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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00325-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00325-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia del 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión Oral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor 22 Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022) Demandante: William Alberto Montezuma López William Alberto Montezuma López contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. En su lugar se dispone: Segundo. No condenar en costas ni agencias en derecho al señor William Alberto Montezuma López, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia emitida el 18 de agosto de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin costas en segunda instancia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2017-00325-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
Temas: Reajuste del sueldo básico y de la asignación de retiro. Policía
Nacional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Segunda de Decisión Oral, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el señor William Alberto Montezuma López, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare i) la inaplicabilidad por excepción de
inconstitucionalidad de los artículos 1.° de los Decretos 122 de 1997, 62 de 1999,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004; ii) la nulidad de los
siguientes Oficios: i) S-2017-013526 / ANOPA-GRULI-1.10 del 1.° de mayo de 2017,
emitido por Policía Nacional, por medio del cual negó el reajuste de salarios percibidos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

y demás prestaciones sociales; y ii) E-01524-201704429 CASUR ID 214576, del 14 de
marzo de 2017, expedido por CASUR, a través del cual se negó la solicitud de reajuste
de la asignación de retiro reconocida a su favor.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar el reajuste de la base de liquidación salarial o sueldo básico desde 1997
hasta el año 2004 conforme al IPC1 certificado por el DANE para cada año; ii) ordenar
que se establezca la nueva base de liquidación salarial o sueldo básico desde el 1.°
de enero de 2005 hasta la fecha de retiro del servicio, esto es, el 30 de julio de 2013,
«para los años más favorables hasta la fecha, con prescripción cuatrienal desde la
fecha de la petición en abril 11 de 2017», teniendo en cuenta el IPC, y con ello
realizar nuevamente la hoja de servicios del actor; iii) ordenar la reliquidación, de
forma indexada, de la asignación de retiro desde el 30 de julio de 2013, con efectos
fiscales desde el 9 de febrero de 2017, por prescripción cuatrienal, iv) condenar a
pagar las diferencias causadas a título de asignación de retiro, que representan un
detrimento histórico de 26.46 %, correspondientes al no reajuste oportuno del
sueldo básico y prestaciones sociales y el incremento conforme el IPC, teniendo en
cuenta las primas que integran la asignación de retiro, desde el 21 de julio de 2013
hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; v) ordenar
el pago de los retroactivos a que haya lugar en forma indexada, así como el
cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes del
CPACA; y vi) condenar en costas y agencias en derecho a las entidades
demandadas.

1.1.2. Hechos2

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 1.° de enero de 1997 hasta el 30 de julio de 2013, el señor William Alberto
Montezuma López prestó sus servicios a la Policía Nacional.

ii) El 4 de julio de 2013, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR),

1 Índice de Precios al Consumidor
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

2

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Demandante: William Alberto Montezuma López

mediante la Resolución 5471 le reconoció una asignación de retiro.

iii) Los días 1.° de mayo de 2017 y 14 de marzo de 2017, la Policía Nacional y CASUR
expidieron los Oficios S-2017-013526 / ANOPA-GRULI-1.10 y E-01524-201704429 CASUR
ID 214576, respectivamente, que constituyen los actos administrativos demandados en

el sub lite.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1.°, 2, 4, 6, 13, 48, 53, 218 y 220 de la
Constitución Política de 1991; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992; 14 y 279 de la Ley 100 de
1993 y las Leyes 238 de 1995 y 278 de 1996.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Al actor no se le efectuó la nivelación salarial desde el año 1997 hasta el año 2004
sobre la base del índice de precios al consumidor, en la medida en que ese porcentaje
es más favorable año a año con relación a los decretos de oscilación expedidos por el
Gobierno nacional, lo que implicó que esa diferencia afectara las mesadas de su
asignación de retiro.

ii) Los actos censurados fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que
debían fundarse y con falsa motivación, en la medida en que al aplicar los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional, resolvieron negar el reajuste
solicitado desde 1997 a 2004 de las asignaciones mensuales, prestaciones sociales y
asignación de retiro, conforme al IPC certificado por el DANE; vulnerando así los artículos
13, 53, 220 de la Constitución Política; 2, 4,11 y 13 de la Ley 4 de 1992; y parágrafo 4
del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

iii) En aras del derecho a la igualdad se debe remunerar en igualdad de condiciones a
todos los miembros de una misma entidad. Los aumentos anuales no deben ser
inferiores al Índice de Precios al Consumidor para garantizar el poder adquisitivo de la
moneda; no obstante, algunos incrementos salariales anuales del demandante se
ubicaron por debajo del IPC, situación que desconoce los derechos y principios laborales
mínimos.

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Demandante: William Alberto Montezuma López

iv) Según el artículo 53 de la Constitución Política el salario debe ser móvil, atendiendo
la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración salarial y al principio
de favorabilidad, dado que permite a los trabajadores acceder y mantener unas
condiciones dignas de vida.

v) A los regímenes de excepción también le son aplicables los beneficios consagrados
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, no pueden ser objeto de
incrementos por debajo del IPC.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), no contestó la
demanda.3

1.2.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por intermedio de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:4

i) Los miembros de la Fuerza Pública están cobijados por un régimen salarial y
prestacional especial, según el cual las contraprestaciones mensuales son fijadas
anualmente por el Gobierno nacional. Al demandante se le han pagado las sumas
correspondientes y no se le adeuda cifra alguna por concepto de salarios, razón por la
cual no existe fundamento para reajustar el sueldo a partir de cifras distintas a las
ordenadas por el ejecutivo.

ii) El reajuste de las asignaciones salariales de la Fuerza Pública está supeditado a lo
consignado en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991
y en la Ley 4 de 1992, según el cual el Gobierno nacional profiere decretos anuales en
los que consigna el reajuste que será aplicado a los salarios de dicho personal.

iii) La norma no contempla que el reajuste de los salarios de las Fuerzas Militares y de
Policía se haga en cuantía igual o superior al índice de precios al consumidor como

3 Conforme consta en el auto emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 13 de mayo de 2019, en el

marco de la audiencia inicial. Expediente digital obrante a índice 2 de SAMAI.
4 Expediente digital obrante a índice 2 de SAMAI.

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mecanismo exclusivo para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, sino que
es el Gobierno nacional el encargado de definir tal asunto de forma anual.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión Oral, mediante
sentencia proferida el 18 de agosto de 2021, negó las pretensiones de la demanda, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:5

i) Por regla general, la asignación de retiro se reajusta anualmente con el principio de
oscilación, el cual parte de las variaciones que se introduzcan en las asignaciones de
actividad que perciben uniformados en servicio activo.

Pese a ello, por una modificación introducida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
se abrió la puerta para que las asignaciones de retiro se reajusten con aplicación del
Índice de Precios al Consumidor. La adición de la referida norma, se hizo a través de la
Ley 238 de 1995, en la cual el Legislador estableció que los beneficios previstos en los
artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, esto es, el reajuste pensional conforme la
variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC, y de la mesada adicional
del mes de junio, se harían extensivos a los sectores previstos en el artículo 279 ibidem,
entre ellos, los miembros de la Fuerza Pública.

ii) Posteriormente, se expidió la Ley 923 de 2004, que reguló nuevamente el principio
de oscilación, al indicar en el numeral 3.13 del artículo 3 que «el incremento de las
asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el
mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo». Esta disposición fue reiterada por el artículo 42 del Decreto
4433 de 31 de diciembre de 2004, en el cual nuevamente el Ejecutivo estableció que el
principio de oscilación, será la forma en la cual se reajustarán las asignaciones de retiro
de los uniformados. De allí que el reajuste con IPC se predicó únicamente hasta el 2004
y posterior a ello se retomó ya el concepto de oscilación.

iii) El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

5 Expediente digital obrante a índice 2 de SAMAI.

5

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Demandante: William Alberto Montezuma López

Subsecciones A y B, ha sido reiterativo en sus pronunciamientos, adoptando la postura
según la cual es improcedente el reajuste del salario devengado entre 1995 y 2004 por
el uniformado en servicio activo, bien sea adscrito a las Fuerzas Militares o la Policía
Nacional.

iv) En el sub lite se acreditó que a. el señor William Alberto Montezuma López fue
retirado del servicio mediante Decreto 0734 del 7 de abril de 2013: y b. la asignación
de retiro le fue reconocida en el año 2013.

En ese orden de ideas, no es procedente el reajuste de la base salarial por aplicación
del IPC en los años 1997 a 2013, máxime cuando se tiene sendas providencias del
Consejo de Estado negando tales pretensiones, pues con fundamento en la expedición
de la Ley 924 y Decreto 4433 de 2004, con posterioridad al año 2005, tanto la
asignación de retiro como los salarios se incrementarán anualmente en los términos y
valores fijados por el Gobierno nacional en aplicación entera y obligatoria del principio
de oscilación.

v) En los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, la jurisprudencia concedió el
reajuste de las asignaciones de retiro con aplicación del IPC, no obstante, se itera, en
ese marco temporal el actor fungía como mayor y teniente coronel, respectivamente,
en servicio activo. Así las cosas, los actos demandados no adolecen de causales de
nulidad, por lo que se niegan las pretensiones de la demanda. Con condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

El señor William Alberto Montezuma López, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación6 y lo sustentó así:

i) El Gobierno nacional fija anualmente el incremento de las asignaciones salariales de
los miembros de Fuerza Pública en sus diferentes grados, incrementos que entre los
años 1992 al 2004 estuvieron por debajo de la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, lo que ha generado un detrimento patrimonial pues se afectó de forma
directa el poder adquisitivo de su mesada salarial y, por consiguiente, de su asignación

6 Expediente digital obrante a índice 2 de SAMAI.

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Demandante: William Alberto Montezuma López

de retiro.

ii) Mediante la Sentencia T-345 de 2007, la Corte Constitucional en desarrollo del
principio de igualdad, ordenó efectuar aumentos salariales a otros trabajadores
conforme al IPC, certificados por el DANE con el fin de amparar el derecho constitucional
a la movilidad del salario y considerando que el efecto inflacionario afecta por igual a
todos los trabajadores en Colombia, incluyendo a trabajadores como el actor.

En concordancia con lo anterior, las entidades demandadas tienen la facultad y la
obligación de propender por la defensa de los intereses de sus afiliados, teniendo en
cuenta los principios de interpretación en cuanto a la situación más favorable del
trabajador, en lo concerniente al cómputo de los incrementos del IPC, en el evento de
hallarse frente a una o más normas que tratan sobre el mismo tema se debe dar
aplicación a la norma más conveniente al trabajador pasivo en este caso particular el
demandante. Así las cosas, el reajuste salarial de acuerdo a la variación porcentual del
IPC que se aplica a los empleados públicos, esto incluye a los integrantes de la Fuerza

Pública, no puede bajo ninguna circunstancia, ser inferior a la inflación ocurrida o
correspondiente al año inmediatamente anterior, sin importar el grado o cargo que se
ostente y desempeñe el servidor.

iii) El Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Bogotá, mediante sentencia del 15
de diciembre de 2017, radicado 11001333502420150043600, en un asunto similar al
sub lite, accedió a las pretensiones de la demanda pues afirmó que se tiene que para
los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, el salario señalado por el Gobierno
nacional, fue inferior al porcentaje del índice de precios al consumidor, siéndole este
favorable.

iv) Teniendo en cuenta que el demandante se retiró del servicio activo en el año 2013
con el grado de coronel, reclama factores salariales no reconocidos desde el 1,º de
enero de 1997 al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo a la variación porcentual del
Índice de Precios al Consumidor, debe recibir un tratamiento igualitario al resto de los
servidores públicos.

v) Debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo, ya que el actor no

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Demandante: William Alberto Montezuma López

incurrió en conductas dilatorias, temerarias o de mala fe; sino que por el contrario actuó,
de forma diligente, oportuna, en aplicación a los principios constitucionales y legales de
buena fe, lealtad, celeridad, economía procesal y transparencia.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La parte demandada y el ministerio público no se pronunciaron en esta oportunidad
procesal, pese a que a través del auto admisorio del recurso de apelación emitido el 16
de marzo de 2023,7 se les informó que contaban con la posibilidad de hacerlo hasta la
ejecutoria de aquella providencia y hasta antes de que el proceso ingresara al despacho
para sentencia, respectivamente.8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, i) si el
señor William Alberto Montezuma López tiene derecho al reajuste la asignación básica
que devengó durante los años 1997 a 2004 y desde el mes de enero de 2005 hasta la
fecha de retiro del servicio, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) y
partiendo del salario devengado por un ministro de despacho; y si, en virtud de ello, hay
lugar a reliquidar su asignación de retiro, con fundamento en la nueva base salarial; y
ii) si debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen salarial de los miembros de la Fuerzas Pública

El Congreso de la República, con fundamento en lo preceptuado en el literal e) del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,9 expidió la Ley 4.ª de 1992, que

7 Índice 4 de SAMAI.
8 Al revisar SAMAI, la Sala observa la entidad demandada y el ministerio público no allegaron, dentro del término

concedido, pronunciamiento alguno.
9 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos:
[…]

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Demandante: William Alberto Montezuma López

en su artículo 13 facultó al Gobierno nacional para que fijara una escala porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y en retiro de la fuerza pública, de
conformidad con los principios previstos en el artículo 2.º de la misma ley.

Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.

Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996. […].

Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del legislador de
1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una escala
gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados
de la fuerza pública, razón por la que se creó de manera temporal la prima de
actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que se materializó
en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución Política y en
desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de emergencia social, creó
para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en
servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí se indican para
cada grado, liquidada sobre la asignación básica, la cual estaría vigente hasta el
establecimiento de una escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, cuyo objetivo fue el de nivelar la remuneración de estos servidores en
forma gradual hasta llegar a una escala salarial única.

Adicionalmente, se tiene que el Decreto 107 de 1996,10 estableció en su artículo 1.º lo
siguiente:

Artículo 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, fijase la
siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del
nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública. Ver Art. 1° Decreto Nacional 1919 de 2002

10 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,

Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional […]».

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Demandante: William Alberto Montezuma López

Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación
básica del grado de General.

Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier 80%
General
Coronel 60%
Teniente 44.30%
Coronel
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento 22.60%
Primero
Sargento 19.50%
Viceprimero
Sargento 17.40%
Segundo
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%

[…]
Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de
General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que
devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación,
en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el
cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter
salarial para ningún efecto legal.

Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo, tendrán
derecho a la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los Ministros del Despacho.
La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal, se pagará
mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales
en estos grados.

En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una remuneración
superior a la prevista para los Ministros del Despacho.

En cumplimiento de la anterior disposición, el Gobierno nacional ha proferido los
Decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial (122 de 1997; 058 de
1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002; 3552 de 2003; 4158 de

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Demandante: William Alberto Montezuma López

2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de 2008; 737 de 2009; 1530 de
2010; 1050 de 2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013 y 187 de 2014), es decir, que ha
tomado como base, el porcentaje de la asignación básica del grado de general.

Conforme con lo señalado se colige que la asignación básica del personal de la Fuerza
Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los
que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros
anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el correspondiente
incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996, quedaron
debidamente nivelados los salarios de dicho personal.

2.2.2. Régimen especial de la asignación de retiro de las Fuerzas Militares y de
Policía

A partir de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral,
que en el artículo 14 dispuso, que con el objeto de que las pensiones no pierdan su
poder adquisitivo deben reajustarse anualmente y de oficio de conformidad con la
variación porcentual del índice de precios al consumidor que certifique el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año inmediatamente anterior,
excepto aquellas cuyo monto corresponda a un salario mínimo legal mensual vigente,
pues para estas el ajuste se efectuará de acuerdo con el incremento ordenado por el
Gobierno sobre dicho salario.

De otro lado, el artículo 142 de la Ley 100 también estableció una mesada adicional
para pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de diferentes
sectores, en los que se incluyó a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía,
esta corresponde a treinta días de pensión que debe pagarse en el mes de junio de
cada año, a partir de 1994.

Por su parte, el artículo 279 de la referida norma prevé una serie de excepciones, en el
sentido de indicar que el Sistema Integral de Seguridad Social no es aplicable a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, al personal que se rige por
el Decreto 1214 de 1990, los miembros no remunerados de las corporaciones públicas
y el personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por existir normas especiales respecto de ellos.

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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

Así, en primera medida resultaría evidente concluir que las prerrogativas contenidas en
los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, no serían aplicables a los miembros de la
Fuerza Pública. No obstante, en el año 1995 se profirió la Ley 238, por medio de la cual
se adicionó un cuarto parágrafo al artículo 279 de la Ley 100, en el sentido de indicar
que «las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los
beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados».

De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los miembros en uso de buen retiro de la
Fuerza Pública se encuentran exceptuados del régimen general de seguridad social,
por pertenecer a uno especial, la ley les concedió dos beneficios contemplados en la
Ley 100 de 1993, esto es, i) el derecho a que sus asignaciones de retiro sean
reajustadas anualmente con base en el IPC del año inmediatamente anterior y ii) a recibir
una mesada adicional equivalente a treinta días de pensión, que debe pagarse en el
mes de junio de cada año.

Ahora, el actual régimen pensional de la Fuerza Pública está contemplado en el Decreto
4433 de 2004, en el que se instituyeron los parámetros para el reconocimiento de
mesadas adicionales y para el reajuste anual de las asignaciones de retiro. En cuanto
al primer punto, el artículo 41 concedió una mesada adicional de mitad de año y una
mesada pensional de navidad, que deben ser pagadas en la primera quincena de los
meses de junio y diciembre, respectivamente.

Por su parte, en cuanto al reajuste anual de las asignaciones de retiro, se implementó,
a partir del artículo 42, el principio de oscilación, según el cual se realizará un
incremento anual, no a partir del índice de precios al consumidor, sino que
corresponderá al mismo incremento porcentual en que se aumenten las asignaciones
salariales del personal en actividad para cada grado. Sobre este punto, esta
corporación11 se pronunció en el siguiente sentido:

Para abordar este tema sea lo primero precisar que la asignación de retiro, de tiempo atrás,
ha tenido una forma de actualización diferente a la que de manera general se ha establecido
para las pensiones que devengan los servidores públicos y trabajadores privados, sistema
que se ha conocido como el principio de oscilación. La oscilación plantea una regla de
dependencia entre la asignación que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio

11 Sentencia de 23 de febrero de 2017, M.P. William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-2010-

00186-00 (1316-2010).

12

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

activo y aquellos que se encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación, ya
sea asignación de retiro o pensión de invalidez o los beneficiarios que reciben pensión de
sobrevivientes.

Entonces, de acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el incremento de las
asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ya no depende
del porcentaje del IPC que disponía la Ley 100 de 1993, sino que obedece al porcentaje
en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza pública.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

El 12 de marzo de 1964, nació el señor William Alberto Montezuma López.12

El señor Montezuma López estuvo vinculado en la Policía Nacional por 28 años y 11
meses, comprendidos desde el 10 de enero de 1984 hasta el 30 de abril de 2013, con
un alta de 3 meses que transcurrió entre el 30 de abril de 2013 y el 13 de julio de
2013.13

El 4 de julio de 2013, mediante Resolución 5471 la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, reconoció al demandante una asignación de retiro, en cuantía
equivalente al 93 % del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente
computables, a partir del 30 de julio de 2013, con fundamento en los Decretos 1212 de
1990, 1791 del 2000 y 4433 del 2004.14

El 9 de febrero de 2017,15 el actor presentó derecho de petición ante a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), pretendiendo el reajuste, de forma
indexada, de la asignación de retiro a partir del reconocimiento y hasta la fecha en que
se haga efectivo el pago respectivo, a causa del incremento por el ajuste real de la
actualización plena de la asignación básica de «los demás oficiales de grado», el cual

12 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
13 Como consta en la Hoja de Servicios 87570901 del 5 de junio de 2013. Expediente digital obrante a índice 2

de la plataforma SAMAI.
La Sala advierte que conforme consta en la parte motiva de la Resolución 5471 de 2013, expedida por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el actor acreditó 28 años, 11 meses y 1 día.
14 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
15 Ibidem.

13

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

servía de referente para establecer de conformidad, con la Escala Gradual porcentual,
su sueldo básico y por consiguiente, en la asignación mensual de retiro.

El 14 de marzo de 2017, mediante Oficio E-01524-201704429 CASUR ID 214576, el
director general de CASUR, negó la solicitud elevada por el demandante, con fundamento
en los siguientes argumentos: 16

[…] [E]sta entidad reconoce dichos derechos a todo el personal con asignación de retiro de
la Policía Nacional adquirida mediante resolución en los periodos comprendidos entre los
años 1997 a 2004, teniendo en cuenta los años favorables conforme al grado policial con el
que hayan obtenido la asignación.

A partir del primero de enero del año 2005 los incrementos realizados por el Gobierno
Nacional, con base en el principio de oscilación fueron iguales o superiores al IPC, conforme
al artículo 42 del Decreto No. 4433 de 2004.

Para el caso en particular y basados en su expediente, se observa que adquirió la asignación
de retiro en el año 2013 conforme a la resolución No. 5471 del 04 de junio de 2013, razón
por la cual no tiene derecho a sus pretensiones.

El 11 de abril de 2017,17 el demandante presentó derecho de petición ante la Policía
Nacional, en el que solicitó, en aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el
reajuste de los salarios, primas, vacaciones, prestaciones sociales que devengó
durante el período de 1997 a 201718 (sic), en el que recibió incrementos anuales por
debajo del índice de precios al consumidor.

El 1.° de mayo de 2017, la Policía Nacional expidió el Oficio S-2017-013526 / ANOPA-
GRULI-1.10,19 a través del cual manifestó que no era posible acceder a lo solicitado,

porque se aplicó los reajustes que el Gobierno nacional fijó a través de los decretos
salariales anuales. Finalmente, sostuvo que la Policía Nacional no recibió decreto
alguno que dispusiera el reconocimiento de pagos por concepto de reliquidación de
salarios sobre el IPC.

El tesorero de la Policía Nacional certificó los salarios y las partidas devengadas por el
actor desde 1996 hasta el año 2016.20

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 En estos términos fue redactado el derecho de petición .
19 Ibidem.
20 Conforme consta las certificaciones emitidas el 11 de abril de 2017, por el tesorero de la Policía Nacional.

Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.

14

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Frente al primer problema jurídico

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que
el recurrente alega que el ajuste salarial anual es una obligación legal y constitucional.
Por esta razón, los salarios de los miembros de las Fuerzas Militares debían reajustarse
conforme al IPC, certificado por el DANE, para los años 1997 a 2004 y desde el 1.° de
enero de 2005 hasta el 30 de julio de 2013, pues, a partir de la Ley 238 de 1995 y por
efectos del parágrafo 4, que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, es
jurídicamente posible aplicar el artículo 14 de esta ley a los servidores del régimen
especial, en lo que se refiere a pensiones, en virtud del principio de favorabilidad y del
derecho a la igualdad. Además, pretende que, con base en la anterior reliquidación, se
recalcule la asignación de retiro.

Pues bien, en cuanto al incremento con base en el IPC, debe decirse que, según el
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional debe modificar, anualmente, el
sistema salarial de los servidores de que tratan los literales a, b y c del artículo 1.° de
esa norma, los cuales corresponden a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República; y la Fuerza Pública.

Adicionalmente, el artículo 13 ibidem, dice lo siguiente:

ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la
fuerza pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

Como puede observarse, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece ningún
tipo de condición en relación con el porcentaje en que deben incrementarse los salarios
anualmente, sino que pone tal obligación en cabeza del Gobierno nacional. En ese
sentido, el mencionado artículo no comporta un sustento normativo para pretender que
la asignación salarial sea incrementada anualmente en un porcentaje idéntico o superior

15

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

al índice de precios al consumidor.

Ahora, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:

ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes
del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del
Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se
incremente dicho salario por el Gobierno.

El anterior precepto no deja duda de que la aplicación del índice de precios al
consumidor allí prevista está dirigida al reajuste de pensiones y asignaciones de retiro
y no a los incrementos salariales anuales que, para la Fuerza Pública, se fijan por el
Gobierno nacional, por mandato del artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992.

Para los años 1997 a 2004 y desde 2005 a 2013 (año de retiro), el reajuste de los
salarios del personal activo de la Fuerza Pública se estableció por el Gobierno nacional
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, mediante los
Decretos 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 50 y 107 de 1996, 122
de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003 y 4158 de 2004, 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de 2008 y 737 de
2009 y subsiguientes.

Así, debido a que para esos períodos el señor Montezuma López era miembro activo
de la Policía Nacional, ya que su retiro del servicio activo se produjo a partir del 30 de
abril de 2013, más los 3 meses de alta, el incremento de su sueldo básico mensual
debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con
fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública.

Por consiguiente, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios reclamados
por el demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende, de una serie de
decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos les atribuye la
norma y que no ha sido discutida en esta oportunidad.

En ese entendido, no hay lugar a acceder a la pretensión de reliquidación de los salarios
del demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende, de una serie de

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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos les atribuye la
norma y que no ha sido desvirtuada en esta oportunidad.

Ahora bien, debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro
depende, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste salarial, pues
sería el aumento del sueldo lo que desembocaría en un aumento de la asignación de
retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un aumento de la
pensión con base en el IPC, en la medida en que el régimen especial de la Fuerza
Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.

Por otro lado, respecto a la vulneración del derecho a la igualdad que alega el apelante,
por virtud, a su juicio, de que a los miembros de la Fuerza Pública que para los años
1997 a 2004 se encontraban retirados, se les reajustó su asignación de retiro con base
en el IPC, la Sala advierte, como lo ha hecho en anteriores oportunidades,21 al decidir
controversias de similares contornos fácticos, lo siguiente:

• Las decisiones judiciales respecto de los oficiales retirados antes del año 2004, en las
cuales se reajustaron las asignaciones de retiro con base en el IPC correspondiente a
los años 1997 a 2004, se fundamentaron en que la entidad pagadora en algunos de
esos años incrementó la mesada pensional en un porcentaje inferior al IPC, es decir, no
hace alusión al personal activo de la institución.

• El demandante detenta una situación fáctica diferente a los demás retirados que
refiere, pues mientras este obtuvo el reconocimiento de su asignación de retiro en el
año 2013, mediante la Resolución 0736 de 17 de abril de 2013,22 aquellos lo alcanzaron
antes del año 2004.
• El monto de la asignación de retiro del actor fue determinado por los valores percibidos
al momento de la culminación de su relación laboral, es decir, lo percibido cuando se
encontraba en el servicio activo.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 25 de marzo de 2021, radicado 25000-

23-42-000-2016-04804-01 (4511-2019); 29 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-04351-01
(3318-2019); 13 de agosto de 2020; 16 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-01078-01 (3772-
2018).
22 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.

17

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

En conclusión, el señor Montezuma no se encuentra en una situación igual a la de los
oficiales a quienes les fue reconocida la asignación de retiro antes del año 2004. Por
ende, es claro que tanto a este como a aquellos se les aplicó la base de liquidación que
les correspondía, según el momento en que se les otorgó el beneficio pensional, motivo
por el cual no se vulneró el derecho a la igualdad, por cuanto se demostró que su retiro
del servicio fue posterior a dicha anualidad.

Aunado a lo anterior, si bien el recurrente, como fundamento de sus pretensiones,
invoca la sentencia del 15 de diciembre de 2017, radicado
11001333502420150043600, emitida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral
de Bogotá, mediante la cual, en su concepto, se accedió a las pretensiones de la
demanda en un caso similar al sub lite; esta Subsección advierte que aquella
providencia tiene efectos inter partes y no es criterio vinculante por no tener el carácter
de sentencia de unificación, por lo tanto, no es susceptible de aplicarse en el presente
caso, máxime cuando la Sección Segunda de esta Corporación ha reiterado la tesis
contraria.

Finalmente, la Sala advierte que la figura de la excepción de inconstitucionalidad es un
«instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación
se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal
y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las
garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones
concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce
del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o
interpartes.»23

Para hacer uso de la excepción referida es menester que la contradicción sea
manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal o reglamentaria riñan de tal
manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación
simultánea. Sin embargo, a juicio de la Sala la presunta violación alegada por el
recurrente no es manifiesta, palmaria o flagrante, es decir, no puede establecerse de la
sola confrontación de la Constitución y los decretos expedidos por el Gobierno nacional

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de noviembre

de 2010, radicado 66001-23-31-000-2007-00070-01

18

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

para reajustar los salarios y las asignaciones de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública entre los años 1997 a 2004, como los identificados con los números 122 de
1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003 y 4158 de 2004; y mucho menos para declarar, con base en la pretendida
excepción de inconstitucionalidad, la nulidad de los actos acusados.

En consecuencia, al no evidenciarse la violación de normas de rango constitucional, es
improcedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad alegada y, por ende,
la declaratoria de nulidad de los actos acusados bajo este cargo, en atención a que las
entidades demandadas aplicaron la base de liquidación que le correspondía al
demandante, según el momento en que se le otorgó el beneficio pensional.

2.4.2. Frente al segundo problema jurídico

El actor solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, pues
considera que no incurrió en conductas dilatorias, temerarias o de mala fe; sino que por
el contrario actuó de forma diligente, oportuna, en aplicación a los principios
constitucionales y legales de buena fe, lealtad, celeridad, economía procesal y
transparencia.

Para desatar el anterior motivo de inconformidad, es pertinente anotar dentro de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 188 del CPACA señala que
«[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».

El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el juicio,
puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos factores como
la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los
gastos en el curso de la actuación.24

24 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-

2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile

19

Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

Una segunda interpretación se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016. 25 La
posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir que para
ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos objetivos de su
causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En dicha oportunidad la
Sala concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de
un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es
decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según
las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena
el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo
la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el
trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos,
así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de
2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo
que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de
primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y
aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía hacerse,
en los términos utilizados en la providencia en cita, una valoración objetivo - valorativa
que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme con los criterios
fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de
una actuación temeraria o de mala fe de las partes.26
No obstante, con la promulgación de la Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo 47
adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó

Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-
2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
25Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente:

William Hernández Gómez.
26 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16).
Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William
Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Tema: reliquidación pensión jubilación.

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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
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la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», la Sala debió ajustar el
anterior criterio.

De esta manera, debe entenderse que con la referida modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero del artículo
86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que «de conformidad con el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las
reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos
y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011».

Así las cosas, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (18 de
agosto de 2021), ya habían comenzado a regir las previsiones de la mentada norma,
cuya publicación data del 25 de enero de 2021, luego al resolverse sobre la imposición
de costas resultaba procedente que el a quo efectuara un estudio respecto de la
carencia de fundamentación jurídica y de la conducta de las partes en el proceso.

Bajo ese entendimiento, de la revisión de la demanda no se observa que sea manifiesta
una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario
a ello, el actor manifestó razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al
no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo, deberá revocarse la condena en
costas fijada en la sentencia de primera instancia, incluyendo las agencias en derecho
que fueron tasadas en la parte motiva de esa decisión.

3. De la condena en costas

Con base en el artículo 188 del CPACA, esta Subsección venía sosteniendo que para
imponer condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la

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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que regían la
situación particular del demandante, salvo en lo que respecta a la condena en costas,
la cual será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia del 18 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión Oral,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor

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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00325-01 (5601-2022)
Demandante: William Alberto Montezuma López

William Alberto Montezuma López contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. En su lugar se
dispone:

Segundo. No condenar en costas ni agencias en derecho al señor William
Alberto Montezuma López, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones de esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia emitida el 18 de agosto de 2021, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin costas en segunda instancia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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