Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00534-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2017-00534-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00534-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2017-00534-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 52001-23-33-000-2017-00534-01 (0176-20261).
Demandante CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada Nación – Ministerio de Trabajo
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Sanción por intermediación laboral ilegal (artículo 63,
Ley 1429 de 2010)
Decisión Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño2, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. La sociedad CEDENAR S.A. E.S.P., por conducto de apoderado judicial, promovió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las decisiones
administrativas contenidas en las Resoluciones Nos. 116 del Veinticinco (25) de agosto
de Dos Mil Dieciséis (2016), 183 del Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016)
y 037 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada, a reintegrar los valores cancelados por CEDENAR S.A. E.S.P. en
cumplimiento de los referidos actos administrativos, debidamente indexados.
1
Expediente electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700534011100103
2
Sala compuesta por los magistrados: Paulo León España Pantoja, Sandra Lucia Ojeda Insuasty y Ana Beel Bastidas Pantoja.
3
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 1.PDF.
2
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
3. Así mismo, pidió que se ordenara el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se condenara a la parte demandada
al pago de las costas procesales.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. La parte demandante indicó que, la Contraloría General de la República, puso en
conocimiento del Ministerio del Trabajo, un hallazgo de auditoría relacionado con la
presunta contratación de personal para el desarrollo de actividades permanentes y
misionales por parte de CEDENAR S.A. E.S.P., circunstancia que, dio lugar a la apertura
de una investigación administrativa por posible intermediación laboral prohibida.
5. Señaló que, durante el trámite administrativo ejerció su derecho de defensa, presentó
descargos, solicitó y aportó pruebas, e interpuso los recursos de reposición y apelación
contra la decisión sancionatoria. No obstante, sostuvo que, el Ministerio del Trabajo
desestimó sus argumentos, negó la práctica de las pruebas solicitadas y confirmó la
sanción de multa equivalente a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales
mensuales vigentes mediante las Resoluciones Nos. 116 del Veinticinco (25) de agosto
de Dos Mil Dieciséis (2016), 183 del Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016)
y 037 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).
6. Expuso que, la actuación administrativa vulneró su derecho al debido proceso, por
cuanto se practicaron pruebas sin garantizar plenamente el ejercicio de contradicción, se
negaron las pruebas solicitadas en sede de recursos y se desconoció la inexistencia de
afectación a los derechos laborales de los trabajadores. Agregó que, la administración
omitió aplicar el régimen sobre tercerización laboral previsto en el Decreto 583 de 2016,
desconoció un precedente administrativo sobre casos similares y, pese a que, la sanción
quedó ejecutoriada y fue pagada, el intento de conciliación prejudicial resultó fallido por
falta de ánimo conciliatorio de la entidad demandada.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
7. La parte demandante, invocó como normas vulneradas diversos preceptos de la
Constitución Política, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el
Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes 50 de 1990, 1233 de 2008, 1429 de 2010, 1437
de 2011 y 1610 de 2013, así como los Decretos 2025 de 2011, 1072 de 2015 y 583 de
3
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
2016, entre otras disposiciones relacionadas con la contratación laboral, el debido
proceso y la potestad sancionatoria de la administración.
8. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos acusados,
desconocieron el régimen jurídico especial aplicable a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, al equiparar indebidamente las figuras de la intermediación laboral y la
tercerización, y al sancionar una modalidad de contratación permitida por el ordenamiento
jurídico. Asimismo, afirmó que el Ministerio del Trabajo carecía de competencia para
declarar, de manera implícita, la existencia de relaciones laborales encubiertas, atribución
reservada a la jurisdicción laboral.
9. Señaló que, durante la actuación administrativa se vulneró el debido proceso, al
impedir el ejercicio efectivo del derecho de defensa, practicar y valorar irregularmente las
pruebas, negar las solicitadas en sede de recursos y proferir la sanción sin acreditar la
afectación de los derechos laborales de los trabajadores ni la configuración de una
tercerización laboral ilegal.
10. Igualmente, sostuvo que, se desconocieron la presunción de legalidad de los
contratos celebrados por la empresa y el precedente administrativo existente sobre casos
análogos, con lo cual, se infringieron los principios de igualdad, buena fe, confianza
legítima y seguridad jurídica.
2. Contestación de la demanda4.
11. La Nación – Ministerio del Trabajo, por conducto de apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda y solicitó negar las súplicas, al considerar que, los actos
administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico y que
la actuación administrativa respetó las garantías del debido proceso.
12. Sostuvo que, la investigación administrativa acreditó que CEDENAR S.A. E.S.P.
incurrió en intermediación laboral, al vincular personal mediante contratos de prestación
de servicios para el desarrollo de actividades misionales permanentes, en contravención
de lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011.
Asimismo, precisó que la sanción se fundamentó exclusivamente en la configuración de
4
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 3.PDF.
4
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
la intermediación laboral y no en la figura de la tercerización laboral regulada por el
Decreto 583 de 2016.
13. Agregó que, no se vulneró el debido proceso, por cuanto las pruebas fueron
practicadas conforme a la ley, las solicitudes probatorias formuladas por la demandante
resultaban inconducentes y el Ministerio actuó dentro de las competencias que le atribuye
el ordenamiento jurídico, sin declarar la existencia de relaciones laborales. Igualmente,
afirmó que no existía precedente administrativo aplicable al caso, pues la decisión
invocada por la demandante versaba sobre una situación jurídica distinta.
3. Sentencia de primera instancia5.
14. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que, los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio del Trabajo sancionó a
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A. E.S.P. por incurrir en
intermediación laboral se ajustaron al ordenamiento jurídico. Asimismo, condenó en
costas a la parte demandante.
15. El Tribunal consideró que, el Ministerio del Trabajo, actuó dentro del ámbito de sus
competencias de inspección, vigilancia y control, sin declarar derechos individuales ni
relaciones laborales, al encontrar acreditado que, la demandante vinculó personal
mediante contratos de prestación de servicios para el desarrollo de actividades
misionales permanentes, en contravención del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el
Decreto 2025 de 2011, lo que configuró una hipótesis de intermediación laboral
sancionable.
16. Asimismo, sostuvo que, no se configuró vulneración del debido proceso, por cuanto
la actuación administrativa respetó las garantías de defensa y contradicción, la autoridad
laboral era competente para adelantar la investigación y la sanción no implicó el
reconocimiento de relaciones laborales. Igualmente, descartó la excepción de
inconstitucionalidad propuesta frente al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y concluyó
que no existió desconocimiento del precedente administrativo invocado por la
demandante.
5
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 11Sentencia1eraInstancia-SanciónIntermediaciónLaboralArt63Ley1429de2010.
5
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
17. Finalmente, el A-quo concluyó que, no se acreditó ninguna de las causales de nulidad
invocadas por la parte demandante, por lo que negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas, al resultar vencida en el proceso.
4. El recurso de apelación6.
18. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación, contra la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022),
con el propósito de obtener su revocatoria y, en su lugar, que se accediera a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el Tribunal avaló indebidamente la
legalidad de los actos administrativos sancionatorios expedidos por el Ministerio del
Trabajo.
19. Sostuvo que, el Tribunal interpretó erróneamente el régimen jurídico aplicable a la
intermediación y tercerización laboral, al confundir ambas figuras y considerar que toda
contratación de actividades misionales permanentes constituía una conducta
sancionable. Asimismo, afirmó que el Ministerio del Trabajo carecía de competencia para
definir la existencia de relaciones laborales o calificar como ilícitos procesos de
tercerización sin una previa decisión judicial que acreditara la vulneración de derechos
laborales.
20. Indicó que, la sentencia desconoció diversas garantías del debido proceso, al validar
irregularidades ocurridas durante la actuación administrativa, entre ellas, la negativa
injustificada de practicar pruebas, la indebida valoración del material probatorio, la
recepción irregular de testimonios y la afectación de los principios de imparcialidad y
presunción de legalidad de los contratos. Igualmente, sostuvo que el Tribunal desestimó
la prueba orientada a demostrar que los contratistas actuaban con autonomía y que no
existía afectación de los derechos laborales de los trabajadores.
21. Finalmente, manifestó que, el A-quo omitió analizar que la sanción impuesta se
sustentó en un régimen de responsabilidad objetiva incompatible con el debido proceso
administrativo, validó una interpretación extensiva del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
y desconoció el precedente administrativo invocado por la demandante, en el cual el
6
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 14RecursoDeApelaciónSentenciaDemandante.
6
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
propio Ministerio del Trabajo había reconocido la licitud de un esquema de tercerización
bajo supuestos fácticos similares.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
22. Mediante auto del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026) 7, el despacho
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), por reunir los requisitos de
procedencia y oportunidad previstos en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, precisó que, el escrito
presentado por la Nación – Ministerio del Trabajo no constituía recurso de apelación, sino
el pronunciamiento previsto en el numeral 4 del citado artículo, y ordenó que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para proferir la decisión
correspondiente, salvo que las partes formularan solicitud probatoria en los términos del
artículo 212 ibidem.
6. Concepto del Ministerio Público8.
23. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar
que, los actos administrativos demandados fueron expedidos por autoridad competente,
con observancia del debido proceso y en aplicación correcta del artículo 63 de la Ley
1429 de 2010 y su normativa reglamentaria.
24. Sostuvo que, el Ministerio del Trabajo ejerció legítimamente sus funciones de
inspección, vigilancia y control, sin invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria
laboral, pues la actuación administrativa se limitó a verificar la configuración de una
infracción administrativa y no a declarar la existencia de relaciones laborales individuales.
Asimismo, estimó que, no se vulneraron los derechos de defensa y contradicción durante
el trámite sancionatorio, al no acreditarse irregularidades sustanciales en la práctica y
valoración de las pruebas.
7
Índice 00004 expediente digital – Samai.
8
Índice 00010 expediente digital – Samai.
7
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
25. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico.
26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
27. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), que negó las pretensiones de la demanda, debe
revocarse, conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante? Con
tal fin, se debe verificar:
27.1. ¿El Tribunal acertó al concluir que, el Ministerio del Trabajo, era competente
para imponer la sanción por intermediación laboral ilegal, sin invadir la
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, o, por el contrario, la actuación
administrativa implicó un pronunciamiento sobre la existencia de relaciones
laborales, reservado al juez laboral?
27.2. ¿La sentencia de primera instancia acertó al concluir que, CEDENAR S.A.
E.S.P. incurrió en intermediación laboral ilegal, en los términos del artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010, o, por el contrario, confundió dicha figura con la tercerización
laboral legítima y omitió valorar la autonomía de los contratistas y las
circunstancias particulares de la contratación?
27.3. ¿El Tribunal concluyó correctamente que, durante la actuación administrativa
no se vulneró el debido proceso o, por el contrario, desconoció las irregularidades
alegadas por la parte demandante, relacionadas con la práctica y valoración de las
pruebas, la negativa de decretar las solicitadas en sede administrativa, el presunto
8
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
desconocimiento del precedente administrativo y la aplicación de un régimen de
responsabilidad objetiva incompatible con el derecho administrativo sancionador?
28. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial; 2.4) hechos probados; 2.5)
el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. La intermediación laboral y el suministro de trabajadores en misión mediante
empresas de servicios temporales.
29. La Constitución Política, reconoce el trabajo, como un valor fundante del Estado
Social de Derecho, y dispone que, este goza de especial protección, razón por la cual, el
legislador puede autorizar distintas modalidades de organización empresarial y de
prestación del servicio, siempre que, aquellas no se traduzcan en mecanismos dirigidos
a desmejorar las garantías mínimas reconocidas a los trabajadores o a eludir las
obligaciones propias del empleador.
30. En ese contexto, la Ley 50 de 1990, reguló las empresas de servicios temporales,
como una modalidad legítima de organización empresarial, destinada al suministro
temporal de trabajadores en misión. Conforme a los artículos 71 a 74 de dicha ley, estas
empresas, celebran contratos con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente
en el desarrollo de sus actividades, mediante el envío de trabajadores vinculados
directamente por la empresa de servicios temporales, la cual, conserva la calidad de
empleadora y, por tanto, continúa siendo responsable del cumplimiento de las
obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social derivadas del vínculo jurídico
existente con aquellos.
31. El referido régimen distingue entre trabajadores de planta y trabajadores en misión.
Mientras los primeros desarrollan sus funciones, dentro de la estructura propia de la
empresa de servicios temporales, los segundos, son enviados a una empresa usuaria
para ejecutar las labores contratadas, sin que ello, modifique la titularidad del vínculo
laboral, ni traslade a la empresa beneficiaria las obligaciones que corresponden al
verdadero empleador, conforme a los artículos 71 y 74 de la Ley 50 de 1990.
9
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
32. Esta modalidad constituye una de las denominadas relaciones triangulares de trabajo,
caracterizadas por la intervención de tres sujetos jurídicamente diferenciados: la empresa
de servicios temporales, el trabajador en misión y la empresa usuaria. En tales relaciones,
el trabajador presta materialmente sus servicios en beneficio de un tercero; sin embargo,
la subordinación jurídica y las obligaciones laborales permanecen radicadas, en principio,
en cabeza de la empresa de servicios temporales, circunstancia que distingue esta figura
de otras formas de organización empresarial y explica el régimen especial previsto por el
legislador para su utilización9.
33. Ahora bien, la autorización legal para acudir al suministro de trabajadores en misión,
no tiene carácter absoluto. Por el contrario, el legislador estableció límites materiales y
temporales, encaminados a impedir que, esta figura sea utilizada para sustituir
permanentemente la contratación directa de personal o para desnaturalizar las relaciones
laborales.
34. En ese sentido, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, restringió los eventos en los
cuales, las empresas usuarias pueden contratar trabajadores en misión, al disponer que,
ello únicamente procede: (i) para ejecutar labores ocasionales, accidentales o
transitorias; (ii) para reemplazar personal en vacaciones, licencias o incapacidades; y (iii)
para atender incrementos extraordinarios de la producción, de las ventas o de la
prestación del servicio, por un término inicial de Seis (6) meses, prorrogable únicamente
por Seis (6) meses adicionales.
35. El Decreto 4369 de 2006, desarrolló dichas limitaciones y precisó que, una vez
vencido el término máximo autorizado, para atender incrementos temporales en la
actividad empresarial, la empresa usuaria, no podrá prorrogar el contrato, ni celebrar uno
nuevo, con la misma o con otra empresa de servicios temporales, mientras subsista la
causa que dio origen a la contratación. De esta manera, el reglamento impidió que, la
sucesiva celebración de contratos con diferentes empresas de servicios temporales se
convierta en un mecanismo para satisfacer necesidades permanentes, bajo la apariencia
de una contratación temporal.
36. Sobre este aspecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha señalado que 10,
9
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 3, sentencia SL3822-2022 del Nueve (9) de
noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), radicación No. 91505, M.P. Jorge Iván Prada Sánchez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Seis (6) de julio de Dos
Mil Diecisiete (2017), radicación No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
el suministro de trabajadores en misión constituye una actividad propia de las empresas
de servicios temporales, cuya licitud depende del estricto cumplimiento de los
presupuestos previstos por el legislador. En consecuencia, dicha modalidad no puede
emplearse para atender de manera permanente, el desarrollo de actividades propias del
giro ordinario de la empresa usuaria, pues ello, desborda el ámbito excepcional previsto
en la Ley 50 de 1990 y desnaturaliza la finalidad para la cual fue concebida.
37. Así las cosas, el ordenamiento jurídico reconoce la intermediación laboral, mediante
empresas de servicios temporales, como un instrumento legítimo de organización del
trabajo, siempre que, responda a necesidades verdaderamente transitorias y se utilice
dentro de los supuestos expresamente autorizados por la ley. En consecuencia, cuando
dicha modalidad es empleada para atender actividades permanentes o para sustituir de
manera indefinida la contratación directa de personal, pierde el amparo conferido por el
legislador y habilita el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control
atribuidas al Ministerio del Trabajo.
2.3.2. La prohibición de intermediación laboral prevista en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.
38. El régimen jurídico de las empresas de servicios temporales, no agota la regulación
de la intermediación laboral. Con posterioridad, el legislador expidió la Ley 1429 de 2010,
denominada «Ley de Formalización y Generación de Empleo», cuyo propósito consistió en
promover la creación de empleo formal y combatir las formas de vinculación que, pese a
revestirse de figuras jurídicas válidas, eran utilizadas para desmejorar las condiciones
laborales o sustituir de manera permanente la contratación directa de personal.
39. En desarrollo de esa finalidad, el artículo 63 de la referida ley, estableció una
prohibición expresa, respecto del personal requerido para desarrollar actividades
misionales permanentes, al disponer que este «no podrá estar vinculado a través de Cooperativas
de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que
afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales
vigentes». La norma, por consiguiente, no proscribió toda forma de contratación con
terceros, sino únicamente aquellas modalidades utilizadas para sustituir de manera
permanente el empleo directo o para desconocer las garantías reconocidas por el
ordenamiento laboral.
11
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
40. El alcance de dicha disposición, fue precisado por el Decreto 2025 de 2011. En su
artículo 1° definió la intermediación laboral como «el envío de trabajadores en misión para prestar
servicios a empresas o instituciones», actividad que, corresponde exclusivamente a las
empresas de servicios temporales reguladas por los artículos 71 y siguientes de la Ley
50 de 1990. En igual sentido, definió las actividades misionales permanentes como
aquellas «directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la
empresa». De esta manera, el reglamento armonizó el contenido del artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, con el régimen especial previsto para las empresas de servicios
temporales.
41. De la interpretación sistemática de ambas disposiciones, se desprende que, el
legislador no prohibió el suministro de trabajadores en misión como figura jurídica. La
restricción recae sobre la utilización permanente de esa modalidad, para atender
necesidades ordinarias de la empresa usuaria, pues ello, desnaturaliza el carácter
excepcional que la Ley 50 de 1990, atribuyó a las empresas de servicios temporales y
termina por sustituir la contratación directa del personal que desarrolla el objeto propio
de la organización.
42. En ese sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha precisado que 11, la
intermediación laboral y la tercerización corresponden a figuras jurídicas distintas.
Mientras la primera supone el suministro de trabajadores en misión para prestar
personalmente sus servicios a favor de una empresa usuaria, la segunda tiene por objeto
la contratación de un tercero para producir bienes o prestar servicios «bajo su cuenta y
riesgo», con autonomía técnica, administrativa y financiera. La diferencia resulta
determinante, pues, únicamente la intermediación laboral se encuentra sometida al
régimen especial previsto en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006.
43. La Corte Constitucional, también ha destacado que12, la finalidad del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010, consiste en impedir que, mecanismos jurídicamente válidos sean
utilizados para desdibujar la relación laboral o trasladar indebidamente las
responsabilidades propias del empleador. Desde esa perspectiva, la protección otorgada
por la norma, no se circunscribe al pago de salarios y prestaciones sociales, sino que,
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Seis (6) de julio de Dos
Mil Diecisiete (2017), radicación No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En esa
providencia la Subsección explicó que la intermediación laboral y la tercerización son figuras jurídicas diferentes, pues la primera
implica el envío de trabajadores en misión por parte de una empresa de servicios temporales, mientras la segunda corresponde a la
contratación de un tercero que ejecuta una actividad con autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo su propia cuenta y riesgo.
12
Corte Constitucional, sentencia C-614 de Dos Mil Nueve (2009), M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; en sentido concordante,
sentencia C-171 de Dos Mil Doce (2012), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
busca garantizar que las actividades permanentes de una empresa sean desarrolladas
mediante formas de vinculación compatibles con los principios de estabilidad, igualdad y
dignidad en el trabajo.
44. Por esa razón, la configuración de la infracción prevista en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, no depende exclusivamente de la modalidad contractual empleada, sino
de la forma como esta es utilizada en la realidad. Así, aun cuando la empresa usuaria,
acuda a una empresa de servicios temporales legalmente autorizada, incurre en
intermediación laboral prohibida, cuando destina trabajadores en misión para desarrollar
de manera permanente actividades misionales propias, por fuera de los eventos
excepcionales previstos en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006.
45. En consecuencia, la legalidad del mecanismo de vinculación, no se determina
únicamente por la naturaleza de la entidad contratada, sino por la finalidad perseguida
con la contratación y por las funciones efectivamente desarrolladas por el personal
suministrado. Cuando la contratación temporal, sustituye de manera permanente la
planta de personal o satisface necesidades ordinarias del giro empresarial, desaparece
la justificación excepcional, prevista por el legislador y surge la potestad sancionatoria
atribuida al Ministerio del Trabajo.
2.3.3. Los acuerdos de formalización laboral y su incidencia en el procedimiento
administrativo sancionatorio.
46. La Ley 1610 de 2013, fortaleció las funciones de inspección, vigilancia y control
atribuidas al Ministerio del Trabajo y, paralelamente, incorporó instrumentos orientados a
promover la formalización del empleo. Entre ellos, consagró los acuerdos de
formalización laboral, como un mecanismo preventivo, destinado a incentivar que los
empleadores adecuen voluntariamente sus formas de vinculación laboral al ordenamiento
jurídico, antes que privilegiar exclusivamente el ejercicio de la potestad sancionatoria13.
47. Conforme al artículo 13 de la Ley 1610 de 2013, los acuerdos de formalización laboral,
constituyen compromisos voluntarios, suscritos entre el Ministerio del Trabajo y los
empleadores o terceros contratantes, mediante los cuales, estos se obligan a
implementar medidas concretas encaminadas a garantizar la vinculación directa de
13
Ley 1610 de 2013, artículos 1°, 12 y 13.
13
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
trabajadores y a eliminar prácticas de intermediación laboral o de tercerización utilizadas
en contravía de la legislación laboral. En consecuencia, tales acuerdos no constituyen un
mecanismo de exoneración de responsabilidad ni implican, por sí mismos, el archivo de
las actuaciones administrativas que se encuentren en curso14.
48. El contenido de dichos acuerdos, fue desarrollado inicialmente por la Resolución No.
321 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), expedida por el Ministerio del
Trabajo, la cual, estableció los requisitos mínimos que debía contener el plan de
formalización, los compromisos asumidos por el empleador, el cronograma de ejecución,
los mecanismos de seguimiento y las condiciones para verificar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. De esta manera, el reglamento buscó garantizar que la
formalización laboral respondiera a resultados verificables y no a simples
manifestaciones de intención15.
49. Posteriormente, el Decreto 1376 de 2014, reglamentó el artículo 13 de la Ley 1610
de 2013, y precisó el procedimiento para la celebración, ejecución y seguimiento de los
acuerdos de formalización laboral. Entre otros aspectos, dispuso que dichos acuerdos
pueden celebrarse durante el trámite de las actuaciones administrativas adelantadas por
el Ministerio del Trabajo, siempre que, el empleador manifieste su voluntad de formalizar
el empleo y acredite las condiciones previstas en la reglamentación correspondiente16.
50. Ahora bien, la sola manifestación de interés en celebrar un acuerdo de formalización
laboral, no produce efectos automáticos sobre el procedimiento administrativo
sancionatorio. El artículo 10 del Decreto 1376 de 2014, prevé que, la suspensión o el
archivo de la actuación constituyen una facultad atribuida a la autoridad administrativa,
cuya procedencia depende de la suscripción del respectivo acuerdo y del cumplimiento
de los presupuestos establecidos en la ley y en la reglamentación. Por tanto, la iniciación
de conversaciones o la presentación de propuestas de formalización no generan, por sí
mismas, la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo para continuar el trámite de
la investigación administrativa17.
51. Esta interpretación resulta acorde con la finalidad de la Ley 1610 de 2013. Los
14
Ley 1610 de 2013, artículo 13.
15
Ministerio del Trabajo, Resolución No. 321 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), «Por la cual se reglamentan los acuerdos
de formalización laboral previstos en la Ley 1610 de 2013».
16
Gobierno Nacional, Decreto 1376 del Veintidós (22) de julio de Dos Mil Catorce (2014), «Por el cual se reglamentan los acuerdos
de formalización laboral previstos en la Ley 1610 de 2013».
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación No. 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
14
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
acuerdos de formalización laboral, buscan privilegiar la corrección voluntaria de prácticas
contrarias a la legislación laboral; sin embargo, ello no significa que, el ejercicio de la
potestad sancionatoria, quede suspendido automáticamente cada vez que, un empleador
manifieste su intención de acogerse a dicho mecanismo. Una interpretación en sentido,
contrario vaciaría de contenido las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas
al Ministerio del Trabajo y permitiría paralizar las investigaciones administrativas
mediante actuaciones unilaterales del investigado.
52. De esta manera, el acuerdo de formalización laboral constituye un instrumento de
política pública dirigido a promover el empleo formal, cuya eficacia jurídica depende de
su celebración y del cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el
empleador. En consecuencia, corresponde a la autoridad administrativa valorar, en cada
caso concreto, si concurren los presupuestos legales que habilitan la suspensión o
terminación de la actuación administrativa, decisión que debe adoptarse, mediante un
acto debidamente motivado y con fundamento en las circunstancias acreditadas dentro
del expediente administrativo.
53. Así las cosas, la existencia de gestiones encaminadas a formalizar el empleo o la
presentación de un proyecto de acuerdo no impiden, por sí solas, el ejercicio de la
potestad sancionatoria. Para producir efectos sobre el procedimiento administrativo
resulta necesario verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1610 de
2013, en la Resolución 321 de 2013 y en el Decreto 1376 de 2014, así como, las
decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de dichas disposiciones.
2.3.4. Las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo
en materia de intermediación laboral
54. La vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, constituye una función
atribuida al Estado, cuyo ejercicio corresponde al Ministerio del Trabajo, mediante las
competencias de inspección, vigilancia y control conferidas por el Código Sustantivo del
Trabajo y desarrolladas por la Ley 1610 de 2013. Tales atribuciones, buscan garantizar
la efectividad de los derechos mínimos de los trabajadores y prevenir la utilización de
mecanismos de contratación que, desconozcan las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico18.
18
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 485 y 486; Ley 1610 de 2013, artículos 1°, 2° y 3°.
15
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
55. En desarrollo de dichas competencias, los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo
del Trabajo, facultan al Ministerio del Trabajo, para adelantar investigaciones
administrativas, practicar pruebas, verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales
e imponer las sanciones correspondientes cuando constate la infracción de las normas
cuya vigilancia le ha sido confiada. El ejercicio de esta potestad, constituye una
manifestación del poder sancionador de la administración y, por tanto, debe desarrollarse
con estricta observancia de los principios que gobiernan las actuaciones administrativas,
particularmente los de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, debido proceso y
contradicción.
56. Posteriormente, la Ley 1610 de 2013, fortaleció dichas competencias, al establecer
un régimen especial para las inspecciones del trabajo, y reiterar que, corresponde al
Ministerio del Trabajo, ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. Para ese efecto, atribuyó a
los inspectores del trabajo la facultad de adelantar investigaciones administrativas e
imponer las sanciones previstas en la ley, cuando se acrediten infracciones al
ordenamiento laboral19.
57. Tratándose de la intermediación laboral, la potestad sancionatoria comprende la
verificación de los presupuestos previstos en la Ley 50 de 1990, la Ley 1429 de 2010, la
Ley 1610 de 2013 y sus decretos reglamentarios, con el propósito de determinar si la
contratación utilizada por el empleador, se ajusta a los eventos autorizados por el
legislador o si, por el contrario, constituye un mecanismo destinado a atender
necesidades permanentes mediante modalidades de vinculación prohibidas.
58. No obstante, el ejercicio de dichas facultades no se agota en la constatación objetiva
del incumplimiento normativo. Como toda manifestación del ius puniendi estatal, la
imposición de sanciones administrativas exige que la autoridad adelante una actuación
respetuosa del debido proceso, permita el ejercicio efectivo de los derechos de defensa
y contradicción, valore integralmente el material probatorio y motive adecuadamente las
decisiones que adopte durante la investigación. En consecuencia, la legalidad de los
actos sancionatorios depende tanto de la acreditación de la conducta infractora como del
respeto de las garantías que amparan al investigado durante toda la actuación
19
Ley 1610 de 2013, artículos 1° a 13.
16
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
administrativa20.
59. Asimismo, la graduación de la sanción, debe sujetarse a los criterios previstos por el
legislador y responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese
sentido, la administración no puede limitarse a imponer la sanción máxima prevista en la
ley, sino que, debe justificar la dosimetría aplicada a partir de las circunstancias
acreditadas en cada caso concreto, de la gravedad de la infracción y de los demás
criterios previstos en el ordenamiento jurídico21.
60. En consecuencia, el control jurisdiccional de los actos administrativos sancionatorios,
comprende tanto la verificación de la correcta aplicación de las normas sustanciales, que
regulan la intermediación laboral, como el examen del procedimiento administrativo, que
condujo a la imposición de la sanción, incluida la observancia de las garantías propias
del debido proceso y la adecuada motivación de las decisiones adoptadas por la
administración.
2.4. Hechos probados.
61. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente
al marco normativo y jurisprudencial previamente expuesto. En ese sentido, de acuerdo
con el material probatorio obrante en el expediente y con los hechos acreditados durante
la actuación administrativa y judicial, se destacan los siguientes elementos de convicción:
62. Contratos de prestación de servicios Nos. 127, 144, 145, 190, 197, 198, 199, 208,
212 y 418 de 201422, celebrados por CEDENAR S.A. E.S.P. con personas naturales y
jurídicas, cuyo objeto comprendió, entre otros, el mantenimiento preventivo y correctivo
de redes eléctricas, el desarrollo de órdenes de trabajo relacionadas con control de
pérdidas, atención al cliente, facturación, toma de lecturas, recaudo de cartera,
instalación de medidores, programas de uso eficiente de la energía y demás actividades
asociadas a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, así:
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación No. 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia la Subsección reiteró que la potestad sancionatoria del Ministerio del Trabajo debe ejercerse con observancia de las
garantías propias del debido proceso, mediante una adecuada valoración del material probatorio y una motivación suficiente de las
decisiones adoptadas durante la actuación administrativa.
21
Ley 1610 de 2013, artículo 12.
22
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – Fls. 197-201, 570-574, 915-920, 2664-2669, 3586-3592, 4232-4237, 4658-
4663, 5405-5411, 6273-6276 y 7112-7117 del expediente administrativo.
17
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
Contrato Contratista Naturaleza Objeto contractual
Ingenieros Civiles y Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
190 de Persona
Eléctricos de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P., en redes de nivel
2014 jurídica
Colombia S.A.S. de tensión I y II, en diferentes municipios de Nariño.
Prestación de servicios de mano de obra para desarrollar
199 de Germán Rendón Persona órdenes de trabajo en terreno solicitadas por las áreas de
2014 Velásquez natural control de pérdidas, centro técnico, atención al cliente y
facturación, en la zona sur de Nariño.
Mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas
208 de Carmen Alicia Persona de la zona norte de la Cordillera de Nariño y atención de
2014 Calvache Ortega natural los daños reportados por las oficinas de CEDENAR S.A.
E.S.P.
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
212 de Persona distribución de CEDENAR S.A. E.S.P. en redes de niveles
Proveingsur S.A.S.
2014 jurídica I, II y III de la zona occidente de Nariño, incluido el
corredor de redes a 34,5 KV.
Prestación de servicios de mano de obra para
normalización de medidores, diligenciamiento de actas de
418 de Germán Helí Persona
revisión e instalación de equipos de medida, seguimiento
2014 Rendón Velásquez natural
de usuarios, instalación de gabinetes y redes secundarias,
entre otras actividades.
Prestación de servicios de mano de obra para desarrollar
198 de R y R Suministros e Persona órdenes de trabajo en terreno solicitadas por las áreas de
2014 Ingeniería S.A.S. jurídica control de pérdidas, centro técnico, atención al cliente y
facturación, en la zona norte de Nariño.
Prestación de servicios de mano de obra para desarrollar
197 de Jairo Fernando Persona órdenes de trabajo en terreno solicitadas por las áreas de
2014 Cajigas Córdoba natural control de pérdidas, centro técnico, atención al cliente y
facturación, en la zona occidente de Nariño.
Toma de lecturas y reparto de facturas, gestión y cobro de
cartera, atención de peticiones, quejas y reclamaciones, y
127 de Efraín Bastidas Persona
ejecución de órdenes de trabajo relacionadas con
2014 Cornejo natural
matrículas, instalación de medidores, atención al cliente,
facturación, suspensiones y reconexiones.
Prestación de servicios profesionales para programas de
144 de Freider Homero Persona
socialización, ahorro y manejo eficiente de la energía
2014 Calvachi Ocampo natural
eléctrica en las zonas norte, centro y occidente de Nariño.
Prestación de servicios profesionales para programas de
145 de Iusempresarial Persona
socialización, ahorro y manejo eficiente de la energía
2014 S.A.S. jurídica
eléctrica en la zona sur de Nariño.
63. Tras el traslado del hallazgo efectuado por la Contraloría General de la República, el
Ministerio del Trabajo, dio inicio a la actuación administrativa, corrió traslado a CEDENAR
S.A. E.S.P. para ejercer su derecho de defensa, formuló pliego de cargos mediante Auto
No. 11 del Once (11) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016)23, decretó prueba testimonial
mediante Auto No. 017 del Veinte (20) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016) 24 y,
posteriormente, mediante Auto No. 021 del Doce (12) de mayo de Dos Mil Dieciséis
(2016)25, rechazó la solicitud de nulidad formulada por la empresa respecto de la práctica
23
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 1.pdf.
24
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 2.pdf. .
25
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 3.pdf.
18
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
de dichas pruebas.
64. Mediante Resolución No. 116 del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016)26, el Ministerio del Trabajo impuso a CEDENAR S.A. E.S.P. una multa equivalente
a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al considerar
acreditada la configuración de intermediación laboral prohibida por el artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010. De acuerdo con la valoración de los contratos efectuada durante la
actuación administrativa, la autoridad encontró que, estos fueron utilizados para vincular
personal destinado al desarrollo de actividades misionales permanentes de la empresa y
que, adicionalmente, en algunos de ellos se presentaban circunstancias que
evidenciaban una ausencia de autonomía e independencia del contratista frente a
CEDENAR S.A. E.S.P., particularmente, la exigencia de aprobación previa del personal
vinculado y la utilización de materiales suministrados por la empresa. Estos elementos
fueron considerados conjuntamente para establecer que la contratación no correspondía
simplemente a la ejecución autónoma de un servicio por un tercero, sino a una modalidad
de vinculación de personal comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo
63 de la Ley 1429 de 2010. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de
reposición y, en subsidio, apelación, resueltos mediante las Resoluciones Nos. 183 del
Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016)27 y 037 del Nueve (9) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017)28, las cuales confirmaron íntegramente la sanción impuesta.
65. Mediante decisión del Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016)29, la
directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial declaró improcedente la
recusación formulada por la demandante y no aceptó el impedimento manifestado por el
director Territorial de Nariño. Posteriormente, el Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), se declaró la ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios y
se consignó el valor de la multa a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Finalmente, el Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), la Procuraduría
declaró fallida la conciliación extrajudicial por falta de ánimo conciliatorio de la entidad
demandada.
26
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 4.pdf.
27
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 5.pdf.
28
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20260126zip(.zip) – 52001233300020170053400
(2017-534) – 00ExpedienteFísicoDigitalizadoPorServifoft – 6.pdf.
29
Ibidem.
19
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
2.5. Caso concreto
66. Corresponde a la Sala, resolver el recurso de apelación, interpuesto por CEDENAR
S.A. E.S.P., contra la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós
(2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual, se negaron
las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, el análisis se desarrollará conforme a
los problemas jurídicos previamente delimitados, a partir de los argumentos expuestos
por la parte apelante, el material probatorio obrante en el expediente y el marco normativo
y jurisprudencial aplicable a la potestad sancionatoria del Ministerio del Trabajo en
materia de intermediación laboral ilegal.
67. En ese contexto, la Sala advierte que, el recurso de apelación cuestiona, en primer
lugar, la competencia del Ministerio del Trabajo, para imponer la sanción demandada, al
considerar que, la autoridad administrativa excedió las facultades de inspección,
vigilancia y control que le atribuye el ordenamiento jurídico, pues, a juicio de la recurrente,
la determinación de si existía, o no, una verdadera relación laboral, correspondía
exclusivamente a la jurisdicción ordinaria laboral. De allí que, el primer aspecto por
resolver consiste en establecer si el Tribunal acertó al descartar dicho reparo.
68. Sobre este punto, la Sala recuerda que, la competencia atribuida al Ministerio del
Trabajo para adelantar investigaciones administrativas e imponer sanciones por
infracción de la legislación laboral encuentra fundamento en los artículos 485 y 486 del
Código Sustantivo del Trabajo y fue reforzada por la Ley 1610 de 2013. Tales
disposiciones, habilitan a esa cartera ministerial para verificar el cumplimiento de las
normas laborales y adoptar las medidas sancionatorias correspondientes, cuando
advierta la configuración de conductas expresamente previstas por el legislador, entre
ellas, la intermediación laboral prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
69. En ese contexto, las facultades de inspección, vigilancia y control, conferidas al
Ministerio del Trabajo, le permiten verificar el cumplimiento de la legislación laboral y
sancionar las conductas que el legislador ha tipificado como infracciones administrativas.
No obstante, tales atribuciones no comprenden la declaración de la existencia de
relaciones laborales, ni el reconocimiento de los derechos individuales que de ellas se
deriven, pues, dichas materias corresponden al conocimiento de la jurisdicción ordinaria
laboral.
20
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
70. Bajo ese entendimiento, no comparte la Sala el argumento de la apelante, según el
cual, la administración únicamente podía imponer una sanción, después que un juez
laboral, declarara la existencia de relaciones laborales encubiertas. Esa interpretación no
encuentra respaldo en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, ni en la Ley 1610 de 2013,
pues, la infracción administrativa allí prevista, no tiene como presupuesto una previa
decisión judicial sobre la naturaleza del vínculo entre los trabajadores y el empleador,
sino, la comprobación que la modalidad de contratación utilizada, desconoció las
restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico para el desarrollo de actividades
misionales permanentes.
71. En efecto, de los actos administrativos demandados, se advierte que, el Ministerio del
Trabajo, no declaró la existencia de contratos de trabajo entre CEDENAR S.A. E.S.P. y
las personas que ejecutaban las actividades contratadas, ni ordenó el reconocimiento de
salarios, prestaciones sociales o cualquier otro derecho de carácter individual. La
autoridad administrativa, examinó la modalidad de contratación utilizada por la empresa
a la luz de las restricciones previstas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y su
reglamentación, teniendo en cuenta no solamente que los servicios contratados
correspondían a actividades misionales permanentes, sino también las condiciones en
que fueron ejecutados. En particular, fueron considerados elementos relacionados con la
falta de autonomía e independencia de algunos contratistas, como la exigencia de
aprobación previa del personal por parte de CEDENAR S.A. E.S.P. y la utilización de
materiales suministrados por esta, circunstancias que, valoradas conjuntamente, llevaron
a la administración a concluir que se configuraba la conducta sancionada.
72. Esa actuación, resulta compatible con la distribución constitucional y legal de
competencias. Mientras corresponde al juez laboral, definir la existencia de relaciones
individuales de trabajo y los efectos patrimoniales derivados de ellas, compete al
Ministerio del Trabajo, verificar el cumplimiento de las disposiciones que, regulan la
intermediación laboral e imponer las sanciones administrativas, cuando constate su
infracción. Se trata, por tanto, de competencias distintas, con finalidades igualmente
diferentes, que no se excluyen entre sí.
73. Descendiendo al caso concreto, tampoco observa la Sala que, la motivación de los
actos administrativos evidencie que el Ministerio del Trabajo, hubiera desbordado ese
ámbito competencial. Por el contrario, la Resolución No. 116 del Veinticinco (25) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), confirmada mediante las Resoluciones Nos. 183 del
21
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y 037 del Nueve (9) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017), fundamentó la sanción en el incumplimiento de la prohibición
prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, sin efectuar declaración alguna sobre
la existencia de contratos laborales individuales, ni reconocer derechos cuya definición
corresponda a la jurisdicción ordinaria laboral.
74. En esas condiciones, comparte la Sala la conclusión alcanzada por el Tribunal
Administrativo de Nariño, según la cual, el Ministerio del Trabajo, actuó dentro del marco
de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el primer
reparo formulado en el recurso de apelación, no está llamado a prosperar, pues, la parte
demandante no demostró que la autoridad administrativa hubiera invadido la órbita
funcional reservada a la jurisdicción ordinaria laboral, ni que los actos administrativos
acusados adolezcan de un vicio de incompetencia.
75. Definido lo anterior, corresponde a la Sala, determinar si el Tribunal Administrativo de
Nariño, acertó al concluir que, CEDENAR S.A. E.S.P. incurrió en la conducta prohibida
por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 o, por el contrario, como lo sostiene la apelante,
la contratación cuestionada correspondió a una modalidad legítima de tercerización de
servicios y no a un supuesto de intermediación laboral ilegal.
76. Sobre este aspecto, la recurrente afirma que, el Ministerio del Trabajo confundió las
figuras de intermediación laboral y tercerización, al considerar que toda contratación de
actividades misionales permanentes mediante contratos de prestación de servicios
constituye, por sí misma, una infracción administrativa. En su criterio, la legalidad de los
contratos debía analizarse a partir de la autonomía técnica, administrativa y financiera de
los contratistas y no únicamente desde el objeto desarrollado por estos.
77. La Sala no comparte esa interpretación. Como quedó expuesto en el marco normativo
de esta providencia, la intermediación laboral y la tercerización corresponden a
instituciones jurídicas diferentes, con presupuestos y finalidades igualmente distintas.
Mientras la primera, supone el suministro de trabajadores en misión para prestar
personalmente sus servicios a favor de una empresa usuaria, la segunda, tiene por objeto
la contratación de un tercero que ejecuta una actividad con autonomía técnica,
administrativa y financiera, bajo su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, la sola
denominación otorgada por las partes al negocio jurídico o la modalidad contractual
empleada, no resultan suficientes para determinar la licitud de la contratación, pues
22
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
corresponde verificar el contenido material de las obligaciones asumidas y la forma en
que estas fueron ejecutadas30.
78. Precisamente por esa razón, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, no proscribió toda
forma de contratación con terceros para el desarrollo de actividades empresariales. La
restricción recae sobre aquellas modalidades de vinculación utilizadas para sustituir de
manera permanente el empleo directo o para afectar los derechos constitucionales,
legales y prestacionales de los trabajadores, finalidad que el Decreto 2025 de 2011,
armonizó con el régimen especial previsto para las empresas de servicios temporales31.
79. Desde esa perspectiva, el examen de legalidad de los actos administrativos
demandados, no puede limitarse, como lo propone la apelante, a constatar que, los
contratos fueron celebrados con personas naturales o jurídicas formalmente
independientes de CEDENAR S.A. E.S.P. Tampoco resulta suficiente, por sí solo,
verificar que las actividades contratadas correspondían al giro ordinario y permanente de
la empresa. Lo jurídicamente relevante consiste en establecer si, además de recaer sobre
actividades misionales permanentes, la contratación fue utilizada para suministrar
personal a CEDENAR S.A. E.S.P. en condiciones que desnaturalizaran la autonomía
propia de una verdadera tercerización y configuraran la intermediación laboral prohibida
por el artículo 63 de la Ley 1429 de 201032.
80. Al descender al caso concreto, observa la Sala que los contratos de prestación de
servicios incorporados al expediente tuvieron por objeto el mantenimiento preventivo y
correctivo de redes eléctricas, la ejecución de órdenes de trabajo relacionadas con control
de pérdidas, atención al cliente, facturación, instalación de medidores, toma de lecturas,
recaudo de cartera y programas de uso eficiente de la energía, entre otras actividades
directamente vinculadas con la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, objeto para el cual fue constituida CEDENAR S.A. E.S.P.
81. La Sala reconoce que, el carácter misional y permanente de tales actividades no
permite establecer, por sí solo, la existencia de intermediación laboral. Sin embargo, en
este caso, ese elemento concurre con otras circunstancias que, fueron expresamente
valoradas dentro de la actuación administrativa, y que, permiten establecer una diferencia
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Seis (6) de julio de Dos
Mil Diecisiete (2017), radicación No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31
Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010; artículo 1 del Decreto 2025 de 2011.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación No. 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
23
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
relevante, frente a una tercerización ejecutada por un contratista verdaderamente
autónomo.
82. En efecto, de acuerdo con la valoración probatoria acogida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en los contratos Nos. 197, 198, 199, 144 y 418 de 2014 el
personal que debía ser vinculado por los respectivos contratistas estaba sujeto a
aprobación previa por parte de CEDENAR S.A. E.S.P. Asimismo, respecto de los
contratos Nos. 190 y 212 de 2014, se estableció que, los contratistas ejecutaban las
actividades contratadas utilizando materiales suministrados por la empresa. Estos
elementos fueron considerados indicativos que, los contratistas no conservaban plena
autonomía e independencia en la ejecución de las obligaciones asumidas.
83. Tales circunstancias adquieren especial relevancia, si se tiene en cuenta que, varios
de los contratos fueron expresamente concebidos como prestaciones de « mano de obra»
para desarrollar órdenes de trabajo solicitadas por distintas áreas de CEDENAR S.A.
E.S.P. Así ocurre, entre otros, con los contratos Nos. 197, 198 y 199 de 2014, cuyos
objetos se referían al desarrollo de órdenes de trabajo en terreno relacionadas con control
de pérdidas, centro técnico, atención al cliente y facturación. De igual manera, el contrato
No. 418 de 2014 comprendió la prestación de servicios de mano de obra, para actividades
relacionadas con la normalización e instalación de medidores, seguimiento de usuarios e
instalación de redes.
84. En esas condiciones, la Sala encuentra que, la sanción no se sustentó
exclusivamente en la naturaleza permanente y misional de las actividades contratadas.
La autoridad administrativa valoró, de manera conjunta, el objeto de los contratos y las
condiciones en que estos debían ejecutarse, particularmente la intervención de
CEDENAR S.A. E.S.P. en la selección del personal, que sería vinculado por algunos
contratistas y la utilización de medios materiales suministrados por la empresa en otros
casos. Tales elementos, permitieron concluir que, los contratistas no actuaban, en todos
los casos examinados, como terceros dotados de plena autonomía técnica, administrativa
y operativa para ejecutar por su propia cuenta y riesgo una actividad empresarial
diferenciada, sino que, mediante los contratos de prestación de servicios, se vinculaba
personal para atender de manera permanente necesidades propias del objeto social de
CEDENAR S.A. E.S.P.
24
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
85. Bajo estas consideraciones, la Sala no encuentra que, el Ministerio del Trabajo, haya
confundido las figuras de intermediación laboral y tercerización. Por el contrario, la
conclusión administrativa se apoyó en la valoración conjunta de las actividades
contratadas, su carácter misional y permanente y, especialmente, las condiciones de
ejecución de algunos de los contratos, que evidenciaron restricciones a la autonomía de
los contratistas y la utilización de estos para vincular personal destinado a atender
necesidades permanentes de CEDENAR S.A. E.S.P. En consecuencia, el segundo cargo
de apelación tampoco está llamado a prosperar.
86. Corresponde ahora a la Sala establecer si, como lo sostiene la parte apelante, durante
la actuación administrativa se vulneró el debido proceso, en razón de las presuntas
irregularidades en la práctica y valoración de las pruebas, la negativa de decretar las
solicitadas en sede administrativa, el desconocimiento del precedente administrativo
invocado y la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva incompatible con el
derecho administrativo sancionador.
87. En relación con el primer aspecto, la demandante sostiene que, la autoridad
administrativa practicó pruebas sin garantizar plenamente el ejercicio del derecho de
contradicción, particularmente respecto del testimonio rendido por uno de los declarantes,
cuya recepción se llevó a cabo sin la presencia de la empresa, pese a que, esta había
solicitado el aplazamiento de la diligencia. Agrega que, posteriormente, el Ministerio del
Trabajo, se abstuvo de resolver la solicitud de nulidad, formulada con ocasión de dicha
actuación y negó las pruebas solicitadas al interponer los recursos contra la decisión
sancionatoria.
88. La Sala advierte que, si bien el debido proceso, exige que, toda prueba incorporada
a una actuación administrativa pueda ser conocida y controvertida por el investigado, no
toda irregularidad procesal tiene la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio. Para que ello ocurra, corresponde a quien
la alega, demostrar que la actuación cuestionada, tuvo incidencia real y determinante en
la decisión adoptada, y que, la limitación al ejercicio del derecho de defensa, produjo un
menoscabo efectivo de las garantías procesales.
89. En el presente asunto, la parte demandante no acreditó que, la recepción del
testimonio cuestionado, hubiera constituido el fundamento exclusivo o determinante de
la sanción impuesta. Por el contrario, de la motivación contenida en las Resoluciones
25
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
Nos. 116 del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), 183 del Nueve (9)
de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y 037 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), se advierte que, la autoridad administrativa sustentó su decisión,
principalmente, en el análisis de los contratos de prestación de servicios celebrados por
CEDENAR S.A. E.S.P., en su objeto contractual y en las funciones desarrolladas por el
personal vinculado mediante dichos contratos, elementos probatorios cuya autenticidad
y contenido no fueron objeto de controversia.
90. Igual conclusión se impone, respecto de la negativa de decretar las pruebas
solicitadas, en sede de los recursos administrativos. Si bien la administración tiene el
deber de motivar las decisiones mediante las cuales, rechaza las pruebas propuestas por
los sujetos procesales, la parte demandante, tampoco demostró que, los medios de
convicción cuya práctica reclamaba resultaran indispensables, para modificar las
conclusiones alcanzadas durante la investigación administrativa, o que, la negativa
hubiera impedido desvirtuar los hechos que sirvieron de fundamento a la sanción.
91. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente administrativo, observa la
Sala que, la decisión invocada por la demandante, corresponde a la Resolución No.
000339 del Veinte (20) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por la Dirección
Territorial del Tolima del Ministerio del Trabajo. Según lo expuesto en la demanda y
recogido por el Tribunal Administrativo de Nariño, en dicha actuación se analizó un
supuesto de tercerización laboral a la luz del Decreto 583 de 2016 y se concluyó que la
contratación examinada era legítima, al encontrarse acreditada la autonomía del
contratista en el manejo de los medios de producción y frente a los trabajadores En
consecuencia, no resulta posible afirmar que, el Ministerio del Trabajo, hubiera
desconocido los principios de igualdad, confianza legítima o seguridad jurídica, pues la
obligatoriedad del precedente administrativo, presupone la existencia de identidad fáctica
y jurídica entre los asuntos comparados, circunstancia que, no se encuentra acreditada
en el expediente.
92. Finalmente, tampoco prospera el argumento según el cual, la sanción se fundamentó
en un régimen de responsabilidad objetiva incompatible con el debido proceso. La Sala
advierte que la controversia no puede resolverse a partir de la sola afirmación de que la
administración verificó la existencia de actividades misionales permanentes, pues, como
se explicó, la conducta sancionada fue establecida a partir de la concurrencia de dicho
elemento con las condiciones concretas de contratación y ejecución examinadas por la
26
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
autoridad administrativa. En particular, se valoró que algunos contratistas debían someter
previamente a aprobación de CEDENAR S.A. E.S.P. el personal que vincularían y que
otros ejecutaban las actividades con materiales suministrados por la empresa. En
consecuencia, la sanción obedeció a la comprobación de los presupuestos objetivos
previstos por el legislador, para la configuración de la infracción administrativa y no a la
atribución automática de responsabilidad por el solo desarrollo de una actividad
empresarial.
93. Siendo así las cosas, la Sala estima que, la parte demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. Los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, no evidencian una interpretación equivocada del
régimen jurídico aplicable, ni la configuración de irregularidades sustanciales, capaces
de afectar la validez de la actuación administrativa o de infirmar las conclusiones
alcanzadas por el Tribunal Administrativo de Nariño. En consecuencia, se confirmará la
sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
2.6 Condena en costas.
94. En el presente asunto, no obra prueba que permita a la Sala establecer la causación
de expensas procesales susceptibles de reconocimiento, ni se advierte una actividad
procesal que justifique la fijación de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.
Adicionalmente, no se evidencia que la actuación procesal de CEDENAR S.A. E.S.P.
haya estado determinada por temeridad o mala fe, pues los argumentos formulados en
la demanda y en el recurso de apelación estuvieron dirigidos a cuestionar la legalidad de
los actos administrativos y fueron sustentados en razones jurídicas y probatorias
relacionadas con la controversia planteada. En consecuencia, la Sala revocará el ordinal
segundo de la sentencia de primera instancia, mediante el cual se impuso condena en
costas.
95. Por las mismas razones, tampoco habrá lugar a condenar en costas en esta instancia,
toda vez que no se acreditó su causación durante el trámite del recurso de apelación ni
se advierte una conducta procesal temeraria o de mala fe que justifique su imposición.
En consecuencia, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta instancia,
de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso.
27
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
2.7 Conclusiones.
96. La Sala concluye que, el Ministerio del Trabajo, ejerció válidamente sus funciones de
inspección, vigilancia y control, sin invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria
laboral; que CEDENAR S.A. E.S.P. incurrió en la conducta prevista en el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010; y que durante la actuación administrativa se respetaron las
garantías del debido proceso. En consecuencia, al no prosperar los argumentos del
recurso de apelación, se confirmará el ordinal primero de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós
(2022), se revocará el ordinal segundo, que condenó en costas a la parte demandante, y
se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente, la sentencia proferida el Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda promovida por CEDENAR
S.A. E.S.P., contra la Nación – Ministerio del Trabajo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. – REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante el cual se condenó en costas a la parte demandante.
TERCERO. – Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO. – Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
28
Interno: 0176-2026
Demandante: CEDENAR S.A. E.S.P.
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.