Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00467-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00467-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00467-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52-001-23-33-000-2016-00467-01 (2078-2021)
Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Concurso público de méritos en la PGN para la vinculación de
procuradores judiciales
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
1. Kelly Alberto Caicedo Bustos en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 demandó 2 la nulidad de: (i) la resolución 1421 del 3
de noviembre de 2015, por la que la Oficina de Selección y Carrera de la PGN
resolvió todas las reclamaciones presentadas por los concursantes contra los
resultados de la prueba de conocimientos desarrollada en la convocatoria 013 de
2015 y (ii) la resolución 1761 del 5 de julio de 2016, mediante la cual la misma
dependencia de la PGN confirmó el puntaje obtenido por el demandante en la
aludida prueba.
2. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se condenara
a la PGN a: (i) tener por correctas las respuestas que él dio a las preguntas que
indicó en la reclamación que presentó contra el resultado que obtuvo en la prueba
de conocimientos, (ii) aumentarle el puntaje que le fue asignado como resultado en
la referida prueba, (iii) permitirle continuar en las demás fases del concurso de
méritos, y (iv) que en caso de obtener el puntaje mínimo requerido, incluirle en la
lista de elegibles elaborada para el cargo de procurador judicial para el cual aspiró.
1.1.- Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
2 El 19 de agosto de 2016, según constancia de presentación.
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Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
3.1. La PGN adelantó la la licitación pública 08 de 2014 para contratar al
operador encargado de desarrollar el proceso de selección de procuradores
judiciales. Como resultado de ello, la PGN suscribió con la Universidad de
Pamplona el contrato interadministrativo 179-097 de 2014, cuyo objeto era el
de prestar «… los servicios de apoyo técnico, funcional y logístico en la convocatoria,
reclutamiento -inscripción y aspectos técnicos del proceso y verificación de requisitos míninos-
, diseño, construcción y aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y de
competencias y la de análisis de antecedentes, hasta la determinación de las personas que
integran las listas de elegibles en el concurso abierto para el ingreso de personal idóneo a
la Procuraduría General de la Nación, en cargos de procurador judcial I y II». (Sic).
3.2. El anexo técnico 01 de la licitación y del convenio interadministrativo,
señalaba en su punto 5 lo siguiente:
«5. Almacenamiento, custodia y destrucción de los cuadernillos plegables de
las pruebas y hojas de respuestas.
CARACTERISTICAS:
El contratista debe almacenar y custodiar los cuadernillos plegables de las pruebas
de conocimientos y competencias y las hojas de respuestas sobrantes, durante seis
(6) meses contados a partir de la aplicación.
Las Hojas de respuesta físicas diligenciadas las custodiará el contratista durante el
mismo término de duración del contrato y hasta diez (10) meses más y se procederá
a su destrucción una vez transcurrido este término, en presencia de un delegado de
la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación».
3.3. A través de la resolución 040 de 20 de enero de 2015, la PGN ordenó «dar
apertura al concurso abierto de méritos, para proveer todos los empleos de procuradores
judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC) y, reglamentar las condiciones generales de la
convocatoria [013 de 2015] y de las etapas del proceso de selección». El artículo 6 de la
referida resolución reprodujo el contenido del punto 5 del anexo técnico 01 que
disponía la «destrucción de los cuadernillos plegables de las pruebas y hojas de
respuestas», señalado atrás.
3.4. La resolución 040 de 2015 dispuso en sus artículos 12 y 13 que la prueba de
conocimientos se aprobaba con un puntaje de 75 sobre 100, además, que tenía un
peso porcentual del 55% respecto de la totalidad de las pruebas, y que su carácter
era eliminatorio.
3.5. Kelly Alberto Caicedo Bustos se inscribió en la convocatoria 013 de 2015 para
concursar por el cargo de procurador judicial I, adscrito a la Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa.
3.6. El 13 de septiembre de 2015 se aplicaron las pruebas de conocimientos y
comportamentales. El 7 de octubre de 2015 se publicaron los resultados de la
prueba de conocimientos, la cual no fue superada por el demandante porque obtuvo
un resultado de 73.98 puntos sobre 100 posibles.
3.7. El 9 de octubre de 2015, dentro del término fijado para presentar reclamaciones
en contra de los resultados de la prueba de conocimientos, el demandante solicitó
a través de correo electrónico, la revisión de su examen por la existencia de posibles
falencias en la lectura óptica de las hojas de respuestas y errores aritméticos en su
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Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
calificación, adicionalmemente, pidió que se le autorizara el acceso a los
cuadernillos de preguntas y de respuestas clave, así como a la hoja donde señaló
sus respuestas.
3.8. El 3 de noviembre de 2015, a través de la resolución 1421, la Oficina de
Selección y Carrera de la PGN atendió de manejera conjunta todas las
reclamaciones presentadas por los concursantes. En el caso específico del
demandante la resolución confirmó el puntaje de 73.98. En las consideraciones del
referido acto administrativo la PGN se refirió a los estándares estadísticos usados
para la revisión de las preguntas que, según la entidad, minimizaron la comisión de
errores aritméticos, también mencionó la confiabilidad de la lectura óptica de las
hojas de respuesta, al procesamiento estadístico de los resultados y al modelo de
evaluación. No obstante, la entidad omitió pronunciarse puntualmente respecto de
la petición de acceso a los cuadernillos de preguntas, a las respuestas clave y a la
hoja de respuestas.
3.9. A continuación el demandante solicitó a la PGN, a través de derecho de
petición, «los cuadernillos y respuestas con las claves de respuesta correcta, de las
pruebas aplicadas», solicitud que fue negada por la entidad a través de oficio
101-7631 de 21 de enero de 2016, porque dicho material tenía carácter
resevado, y por ende, de acuerdo con la jurisprudencia contenciosa que en
dicho acto administrativo se trascribe, el demandante debía acudir a esta
jurisdicción a través del recurso de insistencia para levantar la reserva y obtener
los mencionados documentos. Ante esta negativa, en vez de presentar el
recurso de insistencia que le indicó la PGN, el demandante instauró acción de
tutela.
3.10. En fallo de tutela del 27 de enero de 2016 - confirmado por la sentencia del 17 de
febrero de 2016 - el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria3, amparó los derechos fundamentales del demandante al debido
proceso, defensa, contradicción y petición. En consecuencia ordenó a la PGN y
la Universidad de Pamplona, que dentro del término de 10 días contados desde la
notificación del fallo, le permitieran acceder al cuadernillo de preguntas, a las
respuestas clave y a su hoja de respuestas, para que con fundamento en ello
pudiera presentar nuevamente su reclamación.
3.11. En cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, mediante oficio 0272 del
12 de febrero de 20164, la PGN citó al demandante para el día 17 de ese mismo
mes y año a la diligencia de exhibición de documentos, que se adelantaría en las
instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Seccional
Nariño. También se le concedió un plazo de 2 días hábiles contados a partir del
acceso a dichos documentos, para que presentara nuevamente la reclamación
contra la calificación de la prueba.
3.11. En Acta del 17 de febrero de 20165 suscrita por el demandante y Raúl Ernesto
Quiroga Marín, funcionario de la PGN, se dejó constancia de la diligencia de
exhibición a los documentos. En el documento se precisó que se debía cumplir un
protocolo de seguridad establecido para el acceso y uso del material, en razón al
3 Folio 109 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
4 Folio 134 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
5 Folio 136 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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carácter de reserva de la documentación consultada, en virtud de lo cual, el actor
no reprodujo ni obtuvo copia del cuadernillos de preguntas y de respuestas clave,
así como tampoco, de la hoja donde señaló sus respuestas. Así las cosas, el
concursante dejó consignado lo siguiente en el acta:
«No se accede a la reproducción de los apuntes tomados con base en ellos haré la
reclamación. No hay decisión judicial que asi lo ordene, tampoco el documento
citatorio de la presente diligencia. Me comprometo a la reserva del documento».
(Sic).
3.12. El demandante nunca presentó recurso de insistencia ante esta jurisdicción.
3.13. El 18 de febrero de 20166 el demandante presentó una nueva reclamación
contra los resultados de la prueba de conocimientos aplicada en el marco de la
convocatoria 013 de 2015, reclamación en la que entre otras, alegó que las claves
de respuesta a las preguntas 11, 13, 16, 19, 31, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 65, 66, 73 y
100 eran erradas pues no correspondían a la realidad del ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia sobre los temas evaluados, mientras que, en su criterio, las
respuestas que él indicó eran las correctas.
3.14. Los días 18 y 31 de marzo y, 1, 8 y 21 de abril de 2016, en la Sala de Seguridad
de la Universidad de Pamplona, - dando cumplimiento a la ficha técnica de la licitación
pública 8 de 2014, que culminó con la contratación de la referida universidad para adelantar
el proceso de selección -, se destruyó: (i) un CD que contiene los archivos de los
originales cuadernillos de preguntas y (ii) 57.075 cuadernillos físicos, de 57.130 que
fueron impresos, quedando 55 que corresponden a: 24 que estaban en trámite de
tutela, 28 que eran de muestra y 3 que por solicitud de la Fiscalía General de la
Nación, fueron enviados a varias investigaciones penales.
3.15. Mediante resolución 1761 del 5 de julio de 2016, la Oficina de Selección y
Carrera de la PGN resolvió la nueva reclamación presentada por el demandante y
confirmó el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos. Para el efecto, la PGN
se basó en un informe elaborado por la Universidad de Pamplona en el que analizó
uno a uno de los argumentos expuestos por el recurrente y emitió concepto de fondo
frente a cada uno de los cuestionamientos atinentes a las preguntas que le fueron
calificadas como erradas y que él consideraba que había contestado
adecuadamente. Por consiguiente, el demandante fue eliminado del proceso de
selección.
3.16. El 8 de julio de 2016 la PGN publicó la lista de elegibles para el cargo de
procurador judicial I adscrito a la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa7.
3.17. El 3 de octubre de 2016, en las instalaciones de la Sala de Seguridad de la
Universida de Pamplona, fueron destruidos 52 cuadernillos correspondientes a los
24 que estaban en trámite de tutela y 28 que eran de muestra.
3.18. Entre el 15 y el 23 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Sala de
Seguridad de la Universida de Pamplona, fueron destruidos 57.131 hojas de
respuesta.
6 Folio 86 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
7 Folio 138 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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1.2.- Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 83, 40, 125 y 209 de la Constitución y,
28 y 31 de la Ley 909 de 2004.
5. En el concepto de violación el demandante argumentó en primer lugar, que la
PGN vulneró el principio del mérito y el derecho de acceso a cargos públicos,
porque:
5.1. Desconoció las reglas de la convocatoria 013 de 2015, las cuales eran
inmodificables, en la medida en que las pruebas de conocimiento fueron
estructuradas y calificadas de conformidad con criterios diferentes a los definidos
en las bases del concurso y en la «cartilla de orientación al aspirante» de agosto de
2015, ya que no se respetaron los ejes temáticos que debían ser evaluados según
la convocatoria y el cargo al cual se aspiraba, y
5.2. Las claves de respuesta a las preguntas 11, 13, 16, 19, 31, 42, 43, 47, 48, 50,
54, 65, 66, 73 y 100 eran erradas pues no correspondían a la realidad del
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia sobre los temas evaluados, mientras que,
en su criterio, las respuestas que él indicó eran las correctas. Aspecto que por
economía procesal no se desarrolla en detalle en esta providencia, en la medida
que comprende más de 20 páginas de la demanda.
6. El demandante señaló en segundo lugar, que la calificación final de la prueba de
conocimientos fue arbitraria, porque no consideró los argumentos expuestos en
sede administrativa. Así las cosas, la PGN fue subjetiva al determinar los resultados
de la prueba.
1.3.- Petición de prueba documental
7. En la demanda, el actor solicitó entre otras, que se oficiara a la PGN para que con
destino a este proceso, remitiera copia auténtica de los cuadernillos de preguntas y
de respuestas clave, así como de la hoja donde señaló sus respuestas.
1.4.- Solicitud de medida cautelar y su contestación
8. El demandante solicitó como medida cautelar:
«Se ordene a la demandada se ABSTENGA DE DESTRUIR las pruebas de
conocimientos y comportamental, hojas de respuestas del señor KELLY ALBERTO
CAICEDO BUSTOS, hoja de respuestas clave de la demandada, documentos de hoja
de vida aportados para evaluación de la prueba Análisis de Antecedentes y de los
demás documentos, físicos y electrónicos, desplegados en la actuación
administrativa, por causa de la participación de mi representado en el concurso
abierto de méritos para el ingreso de personal en los cargos de carrera de
procurador judicial I, en la convocatoria 013-2015 - Procuraduría Delgada para la
Conciliación Administrativa, como quiera que dichos documentos constituyen los
elementos fundamentales de prueba en este proceso y que mi representado aspira
a continuar en las demás fases del concurso en aras de consecución de un empleo
en la Procuraduría General de la Nación, según resultas de la presente dernanda.
Lo anterior teniendo en cuenta que la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015,
del Señor Procurador General de la Nación, por medio de la cual se da apertura y
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se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de
carrera de procuradores judiciales, dispone la destrucción de documentos del
concurso, después de trascurridos 6 meses».
9. Para oponerse a la solicitud de medida cautelar, la PGN argumentó entre otras,
que «…en cumplimiento al objeto del contrato la Oficina de Selección y Carrera de la
Procuraduría General de la Nación, procedió los días 21 de abril y 03 de octubre de 2016 a
la destrucción de los cuadernillos, respectivamente, en armonía como lo señalado por el
numeral 60 del artículo 24 de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, como se puede
observar en las actas que se adjuntan para su conocimiento. Razón por la cual frente a la
orden de abstenerse de destruir los cuadernillos, se hace imposible cumplirla, como quiera
que ya fue un hecho cumplido, vale decir, los cuadernillos no existen físicamente…».
2.- Contestación de la demanda8
10. La PGN presentó la contestación de la demanda de manera extemporáne, como
consta en informe de la Secretaría del Tribunal Adminsitrativo de Nariño del 23 de
febrero de 20179.
3.- Trámite dado a la solicitud cautelar
11. A través de auto de 8 de mayo de 2017 el despacho sustanciador en el Tribunal
Administrativo de Nariño negó la solicitud cautelar peticionada en la demanda,
porque:
«… de la sola verificación de la petición elevada por la parte demandante sobre la
medida cautelar, y la comparación entre el acto acusado que se considera
vulnerado, el despacho - en este momento procesal - no evidencia una contradicción
normativa evidente o palmaria que justifique la prosperidad de la medida provisional;
pues por el contrario, el asunto requiere formular un análisis de fondo, a partir del
debate probatorio y demás alegaciones propias del proceso, que permita concluir si
efectivamente con la expedición del acto acusado, se desconocieron las
disposiciones invocadas por la parte actora.
Asi las cosas, no puede la parte demandante en esta instancia procesal, implantar
normas superiores alegadas como intringidas […] y menos la aplicación sobre el
trámite de almacenamiento, custodia y destrucción de los cuadernillos plegables de
las pruebas y hojas de respuestas reclamados por el demandante, por cuanto a
juicio del despacho, su actuación en debida forma fue implementada dentro del
concurso, y si hay actuación en contra de su aplicación, la misma deberá realizarse
dentro del proceso como estudio minucioso del material probatorio que se aporte en
el proceso para su ejecución, y el que conlleve a determinar su actividad, el cual
diera lugar al acto administrativo impugnado.
El despacho, tras realizar un contraste entre el acto administrativo demandado, y las
normas enunciadas en el escrito de la demanda - artículo 125 de la Constitución -
como violación del principio constitucional al merito por desatención e inobservancia
a las reglas previamente fijadas por el organizador del concurso público, estima que
no se presenta una violación evidente de las mismas que amerite el decreto de la
medida cautelar invocada, pues lo argumentado por la parte actora es,
precisamente, objeto del debate probatorio y demás alegaciones que se suscitarán
dentro del proceso».
12. El demandante presentó recurso de reposición en el que indicó: «La medida
cautelar solicitada es […] conservativa, porque lo que se solicita es que se ordene a la
demandada se abstenga de destruir las pruebas de conocimientos y comportamental, hoja
8 Folio 221 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
9 Folio 297 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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de respuestas clave, hoja de vida etc; mas no se pidió suspensión del acto acusado tal
como lo hace ver y lo resolvió el Tribunal. [… ]. Consecuencialmente al ser una medida
conservativa y no de suspensión no se debe aplicar los requisitos establecidos en el inciso
primero del artículo 231 del CPACA, que se aplican para medidas de suspensión; por lo
tanto, en este caso, se debe aplicar los requisitos establecidos en el inciso segundo de este
mismo artículo que opera para las medias diferentes a la suspensión como la conservativa.
[…]. Por tanto, el sentido y objetivo de la medida cautelar es la de preservar algunas
pruebas que permitirán resolver con mayor facilidad el asunto y como no es de suspensión
de acto acusado u otro, no se alegó o se dice que exista vulneración del acto con normas
superiores, por ello no se debe realizar comparación entre acto acusado y normatividad
superior tal como lo hizo erróneamente el Tribunal».
13. Por medio de auto de 19 de septiembre de 2018, el despacho sustanciador en
el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió confirmar la providencia de 8 de mayo
de 2017 que negó la solicitud cautelar «… por cuanto lo invocado como medida
"conservativa" sobre la abstención y destrucción de las pruebas de conocimientos y
comportamental, hoja de respuestas clave, hoja de vida para el concurso abierto de meritos
en la Procuraduría General de la Nación, la fundamentación fáctica y probatoria elevada en
esta instancia judicial, no está debidamente acreditado para efectos de su aprobación,
situación que para el caso en concreto, no se cumple, ya que de las pruebas allegadas y
descritas en los argumentos presentados como análisis anticipado, provisional y sumario,
sobre la apertura al concurso, regido por la Resolución 040 de 2015, y los 14 formatos de
convocatoria, no se logra vislumbrar la supuesta utilización de maniobras fraudulentas que
permitieran generar de manera negativa el acto administrativo demandado (Resolución No.
1761 del 05 de julio de 2016) sobre la reclamación contra los resultados de las pruebas de
conocimientos del concurso elevada por el señor KELLY ALBERTO CAICEDO BUSTOS, y
menos que permitieran arreglar indeterminados efectos, para el puntaje aprobatorio y/o
eliminatorio en el citado concurso, cuando en su defecto, el demandante conoció el
contenido de los documentos, y tuvo acceso para el análisis de antecedentes en la
respectiva reclamación, derivado en el acto administrativo acusado. [...]. el valor probatorio
que debe dársele a los documentos presentados por la parte demandada, ahora son objeto
de proceso judicial, en consecuencia deberán ser valoradas bajo las directrices que
determine el C.P.A.C.A., y el C.G.P.; y en vista de que el litigio gira en torno a la verificación
de los supuestos fácticos que dieron lugar al carácter eliminatorio del demandante,
consistente en la prueba de conocimiento, comportamental, hojas de respuestas clave de
la demanda, y prueba de análisis de antecedentes para la actuación administrativa en el
concurso de meritos, es deber de la parte demandante desplegar en contra de la entidad
demandada, una ardua actividad probatoria tendiente a desvirtuar la veracidad del
contenido del acto administrativo hoy acusado».
4.- Tramite dado a la petición probatoria
14. El Tribunal Administrativo de Nariño, en la Audiencia Inicial celebrada el 21 de
noviembre de 2021, decretó la prueba documental solicitada por el demandante,
consistente en que se oficiara a la PGN para que aportara al proceso copia de los
cuadernillos de preguntas y de respuestas clave, así como de la hoja donde señaló
sus respuestas.
15. Para el efecto, mediante oficio 3807 del 22 de noviembre de 201810 la Secetaría
del Tribunal Administrativo de Nariño requirió a la PGN para que, en el término
máximo de 30 días, remitiera los aludidos documentos.
10 Folio 420 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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16. A través de oficio OSyC 808 – 162149 del 13 de diciembre de 2018, radicado el
11 de enero de 2019, la PGN contestó el requerimiento e informó que no era posible
adjuntar las documentales solicitadas por el despacho, porque estas fueron
destruidas de conformidad con lo dispuesto en el anexo técnico 001 del contrato
interadministrativo 179-097 de 2014, suscrito entre la PGN y la Universidad de
Pamplona11.
17. En la audiencia de pruebas desarrollada el 20 de febrero de 2019, la parte
demandante no realizó manifestación alguna encaminada a insistir en el recaudo
probatorio, tampoco el magistrado conductor del proceso, quien de manera expresa
indicó que no existían situaciones por sanear.12
5.- Alegatos de conclusión ante la primera instancia
5.1.- Parte demandante13
18. En esta oportunidad el demandante señaló, a través de memorial de 5 de marzo
de 2019, que:
«… es pertinente y necesario, para resolver el asunto, que se realice un análisis
detallado y pormenorizado de las preguntas, las opciones de respuesta y la opción
de respuesta escogida por el demandante dentro de la prueba de conocimientos
surtida en la convocatoria realizada para procuradores judiciales que fueron objeto
de demanda.
Con el material probatorio recaudado es posible realizar el análisis de las preguntas,
las opciones de respuestas y la opción escogida por el demandante, puesto que son
documentos oficiales, aportados al proceso de forma oportuna y legal, sin que sea
necesario contar con el cuademillo de preguntas y hoja de respuestas, que por
tramite del concurso ya se desecharon, aclarando que la parta demandante desde
el inicio del proceso, mediante solicitud de medida cautelar, solicito al Despacho
para que la Universidad contratada para el efecto conservara los documentos de la
prueba, pese a ello el despacho negó la medida concluyendo que existe material
probatorio sufciente para resolver el asunto de fondo en derecho, que equivale al
análisis de las preguntas y las opciones de respuesta que se objeta.
(…)
… solicito se analicen las preguntas de la prueba, sus opciones de respuesta, la
respuesta dada por el concursante y la dada por la universidad como correcta, para
establecer el error de la Universidad y de esta forma establecer que las respuestas
dadas por mi representado fueron las correctas y de esta forma, aumentar en su
puntuación para que continúe con las demás pruebas del concurso, caso contrario
seria una denegación de justicia».
5.2.- Parte demandada
19. La PGN guardó silencio.
6.- Concepto del Ministerio Público ante el tribunal14
11 Memorial y anexos visibles a folio 421 y siguientes del expediente digital que se encuentra en el
índice 2 de Samai.
12 Folios 441 y 442 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
13 Folios 448 y 449 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
14 Folio 443 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
20. El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
porque las reclamaciones presentadas por el demandante en el marco del concurso
de méritos, fueron resueltas dentro del marco normativo aplicable y con especial
respeto del postulado del debido proceso.
7.- La sentencia apelada15
21. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de primera instancia del 20 de
noviembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas. Para tal efecto formuló entre otros, el siguiente problema jurídico: «…
existió o no, desatención e inobservancia a las reglas previamente fijadas por la PGN como
organizador del concurso, para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales […], y
en particular, [en lo que tiene que ver con el] resultado negativo de la prueba de
conocimientos [del demandante, debido a] la comisión de errores aritméticos, procedimiento
de resultados y modelo de evaluación». El tribunal respondió negativamente este
planteamiento porque:
21.1. Los temas evaluados en la prueba de conocimientos eran pertinentes y
adecuados, debido a que estaban directamente relacionados con el marco funcional
del empleo de procurador judicial, así como con la Constitución, la ley, los
reglamentos y la jurisprudencia.
21.2. La PGN respetó al demandante todas las garantías propias del derecho al
debido proceso, porque se le permitió conocer el cuadernillo de preguntas, las
respuestas clave y su hoja de respuestas, para que con fundamento en ello
pudiera presentar su reclamación, incluso en dos ocasiones.
21.3. En sede administrativa la PGN y la Universidad de Pamplona contestaron y
atendieron todos las inconformidades que el demandante formuló respecto de las
preguntas de la prueba de conocimientos, indicadas en el punto 5.2 de esta
providencia: «pregunta y respuesta - una a una - de las formuladas por el demandante,
bajo los criterios de discriminación, dificultad, flujo de respuesta, consistencia, y argumento
definitivo, entre otros, de acuerdo a los parámetros estadísticos referidos en el acto de la
Convocatoria Pública para el concurso de la PGN». (Sic).
21.4. No «le asiste razón» al demandante «cuando argumenta […] que es pertinente y
necesario, para resolver el asunto, que sea el Tribunal quien realice un análisis detallado y
pormenorizado de las preguntas, opciones de respuesta, y la opción de respuesta escogida
por el demandante dentro de la prueba de conocimientos surtida en la convocatoria»
porque, «según las pruebas allegadas al proceso, [ello] ya fue objeto de estudio detallado
en la etapa de reclamaciones y decidido de forma contundente […]; en consecuencia, sus
pretensiones, frente a la etapa de reclamaciones en los concursos, no está prevista para tal
fin, sino para hacer caer en cuenta a la administración o al encargado de adelantar el
concurso en alguna irregularidad de la convocatoria». (Sic).
21.5. En relación «con las diferentes inconformidades propuestas por la parte actora sobre
el aspecto técnico de la prueba de conocimientos, según los informes rendidos por la
Universidad de Pamplona, no se configura irregularidad alguna; es decir, se atendieron los
términos y etapas del concurso en debida forma, y de contera la normatividad que rigiera el
concurso de méritos».
15 Folio 454 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
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Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
22. En virtud de lo expuesto el tribunal concluyó que, «no se configura en error fáctico
por parte de la PGN - Universidad de Pamplona, […] que dé lugar aumentar [la] puntuación
[del demandante] para que continúe con las demás pruebas del concurso como reparación
de los perjuicios que adujo haber sufrido […], cuando en realidad, la figura y trámite de la
convocatoria se sujetó a la normatividad prevista para tal fin, razón por la que habrán de
negarse las pretensiones de la demanda».
8.- El recurso de apelación16
23.En su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el
demandante argumentó que:
23.1. Aunque el tribunal formuló adecuadamente el problema jurídico, omitió resolver
el fondo del asunto y no se pronunció sobre las pretensiones de la demanda, porque
no se pronunció sobre la validez de las preguntas y opciones de respuesta
contenidos en el cuadernillo, así como tampoco respecto de las respuestas por él
escogidas.
23.2. Él no cuestionó las etapas del concurso de méritos ni las oportunidades para
presentar reclamaciones, sino la respuesta que la PGN y la Universiad de Pamplona
dieron a su escrito de reclamación que presentó contra los resultados de la prueba
de conocimientos.
23.3. Finalmente enfatizó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que
se decretara la validez de las respuestas que en la prueba de conocimientos él
escogió para las preguntas indicadas en los fundamentos jurídicos, fj, 3.13 y 5.2 de
esta sentencia, por lo que, en su criterio, era necesario que el tribunal analizara las
preguntas y respuestas de la prueba de conocimientos que él cuestionó y dirimiera
sobre si eran válidas o correctas, o no.
24. Para la Sala es importante precisar que el demandante no solicitó ni aportó
pruebas con su recurso de apelación.
9.- Alegatos de segunda instancia
9.1.- Alegatos del demandante17
25. En sus alegatos finales ante esta corporación, Kelly Alberto Caicedo Bustos
reiteró los argumentos que expuso en la demanda y el recurso de apelación, y
solicitó que en segunda instancia se «analice las preguntas y respuestas cuestionadas
[…] frente a las respuestas de la accionada, de lo cual no hubo pronunciamiento por parte
del a quo, quien en su fallo de primera instancia omitió su análisis», al considerar que las
inconformidades del demandante habían sido resueltas en sede administrativa.
26. En esta etapa procesal el demandante tampoco efectuó solicitudes probatorias.
9.2.- Alegatos de la PGN18
16 Visible a folio 467 del expediente digital que se encuentra en el índice 2 de Samai.
17 Visible a índice 16 de Samai.
18 Visible a índice 18 de Samai.
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27. En sus alegatos finales ante esta instancia, la PGN insistió en los razonamientos
que expuso al contestar la demanda, los cuales se resumen a continuación porque
la contestación a la demanda no se tuvo en cuenta por extemporánea.
27.1. La entidad demandada señaló en primer lugar, que las preguntas que se
formularon a los concursantes en la prueba de conocimientos fueron elaboradas de
acuerdo con la «taxonomía de Bloom» que comprende las «categorías cognitivas [de]
saber, evocación, comprensión, análisis y aplicación». Que en ese sentido, «se diseñó
una prueba o instrumento de selección para evaluar las competencias laborales definidas
por la [PGN], las aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia para determinar que
las condiciones de los concursantes correspondieron a la naturaleza y el perfil de los
empleos a proveer, de acuerdo con lo previsto en la Constitución […], la Ley y el Manual
Específico de funciones; [en el cual] estaba definido el propósito principal de los empleos,
las competencias funcionales, los conocimientos para estos cargos, […]». Y que las
preguntas de la prueba de conocimientos fueron validades primero por pares
académicos, y luego por la Universidad de pamplona siguiendo la «teoría de
respuesta al ítem (TRI)», de la siguiente manera:
«Validación por pares temáticos, a través de talleres de análisis, discusión y
aprobación unánime de los textos de los ítems y claves de respuestas.
Esta actividad estuvo acompañada de un redactor de textos y un psicómetra y
7certificada de parte de la Universidad.
Esta prueba se orientaba a evaluar distintas categorías cognitivas, relativas a la
evocación o recuerdo, comprensión, aplicación y análisis y para ello se diseñaron
varios tipos de preguntas, según las técnicas de estructuras de las mismas, las
cuales fueron publicadas en la cartilla del 4 de agosto de 2015.
Por ello, la prueba incluyó, tanto temas de recordación, como enunciados orientados
a captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, la comprensión
de una orden escrita u oral, la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho
particular, la interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o
prácticos y el análisis que implica la división de un todo en sus partes, así como la
percepción del significado de las mismas en relación con el conjunto. Igualmente,
en las alternativas de respuestas, dentro de los criterios de exigencia para evaluar
y seleccionar a un grupo de los aspirantes, se contemplan opciones correctas e
incorrectas. Éstas últimas, acordes con el contexto del ítem, requerían ser
analizadas en detalle, pues las mismas contenían elementos asociados o
distractores, que no necesariamente satisfacían completamente las exigencias del
problema o cuestionamiento aunque podían contener premisas parcialmente
aplicables, razones por las cuales correspondía al evaluado hacer el juicio analítico
respectivo».
27.2. Finalmente, que «comparados los cuestionamientos planteados por el convocante
en su escrito de reclamación frente a lo dicho por la Procuraduría en los actos
administrativos se tiene que, en un marco general, se le absolvieron todos sus
interrogantes».
II.- Consideraciones
10.- Problemas jurídicos
28. Se circunscriben a establecer: (i) si la PGN vulneró el principio del mérito y los
derechos de acceso a cargos públicos y debido proceso, porque las claves de
respuesta a las preguntas 11, 13, 16, 19, 31, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 65, 66, 73 y 100
de la prueba de conocimientos de la convocatoria 013 de 2015 de la PGN, eran
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erradas pues no correspondían a la realidad del ordenamiento jurídico y (ii) si las
respuestas que el demandante escogió eran correctas.
29. Para la resolución del caso, se abordarán los siguientes temas: (i) carácter
vinculante de la convocatoria; (ii) marco regulatorio de las pruebas aplicadas en los
concursos de méritos de la PGN; (iii) carácter reservado de las pruebas aplicadas
en el concurso de méritos; (iv) caso concreto.
10.1.- Carácter vinculante de la convocatoria
30. Los artículos 191 y subsiguientes del del Decreto Ley 262 de 200019 se ocupan
de regular los procesos de selección para proveer los empleos de carrera vacantes
de la planta de personal de la PGN. El artículo 194 señala que las siguientes son
etapas de los concursos: (i) convocatoria, (ii) reclutamiento - que a su vez comprende
la inscripción y la publicación de la lista de admitidos y no admitidos -, (iii) aplicación de
pruebas o instrumentos de selección - que se subdividen en eliminatorios y
clasificatorios -, (iv) conformación de la lista de elegibles, (v) nombramientos en
período de prueba y (vi) calificación del período de prueba. A su turno, el artículo
195 señala que «[l]a convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto
a la administración como a los participantes» y que la Oficina de Selección y Carrera de
la PGN es la encargada de su diseño y elaboración, de acuerdo con los
«requerimientos legales y los parámetros técnicos según la naturaleza del empleo por
proveer».
31. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado20 han declarado, de manera
reiterada, que la convocatoria que da inicio a los concursos de méritos para el
ingreso a la función pública, constituye la norma jurídica primordial para su
desarrollo21. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a la jurisprudencia
de ambos tribunales a definirlo como «la ley del concurso»22. Lo anterior se explica
en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del
concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas
que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en
todo a la Constitución y la ley23.
32. A fin de que sea el mérito, y no un elemento distinto, el que decida la selección
de quienes habrán de ocupar los cargos públicos, resulta imprescindible que la
Administración adelante estas actuaciones observando rigurosamente las reglas
que ella misma se ha impuesto24. Lo anterior pone de presente que la expedición
de la convocatoria entraña un acto de autovinculación y autotutela para la
Administración25. De este modo se procura evitar que pueda obrar con una
discrecionalidad que acabe por desviar el recto curso que debe seguir en la
actuación en comento26.
19 Previamente a las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021.
20 Concepto 1976 de 4 de febrero de 2010, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
21 Sentencias SU-617 de 2013, T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
22 Sentencias T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
23 Sentencia 1563-2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
24 Concepto 2158 de 10 de diciembre de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
25 Sentencia T-256 de 1996.
26 Sentencia 4574-2016 de 31 deenero de 2019 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado.
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33. En razón de lo anterior, el concurso de méritos «se desenvuelve como un trámite
estrictamente reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su
administración y ciertas cargas a los participantes» 27. De esta manera, la convocatoria en el
concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta
reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto
los participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la Administración y a los aspirantes el
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe28. Con fundamento en
estas razones, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse de
manera escrupulosa a los estrictos términos que hayan sido previstos en la
convocatoria, so pena de infringir valiosos principios constitucionales como el
debido proceso, la igualdad, la buena fe y la confianza legítima.
10.2.- Marco regulatorio de las pruebas aplicadas en los concursos de méritos
de la PGN
34. El artículo 203 del Decreto 262 del 2000 establece los tipos de pruebas que
debían aplicarse, su finalidad y la forma de valorarlas:
«Artículo 203. Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos de
selección tienen como finalidad establecer las aptitudes, habilidades, conocimientos,
experiencia y que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y el
perfil de los empleos que deben ser provistos, y permitir la clasificación de dichos
aspirantes.
La valoración de estos rasgos se hará mediante pruebas escritas, de ejecución, análisis
de antecedentes, entrevistas, evaluaciones finales de los cursos efectuados por la
entidad y otros medios técnicos que permitan conocer las áreas objeto de evaluación y
que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros de calificación
previamente definidos por el Procurador General».
35. A su turno, el artículo 211 señala que los resultados de las pruebas se
consolidarían de la siguiente manera:
«Artículo 211. Resultados de las pruebas. Cuando se trate de pruebas con preguntas
abiertas, la calificación será realizada por tres jurados expertos en cada una de las áreas,
seleccionados por el Procurador General. En este evento, los resultados se consignarán
en un informe firmado por los jurados.
En caso de que las pruebas se realicen con preguntas cerradas, su calificación se hará
mediante lectora óptica y los resultados de cada prueba se consignarán en un informe
firmado por el Jefe de la Oficina de Selección y Carrera.
Los resultados serán publicados en cartelera visible al público en la Oficina de Selección
y Carrera y y en las procuradurías territoriales sedes de los empleos convocados a
concurso».
36. En cuanto a las reclamaciones contra los resultados obtenidos en las pruebas,
el artículo 212 prevé que los concursantes podran formularlas por escrito, y que
estas debían estar suficientemente sustentadas:
«Artículo 212. Reclamaciones. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
publicación de los resultados de las pruebas, los concursantes sólo podrán formular
reclamaciones por escrito, debidamente sustentadas, en caso de inconformidad con los
puntajes obtenidos en las pruebas con pregunta abierta, o con la estructura y el
27 Sentencia 2731-2012 de 17 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado.
28 Sentencia T-682 de 2016.
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contenido de las pruebas con pregunta cerrada. Contra los resultados de la entrevista
no podrán presentarse reclamaciones.
Cuando se trate de reclamaciones por errores aritméticos, se presentarán ante el Jefe
de la Oficina de Selección y Carrera, quien resolverá de plano, en única instancia, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes. Cuando se trate de reclamaciones sobre las
pruebas con pregunta abierta, serán decididas, en única instancia, por el jurado que las
calificó, que resolverá de plano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
recepción. En este último caso, las reclamaciones se presentarán en la Oficina de
Selección y Carrera, que deberá remitirlas inmediatamente al jurado designado. Para el
análisis de las preguntas cuestionadas, el jurado podrá asesorarse de expertos en cada
uno de los temas.
La decisión se notificará mediante publicación que se fijará durante dos (2) días hábiles,
en el mismo lugar donde se publicaron los respectivos resultados de las pruebas, a partir
del día hábil siguiente a su expedición. Copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión
se entregará al notificado, si éste la solicitare.
Las reclamaciones por inconformidad con la estructura y el contenido de las pruebas de
pregunta abierta serán resueltas en primera instancia por el jurado calificador y en
segunda por la Comisión de Carrera. En estos casos, los procesos de selección se
suspenderán hasta cuando quede ejecutoriada la decisión correspondiente.
En los casos de aplicación de pruebas con pregunta cerrada, su estructura y contenido
deberán corresponder al perfil del cargo convocado, para lo cual se solicitará su
definición a los superiores inmediatos de los empleos por proveer.
Resuelto el recurso de apelación a que se refiere el presente artículo, se agota la vía
gubernativa».
37. Así las cosas, los derechos a la defensa y contradicción y al debido proceso son
garantizados en los procesos de selección, en la medida en que se les permite a los
aspirantes controvertir los resultados obtenido en las pruebas aplicadas. Además,
dado que los resultados de los exámenes de conocimiento son analizados de forma
objetiva, bajo unos criterios previamente establecidos, también se garantiza el
principio del mérito, así como la imparcialidad y transparencia de la calificación.
10.3.- Carácter reservado de las pruebas aplicadas en el concursos de méritos.
38. El artículo 206 del Decreto 262 del 2000 prevé en relación con la administración
de las pruebas y los bancos de preguntas aplicadas, lo siguiente:
«Artículo 206. Administración de las pruebas. El Jefe de la Oficina de Selección y
Carrera, conforme a las orientaciones del Procurador General, es el responsable de la
elaboración, calificación y aplicación de las pruebas, así como de la custodia de los
bancos de preguntas.
PARÁGRAFO. El Procurador General o su delegado podrá suscribir contratos con
personas públicas o privadas para la elaboración, calificación o aplicación de las pruebas
de selección».
39. Sumado a ello, en los artículos 207, 208 y 209 regula lo relacionado con la
administración, informe y reserva de las pruebas, en los siguientes términos:
«Artículo 207. Informe sobre las prueba aplicadas. De todas las pruebas aplicadas
se dejará un informe firmado por quien las haya diseñado o construido, en el cual consten
el objeto de evaluación, las normas y los parámetros de construcción, los temas
evaluados y sus valores porcentuales, así como las normas y los patrones de calificación
utilizados.
Artículo 208. Reserva de las pruebas. Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los
procesos de selección tienen carácter reservado y solo serán de conocimiento de los
empleados responsables de su elaboración y aplicación, de los concursantes al
momento de su aplicación o de la Comisión de Carrera cuando requiera conocerlas en
desarrollo de las investigaciones que adelante.
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Artículo 209. Transparencia de los concursos. Los responsables de la aplicación de
las pruebas deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Identificación correcta de los concursantes, para evitar la suplantación.
2. Control estricto de las pruebas, con el fin de evitar la pérdida y divulgación del material
de examen.
3. Aplicación correcta de las pruebas, claridad en las instrucciones y control en su
ejecución, con el fin de garantizar que cada aspirante las responda individualmente».
40. De conformidad con lo expuesto, el diseño y construcción de las pruebas
aplicadas en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera de la
PGN debe realizarse de acuerdo con criterios técnicos, avalados por expertos en
cuanto a los temas evaluados, su finalidad, valores, parámetros de calificación y
aplicación.
41. En lo que tiene que ver con la reserva de las pruebas aplicadas en los procesos
de selección, se ha definido que esta es válida únicamente frente a terceros no
intervinientes directamente en el concurso de méritos. Es decir, que no le puede ser
oponible al directamente implicado, pues se le impediría obtener los elementos
necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que
considere pertinentes29.
42. En ese sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que los participantes, para
ejercer sus derechos de defensa y contradicción contra sus resultados, deben poder
acceder a los exámenes y a sus respuestas:
«[…] de no ser excluidos de la reserva impuesta, y garantizado su efectivo acceso y
conocimiento del contenido de las pruebas presentadas por cada uno en particular, el
derecho de reclamación de quienes tomaron parte en los procesos devendría inocuo;
quedaría reducido a una mera formalidad, vaciando por completo de contenido el
derecho de contradicción y defensa que la Constitución garantiza a los particulares en
toda actuación administrativa»30.
43. No obstante, se ha destacado que el acceso a la información reservada en estos
casos no es absoluto, porque se debe evitar que sea conocida por terceros:
«[E]l acceso a los documentos referidos a los procesos de selección por parte del
aspirante no debe ser absoluto en aras de conservar los pilares fundamentales del
principio del mérito.
En esa medida, con la finalidad de maximizar la relevancia de la reserva documental
establecida en los concursos de méritos, con respeto del derecho de contradicción y
defensa de los postulantes, […]
Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos en
las convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que les
hayan sido aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través
de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de presentación del examen,
el aspirante pueda consultar personalmente los documentos reseñados, ante un
funcionario competente que garantice el registro de la cadena de custodia. En ningun
caso se podrá autorizar su reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía,
documento escaneado u otro similar) para conservar la reserva respecto de terceros.
En caso de que el participante requiera dichos documentos para tramitar la reclamación
administrativa o judicial, deberá solicitar a la autoridad que conozca de la misma, que
ordene el traslado de esos elementos probatorios bajo custodia del CNSC o la institución
29 Corte Constitucional, en sentencia SU-139 de 2021
30 Sentencia 2012-492-01 (AC) del 13 de diciembre de 2012 de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
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educativa autorizada. En este caso, dicho servidor público estará obligado a guardar la
cadena de custodia y la reserva frente a terceros»31.
44. De igual manera, el Consejo de Estado ha sostenido que «en cuanto a la discusión
relacionada con la asignación de los puntajes definitivos en las pruebas de conocimientos
y psicotécnica, y con la entrega de los documentos solicitados por la actora, la acción de
tutela es improcedente, porque existen otros medios judiciales para la defensa de los
derechos de la demandante, esto es, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto que conformó la lista de elegibles y el recurso de insistencia contra la
denegación de acceso a los documentos que la actora requiere».
«En cuanto a la solicitud de la demandante, relacionada con el acceso a los
documentos de la prueba psicotécnica, que fue denegado por las autoridades
demandadas, con fundamento en que están sujetos a reserva legal, la Sala Advierte
que la actora cuenta con otro medio de defensa. En efecto, en materia de
información sometida a reserva legal12, el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011
establece que si la persona interesada persiste en la entrega de documentos
reservados, puede interponer el recurso de insistencia ante el tribunal administrativo
del lugar en el que se encuentren los documentos.
Conviene decir, además, que el recurso de insistencia es un trámite ágil, en cuanto
debe resolverse en 10 días, lo que, a su vez, permite concluir que se trata de un
medio eficaz para la protección del derecho de acceso a la información y, por ende,
no es necesaria la intervención del juez de tutela Lo anterior quiere decir que la
demandante podía ejercer el recurso de insistencia, para que el tribunal
administrativo del lugar en que se encuentren los documentos determinara si era
procedente o no la entrega de los documentos relacionados con el diseño,
construcción y calificación de la prueba psicotécnica practicada en la Convocatoria
22.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en cuanto a la discusión
relacionada con la asignación de los puntajes definitivos en las pruebas de
conocimientos y psicotécnica, y con la entrega de los documentos solicitados por la
actora, la acción de tutela es improcedente, porque existen otros medios judiciales
para la defensa de los derechos de la demandante, esto es, la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el acto que conformó la lista de elegibles y el
recurso de insistencia contra la denegación de acceso a los documentos que la
actora requiere.
La actora no puede valerse de este medio excepcional para reemplazar los
mecanismos establecidos en la ley para la defensa de los derechos. La tutela, se
repite, no procede cuando el interesado cuenta con otros mecanismos que el
ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente sus derechos»32.
45. En conclusión, si bien las pruebas de conocimientos aplicadas en el proceso de
selección de la PGN tienen carácter reservado, los aspirantes podían acceder a
ellas, siempre y cuando cumplieran un estricto protocolo de seguridad, a efectos de
estructurar reclamaciones contra sus resultados.
10.4.- Sobre los recursos procedentes ante la negativa de la información
46. El artículo 23 de la Constitución establece que «toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución». En desarrollo de esta garantía, el legislador
promulgó la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de
petición. En ella dispuso qué sucede en los casos en los cuales las personas que
31 Sentencia T-180 de 2015 de la Corte Constitucional.
32 Sentencia 2018.1751 (AC) del 26 de julio de 2018 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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solicitan información cuyo acceso fue rechazado por las autoridades al considerar
que está bajo reserva, pero a la que los ciudadanos insisten en acceder. En efecto,
en los artículos 25 y 26 del CPACA, modificados por el artículo 1º de la Ley 1755 de
2015 se prevé lo siguiente:
«Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de
reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será
motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega
de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra
la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de
reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo
expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al
tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que
requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o
con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección
guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el
respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en
la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella».
47. En la sentencia C-951 de 2014 la Corte Constotucional consideró que ese
recurso era constitucional porque consistía en un procedimiento sumario para hacer
efectivo el derecho a la información, cuando los administrados consideren que este
no ha sido satisfecho por parte de la administración.
48. En sentencia T-466 de 2010 la Corte determinó que cuando la autoridad emita
una repuesta negativa a la solicitud de información, en consideración a su carácter
reservado, e invoque disposiciones constitucionales o legales, el recurso de
insistencia es el mecanismo judicial procedente, «en tanto aquel constituye un
instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los
derechos fundamentales en cuestión». En esta providencia, la Corte precisó que:
«… la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento
del derecho fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con dos
mecanismos de defensa judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en que la
administración emita una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su carácter
reservado e invocando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En
este evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el recurso de insistencia es el
mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento
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específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos
fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis consiste en la vulneración por falta
de respuesta material o respuesta diversa al carácter reservado de la información.
En este supuesto, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de
tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de tal derecho fundamental».
10.5.- Caso concreto
49. En el sub judice el demandante sostiene - en resumen -, que la PGN vulneró el
principio del mérito y sus derechos de acceso a cargos públicos y debido proceso,
porque: (i) las claves de respuesta a las preguntas 11, 13, 16, 19, 31, 42, 43, 47,
48, 50, 54, 65, 66, 73 y 100 de la prueba de conocimientos de la convocatoria 013
de 2015 de la PGN, eran erradas pues no correspondían a la realidad del
ordenamiento jurídico y (ii) porque las respuestas que él escogió para cada una de
esas preguntas eran correctas, o por lo menos plausibles.
50. Para la Sala es importante señalar desde un inicio, que de acuerdo con el artículo
167 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, CGP, aplicable a este
asunto por expresa remisión del artículo306 del CPACA:
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor
posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener
en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la
parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba». (Subraya la Sala).
51. En el presente caso, luego de examinar la totalidad del expediente con
detenimiento y detalle, la Sala estima que el demandante no logró demostrar la
veracidad de sus argumentos, porque no aportó al proceso el material probatorio
necesario, adecuado y pertinente, -es decir, los cuadernillos de preguntas y de
respuestas clave, así como la hoja donde señaló sus respuestas- que le permitiera a esta
corporación examinar la validez, coherencia y calidad de las preguntas y claves de
respuesta de los ítems 11, 13, 16, 19, 31, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 65, 66, 73 y 100 de
la prueba de conocimientos de la convocatoria 013 de 2015 de la PGN, así como la
corrección, certeza o plausibilidad de las respuestas que él -como concursante- dio o
escogió para tales preguntas.
52. La Sala no desconoce - como se expuso con minucia en el capitulo de antecedentes
de esta providencia - que el demandate intentó obtener el referido material probatorio
a través de diferentes mecanismos, tales como las respectivas reclamaciones ante
la PGN en el marco del concurso, el derecho de petición y la acción de tutela, y que
la entidad le negó la reproducción de la documental escudándose en la reserva legal
que la cobijaba.
Radicado: 52-001-23-33-000-2016-00467-01 (2078-2021)
Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
53. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hizo uso del mecanismo que la ley
y la jurisprudencia consideran es el idóneo para obtener el levantamiento de la
reserva y por consiguiente, copia de los cuadernillos de preguntas y de respuestas
clave, así como de la hoja de respuestas, que es el recurso de insistencia regulado
en el artículo 26 del CPACA -modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015-.
54. Aunado a lo anterior, la Sala rememora en este punto, que en cumplimiento del
numeral 5 del anexo 01 de la la licitación pública 8 de 2014 y del contrato
interadministrativo 179-097 de 2014 y, en observancia del artículo 6 de la
resolución 040 de 2015 -que estableció las bases de la convocatoria 013 de 2015, que
son de obligatorio acatamiento-, una primera parte de los cuadernillos de preguntas
fue destruida por la PGN y la Universidad de Pamplona los días 18 y 31 de marzo
y, 1, 8 y 21 de abril de 2016 -como se expuso en el fj. 3.14-, y los cuadernillos restantes
fueron eliminados el 3 de octubre de 2016 -ver fj. 3.17-, fecha ésta hasta la cual el
demandante pudo presentar el recurso de insistencia, y no lo hizo, pese a que la
misma PGN se lo sugirió -ver fj. 3.9-.
55. En ese mismo sentido, la Sala resalta que: (i) con la demanda - presentada el 19
de agosto de 2016 -, el demadante solicitó como medida cautelar que se ordenara a
la PGN que con destino a este proceso, remitiera copia auténtica de los cuadernillos
de preguntas y de respuestas clave, así como de la hoja donde señaló sus
respuestas, sin embargo para ese entonces, la PGN y la Universidad de Pamplona
ya habían destruido gran parte de los cuadernillos, (ii) la petición de cautela fue
negada a través de auto de 8 de mayo de 2017, momento para el cual los
cuadernillos de respuesta ya habían sido destruidos. Ello para significar que en este
aspecto también se revela una deficiencia en la gestión probatoria de la parte
demandante, porque no solicitó la medida cautelar con carácter urgente, lo que
hubiera permitido resolverla «inaudita altera pars», es decir, sin necesidad de dar
traslado a la parte demandada, como lo establece el artículo 234 del CPACA, lo que
hubiese permitido decretar la conservación de los cuadernillos antes de su
destrucción.
56. Así las cosas, en el caso específico la Sala concluye, que el demandante no
interpuso el recurso de insistencia del artículo 26 del CPACA -modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015- contra la respuesta que la PGN le dio a su nueva
reclamación, y que condujo a la expedición de la resolución 1761 del 5 de julio de
2016, que confirmó el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, y en todo
caso, el operador judicial no es el llamado a suplir la labor de gestionar la
consecusión de la prueba, sino que ello es tarea de la parte demandante, según la
regla general establecida en el artículo 167 del CGP.
57. Por consiguiente, ante la imposibilidad de recolectar la aludida prueba
documental, a la Sala no le es posible adelantar el estudio propuesto por el
demandante. Ello bajo el entendido que no se puede dar validez a las
transcripciones de preguntas y respuestas que el demandante hizo en la demanda,
porque aunque dichas transcripciones no fueron tachadas o cuestionadas por la
PGN: (i) son simples anotaciones que el actor efectuó en la diligencia de exhibición,
cuya veracidad es imposible de corroborar o constatar por las carencias o
deficiencias probatorias expuestas y (ii) esta corporación considera que, en todo
caso, el ejercicio analítico que el demandante propone sólo es posible realizarlo
Radicado: 52-001-23-33-000-2016-00467-01 (2078-2021)
Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
contrastando el contenido de los cuadernillos originales con el ordenamiento jurídico
y las afirmaciones, razonamientos y alegaciones de las partes, lo cual resulta
imposible ante la deficiencia probatoria que aqueja a las pretensiones del
demandante.
58. Finalmente, esta Subsección considera el juez administrativo, en nulidad y
restablecimiento del derecho en materia laboral, no está facultado para
pronunciarse sobre aspectos técnicos , pues su ámbito de competencia se limita a
estudiar la legalidad de los actos administrativos en relación con las causales de
nulidad invocadas y las pruebas aportadas. En ese sentido, si el demandante
pretendía controvertir la calidad y coherencia de las preguntas que le realizaron en
la prueba de conocimientos, o las claves respuestas, es decir, si estuvieron mal
diseñadas o no, debió solicitar que se adelantara un peritaje sobre los cuadernillos,
para con base en dicho dictámen, se emitiera la sentencia correspondiente.
59. En virtud de las razones expuestas, en la parte resoluctiva de esta providencia
se ordenará confirmar la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda.
11.- Reconocimiento de personería jurídica33
60. Por cumplir con los requisitos previstos en los artículos 75 del CGP y 160 del
CPACA, se reconocerá personería para actuar a Rafael Eduardo Bernal Vilaró,
identificado con cédula de ciudadanía 80.086.070 de Bogotá y portador de la tarjeta
profesional 134.997 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la
PGN, en los términos y para los efectos del mandato conferido.
12.- Costas
61. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
62. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
63. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma34.
33 Poder visible a índice 18 de Samai
34 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Radicado: 52-001-23-33-000-2016-00467-01 (2078-2021)
Demandante: Kelly Alberto Caicedo Bustos
64. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
65. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenarla en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Reconocer personería jurídica a Rafael Eduardo Bernal Vilaró, identificado
con cédula de ciudadanía 80.086.070 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional
134.997 del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, como apoderado de la PGN.
Cuarto: Notificar y devolver el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
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