Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2017-00205-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00205-01 (5641-2019)
Demandante: Lina Cristina Bravo Muñoz
Demandada: Municipio de Puerto Asís, ESE Hospital Local de Puerto Asís y
Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral1
Temas: Concurso de méritos. Retiro del servicio como consecuencia de
una decisión judicial. Acto demandable judicialmente.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, por medio de la cual se negaron las pretensiones y
condenó en costas.
ANTECEDENTES
La señora Lina Cristina Bravo Muñoz, instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los Decretos 307 del 6 de septiembre de 2016 que
dejó sin efectos el nombramiento de la demandante en el cargo de gerente de la
ESE Hospital Local de Puerto Asís; y 320 del 21 del mismo mes y año, que nombró
al señor Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral, en el mencionado empleo.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro, sin solución
de continuidad, al cargo que venía desempeñando por el periodo que le hacía falta
hasta el 31 de marzo de 2020; se condene a reconocer y pagar todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta su
reintegro.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que, a través de la Convocatoria 002 del 1.° de abril de 2016 la ESE abrió concurso
1 Tercero interesado.
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de méritos para la selección del gerente de la entidad para el periodo 2016-2020.
Que según el Decreto 287 del 18 de agosto de 2016, la ESE nombró en el cargo de
gerente a la demandante, por haber ocupado el primer lugar.
Que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Puerto Asís, en fallo de tutela del 2 de
septiembre de 2016, bajo el radicado: 2016-00370-00, ordenó al presidente de la
Junta Directiva de la ESE dejar sin efectos el acto de nombramiento descrito con
anterioridad, recalificar al señor Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral, conformar la
nueva terna para el empleo y nombrar en el cargo de gerente a quien
correspondiera. Decisión confirmada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
de Puerto Asís, en sentencia del 7 de octubre de 2016.
Que, en cumplimiento de la decisión judicial, la ESE conformó la nueva terna para
el cargo, así: Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral, Lina Cristina Bravo Muñoz y Glinys
Edith Díaz Llenera.
Que, por medio del Decreto 307 del 6 de septiembre de 2016, el presidente de la
Junta Directiva de la ESE dejó sin efectos el nombramiento de la demandante, y,
una vez obtuvo la nueva terna, mediante el Decreto 320 del día 21 del mismo mes
y año, nombró al señor Quiñónez Mayoral.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
Como normas vulneradas citó los artículos 192 de la Ley 100 de 1993, 28 de la Ley
1122 de 2207 y 20 de la Ley 1797 de 2016.
Que el Decreto 307 de 2016 está afectado por falta de competencia, porque el
presidente de la Junta Directiva de la ESE no tiene la facultad legal de designar al
gerente de la entidad ni tampoco de revocar su nombramiento, pues dicha atribución
le corresponde al jefe del ente territorial.
Que el Decreto 320 de 2016 fue expedido de forma irregular, vulnerando los
derechos al debido proceso e igualdad, así como los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica y estabilidad laboral, porque el señor Julio Oswaldo
Quiñónez Mayoral, en uso de la acción de tutela, logró una recalificación de forma
extemporánea, pues los términos que para el efecto estableció la Convocatoria 002
se encontraban vencidos.
Que, para el momento en que se cumplieron las órdenes dadas por el juez de tutela,
la demandante había sido nombrada y posesionada como gerente de la ESE, por lo
que consolidó el derecho a permanecer en aquel empleo hasta la finalización del
periodo para el cual fue nombrada.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 8 de mayo de 2017 el Tribunal admitió la demanda y notificadas las entidades
demandadas, manifestaron lo siguiente:
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Municipio de Puerto Asís. Que se dio cumplimiento a las normas constitucionales
y legales para elegir al gerente de la ESE. Que la demanda no delimita claramente
las razones que fundamentan su pretensión de nulidad, ni tuvo en cuenta que, si lo
pretendido era discutir la elección del gerente de la ESE, debió hacerlo a través de
la nulidad electoral. De ahí que exista inepta demanda.
Propuso como excepciones las de existencia de otra demanda por los mismos
hechos; falta de litisconsorcio necesario y genérica.
ESE Hospital Local de Puerto Asís. Que los actos objeto de nulidad fueron
expedidos por el funcionario competente, con observancia de la Constitución y las
reglas contenidas en la convocatoria que abrió a concurso el empleo de gerente.
Además, fueron proferidos en cumplimiento de una orden de tutela, por lo que no
son susceptibles de control juridicial en tanto que son actos de ejecución.
El señor Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral. Que en la demanda no se indicaron
las disposiciones legales presuntamente vulneradas, pese a ser este un requisito
indispensable. Que los actos acusados fueron emitidos por la autoridad competente
y con observancia de las calificaciones obtenidas por cada participante del
concurso, dentro del cual encabezó la terna para proveer el empleo. Añadió que, al
haber sido proferidos en cumplimiento de la acción de amparo, se les considera
actos de ejecución no susceptibles de control judicial.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 3 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas, al considerar que la Junta
Directiva de la ESE se limitó a dar cumplimiento a la sentencia de tutela, proferida
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Puerto Asís el 2 de septiembre de 2016;
confirmada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del mismo municipio, a
través de la sentencia del 7 de octubre de 2016.
Que, aquellas decisiones judiciales no fueron objeto de interpretación por parte de
la entidad demandada, ni existió discrepancia con lo allí ordenado, por lo que no
crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica, siendo verdaderos actos
de ejecución.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que el Consejo
de Estado ha sostenido que a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución,
al ser expedido en cumplimiento de una tutela, es susceptible de ser demandado
ante el juez natural para que estudie su legalidad.
Que, el decreto que la desvinculó fue expedido por el presidente de la Junta
Directiva de la ESE Hospital Local de Puerto Asís, careciendo de competencia para
expedir dicho acto, pues tal facultad la tiene únicamente el alcalde municipal, según
lo prevé el artículo 192 de la Ley 100 de 1993.
Que se acreditó la vulneración de los derechos de igualdad y debido proceso,
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quedando en evidencia el trato preferencial hacia el señor Julio Oswaldo Quiñónez
Mayoral por parte de las autoridades del concurso y de las judiciales, quienes bajo
el pretexto del cumplimiento de una acción de tutela, valoraron nuevamente la hoja
de vida del mencionado aspirante, cuando ya los términos para tal fin habían
fenecido.
Que los principios de confianza legítima y seguridad jurídica también fueron
desconocidos, pues el Decreto 287 de 2016 de nombramiento, generó en la actora
una expectativa cierta de haber obtenido el mayor puntaje y desempeñar el cargo
para el cual se postuló. También, se le vulneró el derecho a la estabilidad laboral en
la medida en que su designación fue hasta el 31 de enero de 2020; sin embargo,
tres días después fue retirada del empleo.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 11 de junio de 2020 se admitió el recurso de apelación y mediante auto del 25 de
febrero de 2021 se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda y el
recurso de apelación.
La parte demandada guardó silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Sala deberá determinar si los actos acusados son susceptibles de control judicial.
En caso de ser positiva la respuesta, analizará si i) el Decreto 307 del 6 de
septiembre de 2016 fue expedido sin competencia; y ii) el Decreto 320 del 21 del
mismo mes y año incurre en la causal de nulidad de expedición irregular, porque
vulneró los derechos de igualdad, debido proceso, y trabajo, así como los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica.
De los actos susceptibles de control judicial
Son susceptibles de control de legalidad aquellos actos administrativos que
concluyen la actuación administrativa, producen efectos jurídicos definitivos y se
encuentren en firme, es decir, «crean, modifican o extinguen una situación jurídica en
particular». El artículo 43 del CPACA los define como «[…] los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».
De otra parte, existen los actos de ejecución que, como su nombre lo indica, son
aquellos por los cuales se materializa una decisión ya sea de carácter administrativo
o judicial. En ese sentido, tales actos no crean, modifican o extinguen situación
jurídica alguna y, por tanto, no son objeto de control ante esta jurisdicción.
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Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación2 ha sostenido que excepcionalmente
dichos actos pueden ser objeto de control judicial, en los siguientes casos: i) se
desconozca la decisión judicial, ii) se abstengan de dar cumplimiento a la misma, iii)
se introduzcan modificaciones sustanciales al acto administrativo o a la sentencia
judicial que se pretenda ejecutar; iv) creen, modifiquen o extingan una determinada
relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial y
v) se presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada
o condenada.
Ahora, particularmente cuando se trata de actos expedidos en cumplimiento de una
acción de tutela, tanto la Subsección A 3 como la B 4, han señalado que serán
demandables a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, toda vez que el primero tiene como fin proteger y garantizar los derechos
fundamentales de quien la promueve, mientras que con el segundo se pretende
analizar la legalidad del acto expedido por la administración, escenario dentro del
cual debe respetarse la competencia del juez natural.
Lo contrario sería desconocer la competencia otorgada tanto por el legislador como
por la Constitución Política (artículos 236 a 238) a los jueces de lo contencioso
administrativo, para que, a través de los medios de control previstos en los artículos
135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos
que expide la Administración, incluidos, por supuesto, los que profiera en
cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
Resolución al caso concreto
Para la parte demandante, el Decreto 307 de 2016 se encuentra viciado de nulidad
porque el presidente de la Junta Directiva de la ESE Hospital Local de Puerto Asís
no tenía competencia para desvincularla del cargo de gerente.
Se encuentra probado que mediante Decreto 287 del 18 de agosto de 2016, el
alcalde municipal de Puerto Asís con ocasión de un concurso de méritos, nombró a
la señora Lina Cristina Bravo Muñoz en el cargo de gerente de la ESE Hospital Local
de Puerto Asís, por el periodo de 4 años 5. Empleo del cual se posesionó el 19 del
mismo mes y año 6.
Dentro de la acción de tutela invocada por el señor Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral
(participante del certamen), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Puerto Asís en
fallo del 2 de septiembre de 2016, luego de encontrar que debía conformarse de
2 Pueden consultarse las siguientes decisiones de la Subsección A: auto del 7 de abril de 2011, radicado: 25000-
23-25-000-2010-00152-01 (1495-2010); sentencia del 9 de abril de 2014, radicado: 73001-23-31-000-2008-
00510-01(1350-13); y auto del 6 de agosto de 2015, radicado: 41001 23 33 000 2012 00137 01 (4594-2013). Y
de la Subsección B: auto del 26 de octubre de 2017, radicado: 05001233300020140065101(3529-2015). Tesis
reiterada por esta Sección, en sentencias del 30 de octubre de 2024, radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-
01 (1515-2024) y del 21 de agosto de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2019-01736-01 (3980-2023).
3 Sentencias del 24 de agosto de 2017, radicado: 76001-23-31-000-2006-02973-02(1378-10); del 3 de diciembre
de 2020, radicado: 73001-23-33-000-2015-00119-02(1812-19), entre otras.
4 Sentencias del 14 de febrero de 2013, radicado: 250002325000-2011-00245-01 (2634-11); del 17 de
noviembre de 2016, radicado: 050012333000201200819 01 (3743-2015); del 7 de febrero de 2019, radicado:
05001-23-33-000-2016-01596-02 (1521-2018); entre otras.
5 Folios 34 y 35 del cuaderno físico principal. Se resalta que el expediente tiene múltiple foliatura.
6 Folio 36, ídem.
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nuevo la terna para elegir al gerente de la ESE, una vez se recalificara al accionante,
ordenó7:
«Tercero.- Ordenar al DR. OMAR FRANCIS GUEVARA JURADO en calidad de
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE
PUERTO ASÍS, para que en el término improrrogable de las 48 horas siguientes
a la notificación de este proveído, proceda a dejar sin efectos el Acto
Administrativo No. 287 de agosto 18 de 2016, junto con la correspondiente Acta
de Posesión No. 149 de agosto 19 de 2016 y por la cual se nombró y se
posesionó en el cargo de Gerente de la Empresa social del Estado HOSPITAL
LOCAL DE PUERTO ASÍS a la doctora LINA CRISTINA BRAVO MUÑOZ […]
Cuarto.- Cumplido lo anterior de igual forma se ORDENARÁ al DR. OMAR
FRANCIS GUEVARA JURADO en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS, para que en el
término improrrogable de las 48 horas siguientes a la notificación de este
proveído, al recibo de la nueva lista de calificaciones enviada por la
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, proceda a conformar la terna de elegibles y
con base a esta designar el GERENTE de la ESE HOSPITAL LOCAL DE
PUERTO ASÍS para el período comprendido entre el 2016 y 2020».
(Mayúsculas del texto original).
Dicha decisión, fue confirmada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Puerto Asís, mediante sentencia del 7 de octubre de la misma anualidad 8.
El presidente de la Junta Directiva de la ESE Hospital Local de Puerto Asís,
mediante el Decreto 307 del 6 de septiembre de 2016, dio cumplimiento a la orden
de tutela y dejó sin efectos el nombramiento y el acta de posesión de la demandante
en el cargo de gerente de la ESE. Una vez recibida la nueva lista de calificaciones,
a través del Decreto 320 del día 21 de los mismos mes y año, nombró al señor
Quiñónez Mayoral como gerente de la ESE.
De acuerdo con lo anterior y en armonía con la posición jurisprudencial desarrollada
sobre el asunto, la Sala concluye que los actos acusados aun siendo de ejecución
se encuentran dentro de las excepciones para ser demandables ante esta
jurisdicción, en tanto extinguieron y crearon derechos sobre situaciones jurídicas
particulares que no fueron debatidas en sede de tutela.
Sobre el punto, es preciso destacar que la demandante como afectada directa de la
designación del nuevo gerente de la ESE, solamente contaba con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad y
validez del acto atacado, máxime si se tiene en consideración que la acción
constitucional tuvo por finalidad proteger y garantizar los derechos fundamentales
del señor Quiñónez Mayoral; lo anterior no releva al juez competente para conocer
de las demandas que se promuevan contra los actos administrativos que, emitidos
en cumplimiento de una orden de tutela reconocen derechos regulados en la ley o
norma y, por tanto, deben someterse a los requisitos establecidos en ellas.
En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado 9, al señalar:
7 Folios 44 a 72, ídem.
8 Folios 74 a 89, ídem.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2019, radicado: 05001-
23-33-000-2016-01596-02 (1521-2018);
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«De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la
defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de
amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera
excepcional, de modo que distingue el propósito de cada acción o medio de
control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de
la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la
legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es
privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas,
se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad.
Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto
administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control
de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo,
siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de
instancia». (Destacado de la Sala).
Así las cosas, contrario a lo expuesto por el Tribunal de primera instancia, los actos
acusados son enjuiciables. De ahí que proceda el estudio de fondo de las
pretensiones.
La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo
La competencia es una entre muchas manifestaciones del principio de legalidad y,
por tanto, una limitación al ejercicio del poder, y una consecuencia lógica del
sometimiento del Estado al Derecho, según el cual, mientras que a los particulares
todo les resulta permitido salvo lo expresamente prohibido, a la administración todo
le está proscrito excepto lo permitido por el legislador 10.
En otras palabras, mientras que los primeros se rigen por la autonomía de la
voluntad, la segunda se ciñe a la competencia como requisito de su actuación
válida. En la Constitución Política, este se encuentra implícito en los artículos 6.°,
121, 122 y 12, disposiciones que tienen en común, que la administración y sus
representantes actúan sujetos al ordenamiento.
Dromi define la competencia como «[…] la esfera de atribuciones de los entes y
órganos, determinada por el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de
facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente» 11. En
otras palabras, la competencia es la facultad jurídica para proceder de una u otra
forma ante ciertas circunstancias, así como el deber de hacerlo.
Ahora, el proceso de formación y expedición de un acto administrativo corresponde
a la administración, como sujeto activo al que se le ha asignado la competencia
necesaria para que, a través de tal mecanismo, adopte decisiones unilaterales que
produzcan efectos jurídicos.
10 La idea de que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia explícita en norma ha
sido debatida en sede doctrinal. Íntegra la discusión sobre la distancia entre la noción de capacidad en el
derecho privado y la competencia en el público. Un sector defiende el postulado de la permisión amplia, según
la cual, siempre que se crea un órgano público y se le asigna un marco competencial, a la entidad puede hacer
todo lo que no esté prohibido o exceda sus competencias. Así lo explica Cassagne: «Se argumenta que el
axioma ontológico de la libertad rige tanto con relación a las personas físicas o ideales, como frente a los sujetos
estatales y sus órganos, y que si bien el principio de la juridicidad exige para que exista competencia en el sujeto
u órgano que una norma lo establezca, una vez creada una persona jurídica pública estatal, ésta y sus órganos
pueden hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico). Sin embargo,
en materia de actos de gravamen la exigencia de norma expresa para fundar la competencia resulta
insoslayable […]» (CASSANGNE, Juan Carlos. El acto administrativo: teoría y régimen jurídico. Buenos Aires:
Ediciones Olejnik, 2019. p. 191).
11 DROMI, Roberto. El acto administrativo. 3a ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 2000. p. 57.
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Para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida se requiere, entre otros,
que a la autoridad de quien emana, le haya sido atribuida: vía constitucional, legal
o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión 12, y atiende a diferentes factores
que pueden identificarse como el funcional, el material, el territorial y, en algunos
casos, el temporal.
La competencia administrativa se determina entonces a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en que se profiere por un sujeto que carece de
capacidad jurídica para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento.
Es por ello que el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este requisito como
uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, al señalar que toda
persona podrá solicitar que se anulen aquellos que «[…] hayan sido expedidos […]
sin competencia».
Conviene anotar que las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos son aquellas
vigentes al momento de hacer uso de la respectiva facultad de producción
normativa13.
De la competencia para el nombramiento de los gerentes de una ESE
La Constitución Política en el artículo 315 numeral 3, dispone que son atribuciones
del alcalde, entre otras, las siguientes:
«Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes». (Se resalta).
La Ley 100 de 1993 en el artículo 192 14, preveía que los directores de los hospitales
públicos de cualquier nivel de complejidad, serían nombrados por el jefe de la
respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios de salud.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 2 de julio de 2020, radicado: 11001-03-
25-000-2017-00032-00(0098-17) y del 14 de octubre de 2021, radicado: 11001032500020180030200 (1046-
2018).
13 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la
valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
14 Incorporado y sustituido por el artículo 722 del Decreto 1298 de 1994.
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Por su parte, el Decreto 1876 de 1994, en el artículo 11, numeral 17, dispone que
la Junta Directiva de la ESE tiene la función de «Elaborar terna de candidatos para
presentar al Jefe de la respectiva Entidad Territorial para la designación del Director
o Gerente». Posteriormente, a través del Decreto 139 de 1996 se establecieron los
requisitos y las funciones del gerente de las ESE e igualmente, se precisó que su
nominador sería el jefe del ente territorial.
Seguidamente, la Ley 1122 de 2007 15 en el artículo 28, indicó que los gerentes de
las ESE serían nombrados por periodos de 4 años «Para lo anterior, la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el
nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente». (Negrita
fuera del texto original).
La Corte Constitucional en sentencia C-181 de 2010 declaró la exequibilidad
condicionada de la norma, en el entendido de que i) la terna debería ser conformada
por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones en el
respectivo concurso de méritos; ii) el nominador de cada ESE designaba en el cargo
de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje; y iii) el resto de la terna
operará como un listado de elegibles.
La Ley 1438 de 2011 que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
en el artículo 72, señaló que: «[…] El nominador deberá designar en el cargo de
gerente o director a quien haya alcanzado el más alto puntaje dentro de los quince
(15) días calendario siguientes a la finalización del proceso de elección […]».
Finalmente, con la expedición de la Ley 1797 de 201616, en el artículo 20 se
determinó que:
«Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial.
En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del
Estado serán nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al
Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los
tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos
regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación
de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función
Pública». (Se destaca).
El inciso segundo de la citada disposición previó que los procesos de concurso que,
al momento de entrada en vigencia de la ley, se encontraban en etapa de
convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarían hasta
su culminación y el nombramiento del gerente o director lo realizaría el nominador
en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el alcalde de cada entidad territorial tiene
la facultad para nombrar el director o gerente de las empresas sociales del Estado
15 «Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones».
16 Vigente para el momento en que se expidió el acto, pues entró a regir el 13 de julio de 2016. Declarado
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-046 de 2018, referencia: expedientes D-11782 y D-
11797 acumulados.
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que hacen parte de su territorio, por el periodo de 4 años; antes mediante concurso
de méritos y con la entrada en vigencia de la Ley 1797 de 2016 de libre
nombramiento y remoción.
Resolución al caso concreto
Para la demandante el Decreto 307 del 6 de septiembre de 2016, que dejó sin
efectos su acto de nombramiento y posesión como gerente de la ESE Hospital Local
de Puerto Asís, al dar cumplimiento al fallo de tutela, se encuentra viciado de
nulidad, en tanto fue expedido por el señor Omar Francis Guevara Jurado en su
calidad de presidente de la Junta Directiva de la ESE y no como alcalde de dicho
ente territorial.
Así pues, de acuerdo con la normativa referida en párrafos anteriores, es claro que
el nombramiento y la remoción del gerente de una ESE se encuentra en cabeza del
titular del ente territorial, quien, a su vez, en términos del artículo 70 de la Ley 1438
de 2011, preside la Junta Directiva de este establecimiento público. Igualmente, que
el retiro se encuentra circunscrito al cumplimiento de una de las causales que, para
el efecto, prevé el artículo 20 de la citada norma, a saber: por orden judicial.
En estos términos, es razonable señalar que el alcalde sin despojarse de su
investidura como titular del ente territorial preside la Junta Directiva de la ESE, por
lo que, el juez de tutela, a través del fallo de 2 de septiembre de 2016, dirigió la
orden a este, quien la cumplió so pena de incurrir en desacato.
En este sentido, desde el punto de vista material, el funcionario que detentaba la
calidad de alcalde o jefe de la entidad territorial profirió el acto administrativo
demandado, por lo cual, si bien la orden de tutela se dirigió al presidente de la Junta
Directiva, tal circunstancia no tiene la fuerza de viciar por falta de competencia la
decisión acusada.
Del vicio de expedición irregular por violación al debido proceso y derecho a
la igualdad
En relación con este vicio, se ha dicho que se estructura a partir de la transgresión
del procedimiento administrativo que debe seguirse para proferir el acto, esto es, el
conjunto de etapas necesarias para que se produzca la manifestación unilateral de
voluntad de la administración que tenga como efecto crear, modificar o extinguir una
situación jurídica.
En ese sentido, lo que justifica la consagración de este vicio como causal de nulidad
es la sujeción de los actos administrativos a un procedimiento y a unas formas
previamente determinadas en las disposiciones que resulten aplicables. La utilidad
de esas normas se hace evidente, toda vez que, por lo general, constituyen
verdaderas garantías para los administrados, las cuales tienen sus raíces en el
derecho al debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución Política 17.
17 BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Octava Edición. Medellín: Señal Editora,
2013. p. 295.
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Del debido proceso
Este derecho fundamental hace parte del desarrollo del principio de legalidad, en la
medida que ordena que las autoridades públicas actúen dentro del marco jurídico
establecido18. En ese sentido, puede afirmarse que el debido proceso es «el
conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben
concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo 19».
Ahora, el debido proceso administrativo comprende una serie de garantías que
buscan que todo trámite ante una autoridad pública se someta a unas reglas
mínimas sustantivas y procedimentales. Protege a las personas involucradas en
estos y limita el poder de las autoridades públicas, quienes no pueden actuar por
fuera de los procedimientos o de las competencias previstas en la ley. Además,
está ligado y se debe armonizar con los principios de la función administrativa
establecidos en el artículo 209 de la Carta Política.
En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la Administración que
en sus actuaciones dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por
el legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.
Para el caso de los concursos públicos de méritos, se protege el debido proceso
con el respeto de las reglas fijadas en la convocatoria como norma que determina
las pautas y condiciones en las que se desarrollará. Cualquier incumplimiento de
las etapas o procedimientos que esta contiene desconoce el derecho aludido, en
tanto que se cambiarían las reglas de juego para los participantes, quienes se
sometieron a ellas de buena fe 20.
Resolución al caso concreto
De las pruebas documentales allegadas al expediente, se observa que a través de
la Convocatoria 002 del 1 de abril de 2016 se dio apertura al proceso de selección
para proveer el cargo de gerente de la ESE Hospital Local de Puerto Asís para el
periodo 2016-202021.
Que la Convocatoria 002 de 2016 en su artículo 7.13 dispuso que las reclamaciones
de los aspirantes por los resultados obtenidos en las pruebas allí aplicadas, debían
presentarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a su publicación. Que, el 25 de
mayo de 2016 se publicaron los resultados de la prueba de conocimientos,
comportamentales y valoración de antecedentes 22.
Que, el 7 de junio de la mencionada anualidad, el señor Julio Oswaldo Quiñónez
Mayoral solicitó: i) la suspensión temporal del nombramiento de gerente de la ESE;
18 C-980 de 2010.
19 Sentencia T-445 de 2015.
20 En ese sentido se puede consultar la sentencia T-682 de 2016.
21 Folio 51 vuelto a 63 del cuaderno de pruebas II.
22 Folios 74 a 75 del cuaderno de pruebas II.
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ii) revisión y análisis de los antecedentes de la hoja de vida con los soportes
allegados a la hora de inscripción del concurso; iii) indicar los criterios bajo los
cuales se reevaluaron las hojas de vida de los aspirantes; entre otros. Ello, al
considerar que quienes discutieron sus calificaciones tuvieron una variación
ostensible en sus porcentajes 23.
Que, el 11 de julio de 2016, la Universidad de Pamplona publicó el resultado
definitivo de las calificaciones, en el que ocuparon los tres primeros puestos los
siguientes participantes 24:
Promedio
Conocimiento Comportamental Antecedentes
ponderado
Lina Cristina Bravo
83,75 85,25 81,50 83,53
Muñoz
Julio Quiñónez
88,75 86,50 60,50 82,77
Mayoral
Glinys EdithDiaz
65,00 84,00 90,00 72,85
Llerena
Que la Universidad de Pamplona a través del Oficio IS-272 del 15 de julio de 2016,
rindió un informe del derecho de petición presentado por el señor Quiñónez Mayoral,
dentro del cual indicó que se pudo incurrir en fallas en la calificación, en la medida
en que los datos fueron introducidos de forma manual «por lo que al tipear se
pueden cometer errores involuntarios de digitación que de alguna u otra forma
afectan la calificación de los aspirantes». De igual manera, recalificó el elemento de
antecedentes del peticionario, el cual arrojó un porcentaje de 70,525.
Que, a través del fallo de tutela del 2 de septiembre de 2016 el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Puerto Asís, ordenó dejar sin efectos el nombramiento como
gerente de la demandante, recalificar al señor Quiñónez Mayoral, conformar una
nueva terna y designar a quien corresponda.
Que en sesión llevada a cabo el 9 de septiembre de 2016 la Junta Directiva de la
ESE, previa recalificación de la Universidad de Pamplona conformó la nueva terna,
así:
Participantes Puntaje
Julio Quiñónez Mayoral 84,71
Lina Cristina Bravo Muñoz 83,53
Glinys Edith Diaz Llerena 72,85
En estos términos, revisadas las pruebas descritas la Sala encuentra que una vez
conformada la terna con los participantes que lograron los tres mayores puntajes,
la Universidad de Pamplona, al contestar un derecho de petición presentado por el
señor Quiñónez Mayoral, afirmó que se equivocó en la calificación que le otorgó en
23 Folios 80 a 81 vuelto, ídem.
24 Folio 102 vuelto, ídem.
25 Folios 116 vuelto a 119, ídem.
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el factor de antecedentes, error en el que incurrió porque, hubo una falla en la
digitación al momento de ingresar los datos correspondientes; situación que varió
la calificación que debía obtener el aspirante.
Ahora, para la parte demandante dicha orden del juez constitucional vulneró el
debido proceso, pues evidencia que el señor Julio Oswaldo Quiñónez Mayoral
haciendo uso de la acción de tutela, omitió dar cumplimiento a los tiempos de
reclamación que regulaba el concurso.
Para la Sala la presunta vulneración no tiene vocación de prosperidad, toda vez
que, si bien las reglas que contiene la convocatoria son inmodificables y
obligatorias, salvo que sean contrarias a la Constitución Política, la ley o que
quebranten derechos fundamentales 26, lo cierto es que en virtud del principio del
mérito regulado en el artículo 125 superior, el acceso a la función pública busca
privilegiar a quienes, en virtud de las aptitudes y competencias que tengan respecto
del contenido funcional de un determinado empleo, se han ganado el derecho a
desempeñarlo.
Lo anterior, se proyecta en la satisfacción de las necesidades del servicio público y
de los intereses de la comunidad, pues el hecho de que las calidades intelectuales,
académicas, físicas y laborales, según el empleo de que se trate, aparezcan como
criterios inherentes en su provisión, juega tanto a favor de los empleados como en
beneficio del Estado. Entendido así, el mérito se ve reflejado en otros principios,
como los de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad en la función
administrativa, toda vez que permite asegurar que la función pública sea ejercida
por los mejores y más capacitados servidores.
En este punto se destaca que, a pesar de que los nombramientos para los gerentes
o directores de las ESE en este momento son de libre nombramiento y remoción,
según se analizó, para el caso bajo estudio se llevó a cabo una convocatoria pública
reglada en la que se fijaron requisitos y procedimientos que garantizaron los
mencionados principios y criterios de mérito.
Así las cosas, dado que la Universidad que dirigía la convocatoria cometió un error
que vulneró los derechos del concursante José Oswaldo Quiñones Mayoral, el cual,
de no haberse dado, le permitía ocupar el primer puesto y, por tanto, desempeñar
el cargo de gerente de la ESE, es claro que la demandante no tenía mejor derecho
sobre aquel y en esa medida, el Decreto 320 del 21 del mismo mes y año, goza de
legalidad. De ahí que, tampoco se vulneró el derecho a la igualdad alegado.
Tampoco se demostró la transgresión del principio de confianza legítima, garantía
que encuentra su origen en la Constitución Política como desarrollo de los principios
de seguridad jurídica, respeto al acto propio y la buena fe establecidos en los
artículos 1º, 4 y 83 de la Carta, los cuales están en cabeza de todos los
administrados por lo que el Estado está obligado a procurar su garantía y protección.
26 Corte Constitucional, sentencias SU-913-09 del 11 de diciembre de 2009; y sentencia T-180-15 del 16 de
abril de 2015.
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El Consejo de Estado 27 ha indicado que
«El principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que
alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el
ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean
variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve
defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus
comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza
legítima que el administrado se ha fijado».
Sin embargo, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no
se protegen garantizando la estabilidad de actos u omisiones contrarios al
ordenamiento jurídico, pues precisamente, el interés general se presenta como
un límite, imponiendo el deber a la administración de enderezar los actos u
omisiones irregulares, sin atropellar los derechos fundamentales de los asociados.
En otras palabras, la confianza legítima no puede alegarse para salvaguardar
actuaciones que han sido expresamente proscritas por la ley 28.
En cualquier caso, la modificación o alteración de las reglas establecidas para el
procedimiento de selección no obedeció a una conducta caprichosa de la
administración, sino al cumplimiento de una orden judicial dirigida a la garantía de
los derechos fundamentales del señor José Oswaldo Quiñones Mayoral.
Adicionalmente, la expectativa legítima de la demandante a ocupar el cargo se
circunscribe al efectivo mérito del derecho, es decir, a ocupar genuinamente el
primer puesto en la calificación.
Se confirmará la sentencia, pero por las razones expuestas en esta providencia.
De la condena en costas en esta instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202129 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de julio de 2018, radicado: 25000-23-24-000-2009-
00348-01.
28 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de febrero de 2015,
radicado: 11001-03-15-000-2014-01114-01(AC).
29 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00205-01 (5641-2019)
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el tres (3) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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