República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00405-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Tema: Reliquidación pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971. Subtema 1:
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Ingreso base de liquidación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Alfredo O’byrne Delgado contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 12 de febrero de
2020, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Álvaro Alfredo O’byrne Delgado solicitó la nulidad parcial de las resoluciones
por medio de las cuales la UGPP reliquidó la pensión con el IBL correspondiente al
salario más alto devengado en el periodo comprendido entre abril de 2010 y marzo de
2011, y nulidad de los actos por medio de los cuales la entidad negó la reliquidación
con lo percibido en el último año de servicio, esto es, enero de 2013 y enero de 2014.
El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el IBL se debe calcular de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. La sentencia apelada será revocada porque los actos administrativos
demandados desconocieron la situación jurídica consolidada mediante el acto de
reconocimiento pensional que aplicó artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Álvaro Alfredo O’byrne Delgado, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de julio
de 2016, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que se
sintetizan a continuación1:
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado solicitó la nulidad parcial de la
Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011, modificada por la Resolución
UGM053653 del 3 de agosto de 2012, en lo atinente a «la liquidación de la mesada
pensional» con el salario más alto devengado entre abril de 2010 y marzo de 2011; ii)
Resolución RDP023731 del 11 de junio de 2015, que negó la reliquidación de la
pensión; iii) Resolución RDP036728 del 9 de septiembre de 2015, que resolvió el
recurso de reposición y confirmó la decisión anterior; y iv) Resolución RDP039880 del
28 de septiembre de 2015, que decidió el recurso de apelación en forma negativa.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Álvaro Alfredo O’byrne
Delgado solicitó el reajuste de la pensión con base en el IBL correspondiente a la
asignación mensual más alta devengada entre enero de 2013 y enero de 2014,
periodo en el cual acreditó el retiro efectivo del servicio, con inclusión de todos los
factores salariales; igualmente, pidió el pago de las diferencias causadas, su
respectiva indexación y el pago de los aportes correspondientes al Sistema de
Seguridad Social en Salud derivados de la reliquidación.
2.1.2. Hechos
4. El señor Álvaro Alfredo O’byrne Delgado adquirió el estatus de pensionado el 8
de febrero de 2004.
5. La pensión de jubilación le fue reconocida mediante la Resolución UGM001745
del 25 de julio de 2011, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con un ingreso
base de liquidación correspondiente al salario más alto devengado entre abril de 2010
y marzo de 2011, condicionada al retiro efectivo del servicio.
6. Se retiró del servicio el 31 de enero de 2014, razón por la cual el 12 de febrero
de 2015 presentó solicitud de reliquidación pensional ante la UGPP, con el fin de que
se tomara como último año el comprendido entre 2013 y 2014.
1 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 1 a 20.
2
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Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
7. La UGPP negó la reliquidación pensional mediante la Resolución RDP023731
del 11 de junio de 2015, decisión que fue confirmada por medio de la Resolución
RDP036728 del 9 de septiembre de 2015, que resolvió el recurso de reposición. La
Resolución RDP039880 del 28 de septiembre de 2015, confirmó la negativa de la
reliquidación al resolver el recurso de apelación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas: Decreto 546 de
1971, artículo 6, y Decreto 1660 de 1978, artículo 132.
9. Al explicar el concepto de violación, el demandante sostuvo que los actos
administrativos cuestionados desconocieron la norma en que debían fundarse e
incurrieron en falsa motivación y violación del debido proceso, con afectación de su
derecho pensional.
10. Afirmó que la pensión de jubilación constituye un derecho adquirido que le
permite mantener la forma en la que fue reconocida y la fórmula del IBL con el periodo,
ingreso base y tasa de remplazo. Por tanto, al haberse retirado del servicio el 31 de
enero de 2014, el monto de la pensión se debe calcular con el salario más alto
devengado en el último año, correspondiente a enero de 2013 y enero de 2014, tal y
como lo establece el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
11. Explicó que la UGPP incurrió en falsa motivación al sustentar la negativa de la
reliquidación de la pensión en la sentencia C-258 de 2013, la cual estudió la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que regula el régimen pensional
de los congresistas y, por remisión normativa, el Decreto 104 de 1994 relativo a los
magistrados de altas cortes, pues dicho régimen difiere del establecido en el Decreto
546 de 1971, aplicable al actor como servidor de la Rama Judicial en condición de
magistrado de tribunal superior.
12. Afirmó que la UGPP negó la reliquidación de la pensión con el argumento de
que debió calcularse conforme al IBL descrito en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
aspecto que al no haber sido debatido por el actor hace improcedente su modificación
sin autorización expresa, dado que se trata de un derecho adquirido, amparado por
los principios de confianza legítima y buena fe. Agregó que modificar el periodo de
cálculo del IBL para estimarlo con lo devengado entre el 23 de marzo de 2004 y el 30
de enero de 2014, desconoce el principio de non reformatio in pejus2.
2.2. Contestación de la demanda
13. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó el llamamiento
en garantía de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial como entidad empleadora que debió realizar los aportes al Sistema de
2 «No reformar a peor»
3
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Demandada: UGPP
Seguridad Social en Pensiones3.
14. Afirmó que reconoció la pensión del actor mediante la Resolución UGM 001745
del 25 de julio de 2011, por un valor de $12.678.680, efectiva a partir del 1 de abril de
2011, con efectos desde el retiro definitivo del servicio, como beneficiario del régimen
de transición que le permitía acceder al derecho en las condiciones de edad, tiempo
y tasa de reemplazo establecidas en el régimen especial de la Rama Judicial.
15. Precisó que el monto de la pensión liquidada conforme a lo previsto en la Ley
100 de 1993, esto es, con el promedio de lo devengado entre el 23 de marzo de 2004
y el 30 de enero de 2014, fecha de retiro del servicio, arroja un monto de $10.699.979
para el año 2015, cifra inferior a la reconocida desde abril de 2011, circunstancia que
sustentó la negativa de reliquidación.
16. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en
específico las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, para
indicar que el monto de las mesadas pensionales debe corresponder únicamente a
los factores salariales efectivamente cotizados, tesis que resulta aplicable a todos los
servidores públicos beneficiarios del régimen de transición para garantizar el equilibrio
financiero del Sistema de Seguridad Social4.
17. Por otra parte, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, se opuso al llamamiento en garantía y propuso las excepciones que
denominó «falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación material
en la causa por pasiva», inexistencia de dolo o culpa grave, cobro de lo no debido y
prescripción de derechos5.
2.4. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 12 de febrero de
2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante6.
19. Al motivar la decisión, expuso que el actor es beneficiario del régimen especial
de pensiones de la Rama Judicial, establecido en el Decreto 546 de 1971, por cumplir
los requisitos previstos en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
relación con la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación.
20. En cuanto al IBL, afirmó que debía calcularse conforme a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, pues al entrar en vigor dicha normativa (1 de abril de 1994), el actor
contaba con 45 años, ya que nació el 8 de febrero de 1949, y acreditaba 22 años de
3 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 02 Llamamiento
en garantía, pp. 1 a 12
4 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp.191 a 206.
5 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 02 Llamamiento
en garantía, pp. 25 a 33.
6 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 17 Sentencia
niega pretensiones.
4
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Demandada: UGPP
servicio.
21. Precisó que los factores salariales que deben incluirse en la liquidación son los
señalados en el Decreto 1158 de 1994 porque, aunque por vía jurisprudencial se
aplicó el Decreto 717 de 1978 para calcular las pensiones reconocidas a servidores
de la Rama Judicial, dicho aspecto no hace parte del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993.
22. Agregó que no existe un derecho adquirido frente al cálculo del IBL porque la
Resolución UGM 001745 del 25 de julio de 2011 reconoció la pensión condicionada
al retiro del servicio. Además, los parámetros aplicados para la liquidación no se
ajustan al criterio legal y jurisprudencial vigente, razón por la cual no resulta
procedente la reliquidación de la prestación con el 75 % de la asignación mensual más
alta devengada en el último año, dado que ese aparte de la norma que regulaba el
régimen especial de la Rama Judicial no fue objeto de transición.
2.5. Recurso de apelación
23. El demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes razonamientos7:
24. Afirmó que se desconoció el derecho pensional adquirido, pues la prueba
documental demuestra que obtuvo el estatus pensional el 8 de febrero de 2004 y la
prestación fue reconocida mediante la Resolución UGM001745 del 25 de julio de
2011, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
25. Manifestó que el acto administrativo por medio del cual la UGPP reconoció la
pensión goza de presunción de legalidad, por tanto, se deben mantener las
condiciones en las que fue concedida, previstas en el artículo 6 del Decreto 546 de
1971, incluido el ingreso base de liquidación.
26. Expuso que las interpretaciones judiciales relacionadas con el ingreso base de
liquidación para la fecha de consolidación del derecho no eran pacíficas, por tal razón,
resulta válido mantener derecho en los términos en los que fue reconocido, es decir,
con el salario más alto devengado en el último año de servicio. Añadió que, en caso
de aplicarse el criterio definido sobre el IBL, la UGPP debe agotar el procedimiento
previsto en el artículo 97 del CPACA para modificar el acto de reconocimiento.
27. Sostuvo que la aplicación del criterio establecido en las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 desconoce el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo
de Estado en el que se determinaron las situaciones a las cuales resultaba aplicable
dicha línea jurisprudencial.
7 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500,19 RECURSO DE
APELACIÓN.
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28. Por último, afirmó que la condena en costas es improcedente.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20218.
2.7. El Ministerio Público
30. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3289 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
33. ¿Procede la reliquidación de la pensión de vejez con base en los factores
salariales devengados durante el último año de servicios comprendido entre el 1 de
enero de 2013 y el 31 de enero de 2014, conforme a lo previsto en el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida en aplicación
de dicho régimen mediante la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011?
34. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial del derecho
pensional; (ii) hechos probados, y (iii) caso concreto.
8 Samai, índice 7
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3.3. Marco normativo
3.3.1. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971
35. El Decreto 546 de 197110, en su artículo 6°, señala:
«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
36. De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión
mensual vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y
el Ministerio Público son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio en actividades de la
Rama Judicial y/o del Ministerio Público.
3.3.2. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
especiales en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993
37. La Ley 100 de 1993, determinó un régimen de transición en el artículo 36, en el
cual se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres
y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».
38. Así las cosas, mediante sentencia del 4 de agosto de 2010, la Sección Segunda
de esta Corporación unificó su postura respecto de la forma en que debía liquidarse
la pensión de los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. En dicha providencia, se precisó que el ingreso base de
10 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
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liquidación hacía parte integral del régimen de transición y, por tanto, debía
determinarse conforme a las disposiciones especiales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la citada ley. En esa oportunidad, esta Corporación señaló:
«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».
39. Sobre el mismo tema, en fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió
a las reglas y subreglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron
según la Ley 33 de 1985, así:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
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de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente
enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de
solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó
la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor
salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento,
además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin
embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador,
el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la
base de liquidación pensional y a ellos se debe limitar dicha base11.
40. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto Ley 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente, son
sujetos de estas disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo de servicios, edad
y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto en los
artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.
41. Analizado lo anterior, debe la Sala sostener, tal como lo ha expresado en
oportunidades anteriores en asuntos similares al presente, que los citados fallos de
unificación «hacen hincapié en que no puede considerarse que toda pensión
reconocida con la tesis rectificada es contraria al ordenamiento jurídico, en vista que
debe verificarse si hubo mala fe o abuso del derecho […]».
Es así, que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al establecer sus efectos se
resaltó que:
“117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia
de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un
recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada.”
Y en el fallo del 11 de junio de 2020, se dijo lo siguiente:
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento
en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí expuesta,
prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en
las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.”
Para luego establecer en la parte resolutiva de esa misma providencia la siguiente regla:
“SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno
de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos
en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta
sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión
con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA.”
Este recorrido jurisprudencial sirve para evidenciar que, aunque la tesis que permitía el
reconocimiento pensional con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, fue revisada por esta Corporación a partir del fallo del 28 de agosto de
2018, esto no conduce inexorablemente a calificar como contrarios al ordenamiento
jurídico aquellas prestaciones periódicas concedidas con aquella postura, luego que
esta hipótesis solo sería admisible en casos en que exista abuso del derecho o fraude
a la Ley.[…]» 12.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, radicado: 76001-
23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), demandante Colpensiones, demandado: Esteban Manrique Galindo y
Coomeva EPS en liquidación.
10
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
3.5. Estudio del caso concreto
3.5.1. Hechos probados
42. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede
establecer lo siguiente:
43. Mediante la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011 13 , CAJANAL
reconoció pensión de vejez al señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado, en cuantía de
$12.678.680, efectiva a partir del 1.º de abril de 2011. Lo anterior, por haber prestado
sus servicios en la Rama Judicial desde el 1.º de julio de 1972 hasta el 30 de marzo
de 2011, para un total de 13.950 días laborados; haber nacido el 8 de febrero de 1949
y contar, para esa fecha, con 62 años; así como haber adquirido el estatus de
pensionado el 8 de febrero de 2004.
44. Asimismo, indicó que, conforme a la Ley 100 de 1993, era beneficiario del
régimen de transición, el cual respetaba el tiempo de servicio, la edad y el monto
previstos en el régimen anterior para quienes acreditaran 15 años de servicio o 40
años en el caso de los hombres y 35 años en el caso de las mujeres.
45. En consecuencia, la prestación fue liquidada conforme al artículo 6 del Decreto
546 de 1971, esto es, sobre el 75 % de la asignación mensual más alta devengada
durante el año de servicios comprendido entre el 1.º de abril de 2010 y el 30 de marzo
de 2011.
46. A través de la Resolución UGM053653 del 3 de agosto de 2012 14, CAJANAL
modificó la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011, debido a que no se
ordenaron los descuentos previstos en el Decreto 1158 de 1994.
47. El actor presentó solicitud de reliquidación de la pensión el 12 de febrero de
2015, con el fin de que esta se efectuara conforme al último año de servicios, es decir,
el comprendido entre enero de 2013 y enero de 201415.
48. Por medio de la Resolución RDP 023731 del 11 de junio de 201516, se negó la
solicitud de reliquidación de la pensión, al considerar que, conforme al régimen de
transición previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, se respetaban la
edad, el tiempo de servicio y el monto establecidos en el régimen anterior, pero la
mesada debía liquidarse con base en el promedio de los últimos diez años de servicio.
49. El 27 de julio de 2015, el señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado interpuso
13 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp.23 a 28
14 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 32 a 34
15 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp.35 a 44
16 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 45 a 51.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación17 contra la Resolución RDP 023731
del 11 de junio de 2015, al considerar que dicha decisión desconocía, entre otros
aspectos, el principio de non reformatio in pejus 18 ; recursos que fueron resueltos
mediante las Resoluciones RDP 036728 del 9 de septiembre de 201519 y RDP 039880
del 28 de septiembre de 201520, las cuales confirmaron íntegramente la decisión.
3.5.2. Análisis sustancial de la Sala
50. El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el ingreso base de liquidación de la pensión del señor Álvaro Alfredo
O’Byrne Delgado debía determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993 y no con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, razón por la
cual concluyó que no procedía la reliquidación solicitada con base en el último año de
servicios.
51. El señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado solicitó que se revocara la decisión
adoptada en primera instancia, con fundamento en que su derecho pensional fue
reconocido mediante la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011 conforme al
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, disposición que estableció como base de
liquidación el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año
de servicios. Sostuvo que dicho acto administrativo adquirió firmeza y creó una
situación jurídica que no podía desconocerse.
52. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la
competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a declarar la nulidad de
los actos demandados, en cuanto negaron la reliquidación de la prestación reconocida
al demandante, toda vez que la UGPP consideró que el ingreso base de liquidación
debía calcularse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y no con el
salario más alto devengado durante el último año de servicios previsto en el artículo 6
del Decreto 546 de 1971.
53. De conformidad con la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011, se
encuentra acreditado que el señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado era beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que
para el 1.º de abril de 1994 contaba con más de 40 años y superaba los 15 años de
servicios exigidos por dicha disposición.
54. De acuerdo con la resolución de reconocimiento, el demandante adquirió el
estatus pensional el 8 de febrero de 2004, fecha en la cual cumplió 55 años, después
de haber acreditado más de 20 años de servicio, de los cuales más de 10
correspondieron a labores prestadas en la Rama Judicial. En consecuencia, consolidó
17 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 53 a 65
18 «No reformar a peor»
19 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 66 a 69
20 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_52001233300320160040(.zip), 52001233300020160040500, 01 Cuaderno 1,
pp. 71 a 75
12
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
el derecho pensional bajo el régimen especial previsto en el artículo 6 del Decreto 546
de 1971.
55. Ahora bien, la UGPP reconoció y liquidó la prestación mediante la Resolución
UGM001745 del 25 de julio de 2011, conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
esto es, con el 75 % de la asignación mensual más alta devengada durante el último
año de servicios comprendido entre el 1.º de abril de 2010 y el 30 de marzo de 2011.
56. De igual manera, mediante la Resolución UGM053653 del 3 de agosto de
2012 únicamente se modificó el acto inicial para efectuar los descuentos previstos en
el Decreto 1158 de 1994, sin alterar las condiciones esenciales bajo las cuales fue
reconocida la prestación pensional.
57. La Sala precisa que, en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 11 de junio de 2020, quienes son beneficiarios del régimen de transición
y adquieren el derecho pensional bajo el Decreto 546 de 1971 conservan las
condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso
base de liquidación debe determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda.
58. No obstante, la misma providencia de unificación estableció que no puede
entenderse que las prestaciones reconocidas con fundamento en la tesis anterior
sostenida por la Sección Segunda constituyan, por sí mismas, situaciones contrarias
al ordenamiento jurídico, salvo que se acredite abuso del derecho o fraude a la ley.
Asimismo, dispuso que las reglas fijadas tendrían aplicación retrospectiva respecto de
los asuntos en trámite ante la administración y la jurisdicción, pero sin afectar
situaciones definidas.
59. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la Resolución
UGM001745 del 25 de julio de 2011 reconoció la pensión de vejez del señor Álvaro
Alfredo O’Byrne Delgado con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y
definió expresamente que el ingreso base de liquidación correspondería al 75 % de la
asignación más alta devengada durante el último año de servicios.
60. Así las cosas, la Sala advierte que el acto administrativo de reconocimiento creó
una situación jurídica particular y concreta a favor del demandante, la cual quedó
incorporada a su patrimonio una vez adquirió firmeza. En consecuencia, la
administración no podía desconocer las condiciones allí definidas sin acudir
previamente a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la
revocatoria21 de actos administrativos de carácter particular.
61. En ese sentido, se observa que el señor Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado solicitó
la reliquidación de la prestación el 12 de febrero de 2015, con fundamento en que
continuó vinculado al servicio hasta el 31 de enero de 2014 y, por tanto, el último año
de servicios que debía tenerse en cuenta para efectos de la liquidación pensional
21 Artículo 97 del CPACA
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
correspondía al período comprendido entre el 1.º de enero de 2013 y el 31 de enero
de 2014.
62. La UGPP negó la solicitud mediante la Resolución RDP 023731 del 11 de junio
de 2015, al considerar que el ingreso base de liquidación debía establecerse conforme
a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Dicha decisión fue confirmada mediante
las Resoluciones RDP 036728 del 9 de septiembre de 2015 y RDP 039880 del 28 de
septiembre de 2015.
63. En este orden, se encuentra demostrado que la entidad reconoció inicialmente
la prestación conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y definió expresamente
que el ingreso base de liquidación correspondería al salario más alto devengado
durante el último año de servicios. En consecuencia, si el actor continuó vinculado al
servicio hasta el 31 de enero de 2014, la administración debía actualizar la liquidación
pensional conforme a las condiciones previstas en el propio acto de reconocimiento.
64. Lo anterior, porque el derecho reclamado no se dirigió a obtener una
modificación del régimen aplicable ni a variar la forma de liquidación inicialmente
reconocida, sino a que la entidad aplicara las mismas condiciones previstas en la
Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011 respecto del último año efectivamente
laborado por el demandante.
65. En consecuencia, la Sala encuentra que los actos administrativos demandados
desconocieron la situación jurídica consolidada mediante el acto de reconocimiento
pensional y negaron injustificadamente la actualización de la prestación conforme a
las condiciones allí establecidas.
3.5.3. Conclusión
66. En atención a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda, en la medida en que a Álvaro Alfredo O’Byrne Delgado
le fue reconocida la pensión conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, por lo
que tiene derecho a que esta se reliquide de acuerdo con lo devengado en el último
año de servicios.
3.5.4. Costas
67. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario22 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
22 22 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
68. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes hayan
incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se considera procedente revocar la
condena en costas impuesta en la sentencia apelada y abstenerse de imponerlas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad de las resoluciones RDP023731 del 11 de junio de
2015, RDP036728 del 9 de septiembre de 2015 y RDP039880 del 28 de septiembre
de 2015.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
reliquidar la pensión reconocida a Álvaro Alfredo O’byrne Delgado, en los términos de
la Resolución UGM001745 del 25 de julio de 2011, por medio de la cual se reconoció
el derecho pensional. La entidad deberá pagar al actor la diferencia entre la suma
efectivamente pagada y la que resulte de la reliquidación. La suma reconocida no
podrá superar los topes establecidos por la ley.
El cumplimiento de la sentencia se encuentra condicionado a que la UGPP verifique
que no ha realizado pagos a favor del demandante por el mismo concepto.
Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: Sin condena en costas en las dos instancias.
Sexto: Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00405-01 (0343-2024)
Demandante: Álvaro Alfredo O’byrne Delgado
Demandada: UGPP
Séptimo: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
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