Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2018-00204-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
10 de agosto de 2026
PRUEBA –
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 51-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Temas: CONVENIO DE ASOCIACIÓN – Elementos previstos en la ley – régimen
jurídico – / INCUMPLIMIENTO – Demostrado en el proceso / no dependía del
manejo directo de recursos – no dependía del grado de ejecución financiera de los
aportes hechos por la entidad demandante RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
DE LA ENTIDAD COOPERANTE – no administrar directamente los recursos no
excluye el incumplimiento de las obligaciones de acompañamiento, coordinación y
seguimiento asumidas en el convenio – / CLÁUSULA PENAL – Alcance dado por
las partes en el caso concreto – tasación anticipada de los perjuicios derivados del
incumplimiento – procedencia a cargo de cada una de las partes del contrato,
demandadas / GARANTÍA DEL CONTRATO – Efectividad para el pago de la pena
pecuniaria a cargo de la asociación Awá Camawari / LIQUIDACIÓN DEL
CONVENIO / Procedencia.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia del 24 de marzo de 20211, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. La Sala modificará la providencia recurrida al acreditar el incumplimiento parcial
del convenio de asociación n.° 20160617 de 2016 por parte de la Asociación de
Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari y de la Organización Nacional
Indígena de Colombia –ONIC–, quienes no ejecutaron integralmente las
obligaciones asumidas ni garantizaron el adecuado desarrollo del objeto
contractual, el que alcanzó un 62% de ejecución. En particular, el material probatorio
demuestra que Camawari no cumplió varias actividades del Plan Operativo ni
acreditó plenamente el cumplimiento de sus compromisos.
3. Asimismo, se concluye que la Organización Nacional Indígena de Colombia –
ONIC– incumplió las obligaciones de acompañamiento, coordinación y seguimiento
asumidas en el convenio, circunstancia que contribuyó a la deficiente ejecución del
proyecto y compromete su responsabilidad contractual frente a la entidad
demandante.
4. En consecuencia, procede la declaratoria de incumplimiento de las demandadas,
la aplicación proporcional de la cláusula penal conforme al incumplimiento
parcialmente demostrado, la efectividad de la garantía de cumplimiento respecto de
1 Fs 612 a 657 cuaderno principal
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
la obligación asegurada y la liquidación judicial del convenio. Lo anterior no obsta
para que, en caso de acreditarse la realización y efectiva entrega de desembolsos
adicionales, proceda su restitución conforme a lo pactado. Sin embargo, en el
presente asunto no hay lugar a ordenar la devolución de recursos, puesto que el
expediente no contiene prueba suficiente que demuestre la efectiva realización de
tales desembolsos.
ANTECEDENTES
Demanda
5. El 15 de mayo de 2018, la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
instauró demanda de controversias contractuales contra la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas AWÁ CAMAWARI y la compañía Seguros del Estado S.A. El escrito fue
corregido el 10 de agosto del mismo año y en él quedaron formuladas las
pretensiones2; en esencia, la demanda persigue la declaratoria de incumplimiento
del convenio, la restitución de recursos con su actualización, la aplicación de la
cláusula penal, la efectividad de la póliza de cumplimiento y la liquidación judicial
del negocio.
Hechos
6. El 1 de julio de 2016, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural celebró el
Convenio de Asociación No. 20160617 con Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Awá Camawari y la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), con el objeto de ejecutar un proyecto de mejoramiento de
sistemas productivos agropecuarios en el municipio de Ricaurte, departamento de
Nariño.
7. El convenio tenía como finalidad aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para fortalecer la producción agropecuaria en 100 chagras 3 del pueblo
2 “(…)Primera: Que se declare administrativamente responsable a la Organización Nacional Indígena de
Colombia y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari por el INCUMPLIMIENTO
del Convenio de asociación 20160617, celebrado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 01 de
julio de 2016, por no haber cumplido con las obligaciones pactadas en el mismo”. // Segunda: Que como
consecuencia del INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO de Asociación No. 20160617, los contratistas restituyan
a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el valor del Convenio, cuyo valor asciende a la suma
de cuatrocientos setenta y cinco millones ($475.000.000.00) M/cte. // Tercera: Que se declare que la obligación
dineraria de que trata el numeral segundo sea ajustada en su poder adquisitivo según el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) y con el reconocimiento del interés mensual equivalente al establecido por las entidades
financieras en los depósitos a término – DTF – más cinco puntos, sin perjuicio de que pueda llegar a
demostrarse a través de cualquier otro tipo de actuación contractual, administrativa o judicial un daño superior
y sin que pueda entenderse como renuncia alguna a dicha reclamación por concepto de los desembolsos
realizados con relación al Convenio de Asociación No. 20160617 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y (sic) la Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Awá Camawari el 01 de julio de 2016. // Cuarta: Que como consecuencia del
INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 20160617 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas Awá Camawari, la Aseguradora Seguros del Estado pague a la Nación – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, correspondiente al 10% del valor total del
convenio (…). // Quinta: Que como consecuencia de lo anterior, se declare el siniestro de la póliza No. 37-44-
101025231, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. (…), y que se ordene el pago de la suma
asegurada por cumplimiento del contrato por el valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.00) M /cte
(…). // Sexta: Que se decrete la liquidación judicial del convenio de Asociación No. 20160617 (…)”. Fs. 175-
179, c.1.
3 De acuerdo con la información que al respecto registra el Ministerio de Ambiente, las chagras pueden definirse
como los espacios destinados por los grupos indígenas para el cultivo de alimentos, el establecimiento de
sistemas de producción y la transmisión y preservación de conocimientos ancestrales. Véase: Ministerio de
Ambiente de Colombia. (2024, 8 de octubre). Las chagras indígenas: seguridad alimentaria y la transmisión de
2
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
indígena Awá, buscando mejorar su dieta alimentaria.
8. El valor del negocio jurídico se fijó en $523’200.000, de los cuales $500’000.000
corresponden al aporte de la entidad pública y $23’200.000 a la contrapartida a
cargo de la Asociación Awá Camawari. El aporte estatal se pactó en tres
desembolsos sucesivos, sujetos al cumplimiento de requisitos técnicos y
financieros: un primer giro por $225.000.000, un segundo por $250.000.000 y un
tercero por $25.000.000, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el convenio.
9. El plazo inicial de ejecución se fijó hasta el 31 de diciembre de 2016, que fue
objeto de prórrogas sucesivas hasta el 30 de septiembre de 2017.
10. En la ejecución del convenio se desarrollaron labores de supervisión y
seguimiento mediante informes técnicos y visitas de verificación.
11. Durante las actividades de seguimiento y verificación adelantadas al finalizar el
plazo de ejecución, se identificó un posible incumplimiento del convenio por parte
de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari de
Ricaurte, toda vez que el grado de avance evidenciado resultó inferior al previsto
contractualmente. En particular, se estableció la ejecución incompleta de nueve
actividades contempladas en el Plan Operativo4, circunstancia que comprometió el
cumplimiento integral del objeto convenido.
12. La asociación indígena no aportó el informe de ejecución financiera
correspondiente al segundo desembolso, circunstancia que impidió evaluar
adecuadamente la destinación de los recursos girados por el Ministerio.
13. Pese a los requerimientos realizados por la supervisión, las obligaciones no
fueron cumplidas en su totalidad, razón por la cual considera configurado un
incumplimiento imputable a las entidades demandadas.
14. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 19 de
octubre de 20185.
Contestación de la demanda
15. La ONIC ejerció su defensa6, manifestó que no le constaban las imputaciones
de incumplimiento hechas en la demanda, dado que no estaba obligada a manejar
los recursos del convenio ni a informar sobre su estado de ejecución, mientras que
los compromisos que sí asumió fueron honrados a cabalidad, especialmente en lo
relativo a las labores de acompañamiento y apoyo al proyecto.
16. Reprochó que la entidad estatal acudiera a la jurisdicción sin agotar previamente
los mecanismos previstos por las partes para remediar los eventos de
incumplimiento consistentes en la imposición de multas y de cláusula penal. En
criterio de la ONIC, la Administración incurrió en violación del debido proceso al
omitir tales procedimientos como paso preliminar al juicio, en especial porque con
esa conducta, no garantizó a su contraparte el derecho de audiencia previsto en el
conocimientos. https://visionamazonia.minambiente.gov.co/news/las-chagras-indigenas-seguridad-alimentaria-
y-la-transmision-de-conocimientos/. Última consulta: 19 de junio de 2026.
4 En la demanda se enunciaron como incumplidas las actividades 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 9 y 10 (f.163, c.1).
5 F. 199 - 203, c.1.
6 Fs. 217-234, c.2.
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
17. Propuso la excepción que denominó, “falta de cumplimiento del requisito de
procedibilidad debido al no agotamiento de los mecanismos de solución alternativa
de conflictos pactados en (…) el Convenio de Asociación No. D-20160162”;
asimismo, la rotulada como “ausencia de legitimación por pasiva o contrato
cumplido en razón de la ausencia de responsabilidad contractual”; reiterando,
respecto de esta última, haber cumplido con las obligaciones contraídas en virtud
del negocio jurídico. Por último, formuló la excepción de “cobro de lo no debido”, y
solicitó que se declararan en fallo de mérito las que se encontraran probadas
durante el juicio.
18. La sociedad Seguros del Estado S.A. compareció al proceso, contestó
oportunamente la demanda y ejerció su derecho de defensa mediante la formulación
de excepciones de mérito7, las cuales fueron objeto de decisión en la sentencia de
primera instancia.
19. De igual manera, invocó como medio exceptivo la “liquidación del convenio y
compensación”, argumentó que tal balance debía ser efectuado en el proceso, para
establecer el monto de las obligaciones que llegaran a demostrarse a cargo de las
partes.
20. La asociación Awá Camawari no contestó la demanda.
21. La audiencia inicial se adelantó el 1 de octubre de 2019. En ella, el Tribunal de
primera instancia negó la excepción de “falta de cumplimiento del requisito de
procedibilidad (…)”, invocada por la ONIC, y fijó el litigio estableciendo como
problema jurídico, la procedencia de declarar la responsabilidad contractual de los
entes étnicos demandados, por incumplimiento del convenio de asociación n°
20160617 de 2016, y si como consecuencia de ello, la compañía Seguros del
Estado debía pagar al Ministerio el valor pactado en la cláusula penal pecuniaria8.
22. En la misma diligencia fue culminada la etapa de pruebas y se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para la
presentación de su concepto.
23. El Ministerio de Agricultura y la ONIC reiteraron lo expuesto en la demanda y en
la contestación9, respectivamente. Los demás sujetos procesales guardaron
silencio.
Sentencia de primera instancia
24. En fallo del 24 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR que la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas Awá Camawari incumplió parcialmente el Convenio de
Asociación No. D-20160617 del o1 de julio de 2016.
7 La “inexistencia de perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguro”; el “enriquecimiento sin justa causa”
como evento prohibido en seguros de daños según el Código de Comercio; la “falta de cumplimiento de los
requisitos para hacer exigible la póliza (…) de cumplimiento”; la “improcedencia del cobro de la totalidad de la
cláusula penal (…)” y el “límite de la responsabilidad”.
8 Fs. 493-511, cuaderno principal
9 Fs. 521-531, cuaderno principal
4
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones denominadas “(…)
contrato cumplido en razón de la ausencia de responsabilidad contractual,
ya que la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC cumplió con
la totalidad de las obligaciones a su cargo derivadas del Convenio de
Asociación No. D-20160617’ y ‘Cobro de lo no debido’ propuestas por la
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Ello con sujeción a
lo analizado y expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR probadas las excepciones denominadas
‘Inexistencia de perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguro’ y
‘Falta de cumplimiento de los requisitos para hacer exigible la póliza de
seguro de cumplimiento No. 37-44-101025231’, propuestas por la
Aseguradora Seguros del Estado S.A. Ello con sujeción a lo analizado y
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y a favor de la parte demandada. Liquídense por
Secretaría. (…)”10.
25. El Tribunal analizó la responsabilidad de la Organización Nacional Indígena de
Colombia – ONIC y concluyó que no le era atribuible incumplimiento contractual,
porque sus obligaciones se limitaron al acompañamiento y apoyo del proyecto, sin
incluir la administración, manejo o ejecución directa de los recursos del convenio.
26. En cuanto a la asociación Awá Camawari, señaló que omitió presentar informes
detallados sobre la inversión de los recursos desembolsados por el Ministerio, pese
a encontrarse estipulado en el convenio de asociación, y que, con esa conducta,
impidió que se determinara con claridad lo ejecutado en el proyecto. De esta
manera, para el juez de primer grado, aunque el caudal probatorio permitía inferir
razonablemente que el objeto del convenio fue cumplido parcialmente, lo que
implicó una inversión parcial del aporte de la Nación, no se contaba con elementos
para estimar el grado de cumplimiento de las obligaciones de las partes.
27. Afirmó que del material probatorio era posible inferir que el objeto contractual se
ejecutó de manera parcial, pues existían elementos que evidenciaban la realización
de algunas actividades y la inversión de recursos, aunque sin claridad sobre su
alcance.
28. Precisó que en el proceso no se aportaron pruebas que permitieran determinar
con certeza: (i) el porcentaje real de ejecución del convenio, (ii) el estado del
proyecto y (iii) las obligaciones incumplidas por las partes.
29. Agregó que esa ausencia probatoria también impedía establecer la cuantía de
los recursos no ejecutados o indebidamente invertidos, por lo que no era posible
ordenar su restitución a favor del Ministerio.
30. En esa misma línea, indicó que la cláusula penal pactada en el convenio tenía
naturaleza compensatoria, por lo que su exigibilidad dependía de la demostración
de perjuicios, los cuales no fueron acreditados en el proceso.
10 Fs. 612-657, cuaderno principal
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
31. Por ello, concluyó que el incumplimiento parcial acreditado no daba lugar a la
imposición de la cláusula penal, ni a la declaratoria del siniestro de la póliza, al no
existir prueba del daño.
32. El Tribunal también reprochó que la parte demandante sustentara su pretensión
en un porcentaje de ejecución del 62% sin soporte técnico ni probatorio suficiente,
lo que impedía adoptar una decisión condenatoria.
33. Finalmente, reiteró que no existían elementos para establecer con precisión el
grado de ejecución del convenio ni las posibles afectaciones derivadas de su
desarrollo, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.
34. En consecuencia, concluyó que, aunque se evidenció un incumplimiento parcial
atribuible a la Asociación Awá Camawari, no se acreditaron los presupuestos
necesarios para derivar responsabilidad patrimonial ni para imponer condenas
económicas.
Recurso de apelación
35. El Ministerio de Agricultura solicitó revocar parcialmente la sentencia11, porque
el Tribunal desconoció que en el proceso se acreditó el incumplimiento del convenio
por parte de la Asociación Awá Camawari, no solo en la presentación de informes,
sino también en la ejecución material de las actividades previstas en el Plan
Operativo Anual.
36. Según las visitas de supervisión, el avance del proyecto apenas alcanzó el 62%
al finalizar el plazo contractual, sin que existiera claridad sobre la destinación de los
recursos girados por la Nación. En su criterio, esa situación evidenciaba que una
parte significativa de las obligaciones no fue cumplida y que los recursos no fueron
debidamente ejecutados.
37. Precisó que el incumplimiento se reflejó en múltiples actividades no
desarrolladas, entre ellas: (i) la adecuación incompleta de las chagras, (ii) la falta de
construcción total de la infraestructura pecuaria, (iii) la no entrega de insumos y
animales, (iv) la no elaboración de cartillas y (v) el incumplimiento parcial de las
capacitaciones y del acompañamiento técnico.
38. Afirmó que, pese a tales evidencias, el Tribunal se abstuvo de declarar la
responsabilidad contractual plena, bajo el argumento de falta de certeza probatoria,
cuando la propia conducta omisiva de la demandada —que no contestó la demanda
ni acreditó la ejecución de los recursos— debía conducir a tener por ciertos los
hechos alegados en su contra.
39. En ese sentido, sostuvo que el juez de primera instancia omitió aplicar las
consecuencias procesales derivadas de la falta de contestación de la demanda, en
particular la presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión, lo
cual incidió en la decisión desfavorable para la entidad actora.
40. De otra parte, alegó que la duda sobre la correcta ejecución de los recursos no
podía resolverse a favor de las demandadas, pues correspondía a estas acreditar
el cumplimiento del convenio y la debida inversión de los recursos públicos, carga
que no fue satisfecha.
11 Fs. 663-669, cuaderno principal.
6
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
41. En cuanto a la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, indicó que
también debía ser declarada responsable, en tanto incumplió sus obligaciones de
acompañamiento, apoyo y articulación, lo que —a su juicio— contribuyó a la
inejecución de actividades y al incumplimiento del convenio.
42. Asimismo, defendió la procedencia de hacer efectiva la garantía única de
cumplimiento, al estimar que el incumplimiento contractual generó un daño
emergente equivalente al valor de las prestaciones no ejecutadas, el cual debía ser
indemnizado por la aseguradora.
43. Finalmente, reprochó que el Tribunal se hubiera abstenido de realizar la
liquidación judicial del convenio, pese a que en el expediente —según afirmó—
existían elementos suficientes para determinar el estado final de ejecución y
efectuar el correspondiente cruce de cuentas entre las partes.
Trámite en segunda instancia
44. En auto del 14 de octubre de 2021, el Despacho ponente admitió el recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio de Agricultura.12
45. En esta instancia, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
intervino y reiteró los argumentos expuestos en primera instancia. Los demás
sujetos procesales guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
46. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo
actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción13,
competencia, conciliación prejudicial14, caducidad15 y legitimación en la causa por
12 Índice 00003 de Samai.
13 La demanda fue presentada el 15 de mayo de 2018; en consecuencia, el asunto se rige por las disposiciones
de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 308, toda vez que dicha normativa entró
en vigor el 2 de julio de 2012. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
presente asunto, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, por tratarse de una controversia contractual
en la que es parte una entidad pública, esto es, la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Asimismo, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en los términos del artículo 150 del CPACA,
disposición que le atribuye el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos. En cuanto al factor cuantía, se observa que la demanda fue
promovida en ejercicio del medio de control de controversias contractuales y que las pretensiones fueron
estimadas en la suma de cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos ($475.000.000). Para el año 2018, el
salario mínimo legal mensual vigente correspondía a $781.242, de manera que quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes ascendían a la suma de $390.621.000, conforme a lo previsto en el
numeral 5 del artículo 152 del CPACA en su redacción original, vigente para la fecha de presentación de la
demanda. En ese sentido, la cuantía de las pretensiones supera el umbral de los 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, razón por la cual el conocimiento del proceso en primera instancia correspondía al Tribunal
Administrativo. En consecuencia, habida consideración de que la cuantía excedía el límite legal previsto para la
competencia corresponde al Consejo de Estado conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia.
14 Si bien el inciso 2 del numeral 1° del artículo 161 del CPACA en su redacción original - sin la modificación de
la Ley 2080 de 2021- establecía que el requisito de conciliación prejudicial era facultativo para las entidades
públicas, en este caso se observa que la Entidad Publica demandante agotó el requisito como obra en
constancia de conciliación extrajudicial de fecha 24 de abril del 2018. Folios 140 – 145, cuaderno 1.
15 De conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal j), subapartado iii) del CPACA, “(…) en los contratos
que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, el término para demandar es
de dos (2) años contados desde el día siguiente al de la firma del acta respectiva (…)”. Asimismo, a la luz del
subapartado v) de la misma norma, “(…) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo
acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses
contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del
acuerdo que la disponga; (...)”. En el caso objeto de estudio se pretende la declaratoria de incumplimiento del
convenio de asociación n° 20160617 del 1 de julio de 2016, en el cual se previó la liquidación únicamente por
7
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
activa y por pasiva16.
Alcance de la apelación
47. La Sala circunscribirá su análisis a los cuestionamientos formulados por la parte
demandante en el recurso de apelación, en los términos del artículo 328 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del CPACA, de manera que su estudio
se limitará a verificar la corrección de la decisión adoptada por el Tribunal frente a
los aspectos objeto de inconformidad.
48. En ese contexto, la controversia en esta instancia se contrae a examinar si el
Tribunal acertó al negar las pretensiones de la demanda, pese a haber reconocido
un incumplimiento parcial del Convenio de Asociación n.º 20160617 de 2016, con
fundamento en la insuficiencia probatoria respecto del grado de ejecución del
contrato y de los perjuicios alegados.
49. Particularmente, la Sala estudiará los reparos relacionados con la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal, en lo que atañe a la acreditación del
incumplimiento contractual, el estado de ejecución del convenio y la destinación de
los recursos públicos, así como las consecuencias que, según la parte apelante,
debieron derivarse de la falta de contestación de la demanda por parte de la
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari.
50. Se analizará la inconformidad planteada frente a la ausencia de declaratoria de
responsabilidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, así
como la negativa de acceder a las pretensiones económicas reclamadas,
incluyendo la restitución de recursos, la efectividad de la cláusula penal, la
declaratoria del siniestro de la póliza de cumplimiento y la liquidación judicial del
convenio.
Problema jurídico
51. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño acertó
al negar las pretensiones derivadas del incumplimiento del Convenio de Asociación
No. 20160617 de 2016, pese a haber reconocido el incumplimiento parcial de Awá
Camawari, o si, por el contrario, el material probatorio permite concluir que Awá
Camawari y la ONIC incumplieron las obligaciones asumidas en el convenio y que,
en consecuencia, procede la aplicación de la cláusula penal, la efectividad de la
garantía de cumplimiento y la liquidación judicial del negocio jurídico.
mutuo acuerdo, para ser efectuada “dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización” del negocio
jurídico. El término de vigencia de este expiró el 30 de septiembre de 2017, el plazo para el indicado corte
definitivo de cuentas venció el 30 de enero de 2018, sin que las partes procedieran a tal ejercicio. La caducidad
comenzó a correr al día siguiente y finalizaba el 31 de enero de 2020; no obstante, la demanda fue interpuesta
el 15 de mayo de 2018, por lo cual se debe concluir que su presentación fue oportuna.
16
La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra legitimada en la causa por activa, por
cuanto actuó como parte en el Convenio de Asociación n.° 20160617 de 2016 y acude al presente medio de
control de controversias contractuales con el propósito de obtener la declaratoria de incumplimiento de dicho
negocio jurídico, así como las consecuencias patrimoniales derivadas del mismo, al estimar que las obligaciones
pactadas no fueron ejecutadas en debida forma.
La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas
Awá Camawari están legitimadas en la causa por pasiva, en tanto fueron partes del convenio objeto de
controversia y, en esa condición, asumieron obligaciones contractuales cuyo presunto incumplimiento constituye
el fundamento de las pretensiones formuladas en la demanda.
La sociedad Seguros del Estado S.A. se encuentra legitimada para intervenir como parte demandada, fue
vinculada al proceso desde su inicio, contestó la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, en
virtud de haber expedido la póliza de cumplimiento que amparaba el Convenio de Asociación n.° 20160617 de
2016, de modo que la decisión que se adopte respecto de la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de
la cláusula penal puede incidir directamente en su obligación de responder en los términos del contrato de
seguro.
8
Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Tesis
52. Se modificará la sentencia apelada, porque el material probatorio obrante en el
expediente permite establecer que la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas Awá Camawari y la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–
incumplieron parcialmente las obligaciones asumidas en el Convenio de Asociación
No. 20160617 de 2016.
53. En consecuencia, procede la reducción proporcional de la cláusula penal
pactada, en los términos del artículo 1596 del Código Civil, así como la efectividad
de la garantía de cumplimiento respecto de la obligación asegurada y la liquidación
judicial del convenio.
54. Aunque el Tribunal reconoció la existencia de un incumplimiento parcial del
Convenio de Asociación n.º 20160617 de 2016, restó indebidamente sus efectos
jurídicos, al considerar que no había prueba suficiente sobre su entidad, cuando del
acervo probatorio es posible establecer, con el grado de certeza requerido, una
inejecución relevante de las obligaciones contractuales, el nivel de ejecución del
convenio y la consecuente afectación de los recursos públicos desembolsados.
55. La sentencia de primera instancia no se pronunció respecto de la falta de
contestación de la demanda, efectuó una apreciación incompleta sobre la
distribución de responsabilidades entre las partes del convenio y negó
indebidamente las consecuencias jurídicas del incumplimiento, particularmente en
lo relativo a la exigibilidad de la póliza de cumplimiento y a la procedencia de la
liquidación judicial del contrato.
56. Con el propósito de resolver la controversia, la Sala analizará: (i) el régimen
jurídico del negocio objeto de litigio; (ii) los efectos de la falta de contestación de la
demanda; (iii) los hechos acreditados en el proceso; (iv) la configuración del
incumplimiento contractual y la responsabilidad de las demandadas; y (v) las
consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicho incumplimiento,
particularmente en lo relacionado con la cláusula penal, la garantía de cumplimiento
y la liquidación judicial del convenio.
Régimen del negocio jurídico objeto de litigio
57. El convenio de asociación 20160617 del 1 de julio de 2016, en el cual se centra
el litigio, fue celebrado entre el Ministerio de Agricultura, la ONIC y la Asociación de
Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari.
58. Dicho negocio jurídico fue derivación de otro: el “convenio de asociación n°
20151108 del 31 de diciembre de 2015” 17, que tuvo como partes al Ministerio y a la
ONIC, y cuyo objeto consistió en “[a]rticular esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros con el ánimo de efectuar el acompañamiento requerido para la
implementación y apoyo a los proyectos presentados en el marco de los
compromisos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular” CACEP. Lo
anterior, bajo las reglas del Decreto 1565 de 201518, con miras a ejecutar 27
17 Visible en el CD que fue aportado al proceso y obra en el f. 247, c.2.
18 Norma que adicionó el Decreto 1071 de 2015 (único reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural), en lo relacionado con la reglamentación del Fondo de Fomento Agropecuario.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
proyectos presentados por la ONIC19 a favor de pequeños productores agrarios
indígenas20, y aprobados para ser financiados con recursos del Fondo de Fomento
Agropecuario.
59. Como lo refiere el artículo 3 del Decreto 870 de 2014, la indicada Cumbre
(CACEP) tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de marzo de 2014, y en ella se acordó con
el Gobierno Nacional, el desarrollo de varias temáticas recogidas después en varias
normas, entre estas el Decreto mencionado -que estableció la Mesa Única Nacional
como escenario de interlocución para esos propósitos-.
60. De conformidad con el artículo 2.1.4.2.1. del Decreto 1071 de 2015, las normas
allí establecidas sobre el Fondo de Fomento Agropecuario regulan también los
proyectos presentados por las entidades u organizaciones intervinientes en la
CACEP; los cuales “podrán presentarse en cualquier tiempo, durante la vigencia de
los acuerdos a que hace referencia el inciso segundo del artículo 9 del Decreto 870
de 2014”21, obrando como beneficiarios “los productores ancestrales, tradicionales
y comunitarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos” en las
disposiciones relativas a la financiación con los recursos del Fondo.
61. Uno de los proyectos cobijados con el convenio matriz 20151108 fue el
destinado a beneficiar los resguardos vinculados a la Asociación Awá Camawari,
razón por que se procedió a la suscripción del convenio derivado sobre el que
gravita el presente asunto.
62. La ONIC, parte cooperante en ese negocio jurídico, está constituida como
entidad sin ánimo de lucro y de derecho privado22, mientras que la asociación Awá
Camawari constituye un estamento de derecho público de carácter especial, de
conformidad con el Decreto-Ley 1088 de 199323, inscrito en el registro de
asociaciones tradicionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
del Ministerio del Interior24.
19 A la luz del artículo 2.1.4.1.8. del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el Decreto 1565 del mismo año), los
proyectos para financiación del Fondo de Fomento Agropecuario pueden ser presentados por las “entidades u
organizaciones” allí señaladas, entre estas, conforme al numeral 7, las “Organizaciones de grupos étnicos
reconocidas ante las entidades competentes, cuando su objeto principal se refiera a la actividad agropecuaria,
pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino”.
20 Esto, de acuerdo con el artículo 2.1.4.1.7. del Decreto 1071 de 2015, que dispone: “Son beneficiarios de los
recursos del Fondo de Fomento Agropecuario los pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros
o de acuicultura, o los relacionados con el desarrollo rural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.1.4.1.4., del presente decreto".
21 Cuyo inciso segundo señala: “Los acuerdos logrados en la Mesa Única Nacional se respetarán e
implementarán dentro del marco de las competencias legales y constitucionales asignadas a las entidades y
autoridades públicas”.
22 Certificado de existencia y representación legal, en f. 237, c.2.
23 Que establece: “Artículo 1°. Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación de sus
respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones de conformidad con el presente Decreto”.
“Artículo 2°. Naturaleza jurídica. Las asociaciones de que trata el presente Decreto son entidades de Derecho
Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”.
Cabe anotar que las autoridades tradicionales y los cabildos indígenas están reconocidos en el ordenamiento
colombiano y aparecen definidos en el artículo 2.14.7.1.2 del Decreto 1071 de 2018 (único reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural), en los siguientes términos:
“[…] 4. Autoridad tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que
ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o
control social (…). // 5. Cabildo indígena. Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de
una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización socio política tradicional, cuya
función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen
las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”.
Lo anterior guarda armonía con el artículo 3 de la Ley 89 de 1890, a cuyo tenor: “[e]n todos los lugares en que
se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme
a sus costumbres (…). Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra
formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del alcalde del
distrito”.
24 Resolución n° 0023 del 23 de septiembre de 2008.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
63. El artículo 10 del Decreto-Ley 1088 de 1993 señala que, por una parte, “los actos
y contratos de naturaleza industrial o comercial” de las mencionadas asociaciones
de cabildos y autoridades tradicionales se rigen por el derecho privado, mientras
que, “en los demás casos, se sujetarán a las normas sobre asociaciones de
entidades públicas”25.
64. El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, constituye el fundamento principal para
determinar la naturaleza del convenio en atención a su objeto y finalidad. En efecto,
el Ministerio se asoció con otros sujetos para desarrollar conjuntamente actividades
vinculadas con los cometidos y funciones que le fueron asignados en el marco de
la Cumbre Agraria. Esta caracterización no se desvirtúa por el hecho de que no
todos los participantes tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro.
65. Aunque los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489
de 1998 son distintos de los contratos de fomento previstos en el artículo 355 de la
Constitución Política, ambos comparten, en principio, el régimen de derecho
privado. Ello obedece a que el inciso segundo del citado artículo 96 remite
expresamente al artículo 355 constitucional, disposición desarrollada, para la época
de celebración del convenio, por el Decreto 777 de 1992. En ese sentido, pese a las
diferencias existentes entre ambas figuras en cuanto a su objeto, finalidad y sujetos,
los convenios de asociación se rigen, en los aspectos no regulados expresamente,
por las disposiciones aplicables a los contratos de fomento, esto es, en principio,
por normas de derecho privado.26
66. En relación con la ONIC como parte cooperante en el convenio en el caso que
nos ocupa, se reitera que es una entidad sin ánimo de lucro y de derecho privado,
por lo que su vínculo negocial con el Ministerio en el presente caso guarda
correspondencia con lo señalado en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en tanto
establece:
“(…) Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden
administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de
personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con
los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se
celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la
Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término,
obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos
que se consideren pertinentes (…)”.
67. Se desprende de lo anterior que, en el convenio examinado en el presente juicio,
convergen elementos de las figuras contractuales previstas en los artículos 95 y 96
de la Ley 489 de 1998, de modo que se rige por el derecho privado, en armonía con
las estipulaciones que las partes hayan previsto en ejercicio de su autonomía
25 “Los actos y contratos de naturaleza industrial o comercial de las asociaciones de que trata el presente
Decreto, se regirán por el derecho privado. En los demás casos se sujetarán a las normas sobre asociaciones
de entidades públicas (…)”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 48.957, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez, párr. 31: “Ahora, en lo que concierne al régimen jurídico aplicable a unos y otros, se
debe señalar que, aunque los contratos de fomento son diferentes a los convenios de asociación en cuanto a
sus objetos, finalidades, sujetos contratantes, entre otros aspectos; por disposición del legislador, los segundos
se rigen, en lo que no esté expresamente definido por él, por las mismas disposiciones que gobiernan a los
primeros que son, en principio, las normas de derecho privado”.
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negocial27.
Los efectos de la falta de contestación de la demanda
68. Está acreditado que la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá
Camawari no contestó la demanda, circunstancia reconocida por el Tribunal de
primera instancia.
69. La falta de contestación de la demanda constituye una conducta procesal
relevante que produce las consecuencias previstas en el artículo 97 del Código
General del Proceso. En efecto, dicha disposición establece que la omisión de
contestar hace presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en
la demanda. Sin embargo, esa presunción no determina por sí sola la prosperidad
de las pretensiones, pues corresponde al juez verificar la concurrencia de los demás
presupuestos exigidos para su reconocimiento y valorar integralmente el material
probatorio obrante en el proceso, incluyendo las pruebas que eventualmente
puedan desvirtuar los hechos amparados por la referida presunción.
70. La demanda sostuvo que Awá Camawari incumplió varias de las obligaciones
pactadas en el convenio. Frente a esa afirmación, correspondía a la asociación
demostrar el cumplimiento de las actividades a su cargo, pues se trata de hechos
que se encontraban dentro de su ámbito de actuación y conocimiento. No obstante,
la demandada no contestó la demanda ni aportó los informes y soportes que le
permitieran acreditar la ejecución de sus obligaciones. Esta circunstancia, valorada
conjuntamente con los informes de supervisión que obran en el expediente,
constituye un elemento adicional para concluir el incumplimiento parcial del
convenio.
71. El Tribunal reconoció que la Asociación no contestó la demanda, pero no valoró
esa circunstancia dentro del análisis probatorio. Con todo, la conclusión sobre el
incumplimiento contractual encuentra respaldo suficiente en los informes de
supervisión y en los demás documentos obrantes en el expediente.
Hechos probados
72. Las pruebas obrantes en el proceso permiten establecer:
73. El 31 de diciembre de 2015, el Ministerio celebró con la ONIC el convenio matriz
de asociación n° 20151108, para facilitar la implementación de 27 proyectos
formulados en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Los
recursos para su financiación, aportados por el Ministerio en todos los casos,
provendrían del Fondo de Fomento Agropecuario, bajo las directrices del Decreto
27 Cabe subrayar que, no obstante haber sido celebrado el convenio entre el Ministerio y la ONIC como entidad
privada sin ánimo de lucro, el negocio jurídico no corresponde al previsto en el artículo 355 de la Constitución
Política. En la época de celebración del acuerdo de voluntades se encontraba en vigor el Decreto 777 de 1992,
regulatorio de dichos contratos previstos en el ordenamiento superior. La norma, en el artículo 2, num.5, excluyó
de esa categoría “los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas,
con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo
con las precisas instrucciones que esta última les imparta.” De esta manera, el convenio n° 20160617, al tener
un objeto de esas características y no estar orientado propiamente al impulso de programas de interés público
alineados con planes de desarrollo, se acompasa en forma directa con un convenio de asociación de origen
puramente legal (artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998), encaminado al logro de unos objetivos concretos,
comunes a las partes. Ver al respecto, entre otras, las sentencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 30 de julio de 2021 (Subsección A, exp. 48.957, C.P. José Roberto Sáchica Méndez),
el 22 de mayo de 2024 (Subsección C, exp. 66391) y el 1° de diciembre de 2025 (Subsección B, exp. 68.066).
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
1565 de 201528.
74. De esta manera, el valor total del convenio matriz quedó establecido en
$22.775.426.070, y los desembolsos a cargo de la entidad estatal -por
$20.170’185.811- se harían de manera gradual, a medida que se fueran
suscribiendo los convenios derivados29.
75. Por ello, entre las obligaciones adquiridas por la ONIC, se previó la de celebrar
junto con el ministerio los convenios derivados, y la de realizar el denominado
“endoso” de los desembolsos a que hubiera lugar30. Con el fin de que el giro se
efectuara, la organización debía autorizar dicho endoso.
76. El objeto del convenio de asociación n.° 20160617, consistió en la ejecución del
proyecto de 'mejoramiento de los sistemas productivos agropecuarios en las
chagras del pueblo indígena Awá Camawari de Ricaurte, Nariño. Dicho negocio
jurídico fue celebrado el 1 de julio de 2016, entre el Ministerio de Agricultura, la ONIC
y Awá Camawari. Su plazo inicial de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de
2016. Posteriormente, fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2017 y, finalmente,
hasta el 30 de septiembre de 2017.
77. En los antecedentes del negocio jurídico se recalcó que, en el plan operativo del
convenio matriz n° 20151108, estaba incluida la celebración de un contrato
encaminado al mejoramiento de los sistemas productivos agropecuarios “en las
chagras del pueblo indígena Awá Camawari”, por lo que, fue en desarrollo de ese
punto, como se estableció definitivamente la necesidad de perfeccionar y ejecutar
el convenio hoy en litigio.
78. En la cláusula cuarta se indicó que el proyecto convenido tendría un valor de
$523’200.000, de los cuales, $500’000.000 serían aportados en dinero por el
Ministerio -con cargo al Fondo de Fomento Agropecuario, según lo señalado en los
considerandos del convenio-, mientras que los $23.200.000 restantes constituirían
el aporte “en especie”31, hecho por la Asociación Awá Camawari.
79. El aporte del Ministerio se efectuaría con cargo al presupuesto del convenio
matriz n° 20151108, mediante tres desembolsos, cada uno sujeto a los requisitos
establecidos en la cláusula cuarta. En particular, para el primer abono se exigió la
visita previa de verificación realizada por esa cartera gubernamental, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 2.1.4.1.11 del Decreto 1565 de 2015.
80. Respecto del segundo giro, se previó la necesidad de acreditar la ejecución del
100% de los recursos transferidos en el primero y allegar el acta de visita de
verificación; mientras que la tercera y última entrega se condicionó a que se
certificara la “ejecución de la totalidad de las actividades del convenio”32. No se
establecieron tiempos específicos para ninguna de estas entregas de recursos.
81. Las obligaciones de las partes se incorporaron en la cláusula segunda del
convenio. En particular, a cargo de la Asociación Awá Camawari se establecieron
veintitrés (23) obligaciones, de las cuales, según lo expuesto en el recurso de
28 “Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación del Fondo de Fomento
Agropecuario”.
29 Cláusula cuarta (f. 242, c.2, archivo en medio magnético, p.15).
30 Cláusula segunda, numerales 2 y 11 (ibídem).
31 Fs 49 reverso, cuaderno 1.
32 Fs 50, cuaderno 1.
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apelación, no se cumplieron, en especial, las identificadas con los numerales 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9 y 10, cuyo contenido y alcance fueron desarrollados expresamente por
la parte apelante al sustentar el incumplimiento contractual.
82. De conformidad con el convenio y con la forma en que dichas obligaciones
fueron planteadas en el recurso, se circunscriben principalmente a actividades
relacionadas con la ejecución material del proyecto, así como a compromisos
operativos necesarios para su desarrollo, como se sintetiza en el siguiente cuadro.
Nº Obligación Incumplimiento alegado33
Falta de entrega de insumos, cerdos y construcción
1 Adecuación de 100 chagras
de porquerizas
Implementación de chagra Deficiente sistema porcino, gallinero incompleto,
2
demostrativa falta de certificados y condiciones técnicas
3 Construcción de infraestructura Porqueriza incompleta y ausencia de galpón
4 Entrega de insumos y herramientas No entrega de múltiples insumos esenciales
7 Cartillas No se elaboraron ni entregaron
8 Capacitación Solo se ejecutaron 9 de 12 talleres
9 Acompañamiento técnico No implementación de planes de mejoramiento
Falta de soportes (jornales y contrato del
10 Aporte de contrapartida
coordinador)
83. Asimismo, la asociación se obligó a “desarrollar las actividades del proyecto (…)
dentro del plazo de ejecución” (obligación n° 12), y a presentar un informe bimestral
sobre el cumplimiento de ese objetivo, acompañado con soportes de los avances,
así como un informe final consolidado para entregar al vencimiento del plazo
pactado, con la exposición detallada de “la inversión de los recursos que le fueron
desembolsados por el Ministerio” y el anexo de la certificación bancaria que
registrara los saldos y movimientos correspondientes, especialmente los montos “no
ejecutados”.
84. Por su parte, los compromisos asumidos por la ONIC consistieron en la
participación en reuniones “inherentes al convenio”, la coadyuvancia al Ministerio
en el apoyo técnico, administrativo y financiero del proyecto, la fijación de
mecanismos de orientación a la colectividad indígena y el otorgamiento de “visto
bueno” a los informes presentados por esta. Además de ello, le correspondía
“[r]ealizar, a través del representante legal y a favor de la organización local, el
endoso de los recursos a que hubiere lugar, para la idónea ejecución de las
diferentes actividades planteadas en el proyecto”34.
Nº Obligación Contenido esencial
1 Apoyo a la ejecución Apoyar el desarrollo y ejecución del proyecto
Acompañamiento técnico y Brindar acompañamiento técnico, administrativo y
2
administrativo financiero
Orientar a la Asociación Camawari en la ejecución del
3 Orientación a la asociación
convenio
4 Participación en comités Participar en el Comité Administrativo del convenio
Coadyuvar con el Ministerio en mecanismos para la
5 Coordinación institucional
ejecución
33 Las circunstancias contenidas en el cuadro corresponden a los incumplimientos alegados por la parte
demandante y a los hallazgos reportados en los informes de supervisión, pues la determinación definitiva sobre
su acreditación corresponde al análisis que se desarrolla posteriormente en el estudio de fondo.
34 F. 89, c.2.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
6 Revisión y aval Dar visto bueno a informes y avances presentados
Garantizar la articulación entre actores para ejecución
7 Facilitación del proceso
del proyecto
Canalizar o gestionar recursos hacia la ejecución del
8 Endoso de recursos (si aplica)**
convenio
Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento
9 Otras necesarias
del objeto del convenio
85. Las obligaciones a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se
orientaban principalmente a la financiación, supervisión y control del convenio,
comprendiendo el desembolso de los recursos conforme a las condiciones
pactadas, la verificación previa del cumplimiento de requisitos para cada giro, así
como el seguimiento técnico y financiero de la ejecución del proyecto. Igualmente,
le correspondía designar los supervisores del convenio, participar en el Comité
Administrativo, realizar visitas de verificación en campo, evaluar el cumplimiento de
las actividades previstas y velar por la adecuada destinación de los recursos
públicos, sin que tales funciones implicaran la ejecución directa de las actividades
productivas, las cuales estaban a cargo de la Asociación.
86. Bajo lo estipulado en las cláusulas segunda y sexta del convenio, la ejecución
del objeto convenido debía adelantarse con sujeción a un Plan Operativo (POA), en
el cual se definían las actividades, productos y responsabilidades necesarias para
el desarrollo del proyecto, cuya aprobación correspondía al Comité Administrativo,
y cuya ejecución recaía principalmente en la Asociación Awá Camawari.
87. A la par con ello, y de conformidad con la cláusula octava, el convenio sería
supervisado por el Ministerio a través de un comité (distinto al operativo), integrado
por varios funcionarios del nivel directivo de esa entidad.
88. En la cláusula décima primera se estableció la obligación a cargo de la
asociación indígena, de constituir una garantía de cumplimiento del negocio jurídico,
que incluyera, además, un amparo de responsabilidad civil extracontractual. A ella
se le imputarían las multas y la cláusula penal pactadas en el mismo acuerdo de
voluntades.
89. En efecto, las partes estipularon las siguientes medidas:
“(…) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS: En caso de mora o de
incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de LA ASOCIACIÓN, EL
MINISTERIO podrá imponerle (…) multas sucesivas en cuantía proporcional al
valor de los perjuicios causados, sin exceder el ciento por ciento (100]%) de la
Garantía de Cumplimiento, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007(…)”.
“(…) CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL: En caso de
incumplimiento de las obligaciones por parte de LA ASOCIACIÓN o LA ONIC,
EL MINISTERIO hará efectiva una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del Convenio, a título de Cláusula Penal Pecuniaria, que se
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se le
cause, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007(…)"35.
90. Respecto de la liquidación del convenio, se previó su realización de común
acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo
35 F. 51, reverso, c.1.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
contractual. No se estipuló la posibilidad de liquidación unilateral.
91. La Asociación Awá Camawari constituyó ante la compañía Seguros del Estado
S.A., la póliza de seguro de cumplimiento n° 37-44-101025231 de 201636, para
garantizar el convenio de asociación n° 20160617, tal como se estableció en la
cláusula décima primera de dicho acuerdo de voluntades. De conformidad con tal
estipulación, que estableció la obligatoriedad de la indicada garantía, a esta se le
imputarían la multa y la cláusula penal pactadas por las partes.
92. El 8 de agosto de 2016 fue aprobado el POA presentado por la asociación, y el
30 de agosto siguiente, el equipo de supervisión calificó como viable el primer
desembolso de recursos, por la suma de $225’000.00037. Según el acuerdo de
prórroga del 30 de junio de 2017, el giro respectivo fue efectuado el 20 de
septiembre de 201638. Esto fue corroborado por la asociación, en una solicitud de
prórroga presentada ante el Ministerio el 12 de septiembre de 201739.
93. El 30 de diciembre de 2016, las partes prorrogaron el negocio jurídico por seis
meses, hasta el 30 de junio de 2017, por razón de la temporada invernal.
Determinaron que, para el momento de la modificación del plazo, el proyecto
registraba una ejecución del 22%, aunque la falta de avance obedecía a causas no
imputables a Awá Camawari ni a ninguna de las partes.
94. El 30 de junio de 2017 se acordó la segunda prórroga del contrato, hasta el 30
de septiembre de 2017. En esa oportunidad, se estableció un avance del 51% y se
señaló que la nueva ampliación del plazo estaba justificada tanto por las condiciones
meteorológicas adversas como por el paro adelantado por distintas organizaciones
sociales, que se prolongó en la zona del proyecto por los meses de febrero, marzo
y abril40.
95. De esta manera, la fecha definitiva de terminación del convenio derivado
20160617 fue el 30 de septiembre de 201741.
96. El 12 de septiembre de 2017, la asociación solicitó que el plazo contractual fuera
nuevamente ampliado, y adujo razones de orden público por incursión de grupos
armados ilegales en los resguardos indígenas, en julio y agosto de ese año42.
97. El 19 de septiembre de 2017, el comité supervisor aprobó el segundo
desembolso, en un monto de $250'000.000, afirmando la idoneidad de los soportes
presentados por la asociación para ese efecto43.
98. El 26 de septiembre de la misma anualidad, la ONIC otorgó el visto bueno para
el denominado “endoso” de la mencionada suma a favor de Awá Camawari, con
cargo al convenio matriz n° 2015-011844. En la misma fecha, certificó ante el
Ministerio el cumplimiento de los requisitos respectivos y solicitó que se efectuara
el segundo desembolso, previsto en el convenio derivado45.
36 Fs. 94-95, c.1.
37 Fs. 65-70, c.1.
38 F. 60, reverso, c.1.
39 F. 316, c.2.
40 Fs. 60-64, c.1.
41 Fs. 55-64, c.1.
42 F. 316, c.2.
43 F. 81, c.1.
44 F. 364, c.2.
45 F. 367, c.2.
16
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Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
99. La aprobación del segundo desembolso por parte del comité supervisor y el visto
bueno otorgado por la ONIC acreditan que se adelantaron las actuaciones
administrativas necesarias para autorizar el giro de los recursos previstos en el
convenio. Sin embargo, tales elementos no demuestran por sí mismos que el
desembolso hubiera sido efectivamente realizado a favor de Awá Camawari. En el
expediente no obra soporte bancario, comprobante de transferencia u otro medio
de prueba que permita constatar la materialización de dicho pago.
100. Posteriormente, el 2 de octubre de 2017, el Ministerio se pronunció sobre la
última solicitud de prórroga formulada por Awá Camawari, advirtiendo que, si bien
se requirió a la asociación para allegar los soportes de esa petición, ello sólo fue
atendido en la tarde del 27 de septiembre, imposibilitando el análisis de viabilidad
de la prórroga, por estar próximo el vencimiento del término pactado 46.
101. No obstante, en esa misma fecha (2 de octubre de 2017), el grupo supervisor
del acuerdo primigenio emitió un informe en el que manifestó:
“[L]os documentos soporte que ampara[n] el 45.56% de ejecución financiera,
la certificación de cumplimiento de los requisitos para el segundo desembolso
(…) y las conclusiones y observaciones del informe de avance del
Comité Supervisor del convenio de asociación 20160617, derivado del
convenio de asociación 20150118, en donde certifican el cumplimiento de
la ejecución del 100% del primer desembolso, este comité supervisor
considera pertinente realizar el tercer (sic) desembolso al convenio derivado
en mención, por valor de $250’000.0000” 47. (Negrillas fuera de texto). Lo
anterior, en el marco de las actuaciones orientadas a la autorización del
desembolso, sin que en el expediente obre prueba directa de su ejecución
material.
102. El 9 de noviembre de ese año, la ONIC emitió la “Circular 010”, dirigida a todas
las asociaciones y resguardos afiliados a ella, y cobijados con el convenio matriz,
señalando que, “con corte al 31 de octubre de 2017”, todos los convenios derivados
habían finalizado, por lo que instó a tales destinatarios a presentar los informes de
cierre, con miras a tramitar el “tercer desembolso” previsto en cada uno de los
negocios jurídicos48.
103. En la misma fecha de la circular 010, el Ministerio requirió a la asociación para
que allegara un informe detallado de la ejecución del convenio y advirtió la
necesidad de presentar un informe técnico final “para proceder al último
desembolso”, antes del 30 de noviembre de 2017, en vista de que el convenio ya
se encontraba vencido49.
104. El 19 de diciembre de 2017, el comité de supervisión del acuerdo derivado
elaboró el informe denominado “Posible incumplimiento del convenio 20160617
(…)”, en el cual describió los avances registrados en los informes periódicos de Awá
Camawari, en los de la ONIC y en las visitas de seguimiento efectuadas por los
miembros de ese mismo equipo evaluador, especialmente la inspección final,
adelantada entre el 26 y el 28 de noviembre de esa anualidad50. Dicho informe
constituye el principal insumo técnico para la evaluación del estado final de
46 F. 322, c.2.
47 Fs. 77-79, c.1.
48 Fs. 328-330, c.2.
49 F. 325, c.2.
50 Fs. 26-38, c.1.
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ejecución del convenio y de las obligaciones asumidas por las partes.
105. Las circunstancias que se exponen a continuación corresponden a la
información contenida en el informe elaborado por el comité de supervisión, en el
cual se describen los niveles de avance del proyecto frente a las metas previstas en
el Plan Operativo, cuya valoración jurídica será abordada en el acápite
correspondiente.
106. Estableció, con fundamento en ello, los siguientes porcentajes de
cumplimiento, comparando los hallazgos con las metas del plan operativo:
Porcentaje
de
Obligació cumplimient
Contenido Datos específicos
n o (con
respecto al
POA)
“Llevar a cabo la El informe documentó varias visitas de la
adecuación y ONIC y de la Dirección de Cadenas
mejoramiento de Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del
1 100 chagras, 50% Ministerio, determinando que las
según lo entregas de los componentes para las
planeado en el chagras de los 100 beneficiarios fueron
proyecto”. sólo parciales.
Realizar la
implementación
de una chagra
demostrativa Varios sistemas de la chagra
integrada por 3 78% demostrativa se desarrollaron en un
2
sistemas 100% pero otros no alcanzaron ese
pecuarios, [3] porcentaje.
piscícolas y [7]
sistemas
agrícolas (…)”.
“Realizar el
establecimiento
de un galpón
para gallinas
(…), tres Se construyeron correctamente los
estanques de 60 cuatro estanques; la obra de la
3 m2 cada uno y 70% porqueriza registró avance parcial y el
2
uno de 90 m ; galpón estaba “pendiente de construir”.
una porqueriza
de 96 m2 con las
especificaciones
planteadas en el
proyecto”.
“Realizar la
compra de los
materiales, De 100 beneficiarios establecidos, 39
insumos y recibieron ladrillos, láminas de zinc y
4 herramientas 20% bultos de cemento, pero no se evidenció
adquiridos a las la entrega de más insumos.
personas
beneficiarias,
según lo
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señalado en el
proyecto”.
“Realizar la
adquisición y
entrega a las
personas
beneficiarias, de
los cerdos y
gallinas
Se entregaron gallinas a 95 de los 100
ponedoras
beneficiarios, sin embargo, no se
adquiridas,
adelantó la construcción de porquerizas
5 previa 50%
ni se entregaron los cerdos, como
verificación [de]
tampoco el alimento concentrado para
que estos
las aves.
cuenten con todo
el esquema de
vacunación
necesario, de
acuerdo a lo
señalado en el
proyecto”.
“Adquirir los
alevinos de
tilapia requeridos
6 100%
de acuerdo a lo
establecido en el
proyecto”
“Elaborar,
imprimir y
entregar 200
cartillas para la
documentación
“Esta obligación no presenta ningún
7 de prácticas 0%
avance”
productivas
ancestrales, de
acuerdo a lo
señalado en el
proyecto”.
Se acreditó la impartición de
capacitaciones en nueve áreas, pero no
“Brindar la
se cumplió la actividad en otros tres
capacitación a
8 75% temas específicos (preparación de
las personas
abonos orgánicos, prácticas
beneficiarias”.
tradicionales en la chagra, plan étnico de
salvaguarda)
“Brindar el
acompañamiento
técnico y la
Se adelantó la caracterización productiva
transferencia de
a los 100 beneficiarios, pero aún estaba
tecnologías
9 70% pendiente la implementación de los
propias de
planes de mejoramiento en sus
producción, a las
respectivas chagras.
personas
beneficiarias del
proyecto (…)”.
“[La ONIC], junto con los beneficiarios,
10 “Cumplir con el 70% viene adelantando trabajos para la
aporte adicional adecuación de las 100 chagras en los
19
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para el proyecto, predios (…), también se tiene contratado
cuantificado en la el coordinador del proyecto. La
suma de organización debe adjuntar las planillas
VEINTITRÉS que soportan la cantidad de 1.000
MILLONES jornales, tal como aparece establecido
DOSCIENTOS en el POA y también adjuntar el contrato
MIL PESOS del coordinador del proyecto”.
($23’200.000)”51.
“Iniciar los
trámites
necesarios ante
las autoridades
competentes,
para la obtención “Se cuenta con resolución n° 224 de
11 de licencias, 100% CORPONARIÑO, por la cual se autoriza
permisos y una concesión de aguas”.
autorizaciones a
que hubiera
lugar, de acuerdo
con lo descrito en
el proyecto”
Total avance según el POA 62%
107. El equipo verificador señaló que el primer desembolso se efectuó el 19 de
septiembre de 2016 y el segundo, el 10 de noviembre de 201752. Asimismo, indicó
que la ejecución financiera del convenio ascendía a $227’810.724 y que Awá
Camawari no había presentado el informe correspondiente al segundo desembolso.
108. Con fundamento en esos hallazgos, el comité de supervisión relacionó las
deficiencias advertidas con la afectación del objetivo general del convenio, señaló
la posible configuración de un incumplimiento y estimó que la ejecución técnica del
proyecto alcanzó el 62 %. El informe de supervisión constituye un elemento
probatorio relevante, en cuanto recoge los resultados de las labores de seguimiento
y verificación de la ejecución contractual. Sus conclusiones, sin embargo, deben
valorarse conjuntamente con las obligaciones convenidas y con los demás medios
de prueba incorporados al proceso.
109. En este caso, varias de las obligaciones a cargo de Awá Camawari eran
obligaciones de hacer, cuyo cumplimiento debía concretarse en actuaciones y
productos verificables, entre ellos, la elaboración, impresión y entrega de 200
cartillas, así como la preparación y presentación de los informes53 sobre la ejecución
material y financiera del proyecto. Acreditada la existencia y exigibilidad de esas
obligaciones, el Ministerio no estaba llamado a demostrar indefinidamente que la
asociación había omitido ejecutarlas. Correspondía a Awá Camawari acreditar su
cumplimiento o extinción, de conformidad con el artículo 1757 del Código Civil.
110. En el proceso reposan 32 contratos celebrados por Awá Camawari en el mes
de junio de 2016, junto con algunos informes de ejecución presentados por dichos
contratistas, cuentas de cobro, certificados de cumplimiento expedidos por la misma
asociación y comprobantes de egreso, suscritos entre esa época y el mes de julio
51 En el proceso no obra prueba que especifique en qué consistió ese aporte, o que precise si el mismo se
circunscribía a la ejecución de las demás actividades, o cómo estaría representado.
52 F. 28, c.1
53 Informe del 19 de diciembre de 2017, construido a partir de las visitas de verificación realizadas durante la
ejecución contractual, de la inspección final adelantada entre el 26 y el 28 de noviembre de 2017 y de los
informes de avance allegados por las partes.
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de 2017. En el expediente no obran los informes bimestrales a los que hace
referencia el convenio n° 20160617. La mayoría de los contratos contienen las
mismas obligaciones, aunque cada certificado de cumplimiento refirió el rol cumplido
por el respectivo contratista.54.
111. La valoración de los anteriores elementos probatorios se realizará en el
apartado siguiente, al analizar la configuración del incumplimiento contractual y su
alcance.
La valoración del incumplimiento contractual y su alcance
112. Si bien el comité de supervisión determinó un porcentaje final de ejecución del
62% también lo es que los informes reseñados dieron cuenta de una inversión
íntegra del primer desembolso. Sin embargo, la sola constatación del uso de los
dineros del primer giro no demuestra por sí misma el cumplimiento efectivo de las
obligaciones.
113. Para el 30 de diciembre de 2016, fecha originalmente pactada para la
terminación, el avance de cumplimiento del POA era del 22%; posteriormente, para
el 30 de junio de 2017, fecha de vencimiento de la primera prórroga y de suscripción
de la segunda ampliación del plazo, el porcentaje ejecutado ascendía al 51%. En
ambas modificaciones se señaló que la prolongación del tiempo de duración del
negocio jurídico obedecía a causas ajenas a las partes; sin embargo, también se
estableció que el convenio se extendería únicamente hasta el 30 de septiembre de
2017, fecha definitiva de terminación, lapso durante el cual Awá Camawari debía
culminar el 49% restante de las actividades previstas en el POA.
114. Es decir: las actividades pactadas en el convenio y programadas en el POA se
concibieron por las partes para ser cumplidas en un término de seis meses; por lo
que le correspondía a la asociación, tras las prórrogas acordadas, cumplir en tres
meses el 49% de esos ítems que no habían podido alcanzarse con anterioridad a
las prórrogas. Sin embargo, para la fecha última de terminación (30 de septiembre
de 2017) y para momento de entrega del informe de “posible incumplimiento”,
efectuado por el equipo supervisor (el 30 de noviembre de 2017), las metas de
avance sólo habían alcanzado el 62%.
115. Aunado a ello, en el proceso no reposan los informes bimestrales que debía
presentar Awá Camawari -compromiso asumido al suscribir el convenio-. Aunque el
comité supervisor refirió la existencia de los mismos sin precisar su fecha, y en el
plenario obran algunos contratos celebrados por la asociación, acompañados con
certificaciones de la prestación de los servicios por los distintos contratistas, además
de las cuentas de cobro presentadas por estas y algunos pagos cargados a tales
negocios jurídicos, ello no evidencia la materialización real de todos los trabajos que
debían adelantarse siguiendo el marco de las obligaciones del indicado estamento,
pues los “servicios” descritos en los contratos solo aludieron al suministro de
algunos insumos para la construcción, la “asistencia técnica”, el transporte de
personas y de productos y la presencia en reuniones de “acompañamiento”, factores
que no son suficientes ni concluyentes sobre el avance real del convenio, menos
aun cuando no figuran en el plenario las aprobaciones de informes por parte de la
ONIC ni de los comités operativo y supervisor, y adicionalmente, la mayoría de los
contratos presentan exactamente el mismo contenido, sin especificación del objeto
de cada uno de ellos y sin poderse identificar la misión o labor del respectivo
54 Cuadernos de pruebas “Minagricultura”, tomos I al VI.
21
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contratista, ni distinguirla de las de los demás.
116. En lo que respecta a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
la Sala advierte que sus obligaciones en el marco del convenio no se circunscribían
al manejo o administración de los recursos, sino que comprendían deberes
concretos de acompañamiento, coordinación, seguimiento y articulación del
proyecto, así como la revisión y aprobación de los informes de ejecución
presentados por la Asociación Awá Camawari.
117. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
encuentra acreditado que la ONIC no desplegó de manera efectiva tales funciones,
en tanto: (i) no se evidencian actuaciones tendientes a verificar el avance real de
las actividades previstas en el Plan Operativo; (ii) no obran constancias de revisión,
observación o aprobación de los informes de ejecución que debían ser sometidos a
su conocimiento; y (iii) no se acreditó su participación activa en espacios de
seguimiento y articulación del proyecto.
118. Estas omisiones no constituyen una simple falta de acreditación documental,
sino que evidencian el incumplimiento de obligaciones funcionalmente orientadas a
garantizar la correcta ejecución del convenio, cuya inobservancia impidió la
adopción oportuna de medidas de control y corrección frente a las deficiencias en
la ejecución del proyecto.
119. En cuanto a la Circular 010 del 9 de noviembre de 2017, la Sala advierte que
se trata de una comunicación dirigida de manera general a las asociaciones y
resguardos vinculados al convenio matriz suscrito entre el Ministerio y la ONIC.
120. No obstante, el incumplimiento de la ONIC no se deriva de la expedición de
esa Circular, sino de la ausencia de elementos o evidencias que acrediten el
ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento, orientación, coordinación y
seguimiento que le correspondían contractualmente, ni se advierten actuaciones
encaminadas a verificar y corregir oportunamente las deficiencias advertidas en la
ejecución del proyecto.
121. En esa medida, se modificará la decisión adoptada en la sentencia de primera
instancia y se declarará el incumplimiento del convenio de asociación objeto de
litigio tanto por parte de la Asociación Awá Camawari como de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La responsabilidad de las partes, incluida la Organización Nacional Indígena
de Colombia – ONIC
122. El convenio tiene naturaleza asociativa y colaborativa, pues fue celebrado para
desarrollar un proyecto común y no para el intercambio de prestaciones
contrapuestas. No obstante, de conformidad con el inciso segundo del artículo 96
de la Ley 489 de 1998, se rige, en lo pertinente, por normas de derecho privado,
régimen en el cual las partes podían prever las consecuencias del incumplimiento
de las obligaciones asumidas. En este caso, el convenio asignó responsabilidades
concretas a Awá Camawari y a la ONIC, cuyo cumplimiento era necesario para
alcanzar el objeto convenido. Por ello, en la cláusula décima tercera se estipuló que
el incumplimiento de esas obligaciones daría lugar a una cláusula penal equivalente
al 10 % del valor total del convenio, como estimación anticipada de los perjuicios.
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123. La Sala advierte que, además de solicitar la declaratoria de incumplimiento
contractual de las entidades demandadas, la parte actora pidió expresamente la
liquidación judicial del Convenio de Asociación n.° 20160617. En ese contexto, la
determinación de las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento
forma parte del balance contractual que corresponde efectuar al juez al practicar la
liquidación definitiva del negocio jurídico.
124. En línea de lo expuesto el examen de la cláusula penal constituye un aspecto
directamente relacionado con las consecuencias patrimoniales derivadas del
incumplimiento cuya valoración resulta necesaria para establecer el estado final de
las obligaciones surgidas del convenio.
125. Como consecuencia, se les impondrá a las demandadas el pago de la cláusula
penal pactada en el convenio, figura prevista por las partes como una tasación
anticipada de perjuicios, dejando a salvo la posibilidad de acreditar en sede judicial
un menoscabo patrimonial superior al monto establecido como pena, evento este
último que no se cristalizó en el presente juicio.
126. Para determinar la proporción del incumplimiento, la Sala tendrá en cuenta que
las obligaciones hacían parte de un único proyecto, cuya ejecución debía medirse
conforme a las actividades y metas previstas en el Plan Operativo Anual —POA—.
Aunque algunas registraron niveles de cumplimiento inferiores a otras y varias no
tuvieron avance, el comité de supervisión estableció una ejecución global del 62%.
La Sala acoge este porcentaje, no porque todas las obligaciones tuvieran la misma
relevancia, sino porque corresponde al único parámetro técnico integral que obra
en el expediente y no fue desvirtuado por las demandadas.
127. En consecuencia, aunque procede la cláusula penal, su valor debe reducirse
en proporción al incumplimiento acreditado, de conformidad con el artículo 1596 del
Código Civil55. Por tanto, se impondrá a la ONIC y a Awá Camawari el pago del 38
% de la cláusula penal pactada, porcentaje que corresponde al grado de
incumplimiento acreditado en el proceso.
128. Aunque el porcentaje de ejecución del 62% fue determinado a partir del avance
de las actividades materiales previstas en el Plan Operativo Anual, la
responsabilidad de la ONIC no deriva de la ejecución directa de tales actividades,
sino del incumplimiento de sus obligaciones de acompañamiento, coordinación,
orientación, seguimiento y revisión.
129. No obstante, dichas obligaciones estaban funcionalmente dirigidas a garantizar
la adecuada ejecución del proyecto por parte de Awá Camawari. Por ello, en
ausencia de un parámetro técnico autónomo que permita cuantificar separadamente
el grado de cumplimiento de la ONIC, la Sala considera razonable acudir al
porcentaje global de ejecución del convenio como criterio para determinar el alcance
económico de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
130. En cuanto a la determinación del grado de cumplimiento, la Sala acoge como
parámetro el porcentaje de ejecución del 62% establecido por el comité de
supervisión del convenio, en la medida en que dicho instrumento constituye el
principal referente técnico disponible en el proceso para evaluar el nivel de avance
del proyecto.
55 “Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá
derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación
principal”.
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131. Si bien en el expediente se advierten vacíos probatorios, particularmente en
relación con algunos soportes financieros y documentales, tales circunstancias no
desvirtúan el valor indicativo de los informes56, en tanto consolidan la información
disponible al momento de la verificación final y permiten establecer, de manera
razonable, el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
132. En ese contexto, la Sala considera que el porcentaje de ejecución técnica del
proyecto constituye un criterio idóneo para aproximar el grado global de
cumplimiento del convenio y, por ende, para aplicar la reducción proporcional de la
cláusula penal prevista en el artículo 1596 del Código Civil57.
133. Es pertinente señalar que, si bien es claro que las demandadas desatendieron
parcialmente sus obligaciones, según lo demostrado en el proceso, es igualmente
cierto que el Ministerio no probó el desembolso efectivo de $250’000.000,
correspondientes al segundo giro, aprobado por el comité supervisor y avalado por
la ONIC. El informe de “posible incumplimiento” refiere la entrega de esa suma el
10 de noviembre de 2017; sin embargo, no existe soporte alguno de tal transferencia
ni manifestación de Awá Camawari de haberla recibido.
134. En ese sentido, no se cuenta con elementos suficientes para ordenar su
reintegro en esta instancia; no obstante, dicha determinación podrá adoptarse de
manera condicionada, en el evento en que se acredite la efectiva realización de
dicho desembolso.
135. Tampoco se probó en el presente caso que la inobservancia contractual de las
demandadas hubiera ocasionado a la demandante perjuicios adicionales a los que
corresponden a la pena pactada en el convenio, por lo que se dispondrá únicamente
el pago de esta última.
136. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que no está acreditado en el
proceso el desembolso efectivo de recursos adicionales al realizado el 20 de
septiembre de 2016, razón por la cual no hay lugar a ordenar su restitución en esta
instancia. No obstante, de haber desembolsos distintos a los probados, Awá
Camawari deberá reintegrar o devolver a la entidad demandante esas sumas, de
conformidad con lo estipulado en el literal c, numeral 8, de la cláusula segunda
contractual.
137. En virtud de lo señalado, se impondrá el cobro de la cláusula penal a cada uno
de los sujetos procesales -ONIC y Awá Camawari-, de la siguiente manera:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: -------$523’200.000
VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL: ------$52’320.000 (10% del valor del contrato).
GRADO DE INCUMPLIMIENTO: ------- 38%
VALOR PROPORCIONAL DE LA PENA: --- $19’881.600
56 Ibid. 53.
57 “(…) ARTÍCULO 1596. <REBAJA DE PENA POR CUMPLIMIENTO PARCIAL>. Si el deudor cumple
solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se
rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal (…)”.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
1. Esta suma se actualizará58 a la fecha de esta sentencia, desde la terminación
del convenio, de acuerdo con el IPC reportado por el DANE, así59:
VP = Vh * Índice final
------------------
Índice inicial
VP = $19’881.600 * 159,53
----------
96,36
VP = $32’914.170
138. Por consiguiente, cada uno de los demandados -es decir, la ONIC y Awá
Camawari- deberá pagar al Ministerio, como cláusula penal, la suma de
$32’914.170.
139. Establecida la legitimación procesal de Seguros del Estado S.A. y acreditado
que la póliza n.° 37-44-101025231 fue constituida para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del Convenio de Asociación n.° 20160617,
corresponde determinar si el incumplimiento contractual acreditado en el proceso
activa el amparo de cumplimiento y, en consecuencia, si resulta procedente hacer
efectiva judicialmente la garantía en los términos de las pretensiones formuladas en
la demanda.
140. En el caso de la Asociación Awá Camawari, es procedente hacer efectiva la
pena a través de la póliza de seguro de cumplimiento n° 37-44-101025231 de 2016,
constituida por Awá Camawari, en calidad de tomadora, ante Seguros del Estado
S.A.,el instrumento amparó el negocio jurídico y, en virtud de lo establecido en el
parágrafo uno de la cláusula décima primera, debía cubrir la pena pecuniaria
aludida.
141. La Sala advierte que la actualización de la cláusula penal no comporta el
reconocimiento de una prestación distinta a la garantizada ni modifica el riesgo
asumido por la aseguradora. Conforme a la reciente jurisprudencia de la Sala de
Casación Civil60, la indexación de la cláusula penal tiene por finalidad preservar el
valor real de la obligación frente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y
garantizar el principio de plenitud del pago, sin alterar la naturaleza de la prestación
debida. En esa medida, la actualización reconocida no amplía la cobertura
contratada ni constituye una obligación adicional a cargo del asegurador.
142. El amparo de cumplimiento comprende la cláusula penal pactada en el
58 Como lo anota la Corte Suprema de Justicia: “La jurisprudencia ha establecido que la cláusula penal no admite
indexación porque se trata de una sanción civil y que, por tanto, su ámbito de aplicación es restrictivo y opcional,
excepto que las partes hayan previsto en el contrato dicha actualización (…). Sin embargo, al revisar
nuevamente esa solución, sustentada en el nominalismo, se advierte su falta de coherencia con la pérdida del
poder adquisitivo propiciada por la inflación que ha estado presente en la economía mundial durante siglos (…),
situación que justifica reconducir tal comprensión hermenéutica en el sentido de indicar que es procedente
actualizar el valor de la cláusula penal, de tal modo que la acreedora reciba su valor actual o de curso, es decir,
traído a presente, por contraposición al nominal. La orientación que ahora se emprende hace tangible el principio
de plenitud de pago, en armonía con los postulados de justicia, equidad, razonabilidad, proporcionalidad y
reparación integral o plena establecidos en el ordenamiento jurídico” (Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Civil. Sentencia SC507-2023 del 12 de enero de 2024. Rad. 11001-31-03-041-2020-00020-01. M.P.
Octavio Augusto Tejeiro Duque).
59 VP: Valor presente. // Vh: Valor histórico. // Índice final: IPC correspondiente a la fecha del presente fallo. //
Índice inicial: IPC registrado para el 30 de septiembre de 2017, fecha de terminación del contrato.
60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia SC507-2023, Rad. 11001-31-
03-041-2020-00020-01, del 12 de enero de 2024, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
convenio. En todo caso, la responsabilidad de Seguros del Estado S.A. se mantiene
dentro de la suma asegurada, dado que el valor actualizado de la pena
($32.914.170) no supera el límite de cobertura previsto en la póliza n.° 37-44-
101025231 ($50.000.000).
143. Se ordenará a la compañía Seguros del Estado S.A., que con cargo a la
mencionada garantía de cumplimiento pague al Ministerio de Agricultura la cláusula
penal que le corresponde a Awá Camawari, en la cuantía fijada en esta providencia.
144. En este punto, se destaca que no están llamadas a prosperar las excepciones
de “inexistencia de perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguro” y “falta de
cumplimiento de los requisitos para hacer exigible la póliza de seguro de
cumplimiento” -en la que se reitera aquella-, propuestas por dicha sociedad
aseguradora; pues la cláusula penal aludida fue pactada por las partes como
estimación anticipada de los perjuicios, por lo cual prevalece lo establecido en el
artículo 1599 del Código Civil, a cuyo tenor, “[h]abrá lugar a exigir la pena en todos
los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido
beneficio”.
145. En cuanto a la “improcedencia del cobro de la totalidad de la cláusula penal
por presentarse cumplimiento parcial”, que alegó Seguros del Estado S.A., dicho
planteamiento quedó acogido y aplicado, conforme a lo dicho por la Sala en forma
precedente.
La procedencia de la liquidación judicial del convenio
146. Tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la entidad demandante
solicitó la liquidación judicial del negocio jurídico materia de controversia, el cual,
como antes se anotó, se regula por el derecho privado.
147. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la procedencia de
efectuar, en sede de juicio, el balance final del contrato o convenio no regulado por
el EGCAP, al señalar:
“Aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el
derecho privado, la Sala estima procedente estudiar las pretensiones relativas
a su liquidación judicial, pues así lo solicitó la parte actora en su demanda,
aspecto que por demás fue controvertido (…) en la apelación. Lo anterior, sobre
la base de que, tratándose del medio de control de controversias contractuales,
que es el mecanismo idóneo para obtener una decisión de fondo frente a
cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, las partes pueden
solicitar que se hagan declaraciones y condenas, entre estas, que se declare
judicialmente liquidado el contrato”61.
148. El artículo 141 del CPACA establece que las partes de un contrato estatal
podrán solicitar, entre otras cosas, la liquidación judicial cuando no se haya logrado
de mutuo acuerdo, así como la adopción de otras declaraciones y condenas. No
obstante, tratándose de contratos regidos por el derecho privado, dicha facultad
debe analizarse atendiendo a la naturaleza del vínculo y a las reglas que lo
gobiernan.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, exp. n° 61.269, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
149. En el presente caso, para determinar el estado final del convenio de asociación
n.° 20160617 del 1 de julio de 2016, la Sala distingue entre los recursos
efectivamente desembolsados en ejecución del contrato y las sumas que se originan
en la presente providencia, así:
a) Información financiera del convenio (recursos efectivamente ejecutados y
acreditados en el proceso):
• Valor total pactado: $523’200.000
• Aporte a cargo del Ministerio de Agricultura: $500’000.000
• Aporte a cargo de Awá Camawari (en especie): $23’200.000
• Valor total desembolsado por el Ministerio de Agricultura, según lo declarado
por las partes en acuerdo de prórroga del 30 de junio de 2017 y lo manifestado
por Awá Camawari en comunicación del 20 de septiembre de 2016:
$225’000.000.
• Monto total ejecutado, según informe y certificación del comité supervisor,
integrado por funcionarios del Ministerio: $225’000.000.
• Saldos sin ejecutar respecto de los recursos efectivamente desembolsados: no
se acreditaron en el proceso
b) Sumas derivadas de la decisión judicial:
Cláusula penal a cargo de la ONIC: $32.380.845
Cláusula penal a cargo de Awá Camawari: $32.380.845
Total, a favor de la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
$64’761.690
En consecuencia, la liquidación judicial del convenio arroja un saldo a favor de la
entidad demandante por valor de $64’761.690, correspondiente exclusivamente a
las sumas derivadas de la cláusula penal impuesta en esta providencia, sin que
haya lugar al reconocimiento de valores adicionales por concepto de recursos no
ejecutados, en tanto estos no fueron acreditados en el proceso.
Cláusula penal causada a favor del Ministerio:
• A cargo de la ONIC: $32’380.845
• A cargo de la asociación Awá Camawari: $32’380.845
SALDO TOTAL CAUSADO A FAVOR DEL MINISTERIO:
$ 64’761.690, por concepto de cláusula penal a cargo de las dos entidades ya
señaladas.
Lo anterior, sin perjuicio de que la presente decisión sólo comprende los
desembolsos acreditados en el expediente, sin extender sus efectos a aquellos cuya
efectiva realización no fue demostrada dentro del proceso.
Costas en primera instancia
150. Los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP disponen que en caso de que
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
prospere parcialmente la demanda el juez podrá abstenerse de condenar en costas.
151. El Tribunal condenó en costas a la entidad demandante al considerar
improcedentes las consecuencias jurídicas y económicas derivadas del
incumplimiento alegado.
152. En esta instancia se modificó la decisión y se declaró el incumplimiento parcial
del Convenio de Asociación n.° 20160617, se hizo efectiva la cláusula penal, se
declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento, se hizo efectiva la póliza de
cumplimiento y se profirieron las correspondientes condenas económicas a favor de
la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
153. En consecuencia, como prosperaron parcialmente las pretensiones, se
revocará la condena en costas impuesta a la parte demandante en primera instancia
y no se condenará a las demandadas.
Costas en segunda instancia
154. El artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso señala que se
condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación” y el numeral 8 de ese mismo artículo la condiciona a “... cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
155. No se impondrá condena en costas en segunda instancia, pues no se acreditó
su causación. En efecto, no se observa intervención procesal relevante de la parte
favorecida con la decisión que dé lugar al reconocimiento de expensas o agencias
en derecho en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas Awá Camawari y la Organización Nacional Indígena de Colombia –
ONIC– incumplieron parcialmente las obligaciones asumidas en el convenio de
asociación n° 20160617 del 1 de julio de 2016.
SEGUNDO: CONDENAR a la Asociación de Autoridades Tradicionales
Indígenas Awá Camawari y a la Organización Nacional Indígena de Colombia
ONIC, a pagar, cada una de ellas, la suma de TREINTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($32’914.170), a
favor de la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por concepto de
la cláusula penal pactada en el Convenio de Asociación n.° 20160617 del 1 de
julio de 2016.
TERCERO: DECLARAR ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la
póliza de cumplimiento n.° 37-44-101025231, expedida por Seguros del Estado
S.A.
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Radicación: 52-001-23-33-000-2018-00204-01 (67.611)
Demandante: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Demandado: Organización Nacional Indígena de Colombia y otros
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
CUARTO: CONDENAR a la sociedad Seguros del Estado S.A. a pagar a la
Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la suma de TREINTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA PESOS
($32’914.170), en virtud de la efectividad de la póliza de seguro de cumplimiento
n° 37-44-101025231. Lo anterior, sin perjuicio de la subrogación prevista en el
artículo 1095 del Código de Comercio y/o las demás acciones que la ley le
reconoce.
QUINTO: LIQUIDAR judicialmente el Convenio de Asociación n.° 20160617 del
1 de julio de 2016, en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia, y declarar que el saldo resultante de la liquidación asciende a la
suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($65.828.340), a favor de la Nación -
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, correspondiente a las cláusulas
penales impuestas a la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- y a
la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá Camawari, por valor
de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO
SETENTA PESOS ($32.914.170) a cargo de cada una de ellas.
SEXTO: ORDENAR el cumplimiento de esta sentencia en los términos previstos
en los artículos 192 a 196 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: En atención a que la demanda prosperó parcialmente, la Sala se
abstendrá de imponer condena en costas a las demandadas, conforme al
numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento parcial y aclaración de voto
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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