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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00326-02

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00326-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su ordinal TERCERO, el cual quedará así: “TERCERO: Sin condena en costas conforme a lo previsto en el artículo 154 del Código General del Proceso, en razón al amparo de pobreza que se concedió a los actores populares referenciados en el ordinal anterior.” SEGUNDO: En lo demás, estese a lo resuelto por la primera instancia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Admítase la renuncia presentada al poder conferido por el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social por el abogado GUSTAVO ALFONSO CABARCAS GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudanía 73.209.434. y portador de la tarjeta profesional 185.953 del del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso. QUINTO: Reconózcase personería a la abogada ALEXANDRA MARÍA RONCERÍA SERJE, identificada con cédula de ciudadanía 52.389.938 y portadora de la tarjeta profesional 121.369 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicialmente al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, 60 “Artículo 76. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2016-00326-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

________________________________________________
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Gihoana Romo Mosquera y otros.
Accionadas: Nación – Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
– DPS-.
Referencia: Acción Popular.

Tema: Moralidad Administrativa. Subtema 1: Publicidad de actos administrativos. Subtema 2.
Naturaleza y alcance de la acción popular. Subtema 3. Condena en costas, temeridad y auxilio de
pobreza.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por los actores
populares contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el
dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017) que denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida por temeridad, al considerar que
se instauró sin fundamento.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gihoana Romo Mosquera, Aneth Constanza Ruíz Calvache, Juan Ricardo
Rodríguez Narváez, Melva Lucy Montero Castillo, Alfonso Ortega Luna, Luis
Antonio González Tulcán, Claudia Helena Rojas Narváez, Efrén Edmundo Quiroz
Cabrera y Edgar Muñoz David [en adelante los Actores], coadyuvados por otras
personas naturales, interpusieron acción popular contra la Comisión Nacional del
Servicio Civil [en adelante CNSC] y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social [en adelante DPS], con el objeto de que se proteja el derecho
colectivo a la moralidad administrativa que a su juicio fue vulnerado por cuanto la
Resolución 1602 del primero (1) de julio de dos mil catorce (2014) "Por la cual se
adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los
diferentes empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social y se dictan otras disposiciones", no se publicó en el Diario
Oficial conforme lo ordena el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 para los actos
administrativos de contenido general; por lo que consideran que el citado acto y
las demás resoluciones que con fundamento en él se emitieron para adelantar el
concurso abierto de méritos para proveer los cargos ofertados en dicha entidad
son ineficaces e inoponibles.

El Tribunal de Primera Instancia denegó las pretensiones de la acción popular al
no encontrar acreditada la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, pues si bien es cierto las accionadas no realizaron la publicación
del acto acusado en el diario oficial, no lo es menos que sí se acreditó su

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

publicación en otros medios masivos de comunicación de conformidad con el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004, norma especial aplicable para el caso.
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación
solicitando la revocación de la sentencia para que, en su lugar, se profiera
decisión favorable a las pretensiones de la acción popular.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016)1, los actores, en calidad de
partícipes de la convocatoria 320 de 2014 del DPS instauraron el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos - acción popular, con el
objeto de que esta jurisdicción declare la ineficacia de la Resolución 1602 del
primero (1) de junio de dos mil catorce (2014), por no haberse publicado como lo
indica la ley; la nulidad del acuerdo 524 del trece (13) de agosto de dos mil catorce
(2014) expedido por la CNSC “por el cual se convoca concurso abierto de méritos
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, convocatoria 320 del 214-DPS”. Como pretensiones
subsidiarias plantearon la suspensión de la ejecución del acuerdo 524 y de los
efectos de la Resolución 1602 de dos mil catorce (2014) hasta tanto el Consejo de
Estado decida las demandas de nulidad interpuestas contra esos actos
administrativos. Adicionalmente, solicitó medida cautelar de suspensión inmediata
de los efectos de los mentados actos administrativos y el amparo de pobreza.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto, en auto del diecisiete
(17) de mayo de dos mil dieciséis (2016)2, al advertir que la demanda se dirigía
contra autoridades del orden nacional, conforme a lo previsto en el artículo 16 de
la Ley 472 de 1998 declaró la falta de competencia y remitió el asunto para que se
sometiera a reparto en el Tribunal Administrativo de Nariño.

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión del Sistema Oral,
con auto del veintiséis (26) de mayo de dos mi dieciséis (2016) 3, admitió la
demanda, denegó la medida cautelar y concedió el amparo de pobreza. El auto
admisorio fue notificado en debida forma4.

La CNSC contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones5 al considerar
que, si bien la acción popular y el medio de control de nulidad no resultan
excluyentes, en el caso particular la pretensión desborda el alcance de la acción
constitucional, por ello propuso como excepciones: (i) Improcedencia de la Acción
Popular y (ii) Legalidad del Acuerdo 524 de 2014 y de la Convocatoria 320 de
2014.

El DPS descorrió el traslado6 y en su defensa postuló la excepción: (i) “DE COSA
JUZGADA EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 65 DE LA LEY

1 Escrito de acción popular obrante a folios 1 a 18 del C.1.
2 Folios 69 y 70 del C. 1.
3 Folios 74 a 76 del C. 1.
4 Folios 77 a 82 del C. 1.
5 Contestación CNSC Folios 95 a 106 del C.1.
6 Contestación DPS, visible a folios 221 a 244 del C.1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

1437 DE 2011 RESPECTO A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
RESOLUCIÓN 1602 DE 2014 (MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL)”, por cuanto tales
argumentos fueron planteados en acciones de nulidad ya resueltas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al punto, citó extractos de los
radicados 2015-01872-01, 2015-02124-01 y 2015-00398-00 para concluir que
“existe duda sobre si la resolución 1602 de 2014 deba ser publicada en el diario
oficial”, y la (ii) excepción genérica.

El veintiocho (28) de junio de dos mil dieciséis (2016), el apoderado de los
Actores reformó la demanda7 y reiteró, en los mismos términos inicialmente
planteados, las pretensiones y la solicitud de medida cautelar.

Con proveído del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016) el Tribunal admitió
la reforma y, al no advertir cambios argumentales válidos en la solicitud de
medida cautelar, no encontró necesario cambiar la decisión inicial con que ésta se
denegó, por lo que se abstuvo de pronunciarse al respecto y dispuso la
notificación personal de la reforma al extremo pasivo y al Ministerio Público8.

El veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016), la apoderada de la CNSC
descorrió el traslado de la reforma de la acción popular9 en cuyo escrito reiteró los
argumentos fácticos y jurídicos de la contestación inicial con excepción de ciertas
salvedades que realizó frente a los hechos 31 y 3210 que se adicionaron al plexo
original de la acción. De esta forma, ratificó y sustentó nuevamente las
excepciones de: “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR” y
“LEGALIDAD DEL ACUERDO NO. 524 DE 2014 – CONVOCATORIA NO. 320
DE 2014”, bajo el entendido que la acción se centra en atacar la legalidad de la
Resolución 1602 de 2014 y el Acuerdo 524 de 2014, trasladando un asunto propio
de la competencia del Juez Contencioso, en sede del medio de control de nulidad,
al juez constitucional vía acción popular; situación que sumada a la naturaleza de
los derechos de un número determinado y específico de personas que se busca
proteger la torna improcedente, pues busca el amparo del derecho colectivo a la
moralidad administrativa. Para soportar su tesis cita extractos de jurisprudencia de
esta corporación en los que se precisa el alcance de este derecho colectivo. De
otra parte, señaló que el acuerdo 524 de 2014, por el cual se convocó al concurso
de méritos para proveer de manera definitiva las vacantes del sistema general de
carrera administrativa del DPS -convocatoria 320 de 2014- se publicó en la página
web de la CNSC conforme a lo previsto en el art. 33 de la Ley 909 de 2004, en
concordancia con los artículos 2 y 34 del CPACA.

El veintinueve (29) de julio de dos mil dieciséis (2016), la señora Gloria Inés
Rodríguez Lerma y otros, presentaron ante el Tribunal Administrativo de Nariño
solicitud de coadyuvancia conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 472 de
1998, manifestando que adherían “a los hechos, pretensiones y demás aspectos
de ésta ACCIÓN POPULAR”, al tiempo que solicitaron la revisión de la medida
cautelar, debido a que la directora del DPS había comunicado “que las listas de
elegibles se expedirán a partir del 16 de agosto de 2016. Concretándose así

7 Escrito de reforma de la Acción Popular obrante a folios 337 a 353 del C.1.
8 Escrito de reforma de la Acción Popular obrante a folios 381 a 383 del C.1.
9 Escrito de contestación a la reforma de la Acción Popular obrante a folios 385 a 397 del C.1.
10 El primero incluye la relación de nueve (9) tutelas promovidas por la no publicación de la resolución 1602 de

2014, todas ellas denegadas. El segundo señala que: “Los accionantes en este asunto, somos funcionarios
nombrados en provisionalidad en el departamento Administrativo para la prosperidad social y participamos del
concurso, en el momento dada la inminencia de la publicación de la lista de elegibles, vemos vulnerados
nuestros derechos.”

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

derechos de carrera de los participantes y generando declaratorias de
insubsistencia de los trabajadores provisionales que implica la configuración de un
perjuicio irremediable”11 Idénticas solicitudes se presentaron los días primero (01),
dos (2), tres (3), cinco (5) y diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016) por
parte del señor Edgar Jaimes Cobos y otros.12

Con auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)13 el Tribunal
Administrativo de Nariño resolvió las solicitudes de coadyuvancia y de revisión de
la medida cautelar presentadas por Gloria Inés Rodríguez Lerma y otros; aceptó
las coadyuvancias presentadas y denegó la medida cautelar, en razón a que,
pese a que los coadyuvantes argumentan que se trata de un nuevo hecho, el
despacho consideró que no existían elementos de juicio para decretarla y, en
consecuencia, sostuvo la decisión adoptada el veintiséis (26) de mayo de dos mi
dieciséis (2016).

Con auto del cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)14 el Tribunal
Administrativo de Nariño fijó fecha para realizar la audiencia de pacto de
cumplimiento que reprogramó, con auto del día quince (15) del mismo mes y
año15, para ser llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis
(2016)16, fecha en que se celebró la audiencia que se declaró fallida por la
inasistencia de cuatro (4) actores populares y la inexistencia de ánimo
conciliatorio, y dispuso continuar con la etapa probatoria.17

Con auto del trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)18 el Tribunal
Administrativo de Nariño abrió el proceso a pruebas y decretó las siguientes:

De la parte actora. Dispuso tener como tales las aportadas con el escrito de
reforma de la demanda; denegó, por impertinente, la documental solicitada
respecto de oficiar a las demandadas para que allegaran la documentación del
concurso en lo referente a examen, respuestas y sus resultados; prueba de
entrevista y sus resultados, así como aquellas propias del proceso que no se
encuentren en la página de la CNSC, convocatoria 320 para proveer cargos de
carrera administrativa del DPS, al no tener relación directa con los hechos objeto
del proceso.

Dispuso oficiar a los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Nariño para
que allegaran las decisiones adoptadas en los procesos de tutela que a
continuación se relacionan y todos los acumulados al radicado 2016-2701.

Radicado Accionantes Tribunal
2016-00120 acumulada con la 2016- Luis Antonio González Tulcán TAC
2701
Sin número acumulada a la 2016-2701 Claudia Helena López Narváez TAC
(actor Jorge Hernán Zuluaga)
2016-00360 Efrén Edmundo Quiroz Cabrera TAN
2016 - 00124 acumulada con la 2016- Edgar Muñoz David TAC

11 A folios 354 a 480 del C.1. obran 27 escritos idénticos de coadyuvancia, cuya única diferencia es el nombre

de quien lo suscribe.
12 Folios 485 a 587 del C.1.
13 Folios 609 a 610 del C.1.
14 Folio 613 del C.1.
15 Folio 623 del C.1.
16 Folio 623 del C.1.
17 Folios 640 a 642 del C.1.
18 Folios 649 a 651 del C.1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Radicado Accionantes Tribunal
2701
2016 - 00361 acumulada con la 2016- Aida Lucy Martínez Ibarra TAC
2701
2016 – 00356 Alonso Ortega Luna TAN

Oficiar a esta Corporación para que informara con destino al proceso sobre la
existencia y estado de los siguientes procesos de nulidad:

Radicado Demandante Demandados
110010325000-2015-00396-00 Álvaro Alexandro Herrera DPS y CNSC
110010325000-2015-00398-00 Alejandro Badillo DPS y CNSC
110010325000-2014-01249-00 SINTRASOCIAL DPS y CNSC
110010325000-2014-01250-00 Julián Alberto Rocha DPS y CNSC

También dispuso oficiar a SINTRASOCIAL del DPS para que presentara informe
sobre las actividades realizadas frente a la legalidad del concurso especial en
cuanto a la publicación de la resolución 1602.

Se denegó la Inspección Judicial, por inconducente e inútil; el interrogatorio de
parte de la directora del DPS, conforme a lo previsto en el artículo 195 del CGP,
según el cual no vale la confesión de representantes de entidades públicas y, por
impertinente, inconducente e inútil, la prueba de oficiar a las entidades
demandadas y al Consejo de Estado para que remitieran copia de los procesos
2015-01872-01 y 2015-02124-01.

De las accionadas: Se denegaron las documentales solicitadas por la CNSC y
por el DPS, y de este último, se decretaron como tales las aportadas con la
contestación de la demanda.

Con auto del catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017)19 se corrió
traslado para alegar de conclusión; oportunidad que fue aprovechada por los
sujetos procesales así:

El DPS20, consideró que probó los supuestos de las excepciones propuestas; la
de cosa juzgada, pues lo que se pretende ya fue resuelto con la acción de
cumplimiento 2341000-2015-01872-01, amén que, también se adelantaba ante el
Consejo de Estado el proceso de simple nulidad 2015-00398-00 en el que se
cuestionó la legalidad de la Resolución 1602 de 2014 por no haberse publicado
en el Diario Oficial, de suerte que no puede debatirse en la acción constitucional
lo ya resuelto judicialmente; de otra parte, remarcó que el DPS no omitió la
publicidad del acto enjuiciado, pues fue publicado en la página web de la entidad
en cumplimiento de las normas especiales aplicables: Circular Conjunta No. 004
del 27 de abril de 2011 de la CNSC y el DAFP, y el inciso 33 de la Ley 909 de
2004.

La CNSC21, reiteró los argumentos de la contestación y recabó fueran
desestimadas las pretensiones de la acción popular.

La parte actora guardó silencio.

19 Folio 712 del C.1.
20 Alegatos de conclusión radicados el 22 de febrero de 2017. Folios 714 a 718 del C.1.
21 Alegatos de conclusión radicados el 22 de febrero de 2017. Folios 719 a 720 del C.1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

El Ministerio público, a través de la Procuraduría 156 Judicial II para asuntos
administrativos presentó concepto22 en el que solicitó “negar las pretensiones de
la demanda por considerar que la Resolución No. 016 (sic) de 2014 del
Departamento Administrativo para la Prosperidad social y el Acuerdo No. 502 del
13 de agosto de 2014 del mismo año, no afecta el derecho colectivo a la
Moralidad Administrativa.”

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del dos (02) de junio de
dos mil diecisiete (2017)23, dispuso: (i) Declarar no probada la excepción de cosa
juzgada formulada por el DPS; (ii) Denegar las pretensiones de la demanda y (iii)
Condenar en costas a la parte vencida, esto es a los actores populares
referenciados en el ordinal segundo de la sentencia.

Para arribar a la decisión denegatoria de las pretensiones, el a quo realizó un
recuento de las pretensiones y la causa petendi invocada por los actores, así
como de los argumentos de defensa que tanto la CNSC como el DPS esgrimieron
en su favor y las actuaciones procesales que se surtieron durante el decurso de la
acción popular. Decantadas las posiciones de los extremos procesales, estableció
los problemas jurídicos a resolver y concluyó que las entidades accionadas no
vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues aun cuando la
Resolución No. 1602 del primero (1) de julio de dos mil catorce (2014) no se
publicó en el Diario Oficial, conforme a lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley
1437 de 2011, se demostró que dicho acto administrativo sí se publicó a través de
diferentes medios masivos de comunicación “siguiendo los lineamientos de la Ley
909 de 2004 que regulan la temática de los manuales de funciones y su respectiva
publicación”, de suerte que se garantizó su conocimiento público y el fácil acceso
a la comunidad, por lo que no se probó la vulneración esgrimida por los
demandantes.

Advirtió el Tribunal, que, para evitar desnaturalizar la esencia de la acción popular,
respetar la autonomía procesal y evitar sentencias contradictorias, el estudio del
caso no versó sobre la clasificación de los actos administrativos y su forma de
notificación, comoquiera que ese estudio “corresponderá al Juez Contencioso
Administrativo, en los procesos ordinarios que ya se encuentran en curso respecto
de los hechos aquí debatidos.” Al efecto, trajo a colación jurisprudencia de esta
Corporación, para remarcar, en relación con las pretensiones principales de
declaratoria de “ineficacia de la resolución (sic) 1602 del 01 de Julio de 2014” y
“nulidad del acuerdo (sic) 524 del 13 de Agosto de 2014”, y las subsidiarias,
consistentes en la suspensión de los efectos jurídicos de una y otra, que conforme
a la restricción establecida en el inciso segundo24 del artículo 144 de la Ley 1437
de 2011, lo dispuesto por la Corte Constitucional en las Sentencias C-644 de 2011
y T-176 de 2016 y el fallo de la acción popular 2012-00131-01 proferido por esta
Corporación, el Juez Popular no es competente para anular actos administrativos
y solo puede adelantar medidas diferentes a la suspensión que permitan evitar la
amenaza o hacer cesar la vulneración del derecho colectivo; y que, por ende,

22 Concepto PGN radicado el 22 de febrero de 2017. Folios 721 a 720 del C.1.
23 Folios 728 a 738 del Cuaderno principal.
24 “Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad

pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo
o un contrato, sin que, en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que
pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos.” El subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-644 de 2011.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

dado que este medio de control se radicó en vigencia del CPACA se deben
desestimar las pretensiones principales, limitándose el fallo a resolver las
subsidiarias.

Precisado lo anterior, el fallo abordó el análisis del derecho colectivo a la
moralidad administrativa a la luz de lo prevenido en el artículo 88 de la
Constitución y el literal b)25 del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y, al efecto citó
apartes de las sentencias 2004-00540-01 (AP) y 2005-01330-01 (AP) de esta
Corporación, para destacar que su vulneración supone necesariamente el
quebrantamiento del principio de legalidad que, como principio fundante del
Estado Social de Derecho, impone a los servidores públicos un estricto
acatamiento de las competencias que les han sido asignadas por la Constitución,
La Ley, los reglamentos y/o los contratos, de forma que cualquier deviación en el
ejercicio de la función pública para favorecer un interés distinto al general, apareja
la transgresión de la moralidad administrativa que está en cabeza de todo el
conglomerado social y, por ello, faculta a cualesquiera de sus integrantes para
reclamar su protección ante los estrados judiciales, cuando quiera que se advierta:
i) un ejercicio de la función administrativa que afecte bienes jurídicos como la
buena fe, la ética y honestidad; ii) un ejercicio de la función pública que quebrante
el principio de legalidad y iii) la desviación del cumplimiento del interés general en
procura del favorecimiento particular del propio servidor público o de un tercero.

Con base en las pretensiones de la acción, y tras realizar la valoración del material
probatorio recaudado, puntualizó el Tribunal que el asunto se contraía a establecer
si “la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014, constituye un acto administrativo
que debió publicarse en el diario oficial, situación que al ser omitida por el DPS y
la CNSC, constituye una clara violación al derecho colectivo a la moralidad
administrativa.” Al punto, remarcó que la CNSC señaló que el Acuerdo No. 524 de
2014 se publicó en diferentes medios de comunicación como la página web de esa
Comisión y el sitio web del DPS, “el portal del Gobierno Nacional de Participación
Ciudadana, y en la página web de la Universidad Manuela Beltrán, situación con la
que están de acuerdo los actores populares”. El DPS, por su parte, probó “que
publicó la Resolución 1602 de 2014, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y la Circular Conjunta No. 004 del 27 de abril de
2011, como normas especiales que a su juicio rigen dicho presupuesto”.

Para el a quo, los actores populares no lograron demostrar, ni se evidenció de
oficio, que en este caso se hayan acreditado las condiciones establecidas por la
normatividad y la jurisprudencia para dar por vulnerado materialmente el derecho
colectivo a la moralidad administrativa; pues, si bien es cierto que los actos
atacados no se publicaron en el diario oficial, también lo es que su publicidad se
efectuó de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, norma especial
que al efecto prevé expresamente:

“La publicidad de las convocatorias será efectuada por cada entidad a través de los
medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia, de acuerdo
con lo establecido en el reglamento.

La página web de cada entidad pública, del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de las entidades contratadas para la realización de los
concursos, complementadas con el correo electrónico y la firma digital, será el
medio preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones

25 “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (...) b) La moralidad administrativa;

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

relacionadas con los concursos, de recepción de inscripciones, recursos,
reclamaciones y consultas.

La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en su página web la información
referente a las convocatorias, lista de elegibles y Registro Público de Carrera.”

Para el a quo, no resultó procedente suspender la ejecución del Acuerdo 524 de
2014 ni los efectos de la Resolución 1602 de 2014, toda vez que la acción u
omisión del DPS y la CNSC no evidenció la “presencia de actos de corrupción,
deshonestidad, vulneración al principio de legalidad ni favorecimiento desviado
alguno, ni tampoco que se haya proferido ilegalmente los actos administrativos
atacados”, pues actuaron basándose en los principios de buena fe y legalidad,
aplicando las normas que estimaron procedentes en la actuación administrativa
adelantada. En cuanto a si este obrar desvirtúa o no la presunción de legalidad de
tales actos, será la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el escenario
judicial idóneo, la que lo determine.

Salvó voto uno de los magistrados del Tribunal26, pues consideró que los artículos
33 de la Ley 909 de 2004, y 13 del Decreto reglamentario 227 de 2005,
“solamente aluden a la publicidad de las convocatorias a concursos públicos de
méritos y no de otro tipo de actos administrativos”, y que, para el caso, no puede
confundirse la Resolución 1602 de 2014, que establece el manual de funciones del
DPS, con el Acuerdo 524 de 2014 con el que se surtió la convocatoria de empleos
del DPS; pues, en su criterio, éste último acto administrativo sí era susceptible de
ser notificado a través de la página web, a diferencia del primero que para su
publicidad y eficacia “era susceptible de ser publicado en el Diario Oficial”, a la luz
de los artículos 65 de la Ley 1437 de 2011 y 95 del Decreto 2150 de 1995, que
regulan la publicidad de los actos de carácter general, situación que no era
irrelevante en la decisión. Así mismo consideró que de acogerse la decisión,
tampoco abría lugar a condenar en costas a la parte accionante, pues no obra
prueba de que hubiera obrado con temeridad o mala fe.

2.4. El recurso

Notificada la decisión a las partes el veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete
(2017)27, dentro de la oportunidad procesal el apoderado de los actores populares
formuló y sustentó recurso de apelación28 con fundamento en los siguientes
cargos:

2.4.1. Precisa el recurrente que lo que se reclamaba con la acción popular era la
publicación en el Diario Oficial de la Resolución 1602 de 2014 y no del Acuerdo
524 de 2014, en tanto la primera correspondía a un acto de “carácter general por
afectar a todos los funcionarios del DPS y a todas las personas a las que estaba
dirigida (sic) el concurso y no únicamente para quienes participaron en los
diferentes cargos de la oferta pública de Empleo”. Resalta que esa convocatoria
establecía las condiciones, requisitos y funciones de cada cargo y, por tal razón
iba dirigida a la comunidad en general y no solo a un número plural de personas,
pese a lo cual la sentencia dio como válida la publicación que realizó el DPS
conforme al artículo 33 de la Ley 909 de 2004, que resultaba idónea para el
Acuerdo 524 de 2014 pero no para la Resolución 1602 de 2014 que

26 Folios 740 y 741 del Cuaderno principal.
27 Folio 742 a 745 del cuaderno principal.
28 Escrito de apelación presentado el 23 de junio de 2017 visible a folios 746 a 748 del cuaderno principal.

8

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

necesariamente “debió publicarse en el Diario Oficial conforme lo ordena el
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.”

Remarca que la moralidad administrativa, como principio de la función
administrativa orienta la producción normativa, lo que supone su adecuada
publicidad; y como derecho colectivo, tiene una connotación subjetiva, pues
genera una expectativa de estabilidad para toda la comunidad, tanto para quienes
participaron de la convocatoria, sometiéndose a los requisitos en ella establecidos
en procura de acceder a un cargo, como para quienes, en razón del concurso,
perdieron su trabajo, lo que implica garantizar la consolidación de los derechos de
unos y otros con la adecuada publicación de los actos del proceso a efecto de
garantizar su oponibilidad. De allí colige que, en el caso bajo estudio, erró el a quo
al considerar que el extremo accionado “no violó el principio de legalidad, que
implican el sometimiento a la constitución y la ley, a la plena observancia de la
misma, pero es la falta de publicación de la resolución 1602 de 2014 ajustado a la
ley el elemento esencial de su exigibilidad; lo contrario implica desconocer el
ámbito de lo público, que son un conjunto de reglas como medio de control que
posibilitan la convivencia social y el desarrollo del Estado” (sic a todo), para el
caso, la falta de publicación de la Resolución 1602 de 2014 en el Diario Oficial, no
es un defecto meramente formal sino que al desconocer lo dispuesto por el
artículo 65 de la ley 1437 de 2011, como norma de orden público y de interés
general, afecta las garantías éticas para el desempeño de la política estatal de
carrera administrativa.

Apuntala que la Jurisprudencia Contencioso Administrativa a manifestado que la
vulneración de la moralidad administrativa supone generalmente el
quebrantamiento del principio de legalidad y en este caso, al no haber publicado la
Resolución 1602 de 2014 en el Diario Oficial, el DPS desconoció el procedimiento
para que los actos administrativos que expide gocen de eficacia, con lo cual pese
a ser un acto válido resulta inoponible y no puede generar efectos jurídicos.

2.4.2. Se opone a la condena en costas, pues, afirma que no es cierto que los
actores populares hayan obrado con temeridad, pues sus pretensiones no carecen
de fundamento, como se indicó en el salvamento de voto. Además, en criterio del
recurrente, para que se vulnere la moralidad administrativa no es necesario que el
acusado “actúe de manera corrupta o torticera, sino con la falta de observancia de
la ley”, con lo cual, conforme a la estructuración de los cargos de la demanda les
asistió razón para demandar. Señala que tampoco se cumple con lo establecido
en el artículo 79 de CGP para que se configure la temeridad o mala fe y trae a
colación un aparte de la sentencia T-655 de 1998 a efecto de resaltar que “la
temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces
con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la Corporación ha
estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no
puede ser inferida.” Concluye, recordando que en el auto admisorio de esta acción
popular se concedió el amparo de pobreza sin el cual no hubiese sido posible
acceder a la justicia pues la mayoría de los actores se encontraban sin trabajo y
no podían solventar los gastos del proceso.

Con auto del doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017) el Tribunal de Nariño
concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo29.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

29Folio 750 cuaderno principal.

9

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

El doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) la Sección Primera de esta
Corporación30, remitió el recurso por competencia a la Sección Tercera conforme a
lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003 por medio del cual se
modificó el reglamento del Consejo de Estado, decisión que se comunicó a las
partes con oficios del día veinte (20) del mismo mes y año31.

Una vez corregidas las inconsistencias en la foliatura del expediente por parte de
la Secretaría, se admitió el recurso de apelación32 y con auto del seis (06) de julio
de dos mil dieciocho (2018)33 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto. Oportunidad
procesal que únicamente fue aprovechada por el Departamento Administrativo de
la Prosperidad Social, pues los demás sujetos procesales y el Ministerio guardaron
silencio.

En sus alegatos de conclusión el DPS34 reafirmó los argumentos de defensa que
consideró se acreditaron durante el decurso procesal, así: tanto la Resolución
1602 de 2014 como el Acuerdo 524 de 2014 fueron divulgados de forma general a
través de las páginas Web de la CNSC, del DPS, de la Universidad Manuela
Beltrán y del portal del Gobierno de participación Ciudadana, entre otros. Gestión
que permitió su conocimiento y acceso a la comunidad en general lo que facilitó la
inscripción de miles de participantes en la convocatoria 320 de 2014. Situación
que enerva la tesis del apelante al decir que se violó el interés colectivo a la
moralidad administrativa por no haber publicado dichos actos en el Diario Oficial,
pues la entidad aplicó las normas que regulan lo atinente a la publicidad de actos
relacionados con concursos, sin que se hubiera realizado un mal uso de las
funciones encomendadas, ni favorecer o perjudicar a ninguna persona en
particular, pues su único objeto fue garantizar el principio del mérito y satisfacer
las necesidades de servicio de la entidad.

De manera puntual, alega que la norma especial aplicable a la publicación de
todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos es el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004, que prevé que la página web será el medio
preferente para tales efectos. Destaca que el manual específico de funciones y
requisitos es uno y quizá el más relevante de esos actos, pues constituye
condición necesaria para convocar el concurso. Afirma que en este caso no
resulta aplicable la Ley 1437 de 2011, en tanto de acuerdo con sus artículos 2 y 34
sus procedimientos solo proceden cuando no existe norma especial que regule la
materia, lo que no sucede en este caso.

Refuerza su argumento con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 57
de 1887, en tanto prevé que en estos casos la disposición relativa a un asunto
especial se prefiere a la que tenga carácter general, y, conforme al criterio
cronológico, señala que la ley general posterior no elimina la ley especial anterior,
de suerte que “mal podría pretenderse que la publicación de la Resolución que
adopta y/o ajusta el Manuel (sic) Especifico de Funciones y Requisitos se rija por
la ley general”, pues debía realizarse conforme a la norma especial relacionada
con un concurso, esto es el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, por lo que anota
que:

30Folio 755 a 757 del cuaderno principal.
31 Folios 758, 759 del cuaderno principal.
32Folio 766 del cuaderno principal.
33Folio 775 del cuaderno principal.
34 Alegatos de conclusión DPS visibles a folios 776 a 780 del cuaderno principal.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

“contrario a lo afirmado por el actor, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social dio conocer y puso a disposición de la Comisión Nacional del
Servicio Civil a través del mecanismo de publicidad previsto para tal fin, la
Resolución No. 1602 del 1º de julio de 2014, tal y como se observa en el correo
electrónico del 10 de octubre de 2014 suscrito por Beatriz Afanador, la cual huelga
decirlo, fue publicada antes del inicio de la etapa de inscripciones de la
Convocatoria No. 320 de 2014.

De hecho, tal y como se advierte en los considerandos del Acuerdo 524 de 2014,
fue el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social quien solicito a la
Comisión Nacional del Servicio Civil adelantar la Convocatoria para la provisión de
los empleos que se encontraban en vacancia definitiva y pertenecían al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta global de aquella; igualmente, quien
consolidó y certificó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la Oferta Pública de
Empleos de Carrera (OPEC)

Con base en dicha oferta y como también se puede advertir en los considerandos,
la Comisión Nacional del Servicio Civil aprobó convocar a concurso abierto de
méritos los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
carrera del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.” (Trascripción
literal, incluidos posibles errores del texto).

De lo dicho, colige el alegante en referencia que desde antes de la etapa de
inscripciones de la Convocatoria No. 320 de 2014 la comunidad en general
conoció el contenido y alcance de la Resolución No. 1602 del 1º de julio de 2014,
pues fue publicada a través del medio previsto en la norma especial aplicable para
tal efecto. Reiteró que el artículo 65 del CPACA no procede tratándose de la
comunicación de un manual de funciones y requisitos específicos a la CNSC por
parte de la entidad que tiene las vacantes, pues existe un procedimiento normativo
que regula de forma íntegra este trámite. Al punto trajo a colación el artículo 2 del
Decreto Ley 770 de 2005 del que resaltó que: “Las competencias laborales,
funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por los
respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el
Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo quinto
del presente decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos
estén señalados en la Constitución Política o en la ley.” Y, en consonancia, recalcó
que el artículo 10 del Decreto 2539 de 2009, en lo pertinente, establece:

“Artículo 10. Definición de las competencias para la convocatoria a concurso. Para
efectos de las convocatorias a concurso que deberá adelantar la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transitorio
de la Ley 909 de 2004, las entidades y organismos sujetos al campo de aplicación
de la misma y mediante acto administrativo, deberán definir, por lo menos, los
siguientes aspectos, con el objeto de remitir la respectiva información al citado
organismo:

10.1. El propósito principal o razón de ser del respectivo empleo.
10.2. Las funciones esenciales del empleo.
10.3. Los requisitos de estudio y experiencia.
10.4. Las competencias comunes a los empleados públicos y las comportamentales
de que trata el presente decreto.
10.5. Las contribuciones individuales de quien esté llamado a desempeñar el
empleo.
10.6. Los conocimientos esenciales requeridos para desempeñar el empleo.(…)”

De esta forma aseguró que para la comunicación del manual de funciones y
requisitos bastaba con remitirlo a la CNSC a través de un mecanismo idóneo, para

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

el caso el aplicativo dispuesto por la Comisión para el reporte de la OPEC, como
en efecto se hizo.

Pidió reparar en que “no fue con base en la Resolución 1602 de 2014 que se
convocó a concurso de méritos sino con base en los perfiles definidos por la
entidad y que fueron reportados en el aplicativo OPEC; dicho acto, dadas sus
características es un acto de carácter preparatorio, ya que es un acto previo para
la elaboración o modificación de la convocatoria”. Al punto, cita y resalta, a manera
de ejemplo, que el parágrafo 2 del artículo 24 del Decreto 2772 de 2005 señala
que “En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de
carrera, se indicarán las disciplinas académicas que se requieran para el
desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual específico
de funciones y requisitos, de acuerdo con las necesidades del servicio y de
la institución.” Determinación que por ser un acto de concurso debe ser dada a
conocer a través de los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Ley 909 de
2004.

Culmina su alegato, advirtiendo que: “si en gracia de discusión se aceptara que el
medio de publicación idóneo para el acto que adopta, adiciona, modifica o
actualiza el manual específico es el señalado en el inciso primero del artículo 65
de la Ley 1437 de 2011”, la aplicación de la norma general comportaría “asumir
como reglas formales de derecho las subreglas resultantes del proceso
interpretativo previo adelantado por aquellas máximas instancias de justicia, que
tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia.” Al efecto, cita
jurisprudencia de esta corporación relacionada con el carácter vinculante y
obligatorio de los actos administrativos de asignación interna de funciones para las
entidades y sus funcionarios sin que sea necesaria su publicación, pues esta no
se requiere para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos, sin perjuicio del
deber de comunicar a cada empleado las funciones asignadas en el manual,
conforme al artículo 9 de la ley 190 de 1995.

Anota que, consecuente con lo anterior, en la etapa de planeación de la
convocatoria 320 de 2014 y específicamente para la determinación de los empleos
que debían ser provistos, no podía el DPS inaplicar la Resolución 1602 de 2014,
pues según la jurisprudencia “La administración no puede negarse a aplicar el acto
administrativo que ella expidió aduciendo su desconocimiento. La publicación
constituye una garantía a favor de los administrados, quienes eventualmente,
podrían invocar la falta de publicación.”35 Para concluir que la Resolución 1604
de 2014 constituye un acto administrativo de asignación interna de funciones
dirigido a los funcionarios de la entidad, con lo cual el DPS obró conforme a la
normatividad especial vigente y de acuerdo con la jurisprudencia, lo que le enerva
los argumentos del actor popular, razón por la que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver el recurso de alzada en consideración a la
competencia que le otorga el artículo 150 del CPACA y lo previsto en el artículo 15
de la Ley 472 de 1998, así como al oportuno ejercicio36 y la legitimación en la

35 Cita sentencia de la sección primera del Consejo de Estado del 18-11-2010 expediente 2001-00341-01.
36 “La acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e

interés colectivo, sin límite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepción que en la
misma disposición se prevé cuando la acción se dirige a "volver las cosas a su estado anterior", en cuanto
establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de la acción u omisión que produjo la

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

causa en los términos de los artículos 11 y 1237 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la
Ley 1437 de 2011.

3.2. Problema jurídico

Sea lo primero precisar que las cuestiones a resolver, según los argumentos del
recurso de apelación, son dos: i) La relacionada con la vulneración al derecho
colectivo a la moralidad administrativa que la parte actora circunscribe, de manera
específica, al hecho de que el DPS dio publicidad a la Resolución 1602 de 2014
conforme a lo previsto en el artículo 33 de la ley 909 de 2004 y no mediante su
publicación en el Diario Oficial como lo ordena el artículo 65 de la ley 1437 de
2011, actuación que, en su criterio y contrario a lo resuelto en la sentencia
impugnada, evidencia el desconocimiento de una norma de orden público que
afecta la legalidad y las garantías éticas para el desempeño de la política estatal
de carrera administrativa. ii) la referida a la condena en costas que impuso el a
quo, pues considera que no se probó que los actores populares hubiesen obrado
con temeridad conforme a lo establecido en el artículo 79 de CGP y lo precisado
en la sentencia T-655 de 1998, amén que debido a las dificultades económicas
que ellos afrontaban en el auto admisorio de esta popular se les concedió el
amparo de pobreza.

Precisado el objeto del recurso de apelación, la Sala procederá a dar respuesta a
los siguientes interrogantes:

¿Se vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa a
consecuencia de no haberse publicado en el Diario Oficial la Resolución
1602 de 2014, con la que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social adoptó el manual específico de funciones y competencias laborales
de los diferentes empleos de esa entidad?

De resolverse de forma negativa el primer problema jurídico planteado, la Sala
abordará este otro:

¿Hay lugar a la revocación de la condena en costas que se impuso con la
sentencia de primera instancia por no estar acreditada la temeridad de la
parte actora y por estar cobijada con el amparo de pobreza?

3.3. Hechos probados y pruebas decretadas y practicadas

La Sala precisa que los documentos que respaldan los hechos que se relacionan a
continuación, fueron incorporados debidamente en este proceso y estuvieron a

alteración, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia, de los
miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos. Carece entonces de
fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de
que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situación que afecta derechos esenciales de una
comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su
defensa, al establecer un término de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al
estado anterior a la violación del derecho, mientras ello fuere físicamente posible.” Corte Constitucional
Sentencia C-215 de 1999.
37 “Estima la Corte en relación con el artículo 12 acusado, que la finalidad de este precepto es no sólo la de

permitir a la persona afectada en un derecho colectivo ejercer las acciones populares para obtener la
protección de su derecho, sino, además, extender esa facultad a aquellos funcionarios públicos que, como el
Procurador, el Defensor del Pueblo y los Personeros tienen a su cargo la defensa de los derechos e intereses
públicos.” Corte Constitucional Sentencia C-215 de 1999.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
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disposición de las partes en este contencioso popular sin que fueran tachados de
falsedad, razón por la que constituyen medios de prueba válidos para decidir.

3.4. De la acción popular

El artículo 88 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 2° de la
Ley 472 de 1998, establece que las acciones populares son los medios procesales
para la protección de los derechos e intereses colectivos en cuanto se relacionan
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que
se definan por el legislador; y su ejercicio tiene como propósito “evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio” sobre
estos derechos o para restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere
posible.

Se trata de una acción autónoma, que procede a condición de que lo que se
defienda sea un acervo colectivo, de aquellos que, perteneciendo a todos, nadie
puede reputarlos de manera exclusiva para sí. En otras palabras, a través de ella
se “despliega una protección superlativa sobre el conjunto de bienes que
conservan una naturaleza unitaria, colectiva e inescindible, la titularidad es
simultáneamente compartida y su defensa es, a la vez, la defensa de lo
mutuamente indisoluble”38.

La Corte Constitucional en sentencia C-215 de 1999, declaró exequibles ciertas
disposiciones de la Ley 472 de 1998 y precisó que: “El carácter público de las
acciones populares, implica que el ejercicio de las acciones populares supone la
protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en
cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente
subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier
persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender
a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la
protección de su propio interés.”

En similar sentido, en la sentencia SU-585 de 2017 señaló: Los derechos e
intereses colectivos son aquellos predicables de la comunidad en general,
considerada de manera indivisible y no coligada, es decir, que trascienden los
meramente individuales de los miembros de la sociedad o de un determinado
grupo o colectividad, en razón de su vinculación con el interés general.
Constituyen prerrogativas, condiciones y valores esenciales, entre otros, para la
convivencia pacífica, el orden y la conservación de la sociedad política
establecida, incluida su historia y su cultura. Esto significa que no se trata de
derechos o intereses que conciernen determinados grupos sociales, sino a la
sociedad política colombiana, razón por la cual pueden también denominarse
como derechos o intereses públicos. Este es el rasgo fundamental que diferencia
la acción popular de la acción de grupo en la que se protegen derechos
individuales de una determinada colectividad, incluso fáctica. Justamente la
naturaleza popular o colectiva de los derechos o intereses protegidos mediante
esta acción, es lo que justifica que cualquier persona se encuentre legitimado para
ejercerla, al ser un asunto que le concierne, pero no de manera individual, sino
difusa, en ejercicio de su calidad de miembro de la comunidad nacional.”

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala 12 Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019,

rad.: 05001-33-31-011-2011-00079-01(AP) REV.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Por tanto, lo colectivo, ya sea por atributo o por naturaleza, se predica del derecho
mismo que se defiende a través de esta acción, lo que impide que se confunda
con el aglomerado de varios o muchos intereses particulares en confluencia. De
esto se sigue, que quien acude a la acción popular se despoja de una defensa
particularista y, antes bien, busca el resguardo de un interés supra individual; de
ahí, que la protección que esta garantía constitucional proporciona, no se enfoca
en la satisfacción de asuntos singulares, sino, en la concreción de una
salvaguarda adecuada y eficaz del derecho colectivo afectado.

3.5. Derecho colectivo invocado

3.5.1. La moralidad administrativa – alcance normativo y jurisprudencial.

El artículo 209 de la Constitución Política establece los principios a los que debe
sujetarse la función administrativa a efecto de verificar que esté al servicio de los
intereses generales, entre estos: la moralidad, el artículo 88 ibídem determina que
la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos y, dentro de estos relaciona la moral administrativa. Por su
parte, el literal b) del artículo cuarto (4) de la Ley 472 de 1998, relaciona
expresamente la moralidad administrativa, dentro de los derechos colectivos
objeto de protección a través del medio de control popular. Condición abigarrada
sobre la que la Corte Constitucional precisó:

“La Constitución Política de 1991 estableció la moralidad administrativa como un
principio que guía el ejercicio de la función administrativa (artículo 209, C.P.), al
tiempo que la identificó como un derecho o interés colectivo amparable mediante la
acción popular (artículo 88, C.P.). En tanto que principio, se trata de un mandato de
textura abierta inspirado en el principio de la prevalencia del interés general, que
guía el ejercicio de la actividad administrativa hacia el actuar pulcro, probo y
honesto, no desde un punto de vista de la subjetividad o consciencia moral de quien
ejerce la función administrativa, sino a partir de referentes objetivos tales como la
defensa del patrimonio público, del interés general y del ordenamiento jurídico.
Como derecho e interés colectivo, la moralidad administrativa es una legitimación
respecto de cualquier persona para exigir la fiscalización judicial del adecuado
ejercicio de la función administrativa no referido exclusivamente al sometimiento
formal al orden jurídico.”39

Esta corporación, por su parte, ha precisado sobre el alcance y supuestos en que
se amenaza o vulnera el principio-derecho a la moralidad administrativa, lo que se
pasa a citar:

“Resulta importante señalar que a la luz de la Constitución Política, la moralidad
administrativa ostenta naturaleza dual. En efecto, funge como principio de la función
administrativa (Constitución Política, artículo 209 y ley 489 de 1998, artículo 3) y
como derecho colectivo. En el primer caso, esto es como principio, orienta la
producción normativa infra-constitucional e infra-legal a la vez que se configura
como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico; y
como derecho o interés colectivo, alcanza una connotación subjetiva, toda vez que
crea expectativas en la comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la
acción popular, y así lo ha reconocido esta corporación en fallos anteriores. Así las
cosas, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha señalado que
el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar vulnerado o
amenazado cuando se verifiquen varios supuestos. En primer lugar, resulta
necesario que se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real

39 Sentencia SU-585 del veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
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afectación. Al entender de esta Sala dichos bienes jurídicos comprenderían la
buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de
la corrupción, entre otros; y habrá lugar a que se configure de forma real su
afectación, si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión, de quienes
ejercen funciones administrativas, con capacidad para producir una vulneración o
amenaza de dichos bienes jurídicos, que se genera a causa del desconocimiento
de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en
su aplicación”. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la moralidad
administrativa no se predica únicamente del “fuero interno de los servidores
públicos, sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un
momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no
puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad”. En segundo término, la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han reiterado que la
vulneración a la moralidad administrativa supone generalmente el quebrantamiento
del principio de legalidad. (…) Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la
vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el propósito particular que
desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor
público o de un tercero”, noción que sin duda se acerca a la desviación de poder.”40

Así las cosas, la moralidad atañe al ejercicio de la función administrativa con
estricta sujeción al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del
cumplimiento de las competencias públicas, enderezadas siempre a la satisfacción
del interés general, propiciando, en todo caso, el control ciudadano en cabeza de
cualquier miembro de la comunidad para que a través de la acción popular procure
la defensa de este derecho.

3.6. Caso concreto

Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, se hace necesario precisar
que para que se configure la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, es menester que concurran los elementos objetivo y subjetivo, el
primero, consistente en el incumplimiento de la Constitución, la Ley o los principios
generales del derecho y, el segundo, relacionado con la acreditación de
comportamientos del servidor público ajenos a los principios que inspiran y rigen la
función pública y/o que se encaminan a satisfacer intereses distintos al general, a
efecto de favorecer al propio servidor o a un tercero.

De esta forma, para establecer si se vulnera la moralidad administrativa en el
ejercicio de la función pública, necesariamente debe analizarse cada caso a la luz
del principio de legalidad, pues de cara al ejercicio de la acción popular su
tratamiento y concepción deontológica está aparejada inescindiblemente. Aunado
a que conforme a la Sentencia de unificación de este Corporación, la flexibilización
del principio de congruencia en beneficio de la protección de derechos e intereses
colectivos no puede implicar el desconocimiento del derecho de contradicción y de
defensa de la parte demandada, de forma que “el juez popular puede pronunciarse
respecto de derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda como
vulnerados o amenazados siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y
directa relación o conexidad con los derechos respecto de los cuales sí existió una
solicitud expresa de protección por parte del actor popular y frente a los cuales la
parte demandada haya tenido la oportunidad de pronunciarse a lo largo del

40CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, sentencia del ocho (8) de junio de dos mil once (2011)
Radicación número: 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP).

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse que conoció y pudo
presentar argumentos de defensa”.41

Así las cosas, con fundamento en las pruebas válidamente aportadas y que
revisten mérito para ser valoradas y apreciadas, la Sala dará respuesta a los
problemas planteados.

Primer problema jurídico – vulneración al derecho colectivo invocado.

El busilis del recurso se contrae a establecer si el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social vulneró el derecho colectivo a la moralidad
administrativa a consecuencia de no haber publicado en el Diario Oficial la
Resolución 1602 de 2014, con la que se adoptó el manual específico de funciones
y competencias laborales de los diferentes empleos de esa entidad; pues, según
los argumentos de la alzada, se trata de un acto administrativo de carácter general
cuya publicidad debió ceñirse a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.

La tesis del apelante gravita por completo sobre la naturaleza del acto
administrativo, al punto que para responder el problema jurídico se debe
establecer si la actuación acusada quebrantó o no la norma procesal de orden
público que, en criterio del actor popular, hacía obligatoria la publicación de la
citada resolución del DPS en el Diario Oficial por ser de carácter general, y, de ser
así, si tal omisión se tornó violatoria del principio de legalidad y, por ende, vulneró
el derecho colectivo de la moralidad administrativa.

Para analizar y resolver los planteamientos señalados con antelación resulta
necesario advertir que sobre este particular ya se pronunció la Sección Segunda,
subsección B, de esta Corporación, en fallo del veintiuno (21) de octubre de dos
mil veintiuno (2021) al negar las pretensiones de las demandas acumuladas de
Nulidad Simple que se tramitaron bajo el radicado 11001032500020140125000
(4045-2014)42 y en el que obraron como demandantes Julián Alberto Rocha
Aristizábal y Otros43 y como demandadas la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

41 Consejo de Estado. Sala plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación 01647 del 5 de

junio de 2018. Radicación número: 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP).
42 Al expediente de la referencia fueron acumulados los procesos 3800-2014, 3908-2014, 4044-2014, 4451-

2014, 4565-2014, 4708-2014, 0026-2015, 0900-2015,0907-2015, 4516-2015, 4676-2015, 4733-2015, 4734-
2015, 4735-2015, 4820-2015, 0493-2016, 0494-2016, 0495-2016, 0554-2016, 0549-2016, 0643-2016,0690-
2016, 0753-2016, 0781-2016, 0782-2016, 0783-2016, 0824-2016, 1147-2016, 4138-2016, 2678-2017, 2712-
2017, 2787-2017, 2925-2017, 2926-2017, 3064-2017 y 4716-2017.
43 Alejandro Badillo Rodríguez, Yuris Mijailoth Uriana Ipuana, Cecilia Gutiérrez Ospitia, Leidy Adriana Peralta

fajardo, SintraSocial, Yuly Manrique Delgado, Isabel Medina Torres, Javier Andrés Sánchez Acuña, Silvia Pilar
Forrero Bonilla, Alicia Martha Nieto, Luis Mauricio Cruz Peña, John Alexander Rodríguez, Paola Aguilar
Acevedo, Yeinny Silva, José Rodolfo Beltrán Velásquez, Carlos Augusto Romero Girón, Héctor Fabio Perlaza
Valencia, Sandra Yineth Sánchez Waldrón, Laura Astrid Figueroa, Clara Yolanda Bohórquez M., Carlos Mar
Mancipe, John Alexander Casallas Pedraza, Ángela Rocío Antolinez Segura, Fredy Hernán Castañeda
Robayo, Diego Camilo Herrera Castillo, Arly Castellanos Tuay, Pedro Ignacio Castro Vivas, Álvaro Alexandro
Herrera Bermúdez, Augusto Medina Monroy, Audrey Vianney Hernández López, Raúl Alfredo Vásquez Arias,
Marisol Delgado Fandiño, Lina Marcela Martínez Quiñónez, Yennifer Andrea Melgarejo Díaz, Yolanda Uyaba
Gutiérrez, Elva García Landínez, Camilo De Felipe, John Jairo Pulido León, Iván Darío Castiblanco Molano,
Katherine Ramírez Castellanos, Felipe Orlando Roa Gil, Leonardo de Jesús Bedoya Ortiz, Amparo Martínez
Rodríguez, Nadia Milena Patiño López, Sandra Ceneyt Mesa Sanabria, Jonathan Emilio Amaya Bohórquez,
Gladys Quiroga, José Fernando Estrada Quintero, Luis Javier Rodríguez Urrego, Sebastián Carbono Barrios,
Doris Montaña Rodríguez, Karen Marroquín Triana, Luz Esther Rivas, María Paola Gutiérrez Coronado, Dora
Patricia Garza Garnica, Jenny Liliana Ramírez Arce, María Judith Barceló Mendoza, Claudia Marcela
Velásquez Vigoya, María Paulina Fajardo Sánchez, Gialina Estefanía Carantan Patarroyo, Freddy Ernesto
Ramírez Rodríguez, María Camila Prieto Méndez, Eduardo Trujillo González, Rene Alexander Marthan Uribe,
Ana Ruth Barreto González, Carlos Mauricio Medina, Alba Patricia, Ramírez Cruz, Otto Medina Monterrosa,

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Para el caso, se tiene que el fallo en comento planteó y resolvió similar problema
jurídico al que ocupa la atención de la Sala, y que, por resultar relevante, se
transcribe en lo pertinente a continuación.

“2.9.- NOVENO PROBLEMA JURÍDICO: ¿La Convocatoria 320 de 2014 de la
CNSC, trasgredió el principio constitucional de publicidad previsto en el
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, porque el DPS omitió publicar en el Diario
Oficial, la Resolución 1602 de 2014,44 en la cual se fundamentó la OPEC?

88.Según lo afirman los demandantes, la omisión del DPS de publicar la Resolución
1602 de 2014 en el Diario Oficial, genera la ilegalidad de la Convocatoria 320 de
2014, pues dicho acto administrativo fue usado como insumo para la OPEC del
concurso. Adicionalmente, afirman que esta debe anularse, porque el proyecto de
resolución debió ser divulgado para que los ciudadanos interesados en la materia
presentaran comentarios, observaciones y/o sugerencias para que el DPS tuviera
en cuenta al establecer su manual de funciones.

89.Al respecto, sea lo primero advertir que conforme al artículo 13 del Decreto 1227
de 200545, reglamentario de la Ley 909 de 200446, el DPS a través de la Resolución
1602 del 1° de julio de 2014, adoptó el Manual de Funciones y Competencias
Laborales de dicha entidad; en cuya virtud, la CNSC convocó a concurso de méritos
para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera, lo cual, instrumentó
mediante el Acuerdo 524 del 13 de agosto de 2014.

90.En este orden, si bien los actos generales mencionados no se desprenden de un
mismo procedimiento administrativo, para el propósito de proveerse en propiedad
los empleos de la planta de personal del DPS, resultan en una relación de
dependencia, en tanto que el acto contentivo de las competencias laborales,
perfiles y requisitos de los cargos (Resolución 1602 del 1° de julio de 2014), fue el
referente necesario para la elaboración e instrumentación de la convocatoria
(Acuerdo 524 del 13 de agosto de 2014); al margen que el manual de funciones,
por sí solo tenga existencia autónoma para la dinámica de la entidad, y que
además, hubieren sido expedidos por autoridades distintas.

Definida la existencia de una relación directa y causal entre la resolución y el
acuerdo de convocatoria censurados, procede la Sala a estudiar lo relativo a la
presunta vulneración del principio de publicidad, alegada por los accionantes.

91.En primer lugar, se tiene que el principio de publicidad encuentra su sustento en
el artículo 209 de la Constitución Política, así como en el artículo 3° de la Ley 1437
de 2011, que lo establecen como uno de los atributos básicos de las
manifestaciones de la voluntad de la administración.

92.Así las cosas, son varias las normas que señalan cómo hacer efectivo este
principio, verbigracia el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, que establece el deber de publicación de los
actos administrativos generales, en los siguientes términos:
(…)

Milton Ruíz García, Sandra Liliana Sarmiento Valero, Carlos Eduardo Barbosa Ariza, Diana Lorena Rojas
Blanco, Rosa María Talero Franco, Janeth Pedroza Saavedra, Edilma Torrijos Méndez, Ana Isabel Arias
Contreras, Lyda Marlenn Pinzón Camargo, Justo Eliseo Páez Albarrán.
44 Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los diferentes

empleos de la planta de personal del DPS
45 Artículo 13. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las convocatorias a

concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por la
entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos.
46 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones.

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

93.Por su parte, la Ley 909 de 2004,47 en su artículo 33 también consagra esta
obligación de publicar los actos administrativos relativos a los concursos de méritos,
de la siguiente manera:
(…)

94.A su turno, el artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015,48 se refiere al deber de
publicación de las convocatorias por parte de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de los concursos, así:
(…)

95.La lectura de la normativa expuesta muestra a la Sala que los actos
administrativos no serán obligatorios y/u oponibles para sus destinatarios,
mientras no hayan sido publicados mediante las formas especialmente
señaladas para el efecto. Además, que, en el caso de las convocatorias, el
medio preferente para la publicación de todos los actos, decisiones y
actuaciones será la página web de la entidad pública beneficiaria del
concurso, así como de la CNSC y del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

96.Al respecto, encuentra la Sala que, como lo ha señalado la jurisprudencia del
Consejo de Estado49 y de la Corte Constitucional,50 la publicidad es presupuesto
básico para la eficacia del acto administrativo, más no para su validez. En efecto,
esta Corporación ha establecido que un proceso de selección no puede ser anulado
únicamente porque el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la entidad
beneficiaria del concurso de méritos no haya sido publicado en el Diario Oficial,
inclusive cuando haya sido utilizado como base para la expedición del acuerdo de
convocatoria, bajo las siguientes consideraciones:

«De conformidad con la jurisprudencia expuesta, es claro que, ante la ausencia o
irregularidad de la publicación de los actos administrativos generales, no se presenta una
afectación o incidencia sobre la validez de los mismos, ni de la de los que, siendo de la
misma naturaleza general, se expidan a partir de ellos.
Entonces, la ausencia de publicación, notificación o comunicación no invalida en manera
alguna el acto administrativo general, razón suficiente para considerar que esta cuarta
inconformidad o censura de la parte demandante no prospera, al estar fundamentada en la
presunta omisión en que incurrió la SDH al no divulgar adecuadamente el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de los empleos de su planta de personal, contenido
en la Resolución 101 de 15 de abril de 2015.
Sin perjuicio de esta conclusión, vale la pena recordar que de conformidad con el artículo 33
de la Ley 909 de 2004,165 la página web de cada entidad pública, del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de las entidades contratadas para la realización de
los concursos, complementadas con el correo electrónico y la firma digital, será el medio
preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los
concursos.»51

47 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y

se dictan otras disposiciones.
48
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
49 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 18 de diciembre

de 1997. Actor: Luis Mario Duque. Demandado: Director de Catastro Municipal de Cali. Consejero Ponente Dr.
Manuel Santiago Urueta Ayola; posición reiterada por la Sección Quinta en la sentencia de 17 de marzo de
2005, proferida en el expediente de Radicación número: 13001-23-31-000-2004-00003-01 (3321) C.P. María
Nohemí Hernández Pinzón; Consejo De Estado, Sección, Primera Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO
LÓPEZ., 12 de julio de 2018, Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00073-00
50 Sentencia C-957 de 1999, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis
51 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda, Sentencia del 10 de octubre

de 2019. Actor: Gustavo Adolfo Briceño Patarroyo. Demandado: Secretaría Distrital de Hacienda. Consejera
Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. proferida en el expediente de Radicación número 11001-03-25-000-
2016-00988-00(4469-16)

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

97.De ese modo, es claro para Sala que la omisión de publicación en el Diario
Oficial de un acto administrativo no genera su invalidez, más aún cuando,
para el caso de los actos que interesan o que tienen que ver con un proceso
de selección para el ingreso a la Función Pública, de conformidad con el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004, las actuaciones relacionadas con las
convocatorias públicas se deben publicar, preferiblemente, en la página web
de las entidades que conforman el proceso de selección.

98.En este punto, la Sala considera importante destacar que el manual
específico de funciones de una entidad pública es un acto administrativo de
naturaleza especial, al ser un instrumento técnico de administración del personal a
través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los
cargos que componen la planta de personal de una entidad y las condiciones para
ejercerlos, justificando su existencia y desarrollando la dinámica la institución.
Sobre el particular, se tiene que el artículo 28 del Decreto 2772 del 10 de agosto de
200552, describía53 que «la adopción, adición, modificación o actualización del
manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo
respectivo, de acuerdo con el manual general». De ese modo, al no tratarse de un
acto de naturaleza general sino de una resolución interna de la entidad, no era
necesaria su publicación en el diario oficial en los términos del artículo 65 de
la Ley 1437 de 201154.

99.Ahora bien, al aplicar las anteriores conclusiones al caso concreto, se evidencia
que el DPS cumplió con el deber de publicar la Resolución 1602 de 2014. En
efecto, del análisis de las pruebas que reposan en el expediente, se encuentra que:
(i) Conforme a la Constancia de Publicación del Manual de Funciones suscrita por
la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del DPS, visible a folios 1148 y
1149 del Cuaderno de Pruebas Nro. 2, la resolución censurada fue publicada en la
página web de la entidad el 28 de agosto de 2014; (ii) al consultar el sitio web de la
CNSC, aparece colgada la OPEC de la convocatoria; y, por último, (iii) el DPS
notificó a sus empleados de la expedición de las Resoluciones 1601 y 1602 de 1 de
julio de 2014, conforme a los oficios suscritos por la Subdirectora de Talento
Humano55, que fueron aportados con la contestación a la demanda.

100.Como corolario de ello, esta censura propuesta por los accionantes no
prospera.” (Los resaltado son nuestros).

En estas condiciones, a través del medio de control idóneo, esta Corporación
determinó que la Resolución 1602 de 2014 no es un acto administrativo de
carácter general que requiera su publicación en el Diario Oficial, en los términos
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sino que se trata de una resolución interna
de naturaleza especial, para cuya publicidad debía acudirse a las condiciones
prescritas para ello en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, como en efecto, está
probado en el plenario, lo hizo la entidad accionada.

Bajo esta cuerda, resulta ostensible que, contrario a lo que se afirma en el recurso,
la actuación administrativa que adelantó el DPS al haber comunicado la
Resolución 1602 de 2014 conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 909 de
2004, norma especial establecida para este tipo de actuaciones, se ajustó al
principio de legalidad aplicable a la materia.

52 Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos

de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones. Nota de vigencia:
Derogado por el Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014.
53 Vigente al momento de expedición de los actos cuestionados.
54 “ARTÍCULO 65. DEBER DE PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER

GENERAL. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido
publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. (…)”
55 Visible en los CDs números 1, 5, 10, 12, 23, 24, 28, 43 y 55.

20

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Con base en las premisas señaladas en precedencia, la respuesta al primer
problema jurídico planteado es de signo negativo, en tanto quedó probado que el
DPS con su actuar no soslayó el cumplimiento del artículo 65 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011 –, pues la Resolución 1602 de 2014 no requería su publicación en el Diario
Oficial al no tratarse de un acto administrativo de carácter general. Por ende, no se
acreditó el elemento objetivo para tener por vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad administrativa y, por sustracción de materia, no resulta necesario
analizar el elemento subjetivo para tales efectos. En consecuencia, dada la
legalidad de la actuación ejecutada por la parte accionada la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.

Segundo problema jurídico. La condena en costas.

Solicita el apelante la revocación de la condena en costas que se impuso con la
sentencia de primera instancia por no estar acreditada la temeridad del actor
popular y por estar cobijada con el amparo de pobreza.

Frente a las costas en las acciones populares, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998
establece:

“ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil
relativas a las costas. Sólo podrá condenar el demandante a sufragar los
honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos
mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”

La Sala plena de lo contencioso administrativo, sala de decisión especial No. 27,
en fallo del seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019) proferido dentro del
radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01 resolvió:

“Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:

“(…) 2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo
del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso
en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea
decidida en contra. En este evento la condena en costas sólo admite el
reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364
del Código general del Proceso, es claro que las agencias en derecho no
corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues ellos se señalan-
n relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.” (Resaltados
fuera de texto)

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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Ahora bien, sería del caso analizar si en los términos del artículo 7956 de Código
General del Proceso -CGP- se configura o no la temeridad o mala fe, para
determinar la procedencia o no de la condena en costas, pero al revisar el auto
admisorio de este medio de control, del veintiséis (26) de mayo de dos mi dieciséis
(2016)57, se advierte que se concedió a los actores populares el amparo de
pobreza, conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 472 de 1998, razón por
la que, sumado a lo dispuesto en la sentencia de unificación, en cuanto a que
cuando se decida en contra del actor popular la demanda no hay lugar a
condenarlo en costas, en este caso, además, resulta aplicable la preceptiva del
artículo 154 del CGP, en tanto prescribe que: “El amparado por pobre no estará
obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de
auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en
costas”. (Resaltado fuera de texto).

Bajo estas consideraciones, la respuesta al segundo problema jurídico deviene
afirmativa, y por tanto hay lugar a la revocación de la condena en costas que se
impuso con la sentencia de primera instancia por estar la parte actora cobijada con
el amparo de pobreza. Razón que mueve a la Sala a modificar la sentencia de
primera instancia en el sentido de declarar que no hay lugar a la condena en
costas conforme a lo previsto en el artículo 154 del Código General del Proceso,
en razón al amparo de pobreza que se concedió a los actores populares.

Culminado el objeto de la apelación, la Sala encuentra procedente modificar la
sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo expuesto previamente.

VI. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del CGP, en consonancia con 38
de la Ley 472 de 1998 y en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por
esta Corporación el 6 de agosto de 201958 no hay lugar a la condena en costas en
esta instancia al gozar el actor popular del amparo de pobreza y por haberse
resuelto en su contra la demanda.

VII. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA Y RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

Milita en el expediente59 escrito presentado por el abogado Gustavo Alfonso
Cabarcas Gómez con el que renunció al poder que le fue otorgado como apoderado
especial del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social-DPS-. De igual
forma, obra la resolución 02068 del 29 de agosto de 2018, con la que la Jefe de la
Oficina Jurídica del DPS designó a la abogada Alexandra María Roncería Serje,
como apoderada judicial de esa entidad en esta acción popular.

56 “Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.
57 Folios 74 a 76 del C. 1.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27

Especial de Decisión, Sentencia del 6 de agosto de 2019, rad. 15001333300720170003601 (01) REV-SU.
59 Folios 781 y 782 del Cuaderno principal.

22

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

Al analizar la documentación en mención, la Sala encuentra procedente en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 del CGP60, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA61, admitir la renuncia presentada por Gustavo Alfonso
Cabarcas Gómez y reconocer personería a Alexandra María Roncería Serje para
que represente judicialmente al Departamento Administrativo de la Prosperidad
Social, en los términos y para los fines a los que alude el poder conferido62, por
cumplir los requisitos previstos en el artículo 74 del CGP, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del dos (2) de junio de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su ordinal
TERCERO, el cual quedará así:

“TERCERO: Sin condena en costas conforme a lo previsto en el artículo 154
del Código General del Proceso, en razón al amparo de pobreza que se
concedió a los actores populares referenciados en el ordinal anterior.”

SEGUNDO: En lo demás, estese a lo resuelto por la primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo manifestado
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Admítase la renuncia presentada al poder conferido por el
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social por el abogado GUSTAVO
ALFONSO CABARCAS GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudanía
73.209.434. y portador de la tarjeta profesional 185.953 del del Consejo Superior
de la Judicatura, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso.

QUINTO: Reconózcase personería a la abogada ALEXANDRA MARÍA
RONCERÍA SERJE, identificada con cédula de ciudadanía 52.389.938 y portadora
de la tarjeta profesional 121.369 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
represente judicialmente al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social,

60 “Artículo 76. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del

cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos
o gestiones determinadas dentro del proceso.El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de
los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya
revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con
independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el
juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las
agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el
juez laboral.Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido.La renuncia
no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado,
acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.La muerte del mandante o la extinción
de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder
podrá ser revocado por los herederos o sucesores.Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones
de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien
corresponda.”
61 “Artículo 306. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil

en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo”.
62 Memorial y anexos visibles a Folios 783 a 790 del Cuaderno principal.

23

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00326-02 (AP).
Actor popular: Giohana Romo Mosquera y otros

en los términos y para los fines a los que alude el poder conferido 63, por cumplir
los requisitos previstos en el artículo 74 del Código General del Proceso.

SEXTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
FSR

63 Memorial radicado a través de la ventanilla virtual y por correo electrónico, visible en los índices 623 y 624

del aplicativo SAMAI

24

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