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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2017-00644-01

Fecha
22 de marzo de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2017-00644-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modifícase el numeral segundo de la sentencia del 1° de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el cual quedará así: “(…) SEGUNDO.- DEJAR sin efectos los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, proferidos por el JUZGADO CUARTO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, dentro del proceso judicial No. 2014-542 propuesto por el señor FLAVIO ANCIZAR BACCA Y OTROS contra la NACIÒN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÈRCITO NACIONAL. (…)”. SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, el fallo impugnado. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 52001-23-33-000-2017-00644-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

22 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Modifica la decisión en el sentido de dejar sin efecto los autos que negaron la solicitud de reprogramar la audiencia de conciliación celebrada, en la cual se declaró desierto el recurso de apelación / INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - El juez incumplió el deber de analizar de manera razonada y suficiente si el documento aportado se enmarcaba dentro de las causales de fuerza mayor o caso fortuito

De la revisión del expediente se advierte que la apoderada judicial de la parte demandada en el proceso ordinario justificó su inasistencia a la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, al día siguiente de su celebración, con incapacidad médica expedida por la EPS Coomeva, documento que, para la Sala prueba de manera sumaria la imposibilidad de asistir a la diligencia. En ese entendido, correspondía a la autoridad judicial demandada verificar si la enfermedad invocada por la apoderada de la Nación era impredesible e irresistible, al punto de que estuviera imposibilitada de sustituir el poder o adoptar una medida para que la entidad estuviera representada en la diligencia, debido a la obligatoriedad de su asistencia, con el objeto de garantizar el debido proceso. Entonces, como el Juzgado demandado estimó que la justificación allegada no era admisible porque el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 no prevé la posibilidad de justificar la inasistencia, incumplió el deber de analizar de manera razonada y suficiente si el documento aportado se enmarcaba dentro de las causales de fuerza mayor o caso fortuito y, en caso afirmativo, había lugar a reprogramar la diligencia o conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia. En consideración de lo anterior, la sentencia de primera instancia será modificada en el sentido de dejar sin efectos los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en esta providencia. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la violación del debido proceso, alegado por el impugnante, se destaca que la acción de tutela contra providencias judiciales limita al juez a analizar únicamente los reparos formulados en la demanda y en la contestación, sin que pueda efectuar estudios oficiosos de cargos formulados en la impugnación. Adicional a la anterior, la Sala considera que las pruebas que solicita el juez demandado, debieron haber sido decretados por este en el proceso cuestionado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 372 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 372 NUMERAL 3 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 372 - NUMERAL 3 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 372 - NUMERAL 4 / LEY 640 DE 2001

NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2014, exp. 68001-23-31-000-2007-00019-01(49039), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de octubre de 2012, exp. 17001-23-31-000-2012-00375-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00644-01(AC)

Actor: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

Demandado: JUZGADO CUARTO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandada contra el fallo del 1° de diciembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, que concedió parcialmente el amparo de los derechos fundamentales invocados.

ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2017 en la Oficina Judicial Seccional Pasto, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Sostuvo que tales derechos le fueron vulnerados con las decisiones de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, que negaron la solicitud de reprogramar la audiencia de conciliación celebrada el 8 de agosto anterior, en la cual se declaró desierto el recurso de apelación que había interpuesto contra la sentencia de 30 de mayo de 2017, dictada dentro del medio de control de reparación directa 52001-33-33-004-2014-00542-00, promovido por los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por haber no asistir a la diligencia.

En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

“(…)

1. Tutelar los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y el acceso a la justicia vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto # 002 y 003 (sic) proferidos en audiencia de conciliación el día 8 de agosto de 2017, proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto dentro del proceso de reparación Directa No. 2014-00542 instaurado por el señor FLAVIO ANCIZAR BACCA GETIAL en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
3. ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto que el término máximo de un mes, contando a partir de la notificación del fallo, profiera un auto fijando nueva fecha y hora para adelantar la audiencia de conciliación consagrada en el inciso 4 del art. 192 del CPACA, en el proceso de (…), previo a resolver sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por ese despacho.

(…)”.

2. Hechos

Señaló que los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, instauraron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Indicó que el asunto correspondió al Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto, autoridad que mediante sentencia de 30 de mayo de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Narró que las partes, inconformes con el fallo, presentaron y sustentaron oportunamente recursos de apelación en contra de la decisión de primera instancia.

Informó que el Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto, mediante providencia de 29 de junio de 2017, citó a las partes a la diligencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, para el día 8 de agosto siguiente, a las 8.00 a.m.

Sostuvo que el 8 de agosto de 2017, la autoridad judicial demandada, declaró fracasada la audiencia de conciliación y desierto el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en razón de su inasistencia y, aceptó el desistimiento del recurso formulado por la parte demandante.

Afirmó que el 9 de agosto de 2017, allegó memorial de justificación de su inasistencia a la audiencia de conciliación, con el fin de reprogramarla, escrito que acompaño del original de la incapacidad médica por “gastroenteritis”, expedida por la EPS Coomeva, solicitud que fue negada por el Juzgado demandado en providencia de 31 de agosto de 2017, por considerar que el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, no prevé la posibilidad de justificar la inasistencia a la diligencia de conciliación.

Indicó que contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto el 2 de noviembre de 2017, en el sentido de no reponer la decisión controvertida.

3. Sustento de la petición

Consideró que la decisión cuestionada incurre en un defecto sustantivo porque realiza una interpretación errada del “artículo 103 de la Ley 446 de 1998, derogado por el literal c) del art. 626 de la Ley 1564 de 2012”, norma relacionada con el procedimiento para justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación.

Agregó que la violación de los derechos fundamentales invocados surgió por la falta de pronunciamiento de la autoridad judicial demandada, respecto de la incapacidad allegada oportuna y válidamente, para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 precitado.

En ese sentido, transcribió apartes de la sentencia de 21 de junio de 2012, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se consideró que la incapacidad médica aportada por la apoderada judicial de la parte demandada para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, daba cuenta de la gravedad de la enfermedad de faringitis aguda padecida por la profesional, al punto de imposibilitarla para intervenir en la diligencia, medio de prueba que merecía plena credibilidad y que debía ser debidamente valorado por la autoridad judicial demandada.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto de 21 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación del Juez Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto, en calidad de demandado, y le otorgó el término de dos (3) días para contestar la demanda.

Mediante auto de 22 de febrero de 2017, esta Corporación dispuso la vinculación de los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, en su condición de demandantes en el proceso que se controvierte en sede de tutela. Asimismo, se les puso en conocimiento la posible configuración de la causal de nulidad consagrada por el artículo 133 del Código General del Proceso.

La anterior actuación fue notificada a los interesados a través de correo certificado, enviado a la dirección Carrera 7E # 8-36 del municipio de Túquerres – Nariño, el 27 de febrero de 2018.

5. Argumentos de defensa

5.1. Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto

Mediante escrito radicado el 23 de noviembre de 2017, el doctor Javier Oswaldo Uscátegui Ávila, Juez Cuarto Administrativo Oral Administrativo del Circuito de Pasto, contestó la demanda bajo los siguientes términos:

Luego de enunciar los hechos que motivan la solicitud de tutela y las actuaciones desarrolladas en el proceso objeto de controversia, recordó que el procedimiento regulado por la Ley 1437 de 2011, en lo relacionado con el artículo 192, es aplicable a los asuntos administrativos y, como norma especial no es admisible aplicar por analogía lo establecido en el numeral 3º del artículo 372 del Código General del Proceso, por tratarse de la audiencia inicial de los procesos declarativos relacionados en ese Estatuto y las consecuencias de carácter disciplinario que acarrea la inasistencia a la misma.

Sostuvo que la decisión de no fijar una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación no fue un capricho de ese Juzgado sino que se basó en las disposiciones establecidas en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia C-337 de 2016 de la Corte Constitucional.

Consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la demandante, de una parte, porque la justificación de la inasistencia a la audiencia de conciliación y la solicitud de reprogramar la audiencia de conciliación, no se formuló en ejercicio del derecho de petición y el pronunciamiento del Despacho se produjo en forma desfavorable, en un término prudencial; y, por la otra, las consecuencias negativas de la inasistencia a la audiencia establecida en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, no viola ninguna prohibición constitucional.

Agregó que en los procesos por audiencias se pretende la verificación de las diligencias programadas sin dilaciones, de ahí que las mismas se puedan realizar aún sin la asistencia de las partes, aceptando desde luego las excepciones en caso de fuerza mayor o caso fortuito informado al operador judicial con antelación “a la vista pública”, bien de manera formal o informal.

Concluyó que el aplazamiento de las audiencias sin justificación es parámetro de reducción en la calificación integral de los funcionarios judiciales en los términos del Acuerdo PSAA16-10618 de 7 de diciembre de 2016, “Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

5.2. Señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial,

No contestaron la demanda.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante fallo del 1° de diciembre de 2017, concedió parcialmente el amparo solicitado, en los siguientes términos:

“(…) PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la señora abogada DIANA MARCELA DE LOS RÍOS ERASO en calidad de apoderada judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL vulnerados por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DEJAR sin efectos el auto No. 002 y 003 proferidos en audiencia de conciliación por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, dentro del proceso judicial No. 2014-542 propuesto por el señor FLAVIO ANCIZAR BACCA y OTROS contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.

TERCERO.- ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta sentencia, emita auto en el que valore y acepte la solicitud de justificación por inasistencia a la audiencia de conciliación prevista en el inciso 4 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, presentada el 09 de agosto de 20178 por la apoderada judicial de la entidad demandada dentro del proceso No. 2014-0542

(…)”.

Las razones del a quo para proceder en el sentido indicado se sintetizan a continuación.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al no aceptar la justificación de inasistencia a la audiencia de conciliación que allegó oportunamente la apoderada de la parte demandante.

Indicó que la decisión de declarar desierto el recurso de apelación sin tener en consideración los motivos de inasistencia de la parte demandada a la diligencia programada atenta contra el debido proceso, en la medida que la parte no gozaba de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos.

Señaló que aun cuando el artículo 192 de las Ley 1437 de 2011, establece que la consecuencia de la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación es la de declarar desierto el recurso de apelación, no regula específicamente qué sucede con los aspectos procesales de la audiencia de conciliación, posterior a la sentencia, cuando la inasistencia de las partes es justificada.

Agregó que el artículo 180 ibídem, sí admite justificación por inasistencia a la audiencia inicial, dentro de los tres (3) días siguientes a su celebración, siempre que se fundamente en fuerza mayor o caso fortuito, y sólo respecto de la exoneración de las consecuencias pecuniarias adversas a la parte.

A su vez, el numeral 3º del artículo 372 de la Ley 1564 de 2012, regula la inasistencia a las audiencias de los procesos declarativos.

Concluyó que, ante el vacío normativo, el Juzgado demandado debió aplicar a la parte demandante que por vía de analogía y remisión normativa las disposiciones establecidas en los numerales 3º y 4º del artículo 372 del Código General del Proceso y, por tanto, examinar y valorar la justificación de inasistencia, verificando si concurrían las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

7. La impugnación

Inconforme con la decisión de primera instancia, mediante escrito recibido el 15 de diciembre de 2018, la parte demandada, la impugnó por los siguientes motivos:

Solicitó revocar o modificar la sentencia de primera instancia y/o, en su defecto, declarar la nulidad de lo actuado, con fundamento en los siguientes enunciados: i) configuración del proceso por audiencias, ii) inexistencia de violación de los derechos fundamentales, iii) la creación de un nuevo procedimiento en las eventualidades del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y iv) violación del debido proceso dentro del trámite de la tutela.

En lo que tiene que ver con la configuración del proceso por audiencias, indicó que la Ley 1437 de 2011, además de modernizar y agilizar el procedimiento contencioso administrativo, pretendió corregir algunos defectos, al declarar la validez de las audiencias y permitir el aplazamiento o suspensión de la diligencia, solo con la presencia de las partes, con el fin de evitar su represamiento y la dilación de los procesos.

Manifestó que, en cumplimiento del principio de concentración establecido en el artículo 5º del Código General del Proceso, es obligación del juez programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla “sin solución de continuidad”, excepto las razones expresamente señaladas en ese estatuto.

Adujó que el aplazamiento de la audiencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 180 y 372 de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, admite aplazamiento con justa causa, puesta de presente con anterioridad a la diligencia y, las posteriores, solo tienen incidencia para los efectos disciplinarios, interpretación que, a su juicio, en ni uno u otro estatuto, establece la hipótesis del aplazamiento de la audiencia por justa causa, comoquiera que no es posible aplazar lo ya realizado.

Señaló que en el caso concreto no era posible suspender o aplazar la audiencia, porque al momento en que se dio inicio de la diligencia no obraba justificación de inasistencia y, además no existe norma que permita aplazar o suspender la diligencia hasta “averiguar las razones por las que no comparece”.

Sostuvo que, de acuerdo con la sentencia C-337 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, a la apoderada de la parte demandada, le era exigible un máximo de diligencia en el ejercicio de su profesión, razón por la que considera que, para el caso concreto, bastaba una llamada, un correo electrónico o un mensaje de datos dirigido al Despacho judicial a fin de enterarlo de la situación y, así proceder a la suspensión y/o aplazamiento de la diligencia.

Respecto de la inexistencia de violación de debido proceso y el derecho de petición, señaló que conforme con la “doctrina” de la Corte Constitucional, el debido proceso tiene un carácter fundamental y un vínculo con el principio de legalidad, al que deben sujetarse las autoridades judiciales y administrativas y que se impone a los procesos judiciales y a las formalidades propias de cada juicio.

Consideró que la sentencia impugnada incurre en violación del debido proceso por interpretar el artículo 192 del CPACA, armónicamente con las normas que regulan la audiencia inicial (180 ibídem) y las audiencias de los procesos declarativos (372 C.G.P.), semejanza por la que dijo atenerse a la hermenéutica que surge del principio general de concentración de las audiencias que prohíbe suspenderlas o aplazarlas.

Agregó que la interpretación del Tribunal de instancia, descarta la violación del debido proceso, comoquiera que éste requiere de un procedimiento legal previo.

Añadió que no se violó el derecho de petición porque la petición presentada por la parte demandada del proceso ordinario fue resuelta en forma expresa, conforme lo solicitado y, el hecho de no acceder a la solicitud, no configura la violación del derecho invocado.

Sobre la creación de un nuevo procedimiento en las eventualidades del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, relacionó la sentencia C-337 de 2016 mediante la cual Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la norma y, consideró que la decisión de instancia genera dilación y congestión judicial, satura la agenda de audiencias y demora el objeto de una pronta y cumplida justicia.

En lo que tiene que ver con la violación del debido proceso dentro del trámite de la tutela, indicó que en la contestación de la solicitud requirió unas pruebas documentales y testimoniales, a fin de verificar la hora en que presuntamente fue atendida en urgencias la apoderada de la parte demandante, las cuales no fueron recaudadas, omisión que, a su juicio, viola los principios de contradicción y defensa y, configura una causal de nulidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el 1º de diciembre de 2016, para lo cual se deberá analizar, con base en los argumentos de la impugnación, si el Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto lesionó los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición de la actora, con la expedición de los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, proferidos por la mencionada autoridad judicial, en el medio de control de reparación directa 52001-33-33-004-2014-00542-00, promovido por los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Para tal efecto, se analizará si el amparo cumple con los requisitos de procedencia adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales y, superado ello, si el juzgado demandado incurrió en defecto material o sustantivo al no verificar si la incapacidad aportada por la apoderada de la parte demandada en el proceso ordinario, resultaba idónea para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

La Sala precisa que, aun cuando la parte demandante relacionó en el acápite de pretensiones que la decisión que vulnera sus derechos fundamentales es la proferida en la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2017, del estudio del expediente, se advierte que las providencias objeto de controversia son los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, interpretación que le es permitida al juez constitucional, en ejercicio de su facultad interpretativa.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012, se unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, bajo los siguientes términos:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”.

La Corporación ha modificado su criterio en relación al tema y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto:

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En tales condiciones, se verificará en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la acción cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la decisión censurada fue proferida dentro del proceso de reparación directa 52001-33-33-004-2014-00542-00, iniciado por los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

También se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que los autos objeto de tutela fueron emitidos el 31 de agosto y el 2 de noviembre de 2017, el último se notificó por anotación en estado de 3 de noviembre y cobró ejecutoria el 10 del mismo mes y año, por lo que al haberse radicado la acción de la referencia el 17 de noviembre de 2017 se considera que fue ejercida en un plazo razonable.

Además se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el tutelante no cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir las decisiones objeto de censura constitucional.

En tal sentido, se entienden superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y se procede a analizar de fondo los reparos de la parte tutelante.

5. Caso concreto

Lo pretendido por la parte demandante es que se dejen sin efectos las decisiones del 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, proferidas por el Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto, en el medio de control de reparación directa 52001-33-33-004-2014-00542-00, a través de los cuales no se verificó si la incapacidad médica que allegó para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, era admisible o no para fijar una nueva fecha para celebrar la audiencia o conceder el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al considerar que la autoridad judicial demandada no interpretó de manera armónica las disposiciones contenidas en los artículos 192 del CPACA y 372 del Código General del Proceso, relacionado con el deber de verificar si la incapacidad médica allegada por la entidad demandada para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación, cumplía con los presupuestos de fuerza mayor o caso fortuito previsto en el Estatuto General del Proceso.

Inconforme con dicha decisión, la parte demandada la impugnó bajo los argumentos según los cuales la apoderada de la entidad condenada tenía el deber de informar al Despacho judicial, con antelación de la diligencia judicial, la imposibilidad de presentarse, y que no es aplicable al caso concreto la normativa del Código General del Proceso.

Agregó que en el trámite de tutela se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción y defensa, en razón a que el a quo omitió pronunciarse respecto de la solicitud de pruebas documentales y testimoniales que invocó en la contestación.

Visto lo anterior, la Sala anticipa que modificará el fallo impugnado, en el entendido de dejar sin efectos la providencia de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017 y, lo confirmará en cuanto a la procedencia de que el Juzgado demandado verifique si el documento aportado por la apoderada de la entidad demandada en el proceso ordinario, cumple los presupuestos para justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación de que trata la Ley 1437 de 2011.

La conclusión anterior tiene sustento en los razonamientos que se exponen a continuación:

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2017 el Juzgado Cuarto Oral Administrativo del Circuito de Pasto profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por los señores Flavio Ancizar, Jorge Eliécer, Aquileo, Segundo Aquileo, Luz Angélica, Ninfa Inés y María Teresa Bacca Getial, María Rosa Getial y María del Carmen Castro Getial, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

En atención a que la sentencia fue de carácter condenatorio y, que contra la misma las partes presentaron recurso de apelación, el Despacho judicial demandado convocó a las partes a la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Durante el desarrollo de la audiencia en mención, celebrada el 8 de agosto de 2017, el Juzgado demandado declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de su inasistencia.

Al día siguiente de la diligencia, esto es, el 9 de agosto de 2017, la apoderada de La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, radicó en la Secretaria del Juzgado demandado, memorial con justificación de inasistencia, en el que solicitó reprogramar la audiencia o conceder el recurso de apelación, en razón a que había presentado quebrantos de salud, argumento que soportó con incapacidad médica emitida por la EPS Coomeva.

Por auto de 31 de agosto de 2017, el Juzgado demandado negó la solicitud por considerar que el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, solo prevé la declaratoria de desierto el recurso si el apelante no asiste a la diligencia.

Contra la anterior decisión se instauró recurso de reposición, en el que se indicó que la apoderada de la parte apelante había sufrido una situación imprevisible e irresistible, consistente en una gastroenteritis, padecimiento que esta catalogó como insuperable y de fuerza mayor. Agregó que, si bien el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, no prevé la posibilidad de justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación, sí hay un precedente horizontal que estableció que “la justificación por enfermedad en los términos presentados constituye causa de interrupción (…)”.

El 2 de noviembre de 2017 el Juzgado demandado decidió no reponer el auto recurrido, con el argumento de que el artículo 192 del CPACA no admite justificación de inasistencia a la audiencia de conciliación; que no podía interrumpir el proceso porque el padecimiento de la apoderada no constituía enfermedad grave; y, que la interpretación del numeral 3° del artículo 372 del Código General del Proceso no era admisible porque dicha norma se refiere a las consecuencias disciplinarias de la inasistencia.

Es por lo anterior que la Sala deberá analizar si las providencia de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017 incurren en defecto material o sustantivo al negarse a valorar la incapacidad médica allegada por la apoderada de la parte demandada del proceso ordinario cumple los presupuestos legales para justificar la inasistencia a la citada audiencia.

El texto de la norma que regula lo concerniente a la audiencia bajo análisis es del siguiente tenor:

"Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes.” (Subrayado por la Sala)

Según lo contempla la disposición transcrita, la asistencia de las partes a la audiencia de conciliación de que trata la norma, es obligatoria, de modo que la consecuencia inmediata de la inasistencia es que el recurso de apelación interpuesto sea declarado desierto, sin que se prevea la posibilidad de justificar la inasistencia a la diligencia.

No obstante lo anterior, esta Corporación atendiendo que la diligencia de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, se trata de una audiencia de conciliación judicial, por analogía ha aplicado las normas de la Ley 640 de 5 de enero de 2001.

Al respecto, el artículo 45 ibídem, dispone:

“Artículo 45. Fijación de una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación judicial. Si la audiencia, solicitada de común acuerdo, no se celebrare por alguna de las causales previstas en el parágrafo del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998_pr002.html" \l "103" 103 de la Ley 446 de 1998, el Juez fijará una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación. La nueva fecha deberá fijarse dentro de un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles.

Si la audiencia no se celebrare por la inasistencia injustificada de alguna de las partes, no se podrá fijar nueva fecha para su realización, salvo que las partes nuevamente lo soliciten de común acuerdo.”

Por su parte, el artículo 103 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, derogado por el artículo señalaba como causales de justificación de inasistencia, las siguientes:

“Artículo 103: La inasistencia injustificada a audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso:

(…)

Parágrafo: Son causales de justificación de la inasistencia:
1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil.
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco días siguientes.

(…)”.

De la revisión del expediente se advierte que la apoderada judicial de la parte demandada en el proceso ordinario justificó su inasistencia a la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, al día siguiente de su celebración, con incapacidad médica expedida por la EPS Coomeva, documento que, para la Sala prueba de manera sumaria la imposibilidad de asistir a la diligencia.

En ese entendido, correspondía a la autoridad judicial demandada verificar si la enfermedad invocada por la apoderada de la Nación era impredesible e irresistible, al punto de que estuviera imposibilitada de sustituir el poder o adoptar una medida para que la entidad estuviera representada en la diligencia, debido a la obligatoriedad de su asistencia, con el objeto de garantizar el debido proceso.

Entonces, como el Juzgado demandado estimó que la justificación allegada no era admisible porque el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 no prevé la posibilidad de justificar la inasistencia, incumplió el deber de analizar de manera razonada y suficiente si el documento aportado se enmarcaba dentro de las causales de fuerza mayor o caso fortuito y, en caso afirmativo, había lugar a reprogramar la diligencia o conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.

En consideración de lo anterior, la sentencia de primera instancia será modificada en el sentido de dejar sin efectos los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en esta providencia.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la violación del debido proceso, alegado por el impugnante, se destaca que la acción de tutela contra providencias judiciales limita al juez a analizar únicamente los reparos formulados en la demanda y en la contestación, sin que pueda efectuar estudios oficiosos de cargos formulados en la impugnación. Adicional a la anterior, la Sala considera que las pruebas que solicita el juez demandado, debieron haber sido decretados por este en el proceso cuestionado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modifícase el numeral segundo de la sentencia del 1° de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el cual quedará así:

“(…) SEGUNDO.- DEJAR sin efectos los autos de 31 de agosto y 2 de noviembre de 2017, proferidos por el JUZGADO CUARTO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, dentro del proceso judicial No. 2014-542 propuesto por el señor FLAVIO ANCIZAR BACCA Y OTROS contra la NACIÒN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÈRCITO NACIONAL.
(…)”.

SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, el fallo impugnado.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Constancia de recibido visible a folio 7 del expediente.
Poder especial conferido a la abogada Diana Marcela de los Ríos Eraso (fls. 8 a 13).
Del escrito de tutela y de los documentos obrantes en el expediente, no es posible establecer el objeto del medio de control de reparación directa.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 21 de junio de 2012. Accionante: Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. Radicación 19001-23-31-000-2012-00137-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Folios 27 y 28 del expediente.
Folios 69 ibídem.
Dirección de notificación relacionada en el proceso ordinario.
Comprobante de envío visible a folio 76 ibídem.
Folios 31 a 34 ibídem.
Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 29 de junio de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Folios 44 a 53 del expediente.
Folios 44 a 53 ibídem.
La parte impugnante fue notificada electrónicamente el 12 de diciembre de 2017 (fl. 56).
Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 29 de junio de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 192 (parcial) de la Ley 1437 de 2011.
El impugnante no relacionada ningún pronunciamiento.
Folios 59 a 63 del expediente.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ídem.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica.
Folios 18 y a 23 a 25 del expediente.
Sobre este presupuesto, la Sala Plena de esta Corporación acogió el plazo de seis (6) meses “para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia de agosto cinco (05) de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Del escrito de tutela y de los documentos obrantes en el expediente, no es posible establecer el objeto del medio de control de reparación directa ni el fundamento de las consideraciones de la sentencia de primera instancia.
Tribunal superior de Antioquia. Radicado 0500123330002010019100.
Consejo de Estado: i) Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2014, radicado 68001-23-31-000-2007-00019-01(49039), C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; ii) Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1° de octubre de 2012, radicado 17001-23-31-000-2012-00375-01, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
"Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.”
Folio 17 del expediente.

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