Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2017-00028-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00028-01 (0484-2024)
Demandante: Camilo Osejo Bucheli
Demandados: Universidad de Nariño
Temas: Asignación de puntaje salarial a docente de universidad por producción
académica. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. El señor Camilo Osejo Bucheli instauró demanda1 en contra de la Universidad de
Nariño, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la resolución 3050 del 23 de octubre de 2015,
mediante la cual la entidad demandada le reconoció un puntaje inicial; 0174 del 2
de febrero de 2016, a través de la que se resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior; y del Oficio VAC – FOA – CAP 013 del 27 de
junio de 2016, por medio del cual se le negó la asignación de puntaje al material
académico audiovisual presentado en su hoja de vida; y que se ordene el
otorgamiento de 476 puntos salariales y, en consecuencia, proceda a escalafonarlo
como profesor asistente.
4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Universidad de
Nariño a pagarle los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante causado
1 Índice 00002 de SAMAI.
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entre el 13 de agosto de 2015 y el 17 de enero de 2017 en la suma de $ 55.442.137,
resultado de la diferencia salarial de acuerdo con el puntaje concedido mediante la
Resolución 3050 de 2015 y el que debió reconocérsele.
5. Que se ordene la actualización de los valores objeto de la condena de
conformidad con el IPC certificado por el DANE y el cumplimiento de la sentencia
dentro del plazo establecido en el artículo 192 del CPACA o, en su defecto, el pago
de los respectivos intereses moratorios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que se encuentra vinculado como docente de la Universidad de Nariño desde el
año 2006 y a partir del 13 de agosto de 2015 comenzó a laborar como docente de
tiempo completo en el Departamento de Administración de Empresas.
7. Que mediante la Resolución 3050 del 23 de octubre de 2015 le fue asignado un
puntaje final de 258 puntos, correspondientes a la sumatoria de 238 por títulos
universitarios y 20 por experiencia, decisión contra la cual interpuso recurso de
reposición porque se omitió evaluar el título de pregrado de diseñador gráfico, no se
tuvo en cuenta la asignación otorgada cuando hacía parte de la facultad de Artes
como profesor auxiliar ni los videos mencionados en la hoja de vida como parte de
la productividad académica.
8. Que por medio de la Resolución 0174 del 2 de febrero de 2016 se repuso
parcialmente el acto recurrido, en el sentido de ordenar la designación de dos pares
externos para que determinaran la procedibilidad de reconocer puntos por la
productividad académica en caso de que a ello hubiere lugar y confirmar la decisión
en los demás aspectos.
9. Que a través del Oficio VAC – FOA – CAP 013 del 27 de junio de 2016 se le
informó que de acuerdo con los conceptos de los pares evaluadores externos los
videos carecían de las características necesarias que debía contener un material
educativo, por lo que no era procedente asignarles puntaje, decisión que no le fue
notificada formalmente, pues solo se le dio a conocer por correo electrónico del 30
de junio de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política
y el Decreto 1279 de 2015.
11. Adujo que los actos administrativos demandados son contrarios a los artículos
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10 y 24 del Decreto 1279 de 2016 y a los principios constitucionales del mérito,
favorabilidad, condición más beneficiosa y principio pro homine, pues la negativa de
reconocer puntos salariales por productividad académica se basó en apreciaciones
subjetivas del Comité de Asignación de Puntaje y en un concepto desfavorable de
uno de los pares académicos y se desconoció el concepto favorable de otro de ellos,
a pesar de que era más riguroso y que ante dos criterios de igual jerarquía, la
administración debía aplicar el que le era más favorable y reconocerle 160 puntos
salariales (por 12 puntos por videos, 5 videos al año, durante 5 años), al ser el
máximo que se le puede otorgar a un profesor asistente, más 58 puntos salariales
más porque con ese puntaje se alcanzaría la categoría de profesor asistente «luego
entonces se debieron reconocer […] un total de 476 puntos salariales y no los 258
reconocidos».
12. Expresó que los videos pueden ser considerados de carácter pedagógico, con
rigor didáctico y de popularización del conocimiento, ya que están dirigidos a
cualquier público y se explican en detalle los procesos productivos, la ciencia de
materiales y los procesos de diseño de cada uno de los productos, y tienen un
impacto internacional, de conformidad con los artículos 20 (numeral 1) y 24 (literal
b, numeral 1) del Decreto 1279 de 2002.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 4 de mayo de 20172. La Universidad de Nariño3
afirmó que los actos se fundamentaron en la normativa interna consagrada en virtud
de la autonomía universitaria, concretamente en los topes máximos de asignación
de puntos salariales de la remuneración inicial establecidos en el Decreto 1279 de
2002, y no existe prueba frente a la ocurrencia de las causales de nulidad.
14. Manifestó que ambos pares evaluadores externos conceptuaron sobre la
productividad académica y establecieron la inviabilidad de asignar puntaje a los
productos presentados bajo los criterios del literal b) del artículo 24 del Decreto 1279
de 2002, ya que los videos no desarrollaban un contenido académico y/o didáctico
que los catalogara como material utilizable en el proceso de enseñanza o
aprendizaje, carecía de técnica y estructura y era repetitivo, y el impacto no podía
ser medido por la cantidad de visitas, al tratarse de un contenido meramente
comercial.
15. En relación con el puntaje otorgado a los títulos de estudios universitarios,
expresó que se dio aplicación al numeral 1 del artículo 7 del Decreto 1279 de 2002,
según el cual solo podía concederse puntos al título que guardara relación directa
con la actividad académica asignada, y en el caso este correspondía al de ingeniero
industrial, y respecto al puntaje asignado a la categoría dentro del escalafón docente
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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y la experiencia calificada, se aplicó el artículo 8 del mencionado Decreto, en
concordancia con el artículo 10, de conformidad con el cual la categoría ostentada
por el docente en calidad de hora cátedra no puede ser reconocida si accede a la
condición de tiempo completo.
16. Afirmó que los actos fueron expedidos por el Comité de Asignación de Puntaje,
órgano competente, en los términos del artículo 25 del Decreto citado y el Acuerdo
102 del 17 de diciembre de 2002; que se garantizó el derecho de audiencia y
defensa; y que se motivaron debidamente y sin desviación de las atribuciones de
quien los profirió. Propuso las excepciones previas de ineptitud de la demanda por
falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones y
caducidad de la acción, y las excepciones de fondo denominadas actuación
administrativa apegada a la norma estatutaria y a la ley, inexistencia de alguna de
las causales de nulidad contenidas en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, debida valoración de los videos presentados como productos académicos,
caducidad de la acción, inexistencia de perjuicios materiales e innominada.
17. El 26 de abril de 20234 se abrió la etapa probatoria y se corrió traslado para
alegar de conclusión y al representante del Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
18. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 21 de julio de 2023,
negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante. Inicialmente
consideró que no se configuró la caducidad del medio de control y luego concluyó
que el actor no cumplía con los requisitos exigidos en el Decreto 1279 del 19 de
junio de 2002 para la asignación del puntaje reclamado.
19. Respecto a los puntos por producción académica, sostuvo que el concepto del
profesional que fungió como par y que el actor pretendía que se aplicara no servía
como base para establecer que los videos ostentaban la categoría de producción
académica, lo que además llevaba a desvirtuar la transgresión de los principios pro
homine, de mérito y de favorabilidad.
20. En cuanto a la falta de evaluación del título de pregrado de diseñador industrial,
adujo que este no podía tenerse en cuenta porque en caso de que el docente tuviera
varios títulos universitarios, solamente podía valorarse el que guardara relación
directa con la actividad académica, de conformidad con el artículo 7 del Decreto
1279 de 2002, que en el caso era el de ingeniero industrial, según el Acuerdo 0039
del 5 de marzo de 2015, en el que se establecieron los requisitos que debían reunir
4 Índice 00021 de SAMAI.
5 Ibidem.
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los aspirantes a docentes tiempo completo, los cuales fueron aceptados por el
demandante.
21. Afirmó que tampoco podía asignársele puntos por sus labores en la facultad de
Artes donde estaba escalafonado como profesor auxiliar, ya que, de conformidad
con el artículo 10 del Acuerdo 092 del 10 de diciembre de 2003, la categoría que
tuviera el docente en calidad de hora catedra no podía ser reconocida en el evento
de que accediera a la condición de tiempo completo.
RECURSO DE APELACIÓN6
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que los
actos administrativos demandados son contrarios a los artículos 10, 20 y 24 (literal
b) del Decreto 1279 de 2015 y 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución y a los principios
de mérito, favorabilidad, condición más beneficiosa y pro homine, y al concepto
favorable de uno de los pares académicos que conducía al reconocimiento de esa
producción, el cual debía ser elegido por la administración, al ser el que le era más
favorable.
23. Que el Tribunal no evaluó las pruebas con imparcialidad y concluyó que el
propósito comercial de los videos reñía con el mérito académico, descartando el
conocimiento específico del par académico de Colciencias, la explicación antes de
la emisión de este sobre el propósito de los videos y cómo fueron utilizados en clase,
y la relevancia académica para área de Ciencias Económico-Administrativas, para
las cuales la comercialización de productos reviste interés.
24. Que la utilización del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
en la sentencia recurrida para definir el concepto del par consistente en que los
videos podían entenderse como el equivalente a una reseña de un libro, no era
apropiada para el propósito académico específico porque es una definición
semántica, y lo adecuado era una definición académica, como la del Repositorio de
la Universidad Javeriana publicada en su página web, según la cual la reseña es
«un texto que permite sintetizar y valorar un producto cultural específico (libro,
artículo, documental, obra de arte, etc.) […]».
25. Que en la decisión objeto de alzada se utilizaron los calificativos «alto» para el
carácter internacional y «fuerte» para la «relevancia académica», los cuales no solo
no pertenecen a las categorías relacionadas en el Decreto 1279 de 2002, sino que
contradicen el concepto del par académico de Colciencias, pues mientras para este
los videos tenían un valor académico reducido, el Tribunal lo descartó con base en
esos calificativos.
6 Ibidem.
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26. Que aun cuando es cierto que la Universidad de Nariño goza de una amplia
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, esta no puede vulnerar el
precedente constitucional ni la normativa vigente, como lo hizo al interpretar
erróneamente los artículos 10 y 24 del Decreto 1279 de 2002 y el informe de los
pares, especialmente el favorable a sus intereses, en el que se afirmó que los videos
debían ser valorados y conceptuó sobre el grado en que debían tenerse en cuenta,
el cual, además, tenía mayor rigor y estudio, al analizar video por video y efectuarle
preguntas sobre estos.
27. Que los videos tenían carácter pedagógico y de popularización del
conocimiento; explicaban en detalle los procesos productivos, la ciencia de
materiales y los procesos de diseño de cada uno de los productos; tenían impacto
regional o local y carácter internacional, según el reporte adjunto del canal de
YouTube; y cumplían con el rigor académico y didáctico y con un grado de
complejidad, versatilidad y facilidad. Afirmó que no resulta factible exigirle al par que
le asignara puntaje cuantitativo a los videos, como lo determinó el Tribunal, pues
quien debe hacerlo es el Comité de Asignación de Puntajes de la Universidad de
Nariño, de conformidad con el Decreto 1279 de 2002.
28. Que, aunque en este momento ya no es viable el cambio de escalafón como
profesor asistente, dado que actualmente ya lo ostenta, sí es procedente ordenar el
pago de los perjuicios materiales reclamados, por cuanto la asignación de los puntos
le hubiera permitido ascender e incrementar su salario.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 29 de febrero de 20247 se admitió el recurso y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para sentencia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
30. La Subsección deberá resolver si los actos demandados están viciados de
nulidad, al negar la asignación de puntos salariales por productividad académica, a
pesar de los conceptos rendidos por los pares académicos externos y, en caso
afirmativo, si el actor tiene derecho al restablecimiento pretendido.
Marco normativo y jurisprudencial
7 Índice 00004 de SAMAI.
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Acerca del régimen de asignación de puntos salariales para la remuneración
inicial de los docentes que ingresan a la carrera docente, especialmente en la
Universidad de Nariño.
31. Las universidades gozan de autonomía y con base en ella pueden establecer
sus propias directivas y regirse por sus estatutos, de conformidad con el artículo 69
de la Constitución. Esta garantía debe ser protegida y asegurada por el Estado,
quien debe velar por la calidad del servicio educativo, mediante el ejercicio de
inspección y vigilancia, en los términos del artículo 3 de la Ley 30 de 1992.
32. La autonomía universitaria tiene fundamento en la necesidad de salvaguardar
que la formación académica se efectúe sin intervención del poder público 8 y se
materializa en el derecho con el que cuentan de crear y modificar sus estatutos,
designar a sus autoridades, instituir sus programas académicos, otorgar títulos,
adoptar sus regímenes, entre otros, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la
citada Ley.
33. En relación con el régimen salarial y prestacional de los docentes de las
universidades estatales u oficiales, el presidente de la República expidió el Decreto
1279 de 2002, mediante el cual se estableció un sistema de asignación de puntos
para la remuneración inicial de los docentes que ingresaban a la carrera docente o
para quienes procedían de otro régimen distinto al del Decreto 1444 de 1992, pero
se acogieron voluntariamente a este.
34. En dicha normativa se determinó que esa remuneración en tiempo completo de
los empleados públicos docentes se definiría multiplicando la suma de los puntos
por el valor del respectivo punto, y que los puntajes se fijarían con la valoración de
los títulos de estudios universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la
experiencia calificada y la productividad académica.
35. En relación con este último concepto, en su artículo 10 se previó que el puntaje
salarial se asignaría de acuerdo con las modalidades académicas, sus criterios y
sus diversos topes. Concretamente, respecto a la producción de videos, se definió
que se otorgarían hasta 12 puntos por cada trabajo de «carácter científico, técnico,
artístico, humanístico o pedagógico (…) de difusión e impacto internacional» y hasta
7 por cada trabajo de iguales características «de impacto y difusión nacional» y se
precisó que los puntos se referían a la producción «con fines didácticos, y según el
nivel e intensidad en el cumplimiento de estos fines se asignan los puntos; se tiene
en cuenta, además, los criterios del Capítulo V».
36. En el mencionado Capítulo, se establecieron los criterios para el reconocimiento
de puntos salariales por productividad académica, y puntualmente en lo atinente a
los videos se dispuso que se tendrían en cuenta ciertos factores para determinar el
8 Sentencia T-492 de 1992 de la Corte Constitucional. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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grado de difusión geográfico y el nivel del rigor didáctico y académico, estos son: el
carácter internacional del producto, el nivel de aplicación de estrategias didácticas,
de diseño producción y posproducción, la forma en que responde a las exigencias
de formación y el grado de complejidad, versatilidad y facilidad de difusión del medio
empleado.
37. En atención a la autonomía universitaria de la que goza, la Universidad de
Nariño emitió el Acuerdo 057 del 16 de junio de 1994, mediante el cual expidió el
Estatuto del Personal Docente, y el Acuerdo 102 del 17 de diciembre de 2002, en el
que fijó los criterios para la aplicación del Decreto 1279 de 2002 y creó el Comité de
Asignación de Puntaje, el cual se encargaría de la asignación y reconocimiento de
puntos salariales y tendría en cuenta para ese efecto los criterios establecidos en el
artículo 26 de dicho Decreto, esto es, la calidad académica, científica, humanística,
pedagógica, la pertinencia de los trabajos con las políticas académicas y la
contribución al desarrollo y mejoramiento de los objetivos institucionales.
Resolución del caso concreto
38. El apelante manifestó su desacuerdo únicamente respecto a la falta de
reconocimiento de puntos salariales por productividad académica, pues, a su juicio,
uno de los pares académicos externos de Colciencias otorgó concepto favorable
para asignación de puntaje a los videos que produjo, por lo cual el análisis de
legalidad de los actos administrativos demandados en esta instancia se centrará
exclusivamente en ese aspecto.
39. La Sala advierte que a través de la Resolución 3050 de 2015 la Universidad de
Nariño le reconoció al demandante, quien se vinculó mediante concurso como
docente tiempo completo, adscrito al Departamento de Administración de
Empresas, a partir del 13 de agosto de 2015, puntaje de ingreso correspondiente a
238 por títulos universitarios, 20 por experiencia calificada y 0 por categoría y por
productividad académica.
40. En relación con esta última, se concluyó que no era posible reconocer puntaje
con base en los más de 300 videos publicados en el canal YouTube porque no
cumplían los criterios establecidos en el literal b del artículo 24 del Decreto 1279 de
2002, por lo que el actor interpuso recurso de reposición y a través de la Resolución
0174 de 2016 se repuso la decisión respecto al reconocimiento por productividad
académica, en el sentido de ordenar la designación de dos pares externos; una vez
estos conceptuaron, la Universidad concluyó que no era procedente la asignación
pretendida, según se expuso en el Oficio demandado.
41. Pues bien, en uno de los conceptos rendidos, se determinó que los videos de
corta duración eran «meramente de exhibición comercial de productos a ser
vendidos, pero sin ningún contenido de tipo académico, pedagógico y/o didáctico
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que indique que se trata de material utilizable en el proceso de enseñanza
aprendizaje» y «carecían de toda técnica y contenido didáctico», por lo que, a su
juicio, «no sería viable ni conveniente utilizarlos como medio educativo que permita
convertirse en herramienta que aporte en procesos de enseñanza», lo que llevó a
concluir que «no sería procedente tenerlos en cuenta como factor de asignación de
puntajes académicos o similares».
42. En el segundo de los conceptos emitidos, se consideró que del video 1 al 9 «[…]
no pueden considerarse ejemplares y no tienen un valor académico y pedagógico
[…]»; del 10 al 22 «[…] son el mismo. Considero que este único video puede tener
algún puntaje, mínimo, puesto que no muestra mayor calidad»; el 23 no estaba en
YouTube; del 24 al 159 «[…] [a]l repetirse una y otra vez la misma estructura, pierde
el sentido de ejemplo. Viendo uno, se han visto todos; pero individualmente cada
uno puede tener un puntaje mínimo»; del 160 al 312 «se presenta una mejora
cualitativa de los videos […] pueden tener un puntaje un poco mayor, por su calidad,
pero al repetirse una y otra vez, en estructura y demás, no tienen una puntuación
muy alta».
43. Además, estimó que los videos tenían carácter internacional, pero las
descripciones de los productos estaban más orientadas a conocerlos que a saber
cómo se hacían los videos o a utilizarlos a modo de ejemplo de comercialización.
Igualmente, expuso que el impacto no podía medirse por las visitas, ya que «los
videos tienen un propósito comercial. Buscan describir las herramientas de una
tienda de artículos […] en términos de producción académica, pueden considerarse
el equivalente a una reseña de libro […]».
44. En relación con este segundo concepto, el cual, en criterio del demandante,
permitía la asignación de puntos, la Sala evidencia que, aunque inicialmente aludió
a esa posibilidad, al manifestar que algunos de los videos podrían tener un puntaje
mínimo, ello no desvirtúa la conclusión frente a la totalidad del material, esto es, que
tenían un propósito comercial para mostrar productos, determinación a la que
también llegó el otro par, y tampoco permite pasar por alto que frente a varios de
ellos evidenció que eran repetitivos y que se asimilaban a la reseña de un libro.
45. En esa medida, un análisis integral de ambos conceptos permitía establecer que
no se cumplían con los criterios previstos en el literal b del artículo 24 del Decreto
1272 de 2002, especialmente, el nivel de aplicación de estrategias didácticas; y de
diseño, producción y posproducción; y la respuesta a las exigencias de formación
en pregrado, posgrado y educación.
46. Aunque en la apelación se alegó que no se tuvo en cuenta la explicación
efectuada ante las solicitudes de aclaración de uno de los pares académicos
respecto al mérito académico de los videos, lo cierto es que esta fue expuesta por
el propio demandante y fue tenida en cuenta en el concepto previamente señalado,
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por lo cual no tiene la entidad para modificar o desvirtuar las determinaciones a las
que se llegó.
47. En cuanto a la utilización del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española para establecer el sentido de lo mencionado en uno de los conceptos
consistente en la asimilación de los videos a la reseña de un libro, no se observa
algún yerro en el análisis efectuado en primera instancia y de hecho la definición a
la que se alude en el recurso de alzada tampoco demuestra que la conclusión de la
administración haya transgredido las normas en que debía fundarse o estuviera
falsamente motivada, pues en últimas dicha equivalencia implicaba que se estaba
haciendo una síntesis, en este caso de productos, lo que no da cuenta del
cumplimiento de los criterios de ley para la asignación de puntos por producción
académica.
48. Lo expuesto evidencia que no había lugar a la aplicación de los principios de
favorabilidad y pro homine invocados por el demandante ni mucho menos podría
pretenderse la aplicación de la condición más beneficiosa, pues no se advierte que
existiera una conclusión diametralmente diversa en los conceptos rendidos y que
hiciera procedente una eventual preferencia por la valoración más favorable al
docente.
49. En cambio, se encuentra que la decisión de la administración se fundamentó en
el procedimiento previsto para la asignación de puntos y que la decisión que adoptó
es acorde a los conceptos rendidos por los pares académicos externos.
50. En consecuencia, al no encontrarse demostrados los disensos expuestos en el
recurso, se confirmará la sentencia recurrida.
Condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00028-01 (0484-2024)
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.
Tercero. RECONOCER personería como apoderado de la Universidad de Nariño
al abogado Julio Javier Leyton Portilla, portador de la tarjeta profesional 133.455,
de conformidad con el poder que le fue conferido mediante memorial que obra en el
índice 00011 de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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