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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00546-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00546-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante, en favor de la demandada. Sin agencias en derecho de la segunda instancia. TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2017-00546-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-011 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Demandado: Gerardo Enrique Prada y otros
Proceso: Repetición

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. REPETICIÓN CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA-Su
improcedencia está sometida al régimen de condicionalidades del sistema de la JEP, previo pronunciamiento
de un órgano competente de dicha jurisdicción. CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIÓN DE REPETICIÓN-En
vigencia de la Ley 678 de 2001, le corresponde al demandante acreditar la presunción y al demandado
desvirtuarla. CONDENA EN COSTAS-Procede en repetición porque no se ventila un interés público. COSTAS-
Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 1 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de junio de 2006, agentes del Ejército Nacional hirieron de muerte a Rodrigo
Parra Ruiz y Albeiro Jurado Rojas, en la vereda «San Isidro» del municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo. Los militares los presentaron como integrantes de grupos
armados ilegales muertos en combate.

El 23 de mayo de 2014, la jurisdicción de lo contencioso administrativo profirió
sentencia condenatoria definitiva por estos hechos y ordenó el pago de perjuicios

1
Tramitado con rads. 11001-33-43-062-2017-00048-00, 25000-23-36-000-2017-01161-00 y 86001-33-40-002-
2017-00222-00.

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

morales y materiales a los familiares de las víctimas. La entidad pagó la condena y
demandó a seis agentes en repetición, al considerar que su conducta fue
gravemente culposa y derivó en la condena impuesta.

ANTECEDENTES

Demanda

El 24 de febrero de 2017, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
presentó demanda de repetición contra Gerardo Enrique Prada, Duván Herrera
Plazas, Rubén Darío Vanegas, Leonid Alfredo Quengán Burbano, José Antonio
Mena y Carlos Andrés Parra Rubio, para que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:

«PRIMERA: Que se declare responsable a los señores GERARDO ENRIQUE
PRADA, DUVÁN HERRERA PLAZAS, RUBÉN DARÍO VANEGAS, LEONID
ALFREDO QUENGÁN BURBANO, JOSÉ ANTONIO MENA y CARLOS ANDRÉS
PARRA RUBIO, por los perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, como consecuencia de la condena
proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Mocoa, quien en fallo
del 24 de febrero de 2011, confirmada y modificada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de 23 de mayo de 2014, declaró
administrativamente responsable a la entidad, como consecuencia de los perjuicios
causados a los demandantes, dentro del proceso con radicado No.
200700146[4023], donde se le imputó a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, la responsabilidad por la muerte del señor
RODRIGO PARRA RUIZ, en hechos ocurridos el 20 de junio de 2006, en la Vereda
San Isidro de la Jurisdicción del Municipio de Puerto Caicedo.

SEGUNDA: Que se condene a los demandados señores GERARDO ENRIQUE
PRADA, DUVÁN HERRERA PLAZAS, RUBÉN DARÍO VANEGAS, LEONID
ALFREDO QUENGÁN BURBANO, JOSÉ ANTONIO MENA y CARLOS ANDRÉS
PARRA RUBIO, por los perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, a cancelar la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CON CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS M/CTE
($443.546.055.66), a favor de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
suma que pago esta entidad por concepto de capital (SIN INTERESES), a favor del
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CxC, administrada por la
sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., ésta última representada legalmente por el
señor Arturo Boada Benavidez, firma autorizada mediante contrato de cesión para
recibir el pago correspondiente, a través de la Resolución No. 7243 de fecha 16 de
Agosto de 2016, en cumplimiento a la condena proferida por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Mocoa, quien en fallo 24 de febrero de 2011,
confirmada y modificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Nariño en sentencia de 23 de mayo de 2014, proceso con radicado No.
200700146(4023).

TERCERA: Que se condene a los señores GERARDO ENRIQUE PRADA, DUVÁN
HERRERA PLAZAS, RUBÉN DARÍO VANEGAS, LEONID ALFREDO QUENGÁN

2

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

BURBANO, JOSÉ ANTONIO MENA y CARLOS ANDRÉS PARRA RUBIO, al pago
de los intereses comerciales a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso,
hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación impuesta.

CUARTA: Que se ajuste la condena tomando como base el índice del precio al
consumidor»2.

Hechos

La parte demandante narró que, el 20 de junio de 2006, Rodrigo Parra Ruiz y Albeiro
Jurado Rojas fueron dados de baja en la vereda San Isidro del municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo, por miembros del batallón No. 25 «Gr. Roberto Domingo Rico
Díaz» del Ejército Nacional.

Por estos hechos, se inició investigación disciplinaria por el comandante del
batallón, así como instrucción penal de la Fiscalía 70 Especializada DFNE Derechos
Humanos y DIH, por el delito de homicidio en persona protegida en concurso con
secuestro simple agravado. A su turno, los familiares de Rodrigo Parra Ruiz
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, con fundamento en los hechos antes descritos.

El proceso de reparación directa concluyó con sentencia de segunda instancia
dictada el 23 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió
a las pretensiones y declaró responsable a la entidad. Mediante Resolución No.
7243 del 16 de agosto de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó el pago a
favor de los demandantes por valor de $696.047.577,64.

La entidad pagó la suma ordenada y demandó a Gerardo Enrique Prada, Duván
Herrera Plazas, Rubén Darío Vanegas, Leonid Alfredo Quengán Burbano, José
Antonio Mena y Carlos Andrés Parra Rubio. Argumentó que la conducta desplegada
por estos militares fue gravemente culposa, con fundamento en lo expuesto en las
sentencias condenatorias.

El libelo refirió que, en el proceso de reparación directa, se demostraron
contradicciones en las declaraciones de los soldados, además de constatar que la
Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los agentes demandados. Al

2 Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 228-229.

3

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

dar muerte a los señores Parra Ruiz y Jurado Rojas, los agentes vulneraron el
derecho fundamental a la vida de los civiles y su calidad de personas protegidas
conforme al Derecho Internacional Humanitario, además de contrariar su obligación
de salvaguardar y proteger a las personas no combatientes3.

Contestación de la demanda

El curador ad litem de los demandados se opuso a las pretensiones, por cuanto no
se allegaron al proceso las pruebas que dieron lugar a la sentencia de condena.
Añadió que los medios probatorios allegados no respaldan la calidad de Rubén
Darío Villegas y Leonid Alfredo Quengán, de modo que ellos carecen de legitimación
en la causa por pasiva.

En cuanto a las sentencias que condenaron al Estado, anotó que estas decisiones
encontraron probada una falla en el servicio, pero no se encaminaron al análisis
particular de la actuación de los agentes. Por último, expresó que no está
demostrada la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados, aunado
a que se desconoce si se emitió decisión definitiva en los procesos disciplinarios y
penales correspondientes4.

Sentencia de primera instancia

El 1 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda. Constató el cumplimiento de los
presupuestos objetivos de la repetición –la existencia de una condena contra el
Estado, el pago efectuado y la condición de exagente–. No obstante, el Tribunal no
encontró que la culpa grave aducida en la demanda contara con respaldo
probatorio, en tanto el análisis integral de las pruebas no permite establecer
plenamente el actuar de cada uno de los agentes.

Resaltó que la sentencia que condenó al Estado no ahondó en la responsabilidad
subjetiva de sus agentes, por cuanto ello no es propio de ese tipo de juicios. En
cuanto a las actuaciones penales y disciplinarias, refirió que obran pruebas de la
existencia y estado de esos procesos, pero no se allegó expediente o decisión

3
Ibidem, p. 226-248.
4 Samai, índice 2, documento «18ED_EXPTRIBUN_015CONTESTACIONDEMAN».

4

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

alguna. Añadió que el Ejército no adelantó ninguna actividad tendiente al recaudo
probatorio de las actuaciones penales y disciplinarias contra la parte demandada,
aun cuando la Fiscalía dejó esos documentos a su disposición5.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Reiteró que la calificación de la conducta de los agentes, sea dolosa o
gravemente culposa, se puede adelantar a partir de la sentencia de reparación
directa y las decisiones de apertura de indagaciones disciplinarias y penales6.

Trámite de segunda instancia

El 15 de febrero de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y, el 5 de
junio siguiente, el Despacho lo admitió8. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes y el agente
del Ministerio Público guardaron silencio9.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 24 de febrero de 2017, por ello, el régimen procesal
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA10, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código11, en los aspectos no contemplados se

5 Samai, índice 2, documento «33ED_EXPTRIBUN_029SENTENCIA1ERAINST».
6 Samai, índice 2, documento «36ED_EXPTRIBUN_032RECURSODEAPELACIO».
7 Samai, índice 2, documento «38ED_EXPTRIBUN_034AUTOCONCEDEAPELAC».
8 Samai, índice 4.
9 Samai, índice 12.
10 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

5

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los
hechos que produjeron la condena ocurrieron el 20 de junio de 2006, fecha en que
murieron Rodrigo Parra Ruiz y Albeiro Jurado Rojas. Por ende, son aplicables las
disposiciones de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación
en el Diario Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001.

En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella12. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales
para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor
público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el
artículo 66 del Código Civil13.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de
repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del
CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP14, según el cual

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento

jurídico 2.2].
13 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o

circunstancias conocidas. (…) Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos
que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. (…) Si una
cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias».
14
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las

6

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Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor
de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.11 del CPACA15, esto es, $368.858.50016. Al verificar el factor subjetivo de
competencia, la calidad de los demandados no es de aquellas que corresponderían
al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–17.

Medio de control procedente

4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya
conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo
vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e
inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001).

Demanda en tiempo

5. El término para formular pretensiones en repetición, es de dos años contados a
partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el
artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la
Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte
Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de
caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más
tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA18.

sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
15 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 11. De la repetición que el Estado
ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas,
incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]».
16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017, $737.717, por 500.
17 «Artículo 149. El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De

la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional […]».
18 Norma aplicable al proceso de reparación directa rad. 2007-00146, en el cual se profirió la sentencia

condenatoria, comoquiera que la demanda de ese asunto se interpuso antes del 17 de julio de 2007 (Samai,
índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 32).

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

La demanda se interpuso en tiempo –24 de febrero de 2017–, porque la sentencia
condenatoria de segunda instancia se notificó a las partes en edicto desfijado el 11
de junio de 2014, cobrando ejecutoria el 16 de junio siguiente19. El plazo previsto en
el artículo 177 del CCA transcurrió hasta el 16 de diciembre de 2015 y, conforme a
los documentos allegados al proceso, el pago de la condena se efectuó el 30 de
agosto de 201620. Por ende, el término de caducidad se contabiliza a partir del día
siguiente al vencimiento de la fecha en que la entidad debió realizar el pago –17 de
diciembre de 2015–. El conteo de los dos años siguientes culminó el 17 de diciembre
de 2017 y la demanda se presentó oportunamente en ese lapso.

Legitimación en la causa

6. El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de
2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió
un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.

Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado
reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un
deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso
o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha
respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la
moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así
las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el
derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el
desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado.

Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso
de este mecanismo, la Corporación ha señalado:

«De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener
en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas- no se fundamenta
en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado
no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un
derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que

19 Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 111.
20 Según certificaciones del 20 de noviembre de 2017 y 8 de febrero de 2018, emitidas por la tesorera principal

del Ministerio de Defensa (Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p.
287 y 318).

8

Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
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Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en
el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente
independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace
en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere
la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la
indemnización respectiva, estableciéndose -ambos- como requisitos de
procedibilidad, que podrán -incluso aportarse al proceso en la etapa probatoria.
Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede caracterizarse la
acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un
mecanismo procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o
proceso, sólo que condicionó su procedencia al cumplimiento de ciertos
requisitos»21.

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional está legitimada en la causa por
activa, porque pagó una condena judicial. En la demanda, la entidad alega que
Gerardo Enrique Prada, Duván Herrera Plazas, Rubén Darío Vanegas, Leonid
Alfredo Quengán Burbano, José Antonio Mena y Carlos Andrés Parra Rubio fueron
los agentes que dieron lugar a la condena judicial.

Obra en el expediente oficio No. 20183080244921 del 10 de febrero de 2018, por el
cual el oficial de la sección de base de datos del Ejército Nacional remitió constancia
de tiempo de servicio de los señores Gerardo Enrique Prada, Duván Herrera Plazas,
José Antonio Mena y Carlos Andrés Parra Rubio, obtenida en el Sistema de
Información para la Administración del Talento Humano-SIATH22.

Estos documentos permiten verificar la condición de los demandados como agentes
vinculados al Ejército Nacional al momento de los hechos –20 de junio de 2006–,
salvo José Antonio Mena, quien se vinculó a la institución el 5 de diciembre de
200623. Por lo tanto, el señor Mena no está legitimado para comparecer como parte
demandada en este proceso.

En relación con Rubén Darío Vanegas y Leonid Alfredo Quengán Burbano, el oficio
remitido por la entidad advirtió que no hay registro de los nombres requeridos24. Al
no obrar otro medio de prueba que certifique su calidad de servidores públicos,
Rubén Darío Vanegas y Leonid Alfredo Quengán Burbano carecen de legitimación
en la causa por pasiva25.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad. 16335.
22 Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 309-314.
23 Ibidem, p. 313.
24 Ibidem, p. 309-310.
25 En la sentencia de primera instancia, el Tribunal estimó demostrada la calidad de los agentes Rubén Darío

Vanegas y Leonid Alfredo Quengán como soldados campesinos y de José Antonio Mena como soldado regular,
integrantes del batallón de infantería No. 25 «Gr. Roberto Domingo Rico Díaz». Ello con fundamento en la

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Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

Cuestión previa: Repetición contra agentes de fuerza pública por actuaciones
cometidas con ocasión del conflicto armado

7. El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución impone al Estado el deber
de repetir contra el agente que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, haya
provocado una condena de responsabilidad patrimonial en su contra. No obstante,
el artículo transitorio 26 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 impuso una
excepción a este precepto, al disponer que no procederá la acción de repetición o
el llamamiento en garantía respecto de los miembros de la fuerza pública que
hubieran cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa
o indirecta con el conflicto armado interno.

A partir de los hechos anotados en la demanda, se alega la presunta ejecución
extrajudicial de Rodrigo Parra Ruiz y Albeiro Jurado Rojas, con fines de presentarlos
como delincuentes abatidos en combate –«falsos positivos»–. Sin embargo, la
improcedencia de la acción de repetición no es automática, por cuanto está sujeta
a un régimen de condicionalidades –artículo transitorio 1 del artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2017– y debe ser adoptada expresamente por la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas de la JEP, cuando dicha autoridad estime procedente
otorgar la renuncia a la persecución penal –artículos 42, 43, 44 y 48 de la Ley 1860
de 2016, y 43, 44 y 47 de la Ley 1957 de 2019–.

En este asunto, no procede decretar la improcedencia de la repetición contra los
agentes demandados. No se demostró que Gerardo Enrique Prada, Duván Herrera
Plazas o Carlos Andrés Parra Rubio estén sometidos a la JEP y, aún menos, que la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de dicho organismo haya otorgado
medidas a su favor. Por ende, la Sala efectuará el análisis de fondo.

Problema jurídico

8. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si, conforme a lo expuesto en el
recurso de apelación, la conducta de los demandados fue dolosa o gravemente
culposa.

sentencia del 24 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Administrativo de Mocoa, que condenó al Ejército
Nacional. La Sala no comparte esta conclusión, en vista de que las providencias judiciales no sirven para probar
los hechos que le sirven de fundamento [párrafo 9], aún menos, cuando las pruebas ahí estudiadas no se
allegaron al plenario.

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

Análisis de la Sala

9. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos26, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las
providencias del 24 de febrero de 2011 y 23 de mayo de 2014, proferidas dentro del
proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad aquí demandante,
serán valoradas en esos términos.

Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

10. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el párrafo 6– requiere: (i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones
públicas27.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la demandante

11. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo,
conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad
estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una
sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o
extrajudicial, tal y como lo dispone la norma precitada.

12. Está acreditado que, dentro del proceso de reparación directa promovido por
Ludy Marcela Agreda España y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, el 23 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Nariño
profirió sentencia de segunda instancia. La providencia confirmó la decisión
recurrida, que declaró responsable a la entidad de los perjuicios ocasionados a raíz

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24844.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42183.

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

de la muerte de Rodrigo Parra Ruiz el 20 de junio de 2006 y ordenó el pago de
perjuicios morales y lucro cesante28.

Segundo presupuesto: El pago

13. Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el
Tribunal Administrativo de Nariño, con apoyo en los siguientes medios de prueba:

13.1. Resolución No. 7243 del 16 de agosto de 2016, expedida por la Dirección de
Asuntos Legales del Ejército Nacional, por la cual se da cumplimiento a una
sentencia a favor de la señora Ludy Marcela Agreda España y otros. Este acto
ordenó el pago de $696.047.577,64 a la cesionaria de los derechos económicos de
la sentencia, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, en la cuenta de
ahorros No. 5069168207 de Citibank Colombia29.

13.2. Certificaciones del 20 de noviembre de 2017 y 8 de febrero de 2018, emitidas
por la tesorera principal del Ministerio de Defensa, María Fernanda Paredes Rojas,
en la que se reporta la consignación al Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC del valor neto de $696.047.577,64 el 30 de agosto de 2016, a la cuenta de
ahorros No. 5069168207 de Citibank Colombia. El pago fue ordenado en Resolución
7243 de 201630.

Estos documentos son públicos, porque fueron suscritos por funcionarios en
cumplimiento de sus funciones. Se presumen auténticos, porque no fueron tachados
de falso ni desconocidos –artículo 244 del CGP31–, y hacen fe de su otorgamiento,
fecha y declaraciones efectuadas por el funcionario que los autoriza –artículo 257
del CGP32–.

En relación con la certificación de tesorería, el inciso tercero del artículo 142 del
CPACA dispone que tal documento es prueba suficiente para iniciar el proceso de

28 Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 85-113.
29 Ibidem, p. 218-222. Los anexos que certifican a la cesionaria de la condena, así como la cuenta de cobro

correspondiente, obran en p. 142-216. Cabe anotar que la demandante pretende recuperar el capital liquidado
en la condena, por valor total de $443.546.055,66.
30 Ibidem, p. 287 y 318.
31 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que

lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso […]».
32
«Artículo 257. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de
las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]».

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repetición. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha precisado que dicho medio
probatorio es preliminar, está sujeto al principio de contradicción y debe ser
valorados en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente. Tales
consideraciones giran en torno a la libertad de medios probatorios sobre el acto
jurídico del pago y la inexistencia de tarifa legal probatoria a favor o en contra de
algún medio de prueba33. La Subsección A, inclusive, ha anotado lo siguiente:

«[P]reciso es advertir que lo dispuesto no implica que los documentos expedidos por
el servidor público a cargo, sea una prueba definitiva e incontrovertible desde la
presentación de la demanda, pues es importante recalcar que aquellos adquieren
esa condición cuando su contenido acredite con suficiencia el hecho que se certifica
y en la medida que estando a la disposición de la parte contraria, no han sido
controvertidos, objetados o tachados de falsos. Así, antes de superar tales eventos,
tan solo son prueba sumaria que sirve como presupuesto para la admisión de la
demanda de repetición, pero no así para la definición del fondo del asunto hasta que
sea controvertida»34 (se destaca).

En todo caso, estos documentos son suficientes para demostrar el pago de la
obligación indemnizatoria, por cuanto la jurisprudencia ha establecido que el Estado
no está legalmente obligado a probar que la constancia del pago provenga del
acreedor, sumado a que el estándar probatorio para acreditar este presupuesto
puede satisfacerse a través de documentos públicos provenientes de la entidad35.

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

14. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la Ley 678 de 2001, de modo que se aplican las presunciones legales
previstas en los artículos 5º36 y 6º37 de esa ley, que califican la conducta del servidor

33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de abril de 2024, Rad. 69878. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, Rad. 54518.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 54518.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, Rad. 70478.
36 «La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades

del servicio del Estado. (…) Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar
con desviación de poder. 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 3. Haber expedido el
acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven
de sustento a la decisión de la administración. 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 5. Haber
expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial» –texto
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
37 «La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una

infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de
las funciones. (…) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de
decisión anulada, determinada por error inexcusable. 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia
para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. (Aparte tachado inexequible
en sentencia C-455 de 2002) Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a

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o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden
directamente en la carga de la prueba porque, antes de la Ley 678 de 2001, le
correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado
a partir de la conducta de este último.

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba38:
una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en
alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa
grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le
corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la
presunción. El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente
con el fin de determinar si, no obstante configurarse alguna de las presunciones, el
demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Además, evaluará los
eventos que no se subsumen en esos escenarios de presunción legal.

La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la Constitución, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
supuesto de hecho de la presunción alegada y al demandado, mediante prueba en
contrario, desvirtuarlo para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el
debate probatorio39.

Ahora bien, para entender los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, la Sección
Tercera del Consejo de Estado precisó lo siguiente:

«Conviene advertir que la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente
sucede: “praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit”. El recto sentido de este
figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y sumere,
o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano, porque por la
presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero) antes de que
conste de otro modo, (…) de lo que comúnmente sucede, dada la constancia de las
leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo quod plerumque fit
(de aquello que sucede generalmente) (…) unas mismas consecuencias de unos

detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal» –texto anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30327.
39
Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de
septiembre de 2003.

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mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de iguales situaciones”40. La
presunción, entonces, es un juicio que la ley o el juez se forma sobre la verdad de
algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho diferente y conocido como
cierto41.

(…)

(i).- La presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como
cierto o probable un hecho, partiendo de otro hecho debidamente probado. Cuando
un hecho está amparado con una presunción, se entiende que está exento o no
necesita de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluir ese
hecho del tema probatorio42 para tenerlo como realizado y verídico dentro del
proceso, dado que, como es la propia ley la que deduce esta consecuencia, se está
seguro de la deducción.

(ii).- Las presunciones pueden ser de derecho (“iuris et de iure”, de derecho y por
derecho); y legales (“iuris tantum”, sólo de derecho). Las presunciones legales
admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho dan certeza
plena y absoluta del hecho y no admiten prueba en contra, pues se fundan en el
orden público.

(iii).- La fuerza de la presunción depende de la certeza del hecho conocido y de su
relación con un hecho desconocido que se establece como consecuencia de la
demostración de aquél. Por lo tanto, para su aplicación siempre se tiene que probar
un hecho, esto es, aquel del cual se deduce o se supone que es cierto otro hecho,
siendo este último el que al final interesa al proceso. En otras palabras, los hechos
en que se apoya una presunción legal se deben establecer o, mejor aún, probar y,
en este caso la presunción opera a favor de quien la invoca, relevándola o
eximiéndola de la prueba del hecho inferido o indicado en la disposición que la
contempla, a menos que la otra parte infirme la conclusión legal probando lo
contrario.

(iv).- Sin embargo, la dispensa de la prueba mediante la aplicación de una
presunción es sólo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a
demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la
consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirme que “[l]a dispensa de la carga
de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y
respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar.
Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos,
hacen creíble el segundo hecho43.

(v).- La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza pero no
excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte
para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la misma
termina resultando falsa o inexacta. Por eso, siempre se permitirá destruirla, esto
es, se otorga a la parte contra quien se hace valer, la posibilidad de probar la
inexistencia del hecho que legalmente se presume, aun cuando fueren ciertos los
antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como
también cuando éstos terminen siendo falsos. Es decir, la conjetura, suposición o
deducción de ley se puede desvirtuar por la parte a quien no le conviene, pues
admite prueba en contrario, circunstancia que libera de la carga de probar el hecho
presumido a la parte favorecida con la misma y la traslada a la otra parte quien debe
desvirtuarlo.
40 ROCHA, Alvira, Antonio, De la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967,

págs. 554 y 560.
41 Ibíd.
42 DEVIS, Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba,

Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.
43 ROCHA Alvira, Antonio, Op. cit., p. 558.

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(vi).- En definitiva, al que desee beneficiarse de una presunción le corresponde
probar el hecho conocido y demostrado, ope legis, se aprovecha del otro hecho que
resulta indirectamente probado, pero siempre con la posibilidad de que la parte
contraria contra quien se aduce pueda desvirtuar el hecho presumido con el objeto
de evitar la operancia de la deducción contenida en la ley.

Así las cosas, la Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 de
la Constitución Política, en especial, para efectos de determinar si los servidores,
exservidores o particulares que desempeñen funciones administrativas actuaron
con dolo o culpa grave, estableció un listado de hechos en los que se dice presumir,
según las reglas de la experiencia, que han obrado bajo esas modalidades de
conducta. Con ello, el legislador buscó que en el caso de que se demostraran las
conductas descritas en los artículos 5 y 6 de la citada ley, el juez tuviera por cierto
que el comportamiento del agente público fue con dolo o culpa grave.

De todos modos, estima la Sala necesario precisar que las denominadas
presunciones son sólo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del
agente público, pues pueden presentarse muchos más casos que, pese a que no se
encuentran consagrados en las citadas causales de los artículos 5 y 6 de la Ley 678
de 2001, originan que el Estado repita contra el agente por haber obrado con dolo o
culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un tercero por el
cual se haya visto en la necesidad de indemnizar»44.

15. Según la demanda y el recurso de apelación, Gerardo Enrique Prada, Duván
Herrera Plazas y Carlos Andrés Parra Rubio –agentes legitimados por pasiva–
dieron lugar a la condena impuesta en sentencia del 23 de mayo de 2014, por
participar en los hechos en los que fallecieron Rodrigo Parra Ruiz y Albeiro Jurado
Rojas. Planteó que los agentes incumplieron el Derecho Internacional Humanitario
y su obligación de salvaguardar y proteger a las personas no combatientes. Su
actuación irregular dio lugar a la apertura de actuaciones penales y disciplinarias.

Al oponerse a lo expuesto, el curador ad litem de los demandados sostuvo que no
está demostrada la actuación dolosa o gravemente culposa de los agentes, por
cuanto no se allegaron las pruebas que dieron lugar a la condena contra el Estado,
ni decisiones que hubieran atribuido responsabilidad individual a los funcionarios.

16. La Sala procede a la valoración de las pruebas documentales recaudadas en la
etapa probatoria, que consisten en las siguientes:

16.1. Oficio No. OFI16-00046 del 15 de diciembre de 201645, emitido por la
secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de
Defensa Nacional. Refiere que las acciones desplegadas por los agentes se

44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
45 Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 223-224.

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consideran una conducta gravemente culposa y que el Comité, por unanimidad,
autorizó repetir en su contra.

Este documento encuentra fundamento jurídico en el inciso segundo del artículo 4°
de la Ley 678 de 2001, conforme al cual el comité de conciliación deberá adoptar la
decisión respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa y justificada
de las razones en que se fundamenta. A su vez, el artículo 19.6 del Decreto 1716
de 2009 dispone que los comités de conciliación evaluarán los procesos fallados en
contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la repetición.

Visto lo anterior, la Sala debe formular las siguientes apreciaciones: (i) este medio
de prueba no respalda los supuestos de hecho que conllevaron a la condena contra
el Ejército, y (ii) tampoco ofrece una argumentación suficiente para determinar y
demostrar la culpa grave de los demandados.

16.2. Oficio No. DF-06-24.1 DFNE DH 0105 del 20 de enero de 201646, remitido
por la Fiscal 70 Especializada DFNE Derechos Humanos y DIH, en el que se informa
al grupo contencioso del Ministerio de Defensa que «se adelanta investigación por
los hechos ocurridos el 18 de junio de 2006, en la vereda San Isidro, municipio de
Puerto Caicedo (P.), en los cuales perdieran la vida los señores ALBEIRO JURADO
ROJAS y RODRIGO PARRA RUIZ».

La apertura de la instrucción se decretó en auto del 14 de febrero de 2014, por el
delito de homicidio en persona protegida en concurso con secuestro simple
agravado, vinculándose a los agentes Gerardo Enrique Prada, Duván Fernando
Herrera Plazas, Rubén Darío Vanegas Ceballos, Carlos Parra Rubio y José Antonio
Mena, quienes habrían integrado el batallón de infantería No. 25 del Ejército.

Este documento es público y se presume auténtico, porque no fue tachado de falso
ni desconocido. Sin embargo, únicamente ofrece constancia de la existencia de una
indagación en materia penal, sin respaldar las circunstancias de hecho en las que
murieron los señores Jurado Rojas y Parra Ruiz, o la forma en que los sujetos
investigados participaron en la presunta conducta punible.

46 Ibidem, p. 225.

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16.3. Sentencias del 24 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado Administrativo
de Mocoa en primera instancia, y del 23 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño en segunda instancia, que resolvieron la demanda de
reparación directa interpuesta por Ludy Marcela Agreda España y otros contra la
Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para reclamar los perjuicios
causados por la muerte de Rodrigo Parra Ruiz47.

El Juzgado Administrativo de Mocoa determinó que Rodrigo Parra Ruiz falleció a
manos de agentes del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como un guerrillero
que pretendía dinamitar un oleoducto y que fue dado de baja en combate.

Señaló que Albeiro Jurado Rojas únicamente portaba una pistola de seis cartuchos,
que fue disparada una vez, y que Rodrigo Parra Ruiz se encontraba desarmado. En
contraposición, evidenció que los agentes gastaron 142 cartuchos, lo que hacía
notoria la desproporción en el presunto combate. Con apoyo en las providencias de
la Procuraduría General de la Nación, afirmó que las declaraciones de los agentes
que participaron en el operativo «son contradictorias y amañadas a los intereses de
la tropa, y fueron desvirtuadas con el análisis técnico probatorio a que se hace
alusión en precedencia».

Visto lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que Rodrigo Parra Ruiz «fue
acribillado por miembros del Ejército Nacional en la madrugada del día 20 de junio
de 2006, en un acto de extralimitación de funciones». Declaró responsable a la
entidad demandada y condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante.

La sentencia de segunda instancia se centró en el objeto de los recursos de
apelación, que cuestionaron la liquidación de perjuicios. En ese sentido, modificó
los perjuicios morales otorgados a la parte demandante y confirmó lo demás.

Estos documentos permiten acreditar la existencia del proceso de reparación directa
con rad. 2007-00416, así como de la condena impuesta a la entidad demandada
–que, actualmente, reclama en repetición–. No obstante, resulta improcedente en
esta instancia retomar las apreciaciones y conclusiones efectuadas en cuanto al
material probatorio recaudado en el proceso de reparación directa, el cual no obra
en este expediente. Además, al revisar la línea de decisión adoptada por los jueces

47 Ibidem, p. 24-84 y 85-113, respectivamente.

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de reparación directa, no se advierte un estudio detallado de la conducta de los
agentes que participaron en el operativo.

Lo anterior no obsta para reiterar la jurisprudencia relacionada con el valor
probatorio de las providencias condenatorias en sede de repetición. En varias
ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no
demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del
funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el
juez de la repetición48.

La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, ha señalado la importancia de
que el operador judicial califique en forma independiente la conducta del
demandado, para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con
el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si
el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en
cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al
servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución
económica recibida y, iii) cuál fue el grado de participación del agente49.

A partir de lo expuesto, las providencias allegadas no tienen conducencia probatoria
o argumentativa para demostrar la culpa grave de los demandados.

17. La Sala estima necesario estudiar la etapa probatoria en cuanto al recaudo
de los medios probatorios decretados, de oficio, en el auto admisorio de la
demanda50, consistentes en oficiar a: (i) a la Procuraduría General de la Nación, a
fin de que allegue copia auténtica de la investigación disciplinaria adelantada contra
los agentes demandados, y (ii) a la Fiscalía 70 Especializada DFNE Derechos
Humanos y DIH, a fin de que allegue copia autentica del proceso penal.

Mediante oficio No. SIM-205-2018 del 12 de febrero de 201851, la Procuraduría
General de la Nación informó la existencia de la actuación disciplinaria rad. IUS 155-

48 Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 69450. Ver

también: Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222; Consejo de
Estado-Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 33450; Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, y Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
49 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
50
Samai, índice 2, documento «4ED_EXPTRIBUN_001EXPEDIENTEFISICOD», p. 290-300.
51 Ibidem, p. 315-316.

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149992/2006, por la retención ilegal y muerte de Albeiro Jurado Rojas. El oficio
corrió traslado a la Procuraduría Delegada para la Defensa de Derechos Humanos,
dependencia titular del proceso, a fin de que remita las copias solicitadas. Sin
embargo, dicha actuación no fue allegada al expediente de la referencia.

Por su parte, en oficio No. 20150-0152 del 7 de febrero de 201852, la Fiscal 95
DECVDH de Cali informó haberle comunicado a la parte demandante que «se
ponen a su disposición los cuadernos que conforman la investigación para que, una
vez cancele el valor de las copias, estas sean expedidas o para que las obtenga
personalmente en las instalaciones de este Despacho». No obra constancia de que
la actora haya acudido al recaudo de este medio de prueba.

En auto del 19 de abril de 202353, el Tribunal impartió el trámite de sentencia
anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA y corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión. Estimó que «no es necesario practicar pruebas», puesto que
«es viable decidir con base en las pruebas documentales aportadas por las partes».
Decretó al proceso las pruebas aportadas en la demanda y su subsanación, así
como las allegadas –o que se alleguen antes de dictar sentencia– en atención a lo
ordenado en el auto admisorio de la demanda. Por último, advirtió que las partes no
solicitaron la práctica de pruebas diferentes a las documentales antes reseñadas.

El artículo 280 del CGP impone al juez el deber de calificar la conducta procesal de
las partes en la sentencia. Por otra parte, el artículo 167 del CGP establece el deber
de las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. En acciones de repetición, lo anterior implica que la
parte demandante debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del
agente demandado o, cuanto menos, las causales de presunción previstas en la
Ley 678 de 2001 [párrafo 14].

La etapa probatoria en primera instancia da cuenta de la inactividad del Ejército
Nacional, autoridad que no colaboró con el recaudo de los medios decretados de
oficio en el auto admisorio. Ello es particularmente notorio en el recaudo de la
actuación penal, que había sido puesta a su disposición por la dependencia de la
Fiscalía encargada del asunto, pero no fue obtenida por la entidad demandante.

52
Ibidem, p. 319-320.
53 Samai, índice 2, documento «022ED_EXPTRIBUN_019AUTOPASAPARASENTE».

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

Esta inacción condujo a la imposibilidad de recaudar medios de prueba cuyo estudio
habría sido relevante para determinar la responsabilidad de los demandados.

Aún más, el Ejército Nacional no se opuso al trámite de sentencia anticipada –que
conllevaba el cierre de la etapa probatoria– ni pidió el recaudo en segunda instancia
de las pruebas decretadas por el Tribunal. La apelación estimó que la conducta
dolosa o gravemente culposa de los agentes quedaba demostrada con base en la
sentencia condenatoria y la existencia de los procesos penal y disciplinario, sin
adelantar un esfuerzo diligente en reforzar la carga probatoria que le correspondía.

18. Vista la comunidad de la prueba, la Sala arriba a la misma conclusión del
Tribunal: no obran medios de prueba que determinen alguna conducta activa u
omisiva de los demandados. Por ende, resulta imposible estudiar si su conducta era
calificable a título de dolo o culpa grave, o si tenía relación causal con la muerte de
Rodrigo Parra Ruiz y Albeiro Jurado Rojas –hecho por el cual el Estado fue
condenado–. Al no estar demostrado el elemento subjetivo de la repetición, la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

19. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP54.

En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en
costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias
persiguen un interés público55. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto
condena en costas, bajo las siguientes razones de derecho:

«…esta Sala ha explicado que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del
efecto útil de las normas, de modo que en los procesos contencioso subjetivos en
los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o
de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la
condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite
la disposición»56.

En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece
una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición
no persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge
y reitera, se fundamenta en los siguientes argumentos:

«La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo
(CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171),
mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público”
(artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la
exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a
que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se
discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación
universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de
terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no
implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el
demandante sea un ente estatal se ventile un interés público.
54 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 71254.

Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65825;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 55227, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Rad. 71907. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, Rad. 66764.

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una
exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta
interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas,
“salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento
supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una
de las partes, que el precepto legal no prevé.

Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter
patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena
causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así
garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien,
de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público,
este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso»57.

A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque
el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de
primera instancia fue confirmada en su integridad. Resulta improcedente decretar
agencias en derecho, en la medida que la parte demandada fue representada por
curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de
oficio (artículo 48.7 del CGP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada. Sin agencias en derecho de la segunda instancia.

TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 56897.

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Radicación: 52-001-23-33-000-2017-00546-01 (71020)
Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional
Demandado Gerardo Enrique Prada y otros
Asunto: Repetición

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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