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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00125-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00125-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal segundo (2) de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, el quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el cual quedará así: «CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACIÓN-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario de la demandante desde el tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), en atención a la prescripción trienal hasta el primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), fecha de su desvinculación; b). Reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del tres (3) de octubre de dos mil trece (2013) hasta el primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Es de señalar que las diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de procurador judicial I. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. c) liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes 35 Número Interno: 2024-2020 Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez Demandado: Procuraduría General de la Nación al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, nueve (9) de enero de dos mil cuatro (2004), hasta primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos previstos en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.» SEGUNDO. REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida por el Tribunal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2017-00125-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (3) de Septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado: 52001 23 33 000 2017 00125 01 (2420-2020)1
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, contra
la sentencia del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)2, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño - Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Sara Lucia Delgado Martínez, actuando por medio de apoderada
judicial acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:

«Primero: Se declare la nulidad del oficio SG No. 05546 del 6 de octubre de 2016,
expedida por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación.

Segundo: Aplicar directamente la interpretación del Consejo de Estado y acatar los
efectos de la sentencia del 29 de abril de 2014, expediente 11001-03-25-000-2007-00087-
00, dictada por el H. Consejo de Estado, M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz y de la
sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente No. 25000-23-25-000-2010-00246-02
(0845-15) M. P. Jorge Iván Acuña Arrieta

1
Expediente físico
2
Expediente físico folios – 167-178
3
Expediente físico folios – 86-92

2

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tercero: Inaplicar por inconstitucionales y por extensión de la nulidad dictada por el
Consejo de Estado, el contenido de los decretos 661 y 658 de 2008, 726 y 723 de 2009,
1391 y 1388 de 2010; 1043 y 1039 de 2011; 841 y 0874 de 2012; 1016 y 1024 de 2013;
186 y 194 de 2014 en lo referente a la prima de que trata el art. 14 de la ley 4 de 1992.

Cuarto: Que se reconozca la existencia de una diferencia económica de mayor valor para
los Jueces de la República en su remuneración salarial y por ende la que le corresponde
a los Agentes del Ministerio Público, debido a la errónea liquidación de la prima especial
de que trata el art. 14 de la ley 4 de 1992.

Quinto: A título de restablecimiento del derecho que se ordene la nivelación salarial entre
los Jueces de la República y mi poderdante como agente del Ministerio Público,
consistente en el pago de la diferencia que resulte por la reliquidación de la prima especial
de servicios de que trata el art. 14 de la ley 4 de 1992, en atención a que el régimen
salarial de la Rama Judicial y del Ministerio Público deben ser equivalentes según lo
ordenado en el art. 280 constitucional.

Sexto: A título de restablecimiento del derecho que reconozca y pague a favor de mi
representada la diferencia mensual que resulte sobre los salarios, prestaciones sociales
y aportes a la Seguridad Social a que tienen derecho a saber, prima de servicios, prima
de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías, bonificación judicial y cualquier
otra prestación legal durante todo el tiempo de su vinculación como Procuradores
Judiciales, de forma permanente y hacia el futuro durante todo el tiempo que dure su
vinculación en el cargo, con ocasión del reconocimiento de la prima especial de la Ley 4
de 1992 según la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado contenida en el
expediente arriba referenciado y los efectos de la nulidad simple allí declarada.

Séptima: Las sumas de dinero adeudadas y que se reconozcan en la audiencia deberán
ser actualizadas de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor,
conforme certificación expedida por el DANE desde la fecha en que debían cancelarse
hasta cuando se efectúe el pago.

Octava: Se ordene a la Procuraduría General de la Nación reportar y cancelar el valor
correspondiente a que haya lugar por la reliquidación salarial aquí solicitada a las
entidades de seguridad social a las que se encuentran afiliados mi poderdante.

Novena: Condenar en costas a la parte demandada.»

2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:

3. La señora Sara Lucia Delgado Martínez, laboró en la Procuraduría General de la
Nación, en el cargo de Procuradora Judicial 280 penal I, con sede en Túquerres – Nariño,
desde el nueve (9) de enero de dos mil cuatro (2004) al dos (2) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016)

4. Señala que, la Procuraduría General de la Nación, descontó más no adicionó, al
salario el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, es decir, disminuyó el salario básico en un 30% para hacerlo parecer
nominalmente por el concepto de la prima en mención.

3

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

5. La disminución del 30% del salario básico mensual, influye negativamente en el
cómputo de los valores a pagar entre ellos, primas de servicios, de navidad, vacaciones,
bonificación por servicios prestados, cesantías, pensiones, etc.

6. El tres (3) de octubre de dos mil dieciséis (2016), presentó reclamación a la
entidad demandada, sin embargo, por medio del acto administrativo contenido en el oficio
SG No.05546 del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016), resolvió negar el
reconocimiento y pago de los valores reclamados.

7. En contra de la anterior decisión, solo procedía el recurso de reposición, el cual,
dado su carácter facultativo no fue interpuesto.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

9. Los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional, art. 14 de la ley 4 de 1992,
los decretos: Decreto 51, 54 y 57 de 1993; Decreto 104, 106 y 107 de 1994; Decreto 26,
43 y 47 de 1995; Decreto 34, 35 y 36 de 1996; Decreto 47, 56 y 76 de 1997; Decreto 64,
65 y 67 de 1998; Decreto 37, 43 y 44 de 1999; Decreto 2734, 2739 y 2740 de 2000;
Decreto 1474, 1475, 1482, 2720, 2724 y 2730 de 2001; Decreto 673, 682 y 683 de 2002;
Decreto 3548, 3568 y 3569 de 2003; Decreto 4169, 4171 y 4172 de 2004; Decreto 933,
935 y 936 de 2005; Decreto 388, 389 y 392 de 2006; Decreto 617, 618, 621 y 3048 de
2007; Art. 28 del Código Civil.

10. Resalta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, del
2 de abril de 2009, expediente No. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07) y el 29
de abril de 2014, proceso No. 11001-03-25-000-2007-00807-00.

11. En el concepto de violación, sostiene que, la entidad accionada, ha liquidado los
factores salariales y prestacionales, sin tener en cuenta el 100% de la remuneración
básica mensual, sino el 70% de esta, al deducirle el equivalente del 30% que consideraba
como prima especial no salarial, es decir, que bajo la apariencia de la prima equivalente
al 30% del sueldo básico, ha despojado los efectos salariales a dicho porcentaje, toda
vez que, se ha disminuido el monto de las prestaciones sociales y demás acreencias
laborales, así como, el pago de la seguridad social integral.

4

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

12. En ese sentido, se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.

1.3. Contestación de la demanda4

13. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, pues, considera que, el acto administrativo acusado fue proferido atendiendo
los requisitos de validez como de legalidad, y se ajusta a las normas que prevén el
régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Procuraduría General de la
Nación.

14. Alega que, la Procuraduría General de la Nación, en calidad de entidad
nominadora no tiene la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de
los funcionarios vinculados a su planta de personal. En virtud de lo establecido en la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992, es el Gobierno Nacional el encargado de definir
el régimen salarial de los servidores públicos. Así las cosas, el acto administrativo que
se demanda fue expedido en cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

15. Aduce que, la prima especial de servicios a la luz de lo establecido en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, no constituye factor salarial y es incompatible con la prima
especial del 30% del salario básico, como se indica entre otros, en el Decreto 1391 de
2010. Con todo aclara que, la base para la liquidación de las prestaciones sociales de
los procuradores I, está integrada por la asignación básica y los gastos de representación
percibidos mensualmente, más las correspondientes doceavas de ley.

16. Afirma que, la prima especial pagada a los procuradores judiciales I, no
corresponde a un porcentaje determinado tomado de la asignación básica cómo ocurre
en algunos casos analizados por la jurisdicción en relación con la Fiscalía General de la
Nación o la Rama Judicial, en efecto a revisar las normas aplicables a la peticionaria
concretamente el artículo 10 del Decreto 186 del 2014 y de los que le antecedieron se
puede constatar la remuneración salarial de dichos servidores.

4
Expediente físico – folios 111-115

5

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

17. Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
prescripción.

1.4. La sentencia de primera instancia5.

18. El Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, por medio de la
sentencia proferida el quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, e impuso condena en costas a la parte
accionada de la siguiente manera:

«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SG No.
05546 de 6 de octubre de 2016, expedido por la Secretaría General de la Procuraduría
General de la Nación, por el cual se niega a la actora SARA LUCIA DELGADO MARTINEZ,
la reliquidación del salario, prima especial del servicios y prestaciones sociales, solicitadas
mediante escrito de 3 de octubre de 2016.

SEGUNDO.- ORDENAR A LA NACION-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a
reconocer y pagar en favor de la demandante SARA LUCIA DELGADO MARTINEZ, de notas
civiles que obran en el expediente, la diferencia resultante de la reliquidación de sus salarios,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías,
bonificación judicial y demás prestaciones, incluida la prima especial de servicios de que trata
el art. 14 de la Ley 4 de 1992, correspondiente al 30% del salario básico, en la misma
equivalencia que corresponde a los servidores de la Rama Judicial, incluidos los aportes con
destino a la seguridad social, con retroactividad al tres (3) de octubre de dos mil trece (2013),
por efectos de prescripción trienal, hasta la fecha de desvinculación del servicio oficial.

TERCERO.- INAPLICAR por inconstitucionales y por extensión de la nulidad dictada por el
Consejo de Estado en la sentencia de 29 de abril de 2014, expediente 11001-03-25-000-
2007-00087-00, el contenido de los decretos 1024 del 21 de marzo de 2013 Art. 8 y 194 del
7 de febrero de 2014 Art. 8, y los que hacia el futuro regulen la remuneración de los
funcionarios judiciales y Ministerio Público, en el orden que atenten contra el art. 14 de la ley
4 de 1992.

CUARTO.- ORDENAR a la parte demandada, reportar y cancelar el valor correspondiente a
los aportes en su porcentaje respectivo, a las entidades de seguridad social a las que se
encuentra afiliada la demandante.

QUINTO.- Las sumas de dinero adeudadas deberán ser actualizadas de acuerdo con la
variación del índice de precios al consumidor, conforme a la parte motiva de esta sentencia,
desde la fecha en que debían cancelarse hasta cuando se efectúe el pago.

SEXTO.- DECLARAR no probada la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por
Pasiva y parcialmente probada, la excepción de Prescripción Extintiva de Derechos
laborales, propuestas por la parte demandada, por las razones consignadas en la parte
motiva de la presente sentencia.

SÉPTIMO.- CONDENAR en costas a la demandada, las cuales se fijan en un 5% de la
cuantía de la demanda, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 188 del C.P.A.C.A. en
concordancia con el artículo 366 del C. G. del P. y el Acuerdo 10.554 de 2016, art. 5º numeral
1, del Consejo Superior de la Judicatura, en el equivalente al 3% de las pretensiones de la
demanda.

5
Expediente físico – folios 167-178

6

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

OCTAVO.- El cumplimiento de la sentencia se hará dentro de los términos señalados en el
artículo 192 del C.P.A.C.A. Los intereses moratorios se liquidarán a partir de la ejecutoria de
la sentencia, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de este fallo.

NOVENO.- Ejecutoriada la sentencia, se devolverá a la parte demandante el remanente de
gastos del proceso, si a ello hubiere lugar, y se expedirá sendas copias de la demanda para
cumplimiento de la sentencia y la parte interesada, con la constancia de ser primera copia.»

19. El Tribunal, resaltó que la prima especial de servicios fue creada por el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, para aplicarse entre otros funcionarios judiciales
y hacia el ministerio público, en cuantía no menor del 30% de su ingreso mensual.

20. Luego de trascribir el contenido de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2)
de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación, indicó que acogería en su integridad las reglas
en ella fijada sobre la prima especial de servicios.

21. Del análisis probatorio, concluyó que a la actora le asiste el derecho a percibir la
remuneración completa que le corresponde como funcionaria judicial, luego entonces, si
le fue mermada injustamente, la entidad demandada debe reintegrarle los faltantes
desde la misma fecha de su causación, no solo en cuanto al pago completo del salario
básico de donde se extrajo la prima especial del 30% de que trata el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, sino también los faltantes sobre todas las prestaciones sociales y los aportes
a la seguridad social, para lo cual, debe tenerse en cuenta los porcentajes que
corresponden al empleador y al trabajador, todo lo cual, ordenó debía actualizarse de
acuerdo con la fórmula adoptada por el H. Consejo de Estado.

22. Resolvió las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
prescripción, en el sentido de declarar no probada la primera y parcialmente probada la
segunda al establecer el reconocimiento de las pretensiones desde el tres (3) de octubre
de dos mil trece (2013).

1.5. De los recursos de apelación.

23. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación, para solicitar la
revocatoria parcial de la sentencia, toda vez que, no está conforme con la decisión de
declarar probada la excepción de prescripción trienal.

6
Expediente físico folios 180-183

7

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

24. Sustenta que, a la luz del precedente contenido en la sentencia de unificación de
fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), expedida dentro del expediente
No. 250002325000201000246-2 (0845-2015), la prescripción de los derechos laborales
no ha operado, toda vez que, la exigibilidad de los mismos empezará a contar desde el
momento en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los reconozca mediante
una sentencia declarativa, hasta entonces ninguna de las pretensiones de la demanda
está afectada por el fenómeno extintivo.

25. Señala que, dicho precedente fue desconocido por el A quo, en razón a que,
declaró probada la excepción de prescripción con fundamento en la sentencia SUJ-016-
CE-S2-2019 emitida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sala
de Conjueces, Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que, al igual que la
jurisprudencia anteriormente citada, se analizó el tema de la prescripción, pero en esta
ocasión se indicó que debe contabilizarse los términos de prescripción de los derechos
laborales contemplados en la Ley 4 de 1992, a partir de su entrada en vigor y de los
respectivos decretos que fijaron anualmente el salario de los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación.

26. Aduce que, existen dos posiciones jurisprudenciales contradictorias y vigentes en
el tiempo pertenecientes al mismo rango legal, cuya aplicación debe escogerse con
reconocimiento del principio constitucional de la favorabilidad laboral contemplado en el
artículo 53 de la Constitución Política, lo cual, para el caso concreto, le resulta más
favorable la posición asumida por el Honorable Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del dieciocho (18) de mayo del dos mil dieciséis (2016), en tal razón, solicita
se revoque parcialmente la sentencia apelada, para en su lugar, declarar que no ha
operado la prescripción trienal.

27. A su turno, la parte accionada7 interpuso recurso de apelación, en el cual
sustenta no tener legitimación en la causa por pasiva, la demandante no agotó la
actuación administrativa en debida forma, excepción innominada, resalta el concepto
proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública No. 20186000056351
del veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), e indica la configuración de la
prescripción total del derecho reclamado.

28. La falta de legitimación, por cuanto señala que, aun cuando tiene autonomía

7
Expediente físico – folios 183-186

8

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

administrativa, financiera y presupuestal, no están atribuidas las competencias legales
tendientes a la fijación de salarios y prestaciones de sus servidores, en razón a que, fue
el legislador quien previó dicha facultad corresponde al Gobierno Nacional en virtud de
lo dispuesto por el literal e) del numeral 19, artículo 150 de la Constitución Política, en
concordancia con el numeral 11 del artículo 189 ibidem, y la Ley 4 de 1992, artículo 1.

29. Afirma que, la parte actora no agotó en debida forma la actuación administrativa,
en razón a que, no interpuso el recurso de apelación en contra del acto administrativo
objeto de control de legalidad, el cual, debía ser resuelto por el Procurador General de
la Nación.

30. Solicita declarar probada de oficio, cualquier excepción que tenga vocación de
prosperidad dentro del presente caso.

31. Sustenta que, a la luz de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 emitida el dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sala de Conjueces, Sección Segunda
del Consejo de Estado, se debe declarar probada la prescripción total del derecho
reclamado y no parcial como lo dispuso el A quo.

1.5. Trámite de segunda instancia

32. Mediante oficio del trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020)8, los
magistrados de la Sección Segunda, Subsección B, se declararon impedidos para
conocer del medio de control de la referencia en razón a que, les asistía interés directo
en el resultado del proceso.

33. El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)9, la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, declaró fundado el impedimento de los
magistrados de la Subsección B y, a la vez, estos también se declararon impedidos.

34. El veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), se realizó el sorteo de los
conjueces que han de reemplazar a los H. Magistrados de la Sección Segunda, cuyo
conocimiento correspondió al Dr. Héctor Díaz Moreno10.

35. El Treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el conjuez ponente,
admitió los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis11 y, por auto

8
Expediente físico – folio 208
9
Expediente físico – folios 210-211
10
Expediente físico – folio 212
11
Expediente físico – folio 216

9

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

del dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), otorgó a las partes el término de
diez (10) días para presentar escrito de alegatos de conclusión, lapso que, a la vez, le
fue conferido al ministerio público, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto de
fondo.

36. El diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)12, el conjuez, ordenó
remitir el presente asunto al despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero
Banguera, quien por medio del auto de fecha quince (15) de agosto de dos mil veinticinco
(2025), no avocó su conocimiento, y dispuso remitirlo al despacho del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves, para lo de su competencia.

37. Por auto del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) 13, el
Magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, ordenó devolver el expediente al magistrado
Jorge Edison Portocarrero Banguera, por ser a dicho despacho al que en principio
correspondió por reparto el asunto de la referencia.

38. El veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026), el
Despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y dispuso
que, ejecutoriado el auto, el expediente debía ingresar el despacho para fallo14.

39. La parte accionada presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que, reiteró los
argumentos del recurso de apelación15.

6. Concepto del Ministerio Público.

40. El representante del Ministerio Público delegado ante el H. Consejo de Estado, se
abstuvo de rendir concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)16, cuando ambas partes hayan

12
Expediente híbrido, Samai, documento 110autoremite
13
Expediente físico – folio 226
14
Expediente híbrido, Samai, documento 124autoadmite
15
Expediente físico – folios 222-223
16
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior

10

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

apelado la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones.

2.2. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La demandante cumplió con los requisitos previos para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en particular, el agotamiento del recurso de
apelación contra el acto administrativo objeto de control de legalidad?

ii) ¿La señora Sara Lucia Delgado Martínez, tiene derecho al reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, y al reajuste de los factores salariales, prestacionales y aportes al
sistema de pensiones?

iii) De resultar positiva la respuesta al anterior interrogante, se establecerá si ¿Se
configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por la demandante?

iv) ¿La falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación, para
interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para negar
las pretensiones de la demanda?

43. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.

resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

44. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e), ibidem, del
siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.” Este esquema se

materializa a través de las denominadas leyes marco, en virtud de las cuales se le
reserva al Congreso de la República la determinación de la política general, y al
Ejecutivo, por su parte, la regulación particular de la materia, así como su aplicación
concreta -vía decreto-17.

45. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en el
artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el legislador en
la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial18, con arreglo a la cual regula
una materia, al amparo de un amplio margen de decisión, restringido por los principios,
parámetros y directrices generales que impone el legislador19. Sobre el particular, la
Corte Constitucional ha sostenido que, entre la potestad reglamentaria del ejecutivo, y la
extensión de la ley habilitante, existe una relación inversamente proporcional, puesto que
“ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de
la potestad reglamentaria”20.

46. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta; sin embargo,
con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa regulada por el
ejecutivo21. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta potestad regulatoria
habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir legislación anterior con fuerza de
ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991, siempre que se someta a los criterios
definidos en la ley marco correspondiente. Así, los decretos expedidos por el Gobierno

17
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
18
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009, radicación:
2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor: Luis Fernando
Jaramillo Duque.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00 (2171-
2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra Mercedes
Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
20
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-
2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

en desarrollo de una ley marco, no se entienden como los decretos reglamentarios
ordinarios del artículo 189, numeral 11, sino actos administrativos de carácter general
que cumplen un mandato constitucional directo de completar la ordenación de la
materia22.

47. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce (12) de mayo
de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta dinámica normativa (es
decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está radicada en la necesidad de
regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema prestacional y salarial de los servidores
públicos, de una manera flexible que permita responder eficiente y rápidamente a
situaciones cambiantes, que se podrían ver amenazadas por la falta de dinamismo que
supone el trámite legislativo23.

48. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150, numeral 19,
literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco 4ª de 1992 24, en
virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los sujetos contemplados
en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, sin distingo del sector, régimen o denominación; los empleados del
Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la
Organización Electoral y la Contraloría General de la República; los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

49. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-244
de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se alude, corresponde al género que
comprende todos los derechos laborales, mientras que el “salario” es sólo una especie
dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas que, aunque
incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan necesariamente incidencia
en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-000-
2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo de 2022,
Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
24
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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Número Interno: 2024-2020
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Demandado: Procuraduría General de la Nación

50. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario no implica el reconocimiento
automático que todo pago deba ser considerado base para el cálculo de prestaciones
sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite la creación de bonos, primas
o beneficios que aumenten el ingreso disponible del trabajador, pero a los cuales se les
niegue impacto sobre la carga prestacional25.

51. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y criterios
que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general,
como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del
Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes
en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor,
ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización
Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

52. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que lo
integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban
desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

53. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de 1992
dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte el Gobierno, “carecerá

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-
2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Número Interno: 2024-2020
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de todo efecto y no creará derechos adquiridos”. Este precepto reafirma la competencia
concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, en el entendido que, mientras el Congreso de
la República define los objetivos y criterios generales, el Gobierno regula los aspectos
específicos, sin que, a través de dicha facultad reglamentaria especial, le esté permitido
desconocer derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones sociales,
soslayar la carrera administrativa, o inobservar la política macroeconómica y fiscal del
país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

54. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió
la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para
los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar,
excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con
efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

55. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales de
los servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir
de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

56. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó
claro que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además,
tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.

57. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación
básica de los Procuradores Judiciales I, y dispuso que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
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remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».

58. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de estudio
por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)26, la Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos que
fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la naturaleza
de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los criterios establecidos
en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados
por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a)
del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios
y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

59. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a un
valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración
derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento
de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En el citado
pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de servicios es un incremento del
salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii)
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los
beneficiarios tienen derecho a percibirla como un incremento del salario básico, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo
correspondiente.

60. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en
el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29 de abril
de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

16

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1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este
80% es un piso y un techo.

61. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no constituye
factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 332 de 1996.

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2.3.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.

62. De igual manera, la Sala Plena de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la
prescripción de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los
siguientes términos27: “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual

sentido, precisó que28:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en un plazo de
3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que
puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969”.

63. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 29, el Consejo
de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y en los
términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de
exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de prescripción, no ocurre lo
mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que, tales cotizaciones constituyen
un deber de tracto sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con
el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 constitucional, 30
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad, y con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad
social en pensiones.

64. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo,
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción, convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez
del trabajador.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo de 2026,
radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez).
30
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

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65. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la prescripción se cuenta
retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en
vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los
aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, como
se expuso ut supra31.

66. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, y en la norma
aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.

2.4. Hechos probados.

67. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Por medio del Decreto No. 2186 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil tres
(2003), el Procurador General de la Nación, nombró a la señora Sara Lucia Delgado
Martínez, en el cargo de Procurador 280 Judicial I, Penal de Túquerres, Código
3PJ, Grado EG32.

b) Mediante petición radicada el tres (3) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
según afirma el demandante en el hecho sexto de la demanda33, la demandante
solicitó a la Nación – Procuraduría General de la Nación, reliquidar la asignación
básica y las prestaciones sociales incluyendo el 30% de la prima especial de
servicio excluido del salario básico, durante todo el tiempo que permaneció
vinculada a la entidad entre enero de 2004 a septiembre de 2016, es decir, teniendo
como base el 100% de la remuneración básica mensual de cada año. Asimismo, el
pago de la prima en mención, como valor adicional a la asignación básica tal como

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de 2026,
radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
32
Expediente físico – folio 51
33
Expediente físico – folio 86 en el que se encuentra consignado el hecho sexto de la demanda y folios 34 – 42 para ver petición.

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lo dispone el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

c) En virtud del Oficio SGNo.005546 del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis
(2016)34, la Procuraduría General de la Nación, negó lo solicitado, al considerar:
«la Procuraduría General de la Nación, como autoridad Administrativa, no puede
jurídicamente efectuar reconocimientos laborales distintos o con montos
diferentes a los establecidos en los actos administrativos por el Gobierno Nacional,
durante el período 2004 a 2007 dado que jurídicamente no le es permitido
modificar, adicionar o desconocer el régimen salarial o prestacional, contemplados
en estos.

(…) durante la vigencia y aplicación del Decreto 1251 de 2009, no existe lugar al
reconocimiento y pago de suma alguna de dinero, adicional a lo que la Entidad le
pagó por nómina. Esto por cuanto la peticionaria durante el período del 01 ENERO
DE 2009 al 31 DE DICIEMBRE DE 2012, percibió los salarios y las prestaciones,
ajustadas a los porcentajes señalados en dicho Decreto.

Es por ello que si en gracia de discusión se llegara a entender que la doctora
SARA tiene derecho al reconocimiento y pagos diferentes a los señalados en los
Decretos salariales dictados por el Gobierno Nacional, habría que, del mismo
modo, reliquidar y ajustar la bonificación creada por el Decreto 1251 de 2009;
pues, en todo caso, los ingresos percibidos en cada año laborado por como
Procurador Judicial I, no podían superar el porcentaje establecido en dicha norma,
liquidado sobre el 70% de la totalidad de los ingresos del Alto Magistrado.

Bajo estas premisas, se concluye que no existe lugar al reconocimiento y pago de
suma alguna de dinero, adicional a lo que la entidad le pagó por nómina, durante
tiempo en que se desempeñó comprendido entre la fecha de ingreso y el 31 de
diciembre de 2012. Esto por cuanto la Procuraduría General de la Nación, le
canceló a la peticionaria durante esa época el monto máximo autorizado en el
ordenamiento jurídico.

No procede la inaplicación de normas vigentes.- Como quiera que los Decretos
salariales del 2008 al 2016 se encuentran vigentes no es posible inaplicar por vía
administrativa normas, que se presumen ajustadas a la Constitución Política de
Colombia y la Ley.

Por lo anterior se concluye, que la Procuraduría General de la Nación, como
autoridad Administrativa, no puede jurídicamente efectuar reconocimientos
laborales distintos o con montos diferentes a los establecidos en los actos
administrativos por el Gobierno Nacional, dado que jurídicamente no le es
permitido modificar, adicionar o desconocer el régimen salarial o prestacional,
contemplados en estos.

Finalmente, teniendo en cuenta que la reclamación tiene como objeto la
liquidación y pago de la prima en la cuantía del 30%, así como la reliquidación de
las prestaciones sociales, es importante considerar que en el eventual caso que
existiere mérito legal para proceder de conformidad, ello sólo podría aplicarse a lo
causado durante los tres (3) años anteriores a la fecha de la petición por efecto de
la aplicación de la prescripción trienal.»

34
Expediente físico - folios 43-45

20

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Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

d) En contra de la anterior decisión, se concedió la oportunidad de interponer
únicamente el recurso de reposición, el cual, a raíz de su carácter facultativo, no
fue agotado.

e) La jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación,
por medio de la certificación expedida el dos (2) de julio de dos mil diecinueve
(2019), hace constar que la señora Sara Lucia Delgado Martínez, devenga los
siguientes conceptos: sueldo, gastos de representación, prima especial de
servicios, bonificación judicial y prestaciones tales como: prima de navidad, prima
servicios prima vacaciones, bonificación servicios35.

2.5. Caso concreto.

68. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo
contenido en el Oficio SGNo.005546 del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
en virtud del cual, se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del
30%, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un adicional o incremento de
la asignación básica, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre
la base del 100% del sueldo, sin sustraer del mismo el 30% por el referido concepto.

69. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal Administrativo de Nariño
– Sala de Conjueces, por medio de la sentencia proferida el quince (15) de noviembre
de dos mil diecinueve (2019), declaró la nulidad del acto administrativo demandado, a
título de restablecimiento del derecho ordenó a la accionada reliquidar y pagar a la actora
«sus salarios, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías,
bonificación judicial y demás prestaciones, incluida la prima especial de servicios de que trata el
art. 14 de la Ley 4 de 1992, correspondiente al 30% del salario básico, en la misma equivalencia
que corresponde a los servidores de la Rama Judicial, incluidos los aportes con destino a la
seguridad social, con retroactividad al tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), por efectos de
prescripción trienal, hasta la fecha de desvinculación del servicio oficial.»

70. Inconforme con la decisión de primera instancia, los extremos de la litis interpusieron
recurso de apelación, en virtud de los cuales, la parte actora solicita revocar la
prescripción y la accionada que se revoque en su totalidad, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, por indebido agotamiento de la actuación administrativa,

35
Expediente físico - folios 132-134

21

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

prescripción total del derecho reclamado y falta de competencia para interpretar las leyes
salariales e inaplicarlas de forma autónoma.

71. Establecido lo anterior, se procederá a dar respuesta a los problemas jurídicos
planteados.

Del agotamiento de la actuación administrativa como requisito de procedibilidad.

72. La parte accionada expone en el recurso de apelación, que la demandante incumplió
el requisito previo previsto en el numeral 2° del artículo 161 del CPACA, por no haber el
interpuesto el recurso de apelación como obligatorio contra la decisión negativa
contenida en el Oficio SGNo.005546 del seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

73. Al respecto, la referida norma establece:

«2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.»

74. En esa línea, es pertinente agregar que el agotamiento de la actuación administrativa
constituye un presupuesto procesal necesario para acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en tanto garantiza que la administración tenga la oportunidad
de pronunciarse previamente sobre la situación jurídica que luego será objeto de debate
judicial.

75. Si bien con la expedición del CPACA desapareció la noción de «vía gubernativa»,
ello no implicó la supresión de dicha exigencia, pues, subsiste la obligación de formular
ante la administración una reclamación concreta del derecho que posteriormente se
pretende hacer valer en sede judicial, de modo que la entidad pueda emitir una decisión
susceptible de control y, en su caso, de contradicción mediante los recursos previstos en
el ordenamiento36.

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicado 25000 23-42-000-2018-
02233-01 (1295-2023).

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

76. En el presente asunto, se acreditó que mediante Oficio SGNo.005546 del seis (6) de
octubre de dos mil dieciséis (2016)37, la Procuraduría General de la Nación, negó el
derecho reclamado por la actora, y en el acápite de recurso, indicó: «En cumplimiento de
lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011–, este Despacho le pone de presente que contra esta
decisión procede el recurso de reposición de que trata el numeral primero del artículo
74 de dicha norma, recurso del cual podrá hacer uso discrecionalmente dentro del
término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión.»

77. A tono con lo anterior, resulta importante traer a colación el inciso final del artículo 76
del CPACA, toda vez que, dispone: «Los recursos de reposición y de queja no serán
obligatorios.»

78. En consecuencia, no era exigible el agotamiento de la actuación administrativa, de
manera que no se configura el incumplimiento del requisito previsto en el numeral 2° del
artículo 161 del CPACA.

79. Establecido lo anterior, continua la Sala con el análisis del material probatorio para
dar respuesta a todos los problemas jurídicos. Así, se tiene que, por acreditado que la
señora Sara Lucia Delgado Martínez, desde el nueve (9) de enero de dos mil cuatro
(2004) al primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), desempeñó en la
Procuraduría General de la Nación, el cargo de Procurador 280 Judicial I Penal de
Túquerres, Código 3PJ-EG.

80. A su turno, la certificación salarial expedida el dos (2) de julio de dos mil diecinueve
(2019), por el jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la
Nación, hace constar que durante las anualidades 2004 al 2016, la demandante en su
calidad de procuradora judicial I, devengó mensualmente los siguientes conceptos:

Año Sueldo Gastos de Prima Decreto Bonificación Total
básico representación especial 1251 judicial Dto. mensual
de 383
servicios
2004 2.029.712 676.571 1.159.836 - - 3.866.119
9 de
ene al
31dic
2005 2.141.347 713.782 1.223.627 - - 4.078.756

37
Expediente físico - folios 43-45

23

Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2006 2.248.414 749.472 1.284.808 - - 4.282.694
2007 2.349.593 783.198 1.342.625 - - 4.475.416
2008 2.483.286 827.762 1.419.020 - - 4.730.068
2009 2.673.754 891.251 1.527.860 - - 5.029.865
2010 2.727.229 909.077 1.558.417 - - 5.194.723
1-oct
al 30
nov
2010 2.727.229. 909.077 1.558.417 3.401.660 - 8.596.383
1 al
31 de
dic
2011 2.813.682 937.895 1.607.819 179.441 - 5.538.837
2012 2.954.367 984.789 1.688.210 188.413 - 5.815.779
2013 3.055.998 1.018.666 1.746.284 - 579.906 6.400.944
2014 3.145.844 1.048.615 1.797.625 - 1.137.848 7.129.932
1
eneal
31
agos
2014 2.696.438 1.498.021 1.797.625 - 1.137.848 7.129.932
1 sep
al 31
dic
2015 2.822.029 1.567.829 1.881.394 - 1.695.699 7.967.014
2016 3.041.369 1.689.649 2.027.579 - 2.253.561 9.012.148
enero
a 1
sep

81. También, resulta importante destacar durante los años 2004 a 2016, el Gobierno
nacional para el cargo de procurador judicial grado I fijó la siguiente remuneración
mensual, precisando en los decretos correspondientes que «el treinta por ciento (30 %)
de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad
con el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992, aplicable a los jueces de la República»:

Decretos Remuneración mensual
4169 de 2004 3.866.119
933 de 2005 4.078.756
392 de 2006 4.282.694
621 de 2007 4.475.416
661 de 2008 4,730.068
726 de 2009 5.092.865
1391 de 2010 5.194.723
1043 de 2011 5.359.396
841 de 2012 5.627.366
1016 de 2013 5.820.948
186 de 2014 5.992.084
1257 de 2015 $6.271.31538
245 de 2016 $6.758.59639

38
Según el Decreto 1257 de 2015, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2014) reajustada en el 4.66%.
39
Según el Decreto 245 de 2016, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2015) reajustada en el 7.77%.

24

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Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

82. De lo anterior, se advierte que la remuneración mensual para los años 2004 a 2016,
establecida para el referido cargo por el Gobierno nacional, se materializó en el caso de
la demandante, a partir de la suma de los rubros de (a) sueldo básico, (b) gastos de
representación y (c) prima especial de servicio.

Año Sueldo Gastos de Prima Total
básico representación especial mensual
de
servicios
2004 2.029.712 676.571 1.159.836 3.866.119
9 de
ene
al
31dic
2005 2.141.347 713.782 1.223.627 4.078.756
2006 2.248.414 749.472 1.284.808 4.282.694
2007 2.349.593 783.198 1.342.625 4.475.416
2008 2.483.286 827.762 1.419.020 4.730.068
2009 2.673.754 891.251 1.527.860 5.029.865
2010 2.727.229 909.077 1.558.417 5.194.723
2011 2.813.682 937.895 1.607.819 5.359.396
2012 2.954.367 984.789 1.688.210 5.815.779
2013 3.055.998 1.018.666 1.746.284 5.820.948
2014 3.145.844 1.048.615 1.797.625 5.992.084
2015 2.822.029 1.567.829 1.881.394 6.271.252
2016 3.041.369 1.689.649 2.027.579 6.758.596

83. En cuanto al pago de la prima especial de servicios desde que la demandante ha
desempeñado el cargo de procuradora judicial I en las anualidades 2004 a 2016, se
evidencia que se ha reconoció como parte de la remuneración mensual, más no como
un emolumento adicional a esta como correspondía, principalmente, porque los decretos
anuales que dictó el Gobierno nacional fijando el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la PGN, que rigieron la situación de la peticionaria, establecieron dicha
restricción.

25

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84. Ahora, por medio de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014, proferida por la
Sala de Conjueces de esta corporación, se anuló las disposiciones de los decretos
salariales que fraccionaban la remuneración básica, entre otros, de los funcionarios de
la Procuraduría General de la Nación beneficiarios del derecho a la prima especial. El
último de los decretos anulados fue el expedido en el año 2007, por lo que el Gobierno
nacional continuó reproduciendo las mismas disposiciones hasta el año 2015; momento
a partir del cual las variaciones se establecieron en términos porcentuales. Para las
vigencias que nos ocupan, años 2004 a 2016 40, los decretos respectivos reprodujeron
en idénticos términos el Decreto 3048 de 2007 declarado nulo41.

85. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que a la accionante se le pagaron los
salarios y se le liquidaron las prestaciones con una base salarial reducida en un 30 %,
porcentaje que se pagó a título de prima especial, tal y como lo establecían los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional.

86. Sobre el particular, se reitera, conforme a lo señalado en el acápite de marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
previó la creación de una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo
básico, «sin carácter salarial»; emolumento que constituye una adición o complemento
a la remuneración mensual, no una fracción de esta. Asimismo, por disposición de la Ley
332 de 1996 que modificó la Ley 4 de 1992, la referida prima constituye factor salarial
únicamente para la liquidación de la pensión de jubilación.

87. En atención a lo expuesto, es posible afirmar que la accionante se encuentra en una
situación fáctica y jurídica análoga a la decidida en la sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
en la que se demostró el fraccionamiento de la remuneración mensual, al haberse
probado que se le pagó el 70 % por concepto de sueldo y el 30 % por concepto de prima
especial. Por ende, en principio le asistiría el derecho al reconocimiento de esta como
agregado al salario, así como la reliquidación de las prestaciones con el 100 % de la
remuneración mensual, dado que la prima especial no forma parte de ese porcentaje,
sino que constituye un emolumento adicional equivalente al 30 %.

40
Con la precisión de que el Decreto 2015 lo que hizo fue establecer el porcentaje del 4.66% para reajustar la remuneración prevista
en el año anterior, 2014, de manera tal que se mantuvo la restricción de incluir la prima como parte de la remuneración mensual.
41
Ley 1437 de 2011, artículo 9. «PROHIBICIONES. A las autoridades les queda especialmente prohibido: (…) 6. Reproducir actos
suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales
de la anulación o suspensión».

26

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88. En la referida decisión también se hizo referencia a la sentencia del veintinueve (29)
de abril de dos mil catorce (2014), en la que, se reitera, se declaró la nulidad parcial de
los decretos emitidos por el Gobierno nacional entre 1993 y 2007 que establecían que el
30 % correspondiente a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
hacía parte del salario.

89. Al respecto, se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una interpretación
errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron que
el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación básica. En
ese orden, indicó que la forma de liquidación que se ajustaba a los principios
constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad era la de reconocer
como prima especial el 30 % del 100 % del salario, es decir, como una adición de la
asignación básica mensual.

90. Así las cosas, aun cuando la Procuraduría considerara que procedió conforme a
derecho al actuar en cumplimiento de los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional, lo cierto es que, lo hizo bajo una interpretación errónea, contraria a las normas
superiores que pretenden desarrollar aquellos, la cual debe ser corregida para garantizar
los principios mencionados, particularmente, en escenarios en los que está demostrado
que se fraccionó la remuneración mensual, se pagó el 30 % de esta a título de prima
especial, y se liquidaron las prestaciones sociales sobre el 70 % restante.

91. Vale la pena aclarar que la anterior reliquidación se deriva del hecho de que la parte
accionada disminuyó la remuneración mensual al determinar que hacía parte de ella la
prima especial, más no de considerar esta como factor salarial para todos los efectos,
pues, como se ha ilustrado a lo largo de esta providencia, tal atributo solo se predica
respecto a los aportes pensionales (artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 de la Ley 332
de 1996)42. Por lo tanto, no resulta pertinente que la PGN se oponga a las pretensiones
de la demanda argumentando que la reliquidación pretendida implica atribuirle a la
referida prima efectos salariales para todos los efectos.

92. En ese orden, es claro que, no le asiste razón a la parte accionada, cuando pretende
se revoque la condena del A quo, para en su lugar negarla, toda vez que, la demandante

42
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, rad. 41001 23-33-000-2016-
00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.

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tiene derecho a que se le reliquide y paguen todas las prestaciones sociales y salariales
según los tiempos de servicios prestados como procuradora judicial I, teniendo en cuenta
para tal efecto, una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual,
esto es, con la inclusión del valor excluido erróneamente a título de prima especial de
servicios.

93. Además, de acceder a la teoría del caso propuesta por la parte accionada, se
desconocería que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en
ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos
del trabajador.

94. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor
adicional a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho,
por medio de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace
procedente la declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto,
acogen una interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.

95. Establecido el derecho que le asiste a la actora, resulta procedente determinar si
operó la prescripción trienal en los términos declarado por el A quo.

96. La parte demandante, cuestiona la aplicación del fenómeno extintivo de la
prescripción, por considerar su inexistencia en el caso concreto. Bajo su interpretación,
la exigibilidad del derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

97. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta sección ha sido pacífica en
señalar que, en materia de acciones laborales rige la prescripción trienal, prevista en el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, los cuales señalan lo siguiente:
i) El término de prescripción es de tres (3) años, contados desde que la
respectiva obligación se hace exigible.
ii) El simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente,

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interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
iii) A su vez, y como lo ha precisado la jurisprudencia, dentro del anterior plazo,
contado desde la presentación de la reclamación administrativa, en procura
del reconocimiento del derecho, so pena que opere el fenómeno prescriptivo.

98. En armonía con las citadas disposiciones, la Sección Segunda del Consejo de Estado
– Sala de Conjueces, por medio de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del fenómeno prescriptivo
en materia laboral, precisando que, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial
de servicios, se hizo exigible desde la entrada en vigor del decreto reglamentario de la
Ley 4ª de 1992, esto es, a partir del Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Tres (1993)43.

99. La Sala resalta lo decidido en otros pronunciamientos, sobre la exigibilidad del
derecho el cual, surgió con su consagración normativa, siendo así, la regla de
prescripción no se modifica y, opera respecto de todas las acreencias causadas dentro
de los 3 años anteriores a la radicación de la reclamación administrativa44.

100. En el caso bajo examen, el estudio del fenómeno jurídico de la prescripción se
realiza en función de la siguiente información:

Cargo Fecha de Exigibilidad Fecha de Fecha de
vinculación del derecho reclamación presentación
de cara al de la
periodo demanda
reclamado
Procuradora 9 de enero de 7 de enero de 3 de octubre 9 de marzo de
judicial I 2004 al 1 de 199345 de 2016 201747
46
septiembre (2016) .
de 2016. Para el caso
concreto
desde la

43
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
44
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los
eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. […]Ello implica que
al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la
ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio
con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación. Consejo de Estado. Sala
Plena de Conjueces. Sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33 000-2016-00041-
02(2204-18).
45
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
46
Expediente físico – hecho sexto de la demanda folio 86, petición folios 34-42
47
Expediente físico - folios 25.

29

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fecha de su
vinculación al
cargo de
procuradora
9 de enero de
2004.

101. De la anterior información, desde el nueve (9) de enero de dos mil cuatro (2004), la
actora contaba con el derecho de exigir el reajuste salarial y prestacional, no obstante,
ello solo ocurrió el tres (3) de octubre de dos mil dieciséis (2016), cuando solicitó ante la
Procuraduría General de la Nación, el reconocimiento y pago del 30% de prima especial,
establecida en el art. 14 de la Ley 4º de 1992, superando el término trienal de
prescripción, por lo que, le asiste razón al A quo, al declarar probado el fenómeno jurídico
de la prescripción de las acreencias reclamadas por la parte actora anteriores al tres (3)
de octubre de dos Mil Trece (2013).

102. En tal razón, la Sala no comparte los argumentos del extremo activo de la litis, según
los cuales, la exigibilidad del derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)48, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado – sala de conjueces. Si bien, en esa decisión se declaró
la nulidad parcial de varios decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 «por haber
interpretado erróneamente la Ley 4ª de 1992 y afectar los derechos salariales de los
servidores públicos», la aludida providencia no fue constitutiva del derecho, sino
meramente declarativa de su alcance.

103. En efecto, la cuestión relativa a la prescripción fue objeto de análisis específico en
la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, plenamente aplicable a las decisiones posteriores a
su expedición. Apartarse de esta posición, conduciría al equívoco de considerar que el
derecho surgió, a partir de las sentencias de nulidad, lo cual, no resulta jurídicamente
admisible.

104. Así, no le asiste razón a la parte actora, cuando solicita aplicar al caso concreto, un
precedente diferente al de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en razón a que esta,
esboza con total claridad las reglas propias del reconocimiento, pago y prescripción del
derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
luego entonces, no es de recibo que pretenda se le aplique lo favorable de dicha
sentencia y se excluya lo que no satisface sus intereses.

48
Expediente No. 11001032500020070008700 (1686-07), conjuez ponente María Carolina Rodríguez Ruiz

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

105. Se reitera, la prima especial de servicios antes mencionada, cuenta con sentencia
que contiene reglas claras para dilucidar el fenómeno jurídico procesal de la prescripción,
por lo tanto, en guarda de la seguridad jurídica, son estas las que debe la Sala atender
en casos de contornos fácticos y jurídicos similares al que ocupa la atención de la Sala.

106. Por lo expuesto, no es procedente computar el término prescriptivo a partir de la
ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), pues,
en este caso, el fenómeno extintivo se cuenta retroactivamente desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, conforme se dispuso en la quinta regla
jurisprudencial de la citada sentencia:

«5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.» (sic)

107. De conformidad con lo expuesto, la normativa aplicable ha sido clara en señalar
que, el intervalo de tres (3) años, debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho,
esto es, desde la consagración legal de la prima especial de servicios, momento en el
cual, surgió el derecho, o bien desde la presentación de la reclamación ante la
administración, según el caso. En consecuencia, no se puede modificar la regla general
de prescripción.

108. En este punto, se reitera, los principios de confianza legítima, progresividad y no
regresividad laboral, junto con el principio general del derecho que enseña «nadie puede
alegar en su favor su propia culpa», no determinan una forma diferente de contabilizar el
fenómeno de la prescripción en este caso, mucho menos modifican la fecha a partir de
la cual, se hizo exigible la obligación discutida.

109. Por lo tanto, la prescripción extintiva del derecho constituye una sanción a la
inactividad prolongada e injustificada del titular para ejercer oportunamente su
reclamación.

110. De conformidad con lo expuesto, en el sub examine, operó la prescripción de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas parcialmente, sin que ello comporte
vulneración alguna de derechos laborales de la actora.

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Número Interno: 2024-2020
Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

111. En este sentido, advierte la Sala la configuración del fenómeno jurídico de la
prescripción en los términos señalados por el A quo, no obstante, omitió considerar la
vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma señala que, la prima especial de
servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema pensional,
respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las acreencias
laborales periódicas.

112. En consecuencia, la sentencia de primera instancia aun cuando ordenó el pago de
los correspondientes aportes, aplicó erróneamente sobre ellos el fenómeno de la
prescripción, cuando estos deben reconocerse por todo el tiempo durante el cual, la
demandante prestó sus servicios y devengó la prima especial.

113. Siendo así las cosas, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar
a la entidad demandada efectuar el pago de los aportes al sistema pensional a favor de
la demandante durante el tiempo que prestó sus servicios de procuradora judicial I,
respecto de los cuales, no resulta procedente aplicar el fenómeno prescriptivo.

114. Los aportes deberán ser liquidados por todo el período durante el cual, la señora
Sara Lucía Delgado Martínez ejerció el cargo de procuradora judicial I y tuvo derecho a
percibir la prima especial de servicios, así: desde el nueve (9) de enero de dos mil cuatro
(2004) hasta el primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), además, la base
de liquidación estará conformada por el cien por ciento (100%) de la asignación básica,
más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios.

115. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado de
manera pacífica esta Subsección49.

116. El otro punto de censura de la Procuraduría General de la Nación frente a la
decisión de primera instancia, radica en la falta de competencia para interpretar las
leyes e inaplicarlas, lo cual, corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

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«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los
fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-
2024.

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Demandante: Sara Lucia Delgado Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

117. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, la sujeción de la entidad a los decretos
salariales, y la ausencia de competencia alegada, no pueden tener como efecto enervar
las pretensiones de la demanda, cuando está debidamente decantado el derecho que le
corresponde al demandante en su calidad de juez de la República, por lo que, no es
posible trasladarle a este extremo procesal, las consecuencias de la aludida
interpretación del demandado, razón suficiente para no avalar el argumento de
apelación.

118. Finalmente, aun cuando no constituye argumento de los recursos de apelación el
tema que atañe al tope salarial fijado por el Gobierno Nacional, para la Sala es oportuno
recordar que, en virtud del cumplimiento de las reglas que se fijaron en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, de esta corporación sobre la prima
especial de servicios, la remuneración total de la funcionaria no puede exceder los topes
máximos fijados anualmente por el Gobierno Nacional para cada empleo, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992 y los principios de seguridad jurídica
y sostenibilidad fiscal.

119. En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación50 ha sido enfática al precisar
que, el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan con ocasión a la
debida aplicación de la prima especial de servicios como un incremento a la asignación
básica con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la entidad nominadora
que no sean superados los topes salariales establecidos por el Gobierno Nacional; así
las cosas, se adicionará el ordinal segundo de la sentencia recurrida con el fin de hacer
tal precisión y con ello garantizar que se respeten tales límites salariales. Además, se
indicará que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la
entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.

120. Ahora, para mayor claridad de la orden judicial, la Sala precisa que, uno de los
porcentajes del 30 % corresponde al salario (con incidencia prestacional) y el otro,

50
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

a la prima especial adicional al salario, luego entonces, bajo estos términos se deben
conceder las pretensiones a título de restablecimiento del derecho.

2.6. Condena en costas.
121. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

122. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

123. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

124. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma51.

125. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

126. Revisada la conducta de la parte demandada, sobre quien el A quo impuso condena
en costas, la Sala, revocará dicha decisión, toda vez que, no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, por lo tanto, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo

51
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre
de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014)

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188 de la Ley 1437 de 2011, luego entonces, no era procedente imponer condena en
costas en primera instancia, razón por la cual, se revocará el ordinal séptimo.

127. Por otra parte, la Sala en esta oportunidad, a la luz de las normas antes
anotadas, tampoco impondrá condena en costas, en razón a que no se advierten la
existencia de temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de los intereses
de los extremos de la litis, es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA.

2.7. Conclusión.

128. La demandante en su calidad de procuradora judicial I, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. En todo caso, la Sala modificará y adicionará la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia para precisar la orden del restablecimiento del derecho,
ordenar el pago de los aportes a pensión y el tope salarial. Por otra parte, se revocará la
condena en costa impuesta en primera instancia y se confirmará en lo demás la
sentencia objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal segundo (2) de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, el quince (15) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), el cual quedará así:

«CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA
NACIÓN-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN proceda: a). Pagar la prima
especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario de la demandante desde el
tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), en atención a la prescripción trienal hasta el
primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), fecha de su desvinculación; b).
Reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica,
sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del tres (3)
de octubre de dos mil trece (2013) hasta el primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016). Es de señalar que las diferencias a pagar deben atender a los periodos
estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de procurador
judicial I. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos. c) liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes

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al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, nueve
(9) de enero de dos mil cuatro (2004), hasta primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016), teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996,
el ingreso base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica
mensual más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios,
en los términos previstos en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren
sido efectuadas previamente.»

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, el quince (15) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019), que impuso condena en costas a la parte accionada.

TERCERO. CONFIRMAR en los demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, el quince (15) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019), por medio de la cual, concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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