratista con ocasión de la extensión de la ejecución contractual,
razón por la cual no se demostró el daño alegado.

10. Preliminarmente, es necesario advertir que, contrario a lo indicado por el Tribunal,
no es cierto que los modificatorios hubieran cubierto la reclamación por costos
asociados a la mayor duración del contrato causada porque el Departamento no
entregó adecuadamente diseños ni se advirtió la necesidad de mover las redes.

10.1. La Sección Tercera unificó la postura sobre este asunto en los siguientes términos:

44. Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá
estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación
específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones,
adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u
otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será
desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las
reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las
partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación
ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por
las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones
judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte
probado16.

10.2.En el presente caso, es necesario estudiar, entonces, si los modificatorios
buscaron regular los asuntos objeto de la presente reclamación. Para ello, se deben
tener en cuenta particularmente los acuerdos que modificaron el plazo del contrato,
esto es, las Prórrogas 1, 2 y 3, así como los Contratos Adicionales 6 y 7. En todos

15 Índice 2 de Samai – archivo 10_520012333000201600292027EXPEDIENTEDIGIEXPTRIBUN20240124145955.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2023, radicación: 05001-23-31-

000-1999-02151-01 (39121), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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estos documentos es claro que las partes no buscaron solventar las reclamaciones
objeto de la presente controversia.

10.3. En la Prórroga 1, acordada el 11 de julio de 2012, las partes consideraron que “7.
Que la suscripción de esta prórroga no implica el reconocimiento de contraprestación
adicional alguna a favor de EL CONTRATISTA, ni a las reclamaciones formuladas por
este”17.

10.4. En el Contrato Adicional No. 6 celebrado el 27 de febrero de 2014, las partes
indicaron expresamente que “10. Que la suscripción del presente contrato adicional no
implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista,
así como tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a
formular por éste”18.

10.5. En la parte considerativa de la Prórroga 2, firmada el 7 de febrero de 2014, las
partes sostuvieron que

5. Que la suscripción del presente presente (sic) prorroga Nº2no (sic) implica el
reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista, así como
tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a formular por
éste19.

10.6.En la Prórroga 3 celebrada el 27 de febrero de 2014, las partes indicaron
expresamente que “5. Que la suscripción del presente prorroga (sic) No. 3 no implica
el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista. así
como tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a formular
por éste” 20.

10.7. Finalmente, en las consideraciones del Contrato Adicional No. 7 del 3 de marzo
de 2014, las partes indicaron expresamente que “10. Que la suscripción del presente
contrato adicional no implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a
favor del Contratista, así como tampoco la renuncia ni menoscabo de las
reclamaciones formuladas o a formular por éste” 21.

10.8. Cabe indicar que el Contrato Adicional No. 1 se celebró para que el contratista
complementara los diseños entregados como insumos por el Departamento de
Nariño22. Sin embargo, con su celebración no se tenía certeza del tiempo en que se
extendería el contrato.

10.8.1. En efecto, el Contrato Adicional No. 1 expresamente se indicó lo siguiente acerca
del aumento del plazo del contrato:

17 Índice 19 Samai Archivo denominado PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA Y CONSULTORIO 008-10.
18 Índice 19 Samai Archivo denominado CONTRATO ADICIONAL N° 07 AL CONTRATO DE OBRA Y
CONSULTORIO 008-10.
19 Índice 19 Samai Archivo denominado PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA Y CONSULTORIO 008-10.
20 Índice 19 Samai Archivo denominado PRORROGA N° 3 AL CONTRATO DE OBRA Y CONSULTORIO 008-10.
21 Índice 19 Samai Archivo denominado CONTRATO ADICIONAL N° 08 AL CONTRATO DE OBRA Y

CONSULTORIO 008-10.
22 Adicional, el Contrato Adicional No. 2 adicionó recursos para que se ejecutara esa actividad que inicialmente no

estaba prevista.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

TERCERA.- OBRAS QUE RESULTEN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:
Una vez terminados los complementos de los estudios y diseños y los mismos hayan
sido aprobados por las entidades competentes, las partes de común acuerdo,
determinaran el valor y el tiempo necesario para construir dichas obras. En
consecuencia, el contratista elaborará el cronograma de construcción de obra, el cual
contemplará el tiempo mínimo de 15 meses establecido en el contrato inicial para
ejecutar las actividades de construcción así como el que se requiera para ejecutar las
actividades que surjan de los complementos a los diseños. Una vez establecidos los
tiempos requeridos para la construcción y previo al inicio de la etapa de construcción,
las partes suscribirán un otrosí mediante el cual se ajuste el plazo del contrato de
acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma mencionado23.

10.8.2. Esto explica, entonces, que este Contrato Adicional fuera celebrado el 28 de julio
de 2011, es decir, antes de la Prórroga 1, pues este celebrado el 11 de julio de 2012
fue el documento que concretó el aumento del plazo del contrato. En efecto, en la parte
considerativa de la prórroga se indicó lo siguiente:

3. Que una vez iniciadas las actividades contractuales y en virtud de los conceptos
técnicos emitidos, se evidenció la necesidad de realizar complementos a los estudios
y diseños. 4. Que de acuerdo a las condiciones pactadas entre las partes, una vez
terminadas las actividades relacionadas con los complementos a los estudios y
diseños así como las obras que se derivaron de los mismos, el Contratista elaborará
un cronograma de construcción de obra, en el cual se establecerá el tiempo requerido
para la ejecución de las actividades constructivas. 5. Que una vez se establezcan los
tiempos requeridos para la construcción, las partes acordaron suscribir otro sí (sic),
mediante el cual se ajuste el plazo del contrato de acuerdo con los tiempos
establecidos en el cronograma. 6. Que la Unión Temporal IP 2010 presentó el
cronograma requerido para la ejecución de las actividades, el cual fue aprobado por
la interventoría, mediante Oficio Pst-117-2012, así como por el Departamento de
Nariño24.

10.9. En conclusión, teniendo en cuenta el alcance de lo pactado, las partes no buscaron
solventar las reclamaciones por los costos causados por la mayor duración del
contrato. Por el contrario, expresamente indicaron que la suscripción de los
modificatorios no implicaba que las partes reconocieran las reclamaciones
presentadas por el contratista, ni que este renunciara a ellas.

11. En dicho recurso, la parte actora sostiene que el daño sufrido se acredita con un
dictamen pericial aportado con la demanda. Para valorar este medio probatorio debe
tenerse en cuenta que, al momento de la presentación de la demanda, el dictamen
pericial de parte se regía por el texto original del artículo 219 del CPACA, norma que
establecía lo siguiente:

Artículo 219. Presentación de dictámenes por las partes. Las partes, en la oportunidad
establecida en este Código, podrán aportar dictámenes emitidos por instituciones o
profesionales especializados e idóneos.
Para tal efecto, al emitir su dictamen, los expertos deberán manifestar bajo juramento,
que se entiende prestado por la firma del mismo, que no se encuentran incursos en las
causales de impedimento para actuar como peritos en el respectivo proceso, que
aceptan el régimen jurídico de responsabilidad como auxiliares de la justicia, que tienen

23 Índice 19 Samai Archivo denominado CONTRATO ADICIONAL N° 01 AL CONTRATO DE OBRA Y
CONSULTORIO 008-10
24 Índice 19 Samai Archivo denominado PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA Y CONSULTORIO 008-10.

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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, indicando las razones técnicas,
de idoneidad y experiencia que sustenten dicha afirmación, y que han actuado leal y
fielmente en el desempeño de su labor, con objetividad e imparcialidad, tomando en
consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar
perjuicio a cualquiera de las partes. Señalarán los documentos con base en los cuales
rinden su dictamen y de no obrar en el expediente, de ser posible, los allegarán como
anexo de este y el juramento comprenderá la afirmación de que todos los
fundamentos del mismo son ciertos y fueron verificados personalmente por el
perito25 (negrillas fuera del texto).

11.1. En concordancia con lo expuesto, debe observarse lo dispuesto en el artículo 232
del CGP que regula la valoración del dictamen pericial. Esta norma preceptúa que el
“juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”26.

11.2. Interpretando las normas citadas, la jurisprudencia ha señalado que la peritación
debe ser personal y que ha de recurrir directamente a las fuentes de información
relevantes; esto es, el peritaje debe estar fundado en los conceptos propios del perito,
quien debe dar cuenta de las investigaciones efectuadas. En efecto, la Subsección B
de la Sección Tercera del el Consejo de Estado, por medio de la sentencia del 31 de
mayo de 2016, señaló lo siguiente:

La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere
que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus
conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos
propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por
autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el
concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea
competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un
motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por
error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean
claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean
conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción;
(ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen;
(xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuadas27 (destacado fuera del texto).

11.3. En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 9 de octubre de 2023, precisó que el dictamen pericial debe
estar acompañado de “específicos documentos que respalden los fundamentos” y que
“debe satisfacer los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad y detalle de cara a
su fuerza demostrativa”. En ese sentido, la jurisprudencia civil ha indicado lo siguiente:

25 Este artículo fue modificado por la Ley 2080 de 2021. En esta nueva ley, el dictamen de parte en esencia se rige

directamente por la normativa de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante “CGP”.
26 Esta norma es aplicable al presente proceso porque el CPACA no regula la valoración probatoria. Por ende, es

aplicable la remisión que en materia probatoria se establece en el artículo 211, así: “Régimen Probatorio. En los
procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente
regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, radicación: 47001-23-

31-000-1999-00704-01(37684), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

(…) la experticia debe estar acompañada de específicos documentos que
respalden los fundamentos, imparcialidad e idoneidad requeridas; así mismo debe
satisfacer los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad y detalle de cara a su
fuerza demostrativa, y debe plasmar en su contenido las explicaciones de los métodos
utilizados y la justificación que, desde la técnica, la ciencia o el arte, sustenta las
conclusiones del perito.
(…)
Por lo anterior, el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por
el simple hecho de versar su investigación sobre un campo de conocimiento
que no domina. Estando, como está, investido de la facultad de emitir la sentencia
que pone fin al conflicto, tiene la correlativa obligación de controlar la prueba mediante
el riguroso análisis de su verosimilitud y fundamentación, de la razonabilidad y
adecuación de los métodos utilizados y de la ponderación racional de las conclusiones
plasmadas en la experticia28 (negrillas propias).

11.4. De acuerdo con lo anterior, el perito debe verificar personalmente los documentos
en que se basa la opinión que rinde en el proceso. Además, su peritación debe permitir
seguir la línea argumentativa, de forma tal que el juez pueda entender el fundamento
de la conclusiones que presenta.

12. En el caso concreto, el demandante aportó un dictamen de parte con la demanda
para demostrar los perjuicios sufridos29. La prueba fue rendida por el señor Luis María
Guijo Roa, en su calidad de administrador de empresas y contador. En ella, se
concluyó que el perjuicio consistió en los mayores costos administrativos asumidos por
el contratista, de la siguiente manera:

12.1.El perito indicó que, finalizada la ejecución del contrato, los gastos
“administrativos” ascendieron a siete mil ochocientos noventa y siete millones ciento
cincuenta y ocho mil cuarenta y tres pesos con ochenta y un centavos
($7.897.158.043,81). Sin embargo, el Departamento no reconoció la totalidad de esos
costos.

12.2. Teniendo en cuenta las actas de obra, el experto calculó que la entidad contratante
le pagó a la unión temporal tres mil novecientos sesenta y cinco millones seiscientos
ochenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos con sesenta y seis centavos
($3.965'683.739,66), por costos administrativos.

12.3. Así, el perito le restó la suma pagada por el Departamento al valor total de los
costos de administración asumidos por el contratista, con lo cual concluyó que “el
sobrecosto soportado por la UT IP 2010 [equivale a] tres mil novecientos treinta y un
millones cuatrocientas setenta y cuatro mil trecientos cuatro pesos con quince
centavos ($3.931'474.304,15) moneda corriente”30.

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de octubre de 2023, radicación: 05001-31-

03-010-2018-00315-01 (SC364-2023), M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
29 Índice 19 del Samai archivo 2016-00292 ANEXOS. El objeto de la prueba consistió en “dar una opinión contable

en el campo de la economía financiera, para establecer los perjuicios ocasionados a la UT IP 2010 por la mayor
permanencia y sobre costos dentro de la ejecución del contrato N° 008 de 2010 basados en los soportes y registros
en los libros mayores y auxiliares de la UT IP 2010”.
30 Índice 19 del Samai archivo 2016-00292 ANEXOS.

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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

13. La Sala considera que el dictamen pericial no brinda certeza de los perjuicios
sufridos por el contratista por los siguientes motivos31:

13.1. En primer lugar, el perito no constató directamente cuáles fueron los gastos en
que incurrió el demandante:

13.1.1. El dictamen pericial reconoce que no verificó el fundamento de los costos de
administración que presuntamente asumió la unión temporal demandante, cuando
indica:

(…) con el fin de determinar el costo soportado en la ejecución de la obra, se solicitó y
fue entregado por el personal administrativo del departamento de contabilidad, los
archivos magnéticos denominados "Cuenta Costos 2010", "Costos 2011", "Costos
2012" y "Contabilidad 2013-2016” correspondientes a los Movimientos Contables del
Grupo 7 del PUC en formato excel (hoja de cálculo), obtenido directamente de la
base de datos de los programas de contabilidad y cuyo contenido son los movimientos
diarios correspondientes a las obras objeto del Contrato referido32.

13.1.2. El perito, además, reconoció que no había consultado directamente los soportes
de los libros contables con fundamento en los cuales emitió su dictamen, en la
audiencia de pruebas realizada el 22 de noviembre de 2021 33. En efecto, en dicha
diligencia manifestó lo siguiente:

Magistrado: usted dice que su soporte se basa en los libros de contabilidad de la
unión temporal, especialmente, de la contabilidad centralizada con la sociedad Patria
S.A. La pregunta es esta: (…), ¿usted tuvo acceso real a los libros contables de la
unión temporal o revisó solamente en el sistema informático que le ponía de
presente?
Perito: Solicité la contabilidad y el perito en un momento dado no es revisor fiscal, no
es auditor. Entonces, dado el volumen (…) hicimos un muestreo general y donde
tuvimos alguna duda, pedimos el paquete contable y ese lo analizamos. Pero, de
todas maneras, no se podía revisar absolutamente todo movimiento porque
hubiera sido absolutamente largo (…).

Magistrado: para cada una de las actas que usted menciona, ¿usted pudo detectar
los conceptos porque se arrojaban montos adeudados por la gobernación?
Perito: Los conceptos eran gastos administrativos. Yo creo que sí hubiera valido la
pena haber abierto esos gastos para que se diera la claridad. Nosotros tomamos
todo lo que fueron gastos administrativos, que usted sabe que hay papelería, que hay
que pagar sobre algunas personas que no son de la nómina y tienen contrataciones
administrativas, pero no lo podían tener en la nómina (…) Y, sí, yo acepto, porque
para estas cosas era muy bueno haber tenido o haber hecho, pero nosotros no
lo hicimos, tiene razón34 (destacado propio).

31 Lo cual hace innecesario estudiar la fortaleza del dictamen de contradicción y, por ende, la “objeción por error

grave” planteada por el demandante. En efecto, el dictamen aportado por el demandante no brinda certeza sobre
los perjuicios que pretendía probar, razón por la cual no es necesario estudiar si el contra dictamen merecía
“valoración de fondo”.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de octubre de 2023, radicación: 05001-31-

03-010-2018-00315-01 (SC364-2023), M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
33 La audiencia se realizó inicialmente el 26 de febrero de 2021, pero tuvo que ser suspendida por afecciones de

salud del perito. Índice 19 del Samai archivo 016-0292 REANUDACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS-
20211022_100017-Grabación de la reunión.mp4.
34 Índice 19 del Samai archivo 016-0292 REANUDACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS-20211022_100017-

Grabación de la reunión.mp4.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

13.1.3. Como se puede observar, el perito reconoce expresamente que no verificó
directamente todos los libros contables en los que se basó para determinar los costos
administrativos y tampoco revisó los soportes respectivos. Respecto a estos últimos,
por el contrario, reconoce que hubiera sido “muy bueno” haber realizado esta
constatación, pero “nosotros no lo hicimos”.

13.1.4. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que, dentro de los anexos
aportados por el perito, no están los soportes contables que admitió no haber revisado
de manera completa. Solo aporta unos archivos Excel elaborados por el propio perito
que contienen una tabla con unas celdas que indican: “cuenta”, “descripción”, meses
del año y la sumatoria de esos costos35. No obstante, no se aportan los documentos
con base en los cuales el perito estableció esos costos.

13.2. En segundo lugar, el dictamen pericial no fue coherente. De hecho, hay una
contradicción grave entre lo indicado en la experticia y en lo sustentado por el perito
en la audiencia de pruebas.

13.2.1. En el dictamen los sobrecostos obedecieron a costos administrativos. De hecho,
para calcular el valor que el Departamento había pagado a la parte actora por este
concepto, el perito dedujo la cifra al calcular un porcentaje sobre el costo directo de la
obra, así:

(…) los costos de administración del dieciocho por ciento (18%); aplicados sobre el
costo directo de la obra, la cual fue de un valor de dieciséis mil cuatrocientos setenta
y seis millones veinte mil setecientos setenta y cinco pesos con ochenta y cinco
centavos moneda corriente ($16.476'020.775,85), ascienden a la cantidad de tres mil
novecientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta
y nueve pesos con sesenta y seis centavos ($3.965'683.739,66)36.

13.2.2. No obstante, en la audiencia de contradicción, el perito reconoció que, para
calcular los sobrecostos de la unión temporal, no sólo tuvo en cuenta los costos de
administración, sino también los directos de la obra, así:

Apoderado del demandante. Esos sobrecostos que usted pudo observar en su
dictamen fundamentalmente eran de costos administrativos o era, en general, de
ejecución de obra.
Perito: Eran administrativos y de ejecución de obra, doctor, y no le podría decir
cuántos administrativos y cuántos de obra porque eso no se estila separarlos. La
reclamación que hacen los constructores es sobre un volumen y es un total donde va
el administrativo y el valor de la obra.

13.2.3. Como se observa, estas afirmaciones son contradictorias con lo indicado en el
dictamen, de acuerdo con el cual solo se habían calculado costos administrativos por
el mayor tiempo de ejecución de la obra. Esta circunstancia es altamente problemática
por una razón adicional: para efectos del valor que debe reconocerse al contratista, el

35 El dictamen pericial señala “En el cuadro siguiente se presentan los gastos administrativos por años y en los

Anexos N°. 01 al 05 se desarrollan los costos administrativos por meses, cuentas contables, descripción de la
cuenta y valores” (índice 19 del Samai).
36 Índice 19 del Samai archivo 2016-00292 ANEXOS.

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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00292-02 (70815)
Demandante: Unión Temporal IP 2010

perito incluye los costos directos de la obra, sin embargo, para efectos de restar lo que
el Departamento le pagó a la unión temporal no tiene en cuenta esos costos directos.

14. Como se pudo constatar, la prueba pericial aportada no acredita los costos en los
que incurrió el contratista como consecuencia de la mayor duración de la ejecución del
contrato, así como tampoco lo hace elemento probatorio alguno dentro del expediente.
Por ello, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que desestimó las
pretensiones del contratista.

H. Costas

15. Como el recurso de apelación no prospera, los apelantes deben ser condenado en
costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del
CPACA. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal
de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que desestimó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a la parte demandante,
las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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