Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00134-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2018-00134-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00134-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2018-00134-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Demandante: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Demandado: CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: CADUCIDAD DE OFICIO DEL MEDIO DE CONTROL -
APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la discusión sobre de la liquidación del
convenio de cooperación no. 910 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y la
Cámara de Comercio de Pasto; el tribunal de primera instancia liquidó judicialmente el
convenio, balance general y cruce de cuentas que arrojó un saldo a favor del departamento.
Inconforme con la decisión ambas partes se opusieron a la sentencia por cuanto no se tuvo
un adecuado análisis de los elementos probatorios que conforman el expediente.
Temas: convenio de cooperación, cláusula de liquidación pactada entre las partes –
ejercicio de acción limitado al acuerdo de las partes – declaración de oficio de la caducidad
del medio de control.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia de 26 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Segunda de Decisión que declaró liquidado judicialmente el convenio de
cooperación no. 0910 de 2013, balance general que dejó un saldo a favor del
Departamento de Nariño y denegó las demás suplicas de la demanda (índice no.
176 SAMAI – gestión otros despachos), en los siguientes términos:
“PRIMERO. – Declarar liquidado judicialmente el convenio de
cooperación 091[0] de 2013 suscrito entre la Cámara de Comercio de
Pasto y el departamento de Nariño.
SEGUNDO. – Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena
a la Cámara de Comercio de Pasto que reconozca a favor del
departamento de Nariño, la suma de cuarenta y dos millones setecientos
un mil cuatrocientos un pesos ($42.701.401).
TERCERO. – Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. – La sentencia deberá ser cumplida en los términos del art. 192
del CPACA. Una vez ejecutoriada esta sentencia, para su cumplimiento,
por Secretaría deberán remitirse los oficios correspondientes de
conformidad con el art. 192 del CPACA.
2
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
QUINTO. – Abstenerse de imponer condena en costas, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
SEXTO. – Por secretaría se devolverá el remanente de los gastos del
proceso, si a ello hubiere lugar, y se dejará constancia expresa de ello.
En firme la presente decisión, se archivará el asunto. Secretaría hará las
anotaciones de ley en libros radicadores y en el aplicativo Samai.
SÉPTIMO. – Aceptar la renuncia al poder para actuar como apoderada
judicial de los llamados en garantía Henry Orlando Burbano Villota y Ana
Constanza Hoyos, presentada por la abogada Diana Ximena Burbano
Delgado.
OCTAVO.– Reconocer personería para actuar como apoderada judicial
del señor Henry Orlando Burbano Villota a la abogada Leidy Dayana
Córdoba Velásquez, en los términos y para los fines del respectivo
memorial poder.
NOVENO. – Aceptar la renuncia al poder para actuar como apoderado
judicial del departamento de Nariño, presentada por el abogado Jesús
Fernando Beltrán Chaves.
DÉCIMO. – Reconocer personería para actuar como apoderada judicial
del departamento de Nariño a la abogada Ruth Amalfi Ramírez Muñoz, en
los términos y para los fines del respectivo memorial poder.
UNDÉCIMO. – Aceptar la renuncia al poder para actuar como apoderada
judicial de la Cámara de Comercio de Pasto, presentada por la abogada
Yoly Alexandra Arcos Bravo.” (fls. 149 a 151 ibidem – negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 23 de marzo de 2018 en el Tribunal Administrativo de
Nariño, el Departamento de Nariño actuando por intermedio de apoderada judicial
interpuso demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias
contractuales1 (documento no. 1 del anexo no. 1 – índice no. 25 SAMAI – gestión
otros despachos) con las siguientes pretensiones:
“1.1. PRINCIPALES:
1.1.1. Mediante sentencia de mérito se ordene la liquidación en sede
judicial del Convenio No. 910 de 2013, celebrado entre el Departamento
1 Por auto de 6 de junio de 2018 fueron admitidas las pretensiones principales y se rechazó la
demanda respecto de las pretensiones subsidiarias por haber operado el fenómeno de la caducidad
(índice no. 5 SAMAI – gestión otros despachos).
3
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto, toda vez que, desde la
terminación del plazo del contrato, 31 de julio de 2015, hasta la presente
fecha, han transcurrido más de 30 meses sin que se haya realizado
liquidación bilateral o unilateral del contrato; de conformidad con el
balance financiero que se relaciona a continuación:
COMPONENTE ABOGADOS
PAGOS SIN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
OTROS VALORES A REINTEGRAR
CONSOLIDADO
1.1.2. En consecuencia, que se condene a la Cámara de Comercio de
Pasto a reintegrar la suma de SETECIENTOS UN MILLONES
4
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($
701.022.487), suma de dinero que pagó el DEPARTAMENTO DE
NARIÑO a la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO sin que estos valores
hayan sido ejecutados.
1.1.3. Que se condene a la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO a
cancelar los respectivos intereses moratorios, a favor del
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, desde la ejecutoría de la providencia que
ponga fin al proceso hasta el pago efectivo de a obligación.
1.1.4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios
al consumidor.
1.2. SUBSIDIARIAS:
1.2.1. En subsidio de las anteriores pretensiones, sírvase el Honorable
Tribunal a declarar la nulidad absoluta del Convenio No. 910 de 2013,
celebrado entre el Departamento de Nariño y la Cámara de Comercio de
Pasto, por ausencia de capacidad de la Cámara de Comercio.
1.2.2. Se ordene las restituciones mutuas a que corresponda y su
liquidación judicial.” (fls. 2 a 4 documento no. 1 – índice no. 25 SAMAI
– gestión otros despachos – negrillas, subrayado y mayúsculas
sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 19 de julio 2013 la Cámara de Comercio y el Departamento de Nariño
celebraron el convenio de cooperación no. 0910 cuyo objeto consistía en contribuir
al desarrollo del eje estratégico "Nariño Gobernable, programa de fortalecimiento de
la participación ciudadana, subprograma fortalecimiento de organizaciones sociales
y comunales, del plan de desarrollo Departamental 2012- 2015" (página no. 6 del
documento no. 001 de la demanda – índice no. 24 – SAMAI – gestión otros
despachos) en el marco del convenio interadministrativo no. M234 de 2103 suscrito
entre Ministerio del Interior y de Justicia, y el Departamento de Nariño con un plazo
inicial de cinco (5) meses.
2) El valor del referido convenio se determinó en la suma de $1.636´374.055, de los
cuales el Departamento de Nariño aportó la suma de $1.400´000.000 provenientes
del convenio interadministrativo no. M-234 de 2013 suscrito con el Ministerio del
Interior y de Justicia, $200´000.000 más de recursos propios y, por su parte, la
5
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Cámara de Comercio de Pasto aportó el apoyo logístico y humano valorizado en la
suma de $36´374.055.
3) El 27 de diciembre de 2013, la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio
de Pasto presentó una solicitud de prórroga del convenio no. 910-2013 por un
término de tres (3) meses, debido a que el paro agrario había imposibilitado el
traslado a los municipios beneficiarios del proyecto.
4) Ese mismo día las partes suscribieron el adicional no. 1 al convenio de
cooperación no. 910-2013 en el sentido de ampliar el plazo en tres (3) meses más,
esto es, hasta treinta y uno (31) de marzo de 2014; se modificó la cláusula sexta
que correspondía a la transferencia de recursos y se efectuó la ampliación de la
póliza de cumplimiento a cargo de la Cámara de Comercio de Pasto.
5) El 26 de agosto de 2013 el Departamento de Nariño realizó el primer desembolso
a la Cámara de Comercio de Pasto por el monto total de $800´000.000.
6) El 24 de marzo de 2014, el supervisor del convenio manifestó en el
correspondiente informe de supervisión que “se ha cumplido con el objeto
convenido, de acuerdo al plan de trabajo hasta la presente fecha, así mismo con el
condicionante del segundo pago (radicación de 400 procesos de titulación), por
tanto, se autoriza el desembolso del mismo, por valor de $272.000.000. (...)."
(página no. 6 del documento no. 001 de la demanda – índice no. 24 ibidem).
7) El 25 de marzo de 2014 el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Pasto puso de presente que, por eventos de fuerza mayor, no se logró la radicación
del 40% de la totalidad de los procesos exigidos debido a que la Ley 1561 de 2012
contempló algunas formalidades como lo es la certificación de los planos que debe
expedir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (lGAC), entidad que solo había
certificado un promedio de 50 planos por mes, lo cual generó represamiento de las
solicitudes de certificados; por lo anterior solicitó una prórroga del plazo del convenio
de ocho (8) meses adicionales.
6
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
8) El 28 de marzo de 2014 las partes suscribieron el adicional no. 2 al convenio de
cooperación no. 910-2013 con el objeto de prorrogar el plazo de este en ocho (8)
meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2014.
9) El 1° de abril de 2014 el Departamento de Nariño realizó el segundo desembolso
por el valor total de $272´000.000.
10) El 27 de noviembre de 2014 el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Pasto solicitó la prórroga del plazo del convenio en ocho (8) meses y modificación
de la cláusula sexta correspondiente a trasferencia de los recursos con el fin de que
el tercer desembolso acordado se realizara cuando se certificara la radicación de
mil (1.000) procesos, ya fuese de falsa tradición o de titulación de propiedad.
11) Ese mismo 27 de noviembre de 2014 las partes suscribieron el adicional no. 3
al convenio no. 910-2013, mediante la cual se adicionó el termino de ocho (8)
meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de julio de 2015.
12) El 18 de diciembre de 2014 el Departamento de Nariño realizó el tercer
desembolso por el valor de $282´000.000.
13) El 10 de junio de 2015 la oficina de control interno de gestión del Departamento
de Nariño solicitó al supervisor del convenio remitir copia del acta de la junta
directiva mediante la cual se autorizó al presidente ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Pasto para suscribir el convenio no. 910-2013, en atención a que los
estatutos de la citada cámara exigen que para la celebración de contratos
superiores a 100 SMLMV se debía contar con la autorización respectiva.
14) En 4 de junio de 2015, en respuesta al requerimiento realizado por el supervisor
del convenio no. 910-2013, la Cámara de Comercio de Pasto informó que no existe
acta de sesión de la junta directiva en la cual se haya autorizado al presidente
ejecutivo para suscribir el convenio de cooperación no. 910-2013.
15) El 9 de junio de 2015, la Cámara de Comercio de Pasto presentó un informe
detallado sobre de la ejecución del convenio de cooperación no. 910-2013,
documento en el cual se relacionan un total de 1.025 demandas radicadas, pero al
7
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
revisar la información aportada se obtiene un total de 1.033 procesos; de los 1.033
procesos, hay un total de 532 demandas rechazadas, las cuales en su mayoría
fueron radicadas en el año 2013 y a la fecha no se han subsanado.
16) El 28 de julio de 2015 la Cámara de Comercio de Pasto informó que no
continuará con el convenio de cooperación no. 910-2013.
17) Durante la ejecución del convenio de cooperación no. 910-2013 el
Departamento de Nariño desembolso a la Cámara de Comercio de Pasto un valor
total de $1.354´000.000.
3. Posición de la parte demandada
Mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2018 la Cámara de Comercio de
Pasto presentó contestación de la demanda (documento no. 2 – índice no. 24
SAMAI – gestión otros despachos) con oposición a las pretensiones, pidió que estas
fueran negadas y propuso excepciones con fundamento en los siguientes
argumentos:
1) El convenio de cooperación fue suscrito sin el lleno de los requisitos para su
formalización conforme lo dispuesto en los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992;
si bien la cámara es una entidad sin ánimo de lucro no es de reconocida idoneidad
para la ejecución del objeto del convenio suscrito.
2) El objeto del convenio consistió en la instauración de procesos de saneamiento
de títulos de la pequeña propiedad, procedimientos y actividades para las cuales la
cámara no contaba con experiencia previa; el alcance del objeto se limitaba a la
radicación de 69 demandas, de modo que el resultado debió ser 69 sentencias
ejecutoriadas; no obstante, ello no pudo concretarse por falta de cumplimiento de
los requisitos con los que debían presentarse los beneficiarios, falta de información
y colaboración de los titulares.
3) El presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Pasto debía contar con
autorización expresa emitida por el consejo directivo de la referida institución, tal
como lo especifican sus estatutos, pues, se trató de un negocio jurídico que
8
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
superaba la cuantía de 100 SMMLV.
4) Debe entonces considerarse la nulidad del convenio de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 44 de la Ley 80 de 1993 y 1741 del Código Civil y denegar las
restituciones mutuas que proceden como consecuencia de la referida decisión, pues
no puede devolverse lo ejecutado.
5) Formuló las excepciones que denominó (i) “nulidad del convenio por objeto o
causa ilícita a sabiendas - imposibilidad de repetir por lo pagado”; (ii) “imposibilidad
de liquidar el convenio”; (iii) “las prestaciones ejecutadas hasta antes de que se
declare la nulidad deben ser reconocidas”; (iv) “cumplimiento de sus obligaciones
por la Cámara de Comercio de Pasto – buena fe”; (v) “control fiscal y penal”, en la
medida en que si la realización del convenio derivó en un detrimento para el
patrimonio público no podría repetirse contra una entidad sin ánimo de lucro, sino
que deberían formularse las acciones de responsabilidad fiscal y penal que
correspondan.
4. Vinculación de los llamados en garantía
Por auto de 20 de junio de 2019 se vinculó en calidad de llamados en garantía a las
compañías Seguros del Estado SA y Eventos Orgullo Colombiano SAS2 y, a las
personas naturales, señores Segundo Gonzalo Pantoja Escobar, Henry Orlando
Burbano Villota, Ana Constanza Hoyos Zarama, Diego Fernando Ibarra Terán, José
Polibio Lucero López, Víctor Hugo Mena Villota, Lady Yoanna Argot Montenegro,
Edwin Ignacio Torres Montilla, Alfonso Huertas Zura, Carlos Emilio Chavés Mora,
Heylen del Rosario Zambrano Ortega, Érika Maritza González Villareal, Víctor Hugo
Chamorro Fuertes, Andrés Mauricio Patiño, Edwin Rosas Bermeo3 y Lesly Andrea
2 La compañía Eventos Orgullo Colombiano SAS fue notificada mediante el envío, al buzón de
notificaciones judiciales del registro mercantil, del auto de aceptación del llamamiento en garantía el
19 de diciembre de 2019 (documento no. 120 carpeta no. 6 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros
despachos) y transcurrido el tiempo para proceder con la contestación de la demanda guardó silencio
(documento no. 169 carpeta no. 8 ibidem).
3 En la misma línea de comportamiento de la sociedad Eventos Orgullo Colombiano SAS, el señor
Edwin Rosas Bermeo fue notificado mediante aviso el 14 de diciembre de 2019 (documento no. 122
carpeta no. 6 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos) y transcurrido el tiempo para
proceder con la contestación de la demanda guardó silencio (documento no. 169 carpeta no. 8
ibidem).
9
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Reina Bravo4, de la parte demandada (documento no. 4 – índice no. 24 SAMAI –
gestión otros despachos).
4.1 Seguros del Estado SA
1) A través de escrito radicado el 21 de agosto de 2019 (documento no. 51 carpeta
no. 4 – ibidem), intervino en el proceso y con oposición a las pretensiones de la
demanda sobre la base de aducir que no hizo parte de la relación contractual
suscitada entre el Departamento de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto.
2) Adicionalmente, como llamado en garantía de la parte demandada propuso las
excepciones a la demanda de: (i) caducidad de la acción contractual respecto de la
nulidad absoluta; (ii) prescripción de los contratos de seguro; (iii) inexistencia de
perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguro; (iv) ausencia de cobertura del
perjuicio reclamado; (v) imposibilidad de reconocimiento de intereses moratorios y,
(vi) límite de la responsabilidad.
3) En cuanto a los hechos puso de presente que le consta la suscripción de algunos
contratos de prestación de servicios con los profesionales de derecho enlistados
como llamados en garantía; sin embargo, no le consta la suscripción de contrato
con Diego Fernando Ibarra.
4) Además, la Cámara de Comercio de Pasto no presentó argumentos jurídicos ni
fácticos para fundamentar la responsabilidad de la compañía aseguradora, máxime
si se tiene en cuenta que ya operó el fenómeno extintivo de la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguro, razón por la cual deberán resolverse
desfavorablemente las pretensiones en contra de Seguros del Estado SA.
4 La entidad demandada fundamentó el llamado en garantía de las personas naturales señaladas
por cuanto se trata de los abogados con quienes la cámara suscribió sendos contratos de prestación
de servicios y aunque tales negocios jurídicos fueron prorrogados, no se cumplió con el objeto para
el cual fueron contratados (página 5 del auto de 20 de junio de 2019 por el cual se aceptaron los
llamados en garantía relacionados por la parte demandante en el escrito de contestación de la
demanda documento no. 4 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos).
10
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4.2 Segundo Gonzalo Pantoja Escobar
1) El 23 de agosto de 2019 presentó respuesta al llamamiento en garantía, se opuso
a las súplicas de la demanda toda vez que su contrato de prestación de servicios
no tenía como fundamento el cumplimiento del convenio de cooperación no. 910-
2013 (documento no. 59 carpeta no. 4 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros
despachos).
2) Hizo un informe detallado de un total de 69 procesos judiciales, con precisión en
los datos de la persona demandada y el juzgado de conocimiento.
4.3 Henry Orlando Burbano Villota
1) Con escrito presentado el 4 de septiembre de 2019 contestó el llamamiento en
garantía y replicó las pretensiones de la demanda por cuanto la totalidad de los
recursos desembolsados fueron invertidos en la consecución del objeto contratado
(documento no. 69 carpeta no. 5 – ibidem).
2) Al propio tiempo, como llamado en garantía de la parte demandada propuso las
excepciones de (i) cumplimiento del objeto del contrato no. 041 de 2013; (ii) no se
pudieron terminar los 69 procesos con sentencias por cuanto la Corte Constitucional
en sentencia T-488 de 2014 dejó sin efectos la Ley 1561 de 2012, en cuanto se
refiere a las demandas dirigidas contra personas indeterminadas; (iii) nadie está
obligado a lo imposible y, (iv) cobro de lo no debido – no hay por lo tanto que
condenar al llamado en garantía al reintegro de recursos en favor de la Cámara de
Comercio [de Pasto].
4.4 Ana Constanza Hoyos Zarama
1) Mediante documento radicado el 19 de septiembre de 2019 (documento no. 67
carpeta no. 4 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos) intervino en el
proceso; refutó las pretensiones de la demanda por cuanto dio cabal cumplimiento
a las obligaciones adquiridas con ocasión de prestación de servicios no. 37 suscrito
con la Cámara de Comercio de Pasto.
11
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) Asimismo, como llamado en garantía de la parte demandada propuso las
siguientes excepciones (i) cumplimiento del contrato de prestación de servicios no.
37 suscrito el día 25 de julio de 2013; (ii) fuerza mayor y caso fortuito y, (iii) cobro
de lo no debido y rompimiento del equilibrio contractual.
3) En cuanto a los hechos puso de presente que no incurrió en incumplimiento de
contrato ni es civilmente responsable por la ocurrencia de perjuicio alguno por el
cual deba responder ante el demandante ni el demandado.
4.5 Diego Fernando Ibarra Terán, José Polivio Lucero López, Víctor Hugo Mena
Villota, Lady Yoanna Argot Montenegro, Edwin Ignacio Torres Montilla y
Alfonso Huertas Zura
1) El 1° de noviembre de 2019, a través de escritos independientes pero por
conducto del mismo profesional del derecho que los representa, los señores Diego
Fernando Ibarra Terán, José Polivio Lucero López, Víctor Hugo Mena Villota, Lady
Yoanna Argot Montenegro, Edwin Ignacio Torres Montilla y Alfonso Huertas Zura
dieron respuesta al llamamiento en garantía con idéntica redacción, se opusieron a
las pretensiones de la demanda por estimar que no hay fundamentos que permitan
el éxito de estas (documento no. 84 carpeta no. 5, documentos números 95, 100,
104, 109 y 113 carpeta no. 6 – ibidem).
2) Señalaron que en realidad se presentaron 1.035 procesos de titulación y
saneamiento de falsa tradición en aplicación de la Ley 1561 de 2012, de los cuales
le correspondieron 69 procesos judiciales debidamente radicados.
3) Formularon como excepciones de mérito las que denominaron: (i) cumplimiento
de las obligaciones del contratista; (ii) buena fe del profesional; (iii) falta de
planeación y planificación por parte del operador contratante; (iv) control fiscal
realizado por las autoridades del Estado; (v) rompimiento de la ecuación contractual
y, (vi) genérica.
12
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4.6 Carlos Emilio Chaves Mora5
1) A través del escrito presentado el 12 de noviembre de 2019respondió el
llamamiento en garantía con réplica a las pretensiones de la demanda dado que la
Cámara de Comercio de Pasto no incumplió con el objeto, ni las actividades ni la
forma y condiciones de pago del convenio no. 910 de 2013 (documento no. 118
carpeta no. 5 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos).
2) Durante la ejecución del convenio, época en la que desempeñó las funciones de
presidente ejecutivo y representante legal de la Cámara de Comercio de Pasto, el
objeto contratado con el convenio no. 910-2013 fue cumplido en su integridad.
4.7 Heylen del Rosario Zambrano Ortega
1) Mediante documento radicado el 31 de enero de 2020 (documento no. 124
carpeta no. 7 – ibidem), intervino en el proceso con oposición a las súplicas de la
demanda sobre la base de advertir que el contrato de prestación de servicios
suscrito con la entidad demandada contiene uno de los principios del ejercicio
profesional que le permite garantizar su gestión mas no el resultado.
2) La génesis del contrato de prestación de servicios con el cual se vinculó a la
profesional del derecho Zambrano Ortega a la Cámara de Comercio de Pasto fue
un convenio interinstitucional “con falta de estructura que les permitiera a los
abogados ejercer su trabajo de conformidad con la trascendencia del ejercicio y la
dinámica del sistema judicial colombiano” (página no. 3, documento no. 124 carpeta
no. 7 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos).
3) Propuso las excepciones de mérito que denominó: (i) cumplimiento de las
obligaciones del contratista; (ii) buena fe profesional; (iii) falta de planeación y
planificación por parte del operador contratante; (iv) control fiscal realizado por las
autoridades del Estado; (v) rompimiento de la ecuación contractual y, (vi) la
genérica.
5 El fundamento del llamamiento en garantía del señor Carlos Emilio Chaves Mora fue el hecho de
que fungió como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto.
13
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4.8 Érika Maritza González Villareal
1) El 25 de junio de 2021 presentó contestación al llamamiento en garantía, se
opuso a todas y cada una de las pretensiones principales de la demanda, por
considerar que no hay fundamentos facticos ni jurídicos que permitan la procedencia
de ellas (documento no. 150 carpeta no. 8 – ibidem).
2) Hizo un informe detallado de un total de 69 procesos judiciales, con precisión en
los datos de la persona demandada, el juzgado de conocimiento y la falta de
información necesaria para la obtención de una decisión que resolviera el fondo de
la controversia.
3) Formuló además las siguientes excepciones de mérito: (i) cumplimiento de las
obligaciones del contratista; (ii) buena fe profesional; (iii) “falta de planeación y
planificación por parte del operador contratante; (iv) control fiscal realizado por las
autoridades del Estado; (v) rompimiento de la ecuación contractual y, (vi) la
genérica.
4.9 Víctor Hugo Chamorro Fuertes
1) A través del escrito presentado el 19 de julio de 2021 en nombre propio, contestó
el llamamiento en garantía y se opuso a las súplicas de la demanda (documento no.
157 carpeta no. 8 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros despachos).
2) Señaló que la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con la
Cámara de Comercio de Pasto se ajustó a los parámetros exigibles por la Ley 1123
del 2007.
3) Como llamado en garantía de la parte demandada propuso las excepciones a la
demanda de: (i) cumplimiento de las obligaciones del contratista; (ii) buena fe
profesional; (iii) falta de planeación y planificación por parte del operador
contratante; (iv) control fiscal realizado por las autoridades del Estado;
(v) rompimiento de la ecuación contractual y, (vi) la genérica.
14
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4.10 Andrés Mauricio Patiño
1) El 20 de agosto de 2021, mediante curador ad litem, contestó el llamamiento en
garantía, se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos
de hecho y de derecho, y solicitó declarar probadas todas las excepciones de mérito
propuestas (documento no. 161 carpeta no. 8 – índice no. 24 SAMAI – gestión otros
despachos).
2) Manifestó que la celebración del convenio no. 910-2013 objeto de demanda debe
ser declarado nulo por causa u objeto ilícito dado que fue legalizado y ejecutado sin
la debida autorización del consejo directivo de la Cámara de Comercio de Pasto
para su suscripción, situación que generó un vicio en la voluntad de la persona
jurídica.
3) Explicó que los honorarios profesionales cancelados obedecieron al
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ocasión del contrato de prestación
de servicios, el cual nada tuvo que ver con el convenio firmado con el Departamento
de Nariño.
4) De otra parte, propuso como excepciones las que denominó (i) inexistencia de
dolo o culpa grave imputable al señor Andrés Mauicio Patiño; (ii) inexistencia de la
obligación indemnizatoria a cargo de la entidad demandada y del llamado en
garantía; (iii) indebida o inepta formulación del llamamiento en garantía; (iv) cobro
de lo no debió y, (v) la genérica.
4.11 Lesly Andrea Reina Bravo
1) Con escrito radicado el 6 de septiembre de 2021 (documento no. 163 carpeta no.
8 – ibidem) y a través de curador ad litem intervino en el proceso, se opuso a las
pretensiones de la demanda por cuanto la vinculación con la Cámara de Comercio
de Pasto se debió a la vinculación de la señora Reina Bravo en condición de
contratista profesional del derecho.
2) En relación con las pretensiones de la demanda se atiene a lo que resulte
probado dentro del proceso, y en cuanto a las súplicas del llamamiento de garantía
15
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
se opone a las estas y al reintegro de los recursos cancelados por parte de cámara
de comercio en cumplimiento de los contratos de prestación de servicio como el
suscrito con Lesly Andrea Reina Bravo.
3) Además, formuló como excepciones las siguientes: (i) cobro de lo no debido;
(ii) buena fe en la profesión (profesión de acción no de resultado); (iii) protección
contractual (póliza de cumplimiento); (iv) planificación indebida para la ejecución del
contrato (en relación con el equilibrio económico); (v) equilibrio contractual (teoría
de imprevisión) y, (vi) reconocimiento oficioso de excepciones.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, en providencia de 26 de julio de 2024 (índice
no. 176 SAMAI – gestión otros despachos) declaró liquidado judicialmente el
convenio de cooperación no. 0910 de 2013, balance general que dejó un saldo a
favor del Departamento de Nariño y denegó las demás suplicas de la demanda, con
base en el siguiente razonamiento:
1) El objeto del convenio de cooperación no. 910 de 2013 consistía en contribuir con
el cumplimiento del plan de desarrollo departamental 2012-2013, específicamente
en cuanto se refiere al programa de fortalecimiento de la participación ciudadana y
el subprograma de fortalecimiento de organizaciones sociales y comunales, en el
marco del convenio interadministrativo no. M234 de 2012 suscrito entre el
Departamento de Nariño y el Ministerio del Interior y de Justicia.
2) De la revisión de las pruebas que conforman el expediente se advirtió que la
Cámara de Comercio de Pasto no cumplió con la elaboración del plan de trabajo ni
con la entrega del software de seguimiento a los procesos de legalización de la
propiedad; sin embargo, para efectos del balance general de las obligaciones,
requisito para la liquidación del convenio no. 910 de 2013, se tomó el valor del
referido software, cifra que indexada asciende a $42´701.401.
3) Debido a que la obligación incumplida y liquidada en favor del Departamento de
Nariño en cuya conclusión no tuvieron injerencia alguna los llamados en garantía
no se realiza estudio alguno respecto de su eventual responsabilidad.
16
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
6. El recurso de apelación
Las partes se opusieron a la sentencia de primera instancia a través de la
formulación de los respectivos recursos de apelación (índices números 185 y 186
SAMAI – gestión otros despachos) los cuales fueron concedidos por el a quo por
auto de 26 de octubre de 2024 (índice no. 188 ibidem), impugnaciones que fueron
sustentadas en los términos que se reseñan a continuación.
6.1 Departamento de Nariño
Se opone a la decisión de denegar las demás pretensiones de la demanda
consignada en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la decisión con apoyo en
la siguiente argumentación:
1) Carece de veracidad afirmar, inicialmente, que el estudio socioeconómico de los
municipios seleccionados no fue realizado, y luego, concluir que sí se ejecutó por el
simple hecho de haberse presentado un listado de los municipios beneficiarios,
pues, según lo sostenido en la sentencia apelada, no se cuenta con documento que
acredite la metodología, criterios de selección ni de diagnósticos de vulnerabilidad.
2) Tampoco es de recibo concluir que la Cámara de Comercio de Pasto cumplió con
la asistencia técnica y jurídica a la población tomando como soporte los informes
sobre la radicación de las demandas, aun cuando en tales informes los
profesionales del derecho expresaron que las demandas fracasaron por la falta de
los estudios de títulos que exige la Ley 1561 de 2012.
6.2 Cámara de Comercio de Pasto
1) La oposición de la Cámara de Comercio de Pasto se fundamenta, principalmente,
en sostener que el tribunal de primera instancia omitió analizar la excepción de
nulidad absoluta del convenio por objeto y causa ilícitos, la cual es de orden público,
no está sujeta a caducidad y debió declararse de oficio; la cámara carecía de la
"reconocida idoneidad" exigida constitucionalmente para adelantar procesos
judiciales de titulación de tierras, ya que sus funciones son estrictamente
mercantiles, por consiguiente, por el hecho de estar viciado el contrato de nulidad
17
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
por causa ilícita “a sabiendas” de las partes, el artículo 1525 del Código Civil prohíbe
las restituciones mutuas, lo que deja sin piso jurídico la orden de devolver cualquier
dinero al Departamento de Nariño.
2) En forma subsidiaria, señaló que el convenio contenía una obligación de medios
y no de resultado, por lo cual el éxito o fracaso de los procesos judiciales no
dictaminaba un incumplimiento contractual; los fondos desembolsados por parte del
Departamento de Nariño fueron invertidos en la contratación de dieciséis (16)
profesionales del derecho y en el despliegue del soporte logístico requerido,
actividades con las que se acredita el cumplimiento de las obligaciones a las que se
había comprometido.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 14 de febrero de 2024 (índice no. 3 SAMAI) se admitieron los recursos
de apelación y, posteriormente, el 19 de febrero de 2025 (índice no. 7 SAMAI) se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10
días y, vencido este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para
emitir el respectivo concepto.
2) En dicho término la Cámara de Comercio de Pasto presentó el escrito de
alegaciones de conclusión en el que hizo una réplica al recurso de apelación
formulado (índice no. 10 ibidem).
3) A su turno, el Ministerio Público (índice no. 11 SAMAI) recomendó modificar la
sentencia del 26 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
en el entendido de que sí se incumplió una actividad del convenio no. 190 de 2013
y debe reintegrarse en favor del Departamento de Nariño la suma correspondiente.
4) De otra parte, el 24 de febrero de 2025 la firma de abogados Asleyes SAS puso
en conocimiento que el 28 de octubre de 2024 falleció el abogado José Eduardo
Vela Ortiz, quien fue designado como curador ad litem de la llamada en garantía
señora Lesly Andrea Reina Bravo (índice no. 9 ibidem).
18
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5) Por auto de 3 de septiembre de 2025 el despacho conductor de la segunda
instancia declaró interrumpida la actuación desde el 30 de octubre de 2024, declaró
la nulidad procesal a partir de la misma fecha y devolvió el expediente al tribunal de
origen para que se surtiera el trámite procesal correspondiente (índice no. 13
SAMAI).
6) Posteriormente, el 16 de enero de 2026 luego del regreso del expediente a esta
corporación y cumplido el trámite pertinente en relación con el fallecimiento del
curador ad litem de la llamada en garantía Lesly Andrea Reina Bravo, se admitieron
los recursos de apelación (índice no. 21 ibidem).
7) El 21 de enero de 2026 se notificó al Ministerio Público del auto admisorio (índice
no. 25 SAMAI) y en los términos del numeral 5 del artículo 247 del CPACA se le
informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en segunda instancia y se le
corrió traslado para emitir el respectivo concepto; no obstante, transcurrido el
término otorgado el Ministerio Público guardó silencio (índice no. 28 ibidem).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada consiste en la discusión sobre la liquidación judicial del
convenio de cooperación no. 910 de 2013 celerado entre el Departamento de Nariño
y la Cámara de Comercio de Pasto, balance general que culminara con un saldo a
favor de la entidad territorial por el monto de $701´022.487 por tratarse del dinero
desembolsado a la cámara sin que en modo alguno fuera ejecutado.
El Tribunal Administrativo de Nariño liquidó judicialmente el convenio de
cooperación no. 910 de 2013 con un saldo a favor del Departamento de Nariño en
19
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
el monto de $42´701.401 por motivo de la no entrega del software para el
seguimiento de los procesos de socialización y capacitación de la Ley 1561 de 2012
y denegó las demás súplicas de la demanda.
Ambas partes se opusieron a la decisión de primera instancia; por un lado, el
Departamento de Nariño cuestiona la ejecución del estudio socioeconómico y la
asistencia técnica por la falta de acreditación metodológica y el fracaso de las
demandas, las cuales carecían del estudio de títulos exigido por la Ley 1561 de
2012 y, de otra parte, la Cámara de Comercio de Pasto insiste en la nulidad absoluta
del convenio de cooperación no. 910 de 2013 por objeto y causa ilícitos, pues, la
ejecutora no contaba con la reconocida idoneidad que se exige para ello; en forma
subsidiaria, señala que la ejecución del convenio desarrolló obligaciones de medio
y no de resultado y en su cumplimiento contrató a los profesionales requeridos y
brindó el soporte logístico financiado.
La sentencia apelada será revocada para en su lugar declarar, de oficio, la
configuración de la caducidad del medio de control jurisdiccional y, en
consecuencia, se inhibirá para resolver el fondo de la controversia.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Hechos probados
Analizadas las pruebas que obran en el proceso, se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
objeto de juzgamiento:
1) El 19 de julio 2013 la Cámara de Comercio y el Departamento de Nariño
celebraron el convenio de cooperación no. 910-2013 cuyo objeto consistía en
contribuir al desarrollo del eje estratégico "Nariño Gobernable, programa de
fortalecimiento de la participación ciudadana, subprograma fortalecimiento de
organizaciones sociales y comunales, del plan de desarrollo Departamental 2012-
2015" (anexo no. 4, carpeta no. 3 anexos de la demanda, carpeta anexos demanda
20
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
no. 1 – índice no. 24 – SAMAI – gestión otros despachos), en el marco del Convenio
Interadministrativo no. M234 de 2103 suscrito entre Ministerio del Interior y el
Departamento de Nariño, con un plazo de cinco (5) meses (anexo no. 2 ibidem)6.
2) El 27 de diciembre de 2013, por petición de la Cámara de Comercio de Pasto, las
partes suscribieron el adicional no. 1 al mencionado convenio de cooperación no.
910-2013 con el objeto de ampliar el plazo en tres (3) meses más, esto es, hasta
treinta y uno (31) de marzo de 2014, se modificó la cláusula sexta que correspondía
a la transferencia de recursos y se efectuó la ampliación de la póliza de
cumplimiento a cargo de la Cámara de Comercio de Pasto (anexos números 6 y 7,
carpeta no. 3 anexos de la demanda, carpeta anexos demanda no. 1 – índice no.
24 – SAMAI – gestión otros despachos).
3) El 28 de marzo de 2014, por solicitud de la Cámara de Comercio de Pasto, las
partes celebraron el adicional no. 2 al convenio de cooperación no. 910-2013 con el
objeto de prorrogar el plazo de este en ocho (8) meses, es decir, hasta el 30 de
noviembre de 2014 (índices números 11 y 12 ibidem).
4) El 27 de noviembre de 2014, nuevamente por requerimiento de la Cámara de
Comercio de Pasto, las partes firmaron el adicional no. 3 al convenio no. 910-2013
mediante la cual se adicionó el termino de ocho (8) meses, es decir, hasta el treinta
y uno (31) de julio de 2015 (índices números 17 y 18, carpeta no. 3 anexos de la
demanda, carpeta anexos demanda no. 1 – índice no. 24 – SAMAI – gestión otros
despachos).
En ese contexto, según lo acreditado en el expediente advierte la Sala que el medio
de control jurisdiccional de controversias contractuales fue ejercido luego de
expirado el tiempo que legalmente se tenía para presentar la demanda, dado que el
6 Es del caso precisar que el referido convenio de cooperación no. 910-2013 se suscribió con el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 355 constitucional y en concordancia con
el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, le son aplicables las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades, los principios de la contratación estatal y algunas normas presupuestales de la
Ley 80 de 1993; en ese sentido, no le son exigibles en forma obligatoria la liquidación unilateral en
los términos estrictos que prescribe el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, salvo que las partes lo pacten.
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera – Subsección A de esta
corporación de 15 de febrero de 2018, expediente 55.147, MP Marta Nubia Velásquez Rico, de 28
de septiembre de 2011, expediente 15.476, MP Ruth Stella Correa Palacio, de la Sección Tercera i)
Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, radicación número: 55.147, MP Marta Nubia
Velásquez Rico y ii) Subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, radicación número: 51.832,
MP Olga Mélida Valle De la Hoz.
21
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
convenio interadministrativo no. 910 de 2013 estableció como plazo para proceder
con la liquidación cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecución, periodo de tiempo que trascurrió sin que la demanda fuera presentada
oportunamente.
2.2 El caso concreto
Para resolver la cuestión puesta en consideración de la Sala, es preciso hacer las
siguientes consideraciones:
1) La Sala verifica que operó la caducidad del medio de control jurisdiccional de
controversias contractuales; para el efecto, es preciso advertir que la figura de la
caducidad es de orden público y, en tal virtud, es de carácter irrenunciable,
constituye un presupuesto procesal del medio de control que debe ser observado
por el ad quem al margen que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso
de apelación7.
2) En relación con la oportunidad para ejercer el derecho de acción mediante la
interposición del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, se
deben tener en cuenta los plazos previstos en el numeral v) del literal j) del numeral
2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), disposición que establece:
“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada:
(…).
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…).
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2)
años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Cuando se
pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día
7 Al respecto, consultar el artículo 187 del CPACA, cuyo tenor literal es como sigue: “ARTÍCULO
187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. (…).
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)”. (mayúsculas
fijas y negrillas del original).
22
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la
nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará
así:
(…).
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo
acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una
vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en
su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del
acuerdo que la disponga;” (mayúsculas sostenidas del original -
negrillas adicionales).
3) La Sala advierte que el medio de control jurisdiccional de controversias
contractuales incoado en este caso concreto por el Departamento de Nariño fue
presentado de manera extemporánea, pues las partes en el texto del referido
negocio jurídico solo se estipularon la oportunidad de liquidación bilateral del
convenio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución.
4) Al respecto, esta corporación en un caso muy similar al del presente asunto
puntualizó lo siguiente8:
“(…) Ahora, en lo referente al conteo del término de caducidad de los
contratos o convenios interadministrativos que requieren liquidación,
asunto que no corresponde definir en esta providencia, por versar sobre
el objeto de la litis, existen diferentes hipótesis para su contabilización, a
saber: i) una primera hipótesis que indica que si la liquidación del convenio
fue efectuada de común acuerdo, esto es, de manera bilateral dentro del
plazo establecido para ello, el término para interponer la demanda se
cuenta desde el día siguiente al de la firma del acta; y ii) una segunda
hipótesis para los casos en los cuales la liquidación del convenio
interadministrativo se hizo de manera unilateral o la misma no fue posible,
evento en el cual existen dos tesis para el conteo de la caducidad del
medio de control que se presentaran a continuación:
6. La primera tesis esgrime que si bien los convenios interadministrativos
pueden ser liquidados bilateralmente los mismos no son susceptibles de
liquidación unilateral, por lo que para los efectos del conteo del término de
caducidad del medio de control no debe tenerse en cuenta el periodo con
que cuenta la administración para liquidar unilateralmente.
8 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 2 de noviembre de 2016,
expediente no. 52.624, MP Ramiro Pazos Guerrero.
23
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
7. Lo anterior, dado que la facultad para liquidar unilateralmente los
contratos es una decisión unilateral de la administración que no puede ser
ejercida cuando la contraparte también es el Estado, toda vez que existe
una relación horizontal entre los sujetos públicos que impide la imposición
de este tipo de decisiones.
Así, el término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales, en el evento en que se haya liquidado unilateralmente el
convenio interadministrativo o que el mismo no se haya liquidado, debe
comenzar a contabilizarse desde el momento en el que venció el plazo
para liquidar bilateralmente dicho acuerdo.
8. La segunda tesis manifiesta que en los convenios
interadministrativos es procedente la liquidación unilateral, pues la
misma es una facultad legal del Estado que no implica el ejercicio de
una potestad exorbitante, ya que la Ley 80 de 1993 no la enlista como
tal y en este sentido la misma es procedente9” (negrillas adicionales).
5) No obstante lo anterior, la Sala reconsideró el mencionado criterio jurisprudencial
en reciente providencia del 20 de mayo de 2024, expediente no. 68.48010 en el
sentido de precisar lo siguiente:
“Para determinar el momento a partir del cual inicia el cómputo de la
oportunidad para presentar la demanda y la correspondiente caducidad
de la acción, la Sala debe atender lo dispuesto por el artículo 164, numeral
2, literal j, del CPACA, en virtud del cual el conteo empieza al día siguiente
a aquél en el que venció el plazo para que las partes liquidaran el
convenio. Lo anterior, en atención a que ninguna de ellas estaba
habilitada legalmente para imponer a la otra el balance final del contrato
y tampoco se pactó convencionalmente esa facultad11, por lo que el
conteo se debe efectuar al término de los 4 meses que fueron pactados
para la liquidación, de conformidad con la cláusula duodécima.
Si bien en otras providencias se ha realizado un cómputo de la
caducidad diferente12, esta Sala advierte que, en las sentencias
referidas, el cálculo no tenía en cuenta si la entidad estaba
efectivamente facultada (legal o convencionalmente) para liquidar
unilateralmente el contrato, o porque entendía que se debía acudir al
supuesto contemplado en el literal V, del literal j, del numeral 2, del
artículo 164 del CPACA, que presume un término de 2 meses
posterior al vencimiento del plazo convenido para la liquidación
9 Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de marzo
de 2015, exp., n.º 32797, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
10 Providencia con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B:
Sentencia de 19 de octubre de 2023, exp. 69574; Sentencia de 19 de abril de 2023, exp. 64500;
Sentencia de 26 de enero de 2023, exp. 60325; Sentencia de 14 de septiembre de 2022, exp. 66875;
Auto de 14 de noviembre de 2019, exp. 64796 MP Alberto Montaña Plata y Subsección A: Sentencia
de 22 de octubre de 2021, exp. 65978; Sentencia de 16 de agosto de 2022, exp. 60434; Sentencia
de 21 de noviembre de 2022, exp. 57669; Sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 68616, y
Sentencia de 5 de febrero de 2024, exp. 58883.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B
Sentencia de 19 de octubre de 2023, exp. 69991; Sentencia de 23 de noviembre de 2022, exp.
67523; Sentencia de 14 de julio de 2023, exp. 69094 y Sentencia de 10 de junio de 2022, exp. 63919.
24
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
bilateral. A propósito de esta disparidad de cómputos se advierte que
el análisis relativo a la oportunidad para presentar la demanda no
debe sobreentender una actividad en cabeza de una de las partes (de
ordinario, la entidad contratante) que no tendrá lugar, pues esto
llevaría a sumar al conteo un tiempo en espera de un hecho que no
ocurrirá” (se destaca).
De modo que, en cada caso concreto, será necesario definir si el convenio
interadministrativo era liquidable o no de manera unilateral.
6) En este caso objeto de análisis, las partes no estipularon la facultad de liquidación
unilateral a cargo de una de ellas; únicamente, pactaron un plazo para liquidación –
“la cual se hará de mutuo acuerdo”13- de cuatro (4) meses, motivo por el cual el
plazo de ejecución del referido convenio de cooperación no. 910 de 2013 prorrogado
mediante los documentos adicionales números 1, 2 y 3 feneció el 1° de diciembre
de 2015 según la cláusula séptima14; por lo tanto, el cómputo de los dos (2) años
de caducidad a los que se refiere el artículo 164 del CPACA culminaban el 1º de
diciembre de 2017, pero como el medio de control jurisdiccional fue ejercido solo
hasta el 23 de marzo de 2018 (índice no. 1 SAMAI – gestión otros despachos) es
claro que la demanda fue presentada de manera abiertamente extemporánea.
7) En efecto, el plazo general de ejecución del convenio feneció el 31 de julio de
2015, de acuerdo con la extensión del plazo acordada con el adicional no. 2 de 28
de marzo de 2014 (índice no. 12 SAMAI – gestión otros despachos) y como el
periodo de cuatro (4) meses para liquidar de mutuo acuerdo el convenio de
cooperación no. 910 de 2013 terminó el 1° de diciembre de 2015 (anexo no. 2
carpeta no. 3 de la demanda, carpeta anexos de la demanda no. 1 – índice no. 24
ibidem), es claro que la oportunidad para interponer la demanda en tiempo venció
el 1° de diciembre de 2017, es decir, mucho antes de la formulación de la demanda
ocurrida el 28 de marzo de 2018.
13 Página 4 del anexo no. 4, carpeta no. 3 anexos de la demanda, carpeta anexos demanda no. 1 –
índice no. 24 – SAMAI – gestión otros despachos.
14 En la cláusula décima segunda del convenio de cooperación no. 910 de 2013 se consignó lo
siguiente: “[l]a liquidación del presente Convenio se hará de común acuerdo entre las partes al
cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación,
previa preparación del acta por parte de la UPERVISIÓN, o de la fecha de expedición del acto
administrativo que ordene su terminación. También en estas etapas las partes acordarán los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse en paz y salvo” (fl. 5 - ibidem).
25
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
8) Advierte la Sala, además, que el término de caducidad tampoco fue interrumpido
con ocasión del trámite de la conciliación prejudicial, pues, como el trámite tuvo
ocasión en el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 21 de marzo de 2018,
esto es, cuando la oportunidad para formular la demanda había precluido (carpeta
no. 3 anexos de la demanda, carpeta anexos demanda no. 1 – índice no. 24 –
SAMAI – gestión otros despachos).
8) En consecuencia, acreditado como está el hecho de que la demanda fue
presentada luego de vencido el término legal que se tenía para ello, la Sala revocará
la sentencia apelada para en su lugar declarar, de oficio, la configuración de la
caducidad del medio de control jurisdiccional y, en consecuencia, se inhibirá para
resolver el fondo de la controversia.
3. Conclusiones
1) En el presente asunto las partes se opusieron a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia por cuanto, a su juicio, no se analizaron en debida
forma las pruebas documentales aportadas al expediente.
2) Contrario a lo sostenido por el tribunal de primera instancia, el punto de partida
para establecer si el medio de control jurisdiccional fue ejercido dentro del término
para ello es el negocio jurídico del caso concreto, documento en el que,
particularmente, las partes solo pactaron la liquidación de mutuo acuerdo de cuatro
(4) meses sin establecer en cabeza de alguna de ellas la facultad de liquidación
unilateral; en ese sentido, no es aplicable al caso el plazo de dos (2) meses para la
liquidación unilateral de que trata el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
3) Así las cosas, como el plazo general de ejecución del convenio feneció el 31 de
julio de 2015, según la prórroga pactada en el adicional no. 2 del 28 de marzo de
2014 y el periodo de cuatro (4) meses para la liquidación de mutuo acuerdo pactada
expresamente en el convenio de cooperación no. 910 de 2013 venció el 1° de
diciembre de 2015, es claro que la demanda presentada el 28 de marzo de 2018 es
claramente extemporánea, pues la oportunidad para ello precluyó el 1° de diciembre
de 2017.
26
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4) En consonancia con lo expuesto, como la demanda fue presentada por fuera del
plazo otorgado para ello la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar
declarar, de oficio, probada la excepción de caducidad del medio de control y en
consecuencia se inhibirá para resolver el fondo de la controversia.
4. Condena en costas y agencias en derecho
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 4) del CGP, como
la sentencia de segunda instancia revocó totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias, esto es, la parte actora
Departamento de Nariño asumirá las costas procesales en ambas instancias, las
cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP,
incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión, del 26 de julio de 2024, la cual quedará así:
“PRIMERO.- Declárase probada, de oficio, la configuración de la
caducidad del medio de control jurisdiccional.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior inhíbese de hacer un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia”.
2°) Condénase en costas a la parte demandante, Departamento de Nariño, tásense
en forma concentrada por el tribunal de primera instancia.
27
Expediente no. 52001-23-33-000-2018-00134-01 (72.216)
Actor: Departamento de Nariño
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado Ponente
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.