Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00616-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00616-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2016-00616-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de septiembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: SUMISALUD IPS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OMISIÓN DE LOS
DEBERES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
– FALTA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD
Síntesis del caso: Sumisalud IPS Ltda alega que la entidad demandada es patrimonialmente
responsable de los perjuicios sufridos por la falta de ejercicio de los deberes de inspección,
vigilancia y control respecto del agente liquidador de Selvasalud EPS, omisión que impidió
que la mencionada EPS cumpliera con las obligaciones crediticias que tenía a su cargo,
entre ellas, la acreencia de la parte demandante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2019 por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Nariño (fls. 468-474 cdno. ppal.) mediante la cual
resolvió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a cargo de la parte demandante y a
favor de la Superintendencia Nacional de Salud.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, por intermedio de
Secretaría, devuélvase a la interesada el remanente de la suma que se
consignó a efectos de cancelar los gastos ordinarios del proceso, si lo
hubiere, dejándose constancia de dicha entrega. Luego se archivará el
expediente” (fl. 474 reverso cdno. ppal.).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
El 15 de noviembre de 2016, Suministros Integrales de Salud IPS Ltda -en adelante
Sumisalud IPS Ltda - formuló demanda de reparación directa en contra de la
Superintendencia Nacional de Salud con las siguientes súplicas:
1 La demanda fue corregida mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2017.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
“PRIMERA: Se DECLARE administrativamente responsable a LA
NACIÓN – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD de los
perjuicios materiales causados a SUMISALUD IPS LTDA por la omisión
de los Agentes Liquidadores de SELVASALUD EPS designados por la
SUPERSALUD quienes NO procedieron al pago de la deuda generada
por los suministros y servicios prestados por mi representada a favor de
la EPS intervenida y la OMISIÓN ADMINISTRATIVA (de ejecución,
control y seguimiento por parte de la SUPERSALUD) que se generó en
todo el proceso de intervención forzosa administrativa, es decir, desde el
día 19 de septiembre de 2012 hasta su finalización, el día 18 de
septiembre de 2015, fecha en la que se declaró terminada la existencia
legal de SELVASALUD EPS, lo que conllevó a que no se cancelaran las
acreencias económicas previamente adquiridas por mi representada por
los servicios prestados con ocasión a la celebración de los contratos no.
31111-10.07-319 acreditado el día 1º de enero de 2013 y su OTROSÍ no.
001 del 2 de agosto de 2013 y el contrato no. 31111-10.07-404 del 28 de
enero de 2013, suscritos para garantizar la atención de la población
afiliada hasta tanto se efectuaran los traslados de los mismos a otras EPS
del régimen subsidiado.
SEGUNDA. En consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a
LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, como
reparación del daño ocasionado, a pagar a SUMISALUD IPS, los
perjuicios de orden material de acuerdo al siguiente detalle:
a) DAÑO EMERGENTE: correspondiente al capital invertido y adeudado
por el incumplimiento de los contratos relacionados en los hechos.
b) LUCRO CESANTE: representados en los intereses moratorios desde
que se hizo exigible.
TERCERA: Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios
sufridos conforme lo indica el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, así como
bajo los cánones de la reciente jurisprudencia contenciosa administrativa.
CUARTA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sea actualizado
al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C.,
para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda
(art. 192 del CPACA).
QUINTA: Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la
demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SEXTA: Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias
en derecho” (fls. 273-274 cdno. 2).
Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:
1) Selvasalud EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud con
el fin de ejercer la administración de dicha entidad desde el año 2010; luego, con la
expedición de la Resolución No. 2865 de 19 de septiembre de 2012 se ordenó la
liquidación de la mencionada institución, con lo cual se procedió por parte del ente
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
de control a la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la
intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS.
2) Durante el periodo de liquidación, Sumisalud IPS LTDA prestó sus servicios
profesionales y de suministro de medicamentos de alto costo, de manera continua,
a los afiliados de Selvasalud EPS con domicilio en el municipio de Mocoa
(Putumayo) mediante el contrato no. 31111-10.07-319; de igual forma, la parte
actora prestó los servicios de suministro periódico y continuo de medicamentos
ambulatorios esenciales para cuyo efecto se suscribió el contrato no. 31111-10.07-
404.
3) Mediante la Resolución no. 114 de septiembre 18 de 2015, el agente especial
liquidador de Selvasalud EPS declaró terminada la existencia legal de dicha entidad,
así como también, decretó la configuración del desequilibrio financiero del proceso
liquidatorio y se pronunció en relación con los procesos ordinarios, de ejecución,
fiscales y/o sancionatorios que cursaban y llegaren a notificarse en contra de dicha
EPS y declaró como insolutos los gastos de administración.
4) La parte actora considera que la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en
una omisión administrativa “al no proceder al pago de la deuda generada por
suministros y servicios prestados por [Sumisalud IPS Ltda] a favor de la EPS
intervenida, aun después de haber sido informado a tiempo sobre las cuentas de
cobro (…)” (fl. 273 cdno. 2), a lo cual agregó:
“Al no existir legalmente SELVASALUD EPS y, por ende, su agente
liquidador será la NACIÓN – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD quien deba responder por la omisión del funcionario que la entidad
misma nombró para que actúe en dicha calidad, máxime cuando este se
exonera de responsabilidad descartando la obligación como parte de los
gastos de la liquidación y/o de la administración que a él se le
encomendaron” (fl. 273 cdno. 2 – mayúsculas fijas del original).
2. Trámite procesal
1) El 11 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda
(fls. 285-290 cdno. 1).
2) La Superintendencia Nacional de Salud propuso las excepciones de i)
cumplimiento del ordenamiento legal y de las funciones asignadas a la entidad; ii)
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no está legitimada para
responder por las conductas claramente desplegadas por el agente especial
liquidador de Selvasalud EPS; iii) los actos y/o omisiones del agente especial son
autónomos e independientes de la entidad; iv) inexistencia de la obligación; v)
inexistencia del nexo o relación de causalidad, pues, “no fue la entidad que negó el
reconocimiento de las acreencias sobre las cuales se predica la demanda” (fl. 357
cdno. 2).
3) El 4 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño celebró la
audiencia inicial y de pruebas en la cual se ordenó, entre otras cosas, el decreto de
una serie de pruebas (fls. 422- 434 cdno. 3); vencido el periodo probatorio, en la
misma fecha se corrió traslado por el término de diez (10) días para que las partes
presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto (fl. 432
cdno. 1); las partes reiteraron los argumentos expuestos en la presente instancia
(fls. 441-450, 452-455 cdno. 1); el Ministerio Público guardó silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El 13 de marzo de 2019, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Nariño negó las súplicas de la demanda porque no se probó el daño reclamado,
pues, no se aportaron los medios de acreditación que dieran cuenta de la prestación
efectiva del servicio a Selvasalud EPS, “más aun cuando dentro de las obligaciones
del contratista, se incluía la debida identificación de los pacientes, el registro
individual del servicio, las formulaciones médicas registradas en las historias
clínicas, es decir, se trata de medios demostrativos que no le eran ajenos, sino que
por el contrario, debía adjuntar en procura de obtener su pago” (fl. 473 cdno. ppal.).
4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que en
el plenario reposa copia de los contratos con sus respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal “lo que hace evidente la existencia de un vínculo
comercial entre las partes que buscaba proveer servicios y suministros a la
población afiliada a la EPS en liquidación el cual se ejecutó, (…)” (fl. 497 cdno.
ppal.).
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
5. Actuación surtida en segunda instancia
Admitido el recurso (fl. 522 cdno. ppal.), mediante proveído del 16 de octubre de
2019 se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 525 cdno. ppal.); las partes
reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso (fls. 527-541, 549-551
cdno. ppal.); los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: i) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, ii) análisis
de la impugnación y, iii) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2 corresponde a esta Sala de Decisión
determinar, si en este asunto la Superintendencia Nacional de Salud es
patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a Sumisalud IPS Ltda por
la falta de ejercicio de los deberes de inspección, vigilancia y control respecto del
agente liquidador de Selvasalud EPS, omisión que impidió que la mencionada EPS
cumpliera con las obligaciones crediticias que tenía a su cargo, entre ellas, la
acreencia de la parte demandante.
La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño denegó las
súplicas de la demanda, debido a que no se demostró el daño reclamado con la
demanda, pues, la parte actora no aportó los medios de prueba que dieran cuenta
de la prestación de los servicios médicos a Selvasalud EPS.
Esta Subsección confirmará la sentencia apelada, dado que no se acreditó el nexo
de causalidad entre el daño alegado en la demanda y la supuesta inobservancia de
2 Como el 30 de octubre de 2014 se declaró configurado el desequilibrio financiero del proceso de
liquidación administrativa de Selvasalud EPS, el tiempo para interponer la demanda vencía, en
principio, el 31 de octubre de 2016, sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó
el 26 de febrero de 2016, la cual fue declarada fallida según constancia expedida el 5 de mayo de
2016 (fl. 264 cdno. 1); dado que la demanda se interpuso el 15 de noviembre de 2016, se impone
concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar la acción de
reparación directa de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia
Nacional de Salud.
2. Análisis de la impugnación
El artículo 90 de la Constitución Política contiene el fundamento normativo de la
responsabilidad patrimonial del Estado, por lo tanto, a continuación esta Subsección
analizará si se acreditaron los presupuestos para que opere aquella.
2.1 El daño antijurídico alegado
1) Según se indicó en los antecedentes de esta providencia, Sumisalud IPS Ltda
pretende que la entidad accionada sea declarada patrimonialmente responsable de
los perjuicios sufridos, de manera indirecta, con ocasión de que no ejerció, en
debida forma, los deberes de inspección, vigilancia y control respecto del agente
liquidador de Selvasalud EPS, circunstancia que llevó a que dentro del proceso de
liquidación no le fuera pagada la acreencia a la sociedad actora.
2) En el presente asunto, obran copias de los contratos nos. 31111-10.07-319 y
31111-10.07-404 suscritos entre Sumisalud IPS Ltda y Selvasalud EPS para la
prestación de unos servicios de suministro de medicamentos de mediana y alta
complejidad (fls. 11-18, 23-37 cdno. 1), así como también las correspondientes
cuentas de cobro elaboradas por la primera de las nombradas con el fin de obtener
el pago de los servicios prestados (fls. 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 72, 76, 79, 81, 87,
90, 92, 93, 101, 102, 105, 107, 111, 113, 115 y 117 cdno. 1).
3) De igual forma, consta en el expediente el oficio no. E-31016-01.02-0CFD de 11
de febrero de 2014 elaborado por el agente liquidador de Selvasalud EPS, en el cual
se indicó acerca de la imposibilidad de dicha entidad para cancelarle las acreencias
a Sumisalud IPS Ltda, en los siguientes términos:
“Atendiendo la solicitud formulada por usted referente al estado de
cuentas correspondiente a saldos que presuntamente adeuda
SELVASALUD EPS-S en liquidación, se anexa cuadro con el respectivo
estado de cartera.
Respecto al pago de las cuentas radicadas posteriormente a la entrada
en vigencia la intervención forzosa administrativa para liquidar no ha sido
posible cancelar dicha cartera, debido a la falta de flujo de recursos, como
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
consecuencia de la adopción de dicha medida. Mientras que
progresivamente sean liberados los recursos presupuestales y financieros
que nos adeudan los entes territoriales y que se encuentren depositados
en las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, se consolidarán
las estrategias, lineamientos y directrices para que todos nuestros
acreedores, contratistas y proveedores puedan hacer valer sus diferentes
créditos y cuentas dentro del proceso de intervención forzosa con fines de
liquidación de SELVASALUD EPS-, esto en acatamiento a las
disposiciones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud en la
Resolución número 002865 de 2012, condicionado el pago de las
acreencias en la medida que ingresen los recursos objeto de reclamación
por parte de mi representada. (…).
Lo señalado en los puntos anteriores restringe al Agente Especial
Liquidador la potestad de autorizar pagos de acreencias
incorporadas en la masa de acreencias, por fuera de las reglas de
prelación de créditos, independiente de la fuente de recursos de la
que se disponga para efectos de cancelar las acreencias
reconocidas en el proceso liquidatorio. Es decir, se trata de una
explícita restricción legal que impide al Agente Especial Liquidador
atender a la solicitud efectuada en relación con el pago de acreencias
por fuera de las reglas legales” (fls. 126-129 cdno. 1 – mayúsculas
sostenidas del original – se destaca).
4) De conformidad con los anteriores elementos de prueba, la Sala encuentra
acreditado el daño alegado en el presente caso dado que, previo requerimiento de
la ahora demandante, el agente liquidador de Selvasalud EPS se abstuvo de
cancelar las sumas de dinero adeudadas con ocasión de los contratos 31111-10.07-
319 y 31111-1-404, debido a que no podía autorizar pago de acreencias por fuera
de las reglas de prelación de créditos legalmente preestablecidas.
5) En ese orden, verificado el primer elemento, la Sala pasará a analizar si el daño
alegado le resulta imputable a la Superintendencia Nacional de Salud.
2.2 La imputación
La parte demandante considera que el daño reclamado resulta atribuible a la
Superintendencia Nacional de Salud, debido a que “tenía el deber de velar por una
óptima, incluyente y responsable gestión del liquidador en cumplimiento de sus
órdenes” (fls. 262-282 cdno. 2).
Las pruebas válidamente recaudadas demuestran los siguientes hechos relevantes
para la decisión del asunto de la referencia:
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
1) El 19 de septiembre de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud profirió la
Resolución no. 002865, mediante la cual ordenó la toma de posesión inmediata de
los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para liquidar
a Selvasalud EPS (fl. 120 cdno. 1).
2) El 20 de noviembre de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud dictó la
Resolución no. 003694, a través de la cual se removió al doctor Jaime Arturo Rendón
Cardona como agente especial liquidador de Selvasalud EPS y, en su lugar, se
designó al doctor Luis Felipe Campo Vidal (fls. 120-124 cdno. 1).
3) El 28 de enero de 2013, Selvasalud EPS (contratante) y Sumisalud IPS Ltda
(contratista) celebraron el contrato no. 31111-10.07-319 cuyo objeto consistía en
“prestar los servicios de SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE MEDIANA Y ALTA
COMPLEJIDAD, contenidos en el plan obligatorio de salud subsidiado POS-S a
personas que SELVASALUD EPS-EN LIQUIDACIÓN ha inscrito como afiliados
carnetizados y verificados respectivamente en el FOSYGA en los términos de este
contrato, (…)” (fls. 11-18 cdno. 1 – mayúsculas fijas del original).
4) El 1º de febrero de 2013, Selvasalud EPS (contratante) y Sumisalud IPS Ltda
(contratista) celebraron otro contrato, el identificado con el número 31111-10.07-404,
que tenía por finalidad la prestación de “los servicios de recuperación de la salud de
mediana complejidad, contenidos en el plan obligatorio de salud subsidiado POS-S
a personas que EL CONTRATANTE ha inscrito como afiliados y están legalmente
carnetizados en los términos de este contrato, y lo hará con toda su capacidad
instalada, sus recursos humanos, físicos y hospitalarios, (…)” (fls. 23-38 cdno. 1).
5) El 22 de enero de 2014, Sumisalud IPS Ltda elevó un derecho de petición ante el
agente liquidador de Selvasalud EPS por medio del cual requirió “el certificado de las
cuentas por pagar adeudadas por la empresa Selvasalud EPS -en liquidación-;
indicando el número de la factura, el valor, glosa en caso de que existieran y el valor
neto a pagar; que se encuentren registrados en su contabilidad a la fecha” (fl. 125
cdno. 1).
6) El 11 de febrero de 2014, el agente especial liquidador de Selvasalud EPS le
informó a Sumisalud IPS Ltda acerca de la restricción legal que tenía para “autorizar
pagos de acreencias incorporadas en la masa de acreencias por fuera de las reglas
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
de prelación de créditos, independiente de la fuente de recursos de la que se
disponga para efectos de cancelar las acreencias reconocidas en el proceso
liquidatorio” (fls.126-129 cdno. 1).
7) El 19 de junio de 2014, Sumisalud IPS Ltda presentó un nuevo derecho de petición
al agente liquidador de Selvasalud, para solicitar la cancelación de los servicios
prestados (fls.135-146 cdno. 1).
8) El 5 de julio de 2014, el agente liquidador de Selvasalud EPS dio respuesta a la
petición referida en el numeral anterior, así:
“1. OBLIGACIONES CAUSADAS CON POSTERIORIDAD A LA MEDIDA
OBLIGATORIA
En relación con el pago de las cuentas radicadas con posterioridad al
inicio del proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar y en
atención a lo manifestado en la comunicación, que origina el presente
requerimiento, es preciso manifestar lo siguiente:
a. Desconozco las razones por las cuales el anterior agente especial
liquidador de SELVASALUD EPS-S en liquidación forzosa administrativa,
no realizó los pagos que se hubieran causado a favor de la sociedad
peticionaria. A este respecto, se advierte que para el 9 de septiembre de
2012 -fecha en la cual el suscrito asumió el encargo de asumir la
liquidación de esta entidad aseguradora-, existía una cartera significativa
con la red prestadora de servicios de salud y, de manera especial, con la
red hospitalaria. (…).
2. SOLICITUD DE PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CAUSADAS CON
POSTERIORIDAD A LA MEDIDA LIQUIDATORIA
SELVASALUD EPS-S EN LIQUIDACIÓN ha causado recursos por
concepto de cartera por $1.093.4 millones y logró recaudos en depósitos
en bancos por $4.932 millones, entre septiembre 10 de 2013 hasta junio
30 de 2014. Con estos últimos recursos se han atendido los gastos de
funcionamiento y pago de obligaciones, relacionados con la liquidación.
Vale la pena destacar que los egresos totales del periodo sobrepasan los
$5.800 millones de pesos, impulsados por el último cuatrimestre del año
2013, frente a los ingresos totales. (…).
3. CESIÓN DE CRÉDITOS
Por último, en atención a las consideraciones expuestas, resulta
improcedente aceptar su propuesta de ‘CESIÓN DE CRÉDITOS QUE
TENGA SELVASALUD CON LOS MUNICIPIOS por concepto de
RECURSOS PROPIOS’ y obviamente presentar un cronograma de
pagos, en las actuales condiciones, porque esencialmente la ley
ordena un tratamiento igualitario para todos los acreedores” (fls. 147-
150 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del original – negrillas de la Sala).
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
9) El 30 de octubre de 2014, el agente liquidador de Selvasalud EPS declaró
configurado el desequilibrio financiero del proceso de liquidación administrativa de
la mencionada EPS y, además, adoptó las siguientes determinaciones:
“ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR como insolutos, los gastos de
administración, los créditos laborales, fiscales y parafiscales y quinta
clase reclamados de manera oportuna y reconocidos en el proceso
liquidatorio, de la misma manera se advierte que no será posible pagar la
compensación por la pérdida del poder adquisitivo de que trata el artículo
9.1.3.5.8 del Decreto 2555 de 2010, ni el pago del pasivo interno de la
EPSS EN LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR TOTALMENTE las obligaciones
litigiosas enlistadas a título enunciativo en el CAPÍTULO QUINTO de la
presente Resolución y DECLARAR la imposibilidad material y financiera
de SELVASALUD EPSS EN LIQUIDACIÓN de constituir la reserva
técnica y económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555
de 2010 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
Resolución y, en consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de
condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos,
ejecutivos, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de
SELVASALUD SA EPSS EN LIQUIDACIÓN, no será posible efectuar el
pago de la eventual condena como tampoco atender la eventual solicitud
futura del demandante de revocar el presente acto administrativo para
proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el
agotamiento total de los activos disponibles de SELVASALUD SA EPS
EN LIQUIDACIÓN. (…)” (fls. 316-330 cdno. 2 – mayúsculas sostenidas
del original).
10) El 18 de septiembre de 2015, el agente especial liquidador de Selvasalud EPS
declaró terminada la existencia legal de dicha entidad (fls. 152-232 cdno. 1).
En ese contexto fáctico y probatorio, esta Subsección observa que en el expediente
no cursa medio probatorio alguno que acredite el necesario nexo de causalidad entre
el daño reclamado y la supuesta omisión de los deberes de inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia Nacional de Salud.
1) En efecto, en el acervo probatorio constan una serie de actos administrativos
dictados por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la intervención
forzosa administrativa para liquidar la citada EPS; sin embargo, a partir de tales
actuaciones no se logró establecer alguna irregularidad de la entidad demandada ni
tampoco en el actuar del agente liquidador de Selvasalud EPS, simplemente dan
cuenta de algunas fases surtidas dentro de aquel procedimiento liquidatorio, tales
como, i) la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y, ii)
remoción del agente liquidador y la posterior designación del reemplazo.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
2) Aunado a lo anterior, debe advertirse que si Sumisalud IPS Ltda se creyó afectada
con la decisión administrativa del agente liquidador que declaró configurado el
desequilibrio financiero del proceso de liquidación administrativa de la mencionada
EPS, ha debido atacarla con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de
legalidad, tal como lo contempla el artículo 295 del Decreto-ley 663 de 19933.
3) Adicionalmente, no debe perderse de vista que el numeral 10 del artículo 295 de
dicho decreto dispuso que los liquidadores deben responder por los perjuicios que
por dolo o culpa grave lleguen a causar a la entidad en liquidación o a los acreedores
con ocasión de las actuaciones adelantadas en contravención de las normas que
regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa; de manera puntual dicha
norma dispone lo siguiente:
“Artículo 295. RÉGIMEN APLICABLE AL LIQUIDADOR Y AL CONTRALOR. (…).
10. Responsabilidad. Los liquidadores responderán por los perjuicios que
por dolo o culpa grave causen a la entidad en liquidación o a los acreedores,
en razón de actuaciones adelantadas en contravención de las disposiciones
especiales que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa.
Para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo
realizado conforme a lo previsto en las normas respectivas, determinarán
los límites de la responsabilidad del liquidador como tal. (…).
Las sanciones impuestas a los liquidadores por delitos, contravenciones u otras
infracciones en que incurran no les dará acción alguna contra la entidad en
liquidación. Sin embargo el liquidador podrá atender con recursos de la
liquidación los gastos de los procesos que se instauren en su contra en razón de
sus actuaciones dentro del proceso liquidatorio, sin perjuicio de que, en el evento
en que sea declarada su responsabilidad por dolo o culpa grave, la liquidación
repita por lo pagado por tal concepto. (…)” (mayúsculas sostenidas del original).
4) Así pues, no hay lugar a dudas de que la parte demandante también se encontraba
habilitada para cuestionar el proceder del agente liquidador de Selvasalud EPS, tal
como lo autoriza el artículo 295 del Decreto-ley 663 de 1993, con el fin de obtener la
declaratoria de su responsabilidad a título de dolo o culpa grave.
5) En esa perspectiva, se tiene que la parte demandante no allegó prueba alguna a
este proceso respecto de las supuestas actuaciones, omisiones y/o irregularidades
3 Artículo 295 del Decreto-ley 663 de 1993: “Las impugnaciones y objeciones que se originen en las
decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en
general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá́ dirimirlas a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de
presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
suspenderá́ en ningún caso el proceso liquidatorio”.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
Reparación directa - apelación de sentencia
por parte del agente de liquidador de Selvasalud EPS, aunado al hecho de que las
pruebas aportadas tampoco dan cuenta de una supuesta falta de ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y control propias de la entidad demandada en
este proceso.
6) Así las cosas debe advertirse que, si bien de los elementos probatorios citados
puede inferirse como acreditado el daño sufrido por la entidad demandante, lo cierto
es que del caudal probatorio no resulta posible concluir que la Superintendencia
Nacional de Salud hubiese incurrido en omisión o en irregularidades en el desarrollo
de las funciones de inspección, control y vigilancia a su cargo, como tampoco en lo
que respecta a la liquidación de Selvasalud EPS, ni mucho menos que esas
supuestas irregularidades hubiesen causado o determinado el daño por cuya
indemnización se demandó.
7) Con base en lo expuesto, la Sala concluye que no se demostró el nexo causal
entre las actuaciones de la entidad demandada y el daño alegado, razón por la cual
la parte demandante inobservó el contenido del artículo 167 del Código General del
Proceso, según el cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
8) De conformidad con las anteriores razones, esta Subsección confirmará la
decisión apelada, debido a que no se probó que el daño alegado fuere imputable al
proceder de la entidad accionada.
3. Condena en costas
1) Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés
público la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno, el
artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas
a la parte vencida.
2) Para el presente caso, la parte vencida es la parte actora, de manera que en lo
que se refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la Secretaría del
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
Demandante: Sumisalud IPS Ltda
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de manera concentrada, según el artículo
366 del Código General del Proceso4.
3) Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de
la demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3. del Acuerdo 1887 de 2003
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 5, de este
modo, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia proferida el 13 de marzo de 2019 por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que negó las
pretensiones de la demanda
SEGUNDO: Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen
causado en segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a
quo, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente
providencia.
4“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas (…)” (se destaca).
5 Artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003: Tarifas. “Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…): III. Contencioso administrativo. (…).
3.1.3. Segunda instancia. (…). Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
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Expediente: 52001-23-33-000-2016-00616-01 (63.967)
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Reparación directa - apelación de sentencia
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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